Edición No.353Diciembre/31/2012

EDITORIAL 3Colombia 2013, Año de Luchas Populares

Balance 2012, Parte IVBálsamo para Los Quemados, No más Ácido 8Autor: Pablo Beltrán

Tierra y Territorio en Cifras 14Autor: Luis Carlos Guerrero S.

Colombianas y colom-bianos; termina 2012 en medio de la crisis económica mundial y la insolvencia de los Es-

tados altamente desarrollados, que recurrieron a enormes sa-crificios fiscales, para solventar al corrupto sistema financiero y demás industrias quebradas. Eliminaron los subsidios del Es-tado de Bienestar, cancelando puestos de trabajo, rebajando salarios, alargando la edad de jubilación, disparando las tari-fas de servicios públicos y au-mentando impuestos.

Las mejores condiciones de vida en el Primer Mundo desapare-cieron y el FMI impuso las mis-mas recetas neoliberales que aplicó en los países del Tercer Mundo, nivelando a la mayoría

de la humanidad a sobrevivir en condiciones miserables. Estas políticas de ajustes y austeri-dad para la población, ha ge-nerado nuevos movimientos de resistencia y obligó a reactivar todas las formas de lucha de las organizaciones sociales. Para el 2013 esta crisis se agudizará y las luchas sociales serán más contundentes y coordinadas.

Colombia no está Blindada Frente a La crisis mundial

Los pronósticos más conserva-dores auguraban que Colombia mantendría la misma tasa de crecimiento del PIB de 5,5% que alcanzó en 2011; sin embar-go, la realidad muestra que en 2012 está por debajo del 4% y todos los analistas son pesimis-

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tas frente al desempeño econó-mico para 2013, azotado ade-más, por la competencia desleal de los TLC con EEUU y Europa.

Las dos principales locomotoras que jalonaban la economía co-lombiana se averiaron: la cons-trucción ha entrado en recesión y la minero-energética se es-tancó, mientras se criminaliza a pequeños y medianos mineros. La industria presenta tenden-cias negativas, aumenta el des-empleo y las penurias para los trabajadores.

Para favorecer los capitalis-tas, se aprueba una regresiva reforma tributaria, rebajando impuestos a los empresarios y eliminando los parafiscales, que llevarán al entierro del Sena y del ICBF. Aumentan las cargas tributarias para asalariados, la clase media y los consumidores en general.

Como si lo anterior fuera poco, se sigue castigando a los traba-jadores, quienes tendrán menor capacidad adquisitiva, al de-cretar un aumento del sa-lario mínimo que no com-pensa el aumento del costo de vida. Es previ-sible la escalada alcista que acostumbra el go-bierno, aprovechando el aletargamiento de la po-blación en las festividades

de fin de año.

Fuero militar para la impunidad

Las mayorías parlamentarias, controladas por el presidente Santos y Uribe, volvieron a inun-dar de infamia y vergüenza el ejercicio de legislar, al aumentar el desafuero de los militares, convertidos en criminales de guerra, perpetuando el genoci-dio de millares de compatriotas en las últimas décadas y colo-cando a Colombia en una grave crisis humanitaria. El fuero mili-tar se ajusta a la tipificación de un Estado genocida.

La reforma constitucional apro-bada, le da facultades a la jus-ticia penal militar, para que sea juez y parte de la barbarie. To-dos los delitos y crímenes que ejecutan las fuer-zas armadas, como violacio-nes a los Dere-chos Humanos y al Derecho Internac ional

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Humanitario, no serán compe-tencia de la justicia ordinaria, sino de los mismos criminales.

Supuestamente se exceptúan: los crímenes de lesa humani-dad, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudi-ciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado; pero, para que estos casos puedan ser tratados por la justicia civil, el fiscal debe demostrar que la víctima “fue agredida en el mar-co de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por mi-litares contra la población civil con conocimiento de dicho ata-que y de conformidad con una política oficial”, asunto imposi-ble de demostrar, porque son los militares quienes pueden

realizar las pri-

meras investigaciones, después de cualquier delito o crimen que cometan, acomodando las pruebas a su favor y determi-nando el fallo.

Los miles de procesos que se tramitaban contra integrantes de la fuerza pública, pasan a la “justicia” militar y quedan cu-biertos por el manto de la impu-nidad. Los criminales de guerra, deben saber que esta ley es violatoria de los tratados y com-promisos internacionales y los hace objetos de investigaciones de Organismos de justicia inter-nac ional ,

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en especial de la Corte Penal In-ternacional, aunque este orga-nismo sólo puede juzgar a par-tir del 1 de noviembre del 2009, según la autoprotección que se hizo Álvaro Uribe.

¿Cuál Paz?

El restablecimiento del fuero militar es una readecuación del Régimen para un escalona-miento de la guerra sucia contra la población y nos abocamos a una nueva fase del Terrorismo de Estado. También son actos de guerra, las leyes que se han aprobado a pupitrazo, con el descarado soborno a los con-gresistas, salvo honradas ex-cepciones.

Los discursos pacifistas de San-tos caen en la retórica y son un contrasentido frente a los anhe-los de paz que vienen manifes-tando los sectores sociales en diversas regiones colombianas.

La oficialización de los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC, marcó un hecho políti-co relevante y reactivó las dis-tintas iniciativas de paz que se traían. Para la muestra, la prolí-fica participación que obtuvo el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral, conducido por la Universidad Nacional.

Pero, mientras el gobierno sólo entiende por paz, la desmo-vilización y el desarme de las guerrillas y la desactivación de

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la protesta social, el pueblo y la insurgencia entendemos que paz es justicia social, con equi-dad económica, democracia di-recta, soberanía y dignidad de patria. La paz implica cambios estructurales de la sociedad y el Estado.

Las Luchas Populares

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y en 2013 se profundizará esta diferencia con los reajustes eco-nómicos contra la población, mayor tributación, represión, asesinatos por parte de las fuerzas estatales y su parami-litarismo.

En las regiones se continúa re-sistiendo contra la depredación ambiental del capital transna-cional y sus megaproyectos minero-energéticos, quienes convirtieron en objetivo militar a medianos y pequeños mineros. Los terratenientes narcopara-militares siguen potrerizando el país mediante el despojo de los campesinos.

En las ciudades la lucha sigue contra la privatización de los servicios públicos, por una ma-yor cobertura y rebaja de ta-rifas. En especial, se sigue ba-tallando por educación, salud y prestación del transporte públi-co eficiente y digno.

Los diferentes sectores sociales, las regiones y expresiones de movimientos políticos alternati-vos, van confluyendo en espa-cios de convergencia nacional, centralizando reivindicaciones y anteponiendo la Unidad como criterio de la fortaleza popular, aunque aún persisten rezagos que tratan de imponer intere-ses de parte.

Es muy importante el afán que se comienza a tener, por sinto-nizar nuestras luchas con las del resto del continente y con las demostraciones mundiales.

Para todos y todas es una prio-ridad realizar en el 2013 la Gran Jornada Nacional de Protesta.

La bandera de la Paz está enar-bolada en todas las luchas so-ciales y en 2013 ondeará por los campos y calles, en movili-zaciones, seminarios y foros. El pueblo está decidido a no dejár-sela arrebatar por el gobierno, que la utiliza como estandarte de guerra y exterminio.

El ELN, como parte beligeran-te de las luchas populares, se suma a todas las iniciativas li-bertarias y ratifica al mundo su inquebrantable propósito de hacer de Colombia una nación soberana, justa, democrática y en Paz.

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Las clases dominantes mantienen un consenso pleno sobre el modelo económico que le aplican a Colombia y dicen que

por su perfección, no está en discusión.

Los principales pilares de su desarrollo económico los man-tienen en la antiquísima cos-tumbre de apropiarse del bien común, en la locomotora minera y en los remedios neoliberales para curar la crisis.

La entrega en concesión a las multinacionales de tierra colom-biana en forma indiscriminada, amenazan páramos estratégi-cos como Rabanal, Belmira, Pu-racé, Los Nevados, Santurbán, Sumapaz y Chingaza, de los que media Colombia se aprovi-siona de agua y alimentos.

Gracias a la escandalosa boda de un mafioso, en julio el país se enteró que en isla Múcura, en el Golfo de Morrosquillo, baldío de propiedad de todos los colombianos, construyeron el hotel Punta faro, afiliado a Cotelco, el gremio de los dueños de hoteles. Igual ocurre en el Parque natural de la Sierra ne-vada de Santa Marta, en el que dos familiares del presidente eran accionistas de otro proyec-to hotelero. La lista es intermi-nable y las ganancias son altas, por ello la cadena Marriot pagó 3 mil dólares por metro cua-drado de tierra en Cartagena. Todos atienden la invitación del presidente, quien en entrevista con el Financial times en mayo, dijo, que “a la Sierra nevada está yendo otra vez la gente a comprar tierras”.

Autor: Pablo Beltrán

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La explotación acelerada de re-cursos naturales castiga al país con una severa crisis del medio ambiente, que causa riesgo de desastres naturales, de los más altos de todo el mundo, según afirmo en junio el Banco Mun-dial.

En su visita de este diciembre, la directora del FMI, además le sacó tarjeta roja al gobierno, porque según ella, la excesiva dependencia que tiene el país de las exportaciones de mate-rias primas, lo dejan en una po-sición muy vulnerable, en medio de la actual crisis económica mundial.

A las elites dominantes sola-mente les importa “estar bien con los analistas, los mercados y los empre-sarios”, según recordó JC Jaramillo, el ex mi-nistro de economía en su discurso de despedida en agos-to. Dos semanas antes, manifestó su satisfacción por ha-ber hecho 10 reformas (salud, educación, pen-siones, judicial, penitencia-ria, tributaria, etc.), que le habían ganado el aplauso de la multinacional califica-dora de riesgo de inversión Standard & Poors.

Estamos notificados los colom-bianos, las reformas ya están hechas y aprobadas por el sis-tema financiero internacional. La de cerrar el año, la tributaria, la hace el gobierno acatando a Fedesarrollo, quien desde julio, exigió “enfrentar la desacelera-ción de la economía, por medio de una reforma tributaria”. So-bra decir, a quienes van a expri-mir con esta reforma.

Descargar la crisis económica en las espaldas de la mayoría de la sociedad, para favorecer a una minoría de multimillonarios, resulta en el agravamiento de dos caras de la ruina nacional.

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La Contraloría General en oc-tubre, reconoció que “las insti-tuciones estatales colombianas son inviables”, por los nuevos recortes del gasto social, y la quiebra y corrupción en que se hallan; causantes de la crisis es-tructural de la salud, la educa-ción, los jubilados, las cárceles, los jueces, el instituto para la niñez (ICBF), los departamentos y municipios, etc.

Más grave que la crisis institu-cional son las graves quemadu-

ras que sufre el tejido social con la miseria, el desempleo, el sub empleo, el mísero salario míni-mo, el empobrecimiento de las clases medias; la explotación, prostitución y violencia contra niños y mujeres, el arrincona-miento y extinción de las etnias, el despojo de los afro colombia-nos y el atraso de las regiones. Quemaduras que necesitan bálsamos, no más ácidos.

Las malas noticias sobre Colom-bia que publican en el extran-

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jero, de vez en cuando reflejan estas quemaduras. El Daily Mail en agosto se quejaba de “las 150 mujeres colombianas que-madas por ácido”. El Daily Mi-rror, a raíz de los escándalos de prostitución ocurridos durante la visita de Obama a Cartagena, afirmó que “Colombia es la Tai-landia de América”, para aludir al turismo sexual como fuente de ingresos para el país. En agosto una ONG, por su parte denunció, “la subasta de meno-

res entre 11 y 12 años de edad, para prostitución en hoteles de lujo de Medellín”.

Para distraer la atención sobre la ruina nacional, en abril el presidente hizo la promesa del año, de regalar casas gratis a los pobres. No se puede negar que este anuncio es un intento de curar un dedo, pero sin ol-vidar que la quemadura es en todo el cuerpo.

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Siempre junto al pueblo

Siempre junto al pueblo

Pretendemos que, a partir de un breve bos-quejo de la realidad del campo colombia-no, se puedan hacer

abordajes más amplios de las diversas problemáticas. Presen-tamos unas cifras como mirada inicial a la panorámica de la tierra, el territorio y el conflicto rural de Colombia; convencidos de poder acércanos, mediante un proceso de solución políti-ca, a caminos que alimenten la construcción de la paz con justi-cia social.

Compartimos la noción de terri-torio que se viene configurando por distintos actores sociales y políticos, los cuales tienen en común el conceptualizarlo como un espacio geográfico donde se encuentra asentada la pobla-

Autor: Luis Carlos Guerrero S.

ción que incluye las relaciones con el entorno social y ambien-tal, la tierra, quien la controla, quien la trabaja, como la traba-ja, quienes están excluidos de ellas y a quienes representan unos y otros. El territorio es una construcción social en conflicto.

En tanto, la tierra abarca una amplia gama de problemas, en los cuales unos son de carácter históricos como aquellos que van ligados a la tenencia, al uso y al acceso de ella; viejos pro-blemas a los que ahora se ar-ticulan nuevos relacionados con la actual dinámica internacional de la economía, la presencia e incursión de grandes empresas transnacionales que desarrollan proyectos mineros y agroindus-triales que han hecho posible el surgimiento de nuevos conflic-

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tos socio laborales, ambientales y culturales.

Tanto el territorio como la tierra sufren el impacto de modelos económicos que es necesario examinar y son fuentes de con-flictos sociales y guerras.

Sin lugar a dudas la tierra cons-tituye una base vital que de-termina la vida de la población rural, la cual constituye el 32 por ciento del total de los ha-bitantes de Colombia. La situa-ción de esta, refleja una aguda polarización social. En uno de los extremos hay una masa de campesinos apiñados en mini-fundios, micro minifundios y po-bladores rurales sin tierra, que sobreviven en un mar de nece-sidades básicas e insatisfechas, que le determinan una condición de pobreza y excluidos de los

factores de poder; a su alrede-dor se encuentran unos cuantos propietarios de grandes exten-siones de tierra que siendo una minoría de la población rural, los identifica una característica común: la subutilización de la tierra y la dedicación de ella, en su porción mayoritaria, a la ga-nadería extensiva.

La situación anterior se anida en medio de una realidad de país donde la inversión extranjera no estimula el empleo digno, sino todo lo contrario, lo que hace estimular la informalidad some-tiendo a los trabajadores a una escalada de explotación agre-siva. Seis de cada 10 personas laboran en condiciones de in-formalidad. Aberrante es, que mientras una mayoría de traba-jadores no alcanzan a devengar

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dos salarios mínimos, el sector financiero reporta crecimiento en sus ganancias del 169 por ciento.

La generalizada informalización de la fuerza de trabajo, aporta una parte del desplazamiento, puesto que dichas personas y familias son de las más vulnera-bles y carentes de condiciones para lograr niveles de trabajo digno y se someten a salarios por debajo del mínimo o el sim-ple rebusque.

Un país que no Conoce la ruralidad

A pesar de la creciente urbani-zación que ha vivido Colombia, ya mencionamos que el 32 por

ciento de la población vive en el campo y el 75 por ciento de los municipios de Colombia son pre-dominantemente rurales. Estas cifras son aproximadas debido a que el Estado colombiano hace 42 años no realiza el cen-so agrario nacional, el cual ha prometido hacer el gobierno ac-tual en los años 2013 y 2014. El primer registro o censo agrario se hizo en 1960 y el segundo en 1970.

Lo anterior viola los acuerdos y políticas de la Organización de Naciones Unidas para la Agri-cultura y la Alimentación, FAO, la cual define que los censos agropecuarios deben realizar-se, cada 10 años, orientaciones que han cumplido varios gobier-

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nos de América latina, siendo Colombia parte de la lista de los deudores, contrario a Bra-sil, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia y México que hicieron el respectivo censo en esta prime-ra década del siglo XXI.

Por lo anterior salta a la vista una pregunta: ¿sobre qué base o fundamentos de la realidad rural los gobiernos construyen las leyes, diseñan las políticas públicas, y se elaboran los pla-nes de desarrollos para el cam-po?

¿A partir de que fundamentos se propone el gobierno, aportar a la solución de los graves pro-blemas del campo si carece de este instrumento de medición efectiva?

Despojo, violencia Y pobreza

Cerca de 6.6 a 8 millones de hectáreas de tierra, han sido despojadas a los pobladores del campo, quienes han sido violentamente expulsados del mismo desde hace 20 años. Estos 6.6 a 8 millones de tierra que engrosaron las propieda-des terratenientes gracias a la aplicación del terrorismo de Es-tado, con su punta de lanza el paramilitarismo, constituye un 12.9 por ciento de la superficie agropecuaria.

Según estadísticas, en el trans-curso de 13 años, aproxima-damente 3.6 millones de in-dígenas, afrosdecendientes y campesinos, han sufrido el

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desarraigo de sus territorios, el primer mayor desplazamiento del mundo después de Sudán, Irak y Afganistán. Del total de 3.6 millones de personas des-plazadas el 65 por ciento son menores de 25 años.

Los niveles de pobreza en los territorios urbanos son de un 45 por ciento en promedio; en tan-to en el campo el nivel de po-breza asciende al 64 por ciento. Mientras el promedio nacional de necesidades básicas insatis-fechas es de 27 por ciento; para la población indígena es del 57 por ciento y para los afrodes-cendientes es del 66 por ciento. En los municipios definidos como de alta ruralidad, las personas

con necesidades básicas insa-tisfechas ascienden al 74,66 por ciento, según PNUD.

La propiedad y el control de la tierra, explican la violencia que se vive en Colombia. En los úl-timos 25 años se han causado más de 250 mil muertes en el campo. Desde junio del 2011, sin haberse producido la anun-ciada restitución de tierras, han sido asesinados más de 69 líde-res campesinos, que reclama-ban el derecho de volver a ocu-par sus tierras. Para impedir el retorno de los millones de des-plazados se ha organizado por los señores de la tierra el llama-do “ejército anti restitución” que tiene presencia en 400 de los 1.050 municipios del país.

Concentración de la tierra

El Informe de Desarrollo Huma-no Colombia 2011 del PNUD afirma que el 52% de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población; mientras que el resto tiene sólo pequeñas y medianas posesio-nes.

El coeficiente GINI es un indica-dor para medir la desigualdad en una sociedad y va de 0 a 1; cuando más se acerca al 0 es más equitativa la sociedad y cuando se aproxima el 1 es más desigual. El grado de con-centración de la tierra en Colom-bia presentó en el año 2000 un coeficiente GINI de 0.86 y en el año 2009 fue de 0.88. Esto hace de Colombia uno de los países mas desiguales del mundo.

Los ganaderos concentran cerca de 38 o 39 millones de hectá-reas de las 44 millones dispo-

nibles para lo agropecuario. El potencial de tierras aptas para ganadería es de 23 millones de hectáreas. En tanto que el po-tencial de tierra aptas para la agricultura es de 21 millones de hectáreas de las cuales solo se cultivan 4.9 millones, o sea un aproximado de 22.7 por ciento. La ganadería monopoliza el uso de las tierras. Colombia es en-tonces, un inmenso potrero.

Los ganaderos se oponen a una reforma agraria que democrati-ce el acceso y modifique el uso de la tierra. Entre ganaderos y agricultores de escuchan opinio-nes contrarias. Los voceros de Fedegan cuando han manifesta-do la voluntad para hacer algún cambio en la política agrope-cuaria proponen que se realice en el sentido de “reconvertir 10

o 15 millones de hectáreas para áreas forestales, agricultura o producción de agro combusti-bles”. Debemos producir para la globalización es la apuesta de los ganaderos, extendiendo aún más los cultivos de palma, caña, yuca y otros destinados a la exportación. (El tiempo, en-trevista a Laforiue).

De un lado el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, asegura que existe una brecha enorme entre el uso actual de la tierra y su potencial de apro-vechamiento; y que, además, sectores como el ganadero agudizan la crisis porque están utilizando más hectáreas de las que en realidad necesitan.

Seguridad Alimentaria

Colombia dispone de más de 20 millones de hectáreas con voca-ción para la producción agrícola, de las cuales cultiva anualmen-te menos de 5 millones. De una situación altamente favorable que permite producir y dispo-ner de todos los alimentos para los colombianos y garantizar la seguridad alimentaria, nos en-contramos en una dependen-cia alimentaria con volúmenes grandes de importación de pro-ductos alimenticios.

En Colombia es evidente, en-tonces que se manifiesta una disminución del abastecimien-to de alimentos con producción nacional fundamentalmente de los pequeños y medianos pro-

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ductores agropecuarios quienes soportan gran parte de la segu-ridad alimentaria. A finales de los 80, Colombia producía mas del 90 por ciento de sus alimen-tos básicos; en los últimos diez años se paso de importar 5 mil millones de pesos a 9 mil millo-nes y los precios se han enca-recidos en una tendencia soste-nida. Las prioridades en el plan de desarrollo agropecuario no van dirigidas a corregir tremen-do problema.

Hace diez años, según el Dane, más del 15 por ciento de la tierra de las grandes fincas, se destinaba a pastos, lo que constituía el 42 por ciento de las tierras ganaderas, en tanto que para usos agrícolas destinaban el 0.8 por ciento.

Una consecuencia de la insegu-ridad alimentaria tiende a ali-mentar otra problemática refe-rida a la producción de la dieta de baja calidad, o abundancia de la comida denominada cha-tarra. La soberanía alimentaria se convierte en un tema estra-tégico.

Según estadísticas de la SAC el agro representa el 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Colombia y emplea a unos 10,6 millones de personas. No hay duda que el agro junto a otros reglones como la manu-factura son los que más aportan al empleo; sin embargo el estí-mulo en las políticas económicas va por la vía de la locomotora minera que se ha convertido en la principal receptora de la

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inversión siendo la que menos empleo genera y produce ma-yor destrucción socio ambiental. Según el ministro de Minas la in-versión minera creció en el año 2012 hasta situarse en unos 12 mil millones de dólares.

Minería y Cambios En el Territorio

La política minera ha llevado a que se hayan destinado 5.8 mi-llones de hectáreas de tierra con destino al establecimiento de grandes proyectos mineros; de estos 2 millones de hectáreas están ubicadas en los páramos, donde por ley es prohibida di-cha actividad. (Ver informe de contraloría general de la Repú-

blica 2011). Recientemente, en el mes de junio, el gobierno de-claró 17,6 millones de hectáreas de tierra como reserva minera destinada a los mega proyec-tos mineros de transnacionales, que impactan negativamente a departamentos con abundante biodiversidad. Colombia ha sido potrerizada y ahora se nos pro-pone que sea convertida en un enorme socavón minero.

Grave la situación del departa-mento del Cesar que ha sufrido un profundo cambio en el uso de la tierra, pasando de ser productor agrícola a minero. Extrema es también la situación del departamento de la Guaji-ra.

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La guajira es considerada por el gobierno colombiano como una DESPENSA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES del país, al servicio de las trasnacionales. En La Guajira cada día somos más pobres, pero paradójica-mente cada vez aumentan las solicitudes de licencia para ex-plotar sus recursos, como son: carbón, gas natural, petróleo, sal y otros yacimientos minera-les. Sin hablar de las grandes reservas de agua dulce, biodi-versidad y oxígeno. A las que ya les pusieron el ojo.

De los casi 800.000 habitantes de La Guajira, más de 600.000

se encuentra en la línea de po-breza, y lo que es peor, más de la mitad está en la línea de po-breza extrema. Contrasta todo esto con que el departamento produce actualmente el 85% del gas natural que se consume el país y es el mayor exportador de carbón hacia los mercados internacionales.

Podríamos hacer un listado mayor de las situaciones del campo. Pero es deber de todos los colombianos y colombianas hacerlo para que los cambios sean de la misma dimensión y profundidad de los problemas estructurales.

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