7/29/2019 Análisis de la propuesta para la reforma universitaria

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Análisis de la propuesta para la reforma universitaria 

Frente Estudiantil y Social  – Zaragoza

 feszgz.blogspot.com.es 

El 12 de Febrero de 2013 una comisión de nueve “expertos” (entre los que se encuentra el

vicepresidente tercero del Banco Santander) entregó al ministerio de educación una

propuesta para “la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema educativo español”. 

Esta propuesta, que se anuncia como la segunda parte del proceso de implantación de

los acuerdos de Bolonia del Espacio Europeo de Educación superior a través de los postulados

de la Estrategia Universidad 2015, supone un nuevo avance hacia la mercantilización y

privatización de la enseñanza superior.

Pasamos a analizar a continuación los principales puntos de esta reforma, para dar una

valoración general desde nuestra organización.

Competencia y elitización de las universidades.

Esta reforma propone aumentar la competencia entre universidades, de forma que

estas sean sometidas a evaluación por organismos externos, a fin de establecer un ranking de

universidades.

Esta clasificación atenderá, principalmente, a criterios de rentabilidad, innovación,

especialización, empleabilidad de los egresados y capacidad de encontrar financiación privada.

De esta forma, se conseguirá dividir a las 81 universidades españolas (50 públicas y 31

privadas) en tres grupos.

  10 universidades “de calidad”. Es decir, elitizadas, con estrictos criterios (académicos,

pero sobre todo económicos) para entrar en ellas. Se desarrollarán en ellas los

llamados “campus de excelencia”. 

  25-30 universidades especializadas en distintos campos de la investigación.

  El resto de universidades, que quedarán como universidades “de segunda” y que serán

las que tengan criterios menos estrictos para el ingreso de los alumnos.

La financiación pública de los centros atenderá a esta clasificación, de forma que

disfrutarán de mayor financiación pública.

El resultado será, de forma similar a la que se da en el modelo anglosajón, la formación

de universidades mejor financiadas para los alumnos provenientes de las capas más

enriquecidas de la sociedad y universidades de escasa financiación para el resto.

Liberalización del PDI.

El Personal Docente y de Investigación se enfrenta a una liberalización y

empobrecimiento de sus condiciones de trabajo. La comisión propone:

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  La desfuncionalización del PDI. Es decir, la reducción del personal funcionario al

mínimo, favoreciendo los mecanismos de contratación de personal contratado hasta el

máximo posible (49%, hoy es del 15%).

  Aumentar la movilidad laboral del PDI.

  El enfoque del PDI hacia la investigación. Aumentará el mérito por investigación y

disminuirá el mérito por docencia o gestión.

  La profesionalización de la gestión de la universidad.

En definitiva, una disminución de las condiciones laborales de los docentes e

investigadores universitarios y una orientación de su actividad laboral hacia la creación de

patentes e innovación, es decir, hacia la mercantilización del conocimiento.

Gobierno universitario.

Destacamos los principales cambios que supondría la reforma para el gobierno de las

universidades:

  Reforma de los claustros universitarios:

  Se reduce el número de claustrales (de 300 en las universidades grandes a 60-

70).

  Se reduce el porcentaje de representación de los estudiantes y PAS al 10% por

estamento.

  El claustro pasará a ser un acto meramente consultivo sin ningún poder de

decisión.

  Fusión del Consejo de gobierno (formados por representantes de la comunidad

universitaria) con el Consejo social (formado por representantes del gobierno, los

sindicatos y empresas). Este consejo:

  Estará formado por un 50% de miembros nombrados por el claustro (solo se

exige que haya un estudiante y un miembro del PAS). Un 25% nombrados por

el gobierno de la Comunidad Autónoma y un 25% de representantes de

entidades “sociales” (particularmente empresas). 

  Absorbe las funciones del claustro (ratificación de presupuestos, elaboración

de propuestas…). 

  Elegirá al rector, que deja de ser elegido por toda la comunidad universitaria.

  La figura del rector adquiere un mayor poder y autonomía a la hora de buscar

financiación universitaria. Se incentivará que no sea un académico.

Financiación universitaria.

Se propone una flexibilización de los mecanismos de financiación de las universidades,

a fin de que:

  Se impulse una “ley del Mecenazgo”. 

  La financiación pública tienda al modelo británico, donde solo supone un 35% del total

(actualmente es del 80%).

  Se eliminen las titulaciones no rentables.

  Se busquen acuerdos con las entidades financieras para introducir las becas-préstamo.  Aumenten las tasas.

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  Se fortalezcan las relaciones entre universidades y empresas.

Titulaciones.

Se propone el cambio del sistema de cuatro años de Grado y uno de Máster a un

sistema de tres años de Grado y dos de Máster. Esto supone la pérdida de calidad de los

contenidos de los Grados (ya de por si degradados respecto a las antiguas licenciaturas de

cinco años) y el encarecimiento de la educación, al ser necesarios ahora dos años de máster

para completarla.

También se propone la eliminación de las “carreras superfluas”, entendiendo por

“superfluas” aquellas que no sean rentables según criterios empresariales o no sean cursadas

por un gran número de estudiantes. Por el contrario, se podrán otorgar cátedras a proposición

empresarial.

Propone aumentar la movilidad estudiantil. Esto se traduce en la desaparición de

Grados en las universidades pequeñas, por lo que el alumnado deberá emigrar a otrasciudades para cursar sus estudios.

Busca facilitar la colaboración con empresas a través de prácticas, es decir, facilitar una

mano de obra de nivel universitario a muy bajo coste. Y, a su vez, incorporar representantes

empresariales al diseño de los planes de estudio. Potenciar la realización de los doctorados en

empresas.

Conclusiones.

En esta propuesta universitaria observamos los avances en la construcción de la

Europa del neoliberalismo.

Tal y como ya lo estaba el Plan Bolonia este nuevo proyecto de reforma universitaria

va encaminado hacia una mercantilización de la Enseñanza Superior y hacia una privatización

de la universidad pública.

El estudiante deja de ser parte de la comunidad universitaria, perdiendo su ya reducida

capacidad de influir en la gestión, para ser un mero cliente del que se espera obtener una

rentabilidad.

El PDI pierde también su condición funcionarial y de miembros de la comunidad

universitaria para convertirse en meros empleados dedicados a la docencia y la investigación.

El gobierno universitario, que ya destacaba por ser una estructura poco democrática,

arcaica y autoritaria, acentúa sus defectos en cuanto a que desaparece cualquier sombra de

control de los docentes, estudiantes y personal de administración y servicios sobre la gestión

universitaria, que queda en manos de intereses empresariales y gubernamentales.

Asistimos a una privatización: las empresas tendrán ocasión de invertir hasta en el 65%

del presupuesto universitario, recibiendo a cambio los frutos de esa inversión en forma de

gestión de la universidad, obtención de patentes y de personal barato salido del estudiantado

universitario. Toda la universidad pública trabajando para intereses privados.

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Una pérdida de condiciones del estudiantado de origen obrero, que pasa a tener

acceso solo a las universidades con peor calificación y que debe invertir una mayor cantidad de

dinero en su propia formación (que luego será utilizada en beneficio de las empresas), con el

aumento de tasas y la degradación de los Grados y encarecimiento de los Másteres. Se

facilitará que el estudiantado haga frente a este aumento de tasas a través del

endeudamiento, lo que supone un enriquecimiento de las entidades bancarias a costa del

estudiantado de origen obrero. A este estudiantado se le instruirá para que sea “empleable” y

tenga “movilidad laboral”, es decir, para adaptarlo a puestos de trabajo cada vez más precarios

y temporales.

En definitiva, una reforma universitaria que juega a favor, no de la “sociedad” tal y

como anuncia, sino de los intereses de la burguesía europea y española y en contra de, no solo

la comunidad universitaria, sino de toda la clase obrera, que verá encarecida su educación

superior y empobrecidas sus condiciones de trabajo.

Proponemos, pues, la organización de los estudiantes, docentes y otros trabajadores

universitarios en un frente de lucha anticapitalista y llamamos a la sociedad entera, forme o no

parte de la comunidad universitaria, a oponerse a esta propuesta de reforma, a fin de poder

construir una universidad que, gestionada por la comunidad universitaria, realmente trabaje a

favor de la sociedad.