Y DESPUÉS DE LOS PARTIDOS, ¿QUÉ? LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA.

Guillermo Martín Castellano Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional Autónoma de México

Preparado para su presentación en el encuentro 2001 de la Latin American Studies Association, Washington DC, September 6-8, 2001

1

Introducción.

Durante varios años, por lo menos hasta 1989, se pensó que si había una democracia

consolidada en Sudamérica, ésa era precisamente Venezuela. En efecto, cumplía a

cabalidad los requisitos procedimentales exigidos por la corriente teórica de la transición: 7

elecciones nacionales consecutivas y periódicas, alternancia entre 2 partidos en el ejercicio

del Poder Ejecutivo, abstención relativamente baja. Aunque la democracia venezolana sí

era funcional, lo era... ¡cada 5 años! Ello considerando tanto el grado de cooptación de la

sociedad por el bipartidismo como la ausencia de mecanismos que permitiesen una

participación que trascendiese el ámbito de las elecciones. De modo que los limitados

canales de participación –los partidos tradicionales- lograron sostener una democracia

formal pero inmadura, ya que el sustrato del sistema no era la vocación democrática de la

población, sino, por el contrario, la cultura paternalista y clientelar favorecida por la

bonanza petrolera. De forma tal que, ante la imposibilidad de mantener patrones elevados

de gasto, debido a la volatilidad de la renta petrolera, las carencias de las instituciones

políticas tendieron a hacerse evidentes. En consecuencia, el espejismo de la consolidación

democrática se desvaneció en sólo 4 décadas.

No es gratuito llamar espejismo a la supuesta “democracia consolidada” en

Venezuela; por el contrario, el calificativo le sienta a la perfección: Desde su primera

Constitución política como República independiente, en 1811, hasta la promulgación de la

penúltima, en 1961, transcurrieron 150 años, ¡con otras 23 Constituciones de por medio! En

promedio, se promulgó una Norma Fundamental cada 6 años. Tan es así que sólo la

Constitución de 1961 puede catalogarse de duradera: 38 años de vigencia. Si se tiene en

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cuenta que 12 de dichos ordenamientos1 (48%) fueron producto de la insurrección, podría

afirmarse que el Estado venezolano ha adolecido la falta de instituciones sólidas en sus 190

años de existencia; más aún cuando el régimen presidencialista no ha sido el único régimen

contemplado constitucionalmente2 y que el liderazgo civil sólo emergió como opción real a

partir de 1945. Con base en lo anterior, el supuesto básico de esta discusión va a ser el

carácter pretoriano del sistema político venezolano, lo cual denotará la pauta de la

participación en éste, aspecto que será retomado posteriormente.

Lo que intenta esta exposición es cuestionar qué tan participativa ha sido y es

actualmente la democracia venezolana y cuáles posibilidades hay de que el sistema político

esté experimentando una transición inversa: el retorno al autoritarismo. Con miras a ello, la

reflexión se presenta en cuatro apartados. En el primero, se aborda el origen de la moderna

democracia venezolana, así como sus características principales, durante el período 1958-

1998. En el segundo, se hace referencia a las relaciones cívico-militares durante el período

mencionado. El tercero se centra en la concepción de la democracia según Hugo Chávez.

Finalmente, se ofrece un balance del cambio de actores y su posible impacto a largo plazo

en el sistema político.

1 1811, 1819, 1821, 1858, 1864, 1874, 1881, 1893, 1901, 1909, 1945 y 1953. 2 En 48% de las Normas Fundamentales de Venezuela se recurre a una variedad muy particular de gobierno parlamentario, en la cual una fracción del Congreso se convierte en una especie electoral para designar al Presidente y gobernar junto con él durante un bienio sin reelección, es decir, la mitad de un período legislativo.

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1.- Democracia, pacto y hegemonía.

1.1.- El sistema de “Punto Fijo”: 1958-1989.

El proceso de transición democrática amerita una labor de hechura institucional que

tiene como punto de partida una concepción acotada de la democracia -democracia política-

que a decir de O`Donnell y Schmitter (citados por Valenzuela 1992: 60) tiene un

"procedimiento mínimo" consistente en el sufragio universal y secreto de la ciudadanía,

elecciones periódicas, competencia partidista, acceso a las asociaciones y reconocimiento

de las mismas, y rendición de cuentas del Ejecutivo. El proceso de consolidación

democrática requiere de un conjunto de estrategias a corto, mediano y largo plazos. La

receta sugerida por la teoría sería la siguiente:

"Con el propósito de avanzar hacia la consolidación de la democracia (...) los actores democráticos deben, al menos: (a) neutralizar aquellos actores incondicionalmente autoritarios, ya sea aislándolos políticamente o convirtiéndolos en sectas fragmentadas incapaces de amenazar la supervivencia del régimen, y (b) con respecto a los actores neutrales, promover preferencias, o como mínimo prácticas, que sean compatibles con el funcionamiento de la democracia (...) En cuanto a la mayoría antiautoritaria, los actores democráticos deben (c) en primer lugar, aumentar los números e intensidad de actores estrictamente democráticos, y, en segundo lugar, crear la esfera en la cual esa mayoría verdaderamente cuenta (la esfera electoral) para convertirse en un locus crítico de toma de decisiones con respecto a los asuntos importantes que enfrenta la nación. Resumiendo (...), los actores democráticos deben avanzar en la creación de una fábrica de instituciones que puedan canalizar la mediación de intereses, identidades y conflictos movilizados en un período dado. Este trabajo de construir instituciones representativas (...) es fundamental (...) sin esto, cualquier grado de democratización alcanzado es precario y potencialmente explosivo.

(...) los actores democráticos deberían subordinar sus estrategias (incluso la competencia entre ellos mismos) al imperativo de no facilitar un regreso al autoritarismo. (...) el contenido básico del acuerdo o pacto implica un esfuerzo: primero, de tratar de delimitar el conjunto de actores propiamente democráticos, y, segundo, de cooperar en ciertos actos y omisiones como una forma de reducir el peligro de una regresión autoritaria (...)"(O`Donnell 1992: 21-22).

Como se expresa en la cita previa, los actores con vocación democrática suelen

coordinar sus esfuerzos pro-consolidación del sistema político mediante el mecanismo del

pacto. Precisamente, partiendo de la noción de pacto, será posible introducir el estudio del

caso venezolano. En efecto, tras la caída del dictador Pérez Jiménez, los dirigentes de

Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Política Electoral Independiente

4

(COPEI) y la Unión Republicana Democrática (URD) suscriben el “Pacto de Punto Fijo”,

epónimo del nombre de la residencia de Rafael Caldera, máximo líder de COPEI. En

consecuencia, el 31 de Octubre de 1958, tomando como prioridad la creación de una

democracia sólida,3 establecen respetar el resultado de las elecciones de fines de 1958,

nombrar un gabinete de coalición y fijar un programa mínimo de gobierno. Inclusive la

Constitución de 1961 va a contemplar la representación proporcional en la conformación

del Congreso, garantizándose la protección de las minorías.

La firma de “Punto Fijo” fue avalada por los sectores empresarial, sindical y

eclesiástico, pero cuestionada por la dirigencia estudiantil, debido a la exclusión del Partido

Comunista de Venezuela (PCV). La razón de ello es sencilla: el PCV sostenía la tesis de la

dictadura del proletariado como mínimo, dada su convicción de la lucha de clases; mientras

que la contraparte socialdemócrata –AD- abogaba por un régimen policlasista. Por ende, el

PCV fue percibido –y efectivamente lo fue4- como amenaza para la estabilidad

democrática.5

De hecho, el régimen de “Punto Fijo” partía de la idea de incluir al mayor número

de partes al menor costo posible. Se trataba de una “democracia pactada” (O’ Donnell

1986), o -por usar términos de Rey (1976)- un “sistema populista de conciliación de élites”.

En todo caso, el arreglo formal e informal pretendía mediatizar las demandas a través de los

partidos dominantes –que terminaron siendo AD y COPEI6-, los cuales terminaron por

3 La experiencia previa sólo había durado 3 años (1945-1948), por lo que se conoce como el “Trienio adeco” (en alusión al gobierno de AD). 4 El PCV fue el núcleo del movimiento guerrillero que entró en operaciones entre 1962 y 1973, y cuya agónica expresión la constituyó Bandera Roja, organización que depuso las armas hacia 1994. 5 La otra gran amenaza era el estamento militar, sobre lo cual tratará el apartado 2. 6 URD sólo fue una opción electoral significativa en 1958. Tras abandonar el gobierno de coalición formado en 1959, debido a su defensa de la vía revolucionaria en Cuba, URD vino a menos.

5

duopolizar no sólo las instancias de representación política, sino también a los sectores

organizados.7

Como refiere Coppedge (1994), aunado al esquema de pactos, la principal

característica de la democracia venezolana concebida a partir de “Punto Fijo” era constituir

una partidocracia presidencialista (presidential partyarchy). Por partidocracia (partyarchy),

el autor entiende “(...) una democracia en la cual los partidos políticos políticos

monopolizan el proceso político formal y politizan a la sociedad con base en los principios

de partido” (Ídem: 18). Así, la influencia de los partidos comprende la nominación a cargos

públicos; el sistema electoral; la votación parlamentaria; la cooptación y penetración de

gremios, asociaciones y sindicatos; e inclusive la limitación de la línea editorial de los

medios (Ídem: 19-20). El cuadro anterior, al cual se aproximaría muchísimo la Venezuela

de “Punto Fijo”, ya de por sí resultaría muy perjudicial para la práctica democrática. Tanto

AD como COPEI dejaron de constituir opciones diferentes, tanto programática como

administrativamente y comprendían casi los mismos sectores del electorado.8 Además, las

deficiencias propias de la partidocracia, al combinarse con la parálisis legislativa,

característica del presidencialismo en escenarios de gobierno dividido, dejaban mucho qué

desear en cuanto a sistema de gobierno.9

7 En opinión de Coppedge (2001), el control sobre el sector empresarial fue logrado mediante un esquema de clientelismo reverso, por una parte; y, por otra, fomentando la división entre grandes y pequeños empresarios. Con base a tal variante de clientelismo, el gobierno de turno recompensaba políticamente –leyes, concesiones, contratos- el apoyo económico de poderosos grupos económicos. Ello podía implicar un Ministro de Hacienda surgido del seno de los mismos. 8 Salvo tal vez una mayor penetración de AD en los sindicatos, lo cual le permitió manipular la incidencia de huelgas durante los primeros quinquenios, sobre todo afectando al primer gobierno de Caldera (1969-1974) (Ídem: 31-35). 9 Empero, la discusión sobre las ventajas y desventajas del presidencialismo –y de otras fórmulas de gobierno- está muy lejos de acabarse (véase Sartori 1999 y Lijphart 2000). Inclusive para Lijphart (2000), el escenario de gobierno dividido podría aportar cierta pluralidad al debate parlamentario, con lo cual la legislación podría ser expresiva de mayor número de preferencias.

6

Sin embargo, prosigue el autor, fue la partidocracia lo que hizo funcional al “Pacto

de Punto Fijo”, particularmente en la etapa fundante de la democracia (Ídem: 155-157).

Así, el liderazgo de Betancourt (1959-1964) le permitió persuadir a la dirigencia de AD

tanto de no polemizar con la Iglesia Católica y COPEI, sobre lo referente a educación

religiosa, como de compartir el poder con este último partido. Igualmente, el control

ejercido por AD en la organización sindical permitió a Betancourt garantizar al

empresariado que habría un mínimo de huelgas. A su vez, Caldera logró que COPEI

abandonase su conservadurismo en lo tocante a la reforma agraria establecida en el

Programa Mínimo Común de Gobierno, entre otras políticas, con miras a neutralizar el

impacto generado por la Revolución Cubana. Y aun cuando tuvo lugar la insurgencia

guerrillera, la ascendencia de AD en los campesinos aseguró el apoyo de éstos al gobierno;

aunado a ello el compromiso bipartidista logró incrementar la presencia de fuerzas

democráticas en los barrios urbanos, los cuales eran más proclives a la cooptación de

grupos extremistas.

Pero, advierte O`Donnell (1992: 23), a pesar de que la práctica de pactos puede

resultar exitosa en la instauración de la democracia, no es menos cierto que su aplicación

excesiva podría eliminar la competitividad político-partidista indispensable para la vida

democrática, tendiendo a un deterioro a mediano o largo plazo que haría peligrar la

estabilidad del régimen en sí. Otro tanto acontece con la competencia excesiva,10 cuando al

obviar los intereses compartidos por los sectores heterógeneos partícipes del juego

10 En cuanto a este aspecto, Coppedge (1994) enfatiza la inconveniencia de la competencia faccionalista por la candidatura en un mismo partido, que también está ejerciendo el gobierno. Particularmente, analiza el caso de AD, considerando tal ente desde tres perspectivas: como partido programático, como organización política (en lo que atañe a la designación de sus autoridades y sus candidatos), y como fuerza electoral enfrentando a otros partidos.

7

democrático, el conflicto pasa de lo agonal -enfrentamiento electoral- a lo existencial,

pudiendo incluso significar la posibilidad del golpe militar.

Si se cuestiona qué tan penetrante ha sido la partidocracia venezolana, las cifras dan

la respuesta: La fuerza del pacto bipartidista11 se aprecia en el balance de 7 elecciones

nacionales y regionales (Martín 1998: 57-60): AD gana 5 veces la Presidencia (Betancourt

1959-1964; Leoni 1964-1969; Pérez 1974-1979 y 1989-199312; y Lusinchi 1984-1989) y

COPEI lo hace en 2 ocasiones (Caldera 1969-1974 y Herrera 1979-1984). En el período

1958-1989, respecto a la votación presidencial, en promedio AD cuenta con 44.13%;

COPEI, con 31.11%; sumando 75.24%. En cuanto a la composición de la Cámara de

Diputados, AD promedia 46.1% de los escaños; COPEI, 28.7%; y abarcan 74.8%. En

relación a la composición del Senado, AD promedia 52.11%; COPEI, 30.03%; y en

conjunto, 82.14%. Y con relación a la composición de las Asambleas Legislativas

(diputaciones regionales), vistas en forma agregada, AD promedia 50.96%; COPEI, 31.5%;

y suman entre ellos 82.46%. En suma, el bipartidismo canalizaba la toma de decisiones

tanto a nivel nacional como de los Estados.

Otro aspecto a destacar es la condición de que el mínimo costo posible de la

inclusión en los pactos estaba sujeto directamente a la bonanza petrolera, tal y como lo

advirtió Karl (1982 y 1994). Según la autora, la dirigencia política venezolana era incapaz

de percibir el costo político que implicaba la democracia pactada, es decir, la exclusión

progresiva de los sectores que surgían como resultado de la movilización inducida por el

rentismo petrolero. Mientras que el ingreso petrolero permitiese sostener una economía

proteccionista, con amplios subsidios a la producción y el consumo, la democracia de

11 Afianzado -durante la primera presidencia de Caldera (1969-1974)- con el “pacto institucional”, arreglo por el cual AD y COPEI acordaron distribuirse las comisiones en el seno del Congreso (Velásquez 1979). 12 Su segundo mandato terminaba en 1994, pero fue destituido por juicio político.

8

“Punto Fijo” no tendría mayores retos. Pero si el precio internacional del barril del crudo

caía, la estabilidad misma del sistema correría peligro, porque a mayor exclusión de los

beneficios del rentismo, menor apoyo tendría la democracia. En pocas palabras, la

democracia pactada funcionaría mientras el excedente petrolero le permitiese incorporar a

un mayor de sectores a los pactos. En ese sentido, resulta pertinente señalar que la

población venezolana creció de 6 millones 944 mil 599 habitantes en 1958 a 19 millones 12

mil 783 (173.7% en 31 años), lo cual se tradujo en un incremento de 52% en la población

urbana (50% en 1958 a 76% en 1989),13 con la consiguiente ampliación de las demandas

sociales en términos de cantidad y calidad.

" (...) el éxito mismo de los pactos socava su perdurabilidad. Mientras que los pactos dependen de la existencia de un particular espacio estructuralmente determinado, la estabilidad política que ellos generan crea la oportunidad para la transformación socioeconómica futura. De modo que los pactos permiten que las estructuras socioeconómicas cambien con el tiempo, pero congelan en su lugar un conjunto de relaciones. En el caso venezolano, estos acuerdos han creado las condiciones para la emergencia de nuevos actores sociales, políticamente relevantes; que no están representados por los acuerdos entre élites del pasado. A medida que el país gana en industrialización y complejidad, la aptitud de las élites para conservar el control de sus electores va quedando cuestionada. Así, el desarrollo mediatizado por el petróleo socava las bases de los partidos políticos existentes exactamente como alguna vez destruyó los fundamentos sociales del gobierno autoritario. Mientras tanto, el mero paso del tiempo y los efectos curativos del estar al margen del poder han cementado una nueva unidad entre los militares, estableciendo una posible alternativa futura a un sistema de partidos" (Karl 1994: 328).

Particularmente, los shocks petroleros ocurridos en las tres últimas décadas han

resquebrajado notoriamente la viabilidad del pacto democrático venezolano14. El cuadro

económico podría traducirse en considerable endeudamiento, inflación, empresas públicas

no rentables y derroche de recursos por corrupción administrativa. Además de programas

de ajuste a medio aplicar, sin que se haya alcanzado siquiera una recaudación tributaria

considerable, a excepción de lo que se deduce por concepto de renta petrolera.

13 Cálculos propios con base en Baptista (1991: 22). 14 Con respecto a la política económica de Pérez (1974-1979), Herrera (1979-1984) y Lusinchi (1984-1989) y las secuelas de los shocks petroleros, ver Morrisson (1994).

9

1.2.- Descentralización política y quiebra del bipartidismo: 1989-1998.

El primer signo de que la democracia venezolana carecía de la supuesta

consolidación15 es la explosión social de Febrero de 1989 (“Caracazo”), a pocos días de que

el Presidente Pérez anunciara un programa de ajuste económico. Dicho programa de

ajustes contemplaba, entre otras medidas, la aplicación del impuesto al valor agregado

(IVA) y el aumento gradual del precio de la gasolina, anuncios inéditos en un país

acostumbrado a vivir del rentismo.

Los lamentables sucesos de 27 y 28 de febrero de 1989–saqueos, enfrentamientos-

fueron tal vez el signo más evidente del colapso de la democracia pactada. Precisamente,

los individuos que a mediano y largo plazos terminaron siendo excluidos de los beneficios

garantizados en el esquema bipartidista de pactos –los sectores marginales- protagonizaron

una protesta violenta, imposible de detener con el concurso de las supuestas instancias de

representación: la comunicación de la dirigencia con buena parte del electorado, de perfil

abstencionista, se había roto. Sólo la represión militar pudo detener la ola de violencia,

registrada tanto en la capital como en la mayor parte del territorio. Y tal represión adquirió

la dinámica del combate a la guerrilla urbana, no de la delincuencia

“(...) la restauración de la paz social (...) fue la consecuencia directa del uso irrestricto de la capacidad coercitiva del Estado y muy especialmente de las fuerzas militares, lo que originó que los medios de comunicación social focalizaran la atención sobre el ministro de la Defensa, quien fue capaz de proyectar una imagen de fortaleza, resolución y autoconfianza, hecho que hizo trasladar el poder de decisión a las Fuerzas Armadas, pues no solamente se mantuvo en su esfera la capacidad de tomar decisiones autoritarias en relación con la actuación de los aparatos de represión, sino que hizo posible que esta institución articulase otros recursos de poder, como los medios de comunicación –especialmente los privados- y la capacidad de convocatoria” (Müller Rojas 1989: 147).

Tales escenas de violencia, catalogadas como explosión social por los analistas

(Civit y España 1989; Salamanca 1989), fueron tal vez la expresión más evidente de la

15 Por haber realizado 7 comicios nacionales con 2 partidos alternándose en el gobierno.

10

resistencia a la disciplina fiscal y del deterioro de las instituciones políticas e instancias de

representación, y de que sólo la “mano dura” de los militares podría controlar las

situaciones extremas. La demostración de qué tan excluyente y contraproducente había

llegado a ser el esquema de pactos.

“El 27-F puede ser considerado como un momento histórico a partir del cual un nuevo actor social entra en escena: las masas pobres urbanas. Su carácter inorgánico y espontáneo dificultan su ubicación en el sistema político. Es un actor no organizado pero con capacidad de influir sobre el curso de los acontecimientos [sic] sobre la evolución política y sobre la toma de decisiones. Es un actor latente capaz de activarse en cualquier momento sobre todo en aquellos períodos de crisis sociales agudas. No es manejable ni controlable. Políticamente mostró su capacidad de desafío no sólo al saltarse los procedimientos legales y legítimos de funcionamiento del sistema, sino por su abstencionismo electoral y su desconfianza acerca del liderazgo político nacional” (Salamanca 1989: 217).

Luego de aquel convulsionado primer mes de gobierno, las postergadas reformas

políticas –de las que se había comenzado hablar en el gobierno de Lusinchi-16 emergieron

como “tanque de oxígeno” para la devaluada democracia de “Punto Fijo”. La

descentralización política por fin tendría lugar: En Diciembre de 1989, por primera vez en

el siglo XX, los venezolanos pudieron elegir por sufragio universal tanto a gobernadores de

Estado como a los alcaldes,17 ambas figuras con posibilidad de reelección inmediata. Se

buscaba “acercar el poder a la gente” y reavivar el interés popular por la democracia.

Como se evidenciaría pocos años después, dichos comicios significarían tanto la

erosión del bipartidismo, en aras de un multipartidismo de coaliciones inestables, como la

aparición de liderazgos inéditos, desafiantes de la dirigencia nacional. Se trastocaba así la

predictibilidad política que había caracterizado al arreglo de “Punto Fijo” Ello al punto de

que los 2 últimos Presidentes, electos en 1993 y 1998, Rafael Caldera y Hugo Chávez han

alcanzado la victoria sin contar con el respaldo de AD ni COPEI, valiéndose, por el

16 Para evaluar el funcionamiento del sistema político, el Presidente Lusinchi creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). 17 Hasta entonces los mandatarios regionales eran agentes de libre nombramiento y remoción por el Presidente. Por su parte, el antecedente del alcalde –el Presidente del Concejo Municipal- era electo por los ediles de su propio seno.

11

contrario, del apoyo de coaliciones de varios partidos, algunos surgidos en 1989 a raíz de

triunfos en los Estados.

Aunque en principio pareció que el bipartidismo iba a afianzarse aún más en

Estados y Municipios, la descentralización –limitada en realidad a elegir autoridades-18 sí

constituyó incentivos para que alternativas políticas hasta entonces ignoradas salieran a la

arena electoral con oportunidad real de victoria, valiéndose mayormente de la figura de

coaliciones. De igual manera, las coaliciones multipartidistas emergentes, ya actuando en

los Legislativos nacional y regional, presionaron exitosamente para que los 20 Estados y

247 Municipios existentes en 1988 alcanzaran un total respectivo de 23 y 335 para 1998

(crecimientos de 15% y 35.6% en cada caso).

Las elecciones de 1989 le otorgaron al bipartidismo 18 de 20 Gobernaciones (90%)

y 256 de 269 Alcaldías (95.2%); no obstante, también marcaban la aparición de La Causa

Radical (LCR)19 con el triunfo en la Gobernación de Bolívar. En 1992, el bipartidismo

obtuvo 18 de 22 Estados (82%) y la reelección fue significativa tanto en términos de

gobernadores (15 de 18 aspirantes: 83.3%) y de alcaldes (119 reelectos, 93.3% de AD y

COPEI), con ello se mostraba cuánta fuerza podría lograr un político regional en detrimento

de la dirigencia nacional, sobre todo porque la reelección ya era factible sin el apoyo

absoluto de los grandes partidos, como empezaba a demostrar el gobernador de Carabobo,

Salas Römer. Además, el proceso de 1992 daba cuenta del ascenso del Movimiento al

Socialismo (MAS), ratificando su triunfo en Aragua y sumando otros 2 Estados; mientras

18 Las leyes sobre la materia todavía atan a los gobiernos subnacionales al nivel nacional en materia de gasto y recaudación. 19 En las elecciones nacionales de 1988, LCR sólo había sumado 3 Diputados y Andrés Velásquez alcanzó una votación ínfima a la Presidencia. En 1989, Velásquez se convierte en Gobernador de Bolívar, siendo reelecto 3 años más tarde.

12

que LCR se afianzaba en Bolívar y se proyectaba nacionalmente con su triunfo en la

Alcaldía de Caracas.

En efecto, los gobernadores se constituyeron en líderes regionales y, gracias a su

gestión, se promovieron políticamente a nivel nacional. A tales fines crearon un ente

denominado Asociación de Gobernadores de Venezuela (AGV) en 1993, a través del cual

presionaron al gobierno nacional, demandando no sólo descentralización de servicios sino,

principalmente, mayores recursos. Particularmente, la AGV consiguió que el Congreso

crease por ley especial dos grandes partidas de transferencia, cuyo monto mayor era

incondicional: las asignaciones económicas especiales y el fondo intergubernamental para

la descentralización.

Inclusive, fue la propia actividad de la AGV lo que terminó por materializar la

democratización de las elecciones internas del bipartidismo. Especialmente, COPEI, a

partir de 1993, abrió las elecciones para designar a su candidato presidencial a todo el

electorado que quisiera participar, con el triunfo del ex-gobernador del Zulia, Álvarez Paz,

sobre quien había ejercido la Secretaría General del partido, Eduardo Fernández.

Por complemento, la gestación de coaliciones ascendentes terminó por irrumpir en

el nivel nacional: en 1993, por primera vez desde la creación del sistema político, AD y

COPEI eran derrotados en los comicios presidenciales. Caldera, “excluido” de COPEI,

triunfa con el apoyo de 17 partidos (30.46% de los votos) y es secundado por el ex–alcalde

de Caracas, Claudio Fermín de AD (23.6%), y los reelectos gobernadores de Zulia, Álvarez

Paz (COPEI, con 22.73%), y Bolívar, Andrés Velásquez (LCR, con 21.95%).20 Asimismo,

en 1996, AD queda fuera de la directiva del Congreso Nacional, con el senador Fernández

Daló del MAS en la Presidencia del ente.

20 Álvarez Paz sí renunció al cargo de mandatario regional, previo a su postulación.

13

Para las elecciones regionales de 1995, los partidos no tradicionales sumaban 7 de

22 Gobernaciones (31.8%), 49 de 330 Alcaldías (14.8%) y 33% de los escaños en las

Asambleas Legislativas de los Estados, vistas como agregado. Se destaca la derrota de LCR

en Bolívar y su victoria en Zulia, principal región petrolera del país; por su parte, Salas

Römer se distancia completamente de COPEI en Carabobo, crea Proyecto Carabobo y su

hijo, Salas Feo, se convierte en su sucesor. En 1998, el partido de Salas Römer pasa a

denominarse Proyecto Venezuela, constituyendo su plataforma electoral con miras a la

Presidencia.

1.3.- Las deudas de la democracia.

Tras los sucesos del 4 de Febrero de 1992, Caldera –senador vitalicio según la

antigua Constitución- pronunció un discurso anti-partido que le valió, en buena medida,

el retorno a la Presidencia. Desde la tribuna parlamentaria, advertía la imposibilidad de

“pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia”, si con éstas no le

alcanza para costear la cesta básica.

Aquel discurso caló hondo porque reflejaba la inconformidad de una sociedad,

cuya afinidad democrática se tornaba apatía, o cuando menos abstención: En cuanto a

comicios nacionales, mientras que en 1973 la votación fue de 96.5% del padrón

electoral; en 1988 descendió a 81.9%; y en 1993, hasta 60.2%; o sea, que en 20 años la

abstención creció en 35 puntos porcentuales. Inclusive, el revulsivo del sistema, las

elecciones regionales, promedió en sus 4 primeras versiones (1989, 199, 1995 y 1998)

una abstención de 52.3%. Cifras que apuntarían a un divorcio con la democracia

venezolana. En ese tenor, no debe pasar desapercibido el hecho de que, en un estudio

presentado por Arístides Torres, el porcentaje de quienes opinaban que el sistema

14

democrático debía ser sustituido pasó de 15.1% en 1977 a 28.6% en 1990, y que en los

años 1983 y 1990 la preferencia por la democracia como sistema político cayó de 82.2%

a 74%, en tanto que la inclinación hacia la dictadura crecía de 10.2% a 17.7% (citado

por Vaivads 1996: 174-175).21

Por otra parte, aun cuando el ingreso per cápita era en 1998 un 87% de lo que

éste representaba en 1973 (véase tabla 1), con un patrón decreciente casi ininterrumpido,

lo más grave era precisamente la desigualdad en la distribución del ingreso:22 Ya en

1991 se estimaba que 80% de la población vivía en condiciones de pobreza generalizada

(FUNDACREDESA-CORPOZULIA citado por Vaivads 1996: 170). Lógicamente, este

deterioro de las condiciones de vida tiene cierta cuota de explicación en la caída del

ingreso per cápita; sin embargo, tal vez el elemento que más haya afectado el poder

adquisitivo de los estratos medios y bajos sea la reducción de subsidios y controles de

precios, a raíz tanto de la caída de los precios del petróleo, entre mediados de los

ochenta y fines de los noventa, como de la aplicación intermitente de políticas de ajuste.

Básicamente, el venezolano desconocía el significado de la palabra impuesto y –gracias

a la bonanza petrolera- disfrutaba de enormes subsidios a la producción y el consumo,

por lo cual igualmente ignoraba cuál era el precio real de los artículos que consumía.

Tales giros en el plano económico significarían que no sólo las “masas pobres

urbanas”, por usar los términos de Salamanca (1999), estaban desencantadas con el sistema

democrático, sino que los sectores medios lo estaban tanto o más. Sobre todo cuando se

21 Cifras similares, en lo que atañe a preferencia por sistema de gobierno, arroja el Latinobarómetro (1996-1998) (citado por BID 2000: 186). Inclusive, sólo poco más del 30% de los venezolanos encuestados manifestaba estar muy o parcialmente satisfecho con la democracia (Ídem: 184). 22 Venezuela sólo es un ejemplo de la tendencia que caracteriza a América Latina. De hecho, este subcontinente es la región del mundo donde el ingreso se haya peor distribuido (BID 1997: 43-45).

15

considera que la población urbana continuaba incrementándose (85.4% en 1995 y 87.1% en

el 2000),23 con la consiguiente agudización de demandas.

Tabla 1:Variación del ingreso per cápita en Venezuela: 1973-1998

Año

Ingreso per cápita

(Bs. A precios de 1995)

Porcentaje de variación

quinquenal

1973 692474.389 0

1978 692519.545 0.01

1983 590351.56 -14.75

1988 641262.849 8.62

1993 624841.325 -2.56

1998 602143.78 -3.63

Fuente: Elaboración propia con base en FMI (1999:S942-S943)

Aunado al empobrecimiento de los venezolanos, surgió la inseguridad pública.

Según cifras de las Dependencias Operativas del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial

(CTPJ), entre 1990 y 1998 se había registrado un total de 35584 asesinatos,24 es decir, un

promedio anual de 3954 muertes violentas. Si los gobiernos civiles eran incapaces de

garantizar la vida de sus conciudadanos, ¿no sería preferible apostar por “una mano dura”

que impusiese orden y respeto?

23 Cálculos propios con base en estimaciones de la Oficina Central de Estadística e Informática (1995: 87, 93). 24 Citado por http://www.el-nacional.com/especiales/inseguridad/indices.html

16

Se trataba sencillamente de que el sistema político no daba respuesta a problemas tan

fundamentales como el empobrecimiento progresivo y la alta incidencia delictiva. Con

prioridades como éstas, la participación política quedaba en segundo plano. Por ella se

preocupaban algunos grupos emergentes de la sociedad civil, como la asociación

“Queremos elegir” surgida en la década pasada, que propugnaban por la uninominalidad

como la alternativa a las listas de partidos. No obstante, aun cuando la inquietud por

participar políticamente hubiese sido generalizada, la ausencia de mecanismos ajenos a los

partidos tradicionales, que permitiesen canalizarla, habría frustrado a los interesados.

Al fin y al cabo, los venezolanos no sólo se fueron haciendo abstencionistas sino que

perdieron casi toda confianza en las instancias de representación. El balance del

Latinobarómetro (1996-1998) es muy revelador: sólo poco más de 20% de los encuestados

expresó su confianza en el Congreso y apenas algo más de 10% dijo sentirse cercano a

algún partido (citado por BID 2000: 187, 200). Pero, cabría preguntarse, cuándo los

partidos y las instituciones democráticas se hallaban cerca de la gente. Y la respuesta

resultaría tan obvia como lamentable: únicamente en períodos electorales. De allí que la

gente perdiese el interés en votar. Además, recordando la observación de Coppedge

(1994), votar por AD o COPEI era indiferente, convicción popular plasmada en la frase:

“Más de lo mismo”. En consecuencia, si todo va a seguir igual –gane quien gane-, ¿para

qué votar?

La dirigencia golpista encarnaba tanto la opción de cambio como la “mano dura” y

aún así la abstención sólo se redujo 3.3% respecto a 1993.25 De cualquier modo, si el

liderazgo tradicional en 4 décadas, gozando de bonanza petrolera, había sido incapaz de

hacer más participativo –o menos excluyente- al sistema y de solucionar problemas como la

25 37 de cada 100 electores no participaron en el proceso.

17

inseguridad y la corrupción, ¿por qué habrían de ser igual de incompetentes los oficiales

que arriesgaron sus vidas y carreras para deponer un régimen corrupto y decadente? Tal vez

la respuesta inconsciente a esta pregunta tuvo lugar en las elecciones presidenciales de

1998, en las cuales Hugo Chávez Frías obtuvo el poder que interpretó como absoluto, como

se verá más adelante.

2.- Militares y política en Venezuela: 1958-1998.

En términos de Huntington (1997), el rasgo fundamental del pretorianismo es la

intervención militar intermitente en la política, en el seno de una sociedad que, al tiempo de

hallarse inmersa en procesos de modernización, tiende a desestabilizarse debido a la

fragilidad de sus instituciones políticas. En opinión del autor, tal fragilidad en América

Latina es el resultado, a largo plazo, del fallido intento de copiar los productos de las

revoluciones americana y francesa –respectivamente, el federalismo y la división de

poderes- en contextos sociopolíticos marcadamente feudales, propios de las provincias

españolas de ultramar.26

El pretorianismo radical es un fenómeno dinámico, en el cual la institución armada

como agente reformista27tiende a desplazar del poder a la oligarquía feudal formada por

terratenientes, el Alto clero y los militares (Huntington 1997: 184). Cuando el

pretorianismo se dirige a impulsar la participación política de la clase baja -pretorianismo

de masas- suele implicar un conflicto interno al poder militar que, en la medida que crece la

26 En ese sentido, vale la pena añadir que en éstas existía –contrario al poder tripartito- una división de funciones –gobierno, justicia, hacienda y guerra- que tendían a concentrarse en una figura individual o colectiva, según se tratase de una Provincia menor o mayor, Capitanía General, Real Audiencia o Virreinato. 27 “(...) La participación en política del ejército, o de grupos militares como colectividades, se produce sólo con la diferenciación del cuerpo de oficiales como institución semiautónoma que acompaña el ascenso de la clase media (Huntington 1997: 183).

18

participación, se vuelve más conservador, debido a que asume el papel de guardián del

orden. Ello significa que una sociedad pretoriana se desestabiliza en tanto aumenta la

participación política; por ende, los militares tienden a intervenir para bloquear el acceso al

poder, no sólo de actores que emergen por la acción modernizadora, sino también de

aquellos a quienes desplazaron de la escena política.

“La medida en que se politizan las instituciones y los individuos pertenecientes al ejército depende de la debilidad de las organizaciones políticas civiles y de la incapacidad e los dirigentes de éstas para hacer frente a los principales problemas de política que el país tiene ante sí. El grado en que un cuerpo de oficiales politizados desempeña un papel conservador o reformista depende de la expansión de la participación en la sociedad” (Ídem: 200).

En opinión del autor (Ídem: 205-206), tal vez el mayor problema del militarismo –el

ejercicio del poder político por los militares- sea la asimetría producida respecto a las

autoridades civiles. Dicha asimetría manifiesta la escisión entre responsabilidad y poder:

los militares pueden vetar las acciones civiles y no tienen que rendir cuentas por lo que

hagan; los civiles asumen responsabilidades pero ejercen poder; además de que están

impedidos de actuar en la esfera militar.

La recuperación del poder político por los civiles, a fines de Enero de 1958,

conllevaba la necesidad de neutralizar la amenaza golpista que habían representado hasta

entonces las Fuerzas Armadas. Urgía asimilar el estamento armado a las instituciones

democráticas, tomando uno de dos caminos: el control objetivo, o sea, profesionalizar más

a los militares, dejando que participen en ámbitos de la política como la materia de defensa

nacional; o el control subjetivo, reforzando la imagen de guardianes del orden –incluso por

principio constitucional- y supeditándolos a una instancia externa: la Presidencia

(Huntington 1995). Rómulo Betancourt (1959-1964) se inclinó por el control subjetivo: así,

sustituyó el Estado Mayor General, con un Comandante único de Fuerza, por el Estado

Mayor Conjunto, distinguiendo un Comandante para cada rama de las Fuerzas Armadas

19

(Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional), aunado a la interlocución de un Ministro

de Defensa de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República,

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Aunque tal cambio organizacional pudo

haber causado desconcierto en la institución armada, el mayor malestar sería producto de la

reincorporación de oficiales dados de baja por la dictadura de Pérez Jiménez (Machillanda

1988: 131).

“(...) en 1963, por ejemplo, algunos oficiales creían firmemente que la asociación con (...) Acción Democrática era suficiente recomendación para el ascenso, y (...) estaban convencidos de que el Presidente Betancourt no tenía en cuenta ni las normas del escalafón ni las conveniencias del servicio, para colocar oficiales orientados hacia el partido (...) en los puestos claves” (Ídem: 134).

Particularmente, el gobierno de Betancourt hizo frente a casi una docena de asonadas

militares, destacándose las de 1962 en Carúpano y Puerto Cabello, las cuales contaron con

elementos civiles de orientación izquierdista. Posteriormente, apareció el fenómeno

guerrillero: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cooperación (Velásquez 1979). Es

entonces cuando los militares venezolanos van a actuar acorde al control objetivo:

ocupación y dominio del territorio, combate al enemigo –la guerrilla-, y ataque y protección

de objetivos estratégicos. Una vez que Rafael Caldera (1969-1974) decreta la pacificación,

al desaparecer el enemigo real, el control objetivo se diluye, al punto que las Fuerzas

Armadas, como el resto de la sociedad venezolana, van a ser absorbidas por el

bipartidismo, reflejándose sobre todo en la política de ascensos, aprobados por el Senado a

propuesta del Presidente de la República.28

28 En opinión del Gral. ® Alberto Müller Rojas, durante una clase en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, en1992, el problema de la partidización de los ascensos militares se había agudizado, al pasar de los “generales blancos” (AD) y “verdes” (COPEI) a los “generales de Blanca” y “generales de Cecilia”, en clara alusión a la influencia de las recomendaciones de las amantes presidenciales Blanca Ibáñez y Cecilia Matos en la conformación de los listados de ascensos presentados, respectivamente, por Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1989-1993). Se rumoraba que las esposas de los oficiales obsequiaban a las amantes en cuestión para obtener su mediación con miras a que sus cónyuges fuesen promovidos.

20

“Al intervenir (...) Copei [sic] y Acción Democrática en la composición de la cúspide militar y por ende de la organización ministerial, estos mandos han ido desdoblándose de su condición de militar profesional tradicional y han ido cediendo a las influencias del sector político partidista (...)” (Machillanda 1988: 178-179).

En otras palabras, la extrema politización militar habría tendido, en el largo plazo, a

estimular la intervención militar en la política venezolana, bajo la expresión del golpe de

Estado con carácter de veto. Tal como ocurrió los días 4 de Febrero y 27 de Noviembre de

1992 durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. Estas asonadas, fallidas en lo

militar,29 podrían ser consideradas como “golpes anticipatorios”. Nótese que los integrantes

del Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200) y del Movimiento 5 de Julio

(M5J) eran oficiales de clase media: los primeros, tenientes coroneles (con Hugo Chávez

Frías y Francisco Arias Cárdenas a la cabeza) y los segundos, generales de brigada y

contraalmirantes (Francisco Visconti Osorio y Hernán Grúber Odremán). Curiosamente, la

fractura de las Fuerzas Armadas en 1992 tiene dos vertientes: la rama de Fuerza que

interviene y el rango de los oficiales involucrados. Vale decir que el 4 de Febrero el

componente activo son cuadros medios del Ejército, mientras que el 27 de Noviembre la

rebelión es protagonizada por cuadros superiores de la Armada y la Aviación; en uno y otro

caso la Guardia Nacional se desempeña como guardián del régimen de Pérez. Por estas

razones, aunque breves palabras de Hugo Chávez por televisión30 hayan sido el factor

común de estas asonadas, difícilmente podría hablarse de cohesión en las filas golpistas.

Más bien, podría pensarse que el acercamiento efectivo entre el MBR-200 y el M5J ocurrió

29 Finalmente, el objetivo político inmediato –la salida de Carlos Andrés Pérez de la Presidencia- se logró en Mayo de 1993, por la vía de juicio político. 30 El 4 de Febrero, al ser detenido, Chávez declaró que asumía la responsabilidad de un movimiento, cuyos objetivos políticos habían fracasado en la capital, “por ahora”. Por el contrario, el 27 de Noviembre, al parecer elementos civiles afines al Comandante, quienes tomaron el Canal del Estado, desobedecieron a los líderes del M5J y transmitieron en cadena un mensaje videograbado de Chávez, en lugar del que había editado la Junta Militar que habría de tomar el poder.

21

durante su confinamiento en el Cuartel “San Carlos” y en la Penitenciaría de Yare, entre

1992 y 1994.

Una vez que Rafael Caldera asciende a la Presidencia por segunda ocasión (1994-

1999), queriendo emular la pacificación de la guerrilla en su primer gobierno, o buscando

distraer la atención de la opinión pública ante el escándalo financiero con el cual inicia su

mandato,31 promueve el sobreseimiento de los golpistas, en lugar de una amnistía que les

habría inhabilitado políticamente. En síntesis, el sobreseimiento significó la anulación del

delito de rebelión militar, con lo cual, aunque debían pasar a retiro, los golpistas luego

podrían hacer carrera política.

Empero, Caldera realiza dos jugadas más, que, al tiempo que distancian a Arias

Cárdenas respecto a Chávez, también impulsaron –involuntariamente- la emergencia de los

antiguos golpistas como alternativa política. La primera de ellas fue incorporar a Arias

Cárdenas a la Administración Pública como Coordinador del Programa Alimentario

Materno-Infantil (PAMI). Ello implicaba hacer que un golpista –se dice que fue el estratega

del 4 de Febrero, tomando al Estado Zulia sin derramamiento de sangre- se involucrase con

un sistema político contra el que había insurgido, y cuyo uno de sus fundadores había sido

precisamente Caldera. Para Chávez, ello fue una especie de traición al MBR-200. Sin

embargo, el reparto de leche a sectores populares, labor fundamental del PAMI, permitió a

Arias Cárdenas ganarse una imagen propia, con independencia de Chávez; al punto que en

1995, con el apoyo del partido Causa Radical, Arias Cárdenas conquista por los votos lo

que en 1992 obtuvo por las armas: la Gobernación del Zulia. Mientras tanto, Chávez

empezaba a contactar a civiles y militares afines al MBR-200 y al M5J, llamaba a la

31 La quiebra de ocho bancos que comprendían el 43% de los depósitos del país.

22

abstención en los comicios regionales de 1995 y empezaba a soñar con la Presidencia en

1998. En ese momento, en un perfil muy bajo, como se creyó siempre permanecería.32

La segunda jugada de Caldera consistió en el nombramiento del Gral. ® Fernando

Ochoa Antich como Ministro de Relaciones Exteriores. Ochoa Antich fue el Ministro de la

Defensa que neutralizó el intento de golpe del 4 de Febrero, lo cual era una provocación

indirecta a Hugo Chávez. Irónicamente, el desempeño de Ochoa Antich no cumplió con las

expectativas del Presidente, quien le sustituyó por Miguel Ángel Burelli Rivas, y

finalmente le “degradó” al exilio como Embajador en México. En cierto sentido, el fracaso

de Ochoa Antich era una reivindicación para Chávez y un elemento adicional al desgaste

del sistema político.

Aún podría mencionarse otro desacierto de Caldera, en cuanto al tratamiento del

papel de los militares. Al nombrar a otro ex-Ministro de la Defensa como titular de

Transporte y Comunicaciones, con la inmediata militarización de los aeropuertos, lo que

consiguió Caldera fue reivindicar la imagen de las Fuerzas Armadas como las únicas

capaces de poner orden en el caos de la Administración Pública, al que habían contribuido

enormemente los partidos tradicionales. Obviamente, esto también le dio mayor cabida al

discurso de Hugo Chávez.

Volviendo a la afirmación de que las asonadas de 1992 podrían caracterizarse como

“golpes anticipatorios de veto”, habría que introducir algunos matices. Primero, es preciso

responder a la pregunta: ¿Cuál orden pretendían rescatar, tanto el MBR-200 como el M5J,

asumiendo su papel de guardianes? En segundo término, ha de aclararse cuáles eventos

32 Se pensaba que, al no ser un político profesional, el discurso de Chávez no tendría cabida en el electorado, que era preferible liberarlo, quitándole la estela de héroe, y dejarlo que se estrellara contra la realidad de la competencia partidista. Lo subestimaron y terminó arrollando a la dirigencia tradicional, tan sólo valiéndose de un mito: Simón Bolívar.

23

podrían concebirse como golpes de irrupción y consolidación, dado que desde 1992 no ha

ocurrido otra rebelión militar en Venezuela.

Con respecto a la primera cuestión, los partícipes de las rebeliones militares de 1992

han manifestado su intención de derrocar a un sistema político, minado por partidos

políticos corruptos (AD y COPEI, principalmente), y con un Presidente “entreguista”.33 En

consecuencia, habían actuado para rescatar la “ verdadera democracia” y proteger la

integridad del territorio nacional. Además, si se recuerda el rechazo al programa de

disciplina fiscal de Pérez, cuyo anuncio motivó el “Caracazo” (27 y 28 de Febrero de

1989), podría afirmarse que la oficialidad golpista también se concebía a sí misma como

garante del estatismo basado en la renta petrolera, lo que no estaría distante del

nacionalismo económico propio de la primera gestión del mismo Pérez (1974-1979). En

suma, el componente militar rebelde habría actuado para vetar la partidocracia, la

flexibilidad en materia de política limítrofe y la liberalización de la economía.

En cuanto a la segunda interrogante, conviene antes recordar que la dinámica del

pretorianismo radical tiende a generar una sucesión de golpes que conllevan finalmente, en

muchos casos, al desplazamiento de los militares moderados por los radicales (Huntington

1997: 185-186). Pero, como ya se advirtió, en Venezuela, después de 1992, no hubo golpes

de irrupción y consolidación. Sólo que hablando en sentido estricto. En efecto, aunque no

ocurrió un movimiento armado, la forma en que tuvieron lugar los procesos electorales

celebrados entre Noviembre de 1998 y Julio de 1999 permite concebir a éstos como los

“golpes de irrupción” de Chávez. Por complemento, los “golpes de consolidación” son los

33 Para el momento en que ocurre la insurrección del 4 de Febrero, Carlos Andrés Pérez, en relación a las negociaciones bilaterales con el gobierno colombiano, representado por la Canciller Noemí Sanín, llegó a afirmar que nunca había dicho que el Golfo de Coquivacoa, con salida al Mar Caribe, fuese de Venezuela. En otras palabras, tácitamente estaba reconociendo cierta soberanía de Colombia respecto a un territorio que los libros de Geografía de la ahora República Bolivariana siempre han denominado Golfo de Venezuela.

24

comicios comprendidos entre Diciembre de 1999 y Julio de 2000, sepultando con ellos a la

otrora hegemonía bipartidista.

No obstante, al mismo tiempo que desmantelaba toda la estructura institucional

construida a raíz del “Pacto de Punto Fijo”, Chávez estaba transitando rápidamente de una

situación de pretorianismo radical a otra característica del pretorianismo de masas,

valiéndose para ello de la apelación a la democracia directa: la figura del referendo. A tal

escenario Huntington (1997: 213) lo denomina ‘opción Perón’: la conservación del poder

por un jefe militar y ampliación de la participación política.

“(...) Los militares pueden conservar el poder y permitir la expansión de la participación política, o inclusive capitalizarla (...) En estos casos los oficiales llegan al poder gracias a un golpe que se desvía de la pauta del veto, y luego modifican su base política con la inclusión de nuevos grupos como partidarios suyos. Por lo general esta acción tiene un doble precio. Aleja al jefe militar de su primera fuente de apoyo en el ejército, y por lo tanto acrecienta su vulnerabilidad a un golpe conservador. Además tiende a intensificar el antagonismo entre la clase media conservadora y las masas radicales. Por otra parte, en cierto sentido invierte el esquema de la sociedad pretoriana oligárquica, en que un demagogo populista pobre abandonaba por lo común a la masa de sus partidarios para ser aceptado por las élites. En este caso un dirigente de clase media se aparta de su clase para conquistar un respaldo de masas. El comandante militar trata de convertirse en un dictador populista. Pero a la postre fracasa del mismo modo y por las mismas razones que sus semejantes civiles (...): sus esfuerzos son vetados por sus ex camaradas de armas, que se mantienen fieles al papel de guardianes” (Ídem: 213).

Hasta la fecha, la invocación a las masas –“Ahora le toca al pueblo”- ha surtido

efecto, en lo que a votos se refiere. Sin embargo, queda la duda de qué tan subordinado a

Chávez está el estamento militar. Si bien es cierto que la oficialidad que abortó las asonadas

de 1992 hace tiempo pasó a retiro, no puede subestimarse el descontento que podrían haber

causado en los militares acciones como la reincorporación y ascenso de golpistas, tras 7

años fuera; el uso de uniforme por parte de Chávez a pesar de estar retirado; el proyecto de

ley donde se pretende volver al Estado Mayor General, eliminando la figura de los

Comandantes de Fuerza; el nombramiento de un civil como Ministro de Defensa, tal vez

porque el Comandante no quiere sentirse eclipsado por un oficial de rango superior al suyo;

y la apología expresa del Presidente por Fidel Castro y la Revolución Cubana. Con base en

25

lo anterior, cuesta creer que los militares venezolanos constituyan un bloque monolítico en

torno a la figura presidencial. En cualquier caso, sólo el tiempo dará la respuesta.

3.- La “revolución pacífica” o la involución autoritaria: Los riesgos de la democracia

directa.

Las elecciones de Diciembre de 1998 tuvieron un ganador inobjetable: Hugo

Chávez Frías. El Comandante sólo perdió en 5 Estados34 ante su rival por la Presidencia, el

ex-gobernador de Carabobo y fundador de la AGV, Henrique Salas Römer, quien parece

haberse visto perjudicado por el apoyo de último momento que le ofreció el bipartidismo.35

Empero, aunque Chávez obtuvo 56.2% de los votos, superando en 16 puntos al de Salas

Römer y en 7 puntos al promedio de sufragios de los gobernadores, sólo contaba con el

respaldo de 9 mandatarios regionales.36 Dado que los comicios regionales fueron un mes

antes, los candidatos del actual oficialismo no pudieron beneficiarse del “efecto halo”

derivado del apoyo al Comandante En otras palabras, se enfrentaba al gobierno dividido

vertical en 14 Estados y en la AGV. Otro tanto ocurría con respecto al Congreso (véase

tabla 2), electo al mismo tiempo que los gobernadores. Las fuerzas del denominado “Polo

Patriótico” (MVR, MAS, Patria para Todos)37 alcanzaban 37.5% de los escaños del Senado

y 36.5% de las diputaciones (http://www.el-nacional.com/megaelecciones/recuento y

http://politica.eud.com/1998/conclusion/resultados). De modo que Chávez también debía

hacer frente al gobierno dividido horizontal.

34 Los porcentajes que aparecen en negrillas corresponden a los Estados donde Salas Römer superó a Chávez y aquellos donde triunfaron candidatos opuestos a los partidarios de éste. 35 En la semana previa a los comicios, COPEI y AD –en ese orden- renunciaron a sus candidatos, para respaldar a Salas. Por ende, buena parte del electorado tendió a ver al carabobeño como “más de lo mismo”. 36 Con la muerte del gobernador de Nueva Esparta, antes de la toma de posesión, se hizo necesaria otra elección, gracias a la cual el oficialismo sumó otro Estado, en la persona de la ex-alcaldesa de Chacao y ex-candidata a la Presidencia, Irene Sáez Conde. 37 Producto de la escisión de LCR.

26

Tabla 2: Composición del Congreso Nacional tras las elecciones de

Noviembre de 1998

Representación Senado Cámara de Diputados

Acción Democrática 19 62

Movimiento V República 12 45

COPEI 7 27

Proyecto Venezuela 1 21

Movimiento al Socialismo 5 19

La Causa Radical 0 5

Patria para Todos 1 5

Convergencia 2 2

OFM 0 2

Apertura 1 1

Total 48 189

Fuente: http://elecciones.eud.com/1998/11/09/cong.html

Ante tan adversa correlación de fuerzas, Chávez decidió tomar la iniciativa,

sorprendiendo a propios y extraños con el primer decreto de su gobierno recién asumido. El

2 de Febrero de 1999, desafiando a la Constitución que calificó de moribunda, al tiempo

que violaba la legislación del sufragio, el Comandante llamó a un referendo relativo a la

convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), respecto a la cual –de ser

convocada- el propio Chávez se reservaba la facultad de fijar las bases de elección de los

Diputados.

27

Cabe destacar que la concepción de referendo instrumentada por Chávez no pasaba

de ser un plebiscito con carácter obligatorio. En ese sentido, no se exigía un porcentaje

mínimo de concurrencia al referendo para que el fallo fuese vinculante. Bastaba con el

hecho de que hubiesen más votos favorables que negativos ante la cuestión propuesta, sin

importar cuántos participaran en el proceso.

Lo cierto es que el decreto ya mencionado dio lugar a un enfrentamiento con la Corte

Suprema de Justicia, ente que, decidiendo más política que jurídicamente, se pronunció a

favor del referendo. Tras obtener el “sí” de un 27% del padrón electoral, Chávez dirigió el

debate a imponer el carácter originario que ostentaría la “soberanísima” ANC. Sólo que

esta vez el fallo del Poder Judicial le fue contrario, por lo que el titular del Ejecutivo –Abril

de 1999- decidió corresponder con un categórico comunicado: “(...) debo confirmar ante la

Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el principio de la exclusividad presidencial en la

conducción del Estado”. Meses después, la ANC le haría ver –originariamente- al Poder

Judicial cuál era el sentido de esta frase.

Entre las bases comiciales que elaboró el oficialismo, destacaba la composición que

tendría la ANC: 131 miembros, de los cuales 107 eran electos con base a la proporción de

población de cada Estado; 24, en una circunscripción nacional; y 3, designados por las

etnias indígenas. El resultado de los comicios de Julio de 1999 determinó que la ANC

estuviese compuesta casi totalmente por partidarios del oficialismo38: 20 de los 24 escaños

nacionales y 105 de 107 de los Estados. La oposición y los indígenas sólo sumaban 6.8%

de los escaños. Pero los indígenas –como la ex-Ministra del Ambiente, Atala Uriana 38 Chávez se dio a la tarea de hacer campaña por sus escogidos, decretando sesiones del Consejo de Ministros en varios Estados. Además, en atención a la base comicial que obligaba a cada elector a votar por un máximo de 10 candidatos nacionales, el oficialismo tuvo el acierto de dividir a sus candidatos en 2 listas de 10 –los “Kinos” de Chávez, en alusión a un popular juego de la Lotería del Táchira-, las cuales distribuyó en Estados distintos con el objeto de que la votación no se concentrase en los aspirantes conocidos. La estrategia funcionó a la perfección: de 20 postulados, 20 electos.

28

Pocaterra- eran también proclives al oficialismo, es decir, la oposición sumó 40% de la

votación y sólo obtuvo 4.6% de los escaños, 39 gracias a la uninominalidad pura y a la

mayoría relativa, criterios aplicados a la elección de cada diputado. El haber abandonado la

representación proporcional significó la dictadura de la mayoría.40 El diputado más votado

a la circunscripción nacional fue Alfredo Peña con apenas 5.81%, mientras que el menos

sufragado fue Jorge Olavarría, 2.22% (http://politica.eud.com/1999/07/25/resultados.html).

Apenas instalada, la ANC se autoproclamó originaria, haciendo caso omiso al

pronunciamiento de la Corte Suprema, desalojó al Congreso de su sede, y, simultáneamente

a la elaboración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se dio a la

tarea de decretar la emergencia en las 2 ramas del Poder Público que eran signo de

oposición. Así, con la emergencia legislativa, el Congreso perdió toda razón de ser;

inclusive la ANC estableció que al cesar sus funciones una Comisión Legislativa Nacional

por ella designada41 asumiría el relevo; intervenciones similares ocurrieron en las

Asambleas Legislativas de los Estados.

Con respecto a la emergencia judicial, el 24 de Agosto de 1999 la entonces

Presidenta de la Corte Suprema de la Corte Suprema, Cecilia Sosa Gómez, concluyó su

renuncia diciendo:

“Estimo que al acatar el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que acuerda la emergencia judicial, la Corte Suprema se autodisuelve. Yo no puedo formar parte de una ficción de Corte Suprema.

39 Sólo 4 de los escaños del circuito nacional escaparon al oficialismo, recayendo en Allan Brewer-Carías, Claudio Fermín, Alberto Franceschi y Jorge Olavarría, quienes en la práctica fueron las únicas voces de la oposición presentes en la ANC. 40 “El sistema uninominal y por mayoría implica que la primera minoría organizada arrase con todos los cargos posibles y eso fue lo que ocurrió (...) Se impone una hegemonía por minoría mayoritaria, las minorías no tienen ninguna representación. Con esto se acaba la defensa de la uninominalidad que fue impuesta por grupos de la sociedad civil organizada, los cuales arriesgaron incluso a líderes de sus organizaciones al no obtener ningún cargo en la ANC, y no lo hicieron por culpa del propio sistema que ellos mismos impulsaron. En un sistema de representación proporcional de las minorías, ellos hubieran tenido cabida” (Ángel Álvarez citado por Zambrano 1999: 20). 41 Entre los 19 miembros del ente –mejor conocido como “Congresillo”- figuraba el Presidente de la ANC, Luis Miquilena, y Adán Chávez, hermano del Comandante.

29

Sencillamente, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo: ESTÁ MUERTA”.

De modo que, a través de la ANC y el “Congresillo”, el gobierno de turno se encargó

de sustituir a los titulares de la Corte –ahora Tribunal Supremo-, el Consejo Nacional

Electoral (CNE)42, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía de la República, colocando

en dichas instancias a partidarios suyos.

Según cifras del CNE, el referendo del 15 de Diciembre de 1999 determinó que

71.7% de los sufragantes aprobó la nueva Constitución (citado por

http://politica.eud.com/informespecial/15D/resultados.html). La abstención –con base en un

padrón de 10 millones 640 mil 593 votantes- alcanzó 56.8%, lo que equivale a afirmar que

sólo 31% del electorado aprobó la Constitución Bolivariana. Además, este referendo

coincidió con la mayor catástrofe natural en la historia del país:43 las inusitadas

precipitaciones provocaron inundaciones y deslaves en buena parte del litoral central y del

interior. Dada la situación crítica, aquel proceso habría sido irrelevante para muchísima

gente. De hecho, la declaratoria de emergencia ocurrió justo después de conocerse los

resultados del referendo.

Tras aquel trágico fin de año, la preocupación de Chávez continuó siendo erradicar

cualquier forma de oposición. Con tal objeto buscaba renovar todos y cada uno de los

poderes elegibles, y fundamentalmente someter a los mandatarios regionales. Inclusive ya

desde 1999 empezó a recortar presupuesto –o retenerlo- de las partidas de transferencia a

42 3 directivas en poco más de 1 año. 43 El Estado Vargas, principal escenario de la tragedia, apenas había sido creado en 1998, por lo que sus estadísticas no son precisas. Sin embargo, se estima que perdió 22% de su población, aproximadamente 80 mil personas (citado por http://especiales.terra.com.ve/vargas/). Muy por encima del estimado oficial: 15 mil víctimas.

30

los Estados, por lo que la AGV introdujo ante el Tribunal Supremo un recurso de amparo

solicitando la entrega de los ingresos extraordinarios respectivos.

Con las elecciones del 30 de Julio de 2000, el Comandante no sólo fue reelecto

(59.5% de los votos), derrotando a su antiguo compañero de armas, Francisco Arias

Cárdenas (37%), sino que logró invertir el mapa político con el que había iniciado su

gobierno: su coalición obtuvo 14 Gobernaciones de 23 posibles (60.9%), así como 60% de

los escaños en la Asamblea Nacional (véase tabla 3),44 que por primera vez en la historia

constitucional de Venezuela carece de Senado. Sin embargo, la convocatoria a las urnas no

fue tan fructífera, llegando la abstención a 46% (http://archivo.eluniversal.com/).

Tabla 3: Composición de la Asamblea Nacional (2000-2005)

Partido Diputados

Polo Patriótico 99

AD/COPEI 38

Proyecto Venezuela 6

Primero Justicia 5

LCR 3

Otros 14

Total 165

Fuente: http://politica.eud.com/

Cabe destacar que menos de un mes después, por medio del Vicepresidente Isaías

Rodríguez, hizo saber a los mandatarios regionales que la AGV dejaba de existir y que, en

44 AD y COPEI sólo sumaron 23% de los escaños del Legislativo Nacional

31

su lugar, el único canal que existiría entre el gobierno de la República y los de los Estados

iba a ser el Consejo Federal, órgano introducido por la Constitución de 1999, pero aún

carente de ley orgánica y, por ende, de facultades específicas.

No obstante, en caso de legislarse dicha norma orgánica según especificaciones de

Chávez, el Consejo Federal podría ser un instrumento politizable y muy útil para el

régimen, dadas las facultades amplias que tendría en materia fiscal. Particularmente, la

figura de coparticipación federal que establece la Constitución Bolivariana, en la que se

incluirían las principales partidas de transferencia a los Estados (el fondo de compensación

interterritorial y el situado constitucional), podría servir para plegar a los gobiernos

regionales a los lineamientos de la Presidencia. Nótese que es precisamente el Consejo la

instancia que establecería los criterios de distribución del monto de coparticipación

federal.45

Retornando a los comicios, los alcaldes -que debían ser electos en 1998- tuvieron

que esperar hasta Diciembre de 2000.46 Pero lo que destaca es el hecho inédito de que las

elecciones municipales fueron ocasión para someter también a referendo la posibilidad de

renovar a la dirigencia sindical, suspendiendo al mismo tiempo las funciones de las

federaciones sindicales establecidas en ese momento. Ello implicaba intromisión en la

actividad sindical que supuestamente era autónoma según la Norma Fundamental

promulgada un año antes. Con una abstención superior a la de Julio de 2000, 66% de los

sufragantes favorecieron la intervención sindical. A la fecha sólo quedan pendientes las

45 En ese tenor, se advierte la fórmula que contempla la Constitución de 1999 en cuanto a la partida correspondiente al situado constitucional: éste pasa a constituir un máximo de 20% de los ingresos fiscales anuales. Ya no se trata de un monto mínimo de 20% de tales recursos, por el contrario, desaparece inclusive el monto porcentual fluctuante: el mínimo podría ser ¡0%! 46 No se incluyen observaciones relativas al mapa político de las 335 Alcaldías puesto que no se cuenta aún con la información pertinente.

32

elecciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, bastión que, tal y como hizo

AD por muchos años, quiere ahora hegemonizar el denominado Frente Bolivariano.

4.- Perspectivas.

Resulta irónico que un Presidente que se quejaba de que la oposición no le dejaba

gobernar haya sido el único en obtener 2 leyes habilitantes, es decir, la capacidad de

legislar por decreto. La primera, otorgada por el antiguo Congreso, era por un lapso de 6

meses, facultándose al Ejecutivo Nacional en las materias de reforma de la Administración

Central, finanzas públicas y presupuesto, tributación, seguridad social, programas sociales,

licitaciones, hidrocarburos, energía y minas. La habilitación de Abril de 1999 sólo tuvo

como producto digno de mención a la fusión de Ministerios que realizó Chávez,

particularmente en el caso de los Despachos de Interior y Justicia.

En cuanto a la segunda, emanada de la Asamblea Nacional en Noviembre de 2000,

tiene vigencia de 1 año. Los ámbitos comprendidos son finanzas y economía; programas

sociales; infraestructura, transporte y servicios; seguridad ciudadana y jurídica; ciencia y

tecnología; y organización de la Administración Pública. Curiosamente, el 31 de Julio de

2001 el MAS, una de las fuerzas del Polo Patriótico, exigió al Presidente celeridad en la

promulgación de decretos-leyes relativos a seguridad ciudadana (citado en

http://politica.eud.com/). Considérese la cifra aproximada de 14 mil homicidios entre 1999

y 2000, los 2 primeros años del gobierno del Comandante Chávez (CTPJ citado por

http://www.el-nacional.com/especiales/inseguridad/indices.html). Empero, las

preocupaciones de Chávez parecen centrarse sólo en una nueva ley de tierras, en la cual se

habla de expropiar “tierras improductivas”, y la reforma a la norma orgánica de las Fuerzas

Armadas.

33

Desde Diciembre de 1998 se ha perdido demasiado tiempo en elecciones y el

Gabinete ha cambiado 3 veces como mínimo. Son llamativos los casos de Luis Miquilena,

Luis Alfonso Dávila y José Vicente Rangel. Miquilena inició como Ministro del Interior y

Justicia, renunció para postularse a la ANC, se convirtió en Presidente de ésta y luego del

“Congresillo”, para en última instancia regresar al Despacho del Interior. Por su parte,

Dávila -militar retirado- era Presidente del Congreso, luego ocupó el Ministerio del Interior

y ahora es el titular de Relaciones Exteriores. Completando el cuadro, Rangel, intelectual

de izquierda, pasó de la Cancillería al Ministerio de la Defensa, siendo el primer civil en

este cargo. Se trata de nombramientos inverosímiles, tanto como el hecho de haber

desintegrado el primer Gabinete para que varios Ministros fuesen candidatos a la ANC. Al

parecer nunca ha habido programa de gobierno, sino de un ejercicio hegemónico del poder

por el oficialismo, pero sobre todo por los militares.

Precisamente, lo más notorio del gobierno de Chávez, aparte de 5 procesos

electorales en año y medio, es la politización creciente de los militares. En realidad, la

concesión del sufragio al sector castrense –en la Constitución de 1999- no resulta

preocupante, pero sí el hecho de que se haya incorporado a oficiales activos y retirados a

distintos cargos en la Administración Pública. Inclusive, el actual Presidente de Petróleos

de Venezuela es un militar activo, el Gral. Guaicaipuro Lameda. El curso de los

acontecimientos parece indicar que la única participación política valedera va a ser la de los

militares, más aún cuando el Presidente se ha dado a la tarea de convertir el antiguo MBR-

200 en un partido político integrado mayormente por militares retirados, probablemente

para restar piso político a la dirigencia civil del MVR.

De hecho, con instancias como las Escuelas Bolivarianas, creadas el año pasado,

donde se imparte instrucción pro-castrense, lo que se estaría promoviendo es una

34

militarización de la sociedad venezolana. Todavía más, la formación de los “círculos

bolivarianos” y de batallones de reservistas –“Brigadas Zamoranas”- no conlleva otra que

cosa que cooptar a los sectores marginales bajo las pautas de la jerarquía y la

subordinación.

Asimismo, Chávez está recurriendo a la organización de una red de células

populares, partiendo del modelo cubano ideado por Fidel Castro: los Comités de Defensa

de la Revolución (CDR).47 Sólo que el Presidente venezolano usa el eufemismo “Círculos

Bolivarianos”.48 A dichos grupos los denomina “pueblo organizado”, base de la

revolución.49 Empero, conviene precisar que cuando Chávez usa el término “pueblo” sólo

alude a 2 sectores de la sociedad: las mismas “masas pobres urbanas” a las cuales la

democracia bipartidista dejó a un lado y los militares, en sus palabras, “el pueblo

armado”.50

Al parecer, el Comandante Chávez no apunta hacia una participación mediatizada

por partidos, tal y como fue el estilo de “Punto Fijo”; por el contrario, estaría impulsando

tanto la movilización de masas con fines de vigilancia ideológica como una incorporación

activa de los militares a la vida política. Así que, en un escenario como el que parece

vislumbrar Chávez, no habría lugar para la autonomía de ningún representante del Poder

Público, la dirigencia sindical y ni siquiera de las asociaciones de vecinos.

47 Los CDR fueron creados el 23 de Septiembre de 1960 para neutralizar la actividad de la contrarrevolución. En palabras de Castro: “Vamos a establecer (...) un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo, porque en definitiva, nosotros vivimos en toda la ciudad, no hay un edificio de apartamentos (...), ni hay cuadra, ni hay manzana, ni barrio, que no esté ampliamente representado aquí” (citado por Orozco 1993:158). 48 Según declaraciones del alcalde de Caracas, Freddy Bernal, a fines de Julio de 2001, había juramentado a 1800 personas en 326 círculos bolivarianos (citado por http://politica.eud.com). 49 “Círculos Bolivarianos de 7 a 11 personas en cada cuadra, en cada esquina y en cada sitio de trabajo para defender al gobierno. Todo el pueblo será bolivarianizado”. 50 Esta identificación de las Fuerzas Armadas con el pueblo no es nueva, sino recurrente en la historia venezolana (Machillanda 1988).

35

Sin embargo, hay algunos actores a los que aún no se ha logrado someter como los 7

gobernadores de oposición, con Salas Feo como líder, que reactivaron la AGV en el primer

semestre de este año o la propia Iglesia Católica. No parece gratuito que, luego de que

tuviese lugar la LXXVI Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela,

algunos templos de Caracas sufriesen atentados explosivos, incidente sobre el que omitió

debatir la fracción parlamentaria del MVR. En el discurso inaugural de dicho evento (7 de

Julio), el Presidente de la Conferencia, Mons. Baltasar Porras fue muy crítico:

“Vivimos de (...) escándalo en escándalo, de uso y abuso y abuso de poder, de ineficiencia y pérdida de credibilidad en las instituciones. El objetivo final y común, (...) el bien de los más pobres, la superación de las desigualdades, (...) del angustioso desempleo, de la inseguridad galopante, queda relegado y olvidado.

Y ese es el caldo de cultivo para la disolución social, no para el respeto al protagonismo social, a la colaboración y a la integración (...)”.

“(...) ¿Es legítimo confundir Estado con gobierno, y tratar de poner uno y otro al servicio de un régimen concreto, sea cívico-militar, o de cualquier otra índole? ¿Es legítimo sustentar en una difusa ideología la vida de una sociedad que debe ser plural si quiere ser democrática? ¿Qué democracia participativa se propicia impulsando círculos sociopolíticos? ¿Dónde iría quedando espacio para la pluralidad y para la disidencia? ¿Cuál sería el puesto de la sociedad civil (...) en este proceso?”.

“(...) Lo político sigue siendo sustantivo para todo, su distorsión y negación es la imposición de proyectos monocolores; hay que profundizar en la democracia real; en la vigencia del Estado de Derecho y del asociacionismo no dirigido, luchando contra la corrupción desde instancias no controladas o sometidas a los poderes de turno (...)”.

En síntesis, un documento que reclamaba democratizar el ejercicio de la política en

Venezuela.

Según un informe del Bloque de Prensa Venezolano, relativo al ejercicio de la

libertad de expresión en el país (de Octubre de 1999 a Marzo de 2000), cuando algunos

medios se pronunciaron contra las acciones del gobierno actual fueron objeto de

represalias por el mismo (http://politica.eud.com/2000/03/12/libexpvzla.htmla).

Por otra parte, tampoco Chávez ha dejado mucho espacio en los medios como para

que la oposición tenga cabida, salvo columnas de opinión en la prensa escrita. El

Comandante literalmente ha “bombardeado” al electorado con propaganda militarista, con

programas semanales en el Canal del Estado (“De frente con el Presidente”) y en Radio

36

Nacional (“Aló Presidente”). Con el añadido de su diario particular –“El Correo del

Presidente”- y sus recurrentes transmisiones en cadena. Definitivamente, nadie en

Venezuela tiene mayor penetración en el electorado que Chávez.

Con base en ello, no resultaría extraño que en una reciente encuesta de Consultores

21, 33% de las personas no identificase algún individuo u organización como oposición al

régimen. Nótese que en 1999 se hizo un estudio similar, y la primera opción opositora

(53%) recayó en los partidos tradicionales, que ahora fueron señalados por 25% de la

muestra. En cuanto a los medios, 7% de los encuestados los identificó como oposición, en

tanto que Arias Cárdenas, derrotado en los comicios presidenciales del año pasado, sólo fue

nombrado por un 4%. Probablemente los cambios más notorios, respecto al estudio de

1999, sean la mención del pueblo como opositor (6%) –que hace 2 años no era percibido

como tal- y la desaparición en dicho rol del Legislativo Nacional, cuando en el estudio

previo 10% de la muestra sí se lo atribuía (citado por

http://noticias.eluniversal.com/2001/06/25/25176BB.shtml).

Dado este estado de cosas, pareciese que la política venezolana se ha reducido al

arbitrio del Comandante Chávez, con bonanza petrolera hasta el momento, y que, entonces,

la participación política, que AD y COPEI confinaron a la convocatoria electoral, ahora se

haya limitado a asentir incondicionalmente lo que pretenda imponer el régimen. Realmente,

vencer a Chávez en las urnas representaría una tarea titánica, porque, a pesar de que su

gestión y su estilo son cuestionables, aprendió muy bien a movilizar mayorías relativas.

Algo que parece haber olvidado la fragmentadísima oposición. Además, no basta con

criticar al régimen, ni con agrupar fuerzas disímiles como el caso de “Unión”, el nuevo

partido de Arias Cárdenas. Es necesario que la acción opositora rescate la confianza de la

gente en las instituciones democráticas, en lugar de idolatrar a un caudillo que, por ahora,

37

aspira permanecer en el cargo hasta 2003. Porque ahora no sería infundado el temor de

Bolívar (1990: 51):

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo, frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. (...) nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía (...)”.

38

Referencias

Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, Gaceta Oficial Número 36860, 30-XII-1999.

Asamblea Nacional Constituyente, Decreto mediante el cual se dicta el régimen de transición del Poder Público, Caracas, Gaceta Oficial Número 36859, 22-XII-1999.

Asamblea Nacional Constituyente, “Decreto de la ANC que otorga poderes especiales al Ejecutivo”, Caracas, 16-XII-1999, en El Universal digital (http://politica.eud.com/1999/12/19/161299c.html). . Asamblea Nacional Constituyente, “Decreto de regulación de las funciones del Poder Legislativo”, Caracas, VIII-1999, en El Universal digital (http://politica.eud.com/1999/08/31/250899d.html).

Asamblea Nacional Constituyente, “Decreto de reorganización del Poder Judicial”, Caracas, VIII-1999, en El Universal digital (http://politica.eud.com/1999/08/17/160899g.html).

Banco Interamericano de Desarrollo, Desarrollo más allá de la economía, Progreso económico y social. Informe 2000, Washington, D.C., BID, 2000.

Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina tras una década de reformas. Progreso económico y social. Informe 1997, Washington, D.C., BID, 1997.

Baptista, Asdrúbal, Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-1989, Caracas, Comunicaciones Corporativas, 1991. Bolívar, Simón, “Discurso ante el Congreso de Angostura (15 de Febrero de 1819)”, en Bolívar. Ideas de un espíritu visionario. Caracas, Monte Ávila, 1990. Civit, Jesús y Luis Pedro España, “Análisis socio-político a partir del estallido del 27 de febrero”, en Cuadernos del CENDES. Número especial 27/28 Febrero. Enero-Abril, 1989. Caracas, CENDES. Congreso de la República de Venezuela, Constitución de la República de Venezuela, Caracas, Gaceta Oficial No. 662.- Extraordinario, 23-I-1961.

Congreso de la República de Venezuela, Enmienda No. 1 de la Constitución. Enmienda No. 2 de la Constitución, Caracas, Gaceta Oficial No. 1585,11-V-1973.

Congreso de la República de Venezuela, Ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencia del Poder Público, Caracas, Gaceta Oficial No. 4153, 28-XII-1989.

39

Congreso de la República de Venezuela, Ley orgánica sobre elección y remoción de Gobernadores de Estado, Caracas, Gaceta Oficial No. 4086, 14-IV-1989. Huntington, Samuel, El orden político en las sociedades en cambio, Barcelona, Paidós, 1997.

Coppedge, Michael, Venezuela: Conservative representation without conservative parties. Working Paper 268. June 1999. Notre Dame, Kellogg Institute, University of Notre Dame, 1999.

Coppedge, Michael, Strong parties and lame ducks. Presidential partyarchy and factionalism in Venezuela. Notre Dame, Kellogg Institute, University of Notre Dame, 1999.

Gómez, Elvia, “Oposición planteó la agresión contra la Iglesia. MVR niega debatir sobre los niples”, en El Universal digital (http://archivo.eluniversal.com/2001/08/11/11104KK.shtml).

Huntington, Samuel, El Soldado y el Estado. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1995.

Karl, Terry Lynn, "El petróleo y los pactos políticos: la transición a la democracia en Venezuela", en O`Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter (eds.),Transiciones desde un gobierno autoritario. Tomo 2: América Latina. Barcelona, Paidós, 1994. 295-329)

Karl, Terry Lynn, Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela. Working Paper N. 107. Washington, DC; The Woodrow Wilson Center, 1982.

Lijphart, Arend, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, Barcelona, Ariel, 2000.

Machillanda, José, Poder político y poder militar en Venezuela 1958-1986, Caracas, Centauro, 1988. Martín, Guillermo, “La República Bolivariana: ¿Relaciones intergubernamentales en el siglo XXI venezolano?, en Perfiles latinoamericanos. Número 17, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Diciembre de 2000, pp. 123-151.

Martín, Guillermo, Reforma del Estado y relaciones fiscales intergubernamentales en Venezuela: Período 1989-1997, tesis presentada para optar al grado de Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, México, FLACSO, 1998. Mata Osorio, Andrés, “El ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. Amenazas estructurales e incidentes específicos (Octubre 99-Marzo 2000)”, en El Universal digital (http://politica.eud.com/2000/03/12/libexpvzla.html).

40

Morrisson, Christian (edit.), The Political Feasibility of Adjustment in Ecuador and Venezuela. París, OCDE,1994. Müller Rojas, Alberto, “Las fuerzas del orden en la crisis de febrero, en 27 de Febrero: Los sucesos y el análisis”. Politeia 1989. Caracas, Instituto de Estudios Políticos, 1989.

O`Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter (eds.), "Apertura (y socavamiento) de los regímenes autoritarios". Transiciones desde un gobierno autoritario. Tomo 4: Conclusiones sobre las democracias inciertas. Barcelona, Paidós, 1994.

O`Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter (eds.), "Negociación (y renegociación) de pactos". Transiciones desde un gobierno autoritario. Tomo 4: Conclusiones sobre las democracias inciertas. Barcelona, Paidós, 1994.

O`Donnell, Guillermo, "Introducción a los casos latinoamericanos", en O`Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter (eds.),Transiciones desde un gobierno autoritario. Tomo 2: América Latina. Barcelona, Paidós, 1994.

O`Donnell, Guillermo, "Transitions, continuities and paradoxes", en Issues in Democratic Consolidation. The New South American Democracies in Comparative Perspective. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1992.

Oficina Central de Estadística e Informática, Venezuela: Estimaciones y proyecciones de población 1950-2035, Caracas, OCEI, 1995.

41

Porras, Baltazar, Palabras del Excmo. Mons. Baltasar Enrique Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, en la instalación de la LXXXVI Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana. Caracas, 7 de Julio de 2001.

Rey, Juan Carlos (1976: 123-150). "Ideología y Cultura Política: El caso del Populismo Latinoamericano", en Politeia. UCV, Instituto de Estudios Políticos. Salamanca, Luis, “27 de febrero de 1989: la política por otros medios”. Politeia 1989. Caracas, Instituto de Estudios Políticos, 1989

Salmerón, Víctor, “Las causas del drama. La naturaleza castigó a Caracas”, en en El Universal digital (http://noticias.eluniversal.com/1999/12/17/17102AA.shtml).

Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

Vaivads, Henry, “Crisis de la democracia”, en Magallanes, Manuel Vicente (dir.), Partidos políticos y crisis de la democracia, Caracas, Consejo Supremo Electoral, 1996.

Valenzuela, Samuel, "Democratic Consolidation in Post-Traditional Settings: Notion, Process, and Facilitating Conditions", en Issues in Democratic Consolidation. The New South American Democracies in Comparative Perspective. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1992. Valery, Yolanda, “Informe especial: Consejo Federal. Se acabó la Asociación de Gobernadores”, en El Universal digital (http://politica.eud.com/2000/09/03/).

Velásquez, Ramón José, “Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo”, Venezuela Moderna. Medio siglo de Historia: 1926-1976. Caracas; Fundación Eugenio Mendoza, Ariel,1979.

Zambrano, Francis, “Cuando el poder absoluto se puede volver en su contra. La fuerza y la fragilidad de Chávez”, en Quinto Día, Caracas, 6 al 13 Agosto de 1999. p. 20.