Edición No.375Junio/03/2013

RevistaInsurreción

EDITORIAL 3Hacia una Gran Confluencia Nacional

La Minería y las Licencias Ambientales 6Autor: Revista Insurrección

Falso que los Soldados Hayan Sido Rematados 14Autor: Rómulo Carvalo

La Devolución del Geólogo Canadiense 18Autor: Frente Darío Ramírez Castro

La Doble Política, y la Doble Moral de Santos 20Autor: Frente Internacional Cte. Milton Hernández

En el último periodo, nuestra patria ha testificado un des-pertar y ascenso del sujeto social-popular, no visto desde finales de la década de los 70.

Esto ha sido fruto de la resistencia, perseverancia, sacrificio y valentía del movimiento popular, que ha vivido en carne

propia la más larga, cruenta y salvaje guerra sucia y terrorismo de Estado conocida en la historia de América Latina.

Afortunadamente, en la Colombia de la segunda década del siglo XXI, el movimiento social-popular demuestra actualmente una cre-ciente capacidad de movilización, articulación y proyección estratégi-ca, y esto ha venido marcando el momento político e histórico.

Iniciativas populares como la Minga de Resistencia Social y Comuni-taria, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, Colombianos y Colombianas por la Paz, la Coordinadora de Movimientos Socia-les de Colombia (COMOSOC), la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), importantes sectores del sindicalismo, el movimiento cam-pesino, afro descendientes e indígenas, representan plataformas que articulan a diversos actores sociales y políticos en torno a hori-zontes políticos comunes.

El movimiento popular se unifica cada vez más en torno a una mirada de transformación social más estratégica y de largo plazo, supe-rando, en gran medida, al “coyunturalismo” que ha caracterizado

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la dinámica de movilización en el pasado.

La lucha en defensa del territo-rio y de la Madre Tierra, contra el extractivismo, por una demo-cracia participativa, por la au-tonomía y autogobierno de los pueblos indígenas y afrodescen-dientes, y la lucha por la Paz con justicia social, son las banderas que hoy convocan al movimiento popular.

Pero de todas estas luchas, la que más define el momento político de Colombia es la lucha por la Paz con justicia social. De una forma u otra, todos los movimientos sociales - sean de trabajadores, estudiantes, mujeres, campesinos, indíge-nas, afrodescendientes, LGTB - vienen convergiendo en torno a ella. Dentro de esta gran co-rriente se encuentra también la insurgencia en su terca bús-

queda de una salida política al conflicto, que hoy se manifiesta, entre otras expresiones, en la Mesa de Diálogo entre el go-bierno y las FARC.

La gran marcha del 9 de abril, el reciente Congreso Nacional por la Paz, el Foro Ecuménico por la Paz, entre otros, dan constancia de que la lucha por la Paz se ha convertido en el gran aglutina-dor del movimiento social-popu-lar en este periodo.

El reclamo colectivo de nuestro pueblo es por ser protagonista en el diseño de una Nueva Na-ción capaz de existir sin guerra.

El movimiento de masas tiene plena conciencia de que la paz real, estable y duradera no se puede construir a espaldas de la voluntad colectiva del pueblo.

Dentro de este contexto, el ELN considera que el momento polí-

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tico NO nos está convocando a reelegir las políticas y los can-didatos de la oligarquía. Se re-quiere que otra política gobierne a Colombia -así como otros ac-tores- y no que la familia Santos continúe disputándose la presi-dencia.

Saludamos que dentro de la lucha política que se libra en el país, surja esta convergencia al-ternativa, con posturas diferen-tes a las tradicionales de la oli-garquía que solo ofrecen más de lo mismo, que miran la paz con prisma politiquero, y en función de sus mezquinos intereses.

Sin duda, sería bien recibido por el país que, desde las fuerzas sociales y políticas alternativas, surgieran opciones de un can-didato de convergencia nacio-

nal, cuya brújula política sea el compromiso por lograr la paz con justicia social y con las trans-formaciones que Colombia tanto necesita.

Para que la Convergencia Na-cional tenga claros alcances de poder y de gobierno, debe ins-cribirse en la corriente latinoa-mericanista y caribeña de pue-blos y gobiernos revolucionarios y democráticos que hoy se con-gregan en la ALBA, UNASUR y la CELAC, como estructuras que potencian políticas de soberanía e independencia, frente a los planes imperialistas y de sus se-guidores.

Las energías del movimiento insurgente, deben potenciar esa gran confluencia. A ello le apuesta el ELN.

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El ELN considera que la paz, que es un asunto que debe incorporar la voz de las mayorías, debe asumir específica-mente el debate de la política minero-energética. La mi-nería, que técnicamente incluye las actividades petroleras, además de la utilidad del subsuelo, es un asunto de la

paz, puesto que ha sido uno de los ejes movilizadores del capital y sus fuerzas represivas, legales e ilegales (paramilitarismo), siendo uno de las principales causas del conflicto colombiano.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Santos: “Pros-peridad para el Capital”, mantiene y profundiza el modelo extracti-vista y tiene como locomotora principal la minero-energética. Para poder garantizar los intereses del capital extranjero, el Estado dis-pone de todo el aparato represivo para criminalizar y perseguir a la pequeña y mediana minería, que tilda de “ilegal”, mientras los medios masivos de información se encargan de ensalzar las bon-dades de los megaproyectos transnacionales.

El modelo extractivista significa, que mientras se acaba con la in-dustria y la agricultura, se fortalece el sector minero. Si hacemos la relación del valor agregado con respecto al PIB, en 1975 la indus-tria representaba el 24% del PIB mientras la minería representaba el 1,7%. En el 2012, la industria cae al 12% del PIB y la minería as-ciende al 8%. Con respecto a las exportaciones, las cifras son más escandalosas, pues en 1975, lo minero-energético representaba

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el 4%, mientras que en 2011 se dispara al 66%.

El sector minero representó en el 2012, el 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB). El año pa-sado, la totalidad del sector mi-nero (incluyendo hidrocarburos) aportó al país $2 billones en re-galías, representando frente al 2011 un aumento de 26%.

Pero esta vitalidad del sector minero se ha apoyado en el despojo, el destierro, la devas-tación de la naturaleza, y en una legislación ambiental que favorece los sectores empresa-riales.

Licencias Para el capital

La Corte Constitucional de-claró inconstitucional la última reforma al Códi-go de Minas (ley 1382 de 2010), por haberse realizado sin la Consulta Previa a las comunida-des afrodescendientes e indígenas, consideran-do además, que las ame-nazas mineras sobre el medio ambiente eran algo más que preocupantes.

El desarrollo mi-nero, propuesto e impulsado desde el go-bierno del

ex-Presidente Uribe Vélez, se impone sobre zonas de preser-vación ambiental. Tal es el caso del otorgamiento de títulos en áreas de preservación ambien-tal, que, según los expertos, se extiende sobre el 45% de los humedales protegidos interna-cionalmente por la Convención Ramsar, y otro tanto sobre la mitad de las zonas de reserva forestal.

Inexplicable, pero afortunada-mente, en medio del adverso contexto político ambiental de aquella época, la reforma al Código de Minas excluyó explí-citamente algunas zonas estra-tégicamente ambientales de la acción de la minería, tales como

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las delimitadas en el sistema de parques nacionales natura-les, los parques regionales, hu-medales Ramsar, las zonas de reserva forestal y los ecosiste-mas de páramo. Esta situación que mitigó la preocupación de muchas comunidades que de-penden directamente de estos ecosistemas, así como al mo-vimiento ambiental y personas conscientes de los impactos de la minería en los ecosistemas frágiles.

Hoy, vencido el plazo para que el gobierno nacional reformule el Código de Minas con la par-ticipación de las comunidades afrodescendientes e indígenas, volvemos al estado anterior de la situación. La minería trans-nacional continúa arremetiendo contra los ecosistemas, ponien-do en peligro la vida y salud de millones de colombianos y colombianas favoreciendo los

intereses de capitales transna-cionales.

Así, la incertidumbre continúa:

1. Las licencias ambientales que para aquella época ya habían sido concedidas sobre estas áreas, seguirán siendo legales y los proyectos podrán llevarse a cabo.

2. Pese a todo, la reforma dejó intacto el hecho de que para la fase de exploración, no se nece-sita licencia ambiental. Es decir, actividades exploratorias, que incluyen la perforación del suelo, el movimiento de maquinaria, la contaminación de aguas, entre otros asuntos, no requieren un permiso ambiental para desa-rrollarse. La fase de exploración genera en sí misma presiones sobre los ecosistemas, además de ganancias en las bolsas de valores en donde las empresas

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privadas cotizan, pero que no se refleja en la inversión social ni en los presupuestos públicos.

Según la institucionalidad mi-nera, pese a que la fase explo-ratoria no necesita licencia am-biental, sí se tienen que seguir las guías minero-ambientales que establece el Ministerio de Ambiente. Con tal propósito se crearon las Agencias Naciona-les de Minería y de Licencias Ambientales, que deberían con-trolar que se cumplan dichos parámetros. Ellas deberían en-trar en un proceso de revisión, y garantizar el aumento de los estándares establecidos y la ri-gurosidad en su cumplimiento, para una mayor garantía de la protección ambiental de los te-rritorios.

De otra parte, la fallida reforma al Código de Minas, también

estableció que una exploración minera en zona de reserva fo-restal, debía ser aprobada por el Ministerio de Ambiente, situación que de entrada ya plantea contradicciones: si es de reserva, ¿por qué permitir una exploración y futura explo-tación? Esto es abrir la puerta a la devastación ambiental y hace parte de las ficciones de las políticas de protección am-biental de la clase gobernante. Es el mismo caso de la ley 2 de 1952 que establece las zonas de reserva forestal central pero que contempla la sustracción de parte de ella para proyectos mineros. Es decir, mientras se prohíben actividades económi-cas en estas zonas de reserva, contradictoriamente, al mismo tiempo se permite la explota-ción.

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Violando la ley

Desde el punto de vista jurídico, se deja a la minería en un es-tado de incertidumbre, para fa-vorecer al capital transnacional, pero esta situación es violatoria a los antecedentes jurispruden-ciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, como, por ejemplo:

A. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera del 12 de agosto de 1999, la cual reitera que frente a derechos colectivos, como el derecho a un ambiente sano, no proceden los de-rechos adquiridos.

B. Sentencia C-293/02 de la Corte Constitucional que

declaró exequible el prin-cipio de precaución consa-grado en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993. Según ella, prevalece el derecho colectivo al am-biente sano, frente a dere-chos de carácter particular y concreto, como el derecho al trabajo, la libre empresa, la iniciativa privada y a los denominados derechos ad-quiridos.

C. Sentencia T-254 de 1993 de la Corte Constitucional que expresa que prevalece la protección del ambiente sobre el ejercicio de los de-rechos de contenido econó-mico, los cuales deben suje-tarse a los primeros.

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D. Sentencia T-774 de 2004 de la Corte Constitucional, según la cual es inacepta-ble que las autoridades se abstengan de proteger las reservas forestales decla-radas por la Resolución 76 de 1977.

De esta manera el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le plantea a la sociedad colombia-na, a los ambientalistas, a los sindicatos minero-energéticos y al gobierno nacional un primer aspecto dentro de un necesa-rio de debate nacional sobre la agenda minero-energética de paz, poniendo al centro los

intereses de las comunidades, los trabajadores y trabajado-ras por sobre la voracidad del capital transnacional. Debate nacional que debe estar acom-pañado de la movilización con-tra todos los megaproyectos mineros.

El ELN es consciente de que no puede haber justicia social si no hay justicia ambiental y ecológi-ca, y que ambos son elementos consustanciales a la Paz. La de-fensa integral de los territorios es una consigna que debe mo-vilizar a todos los sectores so-ciales y políticos.

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Colombia para los trabajadores...

Colombia para los trabajadores...

La contundente acción militar realizada por unidades guerrille-ras del Ejército de Liberación Nacional, en el municipio de Chita-gá, Norte de Santander, originó una dinámica periodística des-informativa desde las empresas de difusión de la oligarquía, desplegando con fuerza dos matrices perversas.

En el cubrimiento de esta acción informan que: “los soldados fue-ron rematados con tiros de gracia” y que “las bajas fueron hechas a fuerzas inexpertas”. Así mismo, la acción es catalogada como “una masacre”.

Por el contrario, si son bombardeos de los militares contra campa-mentos guerrilleros, emboscadas o asaltos a campamentos o captu-ras de guerrilleros enfermos u hospitalizados, éstas son actividades calificadas por los militares y los grandes medios de “información” “muy bien planificadas” “fruto de cualificadas operaciones de inteli-gencia contra los narcoterroristas” como “un éxito militar a favor de la patria”.

Hay que analizar y desmantelar lo que se esconde tras dos matrices que se vienen difundiendo, en relación con la operación Primavera, realizada el pasado 22 de Mayo en la vereda Presidente del munici-pio de Chitagá por parte del ELN.

1. Militares muertos en ataque del ELN recibieron tiros de gracia.

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2. ELN intenta mostrar forta-leza para presionar al go-bierno para el diálogo.

El lenguaraz ministro de Defen-sa, Juan Carlos Pinzón, vociferó que los soldados fueron remata-dos con “disparos de gracia”.

Esta afirmación calumniosa ha sido desmentida por el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, quien ex-puso lo siguiente refiriéndose a los militares muertos en el ata-que de guerrilleros del ELN en el municipio de Chitagá, Norte de Santander: “el estudio de las trayectorias de los disparos, evi-denció que eran en direcciones cruzadas…y que “No se encon-tró disparos de corta distancia y tampoco tiros de gracia”.

Ministro Pinzón, los hechos son elocuentes y sus palabras de-notan la mentira como prácti-ca política para desvirtuar la realidad.

El masivo despliegue de las notas de orden público redactadas por la oficina de prensa del ministerio de Defensa, configuraron la pri-mera matriz, desco-nociendo las declaracio-nes de Valdés q u e

desmiente las mentiras del mi-nistro, las que sirvieron de base a los opinadores, encargados de masificar y complementar la ma-triz, dentro del propósito de im-plantar en el colectivo nacional la falsa imagen de un ELN violador del Derecho Internacional Huma-nitario.

La configuración y el despliegue de este tipo de matriz, es una táctica permanente de parte del gobierno y los medios de des-in-formación. Unos días atrás, el 10 de mayo, unidades guerrilleras del Frente de Guerra Oriental del ELN, enfrentaron una patru-lla del Batallón Revéis Pizarro, en la Pavita, municipio de Sara-vena, departamento de Arauca,

donde murieron dos soldados pro-

fesionales y cuatro he-ridos. De nuestra f u e r z a m u r i e -ron tres compa-ñeros.

De este operativo calificado como acto terrorista, se registró la muerte de los tres guerrilleros y la captura de un civil, presenta-do falsamente como un positivo; las bajas del gobierno se oculta-ron, solo se reconoció las unida-des heridas.

Nada se dijo de dos de éstos guerrilleros heridos, al que el ejército impidió que se les pres-tara auxilio con una ambulancia del Hospital de Saravena, deján-dolos morir lentamente, mientras que una ambulancia militar y otra de la misma entidad de sa-lud, trasladaban a los soldados heridos.

Este es otro de los muchos he-chos inhumanos del verdadero y sistemático violador del Dere-cho Internacional Humanitario en Colombia. Poco o nada de esto aparece en las notas de orden público de los medios informa-tivos. Pero en cambio, se des-pliegan con fuerza matrices en las que presenta a la guerrilla

falsamente como violadora del DIH, manufacturando una falsa realidad, a partir de la ficción y la mentira.

Como complemento de las notas de orden público sobre el ope-rativo en Chitagá, los violentolo-gos, los redactores de política y los auto denominados analistas del conflicto, se encargaron de acuñar la segunda y no menos mentirosa matriz: “El ELN intenta mostrar fortaleza con la acción militar de Norte de Santander”

Esta es una lectura amañada, hecha desde la visión guerrerista que mide las partes en confron-tación, por su capacidad bélica, y no por la fuerza de las ideas y la justeza del proyecto político. Esta acción militar, que corres-ponde a la respuesta guerrillera a la militarización del país me-diante planes diseñados desde el Pentágono y enmarcada en la lucha por la liberación nacional y social, es presentada como un in-tento de llamar la atención para

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presionar los diálogos de paz.

Además de las dos matrices an-teriores, la ultraderecha viene configurando y difundiendo una matriz denominada “la paz con impunidad”, como una manera de obstaculizar la salida política al conflicto y de rechazar las ga-rantías políticas que se discuten en los diálogos entre el gobierno y las FARC.

La oligarquía, hace algún tiem-po, viene manejando la estra-tegia de invisibilizar el accionar político-militar del ELN, para po-sesionar en el imaginario colec-tivo la idea de una organización a punto de desaparecer, junto con su proyecto político. Pero cuando se rompe esa lógica por la fuerza de los hechos como la operación Primavera en Chitagá, salen algunos generadores de opinión, a implantar en el colecti-vo nacional la percepción que las

acciones de la guerrilla están en contra de la paz.

Por ello es necesario reafirmar que el ELN le ha plantado pú-blicamente al gobierno, un cese bilateral de fuego y las hostilida-des, para aliviar la situación de la población inmersa en el con-flicto y generar confianza y es-peranzas de paz, sin embargo el gobierno se ha negado sistemá-ticamente a ello argumentando que un cese al fuego fortalece la insurgencia.

Entendemos que la guerra im-puesta por la clase en el poder, reporta inmensos dividendos a sus agenciadores tanto en EE. UU, como en Colombia además de servir como amenaza a la re-gión y que esa es la verdadera razón de seguirla escalando y no buscar que termine, en esa con-tradicción se mueven las ofertas de paz que hoy se ofrecen.

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Transcurridos 4 meses y medio de la retención del geólo-go canadiense Jernoc Wobert, ni el gobierno de Colombia ni el de Canadá se han tomado el trabajo de investigar la denuncia, sobre el despojo de 4 títulos mineros a las comunidades del sur de Bolívar, por parte de la empresa

norteamericana Braewal Mining Corporation.

El gobierno de Juan Manuel Santos debe cuidar el interés nacio-nal, abogando por quienes votaron por él y también por quienes no lo eligieron, como pueden ser algunas comunidades del sur de Bolívar, marginadas desde siempre. El deber del presidente San-tos es representar y velar por el interés de estas comunidades.

El gobierno de Canadá, al menos debiera preocuparse por el cumplimiento de las leyes anti corrupción, por parte de las em-presas canadienses en sus operaciones en el extranjero.

En cambio, el uso de la fuerza, hasta ahora parece ser la úni-ca vía que quiere imponer el gobierno de Bogotá, para hallarle una solución a la problemática del despojo de Títulos mineros.

Entretanto, en la Serranía de San Lucas siguen los enfrentamientos entre las guerrillas del Ejérci-to de Liberación Nacional y las tropas gubernamentales.

El 19 de mayo, en la carretera que une a Santa Rosa con Simi-tí, unidades guerrilleras del Frente Darío Ramírez Castro embos-

Frente Darío ramírez Castro

La Devolicion del Geologo Canadiense

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caron a una patrulla motori-zada, del batallón de selva 48, causándoles varias bajas.

El 25 de mayo, Tropas espe-ciales del Frente Darío Ramí-rez Castro atacaron a la fuerza paramilitar estacionada en el corregimiento de Puerto Ló-pez, de El Bagre, dando de baja a sus cuatro mandos, quienes portaban identifica-

ción militar, como integrantes del batallón de infantería Rifes.

El Ejército de Liberación Nacio-nal mantiene su voluntad de devolver pronto al ciudadano canadiense y espera también una solución pronta, al des-pojo de los 4 Títulos mineros, propiedad de las comunida-des de Casa de Barro, Mina Seca, la Nevera y las Nieves.

¡Colombia para los trabajadores!¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!

Dirección del Frente Darío Ramírez CastroEjército de Liberación NacionalSerranía de San LucasPrimero de junio de 2013

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El pasado jueves 29 de mayo, Juan Manuel Santos recibió en la Casa Nariño a Henrique Capriles, líder de la oposición venezolana y autor intelectual de la campaña de desesta-bilización de la Revolución Bolivariana, provocando la pri-mera crisis diplomática entre Colombia y Venezuela desde

el Pacto de Santa Marta de agosto 2010.

Capriles, cuyo único cargo formal es de gobernador del estado de Miranda, fue recibido de manera oficial por el presidente Santos, no como gobernador de un estado, sino como “líder de la oposi-ción”, con el protocolo reservado para jefes de estado.

La justa reacción del gobierno de Venezuela no se hizo esperar: “Hay pruebas que desde Colombia se conspira contra el gobierno de Venezuela,” ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Mien-tras Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional afirmó que “se pueden descarrillar las relaciones diplomáticas entre Co-lombia y Venezuela”.

Es evidente que este asunto estuvo cuidadosamente calculado, di-señado para crear repercusiones políticas dentro y fuera de Vene-zuela, en desmedro del legítimo gobierno de Nicolás Maduro.

Una vela a Dios y otra al Diablo

¿A qué obedece este aparente cambio de política exterior?

Santos reconoció los resultados electorales del 14 de abril a la vez

Frente Internacional Cte. Milton Hernández

La Doble Política, y la Doble Moral de SantosLa Doble Política, y la Doble Moral de Santos

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que le da reconocimiento a Ca-priles como líder de la oposición.

De esa manera Santos le da continuidad de la “diplomacia de doble moral” que ha carac-terizado su gestión desde que asumió la presidencia.

Al asumir la presidencia en 2010, una de las prioridades de Santos fue recomponer las pésimas relaciones diplomáti-cas entre Colombia y dos de sus vecinos, Venezuela y Ecuador, que su antecesor Uribe dejó en el piso.

Por ello, y ante la necesidad de subsanar las relaciones inter-nacionales en la región, Santos se revistió de progresista, de-clarándose amigo de Chávez, e hizo las paces con Ecuador, al mismo tiempo que promueve y participa de la Alianza del Pa-cífico, proyecto de integración neoliberal subordinado a los

intereses comerciales y milita-res de los Estados Unidos. Es así como Santos le prendió una vela a Dios y otra al Diablo.

En congruencia con esa lógica, Santos tomó dos banderas em-blemáticas de la izquierda: la reparación de las víctimas y la restitución de tierras, las cobijó en proyectos de ley y de esa manera le colocó una careta progresista al régimen oligár-quico colombiano, favoreciendo la recomposición de las relacio-nes internacionales, aunque to-dos sabemos que no habrá res-titución de tierras ni reparación a las víctimas

En esencia, el éxito de la polí-tica exterior de Santos se ha dado, gracias a la ambivalente navegación entre dos aguas: la latinoamericanista y la imperia-lista.

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En sus declaraciones de res-puesta al gobierno venezolano, el mandatario colombiano asu-me solo una parte del problema afirmando que debe tratarse de un mal entendido, y aseve-ra que desde Colombia no se está gestando ningún complot contra Venezuela. Santos lo dice en tono diplomático pero él, más que nadie, sabe que Co-lombia no ha dejado de ser la cabeza de playa para los pla-nes de desestabilización impe-rialista contra la región y en ello Venezuela es un objetivo clave. Omite el presidente Santos otra arista del problema, y la que originó la lógica postura del go-bierno venezolano: Recibir en el Palacio de Nariño a Capriles, y hacerle eco a sus posturas po-líticas, al tiempo que se declara amigo de Venezuela, deseán-dole lo mejor a su gobierno. Son más contundentes los hechos que las palabras del mandata-rio; sus pronunciamientos públi-

cos, antes que aclarar las cosas, generan distracción.

No está lejos aún el bochornoso hecho de los más de medio cen-tenar de paramilitares colom-bianos que penetraron hasta el interior de Venezuela con pro-pósitos golpistas. Aún resuenan las palabras del ex-presidente Uribe, afirmando que no le al-canzó el tiempo para actuar contra Venezuela y la respuesta del presidente Chávez, respon-diéndole que le habían faltado cojones.

Hay que recordarle a la opinión pública que el presidente San-tos sabe, que el golpista Car-mona Estanga, no solo es un humilde profesor universitario exiliado en Colombia, sino un conspirador similar a Uribe y a Capriles, al igual que varios ex-directivos de PDVSA, que hu-yeron a Colombia después del golpe petrolero y que actúan en contubernio con las agencias de

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inteligencia de EE. UU., Israel y Colombia para desestabilizar la revolución venezolana.

Peligra la paz

El gobierno bolivariano ha teni-do que revalorar las relaciones y compromisos políticos que tie-ne con Colombia, entre ellos el determinante apoyo que le ha dado al proceso de Paz desde hace varios años, no sin gran-des dificultades y gracias a su prudente y discreta interlocu-ción, son notorios los avances logrado.

Si Venezuela llegara a retirar su apoyo, el proceso de paz entra-ría en crisis, por eso queda el in-terrogante, ¿Qué habrá detrás de la maniobra del presidente Santos?

En el libro de las relaciones in-ternacionales hay capítulos de

lealtades y respeto que no pue-den tirarse por la borda con la política de estar bien con Dios y con el diablo.

El ELN hace un llamado a to-dos los progresistas, movi-mientos sociales, intelectuales, demócratas y revolucionarios de Nuestra América, de estar alertas ante nuevas maniobras desde Colombia para atizar los fuegos desestabilizadores en la Venezuela Bolivariana, subvir-tiendo el proyecto de integra-ción y unidad latinoamericana que tanto tiempo, recursos, esfuerzo y vidas humanas ha costado. Igualmente llama la atención a seguir fortaleciendo el proceso de paz, contra quie-nes pretenden ponerle palos en la rueda.

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