La Seguridad Pública y Participación Ciudadana en Veracruz

7/23/2019 La Seguridad Pública y Participación Ciudadana en Veracruz

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ISBN 968834679-

9

9789658 34 6 79

Biblioteca

Universidad Veracruzana

I • O • 1 .

E

ste libro es una contribución académica al debate

que en los últimos tiempos se ha abierto sobre un

tema crucial para la convivencia social y, en general,

para la buena marcha de la democracia en nuestro país:

la seguridad pública. El argumento central del autor

gira en torno a la ciudadanización del proceso de

seguridad pública y pone énfasis en lo complejo que

resulta entablar un diálogo racional sobre la

delincuencia, la seguridad y la participación de los

ciudadanos en la vigilancia estatal.

Aquí se propone un análisis integral de la

delincuencia y su contexto social, y se ofrece un diseño

para la implantación de programas y operativos de

seguridad pública en Veracruz. El libro abre, así, un

campo de análisis e interpela a diferentes agentes

políticos y sociales a través de una propuesta que

permita dejar atrás los monólogos y la micropolítica,

que, precisamente, bloquean la implantación de

programas de seguridad pública que tengan en su favor

un elemento social clave: la participación ciudadana.

Alfredo Zavaleta es investigador del Instituto de

Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad

Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de

Investigadores.

Á

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La seguridad pública

y

la participación ciudadana en Veracruz

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Alfredo Zavaleta



Biblioteca

LA SEG U R ID A D PÚ B LIC A

Y

LA P ARTICIP ACIÓ N CIUDADAN A EN V ERACRUZ



Alfredo Zavaleta

LA SEGURIDAD PÚBLICA

Y L A P AR T I C IP AC I Ó N

C I U D A D A N A E N V E R A C R U Z

r7.11 1

&•

EDITORIAL

Biblioteca

Universidad Veracruzana

Xalapa, Ver., México

2005

U NIVE R S ID A D VE R A C R U Z A NA

Raúl Arias Lovillo

Rector

Pilar Velasco Muñoz-Ledo

Secretaria Académica

Elías Álvarez Vélez

Secretario de Administ ración y Finanzas

José Luis Rivas Vélez

Director General Editoria l



Diseño de portada: Lucía Gómez Benet, a partir de una fotografia

de Héctor Vicario.

C O N T E N I D O

Prefacio

13

Introducción

17

I. La delincuencia en Veracruz

25

Preámbulo

25

El campo delictivo

26

Una observación compleja del campo delictivo

36

Fuentes

59

Bibliográficas

59

Hemerográficas

61

II. La seguridad pública

en

Veracruz

63

Preámbulo

63

La militarización pasiva del sistema policiaco

64

Los logros y las patologías del sistema

policiaco regional

77

Fuentes

88

Bibliográficas

88

III. La participación ciudadana

en la seguridad pública

89

Preámbulo

89

La experimentación dura de los militares

98

Las posibilidades de control ciudadano

de la eficiencia policiaca

1 0 4

HV8161.V47

Z38

avaleta. Alfredo

La seguridad pública y la participación ciudadana en Veracruz /

Alfredo Zavaleta. Xalapa. V er . , México : Universidad Veracruzana,

2005.

154 p. 22 cm. -- (Biblioteca)

Incluye M bliografias.

ISBN: 968-834-679-9

1. Seguridad públ ica - V eracruz (Estado). 2. Pol ic ía - Veracruz

(Estado) Part ic ipación c iudadana. 3. Veracruz (Estado) - Pol í t ica y

gobierno - 1998-200 4. I. Universidad Veracruzana. II. t .

DGBUV 2005/07

.D.D.: 363.2097262

Primera edición, abril de 2305

© Universidad Veracruzana

Dirección Editorial

Apartado postal 97

Xalapa, Ver. 91000, México

ISBN: 968-834-679-9

Impreso en México

Printed in Mexico



Fuentes

20

120

122

122

Conclusiones

23

Epílogo

27

Fuentes

generales

31

Bibliográficas

31

Hemerográficas

34

Anexos

37

I.

Cronología

39

II.

Análisis de contenido de entrevistas

45

III.

Numeralia

5 1

Bibliográficas

Hemerográficas

Electrónicas



Por mucho que se acrecienten las filas

policiacas, nunca podrán, por sí solas,

detener la ola de crímenes que invade a

los países civilizados, especialmente en

sus capitales metropolitanas y en las

grandes ciudades. Es necesario que los

ciudadanos pacíficos se decidan a coo-

perar con las autoridades en la defensa

de sus vidas y sus propiedades [...] para

llevar a cabo lo que podría denominarse

la autodefensa social.

Lucio

M E N D I E T A ' Y N Ú Ñ E Z



PREFACIO

La seguridad pública regional es un objeto de estudio emer-

gente. Los análisis sobre el sistema policiaco y los policías en

Veracruz son muy escasos; esto se debe a que, por un lado, las

ciencias sociales regionales han concedido poca importancia a

la seguridad pública y a sus riesgos, y a que, por otro, el

ámbito de la seguridad y los derechos ha sido un tema tradi-

cional para los abogados y ahora de las consultorías.

Los trabajos dedicados a este campo han utilizado observa-

ciones simples de la criminalidad , las leyes y la readap-

tación , pero no han tematizado la medición de las tasas delic-

tivas, la selección política de los operativos policiacos, las

modalidades de participación ciudadana, ni las resistencias de

la sociedad civil a las patologías del sistema policiaco.

El obstáculo epistemológico de este tema académico ha sido

producido por los cierres operativos del sistema policiaco

regional. La mínima información oficial que manejan los

medios de comunicación y las mismas instituciones policia-

cas, sobre sus estructuras, funciones y entornos, es poco útil,

debido a los procedimientos mediante los cuales se construye

y a los usos políticos de su divulgación.

El presente trabajo utiliza esos datos institucionales; sin

embargo, los sujeta a una estrategia de análisis que conduce

a conclusiones diferentes a las obtenidas con el manejo de

éstos

por

las élites politicas y policiacas. El objetivo ha sido

contribuir al debate público sobre la vigilancia regional y la

13



posibilidad de un dispositivo civil de rendición

de cuentas del

sistema policiaco regional.

Las principales ideas de este ensayo son parte de otras

investigaciones acerca de la seguridad pública en Veracruz y la

militarización de la seguridad pública en México.' La diferen-

cia de éste respecto de las anteriores radica en el acento que

ahora pongo en la participación ciudadana y en la necesidad de

un plan estratégico de la sociedad civil regional en su relación

con la vigilancia de los ayuntamientos y del gobierno estatal.

Para estos trabajos se ha utilizado una serie de conceptos

de teorías que en el debate contemporáneo de las ciencias

sociales pertenecen a redes discursivas opuestas. La recu-

peración conceptual de modelos teóricos rivales —sin la

tentación del eclecticismo— me permite la construcción de un

corpus

sobre el tema. El análisis teórico de éste se basa en la

interpretación de datos empíricos desde una perspectiva

histórica del presente.

Desde ese ángulo no existen mayores dificultades, más allá

del rigor académico, para realizar un trabajo teórico y

empírico de los sistemas y de la sociedad civil, de las leyes

y de las resistencias a los excesos o patologías de los sistemas.

El análisis del sistema policiaco y la participación civil ha

permitido poner a prueba dicha estrategia discursiva. El sis-

tema policiaco, con sus logros y patologías, es una matriz

institucional de la sociedad nacional y regional. La relación

estable o inestable que los policías, políticos y militares

tienen con los ciudadanos resulta fundamental para compren-

der la reproducción de los sistemas mundiales.

La metodología ha sido utilizada en trabajos anteriores. La

presente investigación da prioridad al trabajo de campo, a

la evaluación del diseño de políticas de seguridad pública y

a la inclusión simétrica de los actores sociales y políticos inco-

municados, que se excluyen recíprocamente.

El análisis del sistema policiaco y la participación ciu-

dadana es un imperativo democrático del debate público local;

es el núcleo de la ciudadanía, pero no excluye otros procesos

de ciudadanización como los electorales.

La posibilidad de la participación ciudadana bajo un

esquema de corresponsabilidad para una nueva cultura de la

seguridad pública no debe construirse al precio de la negación

de la autonomía de las organizaciones civiles y los movimien-

tos sociales, tampoco al precio de la autoexclusión.

La seguridad pública es un problema urgente para la

sociedad veracruzana. La posibilidad de municipios seguros y

de una nueva percepción de la seguridad pública depende

básicamente de la capacidad de la propia sociedad civil para

incluirse en el diseño e implementación de programas munici-

pales y estatales de seguridad pública. Las posibilidades de

una

sociedad civil fortalecida, pueden localizarse —en parte—

en la participación para el control de los riesgos generados

por la

delincuencia y la impunidad policiaca.

1 José Alfredo Zavaleta Betancourt, El sistema policiaco en Veracruz,

1982-1994, UTA , México, 1996. También: Závaleta Betancourt, La milita-

rización de la seguridad pública en México, 1994-1998,

B U AP ,

México, 2000.

14

15



I N T R O D U C C I Ó N

Las políticas de seguridad pública de Veracruz se han trans-

formado aceleradamente durante las dos últimas guberna-

turas. La reingeniería del sistema policiaco nacional, carac-

terizada por la militarización pasiva, ha incluido las policías

estatales y municipales. La alternancia en el gobierno federal

ha contribuido a la consolidación de este proceso. Los conve-

nios entre el gobierno federal y el gobierno estatal se basan

en apoyos financieros y logísticos para las policías estatales y

municipales, a cambio de la información y la coordinación de

programas y operativos.

El gobierno de Miguel Alemán Velasco (1998-2004) diseñó

una política de seguridad pública que mantuvo la perspectiva

sobre ésta del gobierno de Patricio Chirinos Calero (1992-

1998); no obstante, introdujo algunas innovaciones en la

organización y funcionamiento del sistema policiaco estatal.

Entre las innovaciones del gobierno de Miguel Alemán se

cuentan la Secretaría de Seguridad Pública, las policías

rurales e indígenas, la reestructuración de la Policía

Ministerial (Provesep, 1999; Alemán, 1999) y la instalación

de videocámaras con circuito cerrado en las principales ciu-

dades del estado.

Es una paradoja, pero los cambios en la organización y el

funcionamiento del sistema policiaco estatal no han reducido

la delincuencia, la inseguridad, ni la impunidad, porque se

basan en una observación simple de la delincuencia y la

seguridad pública. Los logros de la participación ciudadana

1 7



que se propone el programa de seguridad pública son tan pre-

carios que manifiestan la baja eficiencia y legitimidad de las

policías estatales (Consultores Internacionales. Gobierno del

Estado de Veracruz). Por su parte, los ciudadanos, dispersos,

participan selectivamente —sin un programa estratégico— en

organizaciones civiles y movimientos sociales desarticulados

que sospechan de la voluntad política del gobierno estatal

para mejorar las tasas de seguridad pública.

En la consulta previa al diseño del Programa Estatal de

Seguridad Pública 1999-2004 —realizada sin la presencia

de organizaciones no gubernamentales— la mayoría de los

participantes utilizó la perspectiva tradicional de la seguri-

dad como responsabilidad del Estado. En las discusiones de

los encuentros regionales de las organizaciones civiles —las

cuales tampoco evalúan sistemáticamente las políticas

policiacas—, los gestores sociales denunciaron los excesos del

poder policiaco y las patologías generadas por la incorpo-

ración de militares a las policías, tales como la violencia, la

impunidad y el autoritarismo gubernamental en el diseño de

las políticas de seguridad pública

(ROCVER, 1999).

Los monólogos sobre la seguridad pública han producido

una situación en la cual el gobierno estatal manipula las

estadísticas delictivas y judiciales, mediante procedimientos

estadísticos y mediáticos poco rigurosos, mientras que los ciu-

dadanos y periodistas sobredeterminan casos políticos y poli-

ciacos, sin una propuesta estratégica para el control de las

patologías policiacas.

Al respecto, es útil cuestionarse: ¿Cómo determinan las

tendencias delictivas la cultura de seguridad pública?, ¿qué

patologías organizacionales han producido las politicas de la

seguridad pública regional?, ¿qué cambios jurídicos y judi-

ciales se han producido en estos años?, ¿cuáles son las causas

de la incomunicación entre los ciudadanos y el gobierno

estatal en el caso de la seguridad pública?, ¿cuáles son los

riesgos del sistema policiaco y la participación ciudadana

autónoma en los programas de seguridad pública estatal y

municipal?, ¿qué posibilidades existen de lograr un control

ciudadano de los operativos policiacos mediante redes veci-

nales de seguridad pública?

La observación de este problema implica la correlación de

distintos campos: la delincuencia y la complejidad social; la

organización y las patologías de la implementación de las

políticas de seguridad pública, y las posibilidades de la partici-

pación ciudadana autónoma en la seguridad pública.

En este ensayo se analiza un periodo corto que inicia en

1994,

con la centralización de las policías nacionales, y termina

a la mitad de la gubernatura de Miguel Alemán.* Para el

desarrollo de éste se propuso diseñar una cartografía por

municipios, regiones y delegaciones policiacas, para conocer

las tasas delictivas desde una perspectiva histórica; analizar las

politicas estatales de seguridad pública, para percibir los ries-

gos generados por su implementación, y saber las posibilidades

de la participación ciudadana en ese tipo de programas.

Para tal efecto, se utilizó la hipótesis de que en situaciones

de alternancia, tanto en el gobierno federal como en el local,

la eficiencia de las politicas del sistema policiaco respecto de la

delincuencia y la inseguridad se haya en relación directa con

* La consolidación de las alternancias municipales ha tenido un impacto

muy significativo en la instrumentación de las políticas nacionales y

estatales de seguridad pública. De producirse una extensión de las alternan-

cias locales en los procesos electorales del 2004 se incrementará la posibili-

dad de una intervención civil en el diseño y la puesta en marcha de los

nuevos programas de seguridad pública.

18

19



la participación ciudadana. Esta hipótesis fue sugerida por

una serie de trabajos académicos que abordan de manera

directa o indirecta el problema. La correlación entre el sis-

tema policiaco y la participación ciudadana local ha sido

observada desde la perspectiva sistémica de la policía, los

movimientos sociales y de protesta y la participación ciu-

dadana (Bordua y Reiss, 1972; Melucci, 1999; Luhmann,

1993; Vazquez Nava y otros, 1994). El análisis de las

patologías policiacas ha sido realizado desde la perspectiva

normativa de la policía, la sociedad civil, la esfera pública, la

ciudadanía y los movimientos sociales (Rico, 1981; Habermas,

1998). Estos últimos enfoques permitieron analizar los dis-

cursos y el tipo de rechazo que asumen los actores sociales

hacia las políticas de seguridad pública estatales y munici-

pales (Touraine, 1999).

Es muy útil considerar que —a diferencia de las teorías neo-

contractualistas— las perspectivas antineoliberales de cambio

político n'o consideran la cuestión de la seguridad pública. La

tercera vía, la vía dos y media y la social-democrática no avan-

zan hasta esta relación básica del estado y la sociedad. Por otro

lado, en una perspectiva radical para la renovación de la

politica, algunos autores posestructuralistas y posmodernos

señalan la necesidad de reformas locales, micropoliticas, cam-

pañas en lugar de un proyecto político global; sin embargo, en

el contexto actual no sólo son incapaces de pensar globalmente

para actuar localmente , sino que han sugerido romántica-

mente que podríamos deshacernos de la policía.

Para la comprensión del problema, es necesario consi-

derar que en Veracruz —un estado con 22 mil localidades y

8 ciudades medias— los índices de inseguridad y delincuen-

cia han estado sujetos a una disputa pública. A pesar de

que el gobierno estatal habla de avances en el control delic-

tivo y la disminución de la inseguridad, los ciudadanos de

las zonas urbanas pobres muestran una gran preocupación

cuando señalan a la seguridad pública como uno de los tres

principales problemas del estado (Rosenblueth, 2000). En

efecto, los convenios de seguridad pública entre el gobierno

estatal y el federal se han fincado en una mayor inversión

traducida en más policías, más armamento, más capaci-

tación, mayor coordinación operativa con el ejército y la

reforma de la Constitución estatal para legalizar las

policías intermunicipales; sin embargo, persiste la baja efi-

ciencia y legitimidad de políticas, programas y operativos

policiacos. Tanto los escándalos judiciales y policiacos como

la violación de las garantías individuales y derechos

humanos se han multiplicado.

En los municipios, las innovaciones en la gestión de la

seguridad pública han sido muy escasas. En el mejor de los

casos, los gobiernos municipales panistas y perredistas han

restringido sus programas de seguridad pública a las políticas

nacionales y estatales de centralización policiaca, mientras

que algunos ayuntamientos como Martínez de la Torre,

Tlalixcoyan y Cosamaloapan, han solicitado la incorporación

de los militares a la seguridad pública.

Los trabajos de la sociedad civil regional han sido dispersos

y de bajo nivel estratégico.

Las comisiones civiles de derechos humanos han impul-

sado la denuncia y el litigio de los casos de violación de

garantías y derechos humanos; en ocasiones, impulsaron la

capacitación de policías municipales y auxiliares. El Centro

de Estudios Municipales (CESEM) promueve —como parte de

su escuela municipalista— un monitoreo de la seguridad

pública local, la cual involucra a organizaciones civiles y fun-

cionarios municipales opositores (CESEM, 2000).

20

2 1



Los medios de comunicación elaboran balances coyunturales

de la seguridad pública, mediante la denuncia, la inflación de

los casos de nota roja y la discusión pública sobre la eficiencia

policiaca. Los partidos politicos —en su dinámica electoral— ape-

nas mencionan la inseguridad, la delincuencia y la policía,

como parte de sus posibles agendas gubernamentales. Las

organizaciones civiles y los clubes rotarios, integrados por

comerciantes y pequeños empresarios, han impulsado la

autovigilancia, mientras los banqueros y los grandes comer-

ciantes y empresarios suman a sus costos la seguridad privada.

A estos esfuerzos de autoorganización les subyace un pro-

ceso de desigualdad social que polariza a la sociedad vera-

cruzana. En un contexto de la concentración de la riqueza y

altas tasas de pobreza, los actores sociales, organizaciones

civiles y movimientos colectivos, se interrogan sobre la plau-

sibilidad de las políticas de seguridad y las reacciones del

gobierno estatal ante las iniciativas civiles en materia de

seguridad ciudadana.

Los procesos electorales federales y municipales han gene-

rado una nueva discusión en torno a la seguridad pública.

Particularmente, la sucesión gubernamental y las elecciones

municipales del 2004 abren la posibilidad de innovaciones en

el diseño de programas para la inclusión de la participación

social autónoma, mediante redes de seguridad y de control

civil de algunos operativos policiacos y un consejo ciudadano.

Este ensayo, define a la seguridad pública como un con-

junto de prácticas estatales orientadas al respeto de las

garantías individuales y los derechos humanos. La inseguri-

dad es conceptualizada como la percepción de la impunidad y

la delincuencia. Particularmente, se asume a la delincuencia

como el sustrato ilegal de la percepción simbólica de la inse-

guridad (Stevens, 1999).

La participación ciudadana es definida como una serie de

prácticas y discursos de organizaciones civiles —gubernamen-

tales y no gubernamentales— que constituyen la contingente y

diferenciada sociedad civil regional. Para efectos de este tra-

bajo, se supone que la participación ciudadana en la seguri-

dad pública es un segmento de ese conjunto de prácticas y

discursos civiles. En esa lógica, se presenta al sistema poli-

ciaco como un conjunto de acciones y comunicaciones con

metas y objetivos específicos. Particularmente, se diferencia

entre eficacia, eficiencia y legitimidad para el análisis de las

políticas nacionales y estatales de seguridad pública.

Para la verificación de la hipótesis, se desarrolló una inves-

tigación cualitativa, aunque se echó mano de algunos instru-

mentos cuantitativos: se capturaron los datos estadísticos

sobre orden y seguridad pública del Anuario Estadístico de

Veracruz

de 1994 al 2000; se diseñó una base de datos

hemerográficos; se construyó una cartografía delictiva con

base en algunos indicadores tales como desempleo, urbani-

zación, alternancias, desencanto religioso y migración.

La producción de datos en torno a las políticas, leyes y

planes nacionales y estatales de seguridad pública, las com-

parecencias de los secretarios de gobierno ante la legislatura

local y las propuestas de seguridad• pública de los partidos

políticos, se realizó mediante análisis de contenido. Para

conocer la participación de la sociedad civil regional en torno

a la seguridad pública, se aplicaron entrevistas a líderes y

gestores sociales, así como a los nuevos promotores de los

comités de participación ciudadana institucionalizados.

La investigación se centró en los municipios con mayores

tasas delictivas y mayor complejidad social, tales como Pánuco,

Ozulama, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Huayacocotla, Martínez

de la Torre, Jalacingo, Perote, La Antigua, Cosamaloapan,

2 2 23



Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, Paso del Macho, Xalapa,

Veracruz, Boca del Río, Zongolica, Coatzacoalcos, Nanchital,

Acayucan, Camerino Mendoza y San Andrés Tuxtla.

El ensayo está integrado por tres capítulos: el primero

analiza la correlación entre las tasas delictivas y una serie de

variables de la complejidad social local; el segundo atiende la

implementación selectiva de los operativos y programas de

seguridad pública del gobierno estatal, con énfasis en sus

patologías y, el tercero, se ocupa de las causas del bloqueo

de la participación ciudadana autónoma a los programas de

seguridad pública.

Las ideas básicas de este texto son parte de un proyecto

más amplio, el cual continuará con el estudio de los casos de

mayores tasas delictivas y complejidad social regional. El

estudio de las correlaciones, que en este texto se suponen en

una dimensión general, se realizará mediante el trabajo de

campo. En el proyecto enunciado, y del cual el presente forma

parte, será muy importante el caso de Sochiapa, debido a las

innovaciones que introdujeron sus habitantes en la seguridad

pública local.

Este ensayo ha sido escrito bajo el supuesto de que la labor

académica debe orientarse por la ética de la responsabilidad

pública y el sentido práctico. Agradezco a Mario Trujillo, a Laura

Mateos y a Bárbara Benítez el apoyo que me brindaron.

Especialmente a la profesora Guadalupe Páez Paniagua por su

rigurosa corrección del manuscrito. Asimismo, agradezco al

Programa de Mejoramiento de Profesorado de la Subsecretaría

de Educación Superior e Investigación Científica el finan-

ciamiento del proyecto con el cual se produjo este texto. Durante

la escritura del ensayo me beneficié de los sugerentes comenta-

rios del doctor Martín Aguilar Sánchez.

I . L A D E L I N C U E N C I A E N V E R A C R U Z

Preámbulo

Los datos delictivos publicados por las instituciones del sis-

tema policiaco regional opacan a la opinión pública. El debate

acerca del incremento o disminución de la delincuencia se ha

desarrollado hasta ahora mediante usos singulares de los

datos acerca de los delitos denunciados, al grado de que

puede hablarse de datos vacíos.

Una alternativa para el análisis complejo de la delincuen-

cia en Veracruz requiere de una observación integral que

articule el campo de la delincuencia con otros ámbitos y sis-

temas sociales regionales. El análisis de la correlación simple

de los datos delictivos con los índices de crecimiento de la

población puede configurar la legitimidad estatal, pero ayuda

muy poco para la comprensión de los procesos que generan

las altas tasas delictivas.

La correlación de los indicadores delictivos con los procesos

de urbanización, desempleo, migración, alternancias y desen-

canto religioso, permite una comprensión del sentido de las

modalidades que ha adquirido la delincuencia en el estado. El

análisis de las relaciones de esos campos aporta elementos

para el diseño de políticas y programas públicos. Desde la

observación ciudadana, el segmento policiaco de la delincuen-

cia es uno de los procesos más riesgosos y caros para la

seguridad pública.

2 4

25



El campo delictivo

Los datos delictivos pomo significantes vacíos

De acuerdo con las estadísticas gubernamentales del estado

de Veracruz, la delincuencia ha disminuido. Los datos del

gobierno estatal —enviados al Sistema Nacional de Seguridad

Pública, que calcula un delito por cada 1000 habitantes—,

indican que Veracruz ocupa el lugar 26 en la escala nacional

sobre incidencia delictiva.'

Durante la primera mitad del gobierno de Miguel Alemán

(1998-2004), Veracruz habría pasado del lugar nacional 24 al

26 en incidencia delictiva.

2

Este logro ha sido presentado por las élites políticas y poli-

ciacas como resultado de la institucionalización reciente de la

seguridad pública estatal. Declara la Dirección General de

Seguridad Pública en diciembre de 1999: en esta primera

etapa de administración [...] Veracruz tiene uno de los índices

de delincuencia más bajos del país .

3

Asimismo, en el 2002,

Miguel Alemán en su iv Informe ratifica que Veracruz es hoy

el cuarto estado más seguro del país y la entidad con menos

incidencia de delitos del fuero federal (Alemán, 2002: 39).

En realidad, no existe consenso acerca del grado de riesgo

delictivo en Veracruz para las personas y los capitales atraí-

dos con la oferta de seguridad, como insumo de las inver-

siones. El debate público acerca de las tasas delictivas se ha

1 SSP,

comparecencia del secretario, 27 de junio de 2001.

Cfr.

Sandra

García, Altos índices de delincuencia , Az, 30 de enero de 2003, Xalapa, Ver.

2

Aurelio Contreras, Delincuencia en aumento , Az, 7 de mayo de 2001,

Xalapa, Ver.

3 DGSPE,

Modernización y logros en Seguridad Pública,

Xalapa, Ver., 1999.

26

desarrollado mediante estrategias delictivas instrumentales

poco transparentes para los ciudadanos.

Los anexos estadísticos de los cuatro informes de gobierno

de Miguel Alemán (1998-2002) presentan, en promedios men-

suales, los datos delictivos de cada año, sin explicar el for-

mato utilizado. El Iv informe recupera los datos acumulados

durante la gubernatura actual. De acuerdo con los anexos, los

delitos de fuero común más frecuentes son el robo, el homi-

cidio, la violación y las lesiones, mientras que los de fuero

federal son los delitos contra la salud y violación a la ley de

población (Alemán, 2002).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática (INEGI), los delitos aumentaron en un

promedio

anual de 2.1% de 1990 al 2000. La serie estadística

de datos sobre el total de delitos denunciados en Veracruz, se

incrementó de 1996 a 2000 de 11 723 a 13 097, mientras que

el total de delitos denunciados en el país pasó de 181 743 a

1 8 3 9 7 7 . 4

Las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado (SSIDE) y la Procuraduría General de Justicia del

Estado (PGJE) son diferentes y en ocasiones opuestas.

5

Para legitimarse, la Secretaría de Seguridad Pública —sub-

secretaría hasta el 1 de junio del 2001— y la Procuraduría

General de Justicia, utilizan datos comparativos de delitos

seleccionados, acaecidos durante espacios de tiempo muy cortos.

4

INEGI,

Estadísticas judiciales en materia penal,

cuadernos 8-9, México,

2000.

5

SSP, Veracruz,

Índices delictivos, enero-febrero, 1998-2000,

Gobierno del

Estado de Veracruz-Llave.

PGJE.

Delitos cuya denuncia ha disminuido, enero-

junio, 1999-2000,

2 de agosto de 2000, Gobierno del Estado de Veracruz-

Llave.

27



Al respecto, la Subsecretaría de Seguridad Pública, con

datos de la Dirección General de Seguridad Pública del

Estado (DGSPE), elaboró un informe sobre índices delictivos

que incluye información acerca del desarrollo del delito, de

enero de 1998 a febrero del 2000. La comparación manifiesta

la reducción de delitos patrimoniales en 0.7%, y el incremento

de los no patrimoniales en 29.8%.

La Procuraduría informó, el 2 de agosto del 2000, que un

análisis comparativo de los delitos denunciados de enero de

1999 a junio del 2000 manifestaba una disminución del

5.51%.

En ambos casos, la información desagregada ofrece datos

sobre el desarrollo desigual de los delitos clasificados como

patrimoniales y no patrimoniales en el primer caso, y denun-

ciados, en el segundo.*

Respecto a los delitos patrimoniales, el informe de la

Subsecretaría insiste en el incremento del 100% de los robos

a casa habitación y en la reducción del 100% de los robos a

bancos; en el incremento del 233% de robos a taxistas y el

200% de robo a vehículos. Asimismo, en el caso de delitos no

patrimoniales, el informe señala que el homicidio disminuyó

24.6%, mientras que las muertes imprudenciales se incre-

mentaron 45A%.

Para la Procuraduría, los robos a casa habitación se redu-

jeron al 18.48%, mientras que no se denunció ningún robo a

bancos. El robo a vehículos se habría incrementado un 6.78%.

* Los delitos referidos en el documento como patrimoniales son robo en

distintas modalidades y abigeato; los no patrimoniales, homicidio, atrope-

llamiento, suicidios, lesiones, secuestros, rapto y violación, delitos contra la

salud y delitos menores .

28

El 8 de mayo del 2001, la Procuraduría reprochó a los

medios de comunicación —específicamente al diario

AZ,

que

público el día anterior una nota que insistía en el incremento

delictivo— la mala interpretación de los datos puestos a dis-

posición de la opinión pública . 6

Para la

PGJE,

la comparación

del periodo de enero a marzo del 2000 con el mismo periodo del

año 2001 representó una disminución del 0.28% de los delitos

denunciados.

AZ

sostuvo que la delincuencia no sólo no se detuvo sino que

aumentó [...] en las principales ciudades de la entidad , y puso

bajo sospecha el logro mínimo de la reducción divulgada por la

Procuraduría; expuso, además, el incremento de algunos deli-

tos, tales como violaciones, homicidios y lesiones, por encima

de la media nacional.? La respuesta de la Procuraduría consis-

tió en incorporar al debate datos de 1999, desechando el índice

medio nacional por delito para utilizar la tasa de crecimiento

promedio de la población estatal. Los datos de la Procuraduría

hablaban ahora de una reducción del 2.08%.

El 14 de octubre del 2001

AZ

ratificó su argumento.

8

Al

respecto, los ciudadanos desconocen la cartografía elaborada

por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNsP) con base

en datos enviados por los gobiernos estatales. Dicho mapa delic-

tivo representa un asunto de seguridad estatal, por lo cual los

ciudadanos no tienen información sobre la tasa delictiva real.

En estos monólogos institucionales opera una estrategia

que imposibilita el debate público basado en argumentos. En

6

Desplegado-PGJE ,

Az,

8 de mayo 2001, Xalapa, Ver.

7

Respuesta a la Procuraduría'',

AZ,

9 de mayo 2001, Xalapa, Ver.

8

José Juan García, Revelan estadísticas incremento en delitos ,

AZ, 14

de octubre de 2001, Xalapa, Ver.

29



1 , 1

sta babel los números son un significante vacío. Este conflicto

de interpretación estadística es un buen ejemplo de la micropo-

litica de la legitimidad policiaca. Los datos son interpretados y

tilizados con intereses y procedimientos diferentes.

En el proceso de construcción de la legitimidad estatal y de la

opinión pública sobre la eficacia policiaca, las estadísticas delicti-

vas flotan sobre el número real de delitos, de modo que no regis-

tran ni imaginan la dimensión de lo que declaran. Es evidente la

ultrageneralización en el uso político de los datos absolutos sobre

los delitos registrados, así como en el uso técnico de las tenden-

cias relativas en ciclos cortos, mientras que existe una compara-

ción inexacta en la medición de la tendencia estatal y la media

nacional, debido a que se ignora cómo se calcula esta última.

El disenso es semejante en el campo académico y cultural.

Los diagnósticos públicos y privados sobre la delincuencia

estatal de los últimos 5 años no pueden compararse debido a

la divergencia de sus metodologías.

Un análisis criminológico pionero realizado con base en

1603 entrevistas a reclusos y autoridades penitenciarias,

sostiene que los delitos más frecuentes son el homicidio, el

robo, la violación y las lesiones (Gamboa, 1994).

La investigación divide al sistema de reclusorios en tres

zonas.

En la zona norte, la cual incluye los reclusorios de Tuxpan,

Poza Rica, Papantla y Misantla, la composición básica del

delito era de 42.63% de homicidios, 29.71% de robos y 7.49 de

violaciones. En la zona centro, integrada por los reclusorios

de Perote, Pocho Viejo, Coatepec, Orizaba y Córdoba, los deli-

tos principales eran homicidio en 42.92%, robo en 23.02%,

violación en 8.86% y lesiones en 7.93%.

En la zona sur, configurada por los reclusorios de

Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Coatzacoalcos, el

30

homicidio representaba el 29.32%, el robo el 27.40%, la violación

el 12.91% y las lesiones el 8 .02% (Gam boa, 1994).

Con base en datos del

Anuario Estadístico de Veracruz de

1998,

el Programa Estatal de Seguridad Pública sostiene que

los delitos de fuero común más recurrentes son robo, lesiones,

daños, coacciones y amenazas; abuso de confianza, despojo,

incumplimiento de obligaciones y homicidios, entre otros.

Particularmente, el robo —que representó el 28%— se con-

centró en Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza

Rica, Orizaba, Boca del Río, Minatitlán y Tuxpan. Del con-

junto, los robos a domicilio, comercios, transeúntes y de

vehículos son los tipos penales más frecuentes.

De acuerdo con la

SSPE,

en 1997 se interpusieron 63 415

denuncias de delitos del fuero común: 17 583 por robo; 12 900

por lesiones; 6 211 por daños; 4 767 por coacción y amenazas;

2 340 por abuso de confianza; 1 789 por despojo; 1 729 por

incumplimiento de obligaciones; 1 005 por homicidios y 11

342 por otros tipos penales (Provesep, 2000: VII-14).

En esta lógica, bajo el argumento de la delincuencia como

un problema cultural , un estudio de consultoría —encargo del

gobierno estatal— insiste para 1990-1997 en la disminución de

los sentenciados, pero enfatiza el incremento de los presuntos

responsables en Veracruz. Según esta descripción cartográfica

—elaborada con datos del año 1990— los presuntos respon-

sables en Veracruz se concentran en la región de las Grandes

Montañas, mientras que en las regiones Central, Centro Norte

y de las Selvas, Sotavento y Totonaca, los índices delictivos

resultan menores. La concentración de sentenciados opera de

una forma semejante; éstos se agrupan en las regiones de las

9

INEGI,

Anuario Estadístico de Veracruz

d e 1 9 9 8 , M éx i co .

31

•



Grandes Montañas, Sotavento y de las Selvas, mientras que

en la Huasteca, Totonaca, Central Norte y Central, el número

de sentenciados es menor (Consultores Internacionales.

Gobierno del Estado de Veracruz, 2000: 207-215).

Una autodescripción institucional de las delegaciones poli-

ciacas y las policías intermunicipales, elaborada por la

SSPE,

registra altos índices de lesiones y robos a casa, negocio,

vehículos en Veracruz en los años de 1998 y 1999. Las lesiones

son el delito constante en todas las delegaciones y subdelega-

ciones, mientras que el robo a casa habitación representa la

principal modalidad de robo (SSPE, 1999; ver cuadro I).

La Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las

Entidades Federativas integrada por el Instituto Ciudadano

de Estudios sobre la Inseguridad (ICES» y aplicada durante

el

2001, ubica a Veracruz —a diferencia del

SSNP

—

en el lugar

número 15 de incidencia delictiva nacional, mediante un

cálculo de un delito por cada 100 000 habitantes. Asimismo,

sitúa a Veracruz en el lugar número 12 en la escala de inse-

guridad nacional según las percepciones de sus propios habi-

tantes. Este ensayo utiliza una muestra de 35 001 entrevista-

dos, ponderada según las poblaciones estatales con un grado

de confianza del 95% (icEsi, 2002: 9).

En los informes anteriores, el campo delictivo se configura

mediante las muestras de los recortes estadísticos. La disper-

sión de las mediciones no permite una observación compleja

de éste. En el desorden cuantitativo, el conjunto de datos ha

determinado lo que los diferentes sujetos institucionales

y

académicos han decidido en torno a la delincuencia como una

forma de superar la perplejidad y la incertidumbre de este

proceso, el cual ha sido caracterizado como un monstruo de

mil cabezas o bien como un cáncer que corroe las entrañas

de nuestra sociedad (SSPE, 1999: 10; Ávila, 2001).

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A

1

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2

1 a. a. ir.

9

32



La invisibilidad del entorno

Para las élites politicas y policiacas la delincuencia bloquea

las inversiones y genera malestar cívico. La delincuencia en

el léxico gubernamental de Veracruz aparece como un fla-

gelo , como una apocaliptica amenaza y como una baja de

niveles de moral y comportamiento .rn En realidad no existe

en los documentos oficiales una definición rigurosa de la

delincuencia. En la mayoría de los análisis estatales, ésta se

relaciona con la inseguridad; de tal modo que no establece

ninguna diferencia conceptual entre ambas. Para una

descripción del sentido que las élites políticas y policiacas

otorgan a la delincuencia durante el gobierno de Miguel

Alemán, es necesaria una deconstrucción de los enunciados

singulares de éstas acerca de la seguridad pública como un

piso para las inversiones.

Al respecto, la seguridad pública se presenta como condición

indispensable para la instalación y crecimiento de empresas , en

el Plan Estatal de Desarrollo; como condición indispensable para

promover nuevas inversiones , en el Programa Veracruzano de

Seguridad Pública; como una necesidad para que Veracruz sea

un destino de alta calidad turística y continúe con su importante

desarrollo industrial y comercial , en el informe sobre los logros

de la modernización policiaca y, en el documento del Consejo de

Inversiones de Veracruz (COINVER), como un elemento del esce-

nario positivo para la inversión de capitales (Alemán, 1998: 82;

Provesep, 1998: VIII; SSPE,

1999: 3; COINVER, 2002: 2).

Puede inferirse que la delincuencia representa un peligro

al que se denomina inseguridad. En estos textos, la inseguri-

° DGSPE,

Modernización y logros en Seguridad Pública,

M éx i co , 1 9 9 9 .

dad no es una percepción subjetiva de la delincuencia como

proceso objetivo. Así observada, implica un conflicto disfun-

cional que debe solucionarse. En realidad, la inseguridad

regional, es decir, la percepción ciudadana de la delincuencia

(Ruiz Harrell, 1998), significa un peligro para la legitimidad y

la gobernabilidad a partir de esta observación simple. Las

opiniones públicas de los empresarios, dirigentes indígenas y

campesinos —élites locales y estatales opositoras— represen-

tan para las élites politicas y policiacas un ruido innecesario

que debe silenciarse.

Las descripciones de la delincuencia y sus causas en los

diagnósticos analizados, si bien contribuyen a una medición

episódica, son francamente insuficientes.

Estos acercamientos parciales eluden la victimación, la com-

posición orgánica de las tasas delictivas y la dinámica del des-

orden social al que se suma la delincuencia regional. La victi-

mación es un proceso del cual sólo puede saberse mediante pro-

cedimientos indirectos como la encuesta: representa el lado

oscuro de la delincuencia. La composición orgánica de la tasa

delictiva incluye los delitos del fuero común y federal, cometi-

dos en un espacio social, y los delitos policiacos conceptuados

como impunidad. De tal modo es posible afirmar que la delin-

cuencia se articula con otros campos y sistemas sociales.

Respecto de la victimación, este ensayo dedica un

apartado en el siguiente capítulo. Por el momento, habrá que

ocuparse del análisis sobre la composición orgánica del delito

en Veracruz y de las relaciones de éste con los sistemas

económico y político regional. Para tal efecto, se define a la

delincuencia como un universo de prácticas ilegales que repre-

sentan altos costos económicos y sociales; se concibe a la

inseguridad como la ercepcio subjetiva

de la delincuenci

Tia impunidad;

y

á

a segun ad pública como las práctic s

34

35



estatales que debieran orientarse al respeto de las garantías

y los derechos humanos; de tal modo que un análisis com-

plejo de la delincuencia debería interpretarla como una

inclusión social colateral (Stevens, 1999;

C EP AL,

2000; Zavaleta,

2000).

Una observación compleja del campo delictivo

La dialéctica delictiva global

El elemento comú n entre las descripciones anteriores acerca

de la delincuencia estatal es que carecen de una p erspectiva

com pleja. Los diagnósticos y mapas delictivos se reducen

a

una interpretación estadística y geográfica de los delitos, en

intervalos de t iempo muy cortos , y m ediante perspectivas

sociales limitadas.

La delincuencia es p roducto de una constelación de

causas

que no debiera analizarse com o anomia o como la ausencia

de capital social , sino como p arte de un desorden productivo

característico de un tipo de sociedad (Fukuyama,1999;

Arriaga/Godoy, 1999; Zavaleta, 2000).

Una perspectiva compleja de la delincuencia estatal

requiere de un giro en la descripción de variables simples

tales como las leyes, los delitos, los jueces y las policías, anali-

zadas po r lo s diagnósticos institucionales y algunas tesis uni-

versitarias de abogad os, hacia un estudio de variables estruc-

turales, como la desigualdad, las politicas de seguridad y la

participación ciudadana.

Una o bservación de este tipo debe situarse en una dimen-

sión g lobal ya qu e entre la de l incuencia g lobal y

local hay

reciprocidad.

La delincuencia es observada por los ejecutivos de los

organismos globales como

una red d e redes que irritan al

sis-

tema mundial (ONU, 1996). Para ellos, representa una con-

densación de flujos delictivos cuyos costos materiales deteriol

ran el capital economice y socia e as naciones.

Los delitos son producto de quienes invierten sus capitales

delictivos en el juego global dispuesto por las redes ilegales

arraigadas en las principales ciudades del sistema mundial

capitalista. Los delincuentes se socializan en los juegos del

campo delictivo, mediante una serie de aprendizajes, tácticas

y estrategias (Sterling, 1996).

Evidentemente, los procesos de globalización económica

expanden las redes delictivas, multiplican los delitos y pro-

ducen un número creciente de infractores que juegan intensa-

mente en el ámbito delictivo. Así, la delincuencia es un riesgo

societal que los grupos económicos y politicos temen y sufren

por diversas causas.

Para los ejecutivos de los organismos globales, los delin-

cuentes no son un producto social sino, por el contrario, gru-

pos que decidieron excluirse de los sistemas sociales para

dañar a la sociedad.

Al respecto, es útil concebir que la delincuencia es inhe-

rente a los procesos sociales; que ésta, junto con los delitos y

los delincuentes, son parte del sistema mundial y de las

sociedades nacionales.

La cuestión fundamental sería, entonces, si la delincuencia

es una empresa, ¿quién extrae el plusvalor y quién acumula

las ganancias ilegales? La respuesta a esta pregunta sólo

puede configurarse a través de

una

observación compleja de

los flujos delictivos. La condensación de tales flujos en la red

de redes globales no significa que todos los procesos locales se

conecten a la red del sistema mundial capitalista.

36

7



La delincuencia regional

La delincuencia se ha incrementado en las sociedades lati-

noamericanas durante la última década. La Comisión

Económica para América Latina (CEPAL) señala que, durante

los años noventa, los hechos delictuales y los niveles de vio-

lencia aumentaron en todas las urbes de la región. El con-

senso entre diferentes analistas es que la delincuencia es un

obstáculo para el desarrollo. La correlación entre delincuen-

cia y desigualdad es una constante en las sociedades lati-

noamericanas (Carranza, 1997;

CEPAL,

2000: 208; Peñaloza/

Espinosa, 2000: 2; Arraigada/Godoy, 1999: 8; véase cuadro II).

En México, la delincuencia estalló como parte de la caída

del bloque histórico nacionalista y se ha convertido en la prin-

cipal preocupación de las élites políticas y los ciudadanos

mexicanos. En el debate público, existe disenso acerca de la

magnitud de la delincuencia, especialmente, acerca de las

causas del nuevo ciclo delictivo que se abrió después de 1995.

La idea de la correlación entre pobreza y delincuencia,

establecida a partir de la articulación entre el producto

interno bruto (PIB), el desempleo y los delitos —como lo pro-

pone Ruiz Harrell—, ha sido impugnada por quienes sostienen

que no existe ninguna relación entre tales procesos (Ruiz

Harrell,

1998; IMECO

3

1998).

La

encuesta nacional realizada por el Instituto Ciudadano

de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), en el 2001, establece

que el 92% de estos fueron robos; el 66% no fueron denuncia-

dos; el 44% se cometieron con violencia y el 23% de la

población ha modificado sus patrones de comportamiento; el

14% de los hogares sufrió al menos un delito, el 75% percibió

un incremento en algunos de éstos, y el 47% se siente inse-

guro en su lugar de origen. El costo económico de los delitos

3 8

cometidos en el 2001 se estima, pues, en 49 mil

millones de

pesos, es decir, el equivalente al 0.85% del PIB (ICESI,

2002).

En Veracruz, las tasas delictivas contribuyeron a la delin-

cuencia global.

Hasta aquí, resulta claro que la delincuencia en Veracruz

es parte del desorden regional, producto de las políticas

económicas estatales. La implementación de estas políticas para

el cambio de modelo económico produjo una fragmentación

social que se contuvo mediante la institucionalización de los

movimientos sociales regionales. La sociedad veracruzana es

cada vez más compleja y polarizada.

En el ciclo de gobierno que incluye las tres últimas guber-

naturas (1980-2002), la institución inicial de un modelo

exportador ha generado mayor desigualdad. En tales circuns-

tancias, aumentaron la pobreza y la delincuencia y se multi-

plicaron los movimientos sociales. La participación política no

disminuyó con la pobreza en Veracruz, se diferenció subordi-

nando las formas de participación política tradicional y las

viejas reivindicaciones clasistas, mediante un patrón de com-

portamiento político pragmático, fundado en las políticas

y programas sociales estatales. ¿Que sucedió con la pobreza y

los movimientos sociales? En seguida se argumentará al

respecto. En cuanto a lo ocurrido acerca de la delincuencia en

el estado se hablará en el siguiente apartado.

Veracruz es el estado que mayor número de pobres concen-

tra en las ciudades y ocupa el último lugar en la impartición

de justicia en el país.

1 2

De acuerdo con las estadísticas del

1 1

Cf

r. 'Veracruz se ha convertido en el estado que tiene los mayores

índices de pobreza extrema en las ciudades, afirma estudio de la

Iberoamericana , en http//www .politicaymas.com/.

12

AZ,

5 de septiembre de 2002.

39



Instituto Nacional de Nutrición (INN), Veracruz ocupa el

cuarto lugar nacional en marginación y, según el Consejo

Nacional de Población (Conapo), hay 61 municipios altamente

marginados en el estado. En esta lógica, el informe de la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado —elaborado

con base en la Encuesta Estatal de Ingresos y Gastos en

los Hogares de 1994-- señala que en Veracruz el 20.7% de los

Cuadro

II.

Probabilidades de ser víctima de homicidio y tasas

de homicidio por 100 000 habitantes en diversas ciudadel

de América

Ciudad

Probabilidades

Tasa delictiva

Año

Medellín

Cali

Caracas

Sao Paulo

Washington

Bogotá

Balt i more

Detroit

1/403

1/800

1/1785

1/1844

1 /201 2

1/2033

1/2123

1/2326

2 4 8

125

56

53.1

49.7

49.2

47.1

43

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 6

1997

1 9 9 8

1 9 9 7

1 998

1 9 9 8

Tijuana

1/3252

30.8

1 996

Bahía

1/3337

30

1 997

Río de Janeiro

1/3440

29.1 1 997

Philadelphia

1/4288

23.3

1998

Dallas

1/4322

23 .1

1 998

Bétem

1/4672

21.4

1997

Guadalajara

1/5223

19.1 1996Phoenix

1/6625

15.1

1 998

Houston

1/707 5

14.1

1 998

Chicago

1/7132

14

1 996

Los Ángeles

1/8502

11.8

1 9 9 8

M éx ico

1/9147

10.9 1 998

Nueva York

1/11624

8.6

1 998

San Antonio

1/ 123 68

8.1

1 998

Santiago

1/12500

8

1 9 9 6

Buenos Aires

1/17135

5.8 1996

San Diego

1/287 08

3.5

1 998

Revista

Este País,

núm. 116.

habitantes vive en la pobreza extrema y alberga el 40.9% de

población rural. La intersección de los indicadores del

INN y

Conapo arroja 43 municipios en pobreza extrema (Finanzas,

2001 : 34).

En el piso de la pobreza, se incrementaron los movimientos

sociales y civiles no tradicionales. Hay en Veracruz 800 orga-

nizaciones civiles, 300 de las cuales se instituyeron durante el

gobierno de Miguel Alemán. Los viejos agentes del campo y

la ciudad se articularon en demandas por el acceso a créditos

y empleo.

Los viejos movimientos campesinos de los años setenta y

ochenta que luchaban por la tierra y los créditos agrícolas,

hoy lo hacen por el acceso a los programas de política social o

bien por el reconocimiento de la autonomía municipal. La

apertura agrícola por el libre comercio puede complicar el

espectro de movimientos sociales. Los viejos movimientos

urbanos de las dos décadas pasadas, que luchaban por

vivienda y regularización de lotes, se han incorporado a los

comités de vigilancia y a los patronatos para acceder a los ser-

vicios públicos, y participan, directa o indirectamente, como

votantes u observadores de los procesos electorales munici-

pales. A partir de la última gubernatura, la de Miguel

Alemán, los conflictos por la gestión municipal se convirtieron

en uno de los procesos más tensos de la gobernabilidad

regional. Los casos de Coyutla, Sochiapa, Ixhuatlán y

Ayahualulco son los conflictos más representativos (Olvera,

2001; Enfoque Veracruz, 2003).

13

Existen 800 agrupaciones civiles-políticas en Veracruz ,

Imagen de

Veracruz,

17 de febrero de 2003. Para una idea precisa de los actores civiles

regionales puede consultarse la tipología de actores desarrollada por el sitio

web enfoqueVeracruz.com/. La información referida podría proceder de los

archivos políticos del gobierno estatal anterior.

40

41



Las reivindicaciones clasistas y por el reconocimiento de

los derechos socioculturales se encuentran latentes en los

programas políticos de los agentes del campo y la ciudad; sin

embargo, las reivindicaciones que pesan en el intercambio

político con los sujetos institucionales y las redes de la

sociedad civil regional son básicamente de carácter

económico. La constelación de agentes sociales y civiles se ha

diferenciado con la aparición de una serie de movilizaciones

que, incluidas genéricamente en el discurso clasista de los

movimientos sociales tradicionales, hoy reivindican su dife-

rencia sociocultural; por ejemplo, los movimientos feministas,

lésbico-gay, trasvestidos, indígenas y religiosos de carácter

protestante

(ROCVER,

1999).

Las reglas del campo delictivo

Se podría trazar una cartografía del riesgo social generado

por la delincuencia estatal de acuerdo con un índice social.

Para tal efecto, la observación compleja de la delincuencia

estatal ha de realizarse mediante la recuperación de los princi-

pales criterios establecidos por los analistas globales de este

proceso. La preocupación de los organismos financieros y globa-

les por la delincuencia ha impulsado la investigación acerca del

vínculo entre eficacia judicial, crecimiento económico y delin-

cuencia. Este tipo de investigación analiza los nexos entre

delincuencia y crecimiento urbano; empleo y creencias reli-

giosas (Esteban, 1994; Gaviria/Pages, 1999; Glaeser, 1999).*

* Al respecto: [...] our analysis focuses on how victimization rates vary

with the socioeconomic status of the victims, with the population size of their

city of residence, and with the city's recent population growth. We find that,

on average, victimization rates increase with socioeconomic status, city size,

Este tipo de observación está obligado al uso de las estadís-

ticas delictivas institucionales de delitos denunciados, las

cuales no sólo son las únicas disponibles, sino también son

las cifras más cercanas al dato de la criminalidad real (ó las

menos alejadas de él) ; además, implica un ajuste de la tasa

internacional de 100 000 habitantes a 10 000 para la co-

rrelación con la población total. Asimismo, las tasas delictivas

calculadas mediante tal correlación deben articularse al

índice social construido con las tasas de crecimiento urbano,

desempleo, migración y creencia religiosa concebidas como

factores de riesgo (Carranza, 1997: 25). La correlación no

supone en todo caso una determinación causal simple; por lo

contrario, la idea de la delincuencia, como proceso producido

por

una constelación de causas, apunta a la sobredetermi-

nación concreta de los procesos sociales referidos.

La delincuencia se incrementó en Veracruz durante el

lapso 1994-2000. En 1994 se cometieron 47 985 delitos, y en

el 2000, 58 635. La tasa delictiva de Veracruz para 1994 fue

de 71.22%, mientras que para el 2000 fue de 84.86%. La tasa

delictiva se incrementó 13.64%; de tal modo que el promedio

de incremento delictivo fue de 1.9 % anual. Éste coincidió con

el incremento nacional y regional (Ruiz Harrell, 1998), puesto

que a partir de 1995, sobre todo en 1996 y 1997, en todos los

municipios, regiones y delegaciones aumentó la delincuencia

de manera sostenida hasta el 2000.

and population growth at the city level [...1 Rapid urban growth may be

accompanied by increasing poverty, unemployment and joblessness, which in

turn

may give rise to higher crime ratas (Gaviria/Pages, 1999: 4). Asimismo:

1.1

he finds

that church attendance is a particulary strong predictor of the

level of

crime (Glaese, 1999).

42

3



De acuerdo con esta cartografía, los municipios con tasa

delictiva muy alta en el 2000 son La Antigua, 237.29;

Córdoba, 231.66; Veracruz, 215.56; Orizaba, 206.67; Poza

Rica, 213.23; Huatusco, 206.55 y Ozuluama, 201.28.

Los municipios con tasa delictiva alta son Jalacingo,

184.14; Xalapa, 179.96; Cosamaloapan, 179.57; Boca del Río,

176.73; Zongólica, 156.98; Coatzacoalcos,152.88; Nanchital,

150.27; Acayucan, 147.62; Camerino Mendoza, 142.46;

Fortín, 139.84; Martínez de la Torre, 130.32; Paso del Macho,

130.24; Tuxpan, 130.16; San Andrés Tuxtla, 125.82; Perote,

117.17; Pánuco, 114.61; Huayacocotla, 105.57; Papantla,

100.41.

En el 2000, los delitos se concentraron en las regiones del

Sotavento, 131.35; Totonaca 92.00 y Central, 89.86; del mismo

modo que en las delegaciones policiacas de Veracruz-Boca del

Río, Xalapa-Banderilla-San Andrés Tlalnehuayocan, Poza

Rica-Tihuatlán-Coatzintla, Las Choapas, Ciudad Mendoza,

Tuxpan, San Rafael y Perote (ver cuadro III y mapa I).

Las regiones más desintegradas por la urbanización, el

desempleo, la polarización religiosa y las alternancias politi-

cas son la Huasteca, Centro Norte y de las Grandes Montañas;

sin embargo, las mayores tasas delictivas se concentran en

las intersecciones de regiones y delegaciones policiacas en las

cuales se han institucionalizado las policías intermunicipales.

Las bolsas de delitos se concentran en las delegaciones de

Veracruz-Boca del Río, Xalapa-Banderilla-San Andrés

Tlalnehuayocan, Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, juridic-

ciones de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tuxpan-

Coatzintla (PIPRTC), Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-

San Andrés Tlalnelhuayocan (PIXBT), Policía Intermunicipal

Veracruz-Boca del Río (PB/BR) y en las delegaciones policiacas

de Las Choapas y Ciudad Mendoza (ver mapa II y gráfico I).

44

El incremento de la delincuencia se ha producido de forma

paralela al aumento de la urbanización, el desempleo, la con-

solidación de las alternancias municipales y el deterioro de la

hegemonía católica. Es necesario insistir en que el para-

lelismo no significa una determinación mecánica; una obser-

vación compleja de tipo macrosocial se limita a establecer las

relaciones entre campos y sistemas (ver gráficos

II, III

y IV).

La delincuencia se ha multiplicado en las ciudades medias,

principalmente en Poza Rica, Orizaba, Córdoba, Veracruz y

Xalapa. Una hipótesis sugerente es que el gobierno estatal

ubicó los corredores de maquila en las zonas más vigiladas de

los municipios —no sólo en las zonas de fuerza de trabajo

barata— regiones y delegaciones donde se concentra la delin-

cuencia, como una forma de reconducir la ilegalidad al tra-

bajo. Los corredores para la micro y pequeñas empresas de la

confección y ensamble

1 4

se ubican en Poza Rica-Tuxpan-

Tantoyuca-Pánuco; Xalapa-Perote-Jalacingo-Martínez de la

Torre-Nautia; Veracruz-Manlio Fabio-Soledad-Córdoba-

Orizaba y San Andrés-Lerdo-Tres Valles-Tierra Blanca.

1 5

Las alternancias se han incrementado durante el periodo

1994-2000. En 1994 la oposición ganó 59 de 207 municipios;

en 1997, 109 y desde el 2000 —primer periodo gubernamental

de cuatro años— gestiona 107 ayuntamientos. Las contraélites

comparten la responsabilidad por la ineficacia y la legitimi-

dad deteriorada de las instituciones del sistema policiaco. Las

alternancias políticas pueden detonar el incremento de la

delincuencia, porque significan el rompimiento de posibles

14

Maquiladoras, único giro industrial adaptable a Veracruz ,

Az,

29 de

marzo, Veracruz, Ver., 2001.

15

C O I N V E R ,

Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 2002.

45



Cuadro III. Delitos por regiones de Veracruz

Delincuencia

Urbanización

Desempleo

Desencanto

Huasteca

52.21

0.94

14.22

37.41

Totonaca

92.0

1.03

19.58

58.89

Centro Norte

62.75

0.59

15.58

50.21

Central

89.86

1.03

8.16

64.01

Sotavento

131.35

1.60

13.84

96.09

Grandes Montañas

78.25

1.04

7.98

58.19

Selvas

79.37

1.83

29.82

64.84

Cuadro III(a). Delitos por regiones de Veracruz, 1994-2000

Delincuencia

1994

2000

Riesgo

Huasteca

52.21

3927

5562

Totonaca

92.0

4845

4984

Centro Norte

62.75

2000

1975

Bajo riesgo

Central

89.86

6548 9180

Sotavento

131.35

12099

14182

Riesgo

Grandes Monta ñas

78.25

8149

10748

Riesgo

Selvas

79.37

10417

12004

Riesgo

Mapa I. Índice delictivo por región

98

°

20'

97°

95° 40' 94 °

20'

98' 20'

97

°

95 °

40'

94

° 20'

F U

o

R

±

INDICE DELICTIVO POR REGION

Muy

bajo (52.21045)

Bajo (52.21045. 62.74662)

Modo (6 2.7 46 6 2 - 7 9.37 332)

ei jnd

Alto (7 9.37 332 . 91.996 8)

r j i . 7 3

Muy a l to (91 9968 - 1 3 1 .3 4 75)

1



Mapa II. Índice delictivo por delegación

policiaca

97°

8

°

20'

95

° 40'

94

°

20'

98° 20'

94

° 20'

5° 40'

G

á

c

D

a

p

c

d

1

m

h

a

e

INDICE DELIC TIVO POR DELEGACIÓN POLICIACA

Muy bajo 121.547. 3107E)

1331/ (31 076- 66 863)

Medio (65.363 - 37.1531

Ato (67 ESE- 137.122)

M u y

ato (137.122- 203.6651

Policía IzatcnnunIcipal

Veracruz-13ova del Río

Policía lutermunicíp

Xalapa-Randrailla-Sat

Andrea TIalnelmaytx,

xiv

XVI

Pnlirie

Intcrownicipal

Poza Rica-Tihuatlim-

Coatsintla



Gráfico II . T asa de p oblación que habita

en localidades

de más de 2 500 habitantes

120

100

160

i o o

20

o

sf

.6

4

1

0'

2 0 0 0

er de polilla:0e que bebas ea ¡realidades de atMde 2 600

Gráfico III . Tasa de desemp leo abierto 2000

I

I

Z

.

f'

c>

•

j , •

—

4•

‹ 2

k

f

L

~o00

—11

ase de desempleo abierto 1000

acuerdos y/o comp rom isos entre el hamp a, el narcotráfico y

los elementos corruptos de los cuerpos de seguridad

(Regalado, 1997: 279; ver cuadro w).

El incremento de la po blación sin religión ha p roducido el

deterioro abierto de la hegemonía católica regional. Este pro-

ceso puede ser interpretado co mo un f lujo de desencanto

regional. El incremento de la población no creyente o

descreída puede interpretarse com o un elemento de desconfigu-

ración del control ideológico sobre los pecadores , paralelo al

incremento de las tasas delictivas. La migración ha d etermi-

nado una distensión de algunas regiones y delegaciones policia-

cas; sin embargo, la baja migración puede interpretarse como

la saturación del espacio social con u na alta pro babilidad de

incremento de conflictos, incluida la delincuencia.

Del conjunto de los 2 10 m unicipios del estado de Veracruz,

los casos de La Antigua, Córdoba, Veracruz, Po za Rica,

Orizaba, Huatusco, Ozuluama son los m ás paradigmáticos.

La A ntigua tiene una tasa de 23 7.28% ; una tasa de urbani-

zación de 75.62 % ; una tasa de desempleo de 1.27 % ; es gober-

16

A l respecto, es interesante la relación entre el desencanto religioso y

la

intensificación de lo s conflictos regionales entre creyentes.

Dice Francisco

T olentino [.. .] en Conflictos

religiosos en el Estado de Veracruz : los conflic-

tos

más

frecuentes [— ] son suscitados po r no coo perar o no participar en

las

fiestas del pueblo o del santo patrón [. . . ] la falta de respeto a sus santos y

devociones, por no contribuir a las faenas para el mantenimiento de las igle-

sias católicas, los templos evangélicos, por los rituales ruidosos, la suspen-

sión de servicios a quienes se convierten a otra religión, la negativa a

respetar los s ímbo los patrios , la negativa a votar en elecciones , el rechazo de

cargos políticos, despojo y expulsión de los pueblos . De acuerdo con este

ensayo, los principales con flictos se han registrado en las comunidades de El

Zacatal, El Jagüey, El

Manantial de Chicontepec, Tzicatlán, El T omate, Las

Canoas, La Mirra, Agua Linda de Texcatepec, Tecomajapa, El Cuayo,

la

Victoria, e l Puente de Zontecom atlán y Vil la Nueva de T epetzintla.

250

150

25

2

1.6

100

60

d5

o

o

51



Gráfico IV. Población de 5 años y más sin religión

Cuadro IV. Las elecciones municipales en Veracruz 1994-2000

Partido

1994

1997

2000

P AN

19

37

75

PRI

148

101

102

PPS

5

1

23

P R D

27

63

PFCRN

4

P A R M

o

P D M

1

o

PT

3

5

3

P V E M

o

3

Datos

del

Proyecto Alternancia

Politica en

Veracruz 1994-2000 de

Antonio Romano Santos.

nado por el PAN,

posee una tasa de 5.56 % de desencanto reli-

gioso y tiene un saldo migratorio muy bajo de -2 281 respecto

de una población de 23 450.

El municipio de Córdoba tiene una tasa delictiva de 231.67

delitos por cada 10 000 habitantes, una tasa de urbanización

de 85.07, una tasa de desempleo de 1.21, es gobernado por el

PAN

y tiene un saldo migratorio muy bajo de -8 225 de 172 856.

El Puerto de Veracruz tiene una tasa delictiva de 215.56 deli-

tos por

cada 10 000 habitantes, una tasa de urbanización del

96.09, una tasa de desempleo de 1.60, es gobernado por el

P AN ,

tiene una tasa de desencanto religioso del 13.84 y un saldo

migratorio muy bajo de -688 de una población de 441 130.

Poza Rica tiene una tasa delictiva de 213 delitos por cada

10

000 habitantes, una tasa de urbanización de 99.09, una

tasa

de desempleo de 1.56, es gobernada por el

PRI,

tiene

una

tasa de desencanto religioso de 18.18 y un saldo migrato-

rio muy bajo de -17 047 de una población de 153 632.

Orizaba tiene una tasa delictiva de 206.67 delitos por cada

10 0 0 0

habitantes, una tasa de urbanización del 99.97, una

tasa de desempleo de 1.97, es gobernada por el

PRI, tiene

una tasa de desencanto religioso del 4.84 y un saldo migrato-

rio muy bajo de -5 500 de una población de 116 457.

Huatusco tiene una tasa delictiva de 206.55 delitos por

cada 10 000 habitantes, una tasa de urbanización de 57.77,

una tasa de desempleo de 0.40, es gobernada por el

PAN,

una

tasa de desencanto religioso de 2.16 y un saldo migratorio

bajo de -44 de una población de 43 748.

Ozulama tiene una tasa delictiva de 201.28 delitos por

cada

10 000 habitantes, una tasa de urbanización de 14.98,

una tasa de desempleo de 0.17, es gobernada por el

PAN,

tiene una tasa de descreimiento religioso de 9.88 y un saldo

migratorio muy bajo de -2 449 de una población de 25 181.

5 3



Jalacingo tiene una tasa delictiva de 184.14 delitos por

cada 10 000 habitantes, una tasa de urbanización de 29.94,

una tasa de desempleo de 0.55, es gobernado por el

PRD,

tiene una tasa de desencanto religioso de 4.87 y un saldo

migratorio muy bajo de -2 000 de una población de 31 241.

Xalapa, la capital del Estado, tiene una tasa delictiva de

179.96 delitos por cada 10 000 habitantes, una tasa de urbani-

zación de 98.12, una tasa de desempleo de 1.57, es gobernado

por Convergencia Democrática, tiene una tasa de desencanto

de 0.26 y un saldo migratorio muy bajo de -24 744 de una

población de 363 345.

Cosamaloapan tiene una tasa delictiva de 179.57 delitos por

cada 10, 000 habitantes, una tasa de urbanización de 70.70,

una tasa de desempleo de 1.09, es gobernado por el

PRI,

tiene una tasa de desencanto religioso de 11.46 y un saldo

migratorio media de -31 659 de una población de 66 952.

Estos casos demuestran que el riesgo delictivo, o la proba-

bilidad de sufrimiento de un delito, depende de la compleji-

dad local y regional; los delitos se concentran en las ciudades

medias, principalmente en las zonas conurbadas; el desem-

pleo funge como un detonante de la delincuencia; las alter-

nancias coinciden con el incremento delictivo; el desencanto

religioso multiplica el riesgo delictivo; los saldos migratorios

bajos incrementan la complejidad social y los conflictos, y

hacen altamente probable la delincuencia.

El patrón delictivo en Veracruz ha variado sustantiva-

mente de 1994 al 2000. En 1994, los delitos más preocupantes

para las élites políticas y policiacas eran principalmente

agrarios y suponían un alto grado de violencia. Para el 2000,

los delitos son básicamente urbanos y suponen mecanismos

de arreglo de conflictos e inclusiones sociales, más que una

disputa social por el control del monopolio de la violencia

física. Así pues, en Veracruz, la delincuencia adquirió nuevas

c

aracterísticas.

Según las estadísticas gubernamentales, a la fecha han

disminuido los delitos de fuero común, mientras que ha

aumentado el número de los presuntos responsables de tales

delitos. La escalofriante cifra de rezago judicial en Veracruz

es un ejemplo de que el índice de victimación ha crecido, en

tanto que la eficacia del poder judicial ha disminuido pese a

las reformas a que estado sujeto en los últimos diez años.

Los delitos siguen un patrón que se concentra en los de índole

patrimonial y de la salud; afectan predominantemente a

niños y mujeres, mientras los reclusorios sufren una sobre-

carga y las agencias de ministerio público son cada vez menos

capaces de institucionalizar las demandas de justicia de los

ciudadanos.

Es posible que los caciques que lograron sobrevivir, a par-

tir de su renuncia al control del monopolio de la violencia

física regional, se hayan dedicado a la organización de redes

delictivas. En tales circunstancias, la extracción de plusvalor

sucio pudo haber sido determinante para lit instituciona-

lización del sistema policiaco y el sistema politico regional.

Existe una correlación sugerente entre las tendencias delic-

tivas y el proceso de alternancia en Veracruz. En particular, la

delincuencia más que una preocupación básica de los gobiernos

estatales ha sido una fuente de legitimidad. La delincuencia ha

llegado a representar la otra cara del proceso de instituciona-

17

De acuerdo con el procurador estatal Pericles Namorado Urrutia: Por

lo que hace al rezago histórico que había hasta el año pasado, quiero decirle,

ratificarlo, o mejor dicho que está abatido y a casi en un 80 por ciento y se

Persistirá en ello hasta dejarlo fulminado totalmente . Comparec encia ante

la ux Legislatura, 13 de diciembre de 2000.

55

54



lización del sistema policiaco regional. Entre estos dos procesos

han existido vasos comunicantes. La delincuencia y la institu-

cionalización del sistema policiaco regional, en el contexto del

ajuste estatal, ha permitido una serie de intercambios me-

diante redes. La procedencia sociocultural de los policías y los

delincuentes es la misma, de ahí que las estrategias de sobre-

vivencia e incremento de ingresos coincidan.

En el espectro estatal de la delincuencia una de las más

peligrosas es la policiaca: es un hecho que algunos policías y

ex policías gestionan la delincuencia común mediante redes

sociales, y que los principales delitos cometidos por policías

son robo y extorsión a migrantes centroamericanos.

Las relaciones de algunos mandos medios y operativos de

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con narcotrafi-

cantes ha producido el estallido de la legitimidad estatal.

Las relaciones de estos policías con las redes del narcotrafi-

cante Albino Quintero Meraz, ahora preso, no son relaciones

entre individuos, sino de individuos con redes políticas y

económicas.

La detención de Rafael Palomba Márquez, ex delegado de

Seguridad Pública en Paso del Toro; la orden de aprehensión

contra José Luis Sáenz Escalera, ex coordinador de la Policía

Intermunicipal Veracruz-Boca del Río; las ordenes de aprehen-

sión contra Alberto Carreón y José Luis Rodríguez, subcoordi-

nadores operativos de el Puerto de Veracruz y Boca del Río; la

investigación sobre Antonio Vázquez González, delegado en

Coatzacoalcos, y Gerardo Gutiérrez Monraga, subcoordinador

operativo en Xalapa, y de Rosendo Miguel López, delegado en

Cardel, así como el alegato del

FBI

que involucra con el nar-

cotráfico al general Valentín Romano, titular de la

DGSPE

y la

detención de seis policías intermunicipales de Veracruz por

narcotráfico, todo constituye otro indicador de la ineficacia del

sistema de la seguridad pública estatal (ver cuadro

V).

Cuadro V. D etenciones de policías por

FE AD S

en Veracruz

Detenidos por la

F E A D S

Rafael Palomba Márquez

ubdelegado de SP de Paso del Toro

Alberto Arellano

ubcoordinador operativo en Veracruz

Aarón Barradas Vázquez

omandante del sector 5

Armando Corone

omandante del sector 6

Tomás Miranda

upervisor

Edmundo López Fentanes Tercer Oficial

César A nd rade Arena

ercer Oficial

Prófugos

José Luis Sáenz Escalera

x coordinador de la

PNB

José Luis Rodríguez

Alberto Carreón

x coordinador de la

PIVEI

Ex subcocrdinador Beca del Río

18

Dijo el gobernador: La impunidad que existe hoy en día, no sólo se pro-

duce por corrupción policiaca, también se genera por el silencio ciudadano o

la indiferencia ante la obtención de privilegios indebidos, es por ello nece-

sario que el delito se denuncie y se combata para poder frenar la impunidad;

dentro de nuestros cuerpos policiacos se promoverá la actualización perma-

nente del personal ,

DGSP E, Modernización y logros en Seguridad Pública,

Gobierno del Estado de Veracruz.

19

Al respecto, Trafica policía con inmigrantes , Az 1 de junio de 2001;

Azules, el mayor peligro para indocumentados en Veracruz ,

Az 31 mayo

2001.

Diario

Imagen de Veracruz,

8 de enero de 2003.

Investigados por la

F E A D S

Antonio Vázquez González

Gerardo Gutiérrez Monraga

Patricio Rosales

(Sacar Pérez

Iván Castillo

Emilio Gómez

Rceendo Miguel López

Delegado de Seguridad Pública en Coatzacoalcos

Subcoordinador operativo de Xalapa

Subdelegado de SP de Paso del Toro

Oficial

Oficial

Oficial

Delegado de

SP

en Cardel

56

57



La publicación del documento elaborado por el

FBI,

sobre el

vínculo de policías estatales con narcotraficantes el 7 de

enero de 2003, después de las explosiones en el mercado del

Puerto de Veracruz, representa una inversión micropolítica

por la gestión de las preferencias electorales. Las élites priis-

tas insisten en la denuncia de la manipulación del siniestro

por las élites panistas. Los ciudadanos y citadinos han

concluido que se trata de un caso complejo que habla de la

incapacidad de la clase política estatal para la prevención

civil y delictiva.

Al respecto, hay quienes desestiman el documento del

FBI,

argumentando que se trata de un informe sin consecuencias y

hasta rutinario; sin embargo, ¿puede una agencia extranjera

fincar responsabilidades en el caso? En absoluto. Ni siquiera

aceptar públicamente la existencia de una investigación. En

realidad, el documento habla de un proceso patológico que no

ha sido superado por el sistema policiaco regional. El docu-

mento dice que la organización del narcotraficante Osiel

Cárdenas Guillén remunera en forma monetaria a elementos

del Consejo estatal de Seguridad Pública, mismo que es

encabezado por Miguel Alemán Velasco, gobernador de

Veracruz .

2 °

20

Cfr.

Regina M artínez,

FBI

y

SSP.

Abrir red de sobornos del narco ,

Política,

9 de enero de 2 003, Xalapa, Ver. Asimismo, la embajada de Estados

Unidos emitió un boletín a los medios de comunicación que decía: los ale-

gatos sobre la posible colaboración entre narcotraficantes y el gobierno de

Veracruz reportados por la prensa el día de hoy fueron recibidos por la

Oficina del Agregado del

FBI

y enviados a la Agencia Federal de

Investigaciones de la

PGR

por vía escrita el 11 de diciembre de 200 1 para su

uso interno. Queremos aclarar que son alegatos y que no implican un aval ni

una investigación del

FBI

de los mismos. Asimismo, el Fin no hace ningún tipo

de confirmación en cuanto a la veracidad de estas aclaraciones. Este t ipo de

Miguel Alemán rechazó las acusaciones en un desplegado

que se

publicó el 8 de enero de 2003. En este decía: solicito a

cualquier instancia, nacional o extranjera, que haga pública

las

pruebas de dicha vinculación y las remitan, cuanto antes,

a la

PGR,

con el fin de que se proceda conforme a derecho .

2 '

Jorge Moreno Salinas —ex director de Asuntos Internos de la

sSPE y nuevo secretario del Consejo Estatal de Seguridad

Pública— reconoció que en Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa y

Poza Rica hay algunos casos mínimos .

2 2

Por esa razón, dijo,

son focos de atención permanente .

2 3

La detención del narco-

traficante Albino Quintero Meraz dio elementos para la

investigación de redes policiacas, políticas y empresariales

organizadas en torno al narcotráfico en Veracruz.

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más del alto grado de cooperación bilateral en materia de administración de

justicia

Imagen de Veracruz,

8 de enero de 2003. Asimismo, Informa

FBI

presuntos nexos con el narco ,

Az,

8 de enero de 2003.

21

Desplegado del Gobierno Estatal de V eracruz,

Az,

8 de enero de 2003,

Xalapa, Ver.

22

Cfr.

Iván Medina, Narcotráfico, focos rojos ,

AZ,

12 de febrero de 2003,

Xalapa, Ver.

23

Idem.

Asimismo, Veracruz en la mira del narco. Las redes de narcotrá-

f i c o " ,

Fundamentos,

núm. 151, julio de 2002.

58

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2000.

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1999

ncuentro regional 2,3 de octubre, Xalapa, Veracruz.

SFP.

Evaluación de la Pobreza y Programas de Desarrollo Social en

2 0 0 1

eracruz,

julio 2001.

60

1



II. LA

S E G U R ID A D P Ú B L IC A E N V E R A C R U Z

Preámbulo

La modernización del sistema policiaco estatal se encuentra

atrapada entre los conflictos organizacionales y el deterioro

de la legitimidad de sus operativos y decisiones.

Las políticas de reforma policial instauradas por el go-

bierno de Miguel Alemán (1998-2004) corrieron el riesgo de

limitarse al uso mediático del discurso de la Cero Tolerancia'

para la legitimación de los programas en la prevención de los

delitos, la gestión política del combate a la delincuencia y el

control represivo de los movimientos sociales.

El discurso de la prevención del delito, basado en la

adaptación del programa Cero Tolerancia implementado en

Nueva York y en Chihuahua, es una simple retórica para

maximizar la legitimidad del sistema policiaco. El programa

de prevención Todos contra el Delito, todos contra la Impuni-

1

Dice el programa Todos contra el Delito, todos contra la Impunidad:

surgido de una estrategia contra el crimen en la ciudad de Nueva Yo rk y apli-

cado en el estado de Chihuahua, el programa Cero Tolerancia es un modelo a

seguir en materia de prevención del delito; por lo que creemos conveniente

que debe ser aplicado en el estado de Veracruz, adecuándolo a las circunstan-

cias sociales y a las modalidades institucionales [...] incorporar a la sociedad

civil al empeño y el esfuerzo que las instituciones gubernamentales y los

organismos del ámbito social vienen desarrollando conjuntamente y que par-

ticularmente en este programa participan de común acuerdo .

63

1



dad flota sobre la ficción fabricada respecto de los logros insti-

tucionales cuya base son los datos que las élites policiacas

estatales envían al Sistema Nacional de Seguridad Pública

(sNsP).

El grupo político del secretario ha inflado el discurso y las

prácticas policiacas para posicionarse en la sucesión de la

gubernatura.

2

El diseño de la imagen del secretario, si bien

no incrementa su bajo capital político, sí legitima sus. excesos

policiacos. La característica principal de la gestión de la

seguridad pública no ha sido el combate a la delincuencia

sino el control de las protestas civiles y policiacas mediante la

fuerza. Las protestas de policías preventivos e intermunici-

pales, así como la detención de marchas y la limpieza urbana

de los niños de la calle constituyen el sello de la política de

seguridad pública estatal.

La militarización pasiva del sistema

policiaco

El ciclo de institucionalización

La modernización del sistema policiaco regional ha dado

cauce al monopolio estatal de la violencia legítima en

Veracruz. Durante las gubernaturas de Agustín Acosta

Lagunes (1980-1986), Fernando Gutiérrez Barrios y Dante

Delgado Rannauro —quienes compartieron el periodo de go-

bierno de 1986-1992— y Patricio Chirinos (1992-1998), las

élites políticas competían con los caciques por el control

político y policiaco de las zonas y regiones del estado. El pro-

2

Un buen ejemplo es la publicidad insertada en la revista

Policía

Internacional,

núm., 110, septiembre de 2001, en cuya portada aparece la

imagen

del secretario de Seguridad Pública.

64

ceso de institucionalización del sistema policiaco regional se

debe en gran medida a la subordinación de los caciques

respecto de las instituciones estatales. Al respecto, resulta

paradigmático el caso de Cirilo Vázquez Lagunes —un cacique

priista que pretende una candidatura a diputado federal, bajo

la

bandera del

PAN, por el distrito de Acayucan en las elec-

ciones del 2003— y que fue detenido el 12 de febrero del

mismo año, bajo cargo de autoría intelectual de secuestro.

En los años ochenta, el sistema policiaco regional estaba

estructurado por cinco componentes: las policías preventivas

de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, las policías

municipales, la policía judicial estatal, la policía judicial fede-

ral y la Academia Estatal de Policía. El sistema policiaco era

rudimentario; la eficacia policiaca, baja y la legitimidad tara-

. bién, a pesar de que la presencia de militares en la Dirección

de Seguridad Pública del Estado no generó ningún tipo de

rechazo público. La disputa por el control de las zonas y

regiones veracruzanas produjo un ciclo de violencia social

y politica que desarticuló el estado regional. Los caciques y

sus pistoleros ejercían la violencia privada en el campo, mien-

tras las policías estatales se distribuían en zonas y regiones

urbanas (Velázquez, 1986).

En el gobierno de Agustín Acosta Lagunes, hubo cuatro titu-

lares de la Dirección General de Seguridad Pública, dos mili-

tares y dos civiles. Los militares: coronel Inocencio Jerez

Treviño y el teniente coronel Mario Arturo Acosta Chaparro;*

los civiles: Amadeo Flores Espinoza y Mario Enrique Escobar.

*

El general de división Mario Arturo Acosta Chaparro fue detenido el 1

de septiembre de 2000 por la Procuraduría de Justicia Militar de la

Secretaria de Defensa Nacional por sus presuntos vínculos con el Cártel de

Juárez.

65



En el gobierno de Fernando Gutiérrez Barrios y Dante

Delgado, los responsables de la Dirección General de

Seguridad Pública eran el capitán Luis de la Barrera y el ge-

neral Luis Barquera Trucios. En el gobierno de Patricio

Chirinos hubo tres directores de la misma institución, un mili-

tar y dos civiles: el capitán Alberto Rodríguez Cañada, Juan

Herrera Marín y Domingo Martínez Riveroll.

En el gobierno de Miguel Alemán, el sistema policiaco

regional tuvo otra configuración. Los componentes del sis-

tema fueron seis: la Secretaría de Seguridad Pública, la

Dirección de Seguridad Pública Estatal,

3

la policía Industrial

y Bancaria —creada en 1991— las policías municipales, la

Policía Ministerial y la Academia Estatal. El sistema poli-

ciaco es más complejo, comparado con la simplicidad del sis-

tema policiaco de los ochenta y noventa. La diferenciación

funcional de los asuntos políticos y policiacos se ha garanti-

zado durante la gubernatura de Miguel Alemán, aunque per-

sistió la tentación de algunos funcionarios de politizar los pro-

gramas de seguridad pública. El sistema ha evolucionado de

una subsecretaría a una Secretaría de Seguridad Pública. La

violencia ilegítima gestionada por los caciques ha disminuido

mediante un proceso de cooptación de éstos para prolongar el

régimen priista y el sistema estatal de partidos.

En el gobierno de Miguel Alemán, los componentes del sis-

tema policiaco regional estuvieron dirigidos por militares:

el

capitán Alejandro Montano

4

dirigió la Subsecretaría de

Seguridad Pública; el general Valentín Romano López, la

Dirección de Seguridad Pública del Estado; el general brigadier

Rafael Renato Susunaga Vázquez, fungió como titular operativo

de la Dirección General de Seguridad Pública; el coronel

Porfirio Díaz Rodríguez dirigió el Sistema de Seguridad

Industrial Bancaria y Comercial; el capitán Abelardo Muñoz de

la Torre, estuvo al frente de la Dirección de Servicios Áereos; el

general Jorge González Betancourt, dirigió la Academia Estatal

de Policía; finalmente, el general brigadier Refugio Raymundo

Rodríguez Bahena coordinó la Policía Intermunicipal Xalapa-

Banderilla-San Andrés-Tlalnehuayocan.

Los militares no lograron disminuir las tasas delictivas,

pero construyeron una relativa legitimidad para la seguridad

pública regional, ahora socavada por la supuesta relación de

algunos mandos medios con el narcotráfico. 5

La gestión mili-

tar de las policías estatales enfrentó un entorno complejo. El

viejo patrón delictivo de los ochenta —compuesto por los deli-

tos de abigeato, portación ilegal de armas, homicidio e inva-

siones de tierra y predios— fue sustituido por otros delitos

como el robo, los secuestros, los daños y las lesiones; no

obstante el incremento de los índices delictivos, la reacción de

la sociedad civil ha sido blanda.

Los militares han generado cierto malestar en los partidos de

oposición y en la clase empresarial, pero permanecen estables

en sus cargos. La irritación social por la represión de los contin-

gentes civiles en el primer desfile del día del trabajo, durante el

gobierno de Miguel Alemán, se solucionó mediante una estrate-

gia de institucionalización del conflicto. La oposición panista al

control policiaco de los bloqueos de carreteras desapareció tras

3

El general Valentín Romano López declaró sobre la posible desaparición

de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado como parte de la

institución de la Secretaría de Seguridad Pública a partir del 1 de junio de

2001,

Diario de Xalapa,

9 febrero de 2001, Xalapa, Ver.

4

A partir del 1 de junio de 1998 empezó a dirigir la Secretaría de

Seguridad Pública.

66

5

Reforma,

Vincula FBI Gobierno de Veracruz y narco , 7 de enero 2001.

67



Cuadro VI. Los elementos del sistema policiaco en Veracruz

1981 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 2 4

la reunión entre Alejandro Cossío —coordinador de dicha frac-

ción parlamentaria en la Legislatura— y el subsecretario de

Seguridad Pública, Alejandro Montarlo Guzmán.

6

Total

Dirección General

de Seguridad Pública

2540 7509 8372 8594 8083 87 70

1 520

1 465 2437 2862 3 143 3223

Las instituciones del sistema policiaco

La institucionalización del sistema policiaco regional ha sido

resultado de diferentes sucesos y acontecimientos. El ciclo inicia

con la reapertura de la Academia Estatal de Policía, la desapari-

ción de los servicios secretos y de las columnas volantes, en 1982,

y la inclusión de las policías estatales en el Sistema Nacional de

Seguridad Pública en el año de 1995.

7

Este último aconte-

cimiento fue básico para la estructuración del sistema policiaco

regional (Zavaleta, 1997).

La incorporación de las policías estatales al Sistema

Nacional de Seguridad Pública permitió el incremento de la

inversión estatal y federal en el sistema policiaco regional.

Asimismo, el aumento de la inversión multiplicó el número de

los miembros del sistema y favoreció la capacitación y el uso

de la infraestructura. El presupuesto de la Dirección General de

Seguridad Pública pasó de $28 200 000 00 en 1992 a $732 549

581 en el 2000, cuando ésta desapareció para dar lugar a la

Subsecretaría de Seguridad Pública.

8

El número de policías

preventivos se incrementó de 2 540 en 1994 a 8 770 en 1999,

mientras que los policías municipales pasaron de 1 127 en

1981 a 12 000 en el 2000 (ver cuadros VI y VID.

6 AZ

Ahora los panistas aprueban a Montan , 22 de julio de 2000,

Xalapa, Ver.

7

AZ

Avanza la integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública ,

17 de enero de 2001, Xalapa, Ver.

8

Consultar cuadro 1 del

Programa Veracruzano de Seguridad Pública,

Gobierno del Estado de Veracruz, 1999.

Dirección General

075 1078 12 52 1016 954

de Tránsito

411»

irección de Seguridad

270 3582 3816 3320

Industrial, Bancaria y

Cctnercial

Policía Ministerial

24 676 619 586 611

45

Policía Municipal

127

2 000

INEGI.

Anuario Estadístico de Veracruz, 1993

-

1998.

Cuadro VII. Los delitos en Veracruz

según delegación policiaca

elegación

Delincuencia

1994

2000

Delegado

XI

Acayucan

46.42

1364

1 669

Venancio Márquez

III

Benito Juárez

31.08

606

60 5

Dionisio Sánchez

VI

Cardal

21.55

830

573

Roberto Salas

IX

Catemaco

55.86

1875 2 176

Humberto Flores

XVI

Ciudad Mendoza

67.66

2966

3 314

Marcelino Bravo*

VII Fortín

98.14

458 2

6 713

Jorge Iván Castillo

XII

Las Choapas

111.33

6672

7 80 5 Alfonso Amilano

I

Pánuco

45.80

1056

1 559

Antonio Pegueros

IV

Papantla

47.95

1481

1 724

Germán Contreras

XV

Perote

49.61

1022

1 408

Roberto González

V San Rafael

61.33

2 0 0 0

198 1

Alfonso Alegretti

VIII

Tierra Blanca

49.83

16 29

1 699

Ray mund o Ferrer

II

Tuxpan

64.87

2 2 6 5 2914

Robin Barrios*

X

Villa Azueta

41.78

698

611

Margarito Primitivo

Huerta*

X I V

Xico

26A4

567

72 2

Alfonso Carnet

eleirruc

137.12

336 4

3 745

Remigio Ortiz Olivares

PIVBR

206.67

1 0 0 60

1 2 2 5 9

José Luis Sáenz

P L I G I T

168.12

4918

7036

Refugio Rodríguez

Bahena*

*Mandos aprehendidos o perseguidos por actividades ilícitas.

68



En Veracruz hay 20 000 policías. De acuerdo con el

Programa de Seguridad Pública Estatal, en 1999 había 6 mil

elementos policíacos en la Subsecretaría y la Policía

Ministerial del Estado. La distribución de los policías por

municipio y por habitante es singular; por ejemplo, hay aproxi-

madamente 30 policías por municipio; uno por cada 2 000 en

Papantla, uno por cada 3 800 en el Valle del Uxpanapa; uno

por cada 3 500 en Perote y uno por cada 573 personas en

Veracruz. Del conjunto de los 12 000 policías municipales, hay

en promedio un policía por cada 380 habitantes en Veracruz

(Provesep, 1999).

El número de policías preventivos aumentó en relación con

los gobiernos estatales anteriores. En Veracruz había en

1997, 763 policías por habitante. En el 2000 se creó la policía

Intermunicipal de la Cuenca, mientras que la subsecretaría

de seguridad pública y los presidentes municipales de la

región, electos recientemente, inocularon en la prensa una

estrategia orientada a la creación de la policía Intermunicipal

de la zona Centro de Córdoba y Orizaba, mediante la denun-

cia sistemática de distintas patologías policiacas municipales.

Una de las innovaciones institucionales en el sistema poli-

ciaco regional son las policías rurales montadas —constituidas

por indígenas— que operan en las zonas serranas de

Ixhuatlán de Madero, Santa Martha, Zongolica y Coyutla.

Las policías intermunicipales tienen otros volúmenes de

carácter institucional: la de la Cuenca del Papaloapan cuenta

con 740 elementos, 125 vehículos, 350 armas, 198 chalecos,

132 radios y 40 caballos; la de Xalapa-Banderilla-San Andrés

Tlalnehuayocan tiene 633 elementos, 139 vehículos, 365

armas, 203 chalecos, 147 radios; la de Veracruz-Boca del Río,

suma 861 elementos, 142 vehículos, 525 armas, .224 chalecos,

298 radios, 50 caballos y la de la zona Poza Rica-Tihuatlán-

Coatzintla, cuenta con 442 elementos, 67 vehículos, 404

armas, 149 chalecos, 156 radios, 23 caballos (SSP, 1999).

El proceso de instauración de las policías intermunicipales

ha sido problemático. En el gobierno de Patricio Chirinos

Calero, éstas operaron sin un sustento legal; sustento que tales

corporaciones policiacas hallaron en la reforma a la ley de

Seguridad Pública realizada en 1998, justo cuando el rechazo

amenazaba la legitimidad de la Secretaría de Gobernación. El

proyecto de una policía intermunicipal para Orizaba y Córdoba

se canceló, debido al rechazo de los ayuntamientos panistas

que se opusieron bajo el argumento de violación a la soberanía

municipal,

9

mientras que la propuesta ciudadana de una policía

intermunicipal para Rafael Lucio-Jilotepec-Coacoatzintla-

Acajete nunca pudo concretarse.'°

Durante los tres primeros años de la gubernatura de

Miguel Alemán, los presidentes municipales de Veracruz

Puerto y de Boca del Río propusieron la municipalización de

la policía que opera en estos dos municipios. Después del ale-

gato del FBI

sobre los vínculos de José Luis Sáenz Escalera,

ex coordinador de la

PIVBR

con el narcotraficante Albino

Quintero Meraz, el presidente municipal de Veracruz, José

Ramón Gutiérrez de Velazco, abandonó la propuesta debido a

la cercanía de los procesos electorales intermedios de 2003

(Bailey/Godson, 2000).

Durante el lapso de 1980 a 2000, la infraestructura poli-

ciaca se ha incrementado bajo un argumento tecnocrático que

9

Raymundo Jiménez, No a la Policía Intermunicipal , entrevista a

Tomás Ríos Bernal, presidente mun icipal de Córdoba (1997-2000),

Transición

marzo.

lo Propuesta del presidente municipal de Jilotepec al Foro de Seguridad

Pública celebrado en 1999.

70



I I

La policía ministerial cambió tres veces de mandos directivos,

debido a la corrupción de su contraloría interna. Los jefes han

sido Emilio Gómez Sánchez —ex director de Seguridad Pública del

gobierno de Agustín Acosta Lagunes—; Mario Enrique Escobar y

Mario Marín Zamora. Los cambios obedecieron a la renuncia del

primer procurador alemanista, Ignacio González Rebolledo, y al

I

nombramiento de Pericles Namorado Urrutia como nuevo procu-

rador estatal. Los intentos de sindicalización policiaca por

mejores salarios y las movilizaciones de policías intermunicipales

por abusos de autoridades y reclamos a causa de rotaciones injus-

tificadas se han controlado mediante la expulsión o cambios de

li adscripción de los inconformes.

II

n el esquema de seguridad pública, la Academia Estatal de

Policía se

ha convertido en uno de los componentes principales del

funcionamiento del sistema policiaco regional; sin embargo, no se

ha garantizado la continuidad de la formación policiaca mediante

un programa de capacitación permanente. La Academia Estatal

de Policía se ha descentralizado a otras regiones del estado y se ha

convertido en un instituto de capacitación policiaca nacional e

internacional. Las policías veracruzanas han recibido cursos de

corporaciones francesas y norteamericanas.

1 6

En el entorno

nacional, la

PGR

propuso un sistema internacional de seguridad

pública entre México y Estados Unidos.

1 7

supone que los delincuentes tienen mejor armamento que los

cuerpos policiacos. En 1993 la

DGSPE

tenía 122 radios, 8 esta-

ciones de comunicación, 156 metralletas uZi, 251 carabinas

0.30, 16 sub ametralladoras, 380 revólveres, 297 escopetas y

39 escopetas lanza gas, entre otras armas. Así, se puede

afirmar que en el 2001, se registró un aumento de la

infraestructura destinada a la seguridad pública, como puede

observarse en el arsenal descrito a propósito de las policías

intermunicipales. De acuerdo con datos de la subsecretaría,

hay 15 475 elementos, 14 000 vehículos, 2 200 radios de

comunicación. Una sola dotación para el 2000 estuvo com-

puesta de 87 patrullas, 10 motocicletas y 66 radios.

La infraestructura se ha diversificado. En las calles más

transitadas de las principales ciudades de Veracruz —entre ellas

Xalapa, Veracruz Puerto, Boca del Río y Coatzacoalcos— se han

instalado videocámaras. En Xalapa hay 15 cámaras ubicadas

en las salidas a Coatepec, Banderilla, San Andrés Tlalne-

huayocan, El Castillo, así como en las avenidas Lázaro

Cárdenas, Circuito Presidentes y Enríquez. El gobierno del

Estado promovió la capacitación de los empleados de la subse-

cretaría y de los policías preventivos desde la Academia Estatal

de Policía. Los policías han estado sujetos a exámenes y reciben

apoyo psicológico, mientras leen —en sintonía con la educación

pública en valores— un librito sobre virtudes cívicas.

11

Dirección General de Seguridad Pública, documento interno,

DGSPE,

1993.

12

Gobierno del Estado de V eracruz,

Veracruz informa, compromisos

cumplidos,

Coordinación General de Comunicación Social, agosto de 2000.

13 AZ

Un mundo nos vigila , 22 de mayo de 2000; Espionaje en

Veracruz , 18 de julio de 2001.

14 ssp,

Valores, virtudes

(col. Nueva Generación), Gobierno del Estado

de

Veracruz-Llave, Xalapa, 1999.

72

15

Al respecto ver Isaías García Pérez, Consignan a 12 policías de Poza

Rica , Az,

14 de octubre de 20 02; Gerardo Islas, Se amotinan policías de

Coatzacoalcos , A z , 23 de octubre de 2002,y Omar Alemán Chang, No politi-

zar protestas de policías pide Montan ,

AZ 18 de octubre de 2002.

16

Az

Avanza la integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública»,

17 de enero de 2001.

17 Reforma,

Proponen Sistema de Seguridad México-su , 14 de abril de

2002.

73



La diferenciación funcional y la integración del sistema

policiaco regional se caracterizan por un conjunto de tenden-

cias básicas. Dicha diferenciación funcional ha instituciona-

lizado la gestión militar de las policías estatales. La presencia

de los militares en la promoción de los programas de seguri-

dad pública estatal, en los grupos de la Policía Federal

Preventiva, que operan en Veracruz, e incluso, los operativos

militares en algunas zonas conflictivas del estado, ha consoli-

dado la centralización y la militarización pasiva de la seguri-

dad pública en el país (Zavaleta, 2000; Alvarado, 2001).

Las protestas de los partidos opositores a la gubernatura

priista se han apagado. Los movimientos ciudadanos y las orga-

nizaciones no-gubernamentales de la región observan a la

gestión militar de las policías estatales como si fuera natural o

simple prolongación de lo que siempre ha sucedido en el estado.

La sociedad civil regional describe a los militares que dirigen las

policías estatales como una extensión de lo que sucedió durante

los gobiernos estatales de Agustín Acosta Lagunes, Fernando

Gutiérrez Barrios y Dante Delgado y Patricio Chirinos.

La participación ciudadana que se propone el programa de

seguridad pública es tan débil que se ha revelado una baja legiti-

midad del gobierno estatal en el rubro de la seguridad pública

(Consultores Internacionales. Gobierno del Estado de Veracruz).

Los ciudadanos dispersos participan en organizaciones civiles,

movimientos y redes ciudadanas que sospechan de la voluntad

política del gobierno estatal para mejorar los índices de seguri-

dad pública. Los monólogos estatales y civiles sobre el tema han

provocado que el gobierno del estado manipule las estadísticas

delictivas y judiciales,* mientras los ciudadanos y los periodistas

* Un buen ejemplo es la estrategia institucional de comparar periodos cortos

menores de un año —a veces de seis meses— para demostrar estadísticamente la

sobredeterminan algunos casos judiciales y policiacos, sin alter-

nativas para el control civil de esas patologías.

En el foro previo al diseño del Programa Estatal de

Seguridad Pública 1999-2004 —organizado en 1999, sin la asis-

tencia de las organizaciones civiles— la mayoría de los partici-

pantes insistieron en la perspectiva tradicional de la seguridad

pública como responsabilidad estatal. En contraparte, en las

discusiones del último encuentro regional de las organizaciones

civiles —que tampoco evalúan las políticas de seguridad pública

nacionales— éstas denunciaron los excesos del poder policiaco y

las distorsiones generadas por la incorporación de militares

a

las policías: la violencia policiaca, la impunidad y el autori-

tarismo en el diseño de las políticas de seguridad pública son

ejemplo de tales distorsiones (ROCVER, 1999).

Estas tendencias se han desarrollado como procesos

colaterales del giro discursivo registrado en las políticas y

los programas de seguridad pública estatal. La con-

tinuidad de estas políticas de seguridad pública de los últi-

mos tres gobiernos estatales ha sido posible gracias a una

racionalidad estatal de autoprotección, aunque los progra-

mas de seguridad pública y capacitación han cambiado de

un gobierno a otro.

Tras de la incorporación de las policías estatales al SNSP, se

sustituyó el discurso de la seguridad pública como un servicio,

disminución de las tasas delictivas. Un caso: la PGJE publica el 2 de agosto de

2000 una tabla sobre los delitos denunciados ante el Ministerio Público durante

un periodo de enero a junio del mismo año. Ver Procuraduría General de

Justicia del Estado de Veracruz, Delitos cuya denuncia a disminuido ,

Gobierno del Estado de Veracruz. Por supuesto esta estrategia cae por su propio

peso frente a la declaración del procurador estatal Pericias Namorado Urrutia

acerca de un rezago judicial de 50 000 casos no dictaminados:

AZ, Cincuenta

mil denuncias sin resolver , 9 de junio de 2000.

74 75



por otro que lo concibe como una plataforma para las inversiones

extranjeras.

1 8

El antecedente de este giro discursivo puede com-

pararse con otro cambio, acaecido a principios de los noventa,

mediante el cual el discurso de la seguridad pública como fun-

ción estatal se transformó en un servicio administrativo.

En el gobierno de Miguel Alemán —tal como aparece

latente en el gobierno de Patricio Chirinos Calero—, el viejo

discurso de la modernización de las policías —propio de las

tres gubernaturas anteriores— desapareció para dar lugar a

un discurso gerencial que considera a la seguridad pública

como una condición indispensable para el flujo de inver-

siones extranjeras (Provesep, 1999). Los cambios en las prác-

ticas discursivas gubernamentales en los programas de

seguridad pública han constituido una resonancia de la aper-

tura comercial. Los enunciados de ésta como un servicio

aparecen ahora como producto de una racionalidad tec-

nocrática, es decir, como un piso para atraer inversiones.

Los logros y

las

patologías del sistema policiaco

regional

La

Secretaría de Seguridad Pública

En las gubernaturas de Agustín Acosta Lagunes, Fernando

Gutiérrez Barrios y Dante Delgado, Patricio Chirinos y Miguel

Alemán se transformaron radicalmente las políticas de seguri-

dad pública regional.

La modernización del sistema policiaco —con base en la

centralización policiaca federal— incorporó las policías

estatales y municipales en un sistema nacional. La alternan-

cia en el gobierno federal indica que tal proceso va a conti-

nuar con otras modalidades. Los convenios entre el gobierno

del estado de Veracruz y el Ejecutivo Nacional suponen

apoyos financieros y logísticos para las policías estatales y

municipales, a cambio de información y coordinación de pro-

gramas y operativos. El último convenio de colaboración para

Seguridad Pública entre éstos fijó una asignación de 354 mi-

llones de pesos, 1 9 de los que el gobierno federal aportó 248.

El gobierno de Miguel Alemán diseñó una política de seguri-

dad pública que mantuvo la perspectiva de la gubernatura de

Patricio Chirinos; no obstante, introdujo algunos cambios impor-

tantes en la organización y funcionamiento del sistema policiaco

regional, tales como la aprobación de la Subsecretaría de

Seguridad Pública, la creación de las policías rurales e indígenas

montadas, la reestructuración de la policía ministerial y la

creación de la Secretaría de Seguridad Pública. 2 °

18

Dice Miguel Alemán: La seguridad pública y la procuración de justicia son

una demanda constante de la sociedad. Son además, condición indispensable

para la instalación y crecimiento de empresas y para la generación de empleos

productivos y estables, pero fundamentalmente son elemento esencial del bienes-

tar de la población ,

Plan Veracruzano de Desarrollo, 1998-2004.

Asimismo

Guzmán, Montano: Una sociedad en donde prevalezca el Estado de Derecho y se

combata a la impunidad, es condición indispensable para promover nuevas

inversiones, tanto locales, nacionales como extranjeras, que permitan la insta-

lación de nuevas empresas, que creen nuevos empleos y coadyuven a reducir las

diferencias sociales que han provocado décadas de una mala distribución del

ingreso; la seguridad pública es una condición necesaria para el incremento

del bienestar social, al posibilitar la certidumbre para vivir y crecer como per-

sonas dignas; pero no es suficiente, se requiere, además, que los sectores privado,

social, cultural y gubernamental cumplan con su parte en este proceso de desa-

rrollo hacia el nuevo milenio ,

Programa Veracruzano de Seguridad Pública,

1998-2004,

Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, p. mil

. Al respecto ver:

AZ,

Oportunidades de inversión en Veracruz ofrece Alemán. Invitación a naciones

de la

APEC ,

24 de octubre de 2002.

19 Gobierno del Estado de V eracruz,

Veracruz informa, compromisos

cumplidos, Coordinación General de Comunicación Social.

20

Az Todo el poder a Seguridad Pública ,18 de enero de 2001.

76

77



La aprobación de la Secretaría de Seguridad Pública —cuarta

en el país después de Chiapas, Tlaxcala y Tabasco— es otro de

los acontecimientos importantes del sistema policiaco regional.

La aprobación de la iniciativa de Miguel Alemán, por la ux legis-

latura, cierra el ciclo más reciente de su institucionalización ini-

ciado en 1982 con la reapertura de la Academia Estatal de

Policía. Por supuesto, la subsecretaría fue una institución clave

en el gobierno de Miguel Alemán, al grado de que tuvo mayor

capacidad de decisión que la Secretaría de Gobierno. La aper-

tura de la Secretaría de Seguridad Pública, el 1° de junio de

2001, concentró mayor poder operativo en el capitán Alejandro

Montano, aunque, en sentido estricto, la idea de que éste es un

gobernador en funciones no sólo encierra una exageración sino

una fantasía.

El antecedente más inmediato de este acontecimiento es la

Subsecretaría de Seguridad Pública creada en 1998. La transi-

ción de la subsecretaría a la secretaría se ha justificado como

parte de la homologación institucional con el gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad Pública creada por el gobierno de

Vicente Fox —que dirigió por Alejandro Gertz Manero y en

segundo lugar, por Jorge Tello Peón— ha producido una reso-

nancia en el sistema policiaco en Veracruz, cuyas élites políticas

prüstas no habían necesitado —hasta ahora— ni de la Secretaría

ni del Consejo Ciudadano de Seguridad, como lo habían hecho

los estados de Jalisco y el Distrito Federal.

Al respecto, la propuesta foxista de una contraloría social de

los policías —como parte de la Alianza contra la Delincuencia— es

para Veracruz una utopía regional.

2 1

Los militares que dirigen el

21

Reforma,

Podrá ciudadanía evaluar a policías , 1 de febrero de 2001,

México, DF.

78

sistema policiaco regional no aceptan la propuesta porque han

decidido involucrar a la ciudadanía en la implementación de un

programa de prevención del delito que se ha presentado como la

adaptación del programa Cero Tolerancia, endurecer las leyes

mediante una reforma penal y el anuncio de la probable privati-

zación de los reclusorios estatales

2 2 (Roché, 2002).

La creación de la Secretaría de Seguridad Pública en

Veracruz consolida a la institucionalización del sistema poli-

ciaco nacional. El proceso regional se articula al proceso

nacional mediante la centralización de las policías en el

Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, consolida

la

gestión militar de las policías estatales con la aprobación

de

la oposición perredista y panista, debido a que en los esta-

dos donde éstos gobiernan —por ejemplo en Jalisco y el

Distrito Federal— utilizan la misma politica de centralización

policiaca con militares.

En el Distrito Federal, la posición perredista es inestable.

El jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador se opone

—junto con otro delegado, Gilberto López y Rivas— a la partici-

pación de los militares en la implantación de programas

sociales en las delegaciones de Iztapalapa, Magdalena

Contreras, Álvaro Obregón y Tlalpan. La participación de

militares en los programas perredistas de asistencia social

contrasta con la denuncia sistemática de la militarización

desarrollada por algunos perredistas durante el sexenio de

Ernesto Zedillo.

22

Al respecto ver Omar Alemán Chang, En la reforma penal, delitos

novedosos", Diario de Xalapa,

11 de septiembre de 2002, Xalapa, Ver. ; Iván

Medina, Lista, la reforma penal de Veracruz , Az, 28 de octubre de 2002,

Xalapa, Ver., y Gerardo Islas, Confirman privatización

de

cárceles de la

entidad ,

AZ 30 de octubre de 2002, Coatzacoalcos, Ver.

79

1



e

r

d

i

r

m

a

P

c

a

v

l

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G

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3

1

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• c i )

a

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u

u

e

a

u

e

e

E

P

o

1

0

La aceptación panista de la participación de los militares en

las policías nacionales y estatales constituye la consolidación del

proceso que en el gobierno federal de Ernesto Zedillo se pro-

movió en Baja California, Chihuahua y Jalisco. En Veracruz,

Sergio Vaca Betancourt —hijo de militares— presidente de la

Comisión de Seguridad Pública de la

LVIII

Legislatura local, jus-

tificaba la militarización de los mandos policiacos.

2 3

En el país, el gobierno federal creó la Secretaría de

Seguridad Pública con el visto bueno de la oposición. Del mismo

modo, nombró al general Rafael Macedo de la Concha, procu-

rador general de la República y. al general Carlos Fernando

Luque director del Centro Nacional Antidrogas. La designación

de Alejandro Gertz Manero —ex secretario de seguridad pública

del Distrito Federal, gobernado por los perredistas— no generó

ningún tipo de oposición. El nuevo secretario, una vez instalado,

nombró al capitán Faustino Ruiz Taviel comisionado de la

Policía Federal Preventiva, en la cual permanécen los militares

incorporados antes de la toma de la Universidad Nacional

Autónoma de México, ahora instruidos por el general retirado

Luis Ángel Fuentes Álvarez (ver cuadro VIII

En Veracruz, la creación de la Secretaría de Seguridad

Pública obedeció a un criterio de homologación institucional,

anticipado e innecesario: significa un cierre operativo del sis-

tema policiaco para reducir la complejidad de su entorno me-

diante nuevas estructuras y programas. La instalación del gabi-

nete alemanista no requirió durante dos años de una secretaría

23

Rosalío Alemán Sánchez, Deficiente educación y carencia de valores,

causas del rezago judicial entrevista a José R. Vaca Betancourt Bretón,

presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de

la Lvill Legislatura,

Transición,

julio-agosto, 1999.

80

Sochiapa. La disuasión, contención y desalojo de las protestas



complejidad social regional —pese al incremento delictivo— era

gobernable y el actual secretario no contaba con una licen-

ciatura para el encargo. La probabilidad de la alternancia en la

gubernatura determinará un mayor protagonismo de la

SSPE.

Los logros de la

SSPE

La institucionalización de la seguridad pública en Veracruz

se ha caracterizado hasta ahora por un programa de autopro-

tección gubernamental, por la eficacia de la vigilancia comer-

cial y bancaria, y la baja eficiencia de la seguridad pública.

La circulación de las fracciones de élites regionales en el go-

bierno estatal no ha alterado dicho patrón institucional. De este

modo, a pesar de la discontinuidad de algunos programas opera-

tivos, la planeación ha estado garantizada por las instituciones

policiacas nacionales y por el personal técnico de la adminis-

tración de las policías regionales. En el gobierno actual —com-

parado con los anteriores— existe una centralización mayor de

las decisiones sobre el sistema policiaco regional. La Secretaría

concentra las decisiones que en el gobierno anterior fueron

tomadas por los Consejos Estatales de Seguridad Pública.

La venta de operativos a particulares y la apertura de

empresas de seguridad privada resultan muy rentables. La

Policía Ministerial, las policías Intermunicipales y las policías

municipales son utilizadas para reprimir los movimientos

sociales de riesgo, tales como el movimiento de ahorradores, de

cooperativistas de Zocohuite y de municipalistas de Coyutla y

24

Gina Domínguez, Las cifras del ssisc: 11 servicios, sólo 4 atracos ,

entrevista a Enrique Pérez,

Transición

marzo de 1997.

han sido los principales mecanismos de control sociopolitico

junto al control social de los índices delictivos.

Durante las gubernaturas de Agustín Acosta Lagunes,

Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado y Patricio

.

Chiri-

nos, las corporaciones policiacas ministerial, intermunicipal y

municipal fueron las instituciones que recibieron el mayor

número de recomendaciones (ver cuadro ix) del total emitido

por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

(CEDHV). Dicha comisión se instituyó en 1991 y sólo tiene fun-

ciones de recomendación. Actualmente es coordinada por Jorge

Luis Rivera Huesca, ex agente del Ministerio Público en el

Puerto de Veracruz. Las violaciones a los derechos humanos

constituyen en conjunto, sólo un tipo de las patologías de las

policías estatales. En este ciclo, algunos ex policías han ges-

tionado el secuestro y el robo de autos. La vigilancia de oposi-

tores se ha institucionalizado como un asunto de seguridad

interna, mientras se avanza en la cooptación de la partici-

pación de las contraélites regionales en los procesos electorales.

Las garantías individuales y los derechos humanos

Bajo pretexto de garantizar el orden público, las policías

violan sistemáticamente garantías individuales y derechos

humanos fundamentales.

La limpieza urbana de niños de la calle, la propuesta de

reglamentación de marchas en Xalapa y la detención de las

movilizaciones de actores sociales que se dirigen hacia la

capital constituyen, desde una perspectiva civil, un riesgo

grave para la democratización pretendida por el Estado.

Estas decisiones manifiestan la tentación autoritaria de los

mandos operativos de la

SSP .

82 83

Cuadro IX. Las violaciones

Cuadro X. Detención de marchas,

2 0 0 0

-

2 0 0 1

continúa)



Demanda

Resultado

Or

gan

izac ion

es

Descripción

del acontecimiento

45 patrullas detuvieron

el camión en el que se

transportaban a la

altura de las comunidad

de Tamarindo.

13 de marzo del 2001.

En el transcurso de la

detención, muere de un

infarto el campesino

Juan Alberto de la Cruz.

No se les permitió

trasladarlo para aten-

ción médica.

35 campesinos del ejido Petición de tierras.

Los

Ajos, Santa Clara.

Cercados por 300 ele-

mentos de la PIXBT

dependiente de la

DGSPE.

12 camiones con per-

sonas provenientes de

Veracruz y Tierra

Blanca.

Concentración en la

capital en contra de la

reforma fiscal.

8 de mayo del 2001.

Los manifestantes

fueron orillados a un

costado de la carretera

federal Xalapa.

Veracruz.

a los derechos humanos en Veracruz

1994

995

996

997

998 1999

Quejas recibidas

por la CEDH.

Dirección General de Seguridad

Pública-Policía Intermunicipal

Dirección General de Tránsito

Dirección de Seguridad Industrial,

Bancaria y Comercial

Policía Judicial-Ministerial

INEGI.

Anuario Estadístico de Veracruz, 1993-1998.

Los desalojos de los niños de la calle para encerrarlos en las

aldeas institucionales, o bien para su contratación en los

cuerpos policiacos, son un ejemplo típico de la limpieza de

clase practicada, en la urbe, por quienes se impresionan ante

la desigualdad producto del sistema político que gestionan.

La adaptación de la regulación de la protesta en los países

industrializados a una sociedad tan desigual como la vera-

cruzana, no va a lograrse sin la desobediencia civil y la

resistencia de actores que se autodescriben como excluidos de

los pactos comerciales o de la política social.

La propuesta de reglamentación de marchas ha sido aban-

donada; no obstante, continúa la detención de las moviliza-

ciones —de ahorradores, campesinos, productores; comer-

ciantes en demanda de solución a problemas de tenencia,

vivienda y agua; así como rechazo de la reforma fiscal y peti-

ción de apoyos para afectados por el cierre de ingenios. Este

tipo control político constituye un ejemplo de los excesos de la

gestión militar de las policías estatales (ver cuadro x).

84

Agricultores integrantes

del Frente Democrático

Popular de las

Huastecas.

Productores, obreros y

comerciantes de

Huoyapan de Ocampo.

Campesinos de Playa

Vicente.

Audiencia con el gober-

nador sobre problemas

agrarios.

Apoyo ante el cierre del

ingenio azucarero

Cuautotolapan.

10 patrullas per-

manecieron en el lugar

para impedir que los

inconformes llegaran a

Xalapa.

Interceptados por 40

patrullas de la DGSPE

en La lea, a unos 30 km

de Tierra Blanca.

5 de marzo del 2001.

epresión mediante el

Retenidos por las

so de perros; hubo

fuerzas policíacas desde lesionados.

la 1:00 hasta las 14:00

horas del día siguiente,

con el pretexto de ser

sometidos a una revisión

para detectar si

trasportaban armas.

3 de octubre del 2000.

Encañonados en

revisión.

Violación de garantías 9

de mayo del

2001 .

individuales.

evisión.

300 personas de dife-

rentes organizaciones de

Córdoba.

Concentración en la capi-

tal en contra de la

reforma f iscal .

Retenidos a la altura de

Totutla por elementos de

la PIX13T dependiente

de la DGSPE.

Campesinos

de Tenampa.

Campesinos de

Zocohuite, Ixhuatlán de

Madero.

Habitantes de

Ayahualulco.

Vivienda y agua potable.

Respeto de resultados

electorales mediante

toma del Palacio

Municipal.

25 de abril 2001.

Revisión.

19 de octubre del 2000.

Entrada violenta de los

elementos de la DGSPE.

Septiembre del 2000.

Al llegar a Coatepec, 75

elementos policiacos

—entre hombres

y

mujeres— obligaron a los

conductores de los cua-

tro camiones a detenerse

y estacionarse en la

orilla de la carretera.

Un campesino muerto y

ocho heridos.

400 elementos de la SP

desalojaron a los incon-

formes.

8 54 5

0672 12 929 12 135

2 8 01

816

85

2

26

2

24 2

16

Cuadro X

En Zocohuite, el conflicto por tos peligros de la línea de



(concluye)

Organizaciones

emanda

Habitantes de la

ivienda.

Reserva territorial.

1 de agosto del 2000.

Desalojados por elemen-

tos de l a DGSPE.

Habitantes de Sochiapa.

1600 ahorradores de la Exigen su dinero.

Caja Popular de

Veracruz.

Integración Ciudadana Respeto a resultados

por la Democracia.

lectorales.

25 de febrero del 2001.

Entrada violenta de la

Policía municipal.

4 de mayo del 2000.

Desalojados con violen.

cia por miembros de la

DGSPE en la carretera

federal O r izaba-Córdoba.

Detenidos más de 10

camiones de Alto Lucero

y Actopan por elementos

de la SSP para evitar

que llegaran al desfile a

la capital el 1 de mayo

del 2002.

5 lesionados y una hos-

pitalizada en Tuxtepec,

Oaxaca.

15 personas lesionadas e

intoxicadas con gases

lacrimógenos.

Diario

AZ.

Por otro lado, los conflictos de Zocohuite de Ixhuatlán de

Madero, Coyutla, Santiago Sochiapa y Playa Vicente, ilustran

los excesos policiacos contra ciudadanos organizados en

movimientos cívicos. En estos casos, la respuesta policiaca

plantea riesgos para el espectro de los movimientos sociales y

las organizaciones civiles regionales.

La solución policiaca de los conflictos sociales ha sido

determinada tanto por la presión de ganaderos, comerciantes,

transportistas, como por las tensiones entre los funcionarios

policiacos y políticos encargados del gobierno estatal. Los

movimientos por el reconocimiento de una cooperativa de

transporte en Zocohuite, la destitución de Basilio Picazo

Pérez —presidente priista en Coyutla— y la demanda de

autonomía municipal en Sochiapa se solucionaron mediante

la intervención policiaca sin negociación política.

86

transporte del cacique local, Nabor Mejía, produjo la inter-

vención policiaca, la retención de policías de la

DGSPE

por

campesinos, la detención de los lideres de la Organización de

Indígenas de la Sierra Norte de Veracruz, Lauro Cruz y

Felipe Hernández, bajo cargo de fraude.

En Coyutla, la toma del palacio municipal por integrantes del

Movimiento Cívico Coyuteco terminó con el desalojo policiaco.

En Sochiapa, la demanda de autonomía municipal terminó

con el encarcelamiento de Miguel Bautista Alonso y Andrés

Cano Martínez, lideres del movimiento.

La experiencia de una policía comunitaria en Sochiapa es

el principal logro del movimiento social regional, lejos de la

cero tolerancia nativa .

Después de la intervención policiaca, los movilizados se

sumaron en un pacto indígena con la intermediación del

PRD,

para demandar, en el caso de Zocohuite, concesiones de auto-

transporte rural, el reconocimiento de una sociedad coopera-

tiva de transporte y la indeminización de los heridos en los

enfrentamientos con la policía; en el caso de Coyutla, la

desaparición de poderes y la instauración de un Concejo

Municipal y, en el caso de Sochiapa, el reconocimiento como

municipio libre.

La misma respuesta policiaca se utilizó en el desalojo de

priistas del Palacio Municipal de Ayahualulco, el cual estuvo

en manos de éstos hasta el 5 de agosto del 2002. Los priistas

impedían la instalación de un Concejo Municipal, constituido

por panistas y perredistas.

87

Descripción

del acontecimiento

Resultado

Fuentes



ALVARAD O, Arturo.

El desafío democrático de México: seguridad

y

2001

estado de derecho.

Colmex, México.

BAILEY, John y Roy Gobson.

Crimen organizado y gobernabilidad

2000

democrática.

Grijalbo, México.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Programa Veracruzano de

1999 Seguridad Pública. México.

Programa Policía Intermunicipal. Xalapa, Veracruz.

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INEGI.

Anuario Estadístico de Veracruz, 1993-1998.

Méx ico .

ROCHÉ, Sabastian.

¿Tolérante Zéro? Incivilités et Insecurité.

Odile

2002 Jacob, Francia.

SSP.

Valores, virtudes.

Col. Nueva Generación, Gobierno del Estado

1999 de Veracruz, Xalapa, Veracruz.

SSPE.

Todos contra el delito, todos contra la impunidad.

Gobierno del

2002 Estado de Veracruz, Xalapa, Veracruz.

VELÁSQU EZ RIVERA, Luis.

Bamba violenta.

Océano, México.

1 986.

ZAVALET A BETAN COURT, José Alfredo. El sistema policiaco en Veracruz,

1996

982-1994. Tesis de maestría, UTA,

México.

La militarización de la seguridad pública en México, 1994-

2000

998. Tesis doctoral, BUAP,

México.

III. LA

PAR TIC IPAC IÓN C IUDADANA

E N L A S E G U R I D A D P Ú B L I CA

Preámbulo

El giro hacia la prevención y la participación

El paradigma de

la

prevención

La mayoría de los discursos y las prácticas de los organismos

globales proponen el abandono de los programas reactivos

contra el delito y giran hacia la prevención. Las propuestas

de seguridad humana , ciudades seguras y los foros

regionales sobre el tema de la seguridad insisten en la necesi-

dad de anticiparse a la comisión de los delitos.

La ONU

propone un énfasis mayor en la seguridad de la

I I

gente [...] una seguridad sustentada en el desarrollo humano

(Moloeznick, 2002: 45).

El fracaso de las políticas reactivas ha llevado a los analis-

tas a suponer que si se previene, entonces las élites no ten-

drán que enfrentar la delincuencia multiplicada. En parte,

dos limites de las políticas reactivas se deben a los nuevos

tipos de delitos y a que la mayoría de éstos se producen en los

ámbitos privados; a las observaciones parciales de la delin-

cuencia y a la deficiente interpenetración de los campos y sis-

temas vinculados con el entramado policiaco.

La prevención de los delitos parte de la premisa que dife-

rencia el castigo de la vigilancia, pero sin considerarlos como

89

8

excluyentes: el paradigma punitivo se basa en el castigo de

Las dos propuestas imaginan a las ciudades europeas y



11

los delincuentes y el paradigma preventivo se enfoca a las

causas que origina la delincuencia ; ambos factores pueden y

deben ser complementarios (Pefialoza/Espinosa, 2000: 4).

La prevención del delito implica el impulso de una politica

social, la participación ciudadana, la profesionalización poli-

ciaca y la readaptación. La idea amplia de la prevención

supone niveles que restringen el uso del castigo a situaciones

extremas, así, la prevención primaria se implantaría antes

del delito, la secundaria se aplicaría a delincuentes y vícti-

mas, y la terciaria, a la readaptación.

La preocupación principal de esta perspectiva es la reduc-

ción de los costos materiales de la delincuencia; sin embargo,

también se preocupa por los efectos negativos de ésta en la

integración social. Para algunos especialistas la seguridad ciu-

dadana constituye un ámbito en que la ciudadanía y la cohe-

sión social de vinculan estrechamente (Arraigada, 1999).

La propuesta ciudades seguras y los programas de los

foros europeo y latinoamericano para la seguridad urbana

añaden la dimensión comunitaria a la prevención de la

delincuencia. La propuesta ciudades seguras sostiene que

la participación voluntaria de los vecinos en dispositivos

barriales y comunitarios puede constituir el punto de par-

tida para lograr que todo ciudadano sea un actor en la

reconstrucción de la seguridad .' Los foros regionales han

propuesto la formación de operadores sociales en seguridad

urbana dentro del campo de los recursos humanos

(Programa Ciudad Segura, 1996).

1

http/www.regione.emilia-romagnalt/cittasicure/

latinoamericanas como espacios hospitalarios, tolerantes e

incluyentes.

El nuevo paradigma de la prevención del delito enfatiza la

necesidad del diseño de políticas y programas para atender las

causas de la delincuencia; sin embargo, tanto el nuevo como el

viejo paradigma reactivo dejan intactas las desigualdades y

distinciones sociales. El paradigma de la seguridad de aquellos

que habitan en la urbe no sólo se limita a la reducción de los

riesgos en las ciudades, sino que asume, además, desde una

perspectiva realista que la desigualdad social es un proceso

irreversible al que sólo puede anteponerse el ideal normativo

del desarrollo humano (Lyon, 2002:139).

Es simple: si la Cero Tolerancia es la realización nacional

de

la guerra justa global, la seguridad humana constituye

una escala del desarrollo humano. Por supuesto, entre ambas

existe una diferencia fundamental. La Cero Tolerancia, en

sus distintas vías, americana y europea, es la glorificación

del estado penal [...] la mano derecha del estado que susti-

tuye a la mano izquierda, simbolizada por la educación, la

salud, la asistencia y la vivienda ; mientras que la seguridad

humana representa una vieja forma de humanismo en nom-

bre del cual se practica la limpieza de clase y la penalización

de la pobreza (Wacquant, 2002: 7).

La ciudadanización de la seguridad pública

La participación ciudadana ha sido hasta ahora un disposi-

tivo de control nacional popular; un dispositivo de inclusión

subordinada de los ciudadanos para la legitimación de políti-

cas públicas. Para los últimos gobiernos del régimen priista,

dicha participación ciudadana fue un instrumento de

90

91

planeación y gestión, así como un requisito para la asignación

para la participación de la sociedad respecto de las funciones



de recursos públicos (Vázquez Nava, 1994; Rivera Sánchez,

1998). Evidentemente, el gobierno federal panista gestiona de

forma singular este segmento de la cultura política nacional.

La idea de la participación ciudadana en la seguridad

pública es reciente. La alternancia en el gobierno federal

impulsó un proceso de ciudadanización limitado que se

encuentra restringido por la centralización policiaca caracte-

rizada por la inclusión de los militares en las policías.

2

La creación de la

SSP

en México ha posibilitado una pro-

puesta de participación ciudadana en la seguridad pública,

bajo el control del gobierno federal y los gobiernos estatales.

La posibilidad de la participación de los ciudadanos en los

programas de seguridad pública se consigna en la ley general

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y en el

Programa Ojo Ciudadano anunciado como parte de una

Alianza Social contra la Delincuencia.

En los artículos 49, 50 y 51 la ley general del

SNSP

señala

la necesidad de establecer mecanismos y procedimientos

2

Reforma,

Firmó la

PFP

seis convenios con instituciones para prevenir

delitos , 25 de julio de 200 0. Al respecto dice la nota: La Policía Federal

Preventiva firmó a la fecha seis convenios de colaboración con instituciones

que representan a más de 100 mil afiliados para darle cauce al interés

de

la

sociedad civil por part icipar en tareas de prevención del delito. En un comu-

nicado, la

PFP

indicó que los organismos con los que se ha suscrito este nuevo

t ipo de relación institucional son el Consejo N acional de O rganizaciones no

Gubernamentales, que t iene presencia en 27 estados de la República y coor-

dina esfuerzos de mil 841 agrupaciones. Asimismo, la Confederación

Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria de la

Transformación, el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en

Seguridad Pública y las cámaras nacionales del transporte en carretera,

pasajeros y turismo .

que realice y, en general, de las actividades de seguridad

pública del país [...] conocer y opinar sobre políticas de seguri-

dad pública en el país; sugerir medidas especificas y acciones

concretas para mejorar esa función; realizar acciones de

seguimiento [...] denuncias o quejas por irregularidades ;

asimismo, el programa Ojo Ciudadano, anunciado como el

producto de la articulación de las decisiones del último go-

bierno priista y los frutos de la participación ciudadana .

Dice: hay que responsabilizar públicamente a cada autoridad

de sus obligaciones y que sea la sociedad quien exija eficacia,

cuentas y resultados

(LGSNSP,

1996; Ojo Ciudadano, 2000).

La ley del

SNSP

es muy genérica sobre la participación ciu-

dadana. La participación de la comunidad se limita a: opinar,

sugerir, monitorear y denunciar. El título tercero sobre la

participación de la comunidad establece que la participación

debe restringirse a las actividades que no sean confidenciales

o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de la

seguridad pública

(LGSNSP,

1996: 71). La ley no especifica

sobre las diferencias entre la confidencialidad y lo público, y

al respecto, delega en las élites políticas y policiacas la

decisión sobre el establecimiento de limites.

En su caso, Ojo Ciudadano —que dice asumir el nuevo para-

digma de la prevención— se propone la institucionalización de

la participación ciudadana en seguridad pública, para reducir

los riesgos generados por la participación totalmente espon-

tánea [...] angustiante, criticista y efímera . Para el impulso

de la participación genuina , la SSP

planea orientarla para

que sus iniciativas y acciones sean más fructíferas dentro de

un esquema de convergencia efectiva entre sociedad civil y

gobierno (Ojo Ciudadano, 2000). Para tal efecto, las estrate-

gias de la SSP son la difusión, la búsqueda de relaciones, el

9 2

93

cabildeo y la firma de pactos con organizaciones sociales;

la

En 1994 y luego de las tentaciones de la militarización



evaluación ciudadana, denuncia y coadyuvancia

(Ojo

Ciudadano, 2000).

La cogestión ciudadana de las policías locales

En el país existe un conjunto de experiencias que ejemplifican

la singular relación entre el sistema político y sociedad civil,

que se funda en la inversión de capitales sociales y políticos

distintos a los típicos, es decir, a los utilizados por los últimos

gobiernos priistas, para la cooptación de la participación

política en la seguridad pública.

Los casos más representativos son las experiencias del

DF,

Jalisco y Querétaro. Estas experiencias se caracterizan por la

innovación institucional en la gestión de programas de

vigilancia.

En el primer caso, el del

DF,

la experiencia data de 1989 y

se localiza en la delegación Benito Juárez. Los ciudadanos se

organizaron en comités vecinales e integraron paquetes de

estímulos a policías; esto constituye el principal antecedente

del programa gubernamental de seguridad pública en la

gestión perredista de 1997 a 2000. En la última, el programa

Una Ciudad Segura y con Justicia se anunció como la acción

coordinada entre ciudadanos y gobierno (Sánchez Mejorada,

1993; Favela, 1999).

El programa se instauró en 14 zonas de la ciudad, seña-

ladas por una alta tasa delictiva. La fase inicial de imple-

mentación incluía policías de barrio y participación ciu-

dadana en la planeación y los estudios realizados , orientada

hacia una policía comunitaria, para que juntos, cada quién

en su ámbito, contribuyamos a recuperar la ciudad (Favela,

1999: 215).

mediante volantas para el área metropolitana de Jalisco se

creó un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención

y

Readaptación Social,

3

presidido por el gobernador y limi-

tado a funciones consultivas. La participación de la sociedad

civil se registró mediante el Colectivo Jaliscience Dignidad

Ciudadana, que albergó a 18 organizaciones civiles y que se

propuso como principio que el gobierno se abriera a un diá-

logo con la sociedad, rindiendo cuentas de su actuación y

abriendo mecanismos reales de participación ciudadana

(Zavaleta, 2000; Ramos Martínez, 1998).

El Colectivo Jaliciense Dignidad Ciudadana desarrolló un

plan de trabajo que pretendía, asimismo, propiciar en los

ciudadanos el análisis de las causas de la inseguridad [...]

fomentar la acción preventiva-defensiva [...] desarrollar la

capacidad de elaborar demandas y planteamientos ciu-

dadanos contra la inseguridad pública y su conversión en

políticas públicas . Las estrategias utilizadas fueron el diseño

de historietas ilustradas y la inserción de éstas como encar-

tes en la prensa , para lanzar una campaña; la impresión de

calcomanías; la difusión de mensajes por diversos medios; el

diseño de manuales dé autodiagnóstico, e incluso un juego de

mesa llamado El laberinto del delito; la edición de videos

educativos para organizar comités de vecinos; la realización

de foros de análisis, así como la elaboración de un cues-

tionario sobre delitos para la consulta ciudadana (Ramos

Martínez, 1998).

3

Anticipado en parte por Arturo Zamora Jiménez (primer subsecretario

de Seguridad Pública de Jalisco). Política Criminal en el Estado de Jalisco,

II Congreso de Investigación Urbana y Regional, Red Nacional de

Investigación Urbana, 1997.

94 95

Para 1998, el gobierno panista de Alberto Cárdenas El programa involucró a la Secretaría de Gobierno del



Jiménez (1995-2001) había limitado la participación de las

organizaciones civiles a los consejos consultivos municipales y

al Consejo Ciudadano. Los primeros informes gubernamen-

tales hablan de la participación social en la prevención del

delito en escuelas y colonias mediante comités ciudadanos. La

participación neocorporativa bloqueó la participación civil o

sencillamente esta última no se verificó fuera de los esque-

mas copulares [...] alejados del ciudadano medio, mientras se

consolidó una tendencia hacia la privatización individualista

—desde abajo, espontánea— de la seguridad pública .

Asimismo, un dato importante fue el incremento de la

demanda de los servicios de seguridad privada.

( AA,

1 9 9 8 :

Regalado, 1998: 63; Ramírez Sáiz/Chávez, 1998).

En el área metropolitana de Guadalajara, Zapopan,

Tlaquepaque y Tonalá, se han promovido los programas Policía

de Barrio, Conoce a tu Policía y Club Amigo del Policía, Cédula

Barrial, Vigilancia Interna en las Escuelas y Vecinos Alertas. Los

programas Cédula Barrial y Vigilancia Interna se basan en la

selección de jóvenes o estudiantes para el ejercicio de la autovigi-

lancia grupal. Estos conjunto de programas pretende la mejora

de la imagen de los policías, mediante visitas a centros escolares

para explicar la complejidad de su función social, así como la con-

versión de los ciudadanos en parapolicías e informantes [...] dela-

tores de sus vecinos" (Ramírez Sáiz/Chávez, 1998: 223, 241).

En el caso del municipio de Querétaro, la gestión priista de

1994 a1997, impulsó un programa de seguridad pública como

parte del sistema municipal de participación social. El

Programa de Seguridad y Vigilancia constituyó una inno-

vación a pesar del obstáculo constitucional del artículo 115,

que imposibilita la gestión municipal de la policía en los

municipios en los cuales residen los gobernadores estatales.

Estado, a la Dirección de Seguridad Pública y a los vecinos de

zonas de bajo riesgo para los vigilantes ciudadanos desarma-

dos, la mayor parte de ellos jubilados y jóvenes. El municipio

en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública finan-

ció y gestionó la infraestructura y la capacitación inicial de

los participantes en el programa, aunque el objetivo era el

autofinanciamiento mediante pago vecinal; mientras los ciu-

dadanos, en asambleas de barrios, colonias y zonas habita-

cionales, propusieron a los vigilantes o aprobaron a los postu-

lados por el ayuntamiento.

El programa estaba centralizado. La relación de inspec-

tores, enlaces y vigilantes vecinales garantizaba la comuni-

cación múltiple. La reducción de los riesgos en la operación

del programa se anticipaba mediante la rotación de los ope-

radores. El programa se deterioró debido a los problemas

administrativos derivadoá de la gestión centralizada, a los

conflictos electorales propiciados por los partidos que se dis-

putaban la administración municipal; debido también a la

deficiente recaudación fiscal y por las precarias condiciones

laborales de los vigilantes ciudadanos (Romero, 2000).

4

Las experiencias municipales de ciudades como Mexicali,

León, Aguascalientes, Uruapan, San Martín Texmelucan y

4

Una propuesta contemporánea implementada en el municipio de

Corregidora, Querétaro se propuso crear un prototipo de ciudad segura

basado en la creación de redes sociales y en la configuración de un nuevo

sentimiento de seguridad a partir del análisis de los nudos del sistema

policiaco local, en la cual la participación debía subordinarse al ayun-

tamiento mediante una propuesta de municipalización de la policía. Raúl

Martínez Merlín y José Luis Ruiz Gutiérrez, Modelo de seguridad para los

habitantes del municipio de Corregidora, Querétaro, Facultad de Ciencias

Políticas y sociales, UAQ, julio-septiembre de 1998.

9 6

97

Tehuacan, entre otras, se han establecido con una lógica

público . 5

La Ley de Seguridad Pública Estatal

(LSPE,

1 9 9 8 )



a

a

71

semejante. Así las prácticas de cooptación ciudadana dise-

ñadas por el ayuntamiento ganan adeptos con la presunción

de otorgar autoridad a los ciudadanos, siempre bajo control

político. La experiencia de la policía comunitaria de San Luis

Acatlán, Guerrero y Santiago Sochiapa, Veracruz, escapa a la

lógica de la participación colonizada en la seguridad pública

(AMMAC, 2002).

La participación ciudadana en la seguridad pública se

reduce a las instancias selectivas de representación, a la eva-

luación de los riesgos, al financiamiento de infraestructura, a

la vigilancia y la denuncia, en virtud de que [argumentan] se

corre el riesgo de ser politizada o desvirtuada su función . El

discurso municipal predominante gira en torno a que la ciu-

dadanía conozca resultados ; orientarlos respecto de compe-

tencias [...] generando mayor participación y coadyuvancia

con el ministerio público [...] y ampliar las facultades que

actualmente limitan las actuaciones en la línea divisoria de

los derechos humanos y la actuación policial . (AMMAC, 2002).

La experimentación dura de los militares

La participación ciudadana institucionalizada

La gestión de la seguridad pública regional es premoderna. La

competencia partidaria generada por la alternancia en el go-

bierno federal y la inexistente alternancia en el gobierno

estatal ha imposibilitado una experimentación local de la ciu-

dadanización de la seguridad pública.

La Constitución estatal establece en el artículo 49 frac-

ciones Iv y mi la disposición de las policías estatales al Poder

Ejecutivo en casos de fuerza mayor o alteración del orden

aprobada el 16 de enero de 1998 establece en los artículos

9, 15, 36, 37, 38, 39, 40, las modalidades de la participación

ciudadana en el campo de la vigilancia estatal.

La regulación de la participación ciudadana en la seguri-

dad pública propone la inclusión de ciudadanos en la

planeación y supervisión mediante los comités de partici-

pación ciudadana integrados por representantes varios: en

general, [...] miembros de organizaciones civiles interesadas

en contribuir a mejorar la seguridad pública en su comu-

nidad , convocados por los consejos estatales y municipales de

seguridad pública.

6 (LSPE,

1998).

La participación ciudadana en la seguridad pública no fue

la estrategia principal del gobierno de Patricio Chirinos. El

Programa Estatal de Prevención del Delito, diseñado en

marzo de 1997, en el último año del sexenio, consideraba la

escasa participación de la sociedad civil como un factor

criminógeno .

E l

espíritu gubernamental tardío se decantó

hacia la autoinducción de convenios de participación ciu-

dadana de organizaciones civiles; sin embargo, el programa

nunca entró en funcionamiento

(PEPD, 1997).

En el gobierno de Miguel Alemán, las élites policiacas

hablaron de establecer los mecanismos necesarios para que

sociedad y gobierno, en un marco de consensos, diálogos y

acuerdos, luchen unidos contra la delincuencia [...] es impor-

tante reconocer la responsabilidad de los ciudadanos en la

5

Texto de la Reforma Integral a la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Veracruz-Llave, Gobierno del Estado de Veracruz, 2000.

6

Ley 95 de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz-Llave, Consejo

Estatal de Seguridad Pública, 2002.

98

99

rT1

conformación de una cultura de seguridad preventiva . El

Los comités y subcomités son invitados selectivamente a la

evaluación de los resultados y sólo hacen sugerencias de pre-



.M2

objetivo del programa de participación ciudadana, incluido en

el Provesep insiste en la necesidad de una cultura de la

seguridad pública preventiva y en un clima de tranquilidad

[...] que permita el desarrollo de las potencialidades econó-

micas, políticas, sociales y culturales de los veracruzanos

(Provesep, 1999: 60,62).

Para el año 2000 se habían conformado ya 67 Comités

Municipales de Participación Ciudadana y 126 subcomités en

Pacho Viejo, Xalapa, Cosautlán, Alvarado, San Juan Evange-

lista y Minatitlán.

7

La experiencia más acabada —en esta fase

instituyente— es la de Xalapa. El Consejo Municipal de

Seguridad Pública de esta ciudad, instituido el 5 de agosto del

2002, está compuesto por el presidente municipal, la sindica

única, el regidor decimotercero del ramo de tránsito, el director

de protección civil, el coordinador de la policía intermunicipal,

el director del reclusorio de Pacho Viejo, siete agentes del minis-

terio público estatal, dos agentes del ministerio público federal,

el director de la policía ministerial, el comandante de la 26'

Zona Militar y el Presidente de la

CEDHEV,

asistidos por la

Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal.

El Comité Municipal de Participación Ciudadana está inte-

grado por los representantes de la Canaco, los Clubes de

Leones y Rotarios, la Barra de Abogados, la sección 52 del

SNTE,

el

SUTSEM,

la Cruz Roja, Bomberos,

INJUVER,

Centro de

Integración Juvenil, Avan-Radio,

Diario de Xalapa,

las cuatro

delegaciones del ayuntamiento, la uv y la Asociación de

Escuelas Privadas de Educación Superior. La presidencia del

comité está en manos de la Canaco.

7

Miguel Alemán, iv

Informe de Gobierno, 2001-2002.

100

vención, vigilancia y denuncia.

8

Los principales gestores de

los subcomités son los jefes de manzana, los agentes munici-

pales y las personalidades más representativas del mu-

nicipio .

8

El Consejo, los comités y los subcomités de participación

ciudadana han sido diseñados por las élites locales como un

dispositivo de legitimación. Las funciones principales de estas

instituciones han sido la restauración de la imagen de las

policías y los discursos sóbre los riesgos delictivos en las colo-

nias y las escuelas.

La cooptación de la participación ciudadana ha sido re-

chazada espontáneamente por los citadinos, los cuales

argumentan que el ayuntamiento pretende deshacerse de

sus responsabilidades básicas como la seguridad. Dice la

secretaria ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

Pública: la ciudadanía [...] llega a confundir y hasta asume

respuestas como el decir que ahora ya las autoridades

quieren que nosotros también seamos policías, cuando se

les habla de que deben participar en la seguridad pública

[...] si nosotros de momento queremos presionar a la gente

que trabaje hacia la seguridad pública, pues recibimos un

rechazo .

1 0

8

Reglamento inte rno del Consejo Municipal de Seguridad Pública de

Xalapa, Gobierno Municipal, 2001-2004.

9

Entrevista a la secretaria ejecutiva del Consejo Municipal de

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Xalapa, 16 de julio del 2002.

1 °

bid.,

p. 4.

1 0 1

La vía de la militarización pasiva

Durante el periodo enero-abril de 2001, la

SSP

hizo un

análisis de las acciones realizadas en otras entidades federa-



tivas, respecto de los ejes rectores del

SNSP , con el objeto de

diseñar propuestas de las acciones que pueden ser aplicables

para el Estado de Veracruz .

El análisis describe las principales acciones en materia de

profesionalización, reforma judicial, equipamiento, servicio

policial de carrera y consulta y participación de la comunidad,

impulsadas en Chihuahua,

DF, Hidalgo, Jalisco, Morelos,

Nuevo León, Puebla y Tabasco. De ellas, se infiere que el go-

bierno estatal debe firmar un convenio con el

INEA

y la

SEC

para incrementar el nivel de instrucción de los policías;

duplicar penas a policías y ex policías que cometan delitos;

diseñar un programa de operativos con patrullas equipadas

con computadoras y red satelital; instituir fondos de previsión

social transparentes y, respecto de la participación ciudadana,

constituir los comités estatales y [...] municipales , pero no el

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

En tal contexto, la participación ciudadana institucional ha

sido un mecanismo corporativo nacional-popular y, sólo hace

algunos años el discurso acerca de ésta se recupera como

parte de las propuestas social-civilistas. La recuperación de la

participación ciudadana en la seguridad pública es reciente.

En Veracruz, la desaparición de la Subsecretaría de Asuntos

Jurídicos y Participación Ciudadana y la apertura de progra-

mas de participación en dependencias estatales, entre ellas,

las instituciones policiacas, es un buen ejemplo del carácter

colonizado de los programas de participación ciudadana con-

trolados por el gobierno.

La inclusión civil subordinada en los Comités Municipales y en

el mismo Comité Estatal de Seguridad Pública bloquea la evalua-

ción ciudadana. El dispositivo de control y legitimación de las

El gobierno de Miguel Alemán utilizó la figura constitucional

del plebiscito para legitimar la experimentación dura de la

gestión militar de las policías. Al respecto, la primera pre-

gunta en el cuestionario de cinco incisos decía —como si las

élites políticas y policiacas no tuvieran que hacerlo—:

¿Considera usted que el gobierno del Estado debe tomar

medidas para hacer más eficiente y garantizar a los vera-

cruzanos la prevención del delito, la impartición y adminis-

tración de justicia, la revisión de penas y el respeto a sus

derechos? El 89.96% de las respuestas, de un total de 679

836, fue sí , el resto, el 4.48%, una cifra interesante, fue no .

El plebiscito legitimó la militarización pasiva de las

policías, la reforma penal y los programas de participación

ciudadana colonizados. Para tal efecto, el gobierno estatal

desapareció la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y

Participación Ciudadana, y creó programas de este tipo en

cada dependencia. Los militares en función policiaca

desecharon una serie de experiencias de cogestión ciudadana

respecto de la eficiencia de los policías en distintos estados y

municipios del país, tales como

DF,

Jalisco y Querétaro. Por el

contrario, han promovido una experimentación dura a través

de la operación de programas reactivos, legitimada por la

implementación de la Cero Tolerancia, tal como lo hace el

gobierno del

DF,

gestionado por el

PRD

mediante la ley de con-

vivencia ciudadana.

1 2

11

Para las características del plebiscito ver Constituc ión Política del

Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, artículos 17, 67.

12

Reforma,

a, Ven fracaso seguro de Cero Tolerancia , 31 de diciembre de

2002.

1 0 2

1 0 3

policías se completa con el control policiaco de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDHEV), y el

La iniciativa de ley 95 proponía la disposición de las

policías por el gobernador; la delegación del mando directo



104

espionaje de los gestores sociales de las organizaciones civiles.

Es evidente que la próxima gubernatura debe incorporar a

la agenda estatal la creación de un Consejo Ciudadano de

Seguridad Pública; asimismo recuperar las experiencias ciu-

dadanas de gestión en materia de seguridad pública desarro-

lladas en Argentina, Brasil y Chile. Las experiencias de

reforma policial en estas sociedades suramericanas consti-

tuyen un banco de gestión para la experimentación autónoma

de control ciudadano local. Los foros municipales y departa-

mentales de vigilancia vecinal en Buenos Aires; la vigilancia

comunitaria mediante Consejos en Sao Paulo y los Comités

Ciudadanos de Seguridad Vecinal en Santiago de Chile son

los mecanismos más logrados de participación ciudadana y

rendición de cuentas de las policías ante sus ciudadanos,

aunque persisten las dificultades para involucrar a toda la

comunidad (Frühling, 2002: 32).

Las

posibilidades de control ciudadano de la eficiencia

policiaca

El debate legislativo sobre la seguridad regional

En el marco de la cruzada nacional, convocada por Ernesto

Zedillo, contra la delincuencia, Patricio Chirinos (1992-1998)

propuso la creación del Sistema Estatal de Seguridad

Pública. La iniciativa de la ley 95 presentada al Congreso

local, el 16 de mayo de 1996, y debatida por los diputados es

un buen ejemplo del interés focalizado de los partidos politi-

cos estatales por la seguridad pública y la participación ciu-

dadana en este campo.

de las policías a los funcionarios que señalen las normas

aplicables y la participación ciudadana mediante comités.

1 3

Para comprender la racionalidad del debate legislativo, es

necesario considerar los posicionamientos politico-electorales

de los tres principales partidos políticos. Para 1996, las alter-

nancias aún no representaban un logro de la democratización

electoral local. El

PRD

era la segunda fuerza electoral.* En el

debate, el interés legislativo se centró en los riesgos que, para

la soberanía municipal, contraía el hecho de que el gober-

nador dispusiera de las policías; del mismo modo, se discutió

sobre la posible violación de garantías y derechos, al margen

de la modernización de las policías. El apartado de la partici-

pación ciudadana sólo es referido en un sentido negativo, sin

la reflexión sobre las posibilidades de una contraloría social

fundada en las propias leyes estatales.

En el debate sobre los puntos generales de la iniciativa, el

PRD

votó en contra, argumentando que ésta no abordaba las

causas estructurales de la delincuencia, las cuales residían en

las políticas neoliberales; que la modernización policiaca multi-

plicaba los delitos y la impunidad. Según Fidel Robles

Guadarrama: [...] platicamos el grupo legislativo del

PRD sobre

el asunto [...] coincidimos en un voto en contra [...] no dice la

ley ni las exposiciones que se hacen para proponer votar a

favor, cuáles son las causales de este incremento importante en

13

Iniciativa de ley número 95 de Seguridad Pública para el Estado de

Veracruz-Llave, Poder Legislativo, 16 de enero de 1996.

* En las elecciones locales de 1997 el

PRD

sería desplazado como segunda

fuerza electoral y negociaría con el Pm la reforma constitucional de Veracruz.

1

105

la criminalidad [...] debería incluir la impunidad, la corrupción

[...] Estoy convencido que si seguimos por ese camino de la

gobernador, en el municipio donde residan los poderes del

estado, va a estar a cargo de la policía municipal »



estrategia neoliberal, mientras más inversión [..] más

impunidad [...] más criminalidad .

La respuesta del

PRI,

expuesta por Carlos Rodríguez

Moreno, consistió en la explicación sobre la pertinencia o

validez del debate. Sus argumentos giraron en torno al

interés jurídico: una ley no busca definir causas sociales [...]

una ley busca, en todo caso, crear el marco jurídico apropiado

para resolver los problemas »

En tales circunstancias, Fidel Robles Guadarrama pasó al

debate de los puntos particulares: ese discurso no sé cuantas

veces lo he escuchado [...] ¿ha cambiado esto?; yo le pregunto

a la gente común y corriente: ¿se siente segura la gente en la

calle?, ¿se siente segura en su propiedad? [...] una ley no es

una fracción imaginaria, una ley es el producto de un análisis

de la realidad y de una pretensión política, es lo que vengo a

discutir; si está bien hecha o está mal hecha [..] si está bien

redactada o no, eso yo no lo vengo a discutir »

Al respecto, Juana María Toriz manifestó su preocupación

por la amplia potestad que el artículo

14

otorga al Ejecutivo

del Estado para que disponga de las fuerzas de seguridad

pública, lo cual puede ocasionar que [...] en lugar de preservar

efectivamente la paz y la seguridad pública, se convierta en un

órgano represor . En su caso, Arturo Hérviz Reyes sostuvo:

queremos fundamentar nuestra postura en contra porque se

está violentando el estado de derecho; en el momento en que el

La respuesta de Carlos Rodríguez Moreno se fundó en el

artículo

X X V

de la Constitución estatal que dice tener bajo su

inmediata dependencia la policía, donde residan los poderes

de los estados . Al respecto dijo: su argumento no vale,

porque esta disposición legal está en plena concordancia con

las facultades que la Constitución reserva al gobernador del

estado » El debate sobre la estructura del Consejo Estatal

de Seguridad Pública extendió el debate. Los perredistas pro-

pusieron la integración de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos; los prüstas, por su parte, se opusieron, argumen-

tando la diferenciación funcional del Consejo y de la

Comisión. Carlos Rodríguez Moreno cuestionó: ¿Por qué

la Legislatura no tiene representación en este órgano?

Porque son tareas específicas, esencialmente administrativas

[...] porque si estamos reclamando la división de poderes,

debemos ser cuidadosos, porque mañana vendrá el

Procurador a decirnos como legisla?. Aún más: ¿Qué vamos

a hacer nosotros en el momento en que la

CEDH,

cuya autori-

dad moral es su gran valor, diga en el seno del consejo que no

está de acuerdo con tal o cual medida? [...] a lo mejor vamos a

hacer a la

CEDH,

sin quererlo, cómplice de decisiones que bien

tomadas en el escritorio, en la práctica, resulten violatorias

de los derechos humanos »

La iniciativa se aprobó con la oposición perredista y fue publi-

cada en la

Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el

17 de enero

14

Diario de Debates del Poder Legislativo,

I I I

periodo ordinario, p. 530.

16

Ibid.,

p. 532.

16

Ibid.,

p. 539.

106

17

Ibid.,

p. 538.

18

Ibid.,

p. 539.

19

Ibid.,

p. 543.

1 0 7

de 1998; sin embargo, ese debate, con sus alcances y limites, fue

premonitorio. Fundamentalmente, estos son los nudos del

La discusión del artículo XIX involucró al

PAN.

Agustín

Basilio de la Vega intervino para defender el derecho de los



108

1 0 9

debate público sobre el control de las policías en Veracruz.

Los diputados perredistas tenían razón al plantear la

necesidad de que el debate se desarrollara desde una perspec-

tiva amplia de la delincuencia; el diputado priista la tenía al

argumentar que se debería legislar de acuerdo con la norma

jurídica, pero ¿hay calidad en un debate legislativo que no

atiende a las causas estructurales de los problemas y a las

posibilidades de solución que proporciona la lógica legisla-

tiva? La calidad del debate parlamentario local es muy pre-

caria. La mayor parte de las discusiones están sujetas a la

correlación de fuerzas electorales y a las experiencias de los

diputados o de los asesores poco profesionales. No puede limi-

tarse el debate a la forma jurídica, pero tampoco la forma

jurídica es una escritura simple sin tradición legislativa.

Los priistas limitaron el debate al diseño técnico de la ley,

aunque el artículo

V

de la misma, sostiene que la preser-

vación de la seguridad pública, se sustenta en el constante y

efectivo mejoramiento de las condiciones de vida de la

población . Los perredistas asumieron una estrategia de re-

chazo: no estamos obligados, ni como perredistas ni como

ciudadanos, a tener que aprobarla; apruébenla ustedes, que

ustedes sean responsables si hay éxito o no hay éxito en la

seguridad del Estado y abandonaron la iniciativa sobre

la participación ciudadana. Los perredistas no imaginaron

que sus argumentos limitados a la denuncia espontánea blo-

quearían la posibilidad de un contrapeso civil al poder del

gobernador.

20

bid., p

535.

municipios a la aprobación de instancias regionales de seguri-

dad pública. El artículo decía en su fracción IV, como atribu-

ción del Consejo Estatal de Seguridad Pública: T..] Acordar

la creación de instancias regionales e intermunicipales de

materia de seguridad pública . El diputado panista propuso

una modificación según la cual T..] El Consejo Estatal tendrá

la atribución de acordar y proponer, en su caso, la creación de

instancias regionales de coordinación en materia de seguri-

dad pública y proponer a los municipios la creación de instan-

cias intermunicipales en la misma materia .

2

' La respuesta

del diputado priista Rufino Saucedo reconoció la plausibilidad

de la sugerencia, aunque señaló que la fracción ni del artículo

115 no impone a los municipios decisiones tomadas por el

Consejo Estata1.

2 2

La propuesta panista fue aprobada con

27

votos a favor y 4 en contra.

El gobierno panóptico

A contrapelo del entusiasmo de los nuevos gestores de los

comités de participación ciudadana, los viejos líderes de las

organizaciones civiles, tienen por experiencia, una obser-

vación negra de la seguridad pública. Los representantes de

los consejos y los comités de participación ciudadana deposi-

tan su confianza en las instituciones policiacas, así como valo-

ran la disposición de los policías para la colaboración en la

prevención de los delitos. Los líderes sociales, por lo contrario

21 *.

ioza p

546.

22

id

em.

—desde su débil posicionamiento de lucha política no institu-

cionalizada, producto del reflujo de los movimientos sociales—

alternancias locales. Para la mayoría de los líderes de

movimientos sociales tales como de la

CDDHAC, FZLN,



denuncian la baja sensibilidad de las élites políticas y policia-

cas para dialogar con las organizaciones civiles y los

movimientos colectivos.

Los organizadores de la participación institucionalizada

manifiestan que lo único que interesa es que se señalen los

focos rojos, sin saber quien los señale ; no forzosamente nece-

sitamos tener un policía para evitar que de alguna manera

resolvamos un problema [...] sino la decisión de todos los veci-

nos para combatirlo y yo creo que sí vamos a lograrlo .

2 3 El

entusiasmo de la gestión no se detiene en la reflexión sobre los

magros logros de intermediación de la primera fase insti-

tuyente del Comité, pero sí, en la queja: la ciudadanía ya no

cree en los ministerios públicos [...] esto es nuevo, estamos des-

cubriendo la manera de cómo trabajar lo que es el sector ciu-

dadano con el sector gobierno [...] es necesario que vayamos

avanzando paulatinamente en el conocimiento mutuo .

La larga tradición de lucha social de los gestores sociales,

fraguada en los conflictos —por desalojos, detenciones y vio-

lencia— con las policías estatales y municipales, determina

que éstos no puedan observar sino de forma negativa la moder-

nización del sistema policiaco regional. Los saberes locales

de los lideres civiles recurren invariablemente a la denuncia de

la represión policiaca, antes y después del auge de los

movimientos sociales, antes y después de los procesos de

Matraca,

CESEM,

la escasa sensibilidad del gobierno de

Agustín Acosta Lagunes, Fernando Gutiérrez Barrios/Dante

Delgado, Patricio Chirinos y Miguel Alemán (1980-2002)

respecto de los problemas estructurales de la sociedad vera-

cruzana: la pobreza, la migración y el desempleo, se han

reflejado en el dispositivo de limpieza urbana de clase, el

cual, de hecho, imposibilita los acuerdos de los líderes

sociales con las élites políticas.

El típico enunciado de las élites politicas y policiacas que

asegura: aquí no hay manifestaciones como en el DF

2 5

repre-

senta para los gestores y líderes sociales la represión

selectiva o brutal , la restricción de libertadesr, arbitra-

riedades , maltrato físico , extorsión , control y disuasión ,

sujeción , conculcación de derechos y golpes . Para estos

intermediarios sociopolíticos, el diálogo con el gobierno panóptico

es imposible por experiencia. El catálogo de excesos policiacos

contra niños de la calle, travestidos, indígenas, campesinos,

ciudadanos y cafetaleros muestra la violencia sistemática

del gobierno contra grupos tan diversos como independientes.

La mayoría de los encuentros con las élites en mesas de tra-

bajo o audiencias, después de la violencia policiaca contra los

actores sociales, ha concluido con la disolución de los acuer-

dos por incapacidad de los operadores estatales en la toma de

decisiones o con el desconocimiento jurídico de los acuerdos.

Así por ejemplo, los discursos de los lideres sociales coinci-

den acerca del carácter represivo de la policía. En entrevistas

ha sido posible recoger sus voces. Vivimos una política repre-

23

Entrevista a la secretaria ejecutiva del Consejo Municipal de

Seguridad Pública de Xalapa, 16 de julio de 2002.

24

Entrevista a José Rogelio Ibáñez, presidente del Comité de

Participación Ciudadana de Seguridad Pública de Xalapa, 9 de agosto

de 2002.

25 El Universal,

entrevista a Miguel Alemán, 3 de febrero de 2003.

110

111

siva, completamente

2 6

declara un militante indígena del

FZLN

de la región de Orizaba; Estamos viviendo el avance de

La respuesta espontánea de las organizaciones civiles y

los movimientos sociales ha sido la denuncia sistemática en los



la represión en Veracruz [...] en Tantoyuca [...] Ixhuatlán

2 7

ZLN

de Papantla; Hay un retroceso a

formas de sometimiento de los elementos sociales a la

antigua 2 8

afirma un gestor social del

CESEM; una represen-

tante

de los derechos humanos regionales sostiene: se exce-

den en el uso de la fuerza [...]la utilización de tratos

degradantes ;

2 9

El aparato de seguridad en esencia, en las

dos administraciones de Chirinos y Alemán ha tenido como

función el control y disuasión de cualquier organización

social

3

° ratifica otro militante del

FZLN

de Xalapa.

El FZLN

y el Comité de la Sociedad Civil —este último— uno

de los principales organizadores de la Red contra la Violencia

1

en Veracruz, coinciden en que el rasgo que permite definir

con mayor certeza a la administración de Miguel Alemán es

el abuso policiaco en la resolución de cualquier conflicto

político o social .

3

' Para los militantes del

FZLN,

en el estado

de Veracruz opera un dispositivo de control que restringe las

libertades políticas, ya sea en el caso de las demandas de

tierra —en Los Ajos, y La Perla, Zongólica—, de autonomía

municipal —en Coyutla y Sochiapa—, de asistencia —en

Tehuipango y Astacinga— o bien de garantías ciudadanas,

como en el caso de los niños de la calle o el contingente civil

reprimido el 1° de mayo del 2001.

medios, el seguimiento de casos e incluso el anuncio de un nuevo

régimen sin estas patologías. Las respuestas de la imaginación

ciudadana posibilitaron que las organizaciones civiles impulsaran

la capacitación de policías municipales y auxiliares.

En 1989 y como parte de un proyecto llamado Educación

para la Paz y los Derechos Humanos, la Comisión para la

Defensa de los Derechos Humanos

AC, impartió un

curso de

humanización a los policías de Tezonapa, un ayuntamiento go-

bernado por el Partido Mexicano Socialista (PMS).

3 2 El

CESEM

impulsó talleres sobre las atribuciones de la policía municipal

en los ayuntamientos de Ciudad Mendoza y Tonayán.

3 3

En el

Encuentro Acción Ciudadana por la Democracia y por la Vida, la

Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz, propuso

la autonomía de la

CEDHV

y la representación de ésta en la

Secretaría de Seguridad Pública.

3 4

El

FZLN

promovió la Red

Contra la Violencia en Veracruz bajo los principios de la

denuncia y la defensa de los derechos humanos.

De tales experiencias de trabajo político, las organizaciones

civiles han acumulado un capital social que ahora les permite

exigir la efectividad del artículo 56 de la Constitución estatal,

el cual ampara el juicio de protección en el caso de violación

de derechos y, por otra parte, propone la rendición de cuentas

y la capacitación humanista de las policías.

26

Entrevista a A, 29 de julio de 2002.

27

Entrevista a D, 29 de julio de 2002.

28

Entrevista a E, 14 de junio de 2002.

29

Entrevista a F, 11 de junio de 2002.

30

Entrevista B, 31 de junio de 2002.

31

FZLN,

Foro Nacional, Caminar Preguntando, 2-5 de febrero de 2002.

32

Cómisión para la Defensa de los Derechos Humanos

AC,

curso de humani-

zación para el cuerpo de Policía de Tezonapa, Veracruz, febrero de 1989.

33

Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara, Las a tribuciones de la

Policía Municipal, Tonayán, Veracruz.

34

ROCV ER,

Acción Ciudadana por la Democracia y por la V ida, Encuentro

Regional en Xalapa, mesa 5, 2-3 de octubre de 1999.

112 13

Para estos actores no ha sido necesario hasta ahora un tra-

bajo político de contrainteligencia. La mayoría de los líderes

políticas de seguridad pública descentralizadas. El hecho de

liberar del control estatal a las policías supone el diseño

de una política integral antidelictiva, de igual modo, implica



sociales desconocen las leyes de seguridad pública, las élites,

la estructura y el funcionamiento del sistema policiaco

regional, aunque coinciden en la necesidad de un debate

público sobre este campo. La focalización de la denuncia

es

una resonancia perversa de los discursos mediáticos pagados

por las mismas élites politicas, las cuales al inflar el capital

político de los militares, legitiman los excesos de las corpora-

ciones responsables de la seguridad pública. Las redes civiles

de organizaciones y actores contra la violencia no poseen

una

memoria de los conflictos políticos y policiacos, tampoco

ima-

ginan

el uso de las posibilidades jurídicas y politicas

de la

participación ciudadana, vista como un dispositivo de

con-

traloría

social de los policías.

La desarticulación, la sobrecarga de responsabilidades y la

desinformación contribuyen al círculo de la violencia regional

institucionalizada por el gobierno estatal. Las posibilidades de

un control ciudadano son abandonadas por el resentimiento poco

reflexivo y estratégico, generado por la humillación y el despre-

cio de las élites policiacas. Una vez que los partidos políticos, los

diputados y los medios de comunicación renunciaron a ser un

contrapeso al control policiaco, las organizaciones civiles y los

movimientos sociales son los únicos que podrían impulsar la

propuesta de un consejo ciudadano de Seguridad Pública para

aprobar los nombramientos y solicitar la remoción de funciona-

rios del sistema policiaco cuando hayan delinquido; investigar

las tasas delictivas e informar acerca de logros y patologías; así

como contribuir al diseño de políticas de seguridad y control civil

de las corporaciones policiacas .

La ciudadanización de las policías exige la incorporación

de

las organizaciones civiles en el diseño y operación de las

la ciudadanización de la gestión policial y la recuperación de la

experiencia de las organizaciones civiles. La participación de

éstas exige, a la vez, la información y la creatividad ciu-

dadanas en el diseño de alternativas, innovaciones institu-

cionales y dispositivos de participación institucionalizada, en

los municipios y en zonas intermunicipales. La participación

civil en la seguridad pública es sólo uno de los campos funda-

mentales en los que la presencia de los ciudadanos resulta

primordial.

La participación ciudadana regional

En los procesos electorales, los medios de comunicación pro-

mueven la idea de que la participación política se limita al

campo electoral. La radio, la prensa, la televisión y la propa-

ganda de los fotomurales nos dicen que de los electores

dependen los resultados de los procesos municipales y fede-

rales. En esos espacios, se reproducen dos discursos sobre la

democratización electoral en Veracruz: el de la transición y el

rechazo de los logros democráticos.

Por un lado, los discursos de la transición, tal como se

enuncian en los medios, los partidos y las reuniones de las

instituciones electorales, insisten en la necesidad de con-

tribuir a la consolidación de logros democráticos —como la

ciudadanización de las instituciones electorales y las alter-

nancias municipales—; sin embargo, este discurso no se ocupa

de la participación política de aquellos actores sociales que se

abstienen de intervenir organizadamente en las elecciones, ni

de los que se quedan en su casa.

a

115

14

Por otro lado, los discursos democráticos radicales asumen

la participación electoral como irrelevante, caracterizada por

contraélites veracruzanas, cuando toman decisiones e incluyen

en ellas a las organizaciones civiles y los movimientos sociales.

La ciudadanización de las instituciones electorales puede



una circulación de élites estatales y proponen contribuir a la

construcción de organizaciones y movimientos sociales; no

obstante, existe en este discurso un desprecio por el proceso

de democratización electoral.

En sentido estricto, ninguno de estos discursos asume a la

participación política en sus dos dimensiones principales; por

esta razón, en los medios, los partidos, las instituciones elec-

torales y estatales domina una idea precaria de la democrati-

zación electoral y política de la sociedad veracruzana. Un

análisis integral de la participación política en estas dimen-

siones permite a la ciudadanía interrogarse acerca de si la

democracia electoral contribuye o no a la apertura y/o

ampliación de los espacios político-democráticos locales de

aquellos que se sitúan allende los procesos electorales, ya sea

dentro de las instituciones estatales o en las organizaciones

eclesiásticas y civiles.

Una vez establecidas las dos dimensiones principales de la

participación política local, es necesario ensayar una

respuesta a la pregunta; para tal efecto, urge pensar en las

oportunidades y los riesgos de la participación electoral local,

no para alimentar la retórica antidemocrática, sino para cons-

truir un análisis realista de las posibilidades de mejo-

ramiento de la democracia electoral.

En el estado de Veracruz, los procesos electorales recientes

han permitido ciertos logros que los citadinos, ciudadanos y con-

traélites defienden contra cualquier iniciativa que pretenda

restaurar el control de las instituciones electorales al gobierno

estatal; sin embargo, existe el riesgo de que la ciu-

dadanización de estas instituciones electorales sea sólo formal,

comparada con la cultura política que comparten las élites y

acabar en un intercambio micropolítico de lealtades y dinero

entre representantes de partidos políticos y ciudadanos

extraordinarios de las organizaciones sociales y civiles para

excluir a los ciudadanos comunes.

Asimismo, los procesos electorales han permitido alternan-

cias municipales y posiciones legislativas impensables en los

años ochenta; sin embargo, con estas alternancias se corre el

riesgo de que los partidos políticos tiendan cada vez más a la

improvisación, que los procesos electorales se conviertan en

mercado virtual de simulacros y de que los gobiernos munici-

pales sean tan irrelevantes como las diputaciones locales y

federales para la solución de la pobreza, el desempleo, la

migración y la inseguridad de citadinos y ciudadanos.

En efecto, los partidos locales corren el riesgo de una

desprofesionalización que los convierta en clanes o tribus

electorales inflados por los medios, sin ningún logro de insti-

tucionalización de la participación política. De igual modo, los

procesos electorales corren el riesgo de articularse en torno a

resonancias publicitarias federales gracias al impacto de los

medios de comunicación en la sociedad local, es decir, las

alternancias municipales no representarían una opción para

el diseño de las políticas públicas en Veracruz.

Ahora bien, la democratización electoral veracruzana es

inversa a la disminución cualitativa de los movimientos

sociales y directamente proporcional a la multiplicación de

las organizaciones civiles progubernamentales y no guberna-

mentales. La democratización electoral está lográndose al

precio de que los movimientos sociales disminuyan y sean

asimilados como clientes electorales, mientras que las organi-

116

117

zaciones civiles se dispersan y se diferencian funcionalmente,

a pesar de sus débiles redes locales y globales.

posible si los partidos se aferran a sus agendas, de hecho, limi-

tadas a la circulación de clanes electorales, y si los gerentes

de las organizaciones civiles multiplican su resentimiento



En estas circunstancias, los partidos políticos se han con-

vertido en agencias electorales, poco sensibles a los esfuerzos

de la sociedad civil local por incluirse en la agenda del go-

bierno estatal y movilizarse contra los riesgos del capitalismo

local, el industrialismo, la vigilancia estatal y los operativos

militares y policiacos en las zonas pobres.

En

ese

contexto, las organizaciones civiles cultivan una

cultura antiintelectual y antipartidista que complica la arti-

culación en red de éstas con los partidos y los académicos e

intelectuales locales. Los sindicatos y los movimientos

sociales que aún quedan, con sus siglas y sus aparatos, inter-

cambian lealtades por satisfacíores con las élites y las con-

traélites, cual clientes seguros para lograr registros partida-

rios, con el fin de ocupar cargos de representación, organizar

los procesos electorales y presionar a los alcaldes opositores.

Por otra parte, la reforma constitucional reciente favorece

el plebiscito y el referendo; no obstante, si el gobierno estatal

continúa controlando la televisión local, la prensa y la radio,

las discusiones públicas en torno a este tipo de participación

política va a reducirse a un simulacro público de opciones

binarias, teledirigidas y modeládas por los profesionales de la

comunicación política que trabajan para el gobierno estatal

y

los gobiernos municipales.

En contra de lo que pudiera pensarse, esta desarticulación

estructural de partidos, sindicatos, organizaciones civiles y

movimientos en la sociedad local es una oportunidad política

para la renovación pluripartidista y societal de la política vera-

cruzana. La sociedad civil puede empoderarse una vez que

diferencie sus funciones y acceda a los medios locales para la

discusión pública de sus demandas; sin embargo, esto no será

sociocultural.

El reto de la renovación de la participación electoral y

política requiere consensos básicos acerca de las tendencias ciu-

dadanas en las instituciones electorales, así como de los estilos

de implementación de las políticas públicas que los partidos

ofrecen a los electores, citadinos y ciudadanos. En el periodo

electoral que se avecina, las alianzas entre partidos, organiza-

ciones civiles y movimientos sociales modificarán la integración

de la sociedad civil local. Esta integración coyuntural puede

institucionalizarse, si después de los resultados, los actores

sociales y políticos no gubernamentales acuerdan un esquema

de participación que garantice la diferenciación funcional de

cada uno de ellos, valorando la presencia de los ciudadanos en

la órganización y democratización de los procesos electorales.

Por supuesto, en el caso de los retos de la democratización

electoral las cosas son más difíciles. La escasa credibilidad de

los partidos políticos ante la opinión pública veracruzana, la

imagen que ésta tiene de cada uno de ellos, al relacionarlos

con lo peor y lo mejor de la sociedad, representa un obstáculo

para la extensión de la democratización electoral.

En Veracruz, el anuncio de inversiones extranjeras, la

planta nucleoeléctrica, la reproducción a escala ampliada de

la vigilancia estatal y el reposicionamiento del ejército federal

en las policías y en las regiones pobres, representan oportu-

nidades y riesgos para la participación política plural. En el

caso de los riesgos, los deudores de la banca, los defraudados

por las cajas populares, las madres antinucleares, las comu-

nidades de base, los indígenas y las defensorías de derechos

humanos, así como los movimientos urbanos populares y los

1 1 8

119

movimientos magisteriales, son actores sociales que deben

fortalecerse, incluso al precio de la multiplicación de la crítica

hacia las administraciones gubernamentales u opositoras.

C O MI SI Ó N PARA L A DEFENSA DE L O S DERECH O S H UM ANO S.

Educación

1989 para la paz y los derechos humanos. Curso para el cuerpo

de policía de Tezonapa, Ver., Xalapa, Veracruz.



Ii

II

Finalmente, la reingeniería de las instituciones electorales

—la reducción de su gasto corriente, los topes a los salarios

de

los consejeros, la apertura de dichas instituciones a la partici-

pación de los ciudadanos ajenos al clientelismo— no repre-

senta un obstáculo para su eficiencia organizacional. La insti-

tucionalización de los partidos políticos, como intermediarios

que ofrecen candidaturas cívicas efectivas y contribuyen a la

discusión pública de los problemas, tanto en los medios como

en el congreso local, reducirá el riesgo de la formación de

clanes, tribus y hordas electorales.

La profesionalización de las gestiones municipales oposi-

toras, la renovación de las prácticas concejales y de los parla-

mentos populares hará posible la emergencia de una sociedad

civil empoderada, diferenciada funcionalmente, en red y

capaz de reducir riesgos y responsabilizar a las élites y con-

traélites políticas y policiacas de Veracruz.

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CONCLUSIONES

El análisis de la delincuencia estatal necesita sustraerse a la

micropolitica de los usos de los índices delictivos con el fin de

comprender los procesos que la estructuran.

Por ello, los instrumentos de medición y comprensión

deben utilizar intervalos largos de tiempo y ciclos determina-

dos por las mismas discontinuidades delictivas, para conocer

la evolución de sus tendencias desde una observación de su

totalidad concreta.

El diseño de politicas, programas y operativos debe partir

de la conceptualización rigurosa de los procesos que se pre-

tenden regular. La diferenciación funcional de las institu-

ciones estatales y policiacas no debe bloquear el trabajo

interinstitucional para controlar las causas locales de la

delincuencia.

El gobierno estatal debe impulsar la institución de un

mecanismo ciudadano de control externo de las corporaciones

policiacas para realizar el principio de la corresponsabilidad.

En tales circunstancias, las organizaciones civiles y las redes

sociales tendilan un piso para la participación ciudadana

efectiva orientada por el principio moral de la regulación de

la seguridad pública democrática.

Los programas de seguridad pública deben diseñarse con

base en datos rigurosos de tendencias delictivas, sin las dis-

torsiones políticas y electorales de la competencia partidista.

Para garantizar los logros de la diferenciación funcional de

las instituciones policiacas y políticas es necesario regular las

1 2 3

22

tentaciones electorales y las alianzas de los funcionarios poli-

ciacos con los caciques regionales subordinados a las institu-

ciones estatales.

Las redes civiles y el consejo ciudadano de seguridad

pública dependerán cada vez más de la institucionalización

de los procesos de alternancia local y estatal.



La gestión de las policías por militares no garantiza la dis-

minución de lag tasas delictivas, por el contrario, multiplica

los riesgos de patologías institucionales. La gestión militar de

las policías estatales debe sujetarse a un proceso de ciu-

dadanización basado en la participación activa de los ciuda-

danos organizados en el diseño e implementación de progra-

mas de seguridad pública.

Los funcionarios civiles deben ser evaluados por una con-

traloría social autónoma que con base en monitoreos acredite

su desempeño. Un consejo ciudadano de seguridad pública y

la red de organizaciones sociales pueden establecer una

alianza para evaluar y reconfigurar local y regionalmente las

politicas nacionales centralizadas.

Las políticas de seguridad pública deben recuperar las

experiencias públicas de las organizaciones no gubernamen-

tales defensoras de los derechos humanos.

El riesgo de las políticas estatales de prevención de los

delitos es que institucionalicen la limpieza urbana de clase si

el gobierno estatal no modifica sus politicas públicas hacia las

causas estructurales de la delincuencia.

La consolidación de la militarización pasiva multiplicará

los riesgos de violación de garantías y derechos humanos.

La participación colonizada de los gobiernos federal y

estatal no debe limitarse a la corresponsabilidad en la denun-

cia sino experimentar con las organizaciones civiles en conse-

jos ciudadanos autónomos y redes civiles de seguridad

pública bajo un esquema de contraloría social.

El gobierno estatal y las organizaciones no gubernamen-

tales necesitan un pacto social básico como plataforma para

el debate público y la participación política amplias.

124

125



EPÍLOGO

La comparecencia en el

IA P

*

del secretario de la

SSPE,

Alejandro

Montano, para explicar los resultados de su gestión, (1998-

2004)

1

ha sido una oportunidad para que los ciudadanos, los

medios de comunicación y los académicos regionales conozcan

los argumentos de las élites policiacas acerca de la delincuencia,

la seguridad pública y la participación ciudadana regional.

El discurso del secretario se basó en la relación de la delin-

cuencia con los procesos económicos, los logros de los programas

de seguridad pública implementados durante su gestión, los

retos de la participación ciudadana y la corresponsabilidad en

el control delictivo.

Para las élites policiacas la delincuencia no tiene relación

monocausal con las crisis económicas. Según el secretario [...]

hace cuatro años hicimos esta reflexión: si se aceptara que la

mala situación económica provoca un incremento de la delincuen-

cia, entonces, tendríamos que aceptar [...] que sólo mejorando la

situación económica mejorarían los índices delictivos [...] de nada

sirven los esfuerzos que hacen los tres niveles de gobierno .

Este razonamiento dice superar los análisis simplistas

que suponen una relación directa entre economía y delitos,

mediante los argumentos de que la mala situación

* Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz.

1

Alejandro Montano, Avances y retos de la seguridad pública en

Veracruz, 1999-2009,

IAP,

18 de febrero de 2003.

1 2 7

económica es un factor determinante de la delincuencia,

pero no el único , y de que la situación económica no es una

causa necesaria del crimen organizado [...] En otros términos,

ciudadana en los comités y subcomités de seguridad pública?,

¿qué relación existe entre este tipo de participación y la baja

participación de la sociedad en los asuntos [...] que tiene com-



el delito patrimonial ocasional provocado por condiciones de

pobreza y marginación no es igual al delito cometido por ban-

das delictivas bien organizadas [...] En ambos casos, el origen

del delito es diferente .

De acuerdo con el secretario, la

SSPE

habría logrado colocar a

Veracruz en el año 2002, como el cuarto estado más seguro del

país y el primero con menos delitos cometidos del fuero federal ;

habría recibido un reconocimiento por el uso de los helicópteros

del gobierno del estado en inundaciones; impulsado 1 129 cur-

sos de profesionalización; creado el sistema 066; impulsado la

construcción de nuevos reclusorios; creado 4 delegaciones; y

mejorado la infraestructura policiaca, a pesar de la disminución

del 45% del presupuesto.

Particularmente, el balance insiste en la recuperación de

las demandas ciudadanas [...] de foros temáticos , bajo el

supuesto de que es necesaria la corresponsabilidad, los com-

promisos de los sectores privado, social y cultural . Para el

secretario, la impunidad habrá de •acabar sólo cuando los

agraviados por un delito lo denuncien ante las autoridades

competentes , por eso han convocado a la participación de los

veracruzanos y logrado la instalación de 209 consejos munici-

pales de seguridad pública —excepto Boca del Río—, 75

comités Municipales de Participación Ciudadana y 129

subcomités .

Ahora bien, ¿qué tipo de relación tiene la mala situación

económica y la delincuencia?, ¿qué relación existe entre el

lugar que se ocupa en seguridad comparado con otros estados

del país y el presupuesto asignado para la implementación de

programas estatales?, ¿qué logros existén en la participación

petencia la seguridad pública? .

El razonamiento de las élites policiacas no habla de los

otros factores determinantes de la delincuencia regional, tam-

poco de la relación específica que existe entre la mala

situación económica y las tasas delictivas, menos de la inse-

guridad regional como percepción ciudadana. En el argu-

mento, la delincuencia organizada no depende de la situación

económica, por lo tanto, de nada servirían los programas;

como no es así, entonces, si sirven.

El razonamiento sostenido cuatro años por las élites poli-

ciacas se caracteriza por la simpleza que rechaza. Es claro

que en el caso de la delincuencia organizada no aplica nece-

sariamente , ¿siempre?, pero...si aplica en el caso de los deli-

tos patrimoniales, entonces ¿de nada sirven los esfuerzos de

los tres niveles de gobierno? Por supuesto, semejante con-

clusión es inaceptable para las élites policiacas. Los límites

de los operativos y los programas de participación dependen de

los diagnósticos de la constelación de causas regionales de las

tasas delictivas, asimismo, del conocimiento de la percepción

que los ciudadanos tienen de la delincuencia. Al respecto, la II

Encuesta Nacional sobre Inseguridad ubica a Veracruz en el

lugar 21.

2

¿Pueden exigir las élites policiacas un incremento del pre-

supuesto para seguridad pública si se autoubican en el cuarto

lugar en logros de seguridad? En este caso, las estadísticas

que la

SSPE

envía al

SNSP

determinan en última instancia el

2

ICESI, Segunda Encuesta Nacional sobre Inseguridad, agosto 2002.

1 2 8

1 2 9

lugar que ocupan en el comparativo nacional? La imagen del

logro es cara. Una medición más rigurosa, utilizada para el

análisis de la complejidad social regional posibilitaría una



idea más precisa de las necesidades de inversión. Para tal

efecto, será necesario que las élites policiacas desarrollen una

observación compleja y efectiva de la delincuencia y la seguri-

dad pública.

Es un logro que las élites policiacas piensen que sin los

ciudadanos difícilmente habrá de avanzar este país, no sólo

en materia de seguridad pública, sino en todas las demás

áreas del quehacer público , sin embargo, no puede decirse

tal cosa mientras se busca la institucionalización autoritaria

de la participación ciudadana en la seguridad pública, la

reducción de ésta a la denuncia, se limpian las calles de niños

y sexo-servidoras, se resuelven los conflictos sociopoliticos con

la violencia policiaca y se cometen errores tales como los

vínculos de algunos policías con narcotraficantes.

La ciudadanización y la rendición de cuentas en el campo

de la seguridad pública exigen mayor voluntad democrática de

las élites políticas y policiacas regionales. La participación

efectiva de los ciudadanos sólo va a producirse en el espacio

público abierto y en los acuerdos jurídicos con las organiza-

ciones civiles.

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134

135



ANE X O S



I. CRONOLOGÍA

La delincuencia y la desigualdad

*El procurador estatal, Pendes Namorado Urrutia, anuncia

la disminución del 1.34% de la delincuencia en el año 2000

respecto de 1999. 16/03/00.

*De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social,

Veracruz es el cuarto estado con mayor población margi-

nada, sólo después de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

30/07/00.

*Veracruz ocupa el décimo lugar en prostitución infantil a

nivel nacional. 07/10/02.

*Aumentó la tasa de desempleo en Veracruz. 18/10/02.

*El Procurador Estatal anuncia la disminución de delitos en

Veracruz. 12/12/02.

El sistema policiaco y el poder judicial

Organización y funcionamiento

*Instalación de 15 cámaras de video en Xalapa. 05/05/00.

*Veracruz es el estado con mayor presupuesto para

Seguridad Pública después del

D F

y el Estado de México.

27/09/00.

*Es instituida la

SSP

del país. 22/11/00.

*La

ONU

cuestiona el nombramiento del procurador general

de la República, Rafael Macedo de la Concha. 04/12/00.

139

*La Legislatura estatal aprueba la institución de la

SSP

de

Veracruz. 20/12/00.

*Plan Piloto de la

PFP

en

BCN.

20/01/01.

*El presidente Vicente Fox anuncia la Cruzada Antinarco.

*El general de división retirado Luis Ángel Fuentes Álvarez

es nombrado coordinador de formación policial de la

PFP.

10/01/02.

*La

PGR

designa al general Carlos Fernando Luque Luna



24/01/01.

*Plan Piloto de la

PFP

en Sinaloa. 25/01/01.

*El presidente Vicente Fox solicita ingreso al Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas. 28/01/01.

*El presidente del país, Vicente Fox, anuncia la Alianza con-

tra la Delincuencia, la cual incluye un programa denomi-

nado Ojo Ciudadano, para que la ciudadanía vigile el ejer-

cicio del poder policiaco. 01/02/01.

*El gobierno de Veracruz anuncia un proyecto de privati-

zación de reclusorios. 13/10/02.

*Las policías intermunicipales de Veracruz vigilan centros

educativos. 04/11/02.

*Los alcaldes de Cosamaloapan y Tlalixcoyan solicitan la

intervención del ejército en sus municipios. 13/11/02.

*Coordinación con la

PG R

de los estados del sureste del país,

incluido Veracruz. 04/12/02.

La

rotación de élites

*Los panistas veracruzanos solicitan la renuncia de

Alejandro Montano. 13/07/00.

*Es despedido el inspector de Policía de Orizaba. 13/07/00.

*Mario Marín es nombrado nuevo director de la Policía

Ministerial. 17/10/00.

*El general brigadier retirado Samuel Lara Villa es nom-

brado director general de la Policía Auxiliar del

DF.

19/12/00.

*El capitán de fragata Faustino Ruiz Taviel es nombrado

interino de la

PFP.

04/01/01.

coordinador del Centro de Planeación para el Control de

las Drogas. 16/01/01.

*El general Demetrio Gaytán Ochoa es designado coordi-

nador de Operaciones de la Fiscalía Antidrogas. 25/01/01.

*Destitución del inspector de Policía de Coatepec. 03/01/02.

Operativos

*Desalojo de ahorradores que bloqueaban la carretera federal

Orizaba-Córdoba por elementos de la

D G SPE .

05/05/00.

*Desalojo de la reserva territorial por policías de la

DGSPE.

01/08/00.

*Bloquean marcha de madereros. 17/09/02.

*Retención en Cardel de manifestantes que protestaban por

el cierre del ingenio Cuatotolapan. 04/10/00.

*Operativos contra piratería en Martínez de la Torre y

Pánuco. 22/10/02.

*Control policiaco de protestas en Coyutla y Coatzacoalcos.

24/10/02.

Patologías policiacas

*Giran orden de aprehensión contra Margarito Primitivo

Huerta, ex delegado de

SPE

por abuso de autoridad y cohe-

cho en un secuestro. 13/01/00.

*Orden de aprehensión contra 13 ex mandos de la

PFP.

26/01/02.

140

141

*Renuncia policía ministerial acusado de tráfico de ilegales.

01/04/02.

*Detienen a policías por protección a narcotraficantes.

17/09/02.

*90 policías de la

DGSPE

son retenidos por pobladores de la

comunidad Paso de Álamo durante un operativo policiaco.

20/10/00.

*Acusa la organización no gubernamental Matraca a la

SSP



*Orden de aprehensión contra los jefes policiacos: el delegado

de Seguridad Pública Rafael Palomba, el coordinador de la

P IVBR,

José Luis Saénz Escalera y Gerardo Gutiérrez

Monraga, subcoordinador operativo de la

PIXBS.

08/11/02.

*Miguel Alemán sostiene que la apertura comercial trajo al

narcotráfico a Veracruz. 13/11/02.

*El diario

Notiver

del Puerto publica un documento que el

FBI

envió a la

PGR

en enero de 2001 acerca de la red de narco-

traficantes y policías que involucra al general brigadier

Valentín Romano, director de la Dirección de Seguridad

Pública del Estado de Veracruz. 08/01/03.

Poder judicial

*Renuncia el procurador estatal, Ignacio González Rebolledo.

23/05/00.

*La Suprema Corte del país aprueba la extradición de mexi-

canos a

EUA.

20/01/01.

*Critica la

O N U

al sistema judicial mexicano. 09/04/02.

*La reforma al Código Penal de Veracruz endurece castigos y

aumenta la edad penal a 18 años. 11/12/02.

Participación ciudadana

M ovimientos civiles y sociales

*Vecinos de Ojo de Zarco marcharon para denunciar

abusos

policiacos en Ciudad Mendoza. 09/10/00.

de Veracruz por detenciones ilegales de niños de la calle.

12/03/02.

*Crean Instituto Ciudadano sobre la Inseguridad en el

DF.

14/05/02.

*Los habitantes de Xochiapa implementan un sistema de

seguridad autónomo. 18/07/02.

Protestas policiacas

*120 policías bancarios protestan por maltratos de superiores

en el Puerto de Veracruz. 18/10/00.

*Policías municipales despedidos exigen reinstalación en el

ayuntamiento de Álamo. 09/11/00.

*Protesta de policías de la Intermunicipal Xalapa-Banderilla-

Tlalnehuayocan en Xalapa. 15/06/02.

*Los policías de Coatzacoalcos protestan por destitución de

su jefe. 23/10/02.

Derechos humanos

*La

CEDH

de Veracruz dice que los policías que intervinieron

en el conflicto de Ayahualulco violaron derechos de

pobladores durante el desalojo. 2/10/02.

*La

CED H

de Veracruz hace recomendaciones a presidentes

municipales y policías. 21/11/02.

*Los policías son los que más violan los derechos humanos.

22/11/02.

142

143

II. ANÁLISIS DE CONTENIDO



DE ENTREVISTAS

Entrevista A: Militante del FzLN-Xalapa,

29 de julio de 2002

Patricio Chirinos

(1992-1998)

Miguel Alemán

(1998-2004)

La

delincuencia

s más preocupante

la impunidad policiaca.

El sistema policiaco

...j controla y disuade

stá desacreditado ante ciudadanos.

a las organizaciones.

Divide a las organizaciones

stá militarizado.

independientes mediante

cooptación.

Restringe libertades.

Es usado para el control poatelectoral.

Los movimientos

a institucionalización en

stá en reflujo y desarticulado.

procesos electorales y la

represión de dirigentes.

El diálogo

Organizaron una red contra violencia.

Está bloqueado por la insensibilidad de

los militares.

La exclusión lo imposibilita.

Es una estrategia de sujeción comparada

con la institución de un nuevo régimen

político.

Paradójicamente, se establece después de

la represión.

Entrevista B: Gestor de Matraca,

31 de junio de 2002

Entrevista D: Gestor del CEsEm-Xalapa,

29 de julio de 2002

Miguel Alemán

(1998-2004)

Patricio

Chirinos

(1992.1998)

Patricio Clurmos

(1992-1998)

Miguel Alemán

(1998-2009)



La delincuencia

Va en aumento. La delincuencia


a represión brutal contra

a prohibición de libertades

actores sociales.

la violación de derechos.

El castigo es su principal característica.

Coopta niños callejeros para la SSP.

Loe movimientos

eben denunciar la represión y proponer

alternativas.

Desarrollar la cultura de los derechos

humanos.

Deben incluirse en la SSP.

Deben proponer autonomía a la CEDHV.

El diálogo

o hay diálogo.

No se respetan acuerdos o se niegan a fir-

mar minutas de reuniones


s represivo.

L o s

movimientos

os movimientos abren espacios

de participación política.

El diálogo

Es represivo.

Violenta los derechos humanos en deten-

ciones.

En la mayoría de los casos los municipios

quieren deshacerse de las policías.

Hay restricción para el ejercicio

de libertades.

Los conflictos están latentes.

Deben impulsar la policía comunitaria.

Deben sujetarse las policías municipales a

la sociedad civil.

Es necesaria la contraloría social.

No hay voluntad real para el diálogo.

Entrevista C: Militante

FZLN

-

apantla,

29 de junio 2002

Entrevista E: Militante del FZLN-Orizaba,

11 de junio del 2002

Patricio Chirinos

(1992.1998)

Miguel Alemán

(1998.2004)

Miguel Alemán

(1998-2000

Patricio Chirinos

(1992-1998)

La delincuencia


Es represivo sobre todo en las zonas indí-

genas.

Es usado para controlar los movimientos.

Los

movimientos

El diálogo

Hay incertidumbre.

Deben luchar por la justicia.

Preocupa el robo de autos

y

la venta

de

droga.

Es represivo, pero en última instancia.

Los policías gestionan láminas y despen-

sas.

La represión implica golpes, detenciones,

extorsión.

Practica el espionaje a los dirigentes.

Deben involucrase en la defensa de los

derechos humanos.

Deben articularse contra la represión.

Deben sugerir el respeto a los movimien-

tos los legisladores del Congreso local.

Debe aumentarse la protesta.

Hay exclusión.

El diálogo no disminuye la represión.

La delincuencia


s represivo.

Los movimientos sociales

El diálogo

Entrevista F: Defensora de la CEDDHEV-Xalapa,

14 de junio de 2002

Patricio Chirinos

iguel Alemán

1992-1998)

1998-2004)

Entrevista G: Secretaria ejecutiva del Consejo

Municipal de Seguridad Pública de Xalapa,

16 de julio 2002

Miguel Alemán

Patricio Chirinos



1998-2004)

1992-1998)

a delincuencia

El Consejo Municipal

s desproporcionado.

No previene.

Es autoritario.

Violenta derechos.

Participa en la prevención y la denuncie

de delitos.

La principal estrategia son las pláticas.

Posibilita la articulación de niveles de

gobierno.

Está estructurado con las personalidades

municipales.

Está pensado para observar y sugerir.

No tiene una cartografía delictiva propia.

No responden.

Deben impulsar el juicio de protección.

Deben exigir la rendición de cuentas.

Deben impulsar la capacitación policiaca.

El Comité Municipal


Loe movimientos

El diálogo

La participación mediante denuncias

anónimas.

La policía no es necesaria para prevenir

algunos delitos.

La principal herramienta ciudadana con-

tra la impunidad es la denuncia.

La ciudadanía confunde la propuesta de

participación.

La gente no está acostumbrada a este tipo

de participación.

No se respetan acuerdos. Las autoridades

ven como enemigos a los movimientos

civiles

.

Participación ciudadana

Resistencias



III . NUMERALIA

Delincuencia

De acuerdo con el director de la Po licía M inisterial, M ario

M arín , en e l año 2001 se com etieron en Veracruz 57 750

delitos. AZ 02/02/01.

De acuerdo co n la encuesta de op inión sobre seguridad

púb l ica en V eracruz real izada durante los úl t imos tres

años, el 63% de la población op inó que sigue como antes o

incluso ha emp eorado. El 33% dijo que ha m ejorado y e l

3.65% no sabe o no contestó. Respecto a que si se respetan

los derechos humanos y las garantías individuales, el

43.25% op inó que no se respetan, e l 46 .75% dijo que s í y

el 10% no sabe o no contestó. AZ 16/11/01.

En el año 2001 se incrementó el núm ero de delitos registra-

dos por la PGJE: de 57 7 50 com etidos en e l 2000 , la c i fra

pasó a 59 179. AZ

05/12/01.

Según la radiografía de la

PFP, Veracruz es una d e las enti-

dades m ás conflictivas en materia de asalto en carreteras y

decomiso de armas.

AZ

10 /12/01.

Veracruz ocupa el lugar 3 2 en cuanto a delitos de carácter

federal, y el 24 en incidencia delictiva en el país.

A Z

26/04/02.

Veracruz ocupa e l lugar 15 en lo que se refiere a de l i tos

com etidos: 2 768 p or cada 100 mil habitantes . Se est ima

que entre 60 y 70% de los de l i tos en e l estado no fueron

reportados, y que en el 30%

hubo violencia.

AZ

30/05/02.

151

* En Veracruz se tramitan anualmente 60 mil averiguaciones

previas de cuya investigación se encargan sólo 476 policías

ministeriales. Diario de Xalapa (Dx),

15/11/02.

* Según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,

hay 62 mil 100 desempleados en Veracruz, y la región

donde más se resiente la falta de fuentes de trabajo es

Coatzacoalcos.

DX, 19/07/02.



*

En el 2002 se integraron 114 averiguaciones previas en con-

tra de funcionarios: alcaldes, policías municipales y minis-

teriales; principalmente agentes de tránsito.

DX, 15/11/02.

*

Cifras oficiales muestran la propagación de laboratorios

para procesar droga en los últimos años: 26 laboratorios des-

cubiertos en dos años, 29 detenidos, 24 kilos de cristal

asegurados en un solo golpe, mil dosis se extraen de sólo

un kilo de droga. AZ,

27/01/02.

Desigualdad

*

En Veracruz, niños de ocho a 14 años de edad aportan a sus

hogares $103.2 millones mensuales.

DX,

03/04/02.

*

Según datos del Consejo Nacional de Población, en el

periodo comprendido entre 1995 y 2000, el estado de

Veracruz registró una migración promedio de 55 mil per-

sonas cada año, de las cuales el 65% fue hacia algún destino

nacional, en tanto que el 35% restante lo hizo principal-

mente hacia los Estados Unidos.

AZ,

11/04/02.

*

Oportunidades deja fuera a 20 mil familias veracruzanas.

DX,

09/05/02.

*

En Veracruz no está concluido el proceso de certificación de

tierras. AZ, 03/07/02.

*

La pobreza extrema afecta a 500 000 veracruzanos.

AZ,

11/07/02.

*

En Veracruz ha habido 51 conflictos agrarios, de los cuales

29 llamaron la atención del gobierno estatal ante la posi-

bilidad de que se pudiera desatar algún enfrentamiento.

DX,

12/07/02.

*

22 microregiones de Veracruz han sido identificadas por

Sedesol por sus condiciones de rezago y marginación.

Política,

23/07/02.

*

Veracruz contempla como parte de su población un millón

385 mil 743 indígenas que conforman 12 grupos étnicos,

distribuidos en 76 municipios que representan el 20.8% de

la población total del estado, estimada en 6 millones 901

mil 111 habitantes.

DX, 31/07/02.

El sistema policiaco regional

* 50

000 denuncias sin dictaminar.

AZ,

09 /06 /00 .

*

En Veracruz hay 22 reclusorios, 9 200 reclusos y 371 custo-

dios.

AZ,

24/01/01.

*

15 cámaras de vigilancia en Xalapa con costo de 1 500

dólares.

AZ,

22/05/00.

*

16 titulares de seguridad pública en México militan en el

PRI, PAN o PRD,

y

5

más son al menos simpatizantes.

AZ,

02/02/02.

Poder judicial

*

La impunidad en el país alcanza porcentajes de 95%.

Política,

16/04/02.

*

Según estadísticas del Poder Judicial del Estado, durante el

2000 el Consejo de la Judicatura abrió 130 expedientes por

1 5 3

1 5 2

quejas en contra de servidores públicos de este órgano

jurisdiccional.

AZ,

27/05/02.

* En cada uno de los 77 juzgados de Primera Instancia y

menores del Poder Judicial del Estado se desahogan entre



2 mil y 4 mil controversias al año.

AZ,

01/06/02.

Siendo rector de la Universidad Verac ruzana

el doctor Raúl Arias Lovillo,

La

seguridad pública y

la

participación ciudadana en Veracruz,

de Alfredo Zavaleta,

se terminó de imprimir en abril de 2005,

en Imprenta Ducere, Rosa E smeralda núm. 3 bis,col. Molino de Rosas, México, 01470, D. F.

La edición consta de mil ejemplares más sobrantes para reposición.

Se usaron tipos Century Schoolbook de 8 :11, 9:12 y 10:14 puntos.

Formación: Aída Pozos Villanueva e Isora E . Ortega M artínez;

edición: Patricia M aldonado Rosales.

154

La Seguridad Pública y Participación Ciudadana en Veracruz

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