Edición No.367Abril/08/2013

RevistaInsurreción

EDITORIAL 3Gaitán Llama !!!A LA CARGA!!!

Santos Quemó 7 Máquinas de Minería Artesanal 6Autor: Pedro Rodríguez Martínez

Inviable el Rescate Militar del Canadiense [Comunicado N.5] 10Autor: Dirección del Frente Darío Ramírez Castro

Control Social y Política Criminal Contra Insurgente 11Autor: Colectivo Carlos Alberto Trochez

Desafíos de la Revolución Después de Chávez 16Autor: Frente Internacional Milton Hernández

Mensaje del Comandante Nicolás Rodríguez, a los convocantes y asistentes del evento a realizarse el 9 de Abril en Bogotá.

Las luchas por la paz no las detiene nadie, Gaitán llama “a la carga” y su pueblo lo escucha hecho re-

beldía, hecho esperanza, levantando sus banderas como en aquel febrero de 1948 en “La Oración Por la Paz”.

Esta vez el pueblo se está movilizando y a él se unen importan-tes sectores sociales para plantearle a esa misma oligarquía que asesinó a Gaitán, si va a continuar respondiendo violentamente a sus clamores de justicia, democracia, soberanía y paz, o si por el contrario, la larga noche de mas de medio siglo de conflicto social y armado, la seguirá imponiendo desde el poder esa la oligarquía.

Esta gran pregunta está planteada en las discusiones que dan distintas expresiones populares y sociales, incluida la insurgencia, porque es claro que un camino hacia la paz implica cambios profun-dos que superan la retórica y ganarle la batalla política a los que se rasgan las vestiduras porque las mayorías vemos en la paz, un camino que no es el silencio de la rebeldía y de la lucha, sino de profundos cambios estructurales a los que los dueños del poder le temen, porque implica afectar sus privilegios.

EDITORIAL

!!!A LA CARGA!!!Gaitán Llama

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Este asunto que está al centro de las discusiones de hoy, fue la causa del asesinato de Gai-tán aquel luctuoso 9 de Abril de 1948.

Las anteriores movilizaciones clamando paz, la que en este 9 de Abril se desarrolla, la que se realizará del 19 al 22 del presente mes, es una clara de-mostración de que Colombia no acepta que la clase en el poder, le siga imponiendo el camino de la guerra para dirimir las con-tradicciones de clase, como fue su criminal decisión que llevó al asesinato de Gaitán y creó el mal llamado Frente Nacional que excluyó a los de a pie y les declaró la guerra.

Basta ya de esa lógica perversa que criminalizó las luchas de las mayorías. Esta Colombia mayo-ritaria ha buscado, como lo pre-dicaron Gaitán y Camilo Torres, la unidad popular y por la base de los excluidos de la patria, de los sin tierra, de los sin pan, de los discriminados, de todos los hombres y mujeres a quienes se les excluye de su derechos y que ayer, hoy y mañana, han estado, están y seguirán estan-do presentes en la vida y las lu-chas del país, exigiendo que se les tenga en cuenta porque sin ellas y sin ellos, no hay futuro.

Respetadas y respetados seño-res convocantes y asistentes a este importante evento que vis-te de esperanzas y sueños de paz nuestra Colombia amada, pero herida de muerte, por un conflicto social y armado, que nos estremece el alma: El ELN está aquí junto a cada una y cada uno de ustedes, buscando los caminos de la paz, tal como lo ha querido desde el mismo momento en que se alzó en ar-mas, y como lo hemos reafirma-do dialogando con distintos go-biernos hace más de 20 años, para que se haga realidad la Salida Política al Conflicto, que ustedes y nosotros anhelamos, que no es la rendición ni la en-trega, sino un camino distinto al de la Guerra para construir una patria incluyente armoniosa y de paz.

No es verdad que el pueblo y los sectores medios del país, seamos violentos; somos gen-tes de paz y de trabajo, solo que hemos tenido y tenemos dignidad, por ello exigimos y luchamos por lo que nos per-tenece y como ello no ha sido posible por las vías políticas y democráticas, no hemos encon-trado otro camino que el de la lucha, la rebeldía y el levantar-nos en armas.

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Hoy cuando el gobierno anuncia su disposición para que Colombia transite el camino hacia la paz, aquí estamos otra vez, las hijas y los hijos de Gaitán y Ca-milo, levantando sus banderas para alcan-zar una paz digna, que se sintetiza en democracia, sobera-nía justicia y equidad social.

Vamos por ello co-lombianas y colom-bianos, que se una y se movilice el país entero, desde el Putumayo hasta la Guajira, desde la tierra digna y lucha-dora del pacífico cho-coano, hasta donde limita Colombia con el Brasil, en una voz altiva y unitaria por la esperanza y la paz que nos merecemos todas y todos para siempre.

Muchas gracias.

Abril de 2013.

En el marco de la entrega de los recursos minero energéti-cos colombianos, la minería artesanal fue criminalizada y ahora es llamada “minería ilegal”.

Criminalizada entonces la minería artesanal, se le declara la guerra a los pequeños y medianos mineros que derivan

el sustento, de su modesto esfuerzo y son declarados ilegales y perseguidos como criminales.

¿Que persigue el gobierno con tal procedimiento? Limpiar de obs-táculos el territorio, para darle curso a la gran minería, esa sí ilegal y que le causará a Colombia, daños irreparables no solo a sus po-bladores sino al medio ambiente.

Por ello Santos se ufana de ordenar la quema 7 retro-escavadoras destinadas a la pequeña minería y de detener trabajadores, mien-tras que la presidenta de la Agencia Nacional Minera, María Cons-tanza García ha declarado: “esperamos en el segundo semestre de este 2013, salir a licitar las primeras áreas, de las 20,5 millones de hectáreas proyectadas para exploración minera; se busca au-mentar la producción de minerales, poder traer diferentes inverso-res dependiendo de las posibilidades que tenga cada uno de los sectores en el país. Que vengan a invertir en Colombia, que vengan a traer su músculo financiero, su músculo técnico y que así poda-mos realmente hacer una transformación y una minería de escala mundial”.

Autor: Pedro Redríguez Martínez

Santos Quemó 7 Máquinas de Minería Artesanal

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¿Qué significa el propósito de Santista para los millones de mineros artesanales que sub-sisten de la pequeña y mediana minería?

La quema de las 7 máquinas ordenada por Santos en días recientes, en el nordeste de Antioquia, es un claro indicador de para donde van las cosas. El gobierno usa métodos violentos para encarar un grave proble-ma social que se ha generado, fruto de políticas oficiales don-de se le abren las puertas al ca-pital transnacional, sacrificando la modesta economía de una población a la que el gobierno en vez de estimularla, la crimi-naliza sin ofrecerle otra salida que la represión, ilegalización y la lucha.

Lo ocurrido en el Nordeste es un campanazo de alerta pero la dimensión del problema pre-senta un dramatismo necesario de prever y buscar salidas, que superen lo personal y regional igual que con muchos otros pro-blemas que llevaron a Colombia a una grave crisis, veamos:

La Ley 99 de 1993 estableció que la biodiversidad de Colom-bia, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida prioritaria-mente y aprovechada en forma sostenible (numeral 2, articu-lo. 1), y que la acción para la

protección y recuperación am-bientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y las or-ganizaciones no gubernamen-tales y el sector privado.

Aun así y según diversos ana-listas, entre ellos, Libardo Sarmiento Anzola, en el país operan más de mil empresas multinacionales que abarcan toda la economía. Un importan-te número de ellas, operan en el sector minero energético, el que en los últimos años, ha cap-tado el mayor esfuerzo inver-sionista, según la información de la Agencia Minera nacional, que estima en más de 12 mil millones de dólares para el año 2012.

Las últimas estadísticas del catastro minero, registra una subida en las solicitudes de tí-tulos mineros por las empresas extranjeras y son las grandes compañías multinacionales del carbón, oro, níquel y petróleo, las principales productoras y exportadoras de minerales.

Estos conglomerados empresa-riales son los que más ejercen presión para que cada día se concedan mayores garantías a las actividades mineras, desa-rrollo que es muy agresivo en términos ambientales y socia-les, para con la madre tierra y las comunidades.

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Tales empresas multinacionales cuentan con el mayor nivel de información sobre las reservas minero-energéticas y no ener-géticas de Colombia, porque muchos de sus gerentes han sido funcionarios de alto nivel en los ministerios e instituciones ambientales y mineras colom-bianas, que salen directamen-te a ejercer la dirección de las multinacionales, e influyen deci-didamente en los marcos consti-tucionales y políticos para este sector económico, que coloca en entredicho la soberanía del país en el manejo y administración de los recursos naturales.

Las desventajas y consecuen-cias sociales, económicas am-bientales y de entrega de la so-beranía que implica la mentada

Locomotora Minero Energética santista, no caben ni pueden describirse en muchas cuartillas.

Todos sabemos lo lesiva que fue para Colombia, la inmise-ricorde dominación del impe-rio español durante 500 años, ahora la voracidad de las trans-nacionales imperialistas, traen sus tecnologías de punta para robarse la riqueza que aun le queda a esta saqueada patria, y no necesitan medio siglo para que su rapacidad acabe con el futuro de las generaciones futu-ras y dejen nuestro suelo con-vertido en un sombrío socavón, como testimonio de una clase dominante vende patria y una sociedad que no tuvo el valor de defender su futuro.

Colombianos y colombianas, la dignidad es el patrimonio que nos han dejado los mayores, no podemos ser inferiores, es la hora de la lucha, de la unión, el patriotismo y el amor a las nuevas generaciones; no per-mitamos que con nuestro sacri-ficio, pretendan los extranjeros superar la crisis de un sistema decadente, que ha descargado su crisis sobre los hombres de los trabajadores y las gentes humildes.

Unamos las luchas y los esfuer-zos para que una sola voz se escuche, se respete y podamos hablar así, de democracia, jus-ticia soberanía y paz, estos son objetivos, no retóricas que se repiten desde el poder, para

seguir engañando y ofreciendo trabajo a unos pocos con el sa-crificio de todos; es la hora de despertar, estar de pie y luchar por lo que nos pertenece.

El ELN reitera su compromiso de seguir estando del lado de los humildes y acompañar sus luchas hasta las últimas conse-cuencia, es de esa manera que Colombia alcanzará la paz que hoy se invoca desde todos los rincones de Colombia, donde un nuevo gobierno representando los intereses de todos, concre-te ese anhelado sueño de los hombres y mujeres que hemos echado nuestra suerte a andar, por dignidad patria y por la de-finitiva independencia.

Desde el 18 de enero, en que guerrilleros del frente Darío Ra-mírez Castro, tomaron las instalaciones de la mina de oro de Casa de Barro, Norosí, de la multinacional minera Braewal Mining Corporation, las fuerzas militares, paramilitares y poli-ciales del gobierno de Santos, intentan inútilmente el rescate

militar del geólogo Jernoc Wobert.

El cerco que realizan las fuerzas gubernamentales, fue atacado este sábado 23, a las 11 y 50 AM, en las afueras del casco urbano de Norosí, en medio de 2 de sus Bases fijas, por las Tropas Especiales guerrilleras comandante Yesenia, produciéndoles 4 bajas. Durante el ataque las uni-dades insurgentes no tuvieron contratiempos.

La multinacional minera Braewal con sede en Toronto, Canadá, debiera buscar una solución no militar a la retención que sufre su vicepresidente de exploraciones, el geólogo Wobert. Una muestra de su voluntad de negociar, sería que devolviera los Títulos Mineros que sonsacó a las co-munidades de mineros tradicionales de Mina Seca (1526,91 hectáreas), La Nevera (880,32 Has), Casa de Barro (200 Has) y Las Nieves (36 Has).

¡Colombia para los trabajadores!¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!Dirección del Frente Darío Ramírez CastroEjército de Liberación NacionalSerranía de San LucasMarzo 26 de 2013.

Autor: Dirección del Frente Darío Ramírez Castro

Inviable el Rescate Militar del Canadiense

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La política contra la criminalidad en un país, está relaciona-da con la forma como la sociedad actúa organizadamente frente a las acciones delictivas que intimidan, afectan su ar-monía y su normal desarrollo. A esta política no sólo le debe interesar la descripción de la reacción de la sociedad, sino

que debe busca dar soluciones y prevenir el delito, fin último que permitirá una mayor eficiencia del sistema.

En función de ello se dan un conjunto de acciones por parte del Estado, tendientes primero a prevenir y posterior castigar el delito y desde esta perspectiva, se definen los fines jurídicos y el orden que busca proteger, definiendo los instrumentos legales para es-tos propósitos y los entes que los aplican y desde un estudio jui-cioso del comportamiento de la sociedad, establecer la conducta que penaliza, de la misma forma fijar las sanciones, que deben ser “coherentes y proporcionales”, acorde a la gravedad, y definir en correspondencia el tratamiento indicado.

Las sociedades deben propender porque la política contra el crimen de sus países sea estable, obedeciendo a los niveles de organiza-ción y evolución de la misma sociedad. Una sociedad organizada debe estudiar a profundidad y decidir, luego de estudios socio-lógicos, sicológicos e históricos, qué clase de conductas merecen tratamiento penal, cuál debe ser la magnitud de la sanción y cuál el régimen penitenciario aplicable.

Autor: Colectivo Carlos Alberto Trochez

CONTRA INSURGENTEControl Social y Política Criminal

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Pero en realidad los usos del derecho penal a través de la política contra el crimen en Co-lombia, se dan como mecanis-mo de control, obedeciendo a dinámicas coyunturales genera-das por los desajustes de la so-ciedad y también obedeciendo a dictados del imperialismo en su afán de controlar el continen-te. Es por ello que para comba-tir el comunismo en Colombia se adopta el programa de política criminal que conocimos como Doctrina de Seguridad Nacional DSN. El código penal de 1980 fue influenciado política y jurídi-camente por esta doctrina, de ahí sobrevino la criminalización de toda manifestación de pro-testa social.

Hoy tenemos una socie-dad con

grandes y graves desajustes sociales: niveles de pobreza ex-tremos, dinámicas de exclusión históricas, inequidad como nin-gún otro país en el continente, diversas expresiones de vio-lencia, narcotráfico, corrupción, una guerra interna como expre-sión de un conflicto político so-cial y armado, un Estado aliado del narcotráfico y el paramilita-rismo, que sembraron de san-gre y degradaron de manera extrema el conflicto. Estos gra-ves desajustes de la sociedad, afecta la dignidad y los dere-chos humanos de la población colombiana, y las posibilidades de un normal desarrollo como colectividad.

Por su parte el Estado ha de-mostrado que es incapaz de re-

solver teles problemas, por la vía de políticas, planes y programas

de desarrollo, esta realidad y el crecimiento de estos desajus-tes sociales rompen su propio ordenamiento jurídico, acudien-do a la adopción de la política criminal como instrumento para enfrentar los graves desajustes sociales.

Un Estado como el colombiano, que no es capaz de resolver los problemas de sus ciudadanos, no puede tener una política es-table contra la criminalidad, lo cual lo lleva a cambiarla cons-tantemente de acuerdo a sus intereses y a los vaivenes co-yunturales, pues se pretende resolver los problemas sociales y sus consecuencias con el có-digo penal. En los últimos años, el legislativo se ha dedicado a cambiar dicho Código, para crear delitos o aumen-tar penas, una tarea poco difícil para los

legisladores, de la que ya son expertos, pero que no ha mos-trado su eficacia.

Según las leyes colombianas, el Estado tiene como objetivo pri-mordial la prevención del delito, entendido de la mejor manera, como coerción jurídica, encami-nada a solo castigar al ciudada-no cuando comete acciones con-sideradas lesivas a la sociedad.

Los problemas sociales no pue-den tener un tratamiento penal, la pobreza, la exclusión, no pue-den ser castigadas con cárcel, es necesario deslindar la polí-tica criminal de los desajustes de la sociedad, de lo contrario estamos hablando de un Esta-do Fallido que no resuelve sus proble- mas y que por el

contrario re-prime y

castiga

a sus ciudadanos, que reclaman sus derechos fundamentales.

La existencia del conflicto políti-co social y armado en Colombia, ha llevado a criminalizar la ac-ción de rebeldes y opositores al régimen, convirtiendo la política criminal y el sistema carcelario en instrumento contrainsurgen-te, como otra manera de com-batir y diezmar la acción y lucha revolucionaria.

Esta política criminal, claramen-te defiende unos intereses de clase, que busca obtener be-neficios políticos y de control social para unos pocos, a costa del sometimiento de los grupos más vulnerables de la sociedad.

En síntesis una política criminal encaminada a sostener el esta-do de exclusión e inequidad que padecemos los colombianos.

La crisis social que vive el país, no la resolvemos con política cri-minal, ni penal, ni mucho menos con la construcción de mega-cárceles, es necesario abordar desde sus raíces esta realidad para transformarla. La gran ma-yoría de las personas privadas de la libertad, no son violentas por naturaleza, sino que reac-cionas recurriendo a la rebeldía, resultado de una violencia ema-nada de un sistema económico y social, injusto y excluyente, de una sociedad mercantilizada y

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degradada que ha venido se-pultando los valores humanos y los principios éticos.

Ahora que el el gobierno plan-tea la búsqueda de la termina-ción del conflicto político social y armado, entre insurgencia y Estado colombiano, como se expresa en la mesa de dialogo en la Habana y en el posible proceso con el ELN, con la par-ticipación activa de la sociedad organizada y que nos acerca-mos a la construcción de la paz duradera como resultado de un gran acuerdo de los colombia-nos, que encamine al país por la senda de la democracia real; la política contra la criminalidad colombiana debe cambiar y obedecer a la nueva realidad; en esta perspectiva se debe emprender de manera juiciosa el estudio de los cambios que requiere esta política, para una sociedad justa y estable.

La política contra el crimen, no puede ser vengativa, debe es-tar orientada a prevenir los comportamientos tipificados como delitos, para que no se traduzca en una política punitiva que se reduce a castigar con pe-nas de prisión, aumentándolas al extremo de cadenas perpe-tuas; debe hacer parte integral de las transformaciones socia-les que requiere el país, estar

simultánea e íntegramente re-lacionada con todas las políticas que constituyen el conjunto de políticas públicas, ya que ellas no se realizan por sí mismas.

Cada grupo de políticas debe garantizar los derechos funda-mentales de los ciudadanos. Dentro de este parámetro la política contra el crimen colom-biana debería tender a la pre-vención eficaz del delito y ser garante de la justicia social.

Por lo anterior deben desapare-cer todas las normas arbitrarias que judicializan la pobreza y la protesta social. La pena máxi-ma de prisión en el nuevo códi-go penal no puede exceder los 20 años.

Mientras tanto, debe darse una alternativa para los presos del país, que han sido condena-dos obedeciendo a una políti-ca criminal equivocada y exclu-yente. Recuperar su dignidad cumpliendo por lo menos con las normas establecidas por la normatividad internacional para estos casos y una acción de re-paración general y de justicia, que otorgue una rebaja de la pena del 20 %. Sería lo justo si se trata de resolver los proble-mas que han generado tanta violencia.

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Palabras que el ELN pronunció para despedir al Comandan-te en jefe Manuel Pérez Martínez, que hoy retomamos para dirigimos a la memoria eterna del Comandante Hugo Chávez.

La partida física del Comandante Chávez, ha dejado un notorio vacío dentro de las izquierdas nuestramericanas. Su papel protagónico como arquitecto, no solamente de la revolución boli-variana sino nuestramericana, es incuestionable. Por tanto, resulta casi inevitable desear que otro líder de su tamaño político-ético-espiritual, aparezca para llenar el vacío que él dejó. Pero, como personas de la magnitud de Chávez, Bolívar, Fidel y el Ché, solo es producto de los procesos mismos, lo cual precisa pensar que la tarea de hacer avanzar el proyecto de liberación socialista reposa sobre nuestros propios hombros: es decir, de los pueblos.

La despedida de Chávez debe servirnos como un llamado de aten-ción para no “dormirnos en los laureles” de las recientes conquistas electorales del campo progresista, de no pecar de triunfalismos y definir las rutas de profundización y radicalización de nuestros pro-yectos emancipatorios.

Para ello, es indispensable partir de un análisis objetivo del momen-

Autor: Frente Internacional Milton Hernández

“Todo lo que usted no hizo, está por hacerse.”

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to histórico que vive la Patria Grande. El politólogo e intelec-tual cubano, Roberto Regalado, aporta el siguiente diagnóstico, que nos sirve para provocar una reflexión.

Crítica y autocrítica:

1.- Los gobiernos progresistas y de izquierda existentes en América Latina continúan sien-do espacios de confrontación, en la cual ninguno ha podido sustraerse de manera absoluta de la hegemonía neoliberal.

2.- Si bien la izquierda latinoa-mericana ha conquistado impor-tantes espacios institucionales, el proyecto alternativo, posca-pitalista, socialista, no acaba de nacer: está aún en fase de construcción.

3.- A diferencia de las vertientes revolucionarias del siglo XX, los actuales gobiernos latinoameri-canos de izquierda:

a) No destruyen al Estado bur-gués.

b) No eliminan la propiedad pri-vada de los medios de produc-ción.

c) No fundan un nuevo poder, ejercido exclusivamente por las clases desposeídas (dictadura del proletariado).

4.- La izquierda latinoamerica-na ha accedido al gobierno de

acuerdo con las reglas de la democracia burguesa, incluido el respeto de la alternabilidad, en este caso con la derecha neoliberal que, desde la oposi-ción obstaculiza, y si regresa al gobierno revertirá, las políticas que ella ejecuta.

A estos elementos que, de acuerdo al analista cubano, representan los desafíos más significativos para el avance del proceso revolucionario de Nues-tramérica, podríamos adicionar-le dos más, planteados por el comandante Pablo Beltrán, del Comando Central de nuestro ELN:

1. La necesidad de supe-rar “el productivismo, desarro-llismo, extractivismo, consumis-mo”, que son “hijos de una letal creencia, en la que el progreso, se considera como una línea as-cendente sin fin, para dominar la naturaleza, devorarla y ago-tarla, en un delirante acto de egoísmo, carente de responsa-bilidad con el futuro”; y

2. La necesidad de avan-zar en la construcción de una contracultura socialista, en fran-co desafío de la hegemonía cul-tural del capital que impone “el interés individual, privado, sec-torial y de elite” por encima de la fuerza “de lo comunitario, la colectividad, lo social, lo público, las mayorías y lo nacional.”

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En este sentido, nos podemos remitir al Plan de Gestión Bo-livariana Socialista (2012), re-dactada por el Comandante Chávez, donde señala: “No nos llamemos al engaño: la forma-ción socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista.” El documento sigue al señalar como meta estratégica desarro-llar “la propiedad social sobre los factores y medios de produc-ción básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas ejer-zan el pleno goce de sus dere-chos económicos, sociales, políti-cos y culturales, logrando el vivir bien.”

Superar el Estado burgués; su-plantar las lógicas depredado-ras del capital por un sistema de producción y reproducción ampliada del vivir bien; superar la tentación de reproducir los patrones desarrollistas y extrac-tivistas; y, socializar el poder po-lítico y social para construir au-ténticos poderes populares, son desafíos que dependen de la capacidad de nuestros pueblos de, en las palabras del coman-dante Beltrán, “liberar la fuerza creativa socialista expresada sobre todo en la producción, el poder y el saber popular.”

Es ese el mejor homenaje que le podemos brindar a la memoria eterna del Comandante Hugo Chávez.

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