Arbitraje Monografia Final
39
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA PROFESORA: Dra. ESCOBAR DELGADO LUISA CURSO : MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS TEMA : ARBITRAJE ALUMNAS : DE LA CRUZ ALTAMIRANO ANA PEREZ JARAMILLO JENIFER TORRES DEL AGUILA KARIN CICLO : XI CICLO 1
-
Upload
jenifer-perez -
Category
Documents
-
view
61 -
download
0
Transcript of Arbitraje Monografia Final
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
PROFESORA: Dra. ESCOBAR DELGADO LUISA
CURSO : MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS
TEMA : ARBITRAJE
ALUMNAS : DE LA CRUZ ALTAMIRANO ANA
PEREZ JARAMILLO JENIFER
TORRES DEL AGUILA KARIN
CICLO : XI CICLO
AULA : 201
1
DEDICATORIA
Este trabajo lo dedicamos a la Dra.
Escobar Delgado Luisa,
ya que con sus
conocimientos y
experiencia aunada a la calidad e
integridad de persona, hará de
nosotros sus alumnos excelentes
profesionales en el fascinante
mundo de derecho.
2
INDICE
INTRODUCCION
CAPÍTULO I: ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL ARBITRAJE
1.1. Introducción…………………………………………………………………….6
1.2.Arbitraje en el Derecho Romano…………………………………………….7
1.3. Arbitraje en la Edad Media…………………………………………………...7
1.4. Arbitraje en el Perú
1.4.1. Época Colonial………………………………………………………. 8
1.4.2 Época Republicana……………………………………………………8
1.4.2. Código de Santa Cruz de Procedimientos Judiciales de
1836……………………………………………………………………..9
1.4.3. Código de Enjuiciamientos en materia civil de 1852……………9
1.4.4 Código de Procedimientos Civiles de 1912………………………9
1.4.4. Comisión Reformadora de 1941 del Código de Procedimientos
Civiles………………………………………………………………….10
1.4.7. Código Civil de 1984………………………………………………...11
1.4.8. Anteproyecto de la Ley sobre Procedimientos Arbitrales……...12
1.4.8 Comisión nombrada por Resolución Ministerial N° 108-87 –JUS..12
1.4.9. Proyecto N° 680/90-S………………………………………………..14
1.4.10. Código Procesal Civil de 1993…………………………………..14
CAPÍTULO II: DEFINICIONES
2. Definición del Arbitraje………………………………………………………….172.1.Clasificación del arbitraje…………………………………………………….182.2.El arbitraje y la justicia oral…………………………………………………..19
CAPÍTULO III: CARACTERISTICAS DEL ARBITRAJE
3. Características del Arbitraje…………………………………………………….22 3.1.Ventajas del arbitraje en comparación con los Tribunales ordinarios 23
CAPÍTULO IV: MAPA CONCEPTUAL DEL ARBITRAJE4. Mapa conceptual…………………………………………………………………25
5. CONCLUSIONES……………………………………………………………… 26 6. RECOMENDACIONES……………………………………………………….. 27 7. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………….. 28
BIBLIOGRAFIA
INTRODUCCION
El arbitraje se ha constituido como una forma civilizada de justicia privada. Es
un modo heterónomo de solución de conflictos, siendo un procedimiento
abreviado para resolver una controversia mediante la fórmula de encomendar
la solución a un tercero (persona individual o institución arbitral), escogido por
acuerdo de las partes y ajeno a los intereses en discusión.
El arbitraje es un método de resolución de conflictos alternativo del judicial,
pero con rango constitucional. Se trata de un mecanismo mediante el cual esos
conflictos pueden ser resueltos por particulares, que, sin tener la calidad de
jueces estatales, son los encargados por las partes, mediante un convenio para
solucionar sus controversias. Se trata, de una jurisdicción privada (individual o
colegiada), instituida por la voluntad de las partes o por decisión legal,
desplazando la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de los tribunales
del Poder Judicial.
Este método tiene carácter adversarial, pues es un tercero neutral quien decide
la cuestión planteada, siendo su decisión de obligatorio cumplimiento para las
partes. En el procedimiento arbitral las partes se convierten en contendientes a
efectos de lograr un laudo favorable a su posición.
El arbitraje ofrece notorias ventajas en comparación con el proceso
jurisdiccional, por estar dotado de una mayor flexibilidad e informalidad en los
procedimientos, que a su vez son más rápidos. Como procedimiento es similar
a un juicio, en el sentido de que, es un tercero quien decide sobre el caso que
se le presenta y las partes aceptan esa decisión, que se materializa en un
laudo. Sin embargo, son las partes las que gozan total autonomía y libertad de
regular el proceso. Lo dictaminado por los árbitros es plasmado en un Laudo
Arbitral, el que tiene fuerza equivalente a la de una sentencia ya que su
aplicación es obligatoria. Tiene la eficacia de cosa juzgada, inapelable,
pudiendo ser ejecutable de manera forzosa por los Tribunales Ordinarios de
Justicia, de forma que los árbitros (personas totalmente ajenas al conflicto
planteado), deciden sobre el conflicto.
CAPITULO I
ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL ARBITRAJE
1.1. Introducción
Los orígenes del arbitraje se asocian con el Hombre desde que éste
inicia su convivencia social, y en el cual surgen intereses y opiniones
divergentes sobre un mismo asunto.
De un inicio cualquier conflicto se resolvía apelando a la fuerza,
conforme evoluciona la civilización estos conflictos son resueltos por un
tercero imparcial, como lo es el jefe de la tribu, el sacerdote, o el
anciano, en este sentido la historia del arbitraje se confunde con el
comienzo de las civilizaciones, antecediendo a la justicia formal.
Existen ejemplos de arbitraje, en la mitología griega, en pasajes
bíblicos, en la historia de los pueblos comerciantes de la antigüedad se
narran litigios entre mercaderes griegos y fenicios que acudían al
arbitraje con la finalidad de solucionar sus conflictos.
Cabe resaltar que fue en el Derecho Romano donde el arbitraje se
configuro como un sistema organizado de impartir solución pacífica a
las controversias surgidas entre familiares, o entre familias, mediante la
decisión de terceros imparciales.
En el siglo XX, debido al desarrollo de la actividad comercial tanto en el
ámbito nacional como internacional, en el que se requieren que los
conflictos sean resueltos rápidamente y a cargo de personas
entendidas en la complejidad de las actividades comerciales, surge el
arbitraje como una alternativa de resolución de conflictos que rebasan
el ámbito jurisdiccional del estado.
En la década de los años ochenta del siglo pasado se inicia en
diferentes países un proceso de modernización de la legislación arbitral.
Para esto ha contribuido la Ley Modelo de Arbitraje Comercial
Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI), la que en algunos casos ha sido
adoptada casi en su integridad por algunos países en sus legislaciones
internas o incorporadas a sus principios rectores.
1.2.Arbitraje en el Derecho Romano
Es en el Derecho Romano que el arbitraje alcanza la categoría de
institución.
En el Derecho romano se distinguía el proceso público del proceso
privado, un rasgo peculiar del segundo es que la materia litigiosa era
establecida por las partes, ya que lo que se discutía era de interés
particular. La solución estaba reservada a un órgano privado elegido y
aceptado por las partes y no al órgano jurisdiccional oficial. Los
particulares en el conflicto se comprometían, a través de un contrato
arbitral, a cumplir con la decisión del órgano privado.
Entre los factores que contribuyeron a la eficacia del laudo, a partir de
la época de Justiniano se menciona la estipulación de una pena en el
caso que una de las partes no acatase el laudo, el juramento
sacramental, y la presunción legal de la confirmación de la decisión
arbitral a falta de impugnación por las partes en el plazo de 10 días.
1.3. Arbitraje en la Edad Media
A la caída del imperio romano se desintegra el sistema jurídico vigente
en esa época, siendo sustituido por el derecho germánico. La rigidez
del derecho germánico no era el más conveniente para regular las
relaciones mercantiles.
Hacia el siglo XI, se reanudó el comercio entre las diversas ciudades y
dominios feudales en ferias y mercados y como estos eran temporales,
los negocios debían de concluirse con celeridad, así como los
conflictos que pudiesen presentarse en las transacciones que allí se
realizaban, lo que dio lugar al establecimiento de tribunales especiales
para dirimir las controversias, integrado por comerciantes.
En Francia el edicto de Francisco II impone el arbitraje forzoso en la
diferencia entre mercaderes.
En España que fue invadida por visigodos continuaron las leyes
romanas pero se promulgo el Código de Tolosa, posteriormente se
funden ambos códigos en el Fuero Juzgo.
La invasión de los árabes, fue causa de que muchas poblaciones
ignorasen el Fuero Juzgo, de lo cual resultó que los litigios se resolvían
por otras sentencias sobre casos análogos, las que se llamaban
albredíos, si eran pronunciadas por árbitros y fazañas, si procedían del
Rey o de los Jueces.
En el año de 1255 se crea un Código General a la Nación, con el
nombre de Fuero Real en el que se dispuso que la jurisdicción se
ejercía sólo por los Alcaldes nombrados por el Rey y por los Árbitros.
Por otra parte en las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio se
estableció el arbitraje jurídico.
Paralelamente al Derecho común, el eclesiástico reconoció
ampliamente el arbitraje durante la Edad Media y Moderna, al estatuir
el sometimiento del obispo del lugar a las controversias planteadas por
los feligreses.
1.4 Arbitraje en el Perú
1.4.1. Época Colonial
El arbitraje llega a América con la conquista a través del derecho
español, el que fue de aplicación durante la colonia, en este sentido se
puede mencionar las disposiciones sobre esta materia contenidas en el
Fuero Juzgo en la Ley 13.
En el Fuero Real se otorga a los alcaldes la facultad para constituir al
arbitraje en procedimiento general. Se consolida el aspecto
jurisdiccional del arbitraje distinguiéndose entre avenidores que
resuelven en derecho, y Arbitradores que actuaban como amigables
componedores.
La Ordenanza de Bilbao de 1737, considera el arbitraje obligatorio
entre los socios de una compañía mercantil, y lo justifica para "evitar
pleitos largos y costosos capaces de arruinar a todos, como la
experiencia ha demostrado" (Cap.X. Ley 16). Esta Ordenanza traía
causa de las Ordenanzas francesas de 1560 y 1673, que estatuían el
arbitraje obligatorio entre comerciantes pertenecientes a la misma
sociedad comercial.
1.4.2 Época Republicana
En un principio el arbitraje es tratado en los Códigos que regulan el
Procedimiento Civil hasta el Código Civil de 1984, que se refiere al
aspecto sustantivo del arbitraje. Es a partir de 1987 que se plantea la
regulación del arbitraje mediante una Ley Especial, lo que se
materializa en la Ley General de Arbitraje del año de 1992. Además
diversas Constituciones se refieren al arbitraje como un medio de
solución de controversias.
1.4.3. Código de Santa Cruz de Procedimientos Judiciales de 1836
El Código considera al arbitraje en su Título II, Capítulo III denominado
"De los juicios por arbitramento", distingue entre los árbitros juris y los
árbitros arbitradores, llamándose también a estos últimos como
amigables componedores quienes resuelven de acuerdo a conciencia.
En cuanto al recurso de apelación, no se admite para el caso de los
árbitros arbitradores, pudiendo renunciarse mediante escritura pública
en lo que se refiere a los árbitros juris.
1.4.4. Código de Enjuiciamientos en materia civil de 1852
El Código de Enjuiciamiento en materia civil de 1852, el mismo que se
refiere a los jueces árbitros (Artículos 57 a 80) y al modo de proceder
de los árbitros arbitradores (Artículos 1552 a 1567), distinguiendo a los
jueces árbitros o de jure de los árbitros arbitradores o amigables
componedores y regulándose el procedimiento ante unos y otros.
1.4.5.- Código de Procedimientos Civiles de 1912
El Código de Procedimientos Civiles que sustituye al Código de
Enjuiciamiento en materia civil con vigencia desde el 28 de Julio de
1912 hasta el 31 de diciembre de 1992, trata estas materias en forma
conjunta en sus artículos 548 a 582. El juicio arbitral, constituye el
único procedimiento para los árbitros, ya sean de derecho o amigables
componedores.
El juicio arbitral estaba marcadamente “judicializado” y la actuación de
los árbitros sumamente regulada, contra lo que resolvieran, se podían
interponer los mismos recursos que ante los jueces de la jurisdicción
ordinaria, salvo que las partes los hubiesen renunciado en el
compromiso, renuncia que no obstaba para interponer recurso de
apelación y recurso de nulidad por las causales taxativamente
establecidas, las que guardan concordancia en gran parte con las
causales de las legislaciones actuales.
Sin embargo es conveniente resaltar que el Código establecía que el
tribunal que conocía los recursos mencionados en el párrafo anterior,
se limitaba a declarar la nulidad de la sentencia y mandaba que se
proceda por los árbitros a un nuevo procedimiento.
La función arbitral, bajo las normas del Código de Procedimientos
Civiles, no tuvo mayor difusión ni significó una alternativa viable frente
a la jurisdicción ordinaria.
1.4.6. Comisión Reformadora de 1941 del Código de
Procedimientos Civiles.
Mediante Resolución Suprema de fecha 12 de julio de 1941 se nombró
a una Comisión Reformadora del Código Procesal Civil considerando
que este no satisfacía las necesidades de la administración de justicia.
Por otra parte las innovaciones en la legislación sustantiva que
contenía el Código Civil promulgado el año de 1936, hacían necesaria
la reforma de la legislación procesal a fin de que existiese entre ambos
Códigos la debida armonía.
Las modificaciones respecto al juicio arbitral fueron ligeras. En cuanto
al número de árbitros se limitó a un máximo de cinco, considerando
que ninguna Corte de Justicia tenía un número mayor.
Así mismo se mencionó en forma expresa que no podía someterse a
arbitraje los asuntos que versen sobre los derechos de familia, la
declaración de heredero y la validez o nulidad de los testamentos.
Se consideró que podía nombrarse como árbitros a las personas
jurídicas y en este caso ejercerían el cargo sus representantes legales,
considerando que el Código de Procedimientos de 1912 no autorizaba
expresamente el nombramiento como árbitros de las personas
jurídicas.
Sin embargo, la Ley Orgánica de los Colegios de Abogados de ese
entonces disponía que los Colegios podían ejercer la jurisdicción
arbitral, y los Estatutos del Colegio de Abogados de Lima, aprobados
por la Corte Suprema, establecía que la función de árbitro sería
desempeñada por la Junta Directiva del Colegio.
Así mismo, los Estatutos de la Cámara de Comercio de Lima
aprobados por Resolución Suprema de 25 de marzo de 1929 facultaba
a la Cámara de Comercio, representada por su Consejo Directivo para
servir de árbitro en toda cuestión comercial o económica que se
sometiese a su decisión.
1.4.7. Código Civil de 1984.
El Código Civil de 1984 modificó aspectos sustantivos concernientes al
juicio arbitral contenidos en el Código de Procedimientos Civiles,
distinguió entre cláusula compromisoria y compromiso arbitral
considerándolos como contratos nominados (arts. 1906 a 1922).
De este modo, el Código Civil sustrajo del Código de Procedimientos
Civiles los aspectos sustantivos o materiales del arbitraje, hasta
entonces legislados como materia procesal.
El articulado del Código Civil fue un primer intento de darle a la
cláusula compromisoria y al compromiso arbitral un tratamiento
sistemático.
Para efectos de coadyuvar al desarrollo de la función arbitral y facilitar
la ejecutabilidad de los laudos emitidos en el extranjero, introdujo
disposiciones para su reconocimiento y ejecución en el articulado que
da cabida a las normas de conexión en materia de Derecho
Internacional Privado (arts. 2102 a 2111).
1.4.8. Anteproyecto de la Ley sobre Procedimientos Arbitrales.
Comisión nombrada por Resolución Ministerial N° 108-87 –JUS
Como se ha expresado el Código Civil de 1984, consideró dentro de la
sección correspondiente a los contratos nominados, la cláusula
compromisoria y el compromiso arbitral (arts. 1906 a 1922), normas
sustantivas para cuya aplicación efectiva se requería adecuar y ampliar
las normas que sobre el juicio arbitral, contenía el Código de
Procedimientos Civiles, a fin que pudieran funcionar efectivamente las
normas sustantivas del arbitraje, así como de actualizar el
procedimiento de acuerdo a la evolución del arbitraje en los últimos
años y sentar las bases para el impulso y desarrollo en nuestro país de
dicha Institución, se consideró la necesidad de constituir una Comisión
encargada de elaborar las normas de procedimiento del arbitraje,
emitiéndose para tal efecto la Resolución N° 108-87-JUS de 10 de
marzo de 1987.)
La funciones de la Comisión fueron ampliadas es así que mediante
RM. 276-87-JUS de 09 de julio de 1987 prorroga por 60 días el plazo
que se le Concedió y se le autoriza a incorporar en el Anteproyecto las
normas procesales relacionadas con el arbitraje internacional.
La Comisión elaboró un Anteproyecto de la Ley sobre Procedimientos
Arbitrales, que fue publicado en el Diario El Peruano del 12 de
Noviembre de 1987, a fin de recibir comentarios y sugerencias sobre el
mismo, dándose por concluida las funciones de la Comisión mediante
Resolución Ministerial N° 382-88-JUS de fecha 31 de agosto de 1988.
Sin embargo al continuar la Comisión recibiendo sugerencias y
observaciones, se prorrogó sus funciones por Resolución Ministerial N°
110-89-JUS de fecha 17 de febrero de 1989, otorgándole un plazo de
30 días para que presentase un nuevo Anteproyecto de Ley
incorporando las observaciones y sugerencias que le habían sido
remitidas y las que considerasen procedentes en relación con el
arbitraje nacional e internacional en sus aspectos procesales,
añadiendo a la Resolución la referencia a la incorporación de los
aspectos sustantivos.
El Anteproyecto fue entregado al Ministro de Justicia el 12 de abril de
1989, dándose por concluida las funciones de la Comisión por
Resolución Ministerial N° 284-89-JUS de 10 de mayo de 1989. El 2do.
Anteproyecto fue publicado en el Diario Oficial El Peruano de 2 de julio
de 1989.
En cuanto al primer Anteproyecto, consideró entre otros aspectos lo
referente a los árbitros; la formalidad judicial y privada del Compromiso,
la excepción arbitral, el procedimiento arbitral, el laudo arbitral, los
recursos sobre el laudo, concluyendo con un capítulo dedicado al
Arbitraje Internacional el cual permitía que partes sujetas a distintas
jurisdicciones nacionales pudiesen someter sus controversias,
presentes o futuras.
Al arbitraje internacional cuya sede y sustanciación tendría lugar dentro
de nuestro país, las disposiciones estaban contenidas en cinco
artículos, permitiendo que el procedimiento arbitral se rigiera por la ley
elegida por las partes aplicándose supletoriamente las normas
aplicables al procedimiento nacional, igualmente las partes podían
elegir las normas aplicables al fondo del asunto, no requiriendo el laudo
del procedimiento del exequatur.
En lo que se refiere al 2do. Anteproyecto en la parte del arbitraje
internacional sigue las pautas de la Ley Modelo de Arbitraje
Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Comercial Internacional, (CNUDMI) luego de las reuniones y
deliberaciones con el Representante de esta Institución y otros
especialistas sobre la materia, se consideró conveniente adoptar la
mencionada Ley Modelo.
1.4.9. Proyecto N° 680/90-S
Sin embargo considerando la necesidad que un solo texto contuviese
las disposiciones tanto sustantivas como procesales en materia de
arbitraje y modificar sustancialmente los artículos sobre esta materia
contenidas en el Código Civil, se presentó el Proyecto N° 680/90-S con
fecha 11 de abril de 1990, en el cual se propone una nueva Ley de
Arbitraje, en cuanto al arbitraje internacional adoptaba las disposiciones
del primer Anteproyecto de la Comisión nombrada por el Ministerio de
Justicia.
1.4.10. Código Procesal Civil de 1993
La necesidad de modernizar el proceso civil determinó la necesidad de
un nuevo Código, el que fue aprobado con el nombre de Código
Procesal Civil mediante Decreto Legislativo No 768, promulgado el 29
de febrero de 1992 y con una vacatio legis hasta el 28 de julio de 1993,
el que regulaba el juicio arbitral en forma amplia en su Libro II bajo la
denominación de Justicia Arbitral.
Debido a la necesidad de una nueva normatividad sobre esta materia,
la conveniencia de reunir en un solo texto las disposiciones sustantivas
y procesales en materia de arbitraje, de reconocer la autonomía del
arbitraje como un medio de solución de controversias, se consideró
conveniente que estas materias estuviesen contenidas en una Ley
General de Arbitraje.
CAPÍTULO II
2. DEFINICIÓN DE ARBITRAJE
El arbitraje, en Derecho, es una forma de resolver un litigio sin acudir a la
jurisdicción ordinaria. Es una estrategia de resolución de conflictos junto a la
negociación, mediación y conciliación.
Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente,
denominado árbitro, y que será el encargado de resolver el conflicto. El
árbitro, a su vez, se verá limitado por lo pactado entre las partes para dictar
el laudo arbitral. Deberá hacerlo conforme a la legislación que hayan
elegido las partes, o incluso basándose en la simple equidad, si así se ha
pactado.
Cuando un arbitraje se ajusta a la legalidad, sustituye completamente a la
jurisdicción ordinaria, que deberá abstenerse de conocer el litigio. Sin
embargo, sí que será necesario acudir a la misma (a través de la acción
ejecutiva) cuando sea necesaria la intervención de las autoridades para
hacer cumplir el laudo arbitral.
Entre las ventajas del arbitraje se encuentran su celeridad, su flexibilidad y
el hecho de que se pueden pactar los costes con anterioridad.
2.1.EL ARBITRAJE PUEDE SER CLASIFICADO COMO:
Privado: es el que se aplica cuando dos personas que tienen un conflicto
se ponen de acuerdo en someterse al arbitraje de una persona de
reconocida solvencia y capacidad, esta instancia puede o no estar
especificada en el contrato.
Institucional de derecho: es aquél en el cual al intervenir en un conflicto
se utilizan normas escritas de derecho, requiere que sea desempeñado por
un abogado en ejercicio.
Institucional de equidad: (utilizado en el sistema anglosajón) se resuelve
por equidad, por jurisprudencia, es la decisión que el árbitro considera más
justa según su leal saber y entender, escucha a las partes y aplica la
práctica generalizada y universal del sector en el que se encuadre la
disputa, se basa en la experiencia, esto significa que se puede apartar de la
ley, lo cual implica un gran riesgo porque no brinda seguridad jurídica,
puede desempeñar el cargo cualquier persona que, al momento de aceptar
la designación, se encuentre habilitada para ejercer sus derechos.
Público: es obligatorio, se usa en materia de derecho internacional tanto
para los particulares como para los países, está muy vinculado a los
conflictos limítrofes.
Interno: es el sistema de arbitraje que se resuelve dentro del ámbito de una
institución o un país, se vincula con la competencia territorial o espacial y
con la utilización de normas jurídicas nacionales, provinciales o privadas.
Internacional: cuando las partes que intervienen en los conflictos tienen
sus establecimientos en estados diferentes, o con el del lugar en el que se
desarrollan sus negocios, o el lugar del arbitraje o del tribunal en relación.
El árbitro es un profesional independiente, experto e imparcial, que las
partes eligen libremente para que los escuche y tome una decisión sobre el
asunto que se le presente.
Cabe mencionar que, si bien carece de imperium para la ejecución de sus
pronunciamientos, estos son equivalentes a las sentencias judiciales.
Puede ser una persona física, una institución o un tribunal al cual las partes
concurren directamente a fin de que se expida con relación al conflicto que
someten a su consideración.
El juzgamiento puede confiarse a un árbitro único, a un colegio de árbitros o
a un tribunal arbitral.
El arbitraje institucional es aquel cuya organización encargan las partes que
enfrentan el conflicto a una institución denominada generalmente centro de
arbitraje, que organiza el procedimiento arbitral y propone a los interesados
una lista de árbitros preseleccionados.
La denominación “centro de arbitraje” es la más frecuentemente utilizada
para designar al organismo encargado de la constitución de un tribunal
arbitral y de proponer a las partes un reglamento de arbitraje; facilita la
secretaría y las salas donde se desarrollan las distintas etapas para el
desenvolvimiento del proceso arbitral y para la realización de las audiencias
del tribunal arbitral.
2.2.EL ARBITRAJE Y LA JUSTICIA OFICIAL
Las diferencias sustanciales residen en que el árbitro es elegido por las
partes, que el procedimiento es más flexible y que las partes se aseguran la
confidencialidad.
Una alternativa válida es que la decisión sea vinculante, de lo contrario, si
se pudiera apelar indefinidamente, el proceso perdería sus ventajas
fundamentales, bajos costos y corto tiempo, que son las características que
lo diferencian del juicio común.
Se pueden señalar entre sus ventajas: la posibilidad que tienen las partes
de elegir los árbitros, la apelación limitada, la informalidad procesal, la
posibilidad de ejecutar el laudo asimilado a una sentencia, la simplicidad, la
celeridad, la certeza, la ausencia de publicidad y la especialidad en la
materia.
La justicia oficial es imperativa (el accionado no tiene la opción de elegir ser
demandado o no ser demandado) y el juez es un funcionario público puesto
por el Estado que se maneja en el ámbito del derecho público.
En cambio, la designación de los árbitros depende de la elección que hagan
las partes en función del respeto y de la confianza que tengan en una
persona o institución.
Mientras que en el arbitraje las partes pactan los honorarios del árbitro
antes de comenzar el procedimiento, pudiendo inclusive disponer que cada
parte se haga cargo de los honorarios de sus abogados, esto no resulta
factible en el ámbito judicial.
De modo tal que, si se comparan los costos de cualquier tipo de proceso
judicial con los costos de un arbitraje, resultará que este último es menos
oneroso.
Por el contrario, en el ámbito judicial existe la posibilidad de plantear
distintos tipos de recursos que abran la vía para llegar a instancias
superiores (y cuantos más recursos e incidencias se plantean se genera
mayor cantidad de honorarios).
Cabe agregar que, como ninguna de las partes conoce de antemano cuál
será el resultado del pleito, no es posible saber cuánto será el monto total
de las costas del juicio, sino sólo hasta el momento en que la sentencia
adquiera la calidad de “definitiva” (es decir, cuando ya no admite el planteo
de ningún otro tipo de recurso y se ha expedido el tribunal superior de la
causa) y por lo tanto, pase en autoridad de cosa juzgada. Se debe incluir
dentro de los gastos del juicio la tasa de justicia.
Sólo en caso de incumplimiento del laudo -que es la instancia final del
arbitraje- se recurre a la justicia a los fines de la ejecución del mismo.
En esta etapa ya no se puede prescindir de la justicia ya que es ésta la que
tiene el poder de policía que se ejerce a través del uso de la fuerza pública,
del oficial de justicia, del allanamiento, de la traba de medidas cautelares
como son: el embargo, el secuestro de bienes muebles, la intervención, la
inhibición general de bienes, la anotación de litis, la prohibición de innovar y
la prohibición de contratar.
Por lo tanto, en este punto arbitraje y justicia deben complementarse, ya
que el laudo para poder ser ejecutado depende del uso del servicio de
justicia.
CAPÍTULO III
CARACTERISTICAS – VENTAJAS
3. CARACTERISTICAS DEL ARBITRAJE
1. El proceso arbitral se desenvuelve conforme a etapas basado en
determinadas formalidades propuestas por los poderes públicos, siendo
por ese solo hecho, una respetable institución jurisdiccional.
2. El laudo arbitral será siempre una solución de conciencia, toda vez que
se emite conforme a las disposiciones legales pero sobre todo a la
equidad, evitando por ello llegar a injustas desproporciones que puedan
figurar en el derecho y las obligaciones de las partes en conflicto.
3. Es necesario la existencia de un conflicto entre dos o mas partes para
que sea necesario recurrir a la institución arbitral y que las partes
involucradas hayan decidido esta vía de solución, para cuyo efecto
suscriben previamente un acuerdo denominado compromiso arbitral.
4. Siendo las partes las depositarias del derecho solucionar sus diferencias
como mejor les parezca, es posible que de mutuo y común acuerdo
decidan que cada vez que surja un conflicto, este sea sometido
obligatoriamente al proceso arbitral siempre que no se vulneran
intereses, el orden publico ni derechos de terceros.
5. Por un lado el juez tiene jurisdicción el arbitro carece de ella, el juez
tiene facultades cautelares y ejecutivas que no tiene el arbitro, no
obstante, para que obtenga estas tendrá necesariamente que recurrir a
aquel.
6. Los árbitros deben emitir un fallo, tiene facultades propias de un
juzgador, en tal sentido, pueden actuar y valorar las pruebas que les
permitan arribar a una decisión final
3.1.VENTAJAS DEL ARBITRAJE EN COMPARACIÓN CON LOS TRIBUNALES ORDINARIOS.
De todos es conocido el retraso y la masificación de los Juzgados y Tribunales
de nuestro país, y las consecuencias negativas que ello conlleva tanto a
particulares como a los profesionales, tanto por la tardanza e inseguridad en su
resolución, como por los elevados costes que supone el simple hecho de
presentar una demanda en un juzgado, siendo del todo acertada la frase: “el
vencedor, es a menudo el perdedor...por los gastos que supone y el tiempo
perdido”.
Pongamos un ejemplo práctico de lo que supondría aplicar el arbitraje en un
caso cotidiano: La emisión de una factura por el empresario y que resulta
impagada.
Lo habitual es que la empresa emisora, a la vista de la situación y tras intentar
recuperar su dinero de manera amistosa - lo que en muchas ocasiones no da
los resultados esperados -, decida contratar los servicios de abogados y
procuradores, para poder acudir al Juzgado y demandar al moroso.
Pese a que en muchas ocasiones la sentencia dictada es favorable, la demora
en la tramitación y resolución, así como los costes tan elevados que supone la
vía judicial, pueden llegar a derivar en situaciones empresariales insostenibles
y altamente perjudiciales para la continuidad de la sociedad, haciendo de la vía
judicial más que una solución, un problema adicional. ¿Por qué tarda tanto en
resolverse? ¿por qué resulta tan caro obtener algo que pertenece por
Derecho?. El arbitraje pretende corregir estos fallos, como procedimiento
extrajudicial y alternativo a los Juzgados por el que, la resolución de cualquier
conflicto se produce de manera rápida, eficaz, profesional y económica.
Las características más destacadas del sistema arbitral en comparación con la
vía judicial podríamos resumirlas en las siguientes:
- Celeridad en la resolución del conflicto. (Máximo 6 meses).
- Económico por la reducción de gastos y costes en comparación con la
carestía de la vía judicial.
- Es una vía eficaz de resolución de controversias.
- Se desarrolla por la actuación de profesionales y expertos en la materia
que sea objeto de arbitraje.
- Se satisfacen los intereses personales y económicos y:
- Se evitan litigios futuros.
CAPÍTULO IV
MAPA CONCEPTUAL DEL ARBITRAJE
CONCLUSIONES
1. El arbitraje ha estado presente en la humanidad desde que el hombre
convive socialmente y por ende tiene intereses y opiniones divergentes
sobre un mismo asunto esto llevo a crearse conflictos.
2. El arbitraje es visto como un mecanismo de resolución de problemas sin
la intervención del estado, como un medio de resolución más rápida y
eficaz.
3. El sistema arbitral ha ido abarcando más campo de acción a través del
tiempo, es decir de ser local ha pasado al ámbito internacional.
4. Para mejorar el sistema arbitral peruano se ha tenido como ejemplos a
sistemas arbitrales americano y/o europeos.
5. La tendencia internacional actual, demuestra que el arbitraje es más
importante que la justicia oficial por su capacidad, especificidad y
celeridad.
Es aquel cuya administración y organización está a cargo de una institución arbitral. Por ejemplo el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima CEAR CAL, el cual cuenta con Reglamentos Arbitrales propios, personal calificado, infraestructura y tecnología puesta al servicio de los árbitros y las partesEs aquel cuya administración y organización está a cargo de una institución arbitral. Por ejemplo el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima CEAR CAL, el cual cuenta con Reglamentos Arbitrales propios, personal calificado, infraestructura y tecnología puesta al servicio de los árbitros y las partes
Arbitraje Institucional ó
Adhoc
Y
6. Por ello, sus mayores avances se dan en materia de comercio
internacional y de propiedad horizontal.
7. El objetivo de la aplicación de esta instancia alternativa no es
reemplazar a la justicia oficial -que está totalmente colapsada por falta
de estructuras y de medios- sino ser una solución alternativa, que
colabore con el Poder Judicial brindando una solución rápida ante un
caso concreto.
8. Sólo basta con comprender las singularidades de las cuestiones de la
Propiedad Horizontal para darse idea de las amplias posibilidades del
arbitraje en ese mundo donde es necesario contar con soluciones
atinadas, realistas y efectivas.
RECOMENDACIONES
La progresiva implantación del arbitraje como método de resolución de
conflictos alternativo a la vía judicial, se encamina a paliar y reducir los
elevados costes y la prolongación en el tiempo que supone someter un
litigio a los tribunales de justicia ordinarios, ofreciendo una solución
alternativa, ágil, rápida, eficaz y económica de las controversias,
interpretaciones, incumplimientos o ejecuciones que puedan surgir entre las
partes en un contrato o vínculo jurídico-contractual, sin mencionar el
agradecimiento y apoyo de los Magistrados, Jueces, Secretarios judiciales y
demás personal de la Administración de Justicia encaminado al fomento e
implantación del sistema arbitral, al suponer una “futura” descarga de
trabajo judicial y una mejora en el servicio a los ciudadanos que podrán
disfrutar de una tutela judicial efectiva real.
Por lo expuesto y los benéficos que nos brindan recomiendo que las
personas que deciden irse por la alternativa del arbitraje traten el mayor
esfuerzo posible para poder llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes
intervinientes en base a una acuerdo imparcial, sin necesidad de llegar un
procedimiento judicial.
BIBLIOGRAFIA
1. http://www.peruarbitraje.org/
2. http://sistemas3.minjus.gob.pe/arbitraje
3. Medios Alternativos de Resolución de Conflictos
Editorial : Juristas Editores
Autores: Carlos Castillo Rafaell
Ysac Avedaño Galindo
