3.ª C SESIÓN (Matinal) JUEVES 4 DE ABRIL DE 2013 ...

689Segunda LegiSLatura Ordinaria de 2012 - tOmO i - Diario de los Debates

3.a C SeSión (matinaL) 4-4-2013 - Diario de los Debates

3.ª C SESIÓN (Matinal)

JUEVES 4 DE ABRIL DE 2013

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES VÍCTOR ISLA ROJAS,

MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO

Y

JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER

SUMARIO Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.— Con anuencia de la Presidencia, se producen intervenciones de los señores congre-sistas de diferentes bancadas para referirse a diversos asuntos fuera de agenda.— Se aprueba la moción de saludo a Marcelo Salazar Rojas por el primer puesto obtenido en el VII Campeo-nato Panamericano de Ajedrez Escolar Sub 7.— Se aprueba en primera votación y se acuerda exonerar de segunda votación el texto sustitutorio final consensuado por las comisiones de Des-centralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Moderni-zación de la Gestión del Estado, y de Vivienda y Construcción, del proyecto de Ley que modifica la Ley 29089, la cual declaró de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadu-ra denominada Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, en la provincia y departamento de Lima, ampliándola en el sentido de expropiar once inmuebles adicionales ubicados en la zona de influencia de ejecución de la obra.— En debate el proyecto de ley, dictaminado en mayoría por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que propone modificar la Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección General de Inteligencia (DINI), se acuerda, vía cuestión previa, que regrese a dicha comisión.— Previo debate, ingresa a un cuarto intermedio el proyecto de ley, dictaminado en mayoría por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que propone regular el teletrabajo en las entidades públicas y privadas, modificando el Decreto Supremo 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728,

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Ley de Productividad y Competitividad Laboral.— Previo debate, ingresa a un cuarto intermedio el proyecto de ley, dictaminado en mayoría por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y por unanimidad en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que propone modificar la Ley 28735, Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte.— Se aprueba en primera votación y exonera de segunda votación el nuevo texto, cuya aprobación se recomienda en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, del proyecto de Ley, observado por el Poder Ejecutivo, que declara de necesidad pública y de interés nacio-nal la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la Carretera Longitudinal de la Sierra.— Reanudado el debate del proyecto de ley que pro-pone precisar los alcances de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, dictaminado por la Comisión de Salud y Población, se acordó, vía cuestión previa, el retorno a dicha comisión.— Se aprueba en primera votación, con modificaciones, el texto consensuado por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo y Seguridad Social, del proyecto de Ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.— Se aprueba en segunda votación el proyecto de Ley, dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.— Se admite a debate y se aprueba la moción de orden del día en virtud de la cual se conforma la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos para titular de la Defensoría del Pueblo, para magistrados del Tribunal Constitucional y para miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, integrada por los congresistas Urquizo Maggia, Aguinaga Recuenco, Portugal Catacora, Galarreta Velarde, García Belaunde, Urtecho Medina y Velásquez Quesquén (Moción 6485).— Se acuerdan diversas modificaciones en el Cuadro de Comisiones Ordinarias.— Se levanta la sesión.

—A las 9 horas y 7 minutos, bajo la Presiden-cia del señor Víctor Isla Rojas e integrando la Mesa Directiva el señor Marco Tulio Falconí, el relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Eguren Neuenschwander, Acha Romaní, Aguinaga

Recuenco, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Che-hade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!



Mamani, Condori Cusi, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamu-dio, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Lewis Del Alcázar, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Rivas Teixeira, Ron-dón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Va-lle Ramírez, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. (Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista, registran su asistencia por medio del sistema digital.)

Con licencia oficial, los congresistas, Apaza Or-dóñez, Bardález Cochagne, Espinoza Cruz, Iberico Núñez, Jara Velásquez (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), López Córdova, Tapia Bernal y Zeballos Salinas.

Con licencia por enfermedad, los congresistas Abugattás Majluf, Cabrera Ganoza y Oseda Soto.

En función de representación, los congresistas Alcorta Suero, Gutiérrez Cóndor, Mora Zevallos y Mulder Bedoya.

Ausentes, los congresistas Acuña Núñez, Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Becerril Rodríguez, Beingolea Delgado, Capuñay Quispe, Chávez Cossío, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Cri-sólogo Espejo, Díaz Dios, Espinoza Rosales, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Inga Vásquez, León Rivera, León Rome-ro, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Neyra Olaychea, Pari Choquecota, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodrí-guez, Ruiz Loayza, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Tait Villacorta, Teves Quispe, Uribe Medina, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto y Valqui Matos.

Suspendidos, los congresistas Apaza Condori, Diez Canseco Cisneros, Pariona Galindo y Yovera Flores.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Han registrado su asistencia 71 señores congresistas.

El quórum para la presente sesión es de 59 congresistas.

Con el quórum reglamentario, continúa la se-sión.

Con anuencia de la Presidencia, se producen intervenciones de los señores congresistas de diferentes bancadas para referirse al fallo judicial con relación al desalojo del ex mercado mayorista La Parada; al reparto de alimentos en mal estado por parte del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre situación legal del vacado alcalde provincial de Chiclayo; a la situación tributaria real de congresistas a quienes un reportaje periodístico imputaba tener deudas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat); al abandono de proyectos de saneamiento en Lambayeque y Chiclayo; a los módulos de atención para los consumidores y para las mujeres, niños y adolescentes, ubicados en la parte posterior del Palacio Legislativo; al pago a la Policía Nacional por el trabajo realizado en sus días de franco; a la condonación de cuantiosa deuda tributaria a Telefónica del Perú; a las disposiciones del Gobierno Nacional para el desarrollo económico y social y la pacificación del Alto Huallaga; a la tuberculosis en el Perú; a la actuación de la llamada Megacomisión (Comisión investigadora del gobierno del ex presidente Alan García Pérez); a los indultos a traficantes de drogas y otros durante el gobierno del ex presidente Alan García Pérez; y a los proyectos 288 y 568, insistencia en el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre usurpación y desalojo

preventivo

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Presidente, por su in-termedio, quiero dirigirme al Pleno, pero sin abusar de su paciencia, para referirme a dos temas que quizá resulten de su interés.



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Hoy es 4 de abril y mañana será 5 de abril; una fecha que no es para celebrar, pero sí para recordar.

El 5 de abril de 1879 se inició la guerra con Chile, que el Perú no quería, pero que, en su momento, fue inevitable; 5 de abril de 1879.

Algunos años después, el 5 de abril de 1992, su-cedió algo que no quisiera que se repita y espero, incluso, que tampoco lo quiera la bancada más allegada al gobierno de ese entonces que dio el golpe de Estado en el Perú. Se trata de una fecha para recordar; un recuerdo que mañana cumplirá 21 años, es decir, la mayoría de edad, según la antigua Constitución y el antiguo Código Civil, de 1936, con el que, dicho sea de paso, estudié e —imagino— que algunos de mis colegas también estudiaron.

Pero hay otro asunto más reciente y que es tema de conversación de todos los días; una nueva pala-bra que el actual Código Procesal Civil ha puesto de moda entre nosotros: desalojo. El asunto del desalojo del ex mercado mayorista de La Parada parecería casi una comedia si es que no fuera un hecho sangriento.

Personalmente, como abogado, tengo serias re-servas acerca de esa sentencia, llamada hábeas corpus. No sé qué tiene que ver un hábeas corpus, que está directamente relacionado con la libertad individual o amenazas a esta, con una situación en la que estaría involucrada la libertad de tránsito, y que podría ser materia de una acción de amparo. Pero, a raíz de ese asunto, ha salido a relucir algo que me ha llamado profundamente la atención y también —imagino— a mucha gente.

Este famoso desalojo, en el que cinco personas murieron y un policía fue apaleado, apedreado, y hoy se encuentra lesionado y quizá olvidado, ¿contó o no con una orden judicial? El ministro del Interior ha hablado del desalojo; pero ¿qué es el desalojo? Es la consecuencia natural de una sentencia en un proceso que antes se llamaba desahucio y que hoy se llama juicio de desalojo. El desalojo es la conclusión natural de un procedi-miento judicial cuando una propiedad es invadida o retenida ilegalmente, etcétera.

¿Hubo o no esa orden judicial? Si hubo esa orden judicial, lo lógico es pedirle auxilio a la Policía, a la fuerza pública; pero si no la hubo, si no existió esa orden judicial, ya no podemos hablar de desalojo. Aquí hay una cuestión grave, que, por encima de todo, en lo más profundo, revela una gravísima incompetencia —y no voy a decir incapacidad,

porque ahora dicen que esa es una mala palabra—. Digamos que revela falta de conocimiento, falta de competencia, y que podría hacer que —para decirlo inapropiadamente— esté volviendo a fojas cero un tema que interesa a la ciudad.

Entonces, creo que el Congreso debería tomar-se la molestia de verificar —quizás a través de alguna comisión— si, en efecto, hubo o no una orden judicial de desalojo de los ocupantes de La Parada y ver qué responsabilidades podrían tener aquellos que pidieron auxilio policial para llevar a cabo una orden de desalojo que no tenía sustento jurisdiccional.

Quería recordarle esos temas al Pleno, porque creo que ambos recuerdos —uno, conmemorativo y el otro, actual— están vigentes en el Perú de hoy y, posiblemente, en el futuro inmediato, en el Perú de mañana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Casio Huaire.

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Señor Presiden-te: Quiero resaltar un tema que es bastante preocupante, principal-mente para mi región; no sé si en otras regiones se está suscitando este problema.

Sabemos que el Programa Nacional de Alimenta-ción Escolar Qali Warma prevé atender, durante el presente año, a dos millones setecientos mil niños y niñas de las escuelas públicas de los ni-veles de educación inicial y primaria en el ámbito nacional, dotando a los educandos de alimentos para mejorar su atención en clase y, consecuen-temente, su comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático.

Sin embargo, en mi región, a varios centros edu-cativos se les entregó alimentos en mal estado, poniendo en riesgo la salud de nuestras niñas y de nuestros niños; es más, los productos perecibles que se reparten como segunda opción —tales como quesos, atún, mermelada, galletas, salsa de toma-te, leche, arroz y aceite— también se encuentran en aparente estado de descomposición; no cuentan con fecha de vencimiento ni registro sanitario; así lo informó el diario Correo de mi localidad. A tal punto ha llegado esa situación que los padres de familia han alzado su voz de protesta a través de movilizaciones exigiendo la calidad e inocuidad de los alimentos entregados por ese programa, con



el que se sacrifican recursos valiosos, así como tiempo, materiales, dinero, que tienen un alto costo de oportunidad.

En la Institución Educativa 30518 José Gálvez Barrenechea, de Tarma, por ejemplo, los panes tenían hongos, sospechosas manchas de color verde. Del mismo modo, en la Institución Edu-cativa Huarancayo de Acobamba, de Tarma, los alumnos también habrían estado a punto de consumir panes con hongos. Asimismo, en la Institución Educativa 30157 Señor de Shullca, del distrito de Chongos Alto en la provincia de Huancayo se repartieron alimentos perecibles —tales como queso, atún, mermelada, pescado, salsa de tomate— del Programa Qali Warma en aparente estado de descomposición.

Las madres de familia de la Institución Educativa Señora del Valle llegaron a la sede del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), ubicado en el distrito de El Tambo, Huancayo, en donde arrojaron raciones de papa sancochada a modo de protesta por los alimentos en mal estado del Programa Qali Warma.

Es un tema que de verdad nos preocupa, y que no sucedió solo en esas instituciones educativas. Hay también otros casos en la misma ciudad, como el del distrito de Chilca, un distrito metropolitano de la provincia de Huancayo, en mi región. Del mismo modo, en el colegio Túpac Amaru, un colegio bastante grande, se han presentado esos mismos hechos.

¿Cómo se explica que los desayunos escolares contengan alimentos en mal estado y que a las empresas proveedoras se les otorgue un plazo a fin de que repongan esos alimentos malogrados? ¿Qué rol vigilante están cumpliendo los comités de alimentación escolar? ¿Acaso queremos seguir viviendo de la maldición de los recursos natura-les? ¿Acaso todavía estamos considerando que nuestros recursos naturales, por más renovables que sean, son inagotables?

Un informe de las Naciones Unidas advierte que el Perú —y esto es preocupante— cae del puesto 80 al 77 en el ranking mundial de desarrollo hu-mano del año 2012. Significa que el 31,3 % de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, donde la carencia en educación y salud contribuyen con el 18 % y 20 % de pobreza.

Señor Presidente, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma no está contri-buyendo en formar el capital humano que tanto necesita nuestro país, con el consiguiente riesgo

de que se vean afectados el desarrollo de conoci-miento, el desarrollo de tecnología, la innovación, el emprendimiento, la competitividad del país, a fin de alcanzar en el largo plazo la categoría de país desarrollado.

Este asunto amerita una explicación urgente por parte de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y que se reorienten las políticas y estrate-gias del sector.

Señor Presidente, la congresista Karla Schaefer me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Gracias, señor Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Huaire por la interrupción concedida.

Pienso que ese asunto tiene mucha importancia. Me sumo a una denuncia más, a la hecha en un programa de televisión el domingo pasado por mi compañero Elard Melgar sobre Huaral. Rosa Mavila, ayer, en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad también hizo una serie de denuncias sobre este Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Señor Presidente, por favor, se trata de un tema importante...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Estamos escuchando su intervención, congresista Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— No puedo creer que a usted no le importe cómo se está llevando este programa, que está dirigido a los niños de este país, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Reitero que estamos atendiendo su exposición. Sírvase continuar, congresista Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Del mismo modo, acabo de estar la semana pasada en la villa Santa Sofía, anexo del distrito Ignacio Escudero, en Sullana, Piura; y es indignante lo que les están dando a los niños del nivel inicial. Se les ha suprimido los alimentos secos que antes habían estado consumiendo, durante años. Dicen que habían mejorado los niveles de nutrición en



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ese colegio, pero se les ha quitado alimentos y ahora les están llevando unos alimentos que dan vergüenza, como agua de plátano —que general-mente llega fermentada porque la llevan desde Sullana— con un pan, algunos de los cuales llevan una untada de mantequilla y otros no. He traído fotos, incluso, para podérselas enseñar.

Hemos pedido que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social se apersone a la comisión junto con la directora del Programa Nacional de Ali-mentación Escolar Qali Warma. Si no lo hacen, tendrán que venir al Pleno.

Me encantaría que todos los congresistas veri-fiquen esta situación en sus propias regiones, porque este programa se va a inaugurar con bombos y platillos. Hasta la primera dama asiste, cuando todo es una farsa. No podemos aceptarlo, especialmente porque ese programa está dirigido a los niños más desprotegidos y con menos recursos de este país, pero no de esta manera. No puede ser posible, teniendo en cuenta los datos estadís-ticos proporcionados por el congresista Huaire y lo que se dice de este país desde el punto de vista económico. Tenemos que hacer algo.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Huaire.

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Señor Presidente, el congresista Delgado me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Muchas gracias, Presi-dente.

En primer lugar, quiero señalar que a nosotros también nos preocupa que puedan existir casos en los que

los alimentos estén en mal estado o que no se esté proveyendo de los alimentos correspondientes. Se tiene que corregir; se tiene que mejorar inmedia-tamente. Supongo que así se hará. Pero lo que no podemos hacer es caer en el juego de algunas empresas proveedoras del extinto Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) y que ahora, probablemente, se sienten incomo-dadas por este cambio radical en los sistemas de abastecimiento. Entendámoslo: el Pronaa era un sistema de abastecimiento de alimentos

y punto. Era un sistema logístico de entrega de alimentos. En cambio, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma apunta a algo mucho más integral: la formación nutricional, la descentralización para aprovechar los alimentos de la zona, con mecanismos que no solo contem-plen la provisión de alimentos, sino la educación y formación nutricional.

Este proceso seguramente está teniendo algunas dificultades, que deben corregirse. Estoy de acuer-do con que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social venga al Congreso, que nos explique la situación y que de inmediato se tomen medidas correctivas, porque, en efecto, no se puede estar entregando alimentos en mal estado. Esto no significa que descalifiquemos un programa que tiene una orientación mucho más integral, en el sentido de que no solo provee de alimentos, sino también de formación nutricional, que finalmente es lo que va a quedar en la formación de los niños, y de los padres y madres de familia.

Estoy de acuerdo con que rechacemos cualquier situación en la cual se pudiera estar proveyendo alimentos en mal estado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase continuar con su intervención, congresista Huaire.

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Gracias, señor Presidente.

Sé que las intenciones del gobierno son muy buenas. Lo que acaba de explicar el congresista Delgado es

la proyección de ese programa; sin embargo, en la práctica, con lo que estamos observando, sucede lo contrario. Puede haber discrepancias respecto a que el Pronaa inicialmente tenía otras empresas como proveedoras y que ahora son otras empresas; también podría darse ese caso. Sin embargo, eso no justifica que se deban llevar productos en mal estado, en estado de descompo-sición. Se tiene que corregir eso y, por lo mismo, necesitamos una explicación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social ya sea aquí, en el Pleno o en la comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Martín Rivas.



El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Pre-sidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Schaefer; con su venia, se la concedo antes de iniciar mi intervención.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Rivas.

Quiero decirle al congresista Delga-do que, en efecto, el planteamiento

de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha sido que todo tiene un proceso; pero ese ministerio ya va a cumplir dos años en proceso.

Sería bueno replantear el programa bajo el enfoque de utilizar los recursos de cada región, pero no se está haciendo así. No nos engañemos. Hay que ir allá para conocer lo que sucede en la práctica.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continúe, congresista Rivas.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— La congresista Natalie Condori me está pidiendo otra interrupción; con su venia, se la concedo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Condori.

La señora CONDORI JAHUIRA (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista por con-cederme la interrupción.

Ya hemos visto este tema ayer en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Si bien es cierto que el programa tiene algunas deficiencias que hay que superar, también es necesario hacer saber a la población que este programa es totalmente participativo. No solo es el gobierno central el que ejecuta este programa. Aquí participan gobernadores, directores de instituciones educativas y también representantes de los padres de familia.

Por otro lado, es cierto que, si hay denuncias, para eso hay también responsables del programa en las regiones; la ministra ya ha sido convocada para responder por esos responsables. No todos se ponen la camiseta de este programa; no todos

asumen el compromiso que deberían asumir y recoger estas denuncias que, lamentablemen-te, deben pasar por las manos de diferentes congresistas para traerlas al Pleno. Por eso, la ministra ha sido citada a la Comisión de Inclusión Social, para aclarar el tema a la Representación Nacional.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continúe con su intervención, congresista Rivas.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Gracias, Presidente.

Lo manifestado por nuestro ilustre colega y honorable congresista Mar-tín Belaunde me invita para hacer una reflexión.

En efecto, hoy estamos 4 de abril y mañana será 5 de abril, y el 5 de abril es también una fecha que quizá no es muy agradable para la historia demo-crática del país. Hoy en día vivimos en un Estado de derecho en el que hay un respeto irrestricto a las instituciones: al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y, sobre todo, al Poder Legislativo.

Hay que recordar que en una fecha como la de mañana se quebró esa institucionalidad; y hay que recordarlo hoy, que estamos aquí representando al pueblo, que eso no debe volver a pasar; hay que recordar que la historia tendrá que juzgar una situación y circunstancia como aquella, y que ya ha sido juzgada, porque se cambió todo el sistema y nuestro orden interno, con las oscuras y nefastas consecuencias que precisamente después el pueblo pagó.

Pero hoy me invita a reflexionar una situación particular y peculiar en irrestricto respeto a los poderes del Estado, porque tampoco podemos permanecer inertes. Me estoy refiriendo especí-ficamente al Tribunal Constitucional, que hasta hoy no ha resuelto una situación controversial, de carácter constitucional, que existe respecto a una autoridad local en la ciudad de Chiclayo.

Hace dos semanas me pronuncié, y pedí y supliqué para evitar que un colectivo masivo de ciudadanos de Chiclayo se presente ante el Tribunal Consti-tucional en estos días para protestar a fin de que se resuelva una situación de desgobierno y por la que hasta la fecha padecen de una inobservancia absoluta.



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He dicho, y lo ratifico, que si el Tribunal Constitu-cional, en uso de sus facultades, se pronuncia en el sentido de que una autoridad que ha sido y es duramente cuestionada, que ha sido sentenciada y condenada, con antecedentes, permanezca en el sillón municipal, entonces, que lo diga; pero que resuelva esa situación de desgobierno.

¡Cuánto tiempo más los chiclayanos vamos a esperar que se resuelva una situación de incer-tidumbre y de desgobierno, con calles destruidas y falta de fiscalización porque no se remite infor-mación! Es una situación que ha quebrado a la Ciudad de la Amistad dejándola en una situación de zozobra.

Pido e invoco desde aquí a los miembros del Tri-bunal Constitucional que, ¡por favor!, tomen la decisión que deban tomar, pero que lo hagan ya, para que el colectivo de Chiclayo no tenga que viajar hasta la capital con el fin de protestar. Lo pido en el irrestricto derecho de respeto a las instituciones; deben resolver ya ese asunto.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Rosas Huaranga.

El señor ROSAS HUARANGA (GPFP).— Presidente: Por su intermedio, saludo a todos los presentes.

Me preocupa la situación del hábeas corpus relacionado al caso del ex

mercado mayorista de La Parada. Nosotros los demócratas decimos que debe haber respeto a la independencia de poderes, a la autonomía del Poder Judicial y, en ese sentido, debemos respetar el fallo del juez, nos guste o no, nos parezca o no que fue bien elaborado. Tendrá las instancias respectivas para las precisiones del caso, pero creo que, en más de una ocasión, se ha escuchado cuestionar, criticar, armar y desarmar ese fallo. Opino que es un fallo que ya ha sido dado y que se debe respetar.

Más allá de ese tema, quiero evidenciar pública-mente el cinismo del ministro Pedraza, a quien esta mañana escuché decir en un medio de co-municación que él no sabía nada del operativo de desalojo. El entrevistador le preguntó si el general Salazar sabía del operativo y respondió que él tampoco lo sabía. Y la alcaldesa se encontraba, conforme a un permiso de la municipalidad, de vacaciones en Estados Unidos.

En el más alto nivel, la alcaldesa no sabe del ope-rativo, el ministro no sabe, el general Salazar no sabe, nadie sabe; sin embargo, cuando se da una situación distinta, inmediatamente se conocen todos los pormenores.

Ahora bien, aquí debemos defender los derechos humanos, de las personas —invoco la atención de las damas, que trabajan muy bien contra la violencia—; y no podemos permitir que se violente verbalmente, sicológicamente a los trabajadores honrados de La Parada; obviamente, puede haber uno que otro infiltrado que esté provocando violen-cia, y deben ser investigados y sancionados. Pero ¿cómo vamos a permitir que el teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el señor Zegarra, los tilde primero de delincuentes, después, de antihigiénicos y ayer, en un medio de comunicación, de traficantes de terreno? ¿Qué está haciendo? Está usando la violencia verbal sicológicamente para intimidar a los honestos y legítimos trabajadores de La Parada.

Pienso que no hay que polarizar a la ciudad; en todo caso, creo que tanto la municipalidad como la Policía deben dar el ejemplo —obviamente, en su calidad de autoridades— de que obedecen las leyes. ¿Cómo se va a pedir que los comerciantes y los ciudadanos obedezcan y respeten a las au-toridades si ellos mismos, lejos de obedecer, las cuestionan?

Ahora bien, para avanzar en el tema y no can-sarlos, quiero señalar que el juez ha pedido que se retire la Policía, pero hay que entender bien la situación. ¿A qué grupo de la Policía le ha pedido que se retire? A la Unidad de Servicios Especializados, es decir, al grupo antidisturbios que está impidiendo el libre ingreso de los comer-ciantes, compradores y vendedores apostados en los alrededores, esto es, casi en las puertas del mercado, lo cual viola la Constitución porque esta nos garantiza el libre tránsito, el libre comercio, la libre empresa. Eso es lo que ha pedido el juez y, obviamente, debe ser de ejecución inmediata. La Policía no debe retirarse de la zona y dejar de cumplir su rol de brindar seguridad ciudadana; con ese fin, la comisaría del sector podrá enviar más contingente policial para garantizar la segu-ridad ciudadana en toda la zona del ex mercado mayorista; son dos cosas diferentes. Aquí se está malinterpretando y de manera antojadiza. Y, de otra parte, le preguntaron al ministro Pedraza sobre el policía Huamancaja, que fue abandona-do, cuando la alcaldesa había dicho que asumía la responsabilidad y que lo iba a atender, pero el propio policía ha dicho que no lo están atendiendo. Cuando otro periodista le preguntó, ¿por qué se ha



abandonado a ese policía? El ministro responde que antes ganaba un sueldo en su calidad de poli-cía con un plus que le daba la municipalidad, pero la municipalidad le ha retirado ese plus porque se le daba en base a un acuerdo, entonces, ya no lo recibía. ¡Qué insensibilidad la de la alcaldesa! Si bien es cierto que, por la normatividad o la ley, debe retirar ese ingreso, tendría que crearlo por otro concepto, sensible, un bono familiar, o algo así para no dejarlo desprotegido.

Me pregunto, ¿en qué consiste el hecho de que la alcaldesa diga que asume la responsabilidad? ¿Cómo se traduce de manera concreta eso en favor de policías valientes, obedientes? Hay que respetar a la Policía en casos como los de este policía Huamancaja, un policía valiente y obediente que expuso su vida y, luego, cuando cayó en un acto delictivo, que condenamos, se le abandona. Me preocupa la actitud de la alcaldesa de la ciudad de Lima, insensible para este caso, de desobediencia a la sentencia; y también me preocupa el cinismo del ministro Pedraza que, lejos de defender y proteger a la Policía y a la ciudadanía, no lo hace.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Presidente: No iba a intervenir sobre este tema relacio-nado con la alcaldesa de Lima, pero, en todo caso, creo que es propicia la oportunidad para que, desde el Con-greso de la República, le soliciten a

ella que abra el diálogo con los trabajadores del ex mercado mayorista de La Parada. Sin embargo, me parece que apoyar a ese juez es irse contra lo que piensa la gente de Lima, se ha portado de la peor manera con Lima y con la Policía; por lo tanto, estoy de acuerdo con que el ministro del Interior actúe en ese asunto. De otra parte, dudo que la señora alcaldesa sea insensible frente al dolor del policía; en todo caso, hay que investigar y despolitizar el tema.

Por otro lado, el Congreso tendría que mirar hacia adentro para analizar, en todo caso, en qué estamos fallando. Ha habido una primera intervención. En un programa periodístico do-minical del Canal 4 hubo una denuncia contra algunos congresistas que tendrían deudas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Admi-nistración Tributaria (Sunat). Evidentemente,

eso mancha la imagen del Congreso, pero habría que averiguar cuán cierta es esa denuncia y por qué la Sunat habría actuado de esa manera, pues he conversado con algunos congresistas tras la divulgación de ese informe, y he leído que sus nombres aparecen en la primera página de los diarios por tener deudas de veinte céntimos de nuevo sol o de dos o tres nuevos soles, entonces, creo que el Congreso tendría que actuar. Así, pido que el presidente del Congreso solicite a la Sunat un informe para conocer la real situación de esos señores congresistas. Tengo entendido que un congresista tiene una deuda de veinti-cinco mil o veintiséis mil nuevos soles, pero se le ha estado descontando mensualmente; su deuda está fraccionada. Me estoy refiriendo al caso del congresista Rogelio Canches.

¿Qué se está buscando con esta información? Si existe algún congresista que no ha pagado su deuda, que se señale de quién se trata y que explique por qué no ha pagado; pero hablar de deudas de dos o tres nuevos soles realmente no es bueno para la imagen del Congreso, porque no solo se mancha la honra de un congresista, sino que conlleva que se hable de los congresistas.

Pido que se aclare este tema, porque estamos hablando de la Sunat.

Señor Presidente, me está pidiendo una inte-rrupción el congresista Rogelio Canches; con su venia, se la concedo.

—Asume la Presidencia el señor Marco Tulio Falconí Picardo.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Puede interrumpir, congresista Rogelio Canches.

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Gracias, señor Presiden-te; y, por su intermedio, agradezco al colega congresista.

Sobre este tema personal, aclaro que no he negado la deuda; sin embargo,

un periódico ha publicado al respecto: “No paga”. He demostrado lo contrario a una colega congresis-ta, quien me contó que anoche había estado con la superintendente, la cual le recalcó que, en mi caso, venía pagando desde 2009, 2011 y 2012. Pero aquel diario publicó que no pagué nada el 2012, cuando en realidad ese año presenté personalmente una carta a la Sunat para que me descontasen el 30%



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de mi sueldo, que es el porcentaje que, en nuestro caso, nos permite la ley. Así, desde el 2012, vienen descontándome dos mil cuatrocientos nuevos soles de mi sueldo y, aparte, vengo pagando cuatrocientos ochenta nuevos soles, para avanzar en el pago de mi deuda. Estoy pagando esa deuda. La ley seña-la que uno puede pedir el fraccionamiento de la deuda, y la Sunat, precisamente, me ha concedido ese fraccionamiento.

Por esa razón, cuando me comuniqué con la Sunat para saber por qué habían dicho que tenía una deuda y no pagaba, la Superintendencia me res-pondió que la periodista del canal que emitió el informe había ido a la Sunat para solicitar infor-mación y que la Superintendencia le habían dicho que yo sí pagaba; sin embargo, a la reportera no le interesó esa información y publicó que yo no pagaba esa deuda.

Quiero recalcar a los colegas congresistas y al personal de la prensa presente en la sala que estoy pagando mi deuda; el martes salí al frente para aclarar este tema. Vengo pagando mi deuda con el fraccionamiento concedido por la Sunat. No he dejado de pagar desde que hemos hecho este fraccionamiento. Quería transmitir eso al Pleno, para que lo sepan, porque el comunicado dice sobre mí: “no paga”.

Señor Presidente, vengo pagando la deuda. Tam-bién puede indagar usted en la oficina de personal del Congreso, la cual mensualmente descuenta un porcentaje de mi sueldo para mandarlo a la Sunat con un cheque.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La Mesa agradece su participación, con-gresista Canches.

Puede continuar, congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— El congresista Becerril me está pidiendo que le dé la segunda interrupción; con su venia, se la concedo, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Gracias, Presi-dente; y, por su intermedio, agradez-co al colega Yehude Simon.

Quiero referirme a ese mismo tema, agradeciendo previamente al colega

Yehude por su preocupación, porque, en realidad, nos parece bastante raro que la Sunat, violando la garantía de la reserva tributaria, haya dado algu-nos datos —y que, sobre todo, no son ciertos— a la reportera de un canal de televisión.

El lunes he ido personalmente a la Sunat para averiguar sobre este asunto, en el que, según la reportera, supuestamente tengo una deuda de qui-nientos nuevos soles con la Sunat, una deuda que nunca se notificó, una deuda cuyo pago nunca se requirió; y, por último, en la Sunat me dijeron que no saben de esa deuda ni a cuánto asciende.

En todo caso, he pedido con el Oficio 262 a la señora Tania Lourdes Quispe Mansilla que, si tengo alguna deuda con la Sunat, se me indique el monto exacto y, asimismo, que informe si la Sunat me notificó oportunamente al respecto. Es más, en la Sunat me manifestaron que como yo supuestamente vivía en Trujillo, esa deuda correspondería a Trujillo y que no podían darme el dato. Ante esa respuesta, obviamente, respondí: “si en mi calidad de contribuyente no me pueden dar información sobre esa deuda, ¿cómo así se la han proporcionado a una reportera?”. Esto es bastante raro. Y lo más raro es que ayer la Co-misión de Ética Parlamentaria inmediatamente, a los pocos días —tres o cuatro— del reporte de televisión, nos mandó que hagamos el descargo respectivo.

Pido a la Comisión de Ética Parlamentaria, por intermedio de la Mesa, que tenga más mesura. En mi caso, por ejemplo, primero he pedido informa-ción. Cuando la tenga, obviamente, haré conocer la información sobre ese tema a la Comisión; pero no me parece lógico que, ante una denuncia, la Comisión, sin investigar nada, inmediatamente nos pida un descargo y que en los medios salga publicado el titular “Congresistas en Ética por no pagar a la Sunat”. No puede ser eso posible, Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Puede continuar, congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Presidente, no debemos enfocarnos en la prensa, si no, en quién dio la información con la que se rompió la garantía de la reserva tributaria. Esa información ha sido utilizada por la prensa —como, de repente, tenía que ser—, pero no por



montos de deuda de dos, cincuenta o quinientos nuevos soles.

Este asunto merece una investigación, pero no hay que investigar a los congresistas, sino cómo salió a la luz la información, y que se indique con exactitud qué congresistas tienen deudas, pero que no las pagan sabiendo que las tienen. Eso tiene que investigarse.

Presidente, el congresista Otárola está pidiendo una tercera interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Por excepción, puede interrumpir el congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Presidente, muchas gracias; seré muy conciso.

Comparto la indignación de algunos colegas congresistas. Han puesto mi nombre en primera plana, y en este

asunto veo mala fe. No debo ni un solo céntimo a la Sunat, no debo ni un nuevo sol. Ratifico: siempre he sido pulcro en el pago de mis obliga-ciones tributarias.

Sospechosamente, en la información de enero de 2002, faltan dos hojas en mi programa de declaración telemática (PDT). Todos saben que la Sunat no recibe información incompleta, pero faltan dos hojas. Bueno, pues, le salió la Sunat, no sé; y cuando me he acercado —porque nunca se me notificó— me dijeron que “en el peor de los casos hay una multa de cien nuevos soles, pero que ya prescribió”. Obviamente respondí: “yo no voy a invocar la prescripción”. A pesar de que —creo— es indebido, aquí están los cien nuevos soles con, además, todos los intereses acumulados desde enero de 2002; pero ese desembolso no es por una omisión al pago de tributos, sino porque se han extraviado dos hojas del PDT. Por eso me parece que hay mala fe.

Reitero —con la transparencia del caso— que jamás dejé de pagar un tributo y, obviamente, en ese supuesto, no debo ni un solo céntimo a la Sunat. Por eso, exigimos también a la prensa más rigurosidad en sus investigaciones.

Muchas gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— La Mesa agradece su partici-pación, congresista Otárola.

Continúe, congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Pre-sidente, respecto a este tema, quiero terminar de la siguiente manera: la prensa ha recibido información, pero no ha recibido la información verídica. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el que dio esa información falsa? Eso es lo que hay que investigar.

Por eso, pido que se convoque a la responsable de la Sunat para que informe exactamente ante una comisión cómo se produjo esta situación, que no golpea al congresista Otárola, no golpea a los congresistas afectados, sino que golpea toda la institucionalidad del Congreso. En realidad, golpea personalmente a los congresistas porque aparecen como tramposos, identificados con sus nombres; los tweet dicen: “paguen primer sus deudas”, “trabajen”.

Presidente, antes de pasar al segundo tema, le pregunto, ¿qué valor tienen nuestras intervencio-nes? Quisiera que, a través del oficial mayor, se diga si nos escuchan o no; si se toman decisiones o no. El congresista Martín Rivas ya habló del caso de Chiclayo, al que también voy a referirme, pero han pasado semanas y meses y no hay ningún resultado de nuestras intervenciones.

Así, Presidente, yo le pido que, antes de entrar al tema de Chiclayo —sobre el que quiero hablar—, me aclare qué valor tienen estas intervenciones, porque, de lo contrario, mejor nos quedamos sentados.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Definitivamente, las intervenciones de todos los señores congresistas tienen muchí-simo valor y se sigue el procedimiento corres-pondiente cuando hay pedidos concretos para remitir oficios a las respectivas instituciones y autoridades o solicitar los informes que se crean convenientes.

En esta materia en particular, tendremos que mandar un oficio a la señora Tania Quispe, jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), para que emita un informe, luego de lo cual, en atención a la información que remita, se le podrá convocar a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera —lo cual se coordinará con el congresista Fernando Andrade— o al Pleno a fin de que informe sobre el particular.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Puede continuar, congresista Simon.



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El señor SIMON MUNARO (APGC).— Gracias, Presidente.

En todo caso, este tema debe some-terse a votación en algún momento para que pase al Orden del Día, porque —reitero— aquí se está gol-

peando la institucionalidad del Congreso. Enton-ces si es verdad que esta no es la hora loca —como le llaman—, sino la hora donde los congresistas dan a conocer los problemas de sus regiones o los problemas nacionales que crean conveniente tratar, entonces, queremos resultados.

Algunos congresistas del departamento de Lambayeque han estado pidiendo a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, al Pleno y a los ministros que se resuelva de manera definitiva el gravísimo problema que hay en Lambayeque. Estamos hablando de una región con más de un millón cuatrocientos mil habitantes donde, aparentemente —y lo subrayo—, habría niveles enormes de corrupción, aparentemente, y no hay ninguna solución para la población, y ya hay actos de violencia.

Recuerdo que, años atrás, hubo en Chiclayo un conflicto en el que el Palacio Municipal fue quemado y que incluso el anterior gobierno tuvo que sacar al alcalde de su puesto y poner al gobernador en su reemplazo, porque los niveles de violencia eran incontrolables. Chiclayo es la Capital de la Amistad, Lambayeque es una ciudad completamente pacífica; pero los ciudadanos ya no soportan más. El congresista Martín Rivas ha intervenido, el congresista Virgilio Acuña ha pedido que se declare en emergencia la ciudad de Chiclayo. Tenemos informes de la Contraloría, que son gravísimos. Me he reunido con el minis-tro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien me ha explicado que él puede solucionar los problemas de las ciudades de Chiclayo y de Lambayeque siempre y cuando los municipios res-pectivos entreguen los expedientes técnicos para poder estudiarlos, porque están mal hechos.

Si interviene el Ministerio de Vivienda, ¡Dios quiera que así sea!, tenemos el presupuesto, y necesitamos los expedientes. Los ciudadanos de Chiclayo y Lambayeque ya están preparando movilizaciones, y no solo para realizarlas en Chiclayo, sino para venir a Lima, y eso es una vergüenza.

Aquí tengo el informe de Contraloría, que no voy a leer ahora porque seguramente cansaría a los señores congresistas, pero, por intermedio de la Presidencia, voy a hacerles llegar el resumen de este documento.

Pido que este Congreso, a través de la Presidencia, solicite primero la intervención directa del Minis-terio de Vivienda para solucionar los problemas de agua y desagüe de los municipios de Lambayeque y Chiclayo. Pido que este Congreso solicite a los alcaldes la entrega inmediata de los expedientes técnicos para solucionar inmediatamente los gra-ves problemas que vive la ciudad. Si este problema continúa, a este paso las obras concluirán el año 2015. ¡El año 2015! ¡Usted, Presidente, conoce Chiclayo! Le ruego que tomemos cartas en el asun-to, y que no suceda que estemos hablando de este asunto y que quede archivado. Esto es grave. A los congresistas les echan la culpa de todo lo que pasa. ¡Claro! Pero los congresistas de Lima no tienen ningún problema porque, sencillamente, la polí-tica nacional les permite que estén consideradas todas las obras que, finalmente, hace el gobierno central, y los congresistas de Lima, ¡felices! Pero pregúnteles a los congresistas del Cusco, de Puno; pregúnteles a los congresistas de Lambayeque. Si llueve garrafalmente, entonces los responsables son los congresistas y los políticos. Si no llueve, los responsables son todos los políticos, incluidos los congresistas.

En el tema exclusivamente municipal, la gente no solo está requintando de los señores alcaldes, sino también de los congresistas porque no hacen nada. ¡Como si nosotros pudiéramos hacer algo! Lo único que queda es nuestra voz de denuncia y pedirle, Presidente, que este Congreso, por su intermedio, pueda actuar de inmediato.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— La Mesa agradece su participación, congresista Simon.

Tiene la palabra el congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Señor Presidente: Quie-ro transmitir algunas preocupacio-nes que el Pleno puede resolver.

En primer lugar, se ha dispuesto —al parecer, por algún director o

funcionario del Congreso— el cierre del módulo de atención de la Defensoría de la Mujer, el Niño, el Adolescente y de las Personas con Discapacidad Víctimas de Actos de Discriminación ubicado en la parte posterior del Congreso, en el que se brinda asesoría legal gratuita a centenas de mujeres que acuden allí con problemas. Debe mantenerse el funcionamiento del módulo para atender los gra-vísimos problemas de algunas personas en el Perú.



Me han indicado que están ad portas de cerrarlo. Eso es un tremendo error. El primer módulo de atención al público que se abrió fue el de Defensa del Consumidor durante el periodo parlamentario 2001-2006, que se mantiene, y que atiende y ayuda a la gente que acude a este con reclamos, como también sucede con aquellas mujeres que van al otro módulo con reclamos y que se quiere cerrar. Es un gravísimo error. La Presidencia debería disponer que se mantenga la atención en dicho módulo, y lo pido porque algunos funcionarios y trabajadores del Congreso me han pasado la voz de que se quiere tomar decisiones absolutamente erradas en ese asunto.

En segundo lugar, a los policías, a los que el propio Estado les está comprando su día de franco y que trabajan a favor del Estado, no les pagan desde hace dos meses y medio. ¿Cómo se quiere mejorar la seguridad ciudadana si el Estado no les paga? Se trata de mil quinientos policías.

Presidente, le pido que se oficie a los ministros de Economía y Finanzas y del Interior para que dejen de hacer este tipo de atropellos en contra de la seguridad ciudadana. Ese es el segundo tema que pido que se atienda inmediatamente.

La congresista Cuculiza me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Puede interrumpir, congresista Cuculiza.

La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Lescano.

En efecto, el espacio del módulo de atención de la Defensoría de la

Mujer, el Niño, el Adolescente y de las Personas con Discapacidad Víctimas de Actos de Discrimi-nación, donde se atiende a muchísimas personas, es tan estrecho que ni siquiera puede entrar otra persona. Hay que ampliarlo, mejorarlo. No tie-nen ni un baño. Las personas tienen que ir a los comedores del Congreso e incluso los empleados deben ingresar de nuevo al Palacio Legislativo para ocupar los servicios higiénicos. No es posible que en el Congreso haya tanta diferencia entre los ambientes de trabajo. Esos módulos son impor-tantísimos; de ninguna manera se pueden cerrar, porque hay una gran cantidad de mujeres que van a esos módulos para hacer denuncias relacionadas a alimentos, maltratos e incluso faltamientos a su persona y que son atendidas en la calle. No se

puede atender a esa gente en la calle, es una falta a la dignidad de aquellas personas que acuden al módulo para presentar una denuncia.

Por otra parte, quiero aclarar que no se les debe solo dos meses de pago a los policías, sino tres meses, y eso es un crimen porque esa gente vive y come de lo que gana. ¿Hasta cuándo vamos a maltratar a la Policía dándole mendrugos y otras cosas que ni siquiera le llegan a tiempo?

Presidente, le pido que se vea ese tema porque, de lo contrario, la Policía cada día estará peor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— La Mesa agradece su participación, congresista Cuculiza.

Aclaro a la Representación Nacional que la imple-mentación del mencionado módulo es producto de un convenio con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vamos a hacer lo posible para que dicho convenio se renueve y que, en todo caso, se perfeccione.

Puede continuar, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Hay un tercer asunto que es importante tratar en el Parlamento Nacional, porque este es el ámbito político en donde hay que discutir algunos temas de coyuntura.

Está bien que se discuta, que se debata, que se critique, que se pongan en tela de juicio resolucio-nes judiciales, pero solo se hace eso y se publican grandes titulares cuando esas sentencias están referidas a trabajadores, a comerciantes, a gente que no tiene poder económico ni político. Sin em-bargo, hace algunos días, un juez sinvergüenza ha perdonado una deuda de mil seiscientos millones de nuevos soles a una transnacional abusiva que viene operando en el Perú. Me estoy refiriendo a la empresa Telefónica; son mil seiscientos millo-nes de nuevos soles; con esa medida, no se van a poder construir colegios ni postas médicas ni carreteras. ¿Acaso alguien, acaso algún político, acaso algún especialista —entre comillas— ha levantado su voz de protesta para reclamar el acto de corrupción de esa persona? Todos se han quedado mudos.

Aquí hay una doble moral: cuando se trata de una resolución en donde está involucrado un débil, lo quieren hacer papilla; pero cuando se trata de una transnacional abusiva, que se ha



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metido también en el poder político, no les dicen absolutamente nada. Esa es la doble moral que nosotros no vamos a tolerar, y hay que decirlo. ¿Acaso alguien ha dicho algo de ese juez?, ¿acaso alguien ha dicho que se trata de un juez suplente, tres veces sancionado, investigado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y que ha perdonado mil seiscientos millones a la transna-cional Telefónica? ¿Acaso alguien ha levantado sus banderas para protestar por este crimen contra la economía del país? Nadie lo ha hecho, señor Presidente; sin embargo, cuando se trata de otros casos, de personas que no tienen poder, los hacen papilla.

Está bien que se critique, está bien que se debata; pero respecto a todos los casos, para que haya una auténtica democracia. Aquí vivimos una dic-tadura económica: las transnacionales imponen sus condiciones y no pasa nada, porque tenemos un Estado débil. Los medios de comunicación también tienen que ponerse aquí la camiseta del Perú...

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Puede terminar su intervención, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Entonces, dejémonos de lado la doble moral.

Ahora indican que las decisiones tomadas y llevadas a cabo en octu-bre del año pasado —cuando vimos

el maltrato a la Policía Nacional, cuando vimos que casi matan a un suboficial y la muerte de peruanos— han cambiado el panorama de esa parte de la ciudad de Lima. ¡Mentira, señor Presidente! Antes había delincuencia, basura, inseguridad; vaya ahora usted, regrese, y verá que hay delincuencia, inseguridad, basura. Al-gunos compatriotas y ciudadanos de Lima no conocen el tema porque no han ido al lugar para ver lo que en realidad está sucediendo. Dicen que cerraron ese mercado, pero nunca lo hicieron: siguió funcionando; y ahora les hacen creer que con una resolución se va a reabrir ese mercado, que nunca se cerró, sorprendiendo la buena fe de los peruanos...

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Tiene tiempo adicional para terminar, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Señor Presidente, el congresista Zamudio me está pidiendo otra interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE.— Puede interrumpir, congresista Tomás Zamudio.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Precisamente, señor Presidente, no me explico cómo un abogado, como lo es Yonhy Lescano, pretende defender una sentencia que constituye un mal precedente para el pueblo peruano; una senten-

cia que es una aberración jurídica, descomunal e imperdonable; una sentencia donde un juez anula una ordenanza municipal, cuya nulidad debe ser ventilada ante el Tribunal Constitucional; una aberración jurídica que pasa por la sentencia de un juez sobre un hábeas corpus, que pretende destituir a un funcionario público; una sentencia que —¡gracias a Dios!— no alcanzó en un extremo a disolver el Congreso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Termine su intervención, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Señor Presidente, parece que el congresista Tomás Zamudio ha estado distraído y que no ha escuchado lo que he hablado. No estoy defendien-do una resolución; ¡que el juez se defienda solo! Todos los peruanos tenemos derecho a criticar, a debatir, a opinar qué está bien o qué está mal. No estoy defendiendo la resolución, sino, he dicho que se debe proceder así en todos los casos donde están involucrados los intereses del país; pero —repito—, cuando hay dinero, poder económico, no pasa nada: todos se quedan mudos. A eso me he referido, a la doble moral.

¿Algún nacionalista ha salido a criticar, como lo hace Tomás Zamudio, esta resolución, abusiva, a favor de la empresa Telefónica? Nadie, señor Presidente; entonces, en qué se basa Tomás Zamudio para decir que estamos defendiendo las resoluciones judiciales. No es así, señor Pre-sidente. ¡Que ellos se defiendan solos!

Hay que decirlo todo para que sea conocido por todo el Perú y que no se esconda una parte de lo que estamos viviendo en el país.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— La Mesa agradece su participación, congresista Lescano.

Por alusión, tiene la palabra el congresista Tomás Zamudio, por un minuto.



El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Hablemos de la empresa Telefónica; nos com-prometemos a investigar; y hablemos también de la empresa Claro y de todas las empresas monopólicas de telecomunicaciones.


El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Gracias, congresista Tomás Zamudio.

Tiene la palabra la congresista Carmen Omon-te.

La señora OMONTE DURAND (PP).— Señor Presidente: Hace al-gunas semanas, el grupo de trabajo “Seguimiento a las políticas públi-cas sobre desarrollo alternativo y lucha contra las drogas en el Vraem y el Alto Huallaga” de la Comisión

de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República realizó una audiencia pública en la ciudad de Tingo María para unir no solo a los representantes de diversos ministerios —como los ministerios de la Producción, de Comercio Exterior y Turismo, de Transportes y Comuni-caciones, de Defensa, del Interior— con la comu-nidad representativa del Alto Huallaga, sino que también contó con la participación de alcaldes, gremios, representantes de las comunidades campesinas, de los productores y, realmente, de la población en general.

El sentimiento que se tiene en el Alto Huallaga es que una problemática tan importante, como la que tienen ellos, solo se estaba enfocando, hasta ese momento, en la eficiencia de los programas de erradicación —como es en el caso del valle del Monzón—, pero no se estaba demostrando esa misma eficiencia en el desarrollo, justamente, de programas alternativos de conectividad, de desarrollo en salud, en educación, etcétera.

Por eso, ahora quiero saludar el Decreto Supremo 030-2013- PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el que se acaba de declarar de prio-ridad nacional el desarrollo económico y social, y la pacificación en el Alto Huallaga; y, asimismo, la Resolución Suprema 106-2013, que nombra al señor José Qwistgaard Suárez secretario técnico de la Comisión Multisectorial para la pacificación y desarrollo económico y social de la zona del Alto Huallaga.

Esperemos que puedan cumplir sus objetivos y que, finalmente, una zona tan marginada hasta

ahora pueda lograr las aspiraciones que toda la población espera.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— La Mesa agradece su participación, congresista Carmen Omonte.

Antes de iniciar su intervención, congresista Elard Melgar, la Mesa le consulta si concede la interrup-ción solicitada por el congresista Becerril.

El señor MELGAR VALDEZ (GPFP).— Señor Presidente, con su venia, concedo la interrupción al congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Gracias, señor Presidente.

Quiero referirme, del mismo modo, al Programa Nacional de Alimen-tación Escolar Qali Warma en Amazonas.

Hasta hoy, de las siete provincias que conforman el departamento de Amazonas, tan solo en tres de ellas se está haciendo la repartición de lo que corresponde a este programa, y con un mal siste-ma, pues se limitan a repartir alimentos crudos en zonas urbanas y, viceversa, en cuatro provincias, en las más grandes —esto es, Luya, Bongará, Condorcanqui y Rodríguez de Mendoza—, hasta el momento no les ha llegado ni un solo alimento de este programa.

Nosotros no entendemos al colega congresista Delgado cuando manifiesta su creencia de que quienes reclamamos estamos haciéndoles el jue-go a los proveedores del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa). Quisiera que él pregunte, señor Presidente, a los padres de familia, a los niños, si para ellos es un juego que hasta el momento no tengan alimentos.

No puede ser posible que un programa, que este gobierno viene promocionando con bombos y platillos desde hace más de un año, hasta el mo-mento no haya sido ejecutado —por lo menos, en Amazonas— para más del sesenta por ciento de la población.




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El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— La Mesa agradece su partici-pación, congresista Becerril.

Puede comenzar con su intervención, congresista Elard Melgar.

El señor MELGAR VALDEZ (GPFP).— Señor Presidente, preocupa la tranquilidad con que se están tomando los hechos que vienen sucediendo con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Se trata de la alimentación de los niños, señor Presidente. Con este programa, los desayunos escolares cubren el treinta por ciento del re-querimiento nutricional de los niños. Considero que el problema no son los proveedores, contra-riamente a lo que manifestaba el congresista Jaime Delgado; el problema es la incapacidad de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social al convocar la licitación. Para la provincia de Huaral, por ejemplo, ella exige productos de la zona y, a la vez, exige que las galletas estén hechas con quinua. No sé de dónde se obtendrá en Huaral la quinua pues esa localidad produce frutas, pero no quinua. ¿A qué ha conducido esa situación? Simplemente, a que no haya proveedores y que se les esté entregando a los niños galletas adquiridas en cualquier tienda.

El pasado 21 de marzo visité unos colegios y en-contré que estaban totalmente desabastecidos. Es más, en Huaral fui al colegio donde el presidente de la República había lanzado ese programa de alimentación y vimos cómo él fue objeto de burla, porque la ministra de Desarrollo e Inclusión Social hasta llevó las ollas desde Lima para preparar allá el almuerzo escolar. Terminado el almuerzo —en el que se prepararon alverjitas, lentejitas con pescado—, todos se retiraron y se trajeron las ollas de vuelta. El Presidente pudo ver lo que no había en ese colegio; sin embargo, no se optó por nada. Los niños están totalmente abandonados. Por eso, exijo que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social venga al Pleno para informar, y no a la comisión, porque a nivel nacional esto es un caos.

Pido a los congresistas de Apurímac y de Huanca-velica que también se manifiesten, porque a sus jurisdicciones no están llegando ni desayunos ni almuerzos escolares.

Presidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Schaefer; con su venia, se la con-cedo.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Puede interrumpir la congresista Schaefer, por un minuto.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Melgar.

Quiero transmitir mi preocupación en mi calidad de presidenta de la Comisión de Salud y Población.

La semana pasada, el 24 de marzo, celebramos el Día Internacional de Lucha contra la Tuberculo-sis (TBC). Lastimosamente, este país tiene una medalla de plata, que no es grata, por los niveles de padecimiento de TBC. Parte de la lucha contra esta enfermedad está referida al factor nutricio-nal, que es importantísimo. Y las personas que padecen TBC no tienen una adecuada nutrición. Ahí vemos otro vacío más del programa Qali Warma.

Llamamos la atención de la ministra respecto a ese asunto, para que pueda coordinar con el sector Salud a fin de que todas las personas que estén padeciendo esta enfermedad reciban los alimentos, porque es parte de su terapia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Sírvase concluir su intervención, congresista Melgar.

El señor MELGAR VALDEZ (GPFP).— Pre-sidente, quisiera invitar al congresista Jaime Delgado para que nos acompañe a las provincias de Lima y que verifique cómo están llegando los alimentos. No tienen ningún control. No hay ningún laboratorio que esté certificando la calidad de los productos, como sucedía hasta el año pasado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Conforme al rol de oradores, continúan en el uso de la palabra los congresis-tas Natalie Condori, Teófilo Gamarra, Gustavo Rondón, Mesías Guevara, Rosa Mavila, Esther Saavedra, Julia Teves, Virgilio Acuña y Héctor Becerril.

Transmito esta información porque algunos congresistas llaman al anexo de la Mesa para



decir que habían sido anotados con la finalidad de intervenir en determinado momento, cuando en realidad hay una relación de oradores inscritos que maneja la Mesa.

Tiene la palabra la congresista Condori.

La señora CONDORI JAHUIRA (NGP).— Presidente, le pido que ceda el turno de mi intervención a la congresista Esther Saavedra, porque ya hice uso de la palabra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Tiene la palabra la congresista Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA (NGP).— Gra-cias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco a la congresista Condori por cederme su turno.

En esta oportunidad voy a hablar en nombre de todos mis colegas —y agradezco que el congresista Yehude haya tocado inicialmente este tema— para defender al Congreso y a los congresistas honorables que venimos desde lugares muy lejanos; y que a veces, sin recursos económicos, pero, con la gracia de Dios y de nuestro pueblo, hemos llegado a ser congresistas para servir y no para servirnos.

Señor Presidente, en esta sesión matinal voy a hablar muy indignada en mi calidad de mujer, madre e hija.

Hay muchos que se han formado en ciencias de la comunicación y, creo, han estudiado en las mejores universidades. Sus maestros les han enseñado que cuando se hace una investigación se deben investigar ambas partes. Sin embargo, están buscando hacer mucho dinero cuando se trata de un congresista. No voy a permitir anuncios que malogran mi imagen de mujer diciendo que nunca doy de comer a mi familia, a mis padres, o que estoy robando y, peor aún, que tengo deudas. Quiero decirles a los señores periodistas que Dios me ha puesto acá para servir y no para robar ni para deber a nadie. Creo que ellos han estudiado y sus investigaciones deben ser veraces, trans-parentes, que es lo que deben dar a conocer al pueblo; porque el pueblo espera mucho de ellos. Hay muchos periodistas cuyo trabajo es para sacarse el sombrero y felicitarlos, porque están trabajando los temas.

Señor Presidente, invito a los periodistas para que vean lo que venimos realizando en nuestras

regiones, en aquellas zonas a las que nunca llegan carros, a las que nunca llega una movilidad, a las que nunca llega una autoridad.

En mis manos tengo ahora el reporte que acredita que no debo a nadie, nunca he dejado de dar de comer a mi familia ni robado ni adeudado a nadie, porque tengo mis principios cristianos. Nunca voy aparecer diciendo que estoy debiendo.

Señor Presidente, he estado pidiendo en esta mañana que se acerquen; estoy mandando notas aclaratorias y cartas notariales a los medios de comunicación para que vean el reporte en el que consta que la congresista Saavedra no debe a nadie. Quizá no aceptan la realidad: que vengan mujeres de la zona más baja para trabajar aquí.

Señor Presidente, quiero pedirle a usted —ya que el daño contra nosotros, contra nuestra imagen está hecho—, quiero pedirle a la Presidencia, a la directiva, que nos ayude a esclarecer este asunto y llamar la atención de los medios de comunicación que hacen mucho dinero con esa imagen.

Por su intermedio, Presidente, quiero decirle a mi querido pueblo peruano que nosotros tenemos familia y que muchos de nosotros tenemos padres que están delicados de salud y que cuando ven que nos tocan, teniendo en cuenta la manera cómo venimos trabajando, les duele.

Entonces, para finalizar...

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Sírvase terminar su intervención, congresista Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA (NGP).— Por lo menos, estoy dis-puesta a servir en este cargo, señor Presidente.

He tratado de demostrar que no estoy adeudando nada y, para termi-

nar, pido que se sancione en este asunto, así como se sanciona con severidad a aquellos congresistas que cometen faltas éticas. En este caso injusto, en que se pone en duda mi comportamiento y el de mucho de mis colegas, se lesiona la imagen de las personas honorables que venimos trabajando.

El Congreso, en su calidad de institución, debe aclarar ante la opinión pública nacional esta falsa noticia, inventada, e invito a la prensa para que, en vez de estar criticando ante un canal, frente a muchos micrófonos o, quizá, por aparentar su perfil figureti, vayan a las regiones y vean las ne-



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cesidades que cada congresista tiene en su región; los invito a que vayan a ensuciarse los pies con barro para que vean las necesidades que tenemos y que apoyen a este gobierno.

¡Qué fácil es criticar con los ojos, y qué difícil, criticar con la inteligencia! Sé que Dios nos ha dado inteligencia para servir.

Por intermedio de la Mesa, invito ahora a los congresistas, a los colegas, a que nos hagamos respetar, porque venimos al Congreso por voto popular.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— La Mesa agradece su partici-pación, congresista Saavedra.

Tiene la palabra el congresista Teófilo Gama-rra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente: Creo que este Congreso tiene que emitir un pronunciamiento frente a las graves declaraciones que ayer dio el ex presidente Alan García sobre las investigaciones que viene reali-

zando la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar su gestión durante su segundo gobierno. Él ha señalado que, aparen-temente, detrás de esa megacomisión se estarían digitando algunas consignas desde Palacio de Gobierno, restándole majestad a la soberanía e independencia del Congreso de la República.

Este Congreso es soberano. Este Congreso es independiente y ha designado a los integrantes de una megacomisión para investigar las presuntas irregularidades e ilícitos que se pudieran haber cometido en la gestión pasada; y esta megacomi-sión lo está haciendo.

Señor Presidente, creemos que toda aquella persona que en algún momento sea investigada tendrá que asistir cuantas veces sea necesario a este Congreso, y no habría por qué demostrar nerviosismo como se mostró ayer.

Por eso es que acá debemos aclarar que este gobierno no tiene injerencia en el Congreso de la República ni mucho menos en esta megacomi-sión investigadora. En ese contexto, el Pleno del Congreso debe respaldar a los integrantes de esta megacomisión que, dicho sea de paso, es multipar-tidaria y no solo está integrada por congresistas de una bancada, sino de todas las bancadas repre-sentadas en el Congreso de la República.

El congresista Velásquez me está solicitando una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Puede interrumpir, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, en primer lugar, me parece que hay algunos congresistas que están ner-viosos porque parece que la Super-intendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) los ha acotado; no sé si habrán pa-gado sus impuestos.

(Intervención fuera de grabación de un congresista distinto del orador).

A confesión de parte relevo de prueba.

En segundo lugar, comprendo que el congresista Gamarra es nuevo en el Congreso, pero debe ase-sorarse. Si él quiere promover a priori un respaldo a la megacomisión investigadora, con gusto lo debatimos. Estamos en un debate, pero él debe cumplir con lo que establece el Reglamento. Que no venga a plantear el respaldo en esta estación, en donde se tocan temas puntuales, cuando lo que debe hacer es promover, a través de su numerosa bancada, una moción de respaldo al presidente de la megacomisión. En ese caso, abriremos el debate y le demostraremos con documentos, con argumentos —porque las razones se contraponen con razones—, por qué tenemos un punto de vista diferente; o sea, los nerviosos son ellos.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Sírvase terminar su interrupción, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presidente, este es el informe: acusan al ex presidente García de encubrimiento personal, y el informe salió publicado el lunes en el diario La República. Ayer, el ex presidente fue a la megacomisión, y ya están acusando por encubrimiento personal a él y a ex ministros a los que ni siquiera se les ha tomado sus declaraciones; o sea, el mundo al revés.

Nosotros no ocupamos ningún asiento en la mega-comisión. Lo único que hacemos es defendernos. No queremos impedir la investigación; tenemos que seguir con el debido proceso, pero no vamos a permitir barbaridades ni que se utilicen esas comisiones como instrumento de persecución política. Lo decimos con la autoridad que nos da



que, en el quinquenio pasado, cuando se armó la comisión que investigó al ex presidente Toledo, ni siquiera nos atrevimos, como Gobierno, a presidirla; la presidió la bancada del congresista Gamarra, la bancada Nacionalista.

Entonces, creo, en primer lugar, que los nerviosos son los que han sido acotados tributariamente y, en segundo lugar, el procedimiento regular para plantear un respaldo es presentando una moción.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Concluya, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Para concluir, por intermedio de la Mesa, pido al congresista Gamarra, que parece que está mal asesorado, que cambie de asesor. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también quiso sacar bajo la manga un tema que no estaba en la agenda. Él cree que somos ingenuos, que no releemos el Reglamento del Congreso. ¡Por favor, hagámoslo conforme al Reglamento! Esta-mos dispuestos a debatir; y si el Pleno decide que ahora se debata ese respaldo, lo hacemos ahora mismo, pero que se cumpla con el procedimien-to reglamentario, porque lo que plantea es un procedimiento irregular. El oficial mayor puede confirmarle que ese no es el procedimiento para traer a debate el tema del respaldo, sorprendiendo a la Representación Nacional.

Los parlamentarios de la megacomisión no necesi-tan respaldo. Hay que dejar que hagan su trabajo, pero no se puede venir a sorprender a la Repre-sentación Nacional con ese tipo de argumentos, que no dejan de mostrar la falta de conocimiento del procedimiento parlamentario conforme al Reglamento del Congreso, que debe ser escrupu-losamente respetado por los congresistas.

Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agra-dezco al congresista Teófilo Gamarra; y, ¡ojalá!, que la prima de...

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— La Mesa agradece su partici-pación, congresista Velásquez.

Puede continuar, congresista Teófilo Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Gracias, señor Presidente.

La verdad, en primer lugar; simplemente quiero aclarar el tema de la deuda tributaria. Esa deuda

ya ha sido pagada, y fue pagada antes de que se produjese el reportaje.

En segundo lugar, cuando hablamos de la me-gacomisión investigadora y del trabajo indepen-diente que debe hacer esta, inmediatamente se levantan los congresistas que blindan —y no hay otra palabra para expresarlo— al ex presidente Alan García —hay que decirlo con claridad— y no permiten que la megacomisión haga un trabajo totalmente transparente.

¿Acaso estamos discutiendo ya en el Pleno del Congreso las conclusiones del informe? ¿Acaso en este momento hemos determinado ya res-ponsabilidades? ¿Acaso en este momento hemos determinado ya culpabilidades para que salten o se pongan nerviosos? Todavía no. La megacomisión aún está haciendo su trabajo. Tiene que seguir citando a las personas que están vinculadas a los actos ilícitos; tiene que seguir citando a quienes estén vinculadas o a quienes sean responsables. Quizás el exmandatario no tiene ninguna respon-sabilidad, quizá la tengan funcionarios de segundo nivel; pero, en todo caso, tiene que hacerse la investigación.

¿Cuál es el problema? ¿Qué temor tienen? ¿Cuál es el miedo a que se realice una investigación? Y después tienen la desfachatez de echarle la culpa a este gobierno, como si detrás de las investigaciones o de esos actos ilícitos el anterior gobierno hubiese inducido a esas personas para que cometan actos irregulares. No, señor Presidente, la comisión de actos irregulares se dio en la gestión pasada; eso salta a la vista y tiene que continuarse con las investigaciones.

Señor Presidente, el congresista Zamudio me está solicitando una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Puede interrumpir, congresista Tomás Zamudio.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Ayer hemos sido testigos del blindaje, y los medios de comu-nicación publicaron: “Alan García perdió los papeles”, “Ofendieron al presidente de la megacomisión”, “Búfalos vuelven a atacar”. Hay fo-

tos de la forma como ellos han venido hostigando sistemáticamente al presidente de la megacomi-sión investigadora para no permitir el desarrollo normal de ese grupo de trabajo.



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En ese sentido, sugiero a los colegas del APRA que respeten a la megacomisión para que en un plazo breve llegue a las conclusiones que amerita. El Congreso de la República estableció un plazo y encomendó determinadas funciones para ese fin y que, de esa manera, no se permita que, como sucedió ayer, la sesión de la megacomisión se convierta en un circo.


El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Puede continuar, congresista Teófilo Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, tengo mucha consideración por los colegas que representan al Partido Aprista Peruano, pero, al igual que todos los congresistas y que todo el pueblo debemos estar indignados porque

hoy hablamos de inseguridad ciudadana; sin embargo, en el anterior gobierno se indultó y se conmutaron las penas a cuatrocientos narcotra-ficantes, y muchos de ellos con penas por delitos cometidos con agravantes y que integraban ban-das. Por eso tenemos como consecuencia lo que vivimos hoy: la inseguridad. Se indultó a más de cinco mil presos sin ninguna consideración. La verdad es que habría que someter a una verda-dera investigación esta situación, porque puso en riesgo incluso...

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Sírvase concluir, congresista Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Gracias, señor Presidente.

Al soltar a bandas, a criminales, a delincuentes condenados con agravantes se pone incluso en riesgo la vida, la sociedad, a los habitantes de Lima y de todo el Perú. Se prefirió a los narcotraficantes; ¿cuál habrá sido la inclinación?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Por alusión, tiene la palabra el congresista Javier Velásquez, por un minuto.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, ese es un argumento in-fantil. Es como si yo dijera: “hoy día hay evasión tributaria porque ex funcionarios de la Sunat, que ahora son congresistas, no pagan los tributos”.

También podría decir que la violencia familiar se ha incrementado porque congresistas que han pegado a su mujer son culpables del incremento de la violencia familiar. No hay autoridad para hacer eso.

Nosotros nos hicimos a la vida política hace noventa años; le hemos perdido miedo a la per-secución política; y si quiere traerse acá el tema, vamos a tratarlo.

Han dicho ingenua e irresponsablemente, después de dos años de gobierno...

—Mire, tienen que soplarle al oído a Teófilo para que responda. Voy a dejar que el congresista escu-che y que escriba, para que hable bien—.

Señor Presidente, las conmutaciones de pena, que son el perdón de la pena a los condenados; los indultos, que son...

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Sírvase terminar, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, Tomás Zamudio nos ha llamado búfalos, pero no importa. Y el señor Teó-filo Gamarra... y ¿nosotros no podemos responder? ¡Por favor!, y lo hacemos con el mayor respeto. Solo quiero decir lo siguiente.

Miren el ridículo que hacen. Cuando se emitió la Resolución Suprema 010-2012, del 23 de enero de 2012, ¿quién estaba gobernando? El actual presi-dente de la República, Ollanta Humala Tasso, y el ministro de Justicia era Juan Jiménez Mayor. Con esa resolución, a sesenta y ocho personas se les conmutó la pena; ¡a sesenta y ocho personas!, y que tenían condenas por narcotráfico. Miren la ignorancia supina cuando en la resolución se dice: “[...] Conceder la gracia de conmutación de la pena a los internos extranjeros sentenciados”. En la resolución está la relación, no miento; porque no vengo aquí para mentirles. En la relación hay, por ejemplo, burriers, gente condenada con ocho o diez años. ¿Sabe qué? Eso no está mal...

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Congresista Velásquez Quesquén, si desea intervenir, lo podemos anotar en el rol de oradores; ya se le concedió cuatro minutos de interrupción. Sírvase terminar su alocución.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presidente, solo quiero citar aquel aforismo que dice: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.



Nosotros estamos preparados para, de manera democrática, enfrentar cualquier agravio, cual-quier infundio, cualquier persecución política. ¡No le tenemos miedo! Menos aún a ese señor que funge de presidente del Consejo de Ministros, y que no es otra cosa que un temeroso funciona-rio de segundo nivel, porque todos sabemos que quien preside el Consejo de Ministros en el Perú es la esposa del presidente de la República. Él ha venido a decir —¡con qué autoridad!— que se indultó a terroristas, si él, cuando fue viceministro del ex ministro de Justicia Diego García-Sayán, indultó a terroristas; además, él fue consultor de la comisión ejecutiva que intervino el Poder Judicial, trabajó para el señor Dellepiani. ¿¡Qué autoridad moral tiene para venirnos a imputar esto a nosotros!?

Señor Presidente, le pido, por una cuestión de orden, que si se quiere tratar este tema ahora, que nos permita exponer nuestros argumentos en contra de todas esta serie de falacias, de infundios. Ellos sí están nerviosos porque le tienen miedo al ex presidente García...

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Sírvase concluir, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presi-dente, por su intermedio, voy a alcanzarles a todos los colegas de la Representación Nacional —para que vean que no miento— la cons-tancia de que este gobierno no ha

indultado solo a sesenta y ocho personas, sino a más de cien, y muchas de ellas con condenas por narcotráfico; pero eso no es inconstitucional ni ilegal —y lo vamos a demostrar—. Sin embargo, por ignorancia, por no leer siquiera el informe elaborado en Palacio de Gobierno y para imputar a Alan García el delito de encubrimiento personal, hacen estos papelones.

¡Qué triste papelón que ni siquiera conozcan el informe que acusa ya a Alan García y a dos ex ministros, al doctor García Toma y a la doctora Zavala Valladares, que nunca han sido citados a esa comisión! ¡¿Que estamos poniendo obstácu-los a la investigación?! ¡No! Estamos haciendo que, en un sistema democrático, prevalezca un principio universalmente reconocido, llamado debido proceso. A nadie se le puede condenar sin haberlo escuchado previamente. Y en la bancada nacionalista hay eminentes juristas —pocos, pero los hay—, que se van a avergonzar de leer este mamotreto, que...

—Reasume la Presidencia el señor Víctor Isla Rojas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Por alusión, tiene la palabra el congresista Tomás Zamudio.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— En primer lugar, quiero aclarar que yo no he llamado bú-falos a los cuatro congresistas del Partido Aprista Peruano. Quien ha dicho “Búfalos apristas vuelven a atacar” son los medios de comu-

nicación. A los congresistas del APRA les tengo mucho respeto; a los cuatro los estimo. Asimismo, quiero aclarar que nuestro gobierno ha indultado a cien presos, pero que no son peligrosos. En el anterior gobierno se indultaba anualmente a mil ciento cincuenta personas, a jefes de bandas de narcotraficantes.

Presidente, me están pidiendo una interrup-ción.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Zamudio, le recuerdo que usted está interviniendo por haber sido aludido y, por tanto, no procede conceder interrupciones. Sírvase terminar.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Se-ñor Presidente, quiero dejar en claro que nuestro gobierno lucha contra la corrupción y que nuestro gobierno tiene un alto porcentaje de aprobación precisamente por la buena gestión de nuestro presidente...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Pari.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Presidente: Creo que hay que mantener la celeridad, por el bien de la democracia. Nerviosismo por aquí, nerviosismo por allá, eso no sirve. Tratar de separar dirigiendo los focos hacia otras cosas, tampo-

co sirve. Si el Pleno encomienda una tarea a la comisión, esta cumplirá su propósito con suma objetividad. No se trata de hacer discurso político y politizar la investigación; no lo vamos a hacer. Nosotros, que estamos asumiendo esta responsabi-lidad, lo haremos con suma seriedad y objetividad. La comisión solo determina indicios; será el Poder Judicial quien hará la debida acusación.



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Por intermedio de la Mesa, pido a los amigos de la bancada de enfrente que se tranquilicen; el nerviosismo no es bueno, el nerviosismo altera, el nerviosismo hace mal a la política; hay que tomar las cosas con suma objetividad. Todavía no hemos acusado al señor García Pérez; no sé por qué hay tanto escándalo, tantos pelos parados; creo que eso no está nada bien.

En todo caso, creo que se debe mantener la tranquilidad, la serenidad, porque eso es bueno. Somos un grupo de trabajo multipartidario; en la megacomisión están los congresistas Tubino, Spadaro, Wong y, ¡por favor!, pido respeto a la tarea que realiza la megacomisión. Hagamos política, pero en forma madura.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Gustavo Rondón.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Señor Presidente, el congresista Velásquez me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, este informe se filtró el domingo en un medio de comunicación —nosotros no ocupamos ningún asiento en la comisión investigadora— y el lunes salió publicado en el diario oficial

de la megacomisión. A los señores congresistas de la megacomisión se les alcanzó este informe el lunes en la tarde. ¿Qué dice el informe con el que, sin haber escuchado antes a Alan García ni a los exministros, van a ser acusados?

Al querido colega, al congresista Pari —que se está preparando para ser ministro de Estado— quiero leerle, por intermedio de la Mesa, lo que se dice en la página 22 del informe: “La dinámica utilizada —se refiere a nuestro gobierno— com-prende la utilización de la figura del indulto y las conmutaciones de pena. Esta sustracción a condenados de la pena que le fue impuesta por el Poder Judicial genera responsabilidad penal, por un lado, del presidente de la República y los ministros de Estado y, por el otro, de los funcio-narios de la comisión de gracias presidenciales”. ¡Ya juzgaron!, ¡ya condenaron!

La doctora Rosa Mavila, que es una eminente penalista, sabe que un...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir con su interrupción, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— La doctora Rosa Mavila, eminente penalista, sabe que la última diligencia que rea-liza un juez consiste en preparar su proyecto de sentencia, y lo hace cuando ya actuó todas las pruebas —esto es, testimonios, documentos y de-más—. ¿Dónde se ha visto que haya ya un informe preliminar de un proceso en el que se acusa al ex presidente de la República y a sus exministros, pero recién ayer han sido escuchados y aún falta escuchar a otro exministro que está siendo acu-sando? ¿Acaso señalar eso significa impedir que la investigación se lleve adelante? No, Presidente; significa invocar el debido proceso parlamentario, que es universalmente reconocido.

Eso es lo que quería advertir, pero, lamenta-blemente, el congresista Pari, que pronto va a ser ministro, no me ha querido conceder una interrupción, demostrando así su alta vocación democrática.

Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agra-dezco al congresista Rondón por la interrupción concedida.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Rondón.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Se-ñor Presidente, el congresista Elías Rodríguez también me ha pedido una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (GPCP).— Presidente, hace varios años, el ex presidente de la República que aglutinaba a todas las sangres estuvo en una comi-sión investigadora. Ahora, otro ex presidente de la República, el de la

justicia social —que es Alan García—, ha asistido más que el anterior a una comisión investigado-ra. Mañana, el presidente de la inclusión social —porque así es el Perú de desconfiado— también estará en una comisión investigadora. Pero aquí les decimos, por intermedio de la Mesa, que no es ni el momento ni el escenario para discutir



este asunto de la megacomisión, que viene adelantando opinión sin haber escuchado a los testigos o a los principales actores. Nos juzgan por un decreto de urgencia, cuando su gobierno lo está aplicando para las últimas remodelaciones de colegios emblemáticos, y cuya denuncia fue archivada en el Ministerio Público. Nos juzgan por los indultos, cuando ellos los han concedido en este momento, demostrando la aplicación de la política de despoblar los penales, que hoy tienen grandes problemas.

Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Presidente?

Y, en lo que se refiere al nerviosismo, quiero decirles a los que nos llaman búfalos, que sus ofensas no nos ofenden, que sus insultos no nos insultan...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase continuar con su intervención, congresista Rondón.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Señor Presidente, por su in-termedio, saludo a todos los cuerpos y almas de este Pleno.

Ya no sé si opinar o no acerca de la megacomisión investigadora, o

no desviarme del tema que me convoca, pero creo que sí es importante buscar un agradable ambiente laboral, porque nosotros integramos un ambiente laboral.

Leía hace poco a Terabayashi, que dice que los ni-ños y niñas dibujan corazones, y que los maduros, hombres y mujeres, destruimos corazones.

Quiero abordar un tema que no solo es un pro-blema de Lima ni de un sector ni de un partido ni de una región, sino de todo el Perú. En ese sentido, le pido atender un problema que puede ser resuelto, que está en nuestras manos. No podemos dar la espalda a un problema que nos está ganando en el país.

Hay varias publicaciones —no solo de Arequipa, sino del resto de la nación— que dan cuenta de ba-tallas campales con muertos y heridos de bala; ese es el problema de las invasiones de terrenos.

Señor Presidente, ¡que no haya más muertes!, ¡basta ya de invasiones! En ese sentido, le pido que se agregue en la sección de insistencias de la Agenda del Pleno el proyecto de ley que combate la invasión de terrenos y agrava las sanciones para los promotores.

La iniciativa legislativa, que fue decretada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Vivienda y Construcción, fue aprobada por ma-yoría en ambas comisiones. El Pleno, por amplia mayoría, también la aprobó. Fue al despacho del señor presidente de la República Ollanta Humala el que nos ha regresado el proyecto. En las comi-siones se ha ratificado la insistencia.

Señor Presidente, reitero el pedido en esta esta-ción del Pleno para que se agregue este proyecto en la sección de insistencias de la Agenda, y que, obviamente, está en manos de ser aprobado por el Pleno del Congreso.

Ahí me quedo.

Señor Presidente, confiamos en usted y en la Mesa Directiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La Mesa agradece su participación, congresista Rondón.

Por alusión, tiene la palabra el congresista Pari.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Muchas gracias, Presi-dente.

Considero que la serenidad es muy importante para hacer política, pero creo que se están trayendo

argumentos que ahora no deben ser debatidos, sino en su momento. El preinforme es un informe previo, que se debatirá y discutirá dentro de la comisión. En este momento, por mi situación, no puedo disgregar los elementos que están en el informe, pero eso se discutirá.

Si hay puntos de vista cuestionables, eso lo deba-tiremos nosotros dentro de la comisión y, cuando el informe llegue al Pleno, en ese momento se debatirá. ¿Por qué tanto nerviosismo? Creo que hay que mantener la tranquilidad. ¡Déjennos trabajar! Nosotros tenemos toda la autonomía y el encargo del Pleno de investigar, y lo haremos con responsabilidad, no se preocupen; lo haremos con suma responsabilidad, energía y completa objetividad.

Ahora bien, respecto al asunto de las filtraciones, sí hay que preocuparse; por ese motivo, eso se debatirá en...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Pari.



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El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— ... me preocupa también otro tipo de filtraciones; a fin de cuentas los integrantes de la me-gacomisión investigadora teníamos el informe; a nosotros nos llegaba el informe, pero, entonces, ¿cómo

llegó a estar en manos, por ejemplo, de nuestros amigos de enfrente, que lo tuvieron antes y bien estudiadito, subrayadito. Es decir, ellos incluso lo tuvieron probablemente antes que nosotros. En todo caso, habrá habido alguna razón o una mano angelical que hizo que también llegue a esa bancada, pero esos temas se verán en su respectivo momento.

Entonces, pido y exijo que dejen trabajar a la me-gacomisión, que lo hará con responsabilidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Presidente: Hoy estamos escuchando diversas opiniones en torno al tema de la corrupción. Parece que hubiera en esta mañana un campeonato de quién indulta más, de quién viola las

reglas para dar indultos bajo la mesa, y eso, defi-nitivamente, no es bueno para la democracia ni mucho menos para la gobernabilidad del país.

Por otro lado, también estamos escuchando que mañana se celebra una fecha que los compatrio-tas de todo el país, los defensores del Estado de derecho, nunca debemos olvidar: el famoso 5 de abril de 1992. Nunca más debe suceder en nues-tro país otro 5 de abril. Los 5 de abril ocasionan dictaduras, desgobierno, los 5 de abril... (Barullo). Parece que mencionar la fecha 5 de abril saca de quicio a ciertas bancadas, si es que realmente lo tienen; parece que no tuvieran ningún quicio... (Barullo).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresistas, sírvanse mantener la calma.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— ... bien, señor Presidente... (Barullo).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresistas, dejemos que el congresista Guevara termine su alocución; luego podrán hacer uso de la palabra.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— (Barullo)... le concedo la interrupción al congresista... (Barullo).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase continuar, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Presidente, con su venia, le concedo la interrupción a la congresista Salgado Rubianes.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidente, por su intermedio agradezco por la interrupción al congresista Guevara Amasifuen, porque él siempre em-pieza con las agresiones. Y cuando estamos tratando de discutir pro-

blemas nacionales en el Pleno, siempre saca a colación algún asunto que provoque a nuestra bancada.

El 5 de abril de 1992, que apoyó casi el 98 % de los peruanos, hizo que se tomaran decisiones para solucionar los problemas de un país que estaba inmerso en la violencia terrorista, de un país donde quienes habían estado gobernando no habían tenido la capacidad de tomar decisiones firmes para combatir esa lacra que solo regaba muerte en todo el país.

Si el congresista no lo ha entendido así, si alguien no quiere reconocer esa situación —como ya se está reconociendo—, entonces, le está haciendo el juego a los terroristas que aún pululan en diversos sitios del país y que se les quiere confundir con abigeos o con luchadores a favor de la justicia social, como están enseñando algunos malos pro-fesores, haciéndole el juego a Abimael Guzmán. Eso no lo vamos a permitir, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Mesías Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Presidente, colegas congresistas, parece que a algunos les asusta la historia y no les gusta que se trate ese tema.

El 5 de abril de 1992, lamentablemente, es una fecha funesta para el país, les guste o no a ciertas bancadas.

Parece que aquellos que no quieren dejar hablar siempre estuvieron acostumbrados a cortar la li-



bertad de prensa. Ellos deben aprender a escuchar. Tengo el derecho de hablar. Soy representante del pueblo y no represento a ningún grupo de poder; el 5 de abril de 1992 se institucionalizó en nuestro país la peor corrupción de la historia del Perú.

Por otro lado, es bueno que se sepa que, desde ese entonces, los principales órganos de control del país —llámense Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)— que deben ser los que controlan la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción, lamentablemente están secuestrados. ¿Por qué están secuestrados? Por intereses subalternos; lamentablemente, la corrupción sigue campeando en nuestro país y eso hoy nos trae a colación el debate de la megacomi-sión investigadora para ver qué presidente de la República indultó más o por qué no lo hizo.

Señor Presidente, el congresista Gamarra me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Hace un momento, el congresista Mesías se preguntaba, ¿quién indultó más? ¿Quién realizó más conmutaciones de pena duran-te los últimos veinte o veinticinco años? Creo que las estadísticas nos

demostrarán que el ex presidente Alan García fue el presidente de la República que más indul-tó y el que realizó más conmutaciones de pena. De acuerdo con las estadísticas que tenemos, el actual gobierno solo otorgó ciento veintisiete conmutaciones de pena, de las cuales noventa y cuatro fueron para extranjeros, y todos ellos en estos momentos están fuera del país, y solo hay once indultados, de los cuales la mayoría ya ha fallecido.

Respecto al ex presidente Alan García, estamos hablando de más de cinco mil doscientas conmu-taciones durante su gobierno. De las cinco mil doscientas conmutaciones de pena, se concedió esa gracia a cuatrocientos ochenta extranjeros; hubo ciento cuatro indultados, incluyendo al señor Crousillat. Y, asimismo, de los ciento cua-tro indultados, en estos momentos, cinco están presos, es decir, cinco personas han vuelto a de-linquir. Esas son las conmutaciones que ha dado el gobierno de Alan García, más de cuatrocientas a narcotraficantes, y creo que eso merece una

investigación más exhaustiva de parte del Pleno del Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir con su intervención, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Presidente, para concluir.

Definitivamente, quiero pedir a la megacomisión investigadora que haga un trabajo transparente e imparcial, un trabajo que se ajuste al debido proceso, pero también quiero pedirles a los protagonistas de esta investigación que tengan esa correspondencia, que se sometan al derecho, porque en estos momentos el pueblo peruano tiene el derecho y la obligación moral de conocer lo que realmente ha pasado. En beneficio de eso y por la gobernabilidad, estoy seguro y tengo la plena seguridad de que, cuando debatamos en este Pleno el informe de la megacomisión, vamos a tener la oportunidad de aclarar y, de esa manera, quedará satisfecho el pueblo.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente, el congre-sista Rubén Coa me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Señor Presidente, quie-nes defendemos la democracia y el Estado de derecho, en efecto, tenemos que pronunciarnos por el respeto de esta instancia, por el respeto de la institucionalidad

democrática, y hacer referencia a que nunca más se violente la democracia ni el Estado de derecho. Creo que eso debe ser asimilado con tolerancia, con respeto, porque estamos en un foro, en un espacio democrático. Y si el 5 de abril de 1992 significó una serie de aspectos negativos que ahora el pueblo cuestiona, si significó la corrupción institucionali-zada del Estado, la desmoralización de las Fuerzas Armadas, la violación sistemática de derechos humanos, la dictadura y el populismo...



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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir con su interrupción, congresista Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— ... nunca más debe re-tornar ese tipo de escenario.

Por eso, invoco serenidad, porque el pueblo nos está mirando y este es un debate de carácter democrático.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede comenzar su intervención, con-gresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Presidente, hoy, en torno al balance sobre el fallo dado en el caso del ex mercado mayorista de La Parada, se ha sustentado una ar-gumentatividad que, francamente, no tiene coherencia, no tiene peso

sistemático. Se dice que este poder del Estado no puede intervenir haciendo balances sobre la naturaleza de los fallos jurisdiccionales, lo cual es falso en el marco de una concepción genuinamen-te democrática, una concepción que no anula la historia ni el diálogo, porque estos no se anulan con gritos o con posiciones de corte unilateral.

Sobre el fallo de La Parada se ha dicho que opi-nar sobre ese tema es ir contra la autonomía del Poder Judicial. No es así, Presidente. En una democracia genuina, la fiscalización —princi-palmente, de este poder del Estado— sobre la naturaleza de los fallos jurisdiccionales tiene un rol preponderante. Y estamos ante un fallo en el que, en un proceso constitucional, se ha trazado un aspecto resolutivo de naturaleza de orden público que cuestiona una ordenanza municipal. Estamos ante la eventualidad de que un juez, sin hacer control difuso, por ejemplo, pretenda derogar una ley. Estamos en un escenario en que, en un proceso de hábeas corpus, que trata sobre cuestiones inmanentes al derecho de circulación y de libertad individual, se pretenda señalar que es incorrecto un supuesto proceso de desalojo. Estamos en un escenario en que un juez preten-de reconocer derecho domiciliario a ambulantes porque se asientan en ese comercio y ese derecho es similar al derecho domiciliario. Estamos, sobre todo, ante un problema de modernización en el reordenamiento urbano de la ciudad. Estamos ante el derecho que tiene la población de Lima de recibir alimentación adecuada.

Ayer, en la Comisión de Inclusión Social y Perso-nas con Discapacidad, estuvo un representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) y levantaba el derecho humano del ciudadano de a pie de tener acceso a la alimentación adecuada y nutricionalmente proteica. Eso no se hace en un área que cualquier criminólogo moderno definiría casi como un área de delincuencia. ¿Acaso no sabemos el riesgo que supuso para el centro comercial e industrial de Gamarra los hechos acontecidos en La Parada? ¿Acaso no sabemos que alrededor de ese comercio se venden drogas y se pone en riesgo la salubridad básica del comercio ambulatorio de Lima?

Estamos ante un fallo que pretende resolver un tema de desalojo en un proceso de naturaleza constitucional. Estamos ya ante el balance de lo que significa el nuevo Mercado de Santa Anita, en el que se vende...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase terminar, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Estamos también en un escenario donde el comercio mino-rista ya está teniendo un espacio para el ejercicio de su práctica, de su modus vivendi.

Por eso, creo que, ejerciendo el derecho de la ciudadanía de evaluar la naturaleza de ese fallo, diremos —como dice Muñoz Conde— que ese fallo es de naturaleza prevaricadora. Lo consideramos así porque cuestiona el sistema de fueros de es-pecialización de la judicatura y porque, además, pretende intervenir en ámbitos jurisdiccionales que no le corresponde a esa autoridad de la ma-gistratura, que, dicho sea de paso, tiene antece-dentes y blasones en sus fallos como, por ejemplo —espero que no cundan los gritos, porque en este escenario hay democracia—, haber prescrito la causa por los sucesos de El Frontón.

Para terminar, quiero hablar algo sobre la pro-blemática de género.

Lo que se ha dicho acá sobre la problemática del Qali Warma...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— ... del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social porque, evidentemente, no podemos avalar una incorrecta organización de la distribución alimentaria. Pero nosotros no solo hacemos denuncias. La alternativa frente a ese problema es que se rescate la produc-



ción agraria y ganadera de la localidad, que se distribuya alimentación fresca, que se articule la mano de obra femenina para proveer a las escuelas del porcentaje nutricional de los alimentos.

Para terminar, pido también que la oficina victimológica, que es un servicio trascendental del Congreso de la República, se garantice y mantenga, porque con la práctica se defienden los derechos de toda víctima y, en este caso en especial, de las mujeres.

El 5 de abril de 1992 nos recuerda etapas dictato-riales. Los que somos genuinamente demócratas no solo estamos contra la dictadura, sino contra las dictablandas y contra las democraduras, y espero...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ya concluyó el tiempo de su intervención, congresista Mavila.

Tiene la palabra el congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente: En primer lugar, por intermedio de la Mesa, quiero contestarle al colega que anteriormente hizo uso de la palabra.

Quiero decirle que los fujimoristas nos sentimos orgullosos del 5 de abril de 1992, porque es una fecha que cambió la historia en el país, porque el ex presidente Fujimori tuvo la valentía y la hom-bría de luchar contra el terrorismo, mientras que el ex presidente Belaúnde fue pusilánime; dijo que se trataba de abigeos y que no eran terroristas. La historia juzga eso, la historia lo sabe...

(Barullo).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señores congresistas, sírvanse mantener un debate de altura.

Entiendo que el congresista Guevara ha pedido que el congresista Becerril retire las palabras consideradas ofensivas.

Puede intervenir, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Presiden-te, creo que en este debate no pode-mos levantar infundios. Fernando Belaúnde Terry fue un demócrata, un peruano ilustre, y no se le puede

comparar con otros ex presidentes de la República. En su gobierno, Fernando Belaúnde...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Guevara, sírvase precisar las palabra que desea que retire el congresista Becerril.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— ¡Que retire la palabra pusilánime, señor Presidente!

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Becerril, sírvase retirar la palabra a la que ha hecho referencia el congresista Guevara.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— La palabra pusilánime significa ‘falta de ánimo’ y si el congresista Guevara cree que debo retirarla, la retiro, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se da por concluido el incidente.

Puede continuar, congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Pero no puedo dejar de decir que el terrorismo comenzó a gestarse y que creció en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry; así es, Presidente.

(Barullo).

Presidente, sírvase disponer que me permitan continuar interviniendo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista, dejemos que el congresista Becerril siga haciendo uso de la palabra.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Y si hablamos de corrupción, no puedo dejar de mencionar que el ex presidente del Consejo de Ministros Pércovich Roca fue sentenciado por narcotráfico. Durante el primer gobierno de Belaunde, también se perdió la página 11, con el que se entregaba nuestro petróleo a empresas internacionales.

También tengo conocimiento de que, en la audien-cia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevada a cabo el pasado 11 de marzo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acusó a este gobierno, acusó al presidente Ollanta Humala, de haber asesinado a veinticuatro civiles y lo acuso de privatizar la Policía; y ¿qué pasó? La ministra de Justicia, Eda Rivas, no dijo ni una palabra en defensa de su gobierno, en defensa del presidente Ollanta Humala.



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Por intermedio de la Mesa, permítame pregun-tar a los integrantes de la bancada oficialista si con su silencio también van a avalar esa grave acusación de la Coordinadora Nacional de Dere-chos Humanos, como lo hizo la ministra, quien prácticamente la avaló con su silencio.

Señor Presidente, creemos que este hecho grave de la ministra, por lo menos, amerita que la Sub-comisión de Acusaciones Constitucionales...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir con su intervención, congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente, esta ministra, acostumbrada a filtrar informaciones —que hace que parezca que trabaja en la em-presa Sedapal—, debe asumir sus responsabilidades y defender al go-

bierno, defender a la bancada. Como bancada, los congresistas nacionalistas deberían exigirle que defienda su Gobierno y que no permita que esta coordinadora tilde de asesino a su presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Becerril, le comunico que el congresista Gamarra desea hacer una precisión para que usted retire palabras consideradas ofen-sivas; posteriormente, el congresista Belaunde podrá intervenir por una alusión.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, el con-gresista Becerril está haciendo una grave acusación. En su momento, la ministra de Justicia descartó cate-góricamente que en algún momento hubiese filtrado información a la

prensa y, en ese contexto, al haber formulado una grave acusación el señor que acaba de intervenir, él debería retirar esas palabras, porque no tiene pruebas. Debería retirar esa frase porque no tiene pruebas de que se hubiera producido una situación de esa naturaleza.

Señor Presidente, en aras de mantener la calma y la armonía en este Congreso, solicito que el señor retire esa frase que agravia al Gobierno y a la ministra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Becerril, sírvase retirar las palabras para poder continuar la sesión con normalidad.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Haciendo la acotación de que los documentos fil-trados están en poder del Ministerio de Justicia y de que hasta el momento la ministra no da cuenta de lo que se le pidió, esto es, que explique cómo se filtraron, puedo retirar la palabra; pero el tema de fondo no es ese, un tema de fondo que el congresista defendió.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido retirada la palabra. Se da por superado el incidente.

Por alusión, tiene la palabra el congresista Be-launde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Gracias, Presidente.

La verdad es que siento simpatía por el doctor Becerril, pero deploro que haya incurrido en semejante ignorancia histórica; lo lamento. Él

se olvida que, durante la primera administración del ex presidente Fernando Belaúnde Terry, se abatió al grupo terrorista en Mesa Pelada; él se olvida de la lucha antiterrorista llevada a cabo durante la segunda administración del ex presi-dente Fernando Belaúnde Terry, cuando el Perú, que retornaba a la democracia, fue agredido el 17 de mayo de 1980. Es lamentable y, además de todo esto...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— El congresista hace una penosísima alusión a la pá-gina 11, que fue el pretexto para el golpe militar del 3 de octubre de 1968, otra fecha lamentable en la historia peruana y que no debemos olvidar, para que no se vuelvan a producir esos hechos. No debemos olvidar ni el 3 de octubre de 1968 ni el 5 de abril de 1992, para que no se repitan.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente: Antes de iniciar mi intervención, quiero conceder una interrupción al colega Bru-ce, vicepresidente de la Comisión de Vivienda y Construcción.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Bruce.



El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Gracias, Presi-dente.

Quiero reflexionar en medio de la reflexión histórica que estamos haciendo hoy aquí en el Parlamento

recordando las fechas 3 de octubre de 1968 y 5 de abril de 1992.

En la hora de la sesión que se dedica a formular pedidos justificándolos, realmente hemos empe-zado —a raíz de una intervención del congresista Teófilo Gamarra— una guerra de guerrillas que no nos lleva a ningún lado.

Invoco a la Presidencia del Congreso a que con-duzca el debate y a los señores congresistas a que reflexionemos sobre la línea que sigue el debate que ahora estamos teniendo, pues a nadie va a hacer cambiar sus ideas, cada uno tiene ya defi-nida su posición, sus simpatías y sus antipatías. Tenemos una agenda pendiente que debemos discutir. En lo que va de la mañana no hemos discutido nada de la agenda.

Por intermedio de la Mesa, invoco a los congre-sistas a que intenten de alguna manera... No diré que intentemos cortar este interesantísimo debate, pero, por lo menos, acortarlo, para entrar de una vez en los temas de la agenda, para lo cual hemos sido convocados. El país está espe-rando que debatamos las iniciativas legislativas pendientes.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, donde se pone el dedo, brota el pus. Noso-tros no podemos negar la corrupción fujimontesinista.

Cuando quieran hablar del gobierno del presidente Ollanta, que primero se laven la cara, porque aquí hay que acusarles de las des-gracias que han hecho contra el pueblo. Quisiera que el ensayista, poeta y pensador peruano Ma-nuel González Prada hubiera vivido durante el decenio del fujimorismo; él fue quien dijo: “[...] el Perú es organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota pus”.

Había pruebas de que se había trabajado en re-uniones y dado órdenes desde la famosa sala del

Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y no vamos a negar eso acá. Este gobierno es democrático y no hay que confundirlo con el autoritarismo. En ese entonces había actitudes genuflexas; Vladi-miro Montesinos era considerado un Rasputín, basta analizar los extractos de las reuniones que sostuvo.

Quieren interpelar a todos los ministros sin causas justificadas. ¿Qué pretenden en este momento? ¿Acaso pretenden desestabilizar al gobierno? ¡No! Están perjudicando a treinta millones de perua-nos. Los ciudadanos del país en este momento merecen recibir atención.

Para reflexionar, le comunico que esta madru-gada, en el sector de Uchumayo, provincia de La Convención, en el Cuzco, se ha interrumpido el tránsito por la caída de un alud. Hubo un deslizamiento que sepultó a varias personas en Huamanmarca, Inca Tambo y Sarasarayoc; y, entonces, así como en este momento se sufren las inclemencias del tiempo en el interior del país, debemos ir solucionando los problemas.

Cuando el congresista Sergio Tejada venía de-sarrollando ayer la sesión en la megacomisión sobre la investigación de un ex presidente de la República, reflexioné que, cuando uno se somete a una investigación, no sé a qué le tenemos miedo y nos ponemos nerviosos. Creo que hay que ser transparentes.

En los colegios emblemáticos —y los colegas lo saben; nosotros los congresistas representamos a varias regiones—, las licitaciones se han hecho a dedo, como es el caso de la institución educativa Clorinda Matto de Turner del Cusco; miles de estudiante no han tenido la oportunidad de tener una institución. La licitación se hizo a dedo du-rante el gobierno del APRA y, vergonzosamente, cuesta seguir luchando hasta hoy para que este colegio albergue a miles de alumnas.

¿Acaso no es verdad? ¿Dónde está la empresa constructora o las miles de empresas que en este momento han desaparecido, pero que, por lo bajo, siguen trabajando y solo cambiaron de nombre? Los búfalos siguen por ahí.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir con su intervención, congresista Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Cuando uno quiere que todo sea en secreto, se niegan a dar la cara.



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Ayer hubo una reunión de la megacomisión; quiero que se investigue por qué no se permitió el ingreso de varios asesores de los congresistas ni de varios congresistas, y solo estuvieron presentes algunos trabajadores que cerraban las puertas.

¿Acaso es ese el valor de un congresista? ¿Dónde está la imagen bien ganada de los ciento treinta representantes del país? ¿Acaso no tenemos dere-cho? ¿Acaso nuestros asesores no tienen derecho? Ayer estuvieron otros personajes y quiero que se haga una investigación seria y responsable, porque también hicieron que se retiren de la sala de sesiones los señores periodistas. Pero había personajes que estaban en el interior de la sala y, tan pronto terminó la sesión, se realizó una conferencia fabulosa, como si uno de ellos fuera el presidente de la República. ¿Dónde estuvo el presidente de nuestra comisión que las cámaras no lo enfocaron? ¿Qué privilegios tienen algu-nos ex, que en este momento ya son candidatos, faltando tres años para el cambio de gobierno, lanzándose apresuradamente?

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Se-ñor Presidente, el colega Martín Rivas me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Rivas.


¿Se le critica tal vez a nuestro presidente de la República porque respeta a su familia, porque quiere a su esposa, porque no ha cometido

alguna infidelidad? ¿Se le critica al presidente de la República porque tiene una unidad bastante clara? Creo que hay que hacer cierto mea culpa. Nuestro presidente de la República defiende mucho a su familia y es un hombre que hoy está demostrando claramente que evidentemente sí sabe gobernar dentro de los ámbitos y de los cla-ros cánones del Estado de derecho. Tenemos que tener en cuenta eso: hoy en día sí vivimos en un Estado de derecho, sí hay una libertad de prensa claramente establecida, también hay crecimiento económico y también estamos debatiendo aquí, en el Congreso, y no hay ninguna propuesta para cerrarlo.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir con su exposición, congresista Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, en cuanto a las investigaciones, en todo caso, solicito a mis colegas, por intermedio de la Mesa, que, en honor a la transparencia, no haya intromisión, porque no puede haber

intromisión de ningún sector en este momento; mal haríamos en adelantar opinión.

Respecto a lo que ha dicho mi colega, considero que eso es cierto: nuestro presidente de la Re-pública tiene una relación armoniosa. El eterno señor candidato de los apristas debería aprender de la relación armoniosa y de la fidelidad conyu-gal que se tiene hacia una esposa, pues ¡cuántas relaciones sentimentales pueden tener algunos ex presidentes de la República! Entonces, no hay que ser inestables sentimentalmente; hay que garantizar y hacer un trabajo en armonía para engrandecer el país.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente: El congresista Mulder me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, resulta deplorable que suelten a una jau-ría de gente para entrar en temas personales. ¡A ver! ¡Que tiren la primera piedra los que aquí son los impolutos, los que aquí no tienen

absolutamente nada que responder en temas de carácter familiar! Es una falta de respeto que una persona... (Gritos fuera de grabación.)

¡No voy a retirar nada! ¡No voy a retirar nada! ¡No voy a retirar nada! ¡No he dicho nada!

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Mulder, vamos a poner orden.

Congresista Teves, sírvase indicar la palabra que desea que retire el congresista Mulder, por considerarla ofensiva.



La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, quiero que retire la palabra jauría porque no puede tratar a los congresistas en esos términos. El congresista sabe perfectamente a qué me refiero. Si él se considera un perro, que él lo tome como aceptado. Le pido que retire esa pala-bra; acá no hay jauría, acá somos congresistas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Mulder, sírvase retirar el término jauría atendiendo el pedido de la con-gresista Teves.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, no voy a retirar absolutamente nada porque creo claramente en lo que he dicho a raíz de las palabras que ella ha proferido...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a la parte pertinente del Reglamento del Congreso de la República.

El RELATOR da lectura:

“Reglamento del Congreso de la República

Disciplina parlamentaria

Artículo 61. El Presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante la sesiones. Está facultado para:

[...]

d) Exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas. Aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias.

[...]”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En aras de continuar con normalidad la sesión, y a solicitud de la congresista Teves, reitero al congresista Mulder la invocación para que retire la palabra jauría.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, en la intervención se ha zaherido directamente la vida familiar de personas que no están presentes en la sesión, y yo he calificado esa situación como jauría. ¡No voy a retirar nada, señor Presidente!

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se suspende la sesión.

—Se suspende la sesión a las 11 horas y 38 minutos.

—Se reanuda la sesión a las 11 horas y 57 minutos.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se reanuda la sesión.

Se reitera la invocación al congresista Mauricio Mulder para que retire la palabra.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Pre-sidente, en aras de la armonía que debe imperar en el Parlamento, retiro cualquier palabra con-siderada ofensiva.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se da por concluido el incidente.

Tiene la palabra la congresista Teves.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, para hacer un trabajo armónico por el país, para continuar con esta secuencia de la sesión y pasar a tratar los proyectos de ley y por todo lo que hubiese podido afectar las palabras causando ofensa, las retiro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se da por superado el incidente.

Tiene la palabra la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Presidente, con su venia, le concedo la segunda y última interrupción a la congresista Chacón.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Chacón.

La señora CHACÓN DE VETTORI (GPFP).— Gracias, Presiden-te.

Fuimos citados a las nueve de la mañana, ya va a ser mediodía y seguimos conversando de diferen-

tes temas que están llevando a proferir ofensas, insultos personales y demás.

Señor Presidente, solicito que, ¡por favor!, con-tinuemos con la agenda; y no solo eso, sino que



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habría que poner una regla pues no podemos, cada vez que se nos cita a sesión del Pleno, estar horas de horas hablando de lo que se nos ocurra. Hay una agenda con iniciativas legislativas que el pueblo necesita que se discutan para que estas justamente estén al servicio de la población y no que se esté escuchando este tipo de discursos con acusaciones, que no tiene ningún sentido.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Presidente, más o menos en la misma línea de mi colega Chacón, solo quiero re-flexionar en el sentido de que el Perú de hoy es un país manifiestamente distinto al de hace veintiún años, en

el que un presidente de la República, para gober-nar y lograr el bien común —que es el fin último del Estado— no podía permanecer quitándole el cuerpo a los grandes problemas del país.

Que tomó una decisión fuera de la Constitución es cierto; pero el mundo entero y la historia humana son testigos de que hay ocasiones en que se dan situaciones límites en las que se debe tener la valentía, el coraje de tomar decisiones que signifiquen un punto de quiebre. Mañana 5 de abril de 2013 se cumplen veintiún años de una fecha en que, si bien se tomó una decisión fuera de la Constitución, no se puede negar que eso significó darle una oportunidad al Perú para que sea el país que es hoy.

Debemos seguir mirando hacia el futuro, porque el Perú y los peruanos merecen solucionar sus problemas. Podemos entretenernos en discutir y debatir sobre la historia, y encontraremos muchas situaciones que no queremos que se repitan, como la inflación, por ejemplo. No queremos que se repita el terrorismo, no queremos que se repita aquello de dar perro muerto, no queremos que se repita el no saber cuánto debemos de deuda externa a las agencias financieras internacionales y que nos carguen y carguen una serie de multas y costas por no pagar, no queremos que se repita el no cumplir nuestros compromisos internacio-nales, no queremos hiperinflación, no queremos devaluación.

Entonces, hoy el Perú es otro, y ¿por qué? Porque se hicieron reformas estructurales necesarias. Tanto es así que esas reformas están plasmadas en una Constitución, que ya va a cumplir veinte años

de vigencia y cuyas bases no han sido modificadas porque se ha demostrado que eso es lo mejor.

El pueblo peruano fue sabio cuando en 1992 aprobó casi unánimemente una decisión difícil, y estamos mirando hacia el futuro. Entonces, hay que seguir mirando hacia el futuro, vamos a estudiar y a hacer que este Congreso sea respe-tado. ¿Por qué va a ser respetado? Por dar leyes buenas y necesarias. Apoyemos, sin importar la bancada, las leyes que dé este Congreso, para que la fiscalización que haga este Congreso respete los derechos humanos; respete la esperanza del pueblo peruano, que requiere que el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial cumplan ade-cuadamente sus funciones. ¡Y sí podemos discutir las decisiones del Poder Judicial! ¡Por supuesto que podemos hacerlo! Tenemos el derecho de de-batirlas. Me pregunto por qué se preocupan ahora por un fallo judicial que menciona a Sancho Panza cuando hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de los emerretistas que mencionaba a Juana de Arco, y nadie dijo nada; o cuando hay una sentencia firmada por el juez San Martín en que mencionaba un delito de lesa humanidad que no es aplicable porque la ley penal no es retroactiva, y nadie dijo nada.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Gracias, Presidente.

Entonces, debatamos y pongámonos de acuerdo. Cuando aquí se habla de democracia, a veces me genera un poco de preocupación. Hablan de democracia aquellas personas que por su ideo-logía han sustentado dictaduras estalinianas o leninistas o maoístas; ellos quieren venir acá para enseñar democracia. No, pues, comencemos a hablar con coherencia y, sobre todo, defendiendo principios.


Iniciado el debate, ingresa a un cuarto intermedio para su redacción final la fórmula sustitutoria del proyecto de ley contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que modifica la Ley 29089, la cual declaró de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, en la provincia y departamento de Lima, ampliándola en el sentido de expropiar once



inmuebles adicionales ubicados en la zona de influencia de ejecución de la obra

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señor relator, sírvase dar lectura a la sumilla del primer punto a tratar en la sesión de hoy, conforme a la Agenda.


Dictamen por unanimidad de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Esta-do, recaído en el Proyecto de Ley 1462/2012-GL —remitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima—, que propone modificar la Ley 29089, la cual declaró de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada “Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho”, en la provincia y depar-tamento de Lima, ampliándola en el sentido de expropiar once inmuebles adicionales ubicados en la zona de influencia de ejecución de la obra. Al respecto, la Comisión de Vivienda y Construcción presentó un dictamen por unanimidad con un texto sustitutorio.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación de la fórmu-la sustitutoria del Proyecto de Ley 1462/2012-GL, por el que se propone modificar la Ley 29089, la cual declaró de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada “Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho”, con la finalidad de expropiar once inmuebles adicionales ubicados en la zona de influencia de ejecución de la obra.

Dicho proyecto fue dictaminado por unanimidad tanto por la Comisión de Descentralización, en su calidad de comisión principal, como por la Comisión de Vivienda.

Con fecha 13 de marzo de 2013, la Junta de Por-tavoces acordó ampliar la agenda.

Tiene la palabra el congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Moderni-zación de la Gestión del Estado.

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APGC).— Señor Presidente: En el año 2007, el Congreso aprobó, mediante Ley 29089, declarar de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura de-

nominada “Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho”. Por consi-guiente, con esa norma se aprobó la expropiación de diecinueve inmuebles para la ejecución de la obra; sin embargo, no fueron considerados once inmuebles que se encuentran situados en la zona de influencia donde se ejecuta dicha obra.

Esta obra, que a la fecha se encuentra paralizada por este inconveniente, se ubica en el cerro Santa Rosa, que constituye el límite distrital entre los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, y beneficiará a la población del cono este de la ciu-dad de Lima, que excede el millón de habitantes. Asimismo, con esta vía de interconexión será po-sible agilizar el paso de vehículos de carga pesada y liviana y particulares, y se convertirá de esta manera en un eje vial importante para la ciudad de Lima al descongestionar las zonas de Acho, Puente Nuevo y Vía de Evitamiento, mejorando así tanto la calidad de vida como las expectativas de desarrollo de la población.

En vista de que la aprobación de esta iniciativa beneficiará a la población de Lima, las comisiones de Descentralización y de Vivienda han aprobado por unanimidad el presente proyecto, a fin de ampliar los alcances de la Ley 29089 y expropiar los once inmuebles faltantes para la culminación de la obra.

Por lo expuesto, a través de la Mesa, solicito a la Representación Nacional la aprobación de este proyecto.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Merino De Lama, presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción.

El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Presidente: En efecto, el Proyecto de Ley 1462/2012-GL, que ha sido presentado por la Mu-nicipalidad Metropolitana de Lima, fue aprobado por unanimidad en la décima sesión ordinaria de la

Comisión de Vivienda y Construcción el 12 de diciembre de 2012.

El objeto de la propuesta es ampliar los alcances de la Ley 29089, a efectos de comprender dentro de ella la expropiación de once inmuebles de pro-piedad privada ubicados en el distrito de San Juan

* El texto de los documentos obra en los archivos del Congreso de la República.



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de Lurigancho. El sujeto activo de la expropiación es la Municipalidad Metropolitana de Lima, con-forme a las disposiciones de la Ley 27117, Ley General de Expropiaciones, que contará con un plazo de dos años para iniciar los correspondientes procesos de expropiación.

En octubre de 2006, la Municipalidad Metro-politana de Lima presentó el Proyecto de Ley 564/2006-GL, con el que se proponía declarar de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada “Vía de inter-conexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho”, en la provincia y departamento de Lima, así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra. Este proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Vivienda y Construcción en julio de 2007 y, luego, por una-nimidad, en el Pleno; y, en setiembre de 2007, el presidente de la República la promulgó con la numeración 29089.

A consecuencia de ello, mediante Acuerdo del Concejo 166, de abril de 2009, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó la ejecución de la expropiación dispuesta por la Ley 29089, para lo cual se dispuso una suma de S/. 12 263 532,90.

Según informa la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 10 de marzo de 2010 se inició el plazo contractual de trescientos días calendario para la ejecución de la obra.

A la fecha de emisión del dictamen, la obra tenía un avance del 74,99%.

Según expone la Empresa Municipal Administra-dora de Peaje de Lima (Emape), en una ampliación del análisis costo-beneficio del proyecto de ley materia de dictamen, el principal beneficio con su aprobación radica en permitir la conclusión de la obra, la cual uniría Lima Este y el Centro de Lima, repercutiendo en el beneficio de la pobla-ción, tanto de San Juan de Lurigancho como del Rímac, la cual sobrepasa el millón ciento setenta mil habitantes.

La conclusión de la obra hará posible agilizar el paso de vehículos de carga pesada y liviana y vehículos particulares de ese lado de la capital, convirtiéndose así en un eje vial importante de la ciudad de Lima, toda vez que el tiempo de comuni-cación entre los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho se verá reducido considerablemente y descongestionará las zonas de Acho, Puente Nuevo y de la Vía de Evitamiento. Cabe señalar que esas vías son regularmente utilizadas por los pobladores de dichos distritos y, por tanto, la

finalización de la obra redundará en la mejora de la calidad de vida y expectativa de desarrollo de la población, que directa o indirectamente serán beneficiados.

Esta es, en resumen, la propuesta que la Re-presentación Nacional tiene en sus manos, a la que pido, por intermedio de la Mesa, su voto de respaldo para aprobarla.

Eso es todo por el momento.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha concluido la sustentación.

En vista de que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para exponer las razones de su posición, en aplicación del tercer párrafo del inciso b) del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República.

Tiene la palabra el congresista Hurtado Zamu-dio.

El señor HURTADO ZAMUDIO (GPFP).— Señor Presidente: Como vecino residente del distrito de San Juan de Lurigancho evidentemente me interesa muchísimo este proyec-to de ley y que se apruebe para que se termine de construir el túnel,

porque es lo que necesitábamos; y si es necesaria la expropiación de esos once predios para terminar con el trámite, estamos de acuerdo con aprobar la propuesta.

Sin embargo, nos quedan aún algunas dudas que, a través de la Presidencia, queremos transmitir a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para que nos responda.

En primer lugar, ¿por qué se ha paralizado durante dos años el trabajo del llamado túnel vial Santa Rosa y que se estaba realizando en esta obra tan importante? Son dos años.

En segundo lugar, ¿cómo es posible que en la Municipalidad Metropolitana de Lima, después de haber recibido de la constructora Graña y Montero en marzo de 2012 la comunicación de que se necesitaba expropiar esos once predios se tuvo que esperar 166 días, hasta el 28 de agosto de 2012, para tramitar este proyecto de ley aquí, en el Congreso de la República?



En tercer lugar, lo que nos preocupa es la falta de transparencia, relacionada a la resolución del anterior contrato de la obra. Se ha anulado un contrato, lo cual, como es lógico, lleva a penalida-des y a pagos y a pérdida de dinero por parte del Estado peruano. Esa falta de posición diáfana y clara sobre el tema trae siempre malentendidos, al punto tal que incluso el diario El Comercio se plantea lo siguiente. Se dice que la información se dio a conocer a través de una nota de prensa enviada por la Municipalidad Metropolitana de Lima; sin embargo, en esta no se precisa el nombre de las empresas que forman el consorcio. Ni en la oficina de prensa de la Emape ni en la de la comuna pudieron absolver la consulta de El Comercio.

En ese sentido, consideramos que el Congreso de la República, haciendo uso de su función fis-calizadora, necesita también que se esclarezcan estos puntos...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Hurtado.

El señor HURTADO ZAMUDIO (GPFP).— Dejo esos puntos y estas dudas, y no solo para el Parlamento Nacional, sino, sobre todo, para la Presidencia, a fin de que, por su intermedio, se manden oficios y que se clarifiquen nuestras preguntas e interrogantes.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Tomás Zamudio.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Señor Presidente: Este es un proyecto sumamente impor-tante para Lima. La obra en men-ción comprende la interconexión vial de los distritos del Cercado de Lima, Rímac y San Juan de Luri-

gancho, y tendrá dos túneles en la intersección de las avenidas Alcázar y Prolongación Tacna. El túnel Norte tiene una longitud de 240 m de longitud, mientras que el túnel Sur tiene 232 m. El diámetro de excavación varía entre 13,86 m y 14,26 m, el diámetro final acabado será de 13,38 m y la altura de excavación tendrá entre 9,50 m y 9,25 m.

Con esta obra se espera agilizar el paso de los vehículos de carga pesada y liviana y particulares de este lado de la capital, beneficiando a casi un millón de habitantes que residen en San Juan

de Lurigancho y que día a día pierden tiempo valioso para salir y entrar al distrito en medio del congestionamiento vehicular en las zonas de Acho, Puente Nuevo y Vía de Evitamiento. No hay que olvidar que el túnel permitirá a los pobladores del cono norte llegar fácilmente a San Juan de Lurigancho sin necesidad de utilizar las vías antes mencionadas.

El objeto de la ley es ampliar los alcances de la Ley 29089, a fin de autorizar la expropiación adicional de once inmuebles de propiedad privada, ubicados en San Juan de Lurigancho y afectados en el trazo vial, y el correspondiente derecho de vía.

La expropiación se justifica a fin de liberar la zona de influencia en el distrito de San Juan de Lurigancho para la continuación de la vía de interconexión de los distritos del Rímac y de San Juan de Lurigancho.

Por lo tanto, señor Presidente, solicito a la Repre-sentación Nacional, por su intermedio, el respaldo total a esta importante iniciativa legislativa, ya que resolvería grandes problemas de la capital de la República y, en particular, del cono norte.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Señor Presidente: Quiero tratar dos puntos.

En primer lugar, creo que es impor-tante hacer obras en Lima, pero hay que hacerlas bien. Hay que pedir a

los entes ejecutores que hagan las obras con expe-dientes técnicos. Así, me causa sorpresa que, por ejemplo, se hayan expropiado inmuebles en San Juan de Lurigancho para la ejecución de esta obra y que poco tiempo después se diga: “necesitamos once inmuebles más”, para expropiarlos. ¿Dónde están los parámetros del expediente técnico?, ¿dónde están los datos técnicos que establecen cuál es el número de inmuebles que se requería para expropiar? Parece que están improvisando esta obra, que es fundamental para Lima.

¡Ojalá que no se perjudique más a los vecinos!, porque ellos estarán preocupados. Ellos pueden pensar: “¡Oiga!, capaz dentro de uno o dos meses nos van a expropiar el inmueble”; y eso perjudica el derecho de propiedad de los limeños, fundamen-talmente de los de esos distritos, en donde vive gente de modesta economía.

En segundo lugar, por intermedio de la Mesa, quiero pedir a los presidentes de las comisiones



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de Vivienda y de Descentralización que en el artículo 4 de la fórmula legal propuesta se diga que se va a hacer el pago del justiprecio antes de la ejecución de la expropiación, porque la Cons-titución precisamente lo señala. No vaya a ser que expropien los inmuebles y les paguen a los propietarios después de haberles arrebatado la posesión del inmueble. Que se precise que el pago se hará antes de la ejecución de la expropiación; con eso garantizamos el derecho de los vecinos, establecido en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú.



La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presi-dente: Coincido en la necesidad de que en el artículo 5 de la propuesta se ponga el concepto de previo pago de la indemnización justipreciada. Pero, además, quiero manifestar mi

inquietud respecto al artículo 6, porque se dice que el plazo para iniciar el proceso de expropia-ción es de dos años. Se supone que se trata de una obra urgente, necesaria y que ya tiene una primera ley. Se está proponiendo la ampliación de la Ley 29089, que fue la primera, y, sin embargo, ¿se va a dar un plazo para iniciar el proceso de expropiación? Uno pensaría, si recién dentro de... Ya sabemos cómo funciona la administración y, sobre todo —lamentablemente—, en manos de la actual administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Si recién dentro de dos años se va a iniciar el proceso de expropiación, ¿cuánto va a demorar aún el proceso? Entonces, ¿acaso estamos pensando en una expropiación que recién se va a materializar dentro de cuatro o tres años si es que, en el mejor de los casos, se llega al trato directo?

Creo que es demasiado tiempo consignar un pla-zo de hasta dos años para que la municipalidad inicie los procesos de expropiación. Creo que ese tiempo... En todo caso, pido que se me explique la razón para tanta dilación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Merino De Lama, presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción.

El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Presidente, vamos a alcanzar un texto agregando las inquietudes de los congresistas Les-cano y Chávez, entre otros, para lo cual solicitamos pasar a un cuarto intermedio. Solo quiero agregar

que estamos consensuando con la Comisión de Descentralización y que, en el debido momento, alcanzaremos ese texto para someterlo a la vota-ción correspondiente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Moderni-zación de la Gestión del Estado.

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APGC).— Señor Presidente, respecto a las sugerencias de los congresistas Lescano y Chávez, comunico que la Comisión acepta incorporarlas.

Con relación a la intervención del congresista Hurtado acerca del motivo de la paralización de la obra, quiero aclarar que, cuando llegó el proyecto a la Comisión de Descentralización, en agosto, nos preocupamos por saber qué pasaba. Estábamos hablando de una inversión de envergadura.

Ese expediente —como muy bien se ha mencio-nado— nace en el año 2007. La obra tuvo que ser paralizada porque se requería de esos once predios para poder continuar con la ejecución del proyecto. Si no se expropian once predios, no se ejecuta. Esa es la justificación por la que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en su debido momento, solicitó al Congreso de la República la aprobación de esta iniciativa para ejecutar este proyecto que tanto se necesita para la ciudad de Lima.

Habiendo dado todas las explicaciones y aceptando las propuestas de ambos congresistas, después del cuarto intermedio haremos llegar el texto correspondiente para su aprobación.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Esperaremos que se alcance a la Mesa el texto final de la propuesta, por lo cual, atendiendo a la solicitud, esta materia entra en un cuarto intermedio.

Se aprueba la moción de saludo y felicitación a Marcelo Salazar Rojas por el primer



puesto obtenido en el VII Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar Sub 7

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar cuenta de una moción de saludo.


“Moción de Saludo

Del congresista Angulo Álvarez al ajedrecista Marcelo Salazar Rojas por haber obtenido el primer puesto, representando al Perú, en el VII Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar Sub 7, realizado del 27 de marzo al 2 de abril de 2013 en la ciudad de Napa, Puerto de España, Trinidad y Tobago”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La Presidencia expresa su saludo y felicitación a nuestro campeón Marcelo Salazar Rojas.

Se va a consultar la moción que acaba de leer-se.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se aprueba la mo-ción a que se ha dado cuenta.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a Marcelo Salazar Rojas, ajedrecista trujillano y a su equipo de entrenamiento y maestros.

Segundo.— Transcribir la presente moción al ajedrecista Marcelo Salazar Rojas.

Lima, 4 de abril de 2013.”

En debate el proyecto de ley, dictaminado en mayoría por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que propone modificar la Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección General de Inteligencia (DINI), se acuerda, vía cuestión previa, que regrese

a dicha comisión

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señor relator, sírvase dar lectura a la sumilla del siguiente punto de la Agenda.


Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, recaído en el Proyecto de Ley 722/2011-CR, por el que se propone modificar el acápite e) del numeral 6.1 del artículo 6 y el nu-meral 7.2 del artículo 7 de la Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, recaído en el Proyecto de Ley 722/2011-CR, por el que se propone modificar la Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Al respecto, la Junta de Portavoces, en sesión del 16 de octubre de 2012, acordó que el Proyecto de Ley 722/2011-CR quede condicionado a la presentación de dictamen por las comisiones de Inteligencia, como comisión principal, y de Defensa Nacional y a la exoneración del plazo de publicación de los dictámenes o que, en su caso, se acuerde la dispensa de presentación de dictámenes, y la ampliación de agenda.

Tiene la palabra el congresista Urquizo Maggia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente: En primer lugar, hay que señalar que el Proyecto de Ley 722 tuvo como propósito modificar la Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección

Nacional de Inteligencia (DINI); sin embargo, en el marco de la delegación de facultades, se promulgó el Decreto Legislativo 1141, de For-talecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). En ese sentido, la norma que hoy pretendemos modificar ha sido derogada a través de dicho decreto legislativo de diciembre del año pasado. En consecuencia, carecería de valor evaluar el dictamen recaído en el proyecto, por lo que consideramos que debe

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.



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regresar a la Comisión de Defensa Nacional. En este momento contamos ya con una nueva ley del sistema de inteligencia nacional, que se encuentra en proceso de reglamentación.

La comisión principal —en este caso, la Comisión de Inteligencia— tiene en su agenda invitar en los próximos días al director de la DINI para que presente no solo el plan anual de inteligencia, sino los mecanismos de cómo se va a implemen-tar el Decreto Legislativo 1141 y su respectiva reglamentación.

Como cuestión previa, pido que la iniciativa legis-lativa regrese a la Comisión de Defensa Nacional, para su correspondiente evaluación.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Con la explicación dada por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, se va a consultar la cuestión previa planteada para que el proyecto retorne a esa comisión.

Señores congresistas, sírvanse registrar su asis-tencia para votar.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.


Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 73 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la cuestión previa planteada por el señor Urquizo Maggia en el sentido de que el proyecto retorne a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alter-nativo y Lucha Contra las Drogas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobada la cuestión previa.

Se deja constancia del voto a favor de los con-gresistas Alcorta Suero, Reynaga Soto, Gamarra Saldívar, Huayama Neira, Gutiérrez Cóndor, Con-dori Cusi, Merino De Lama, Velásquez Quesquén, Rodríguez Zavaleta, Beingolea Delgado, Reátegui

Flores, Luna Gálvez, Sarmiento Betancourt, Tan de Inafuko, Medina Ortiz, Eguren Neuenschwan-der, Mavila León, Belaunde Moreyra, Acuña Peralta, Galarreta Velarde, García Belaunde y Molina Martínez.

“Votación de la cuestión previa del congresista Urquizo Maggia

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Núñez, Andrade Carmo-na, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Che-hade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Elías Ávalos, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Monterola Abre-gú, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Rimarachín Ca-brera, Rivas Teixeira, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Sal-gado Rubianes, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Spadaro Phi lipps, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.”

Previo debate, ingresa a un cuarto intermedio el proyecto de ley, dictaminado en mayoría por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que propone regular el teletrabajo en las entidades públicas y privadas, modificando el Decreto Supremo 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Producti

vidad y Competitividad Laboral



Dictamen en mayoría de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en los proyectos de ley 184 y 1052/2011-CR, por los que se propone



regular el teletrabajo en las entidades públicas y privadas, modificando el Decreto Supremo 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Trabajo recaído en los proyectos de ley 184 y 1052/2011-CR, que proponen regular el teletrabajo en las entidades públicas, modificando el Decreto Supremo 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Sobre el particular, con fecha 7 de junio de 2012, la Junta de Portavoces acordó la ampliación de agenda; y ese mismo órgano, en sesión del 16 de octubre de 2012, acordó la prioridad en el debate del Pleno.

Tiene la palabra el congresista Díaz Dios, pre-sidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente: Vamos a dar inicio a la sustentación del Proyecto de Ley 184/2011-CR, que propone una fórmula legal con once artículos y tres disposiciones complemen-tarias finales, con el que se busca

establecer un marco legal y de políticas públicas que introduzca mecanismos de flexibilidad y se-guridad en el ámbito laboral. Se quiere equiparar los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores para favorecer el desarrollo de una nueva modalidad de trabajo que se está difundiendo cada vez más en el mundo globalizado gracias al desarrollo de la nueva tecnología de la información y las comunicaciones: el teletrabajo o trabajo a distancia.

De otro lado, la fórmula legal del Proyecto de Ley 1052/2011-CR, que tiene solo un artículo, adicio-na los artículos 96-A, 96-B y 96-C al texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, regulando el teletrabajo como una modalidad de trabajo a domicilio.

¿Cuál es la problemática, Presidente? El avance de las tecnologías de la comunicación e infor-mación utilizadas en los procesos productivos ha permitido la creación de nuevas modalidades

descentralizadas de trabajo. Dichas modalidades no comparten las mismas características de la prestación de servicios regulada por el Derecho del Trabajo, como son el desarrollo de la labor en un centro de trabajo, con sometimiento a un horario, y a la vigilancia y control directo y cons-tante del empleador.

Esta modalidad de trabajo a distancia, denomi-nada teletrabajo, se caracteriza por que la pres-tación a cargo del trabajador se realiza fuera de la empresa —por lo general, en su domicilio—, sin estar sujeto a horario o jornada; así pues, la comunicación con el trabajador se lleva a cabo por medios informáticos o audiovisuales. En ese sentido, no existe la dirección ni el control directo sobre el trabajador.

En el Perú, solo se encuentra regulado el trabajo a domicilio en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003-97-TR.

El Perú ha venido participando en reuniones de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Infor-mación (CMSI), organizadas con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como en las conferencias ministeriales sobre la sociedad de la información en la región de América Latina y el Caribe, organizadas con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Gobierno peruano vio la importancia también de crear una Comisión Multisectorial de Desa-rrollo de la Sociedad de la Información (Codesi), que aprobó un plan de desarrollo de la sociedad de la información en el Perú, denominado Agenda Digital Peruana; y, posteriormente, la Codesi se transformó en una Comisión de Seguimiento y Evaluación de este Plan de Desarrollo Estratégico de la Sociedad de la Información.

Entonces, se hace necesario normar esta mo-dalidad de trabajo, que beneficiará a muchos trabajadores, en especial a las poblaciones más vulnerables, como las personas con una discapa-cidad que no les permite trasladarse a los centros de trabajo o que se le dificulta hacerlo.

El contrato de teletrabajo regula el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador en la empresa con la que man-tiene conexión a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejerce a su vez el control y supervisión de las labores.




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Son elementos que coadyuvan a tipificar el ca-rácter subordinado de esta modalidad de trabajo a domicilio, la continuidad en la ejecución de la prestación, la provisión por el empleador de los medios físicos y métodos informáticos, la depen-dencia tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros, de acuerdo con el Consejo Nacional del Trabajo.

De igual manera, el dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del pe-ríodo legislativo 2006-2007 también lo consideró en los mismos términos.

Finalmente, la Comisión de Expertos creada por la Resolución Ministerial 257-2011-MTPE, del 11 de setiembre de 2011, ratificó el mismo tenor en su anteproyecto de la ley general del trabajo, entregado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el 24 de enero de 2012.

El texto sustitutorio propuesto en el dictamen consta de dos artículos y tres disposiciones com-plementarias finales.

El artículo 1 se refiere al objeto de la ley, que es el establecer normas reguladoras respecto al teletrabajo como una forma especial del trabajo a domicilio.

El artículo 2 establece la adición de los artículos 96-A, 96-B y 96-C al texto único ordenado del Decreto Legislativo 728.

En el primer artículo adicionado, el 96-A, se regula el contrato de teletrabajo, estableciendo sus características y elementos que coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modali-dad de trabajo.

En el segundo artículo adicionado, el 96-B, se hace referencias a las reglas sobre el uso y cuidado de los equipos cuando son proporcionados por el empleador y cuando son proporcionados por el teletrabajador o cuando son proporcionados por terceros, como es el caso de las cabinas de internet.

Por último, en el tercer artículo adicionado, el 96-C, se hace referencia al carácter voluntario y reversible del teletrabajo, regulándose los casos en los que estos pueden ser reversibles, estando de por medio la voluntad del trabajador y las necesidades de la empresa.

Asimismo, la propuesta del dictamen también considera tres disposiciones complementarias finales.

La primera disposición complementaria final se refiere al teletrabajo en el régimen laboral público, facultándose a las entidades y empresas del Estado para utilizar esta nueva modalidad laboral.

La segunda disposición complementaria final se refiere al plazo que se otorga al Poder Ejecutivo para que proceda a establecer y aprobar las polí-ticas públicas para garantizar su desarrollo y su preferente utilización a favor de las poblaciones vulnerables, para lo cual coordina con la Auto-ridad Nacional del Servicio Civil (Servir), con la Oficina Nacional del Gobierno Electrónico e Informática (Ongei), con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapaci-dad (Conadis) y con la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de Información en el Perú (Codesi).

Finalmente, la tercera disposición complementa-ria final se refiere al plazo de sesenta días hábiles contados desde el inicio de su vigencia, que se otorga al Poder Ejecutivo para que reglamente la presente ley.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, se recomienda la aprobación de este importante proyecto de ley que, básica-mente, y resumiendo, beneficiará —insisto— a las poblaciones más vulnerables, como son las personas con discapacidad, para que puedan acceder a un trabajo, sobre todo con el carácter de subordinado que, lamentablemente, hasta hoy no ha sido suficientemente desarrollado en nuestra legislación.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar inicio al debate.

Tiene la palabra el congresista Urtecho.

El señor URTECHO MEDINA (SN).— Señor Presidente: Una de las más grandes deficiencias y debilidades que tiene la persona con discapacidad hoy en día en el país es conseguir un trabajo. Hemos presentado este proyecto de ley

precisamente con la finalidad de poder ayudar a la persona con discapacidad, a la que le es muy difícil y complicado conseguir un trabajo y, sobre todo, desplazarse hacia un centro laboral. El desplazamiento para que una persona con discapacidad vaya desde su casa hasta un centro



laboral muchas veces demanda tiempo y genera costos, y lo más difícil es el transporte; es difícil poder desplazarse de un lugar a otro, teniendo en cuenta las distancias. Es en ese sentido que hemos presentado esta iniciativa legislativa que da la oportunidad de tener en nuestro país una nueva modalidad de trabajo. De esta manera, tanto las entidades privadas como públicas po-drán contratar a personas con discapacidad y, así, darles alguna función laboral que puedan ejercer desde cualquier otro lugar diferente al centro laboral.

Creo que esta nueva modalidad de trabajo, que ya viene siendo implementada en varios países —como, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile—, está dando buenos resultados. Y no solo será beneficiosa para las personas con discapacidad, sino para las personas que no tienen discapacidad y que muchas veces también les es muy difícil poder desplazarse distancias largas.

En ese sentido, solicito a la Representación Nacional que nos permitan en esta oportunidad darles una nueva luz de esperanza al colectivo de las personas con discapacidad y puedan tener esta nueva herramienta para conseguir un trabajo y que puedan desarrollarse en la vida. Como todos los seres humanos, tenemos ese derecho.



La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Presidente: Tengo dos preocupaciones.

La primera preocupación se refiere a que el teletrabajo es una modalidad del trabajo a domicilio. El trabajo a

domicilio es un régimen especial de trabajo. Y en el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se establece que, en el caso del trabajo a domicilio, este puede ejecutarse habitual o temporalmente, de forma continua o discontinua. Si el trabajo a domicilio puede ser realizado en forma discontinua, qué sentido tiene que una modalidad del trabajo a domicilio esté, sin embargo, vinculada a lo que atañe a la laboralidad, es decir, a los elementos típicos, no esenciales del contrato de trabajo: la continuidad.

No entiendo la razón por la que se exige un elemento típico de laboralidad, que es la conti-nuidad, esto es, el trabajar en el mismo centro de

trabajo, la jornada completa, el trabajar para un solo empleador, que son distintos a los elementos esenciales del contrato de trabajo, que son remu-neración, prestación de servicios y subordinación. En este caso, a la modalidad de un régimen es-pecial, como es el trabajo a domicilio, se le exige una continuidad que no se exige para el trabajo a domicilio en general.

Y además, hay un tema relacionado con esta reversión. Los trabajadores que, por ejemplo, trabajan en forma continua, que están sujetos a contratación por tiempo indeterminado, no pueden ser pasados a contratación temporal o contratos sujetos a modalidad. Sin embargo, acá sí se estaría permitiendo pasar a trabajadores que prestan servicios en el centro de trabajo; se estaría permitiendo que el empleador decida que ellos puedan pasar a la modalidad de trabajo a domicilio en la modalidad de teletrabajo.

Por otro lado, hay un tema relacionado con el artículo 2, cuando dice: Se adicionan los artículos 96-A, 96-B al Decreto Supremo 003-97-TR, texto único ordenado del Decreto Legislativo 728... No, señor Presidente. En ese texto hay un defecto relacionado a la técnica legislativa. La norma es el Decreto Legislativo 728, y como quiera que ha sido modificado varias veces, se necesita dar un decreto supremo que precise cuál es el texto de ese decreto legislativo; pero no es que estemos modificando el decreto supremo, sino, estamos modificando al Decreto Legislativo 728, según el texto único ordenado, aprobado por decreto supremo tal.

Entonces aquí hay que invertir...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene tiempo adicional para que concluya, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Presidente, lo que se está adicio-nando no son artículos al decreto supremo, sino al Decreto Legislativo 728, según el texto único ordenado aprobado por decreto supremo. Eso es lo que enseño a mis alumnos. No se confundan. Una cosa es el decreto legislativo y otra cosa es el decreto supremo. La norma de la cual nos estamos ocupando es una norma de mayor jerarquía que el decreto supremo: el decreto legislativo. Por lo tanto, debemos mencionarlo de la siguiente manera: “Adiciónanse al Decreto Legislativo 728, según texto único ordenado, aprobado por decreto supremo”, pero los artículos son del de-creto legislativo.




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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Señor Presidente: También quería formular algunas inquietudes al presidente de la comisión dictaminadora.

Una de las características de la relación laboral es que la prestación sea por un mínimo de cuatro horas diarias. Cuando alguien presta una relación por debajo de ese número de horas, esa persona no configura realmente una relación que origine una serie de beneficios sociales como, por ejemplo, el derecho al pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS), no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a gratificaciones. Entonces, hay una serie de nor-mas que se aplican ahí como excepción, porque la normatividad vigente estipula que, para que se dé plenamente la relación laboral, esta implica una contraprestación por parte del trabajador de cuando menos cuatro horas o más, o de un límite a la semana, que creo que está fijada en cuarenta y cinco horas. No recuerdo exactamente en este momento las normas legales.

Pero ¿cómo vamos a controlar si, por ejemplo, mediante este sistema de teletrabajo se contrata a una persona que va a estar trabajando por debajo de las cuatro horas diarias, o sea, que el reque-rimiento de trabajo sea inferior a cuatro horas?; porque, si va a desempeñar una labor desde su domicilio o desde un lugar ajeno —como puede ser una cabina de internet—, ¿cómo se acredita el número de horas que se ha elaborado? ¿Cómo se acredita que durante esas horas no se dedicó a prestar servicios simultáneos para, por ejemplo, otro empleador bajo la misma modalidad, con lo cual ya no habría una relación de exclusividad y de dependencia?

Hay muchos interrogantes, que no sé si las está contemplando la legislación.

Dentro de las normas que el proyecto propone, en el artículo 96-C.5 se estipula que el empleador puede reponer al teletrabajador a la modalidad convencional en determinadas circunstancias. Creo que habría que precisarlo mejor porque, si bien el empleador hoy en día puede hacer cambios en las características de la labor que preste un ser-vidor, estas tienen que darse bajo dos condiciones: que no implique una rebaja de remuneraciones ni de condiciones de trabajo.

Entonces, yo no quisiera que la norma propuesta vaya a ser mañana una fuente de conflicto, porque puede suceder que, cuando el empleador le dice a aquel que ha prestado servicios como teletrabajador desde su domicilio: “pase usted a trabajar su hora-rio completo en el centro laboral”, el teletrabajador considere que le están cambiando las condiciones laborales perjudicándolo y que, en consecuencia, se están violando las normas vigentes.

Son inquietudes que quiero alcanzar al presidente de la comisión dictaminadora y que, imagino, en su momento las va a absolver.

Señor Presidente, la congresista Martha Chávez me está solicitando una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Bedoya.

Creo que inicialmente podría consi-derarse que el cambio es del trabajo

a domicilio a la modalidad de teletrabajo. Pero, no es así; de lo que fluye en el artículo 96, que se adiciona, es que un trabajador con presencia física en el centro de trabajo —es decir, un trabajador que no es de contrato a domicilio— podría ser pasado al teletrabajo. Creo que en eso se centra la preocupación del congresista Bedoya —preocu-pación que comparto— y que puede ser mayor aún, porque podría darse que un trabajador típico —que trabaja en su centro de trabajo y que no desempeña trabajo a domicilio— pueda pasar a ser teletrabajador. Y podrían regresarlo si es que el empleador así lo considera. Eso no se puede aplicar, por ejemplo, para los contratos de trabajo a tiempo indeterminado y pasar a un trabajador a contrato de trabajo sujeto a modalidad.

Entonces, creo que es un tema muy importante y que merece mucha atención.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Gracias, señor Presidente.

Doy por concluida mi intervención, corriendo traslado de mis inquietudes al presidente de la comisión dictaminadora.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Gamarra.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente: Sim-plemente quiero señalar que, dentro del análisis costo-beneficio del dic-tamen que acompaña la propuesta normativa, esta aparentemente no se encuentra conforme a lo dispues-

to en el literal d) del artículo 3 de la Ley 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. En ese contexto, vamos a alcanzar una propuesta adicional para que se incluya en el texto del presente proyecto, acerca del financiamiento, lo siguiente:

“Las acciones a cargo de las entidades del Esta-do de los diferentes niveles de gobierno que se deban implementar para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma se financiarán con cargo a sus respectivos presupuestos insti-tucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.

En ese contexto, alcanzamos el presente agregado, para que sea tomado en cuenta por el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Señor Presidente: El dictamen de este proyecto de ley aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social va a tono con el avance de la tecnología. Hay traba-jos que se pueden hacer en la casa

mediante su utilización. Entonces, eso es lo que se está estableciendo en este dictamen. Me parece que la aprobación de la iniciativa es absolutamen-te coherente con los tiempos actuales.

Los colegas han hecho algunas observaciones y transmitido algunas preocupaciones, y, obvia-mente, el presidente de la comisión las evaluará en su momento. Sin embargo, quiero llamar la atención al presidente de la Comisión de Trabajo sobre una de las disposiciones complementarias propuestas.

En la primera disposición complementaria final, se establece que el teletrabajo también se aplica

en el régimen laboral público del Decreto Legisla-tivo 276; pero, al final de esta primera disposición complementaria, dice que se va a aplicar cuando así lo requieran sus necesidades, es decir, las de la entidad pública. Si consignamos esa redacción, el Estado nunca va a aplicar el teletrabajo. Sería bueno —se lo digo a modo de sugerencia al con-gresista Díaz Dios— que se consigne que en el reglamento se establecerán las cuotas de trabaja-dores que van a ser sujetos del teletrabajo —por ejemplo, jóvenes, discapacitados y mujeres—. Cada ministerio precisaría las cuotas a efectos de aplicar también esta importante modalidad de trabajo en las instituciones públicas, porque, si lo dejamos así —reitero—, el Estado nunca va a aplicar el teletrabajo...

Señor Presidente, el congresista Mesías Guevara me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Mesías Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Presiden-te, por su intermedio, agradezco al congresista Lescano.

Definitivamente, el teletrabajo es una modalidad que ya ha venido

imponiéndose a nivel internacional; incluso actualmente las empresas multinacionales, en el sector tecnológico fundamentalmente, ya lo vienen aplicando. Se llama freelance, es decir, los trabajadores freelance son aquellas personas que no tienen un lugar físico para trabajar, pero sí cuentan acá en el Perú con una computadora y conexión a internet, y con las cuales pueden desarrollar sus actividades.

El teletrabajo definitivamente va a permitir que los trabajadores incluso ahorren en transporte público y que las empresas puedan eventualmente ahorrar en asuntos relacionados al edificio; por lo tanto, el teletrabajo es muy importante, pero, sin embargo, hay que precisar el tema de los beneficios sociales, que los trabajadores jamás deben perder.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir su intervención, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Por intermedio de la Mesa, le sugiero al presidente de



732

la Comisión de Trabajo que incluya en la primera disposición complementaria final, a efectos de la aplicación de esta modalidad de trabajo —esto es, el teletrabajo— en las instituciones públicas, lo siguiente:

“El reglamento establecerá las cuotas mínimas de personal que establecerán las instituciones o entidades públicas en la planilla de los trabaja-dores, a efectos de ocuparlas en la modalidad de teletrabajo”.

Con esa redacción, el reglamento podría precisar en cada ministerio la cantidad de trabajadores que estará sujeta a esta modalidad de trabajo denominada teletrabajo.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente: En efecto, en primer lugar, obviamente, quiero agradecer los aportes de los señores congre-sistas.

En realidad, con esa modalidad de trabajo se trata de dar facilidades a las personas —sobre todo, a aquellas con discapacidad— para que puedan trabajar bajo las mismas condiciones, como si fueran personas sin ninguna discapaci-dad.

Un colega parlamentario expresaba su preocupa-ción, por ejemplo, de que los trabajadores típicos —es decir, aquellos que deben movilizarse de sus casas hasta su centro de labores— tendrían la posibilidad de convertirse en trabajadores bajo el contrato de teletrabajo. Eso estaría bien, porque actualmente muchos peruanos con una discapacidad la superan, pero con mucho es-fuerzo. Les cuesta mucho trabajo desplazarse; probablemente algún familiar los debe acom-pañar y llevar para que puedan llegar hasta su centro de trabajo.

El teletrabajo básicamente permitiría, a diferencia del trabajo a domicilio, que exista subordinación y control por parte del empleador. Vamos a ilus-trarlo con un ejemplo. Cualquier señor parla-mentario podría tener como asesor a una persona con discapacidad, y que no necesariamente esté en alguno de los edificios del Congreso. ¿Cómo hacemos para controlar que no se vaya, o que no se esté dedicando a otras cosas? Esa era precisa-

mente de alguna manera la deficiencia del trabajo a domicilio, en el que no había supervisión, no había control del empleador, prácticamente era un contrato civil a resultados.

En este caso, lo que estamos señalando es que exis-ten los medios tecnológicos suficientes —cámaras web, internet, entre otras formas adicionales— por las cuales el empleador no solo podrá tener un control efectivo del resultado final del trabajo, sino del desempeño, a tiempo completo en este caso, de acuerdo con lo que cada trabajador pacte con su empleador.

Por otro lado, respecto a la posibilidad de que pasen a un trabajador de la modalidad regular de trabajo a la de teletrabajo está sujeta a que el trabajador acepte esta modalidad, obviamente, con todos los beneficios sociales. Es decir, en realidad no habría ninguna diferencia —reitero— entre un contrato de trabajo regular —que quizás exija a la persona que esté físicamente en el trabajo— con un contrato de trabajo que, a raíz del teletrabajo, básicamente le permite...

Ahora mismo, por ejemplo, no estamos viendo lo que están haciendo nuestros asesores. Con el teletrabajo, incluso, desde nuestras carpetas, podríamos ver mediante internet y la cámara web lo que están haciendo, o si están realizando una labor determinada, y no necesariamente desde el centro de labores, puede ser desde sus casas. Es una facilidad; es lo que más se parece a un contrato de trabajo regular, ordinario, como se lo quiera llamar.

Es cierto que, como sugiere la congresista Mar-tha Chávez, consignar al teletrabajo como una modalidad de trabajo a domicilio quizá le reste importancia a dicha figura, porque el trabajo a domicilio, en la práctica, realmente no tiene mayor aplicación. Muy pocos empleadores están dispuestos a contratar a un trabajador sobre el cual no hay una relación de subordinación. Por lo tanto, nadie se arriesgaría a pagar a alguien por un trabajo que quizá no va a realizar. Pero en el caso del teletrabajo sí se estaría garantizando, a través de medios electrónicos, informáticos, tecnológicos, lo que está haciendo el trabajador, cuántas horas está laborando.

Señor Presidente, la congresista Martha Chávez me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.




La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Gracias, se-ñor Presidente; y, por su intermedio, agradezco al doctor Díaz Dios.

No quiero que se le reste importan-cia a esta modalidad de teletrabajo,

sobre todo para aquellas personas que trabajan desde sus casas y las que pudieran tener alguna discapacidad.

Le sugiero que, quizá, en lugar de anclarlo a una figura obsoleta, como es el trabajo a domicilio —que, además, no reciben todos los beneficios, sino algunos especificados en el Decreto Legislati-vo 728— se trabaje mejor en proponer una ley es-pecífica para el teletrabajo. Creo que de ese modo se superarían los anclajes que tiene un régimen obsoleto como el del trabajo a domicilio.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase continuar con su intervención, congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Muchas gra-cias, señor Presidente.

Esa era la segunda parte de la intervención.

En efecto, entiendo que puedan existir dudas respecto a los beneficios, a los horarios. La idea es que el teletrabajo sea exactamente igual a uno realizado físicamente en un centro de trabajo, acorde con las herramientas que nos brinda la tecnología.

¡Ojalá fuera cierto que miles de trabajadores, personas con discapacidad, que, reitero, muchas veces se movilizan a sus puestos de trabajo ayu-dados por sus hijos, por su esposa —que los tienen que ayudar a movilizarse— pudieran cumplir con ese mismo trabajo, con ese mismo horario, con esas mismas responsabilidades, con esa misma remuneración desde un ambiente que les sea más propicio, que puede ser su casa o una cabina de internet u otro sitio!

Sobre el tema de las cuotas, mencionado por el congresista Lescano, en efecto, en realidad estamos planteando un plazo —si no me equivoco, de noven-ta días— para que el ministerio del sector coordine de alguna manera las políticas públicas y las metas que deberían fijarse los diferentes sectores.

Señor Presidente, vamos a evaluar en un cuarto intermedio, que ahora le estamos solicitando, para analizar si, en efecto, es conveniente poner ya las

cuotas mínimas de personal en teletrabajo, que tendrían que cumplirse después de los noventa días que estamos dando para que se aplique la ley, sin contar que queremos que sea reglamentada en un plazo máximo de sesenta días.

Entonces, señor Presidente, le pido que este pro-yecto pase un cuarto intermedio, para recoger los importantes aportes que nos han hecho llegar.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se abre un cuarto intermedio en esta materia.

Vencido el cuarto intermedio, se aprueba en primera votación y se acuerda exonerar de segunda votación el texto sustitutorio definitivo, consensuado por las comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, y de Vivienda y Construcción, del proyecto de Ley que modifica la Ley 29089, la cual declaró de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada “Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, en la provincia y departamento de Lima”, ampliándola en el sentido de expropiar once inmuebles adicionales ubicados en la zona de influencia de ejecu

ción de la obra

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En vista de que se ha alcanzado a la Mesa la propuesta final, distribuida ya entre los señores congresistas a las 12:29, va a intervenir el con-gresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Es-tado, para informar sobre el texto sustitutorio definitivo, consensuado en un cuarto intermedio con la Comisión de Vivienda y Construcción, del Proyecto de Ley 1462-2012-GL, sobre la expro-piación adicional de inmuebles para la ejecución de la obra denominada “Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho” en la provincia y departamento de Lima.

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APGC).— Señor Presidente, ya presentamos el texto consensuado, solo me resta solicitarle que se so-meta a votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia para votar.



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Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 82 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, el texto sustitutorio del proyecto de Ley que modifica la Ley 29089, la cual declaró de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada “Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho” en la provincia y departamento de Lima, ampliándola en el sentido de expropiar once inmuebles adi-cionales ubicados en la zona de influencia de ejecución de la obra.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los con-gresistas Elías Ávalos, Pérez Tello de Rodríguez, Alcorta Suero, Mendoza Frisch, García Belaunde, Wong Pujada, Spadaro Phillips, Uribe Medina y Omonte Durand; y de la abstención de los congre-sistas Belaunde Moreyra y Salgado Rubianes.

El resultado final es 91 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1462/2012-GL, por el que se propone modificar la Ley 29089, Ley que declaró de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada “Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho” con la finalidad de expropiar once inmuebles adicionales ubicados en la zona de influencia de la obra.


“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29089, QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE GRAN ENVERGADURA DENOMINADA ‘VÍA DE INTERCONEXIÓN DE LOS DISTRITOS DEL RÍMAC Y SAN JUAN DE LURIGANCHO’, EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, AMPLIÁNDOLA EN EL SENTIDO DE EXPRO-PIAR ONCE INMUEBLES ADICIONALES UBICADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Artículo 1. Objeto de la Ley

Amplíanse los alcances de la Ley 29089, que declara de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada ‘Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho’, en la provincia y departa-mento de Lima, autorizándose la expropiación adicional de once (11) inmuebles de propiedad privada ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho, afectados por el trazo vial y el correspondiente derecho de vía, incluyendo las áreas requeridas para las obras adicionales, de acuerdo con el detalle del artículo 2.

Artículo 2. Inmuebles a expropiar

Los inmuebles objeto de expropiación, para los fines señalados en el artículo 1, son los que se detallan a continuación:

Inmueble ubicado en la manzana K2, lote 30, 1. de la urbanización Caja de Agua, con un área de 160 m2, inscrito en el Registro Predial Urbano con el Código de Predio P02161080.





Inmueble ubicado en la manzana K2, lote 39, 6. de la urbanización Caja de Agua, con un área de



160 m2, inscrito en el Registro Predial Urbano con el Código de Predio P02161177.





Inmueble ubicado en parte del terreno de 11. propiedad de la Asociación de Vivienda de In-terés Social Virgen de Fátima, inscrito en el Registro Predial Urbano con el Código de Predio P02213471F, ubicado en la manzana H, lote 2, con un área de 160 m2.

Los linderos y las medidas perimétricas de los inmuebles detallados en el presente artículo, son publicados mediante acuerdos de concejo expedidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los cuales se indican las coordenadas UTM de validez universal de cada uno de ellos, de conformidad con la Ley 27117, Ley General de Expropiaciones.

Artículo 3. Sujeto activo para el trámite de expropiación

La Municipalidad Metropolitana de Lima es el sujeto activo de la expropiación materia de la presente Ley, facultándosele para que inicie los trámites correspondientes al proceso de expropia-ción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27117, Ley General de Expropiaciones.

Artículo 4. Pago de la indemnización justipreciada

El pago previo de la indemnización justipreciada que se establezca como consecuencia del trato directo o del procedimiento judicial o arbitral correspondiente es asumido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, previa tasación realizada por el Área de Valuaciones de la Dirección Nacio-

nal de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, debiendo ser abona-do en dinero en efectivo y en moneda nacional.

Artículo 5. Plazo para iniciar la expropiación

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en su condición de sujeto activo, tiene un plazo máximo de dos (2) años, contado a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley, para iniciar los procesos de expropiación necesarios que se formalizan mediante la presente Ley.

Artículo 6. Derogatoria

Deróganse los dispositivos legales que se oponen a la presente Ley.

Artículo 7. Vigencia de la Ley

La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del nuevo texto sustitutorio del Proyecto 1462

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivan-co, Beingolea Delgado, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Galarreta Ve-larde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutié-rrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Molina Martí-nez, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salazar Mi-randa, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cucu-liza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tan de



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Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Vacchelli Cor-betto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas, Capuñay Quispe, Rondón Fu-dinaga y Urtecho Medina.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Acuña, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Moderni-zación de la Gestión del Estado.

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APGC).— Señor Presidente, solicito exonerar al proyecto de segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Conforme a la solicitud del presidente de la Comisión de Descentralización, se va a votar, con la misma asistencia, la exoneración de segunda votación.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 55 votos a favor, 22 en contra y ocho abs-tenciones, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de Ley que modifica la Ley 29089, la cual declaró de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada “Vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho” en la provincia y departamento de Lima, ampliándola en el sentido de expropiar once inmuebles adi-cionales ubicados en la zona de influencia de ejecución de la obra.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido acordada.

Se deja constancia del voto a favor de los con-gresistas Alcorta Suero, Uribe Medina, Mendoza Frisch, Omonte Durand y Wong Pujada; del voto en contra de los congresistas Elías Ávalos y Spada-ro Phillips; y de la abstención de las congresistas Pérez Tello de Rodríguez y Salgado Rubianes.

El resultado final es 60 votos a favor, 24 en contra y 10 abstenciones.

Ha sido acordada la exoneración de segunda vo-tación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1462/2012-GL, por el que se propone modificar la Ley 29089, Ley que declaró de necesidad pública la construcción de la obra de gran envergadura denominada “Vía de interconexión de los distri-tos del Rímac y San Juan de Lurigancho” con la finalidad de expropiar once inmuebles adicionales ubicados en la zona de influencia de ejecución de la obra.

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio del

Proyecto 1462

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Núñez, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Bedoya de Vi-vanco, Beingolea Delgado, Bruce Montes de Oca, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, Delgado Zegarra, Galarreta Ve-larde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Inga Vásquez, Julca Jara, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portu-gal Catacora, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Saavedra Vela, Simon Munaro, Solórza-no Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Becerril Rodríguez, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Neyra Olaychea, Ramírez Gamarra, Reá-tegui Flores, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber y Valqui Matos.

Señores congresistas que se abstuvieron: Acuña Peralta, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Capuñay Quispe, Kobashigawa Kobashigawa, Neyra Huamaní, Rondón Fudinaga y Urtecho Medina.”

“Registro de asistencia a la última votación digital de la sesión, a las 13:03 h

Presentes: Los congresistas Isla Rojas, Luna Gálvez, Acha Romaní, Acuña Núñez, Acuña Pe-



ralta, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Ce-rrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutié-rrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Molina Martí-nez, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Con licencia oficial: Los congresistas Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Espinoza Cruz, Ibe-rico Núñez, Jara Velásquez (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), López Córdova, Mora Zevallos, Tapia Bernal y Zeballos Salinas.

Con licencia por enfermedad: Los congre-sistas Abugattás Majluf, Aguinaga Recuenco, Cabrera Ganoza, Cordero Jon Tay, León Rivera y Oseda Soto.

En función de representación: Los congre-sistas Crisólogo Espejo, Otárola Peñaranda y Romero Rodríguez.

Ausentes: Los congresistas Falconí Picardo, Eguren Neuenschwander, Castagnino Lema, Coa Aguilar, De la Torre Dueñas, Elías Ávalos, Espinoza Rosales, García Belaunde, Mendoza Frisch, Omonte Durand de Dyer, Pérez Tello de Rodríguez, Ruiz Loayza, Salgado Rubianes, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Uribe Medina, Velásquez Quesquén y Wong Pujada

Suspendidos: Los congresistas Apaza Condori, Diez Canseco Cisneros, Pariona Galindo y Yovera Flores.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las tres de la tarde.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señoras y señores congresistas, con el quórum reglamentario, continúa la sesión.

Previo debate, ingresa a un cuarto intermedio el proyecto de ley, dictaminado en mayoría por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y por unanimidad en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que propone modificar la Ley 28735, Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios

de transporte



Dictamen en mayoría de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, recaído en los proyectos de ley 402 y 1252/2011-CR, que propone modificar la Ley 28735, Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres emba-razadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte. Al respecto, la Comisión de Transportes y Comuni-caciones presentó un dictamen por unanimidad sobre el Proyecto de Ley 402/2011-CR, con una fórmula sustitutoria.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, en virtud del cual se propone modificar la Ley 28735, Ley que regula la atención de las personas con discapacidad,




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mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte.

Tiene la palabra el congresista Reynaga Soto, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Presidente: El referente de esta iniciativa legislativa es la Ley 28735, que se aprobó en una primera instancia en diciembre de 1998. Con el transcurrir del tiempo, esa norma ha ido incurriendo en

algunos vacíos legales. A la vez, en la televisión han aparecido denuncias sobre el tema, como aquella, por ejemplo, que da cuenta de aerolíneas que discriminan en los aeropuertos a las personas con discapacidad, restringiendo que puedan hacer valer su derecho de usar el servicio de transporte aéreo para movilizarse de una ciudad a otra, como sucede en otros países. En el caso expuesto en televisión, se trataba de personas que iban a viajar para participar en una competencia deportiva.

En ese sentido, la actual Comisión de Inclusión Social —la anterior había ido trabajando y ana-lizado el tema— ha recabado documentos, se ha debatido y analizado el asunto y se ha añadido en el tema de los barcos, las naves, para ampliar el espectro del grupo vulnerable de personas con discapacidad a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores. Así, ellos podrán desplazarse con total normalidad, comodidad —como cualquier usuario— dentro de los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, fluviales y medios de transportes.

A su vez, en lo que respecta a las infracciones, se ha añadido también dentro de un artículo especí-fico las infracciones leves, graves y muy graves.

En el caso de las infracciones leves, se sanciona por no colocar un distintivo especial al equipa-je de los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores. Dentro de las infracciones graves, se sanciona por la carencia de instalación de teléfonos públicos accesibles. Asimismo, podemos señalar que dentro de las infracciones muy graves tenemos el hecho de no implementar ascensores y mobiliario adecuados en los ambientes y espacios de acceso público en las edificaciones, de conformidad con la norma-tividad vigente.

A grandes rasgos, en esta ley, con potestad san-cionadora y con procedimiento sancionador, se

establece el destino de las multas, que va tanto a los órganos recaudadores como a los gobiernos regionales o locales o a los municipios. A la vez, un 70 % se destina para el ente rector en el tema de la discapacidad, esto es, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis), que es un organismo público descentralizado (OPD) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Mindes), para que puedan continuar con mecanis-mos de divulgación, de sensibilización y que este grupo vulnerable, que representa tres millones de habitantes en el Perú, pueda insertarse de una manera gradual en distintos aspectos de la sociedad, mediante este desplazamiento —que es importante—, como cualquier ciudadano.

A su vez, se trata de visibilizar a este sector de la población, cuyos derechos muchas veces son res-tringidos por la marginación de malos ciudadanos, y terminan recluyéndose en sus domicilios.

En ese contexto, Presidente, el presente dictamen está a la espera de ser debatido en el Hemiciclo desde hace medio año. Con su venia, lo ponemos a consideración de los colegas para escuchar los aportes u observaciones que pudieran dar o que, en su defecto, considerando que se trata de un gru-po vulnerable que nunca ha tenido color político ni bancada, se pueda someter a votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Canches Guzmán, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que presentó un dictamen por unanimidad sobre el Proyecto de Ley 402/2011-CR, con una fórmula sustitutoria.

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Señor Presidente: Con la iniciativa legislativa se propone la modificación de la Ley 28735, Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en

los aeropuertos, aeródromos, terminales terres-tres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte, como ya lo manifestó el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, el congresista Reynaga.

Por su parte, la Comisión de Transporte y Co-municaciones, en la sesión del 11 de octubre de 2011, aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 402/2011-CR, que modifica la mencionada Ley 28735.



Dicho proyecto tiene por objeto introducir modi-ficaciones a los numerales 1.5 y 2.9 del artículo 3, a los artículos 6 y 7, y a la segunda y tercera dis-posiciones complementarias finales, e incorporar los artículos 8, 9, 10 y 11 a la Ley 28735.

En la fórmula se señalan las infracciones admi-nistrativas y las consecuentes sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha ley. Se establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los gobiernos locales son las entidades competentes para ejercer la potestad sancionadora en el marco de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; para ello se clasifican y tipifican las in-fracciones como leves, graves y muy graves como ya lo ha manifestado el congresista Reynaga.

Además, se modifica el numeral 1.5 del artículo 3, “Accesibilidad”, que queda redactado de la siguiente manera:

“1.5. Implementación de un ascensor, mobiliario especial en las salas de espera y de embarque y adecuación de cafeterías, tiendas y otros servi-cios que se brinden en los aeropuertos; así como cumplir con la normatividad vigente.”

Asimismo, el numeral 2.9 del artículo 3, queda redactado así:

“2.9. Los animales de asistencia que acompañen a los pasajeros con discapacidad deben transportar-se de conformidad con las normas que establece el Reglamento de la presente ley.”

En los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 del artículo 6, “In-fracciones”, se consignan los siguientes textos:

“6.1. Se consideran infracciones leves, come-tidas por las personas jurídicas comprendidas bajo los alcances de la presente ley, la omisión o negación de:

a) Colocar un distintivo especial al equipaje de los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

b) Ubicar, en los medios de transporte, señales vi-suales para personas con discapacidad auditiva.

c) Implementar cartillas de instrucción en el sistema braille u otro análogo para personas con discapacidad visual.

6.2. Se consideran infracciones graves, come-tidas por las personas jurídicas comprendidas

bajo los alcances de la presente ley, la omisión o negación de:

a) Instalación de teléfonos públicos accesibles.

b) Adaptación de servicios higiénicos.

c) Colocación de señalización, incluidas las visua-les y sonoras.

d) Transportar a los animales de asistencia que acompañan a las personas con discapacidad.

e) Implementar en los medios de transporte asientos especiales con abrazaderas para el uso de pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

f) Contar con una silla de ruedas especial de abor-daje para el traslado de personas con discapacidad al interior del medio de transporte.

6.3. Se consideran infracciones muy graves, co-metidas por las personas jurídicas comprendidas bajo los alcances de la presente ley, la omisión o negación de:

a) Implementar ascensores, mobiliario en la sala de espera y de embarque y adecuación de cafete-rías, tiendas y otros servicios que se brinden en los aeropuertos; así como cumplir con la norma-tividad vigente.

b) Construcción de rampas para pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.”

Con la modificación del artículo 9, “Procedimiento sancionador”, se regula el procedimiento sanciona-dor, que se inicia por denuncia de la Defensoría del Pueblo o del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), a solicitud de la persona afectada o de su representante, o de quien potencialmente pudiera verse afectado, o por denuncia de una asociación vinculada a las personas con discapacidad.

Además, se modifican los artículos 10 y 11, con los siguientes textos:

“Artículo 10. Facultad de contradicción

Las resoluciones que imponen sanción por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 6 pueden ser impugnadas por medio de los recursos administrativos a que se refiere el capítulo ii del título iii de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y las normas reglamentarias que se emitan.



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Artículo 11. Destino de la multa

El 70 % de lo recaudado por concepto de multa —como lo ha manifestado el presidente de la Comisión de Inclusión Social— será destinado al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, para el cumplimiento de sus fines. El 30 % restante será destinado al órgano recaudador de la multa, para la cons-trucción de infraestructura adecuada, difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.”

Este es, en resumen, la propuesta contenida en el dictamen del Proyecto de Ley 402/2011-CR de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, por lo que solicito al Pleno del Congreso, por intermedio de la Mesa, su aprobación.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluida la sustentación, se va a dar inicio al debate.

Tiene la palabra el congresista Urtecho.

El señor URTECHO MEDINA (SN).— Presidente: En mi calidad de autor de uno de los proyectos de ley quiero manifestar que este pro-yecto es realmente inclusivo, sobre todo, por las múltiples injusticias que las personas con discapacidad pasamos, principalmente, en los aeropuertos.

En este momento debo recordarle al Pleno lo que le sucedió a la señora Mery Díaz, quien fue discri-minada por una empresa aérea que no le permitió viajar de Lima a Ayacucho en avión. Ella es una persona con discapacidad y la empresa aérea argumentó que no podía tenerla como pasajera porque no tenía forma de subirla al avión.

El otro caso se dio hace poco. Un grupo de personas sordas denunció que fue objeto de dis-criminación de parte de una empresa aérea que tampoco les permitió viajar a Iquitos. Sucede lo mismo con personas ciegas y, como es de público conocimiento, hace cinco años, a mí tampoco me permitieron viajar en una aerolínea porque, precisamente, no firmé un documento con el que la empresa aérea no se hacía responsable de mí al momento de subirme al avión.

Creo que todas esas situaciones van a terminar con este proyecto de ley.

Quiero saludar la iniciativa de la Mesa Directiva. En la mañana estuvimos discutiendo el proyecto de ley sobre el teletrabajo y seguramente hoy, más tarde, se aprobará; y ahora también hay otro proyecto de ley, que es saludable y que espero que la Representación Nacional lo respalde, para terminar con la falta de ascensores, de mangas de abordaje, de sillas de ruedas y de tantas carencias que hace que uno pase situaciones injustas en los aeropuertos.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La Mesa agradece su participación, congresista Urtecho.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Presidente: Simplemente quiero solicitar que se nos explique por qué, cuando se habla de la escala de multas o de las sanciones que se pueden poner —en este caso, multas—, hay una discrepancia entre las comisiones dictaminadoras.

Por un lado, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad propone establecer multas que van desde una unidad impositiva tri-butaria (1 UIT) hasta veinte unidades impositivas tributarias (20 UIT), mientras que la Comisión de Transportes y Comunicaciones propone establecer desde una amonestación hasta cincuenta unidades impositivas tributarias (50 UIT), ambas difieren de lo que señala la Ley General de la Persona con Discapacidad, que establece multas que van desde media unidad impositiva tributaria (0,5 UIT) hasta doce unidades impositivas tributarias (12 UIT). ¿Por qué mejor no se homologa? ¿Cuál sería la razón por la que en esta ley específica se apartan de la escala de multa que señala la Ley General para Personas con Discapacidad?

Entonces, tengo esa atingencia y solicito que los miembros de las comisiones la absuelvan. Sucede que con la iniciativa legislativa se está homologando. La ley propuesta no solo regirá para personas con discapacidad, sino que se homologa para algunos casos que implican, por cuestiones circunstanciales, que el desarrollo de una vida nor-mal se atraviese con ciertas dificultades, como es el caso, por ejemplo, de una persona embarazada. Se requieren distintas normas por el estado en que se encuentra temporal y transitoriamente la persona, como, por ejemplo, que no permanezca



de pie por muchas horas. Entonces, son casos asimilables.

Si bien no es una norma exclusivamente para personas con discapacidad, está dirigida a ellas fundamentalmente, pero sería bueno que, ade-más, se homologuen las multas establecidas en la ley sobre las personas con discapacidad.

Y, por otro lado, también quisiera saber por qué en un dictamen se prevé que el agente sanciona-dor sea el gobierno local y, en el otro, el gobierno regional. Creo que habría que tratar de homologar esas distintas posibilidades o propuestas y que se nos explique por qué se elige a uno u otro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Señor Presidente: Por intermedio de la Mesa, en primer lugar quiero preguntar a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, ¿por qué no se ha establecido un plazo para im-

plementar lo que esta ley dispone? Porque en los dispositivos que estoy leyendo se señala que tienen que implementarse e instalarse ascensores y adecuarse las salas, las tiendas y las cafeterías en los terminales aéreos o terrestres, es decir, tienen que hacerse obras. Hay que considerar que, cuando se trata de entidades públicas, para hacer obras, sobre todo, hay que realizar un largo procedimiento mediante licitaciones, y no puede ser que aprobemos el proyecto de ley, que la ley sea publicada en los próximos días, que entre en vigencia al día siguiente y que resulte exigible. Tiene que establecerse un plazo a fin de que las entidades involucradas ejecuten lo que se está disponiendo en la fórmula legal.

En segundo lugar, en cuanto al procedimiento, a partir de las respectivas sustentaciones del presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y del autor de pro-yecto de ley, se desprende que el procedimiento administrativo es el que resulta aplicable. Hay una ley especial que regula el procedimiento ad-ministrativo y establece cuáles son los recursos impugnatorios y los plazos para presentarlos, así como los plazos que la autoridad tiene para resol-ver. Si hay una norma que se aplica para todos los procedimientos administrativos, ¿por qué crear uno nuevo con plazos distintos mediante esta ley y no remitir simplemente a la norma general para

que se aplique esta ley? Por lo menos, para aque-llas entidades que tengan alguna responsabilidad y que sean estatales, que es a las que se les aplica el procedimiento administrativo general.

En cuanto a las entidades privadas, puede esta-blecerse simplemente que, por analogía, se les aplicará el procedimiento que contiene dicha disposición. Pero a lo que voy es que legislati-vamente, técnicamente, no es aconsejable crear para cada caso un procedimiento administrativo distinto; la ley es uniforme para todos y establece los plazos, las condiciones, los requisitos para poder impugnar una resolución y para que estas sean resueltas.

Ruego a los presidentes de las comisiones dic-taminadoras que tengan en consideración las observaciones que formulo.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En vista de que ningún otro congresista ha pedido el uso de la palabra, va a intervenir el congresista Canches, en su calidad de presidente de la Comi-sión de Transportes y Comunicaciones.

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Señor Presidente: Esta-mos coordinando con el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, con-gresista Reynaga, para contemplar las observaciones manifestadas por

los dos congresistas. Creo que hay consenso entre nosotros en contemplar que hay un procedimiento y una ley que regula las multas, como ha dicho el congresista, y también en considerar lo que ha manifestado la congresista Martha Chávez.

Por lo expuesto, señor Presidente, pido que este tema pase a un cuarto intermedio para que los presidentes de las comisiones podamos coordinar y sacar las conclusiones respecto a las observaciones con las que nos han apoyado los dos congresistas que intervinieron durante el debate.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Jhon Reynaga.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Señor Presidente: En la misma línea del presidente Canches, he pedido que el proyecto pase a un cuarto intermedio, ya que la Comi-sión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad ha trabajado sobre



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la base del dictamen de la Comisión de Trans-portes y Comunicaciones; incluso se ha previsto lo que mencionó el congresista Bedoya sobre los procedimientos sancionadores, sobre los plazos. Adicionalmente, la congresista Martha Chávez hizo un cuadro comparativo sobre las multas, que en el caso del dictamen de la Comisión de Transportes era de cero unidades impositivas tributarias o amonestación. Eso ya se ha previsto. Sin embargo, necesitamos que el proyecto pase a un cuarto intermedio, para consensuar y poner a consideración del Pleno esta iniciativa legislativa, que beneficia al grupo vulnerable de personas con discapacidad del país.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Antes de abrir el cuarto intermedio, el congresista Rondón quiere intervenir para hacer un aporte.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Señor Presidente: agra-dezco su gentileza de permitirme intervenir.

Quiero felicitar a las dos comisiones dictaminadoras y a los autores del

proyecto; pero quiero llamar la atención sobre un asunto que no se ha considerado en algunos artícu los. En el artículo 10, por ejemplo, se consig-na que lo recaudado se destina para la difusión y promoción de los derechos, para la infraestructura adecuada, etcétera, de las personas con discapa-cidad; pero la iniciativa legislativa está destinada a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores. Entonces, también hay que poner ese agregado porque, si no, vamos a tener que algunos artículos solo se refieren a uno de los grupos en mención.

Nada más, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se abre un cuarto intermedio en esta materia.

Se aprueba en primera votación y exonera de segunda votación el nuevo texto, cuya aprobación se recomienda en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, del proyecto de Ley observado por el Poder Ejecutivo, que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de cons

trucción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la Carretera Longitudinal

de la Sierra



Dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, con un nuevo texto de la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo respecto de los proyectos de ley 857 y 1258/2011-CR y 1644/2012-CR, en virtud del cual se propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la Carretera Longitudinal de la Sierra.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes y Co-municaciones, que recomienda aprobar un nuevo texto sustitutorio de la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, sobre los proyectos de ley 857 y 1258/2011-CR y 1644/2012-CR, por los que se propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la Carretera Longitudinal de la Sierra.

Tiene la palabra el congresista Canches Guzmán, presidente de la Comisión de Transportes y Co-municaciones.

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Señor Presidente: Quiero transmitir a los colegas congresis-tas, por intermedio de la Mesa, el agradecimiento especial por haber aprobado anteriormente el proyecto de ley por unanimidad. Sin embargo,

hubo dos puntos que fueron materia de observa-ción de este proyecto, que es de suma urgencia y necesidad. Establecíamos plazos, pero nosotros no podemos darlos. Es como si estuviéramos dándole instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas, diciéndole que debe actuarse de cierta manera. La iniciativa legislativa debe ser neta-mente declarativa y por eso hemos presentado el siguiente dictamen sobre la autógrafa de ley de los proyectos 857 y 1258/2011-CR y 1644/2012-CR, observada por el Poder Ejecutivo.




La Comisión de Transportes y Comunicaciones, en su sesión del 5 de marzo de 2013, aprobó por unani-midad el dictamen recaído en la autógrafa de ley de los proyectos 857 y 1258/2011-CR y 1644/2012-CR, que declara de necesidad pública el mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la sierra, observada por el Poder Ejecutivo.

La Comisión ha dictaminado recomendar la apro-bación de un nuevo proyecto de la autógrafa de ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la sierra.

Este proyecto se enmarca dentro de los lineamien-tos de la política general del Estado, comprendido en el último Mensaje a la Nación del señor pre-sidente de la República. Con esta carretera se permitirá la interconexión de los pueblos dentro de los departamentos y entre las ciudades de la sierra, y unirá los departamentos de Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. La rehabilitación, mejoramiento y culminación de carreteras forman parte de la política pública de todo gobierno; un objetivo que contribuye al desa-rrollo e incremento de la productividad, optimiza la producción, comercialización y distribución de bienes, para hacer más competitivos a los pueblos de la sierra peruana, con prioridad y con un impac-to positivo para la población y para el país.

Señor Presidente, la Comisión de Transportes y Comunicaciones ha retirado de la autógrafa ob-servada los artículos 2 y 3, para que sea el Poder Ejecutivo el que realice las acciones necesarias para la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y culminación de la carretera. Simplemente se declara de nece-sidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la sierra.

Como ya mencioné, estamos presentando un nuevo texto, que ha sido netamente cambiado, acorde con las observaciones del Ejecutivo, y es netamente declarativo.

Por las razones expuestas, solicito al Pleno del Congreso de la República la aprobación del nuevo proyecto de la autógrafa de ley.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha concluido la sustentación del dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

En vista de que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para exponer las razones de su posición, en aplicación del tercer párrafo del inciso b) del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República.

Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Presidente: Este proyecto tiene una gran importancia para el Perú, sobre todo para la sierra de nuestro país.

Esta carretera también tiene una historia: se inspira, fundamentalmente, en el camino de los incas. Antiguamente, los pueblos del Perú andino se comunicaban longitudinalmente, y luego, du-rante la Colonia, se cambió esa integración; pasó de longitudinal a transversal, hacia la costa. Se cambió fundamentalmente porque, a través de la costa, se tenía una comunicación más rápida e inmediata, y era la única, con Europa, con la colonia y con España.

En ese sentido, esta carretera es de suma impor-tancia, porque busca la integración de los pueblos andinos; y, en esta oportunidad, también quiero aprovechar para pedir especial atención a los tramos del departamento de Cajamarca, funda-mentalmente al que va de Cutervo a Socota, San Andrés, Santo Tomás, Pinpingos y Cuica, así como al que se dirige al departamento de Piura.

Señor Presidente, Acción Popular y el Frente Am-plio consideran que este proyecto debe aprobarse por declarar el interés público.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Leonidas Huayama.

El señor HUAYAMA NEIRA (NGP).— Presidente: Esta carre-tera longitudinal de la sierra es de mucha importancia para todos los pueblos que se encuentran en toda la cordillera de los Andes de nuestro país. Así como la costa

tiene su carretera Panamericana —que va de Tumbes a Tacna—, los que vivimos en la sierra del país merecemos también una carretera que comprenda toda la cordillera de los Andes piurana y peruana.

Por intermedio de la Mesa, quiero poner en conocimiento de los colegas congresistas y de la



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opinión pública que, en lo que respecta al tramo de esa carretera que pasa por Piura, ya se está eje-cutando un proyecto por 241 millones de nuevos soles, gracias a la voluntad y acción política del gobierno del presidente Ollanta. Me estoy refirien-do al tramo que va desde Socchabamba —en la provincia de Ayabaca, en el límite fronterizo con el Ecuador—, pasa por la parte alta del distrito de Pacaipampa, ingresa al distrito de Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba, por la laguna Las Huaringas, y llega hasta la capital de Huancabamba; luego, continúa hasta Sondorillo y llega hasta Huarmaca para interconectar con la carretera Fernando Belaúnde Terry.

Entonces, un agradecimiento de parte de la po-blación de la sierra piurana por la ejecución de esta importante obra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En vista de que no hay ningún otro pedido para intervenir, va a realizar la exposición final el congresista Canches, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Señor Presidente, dada la comprensión de los colegas congre-sistas y que este es un proyecto pre-sentado por el Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional, por el Grupo Parlamentario Fujimorista y por el

Grupo Parlamentario Gana Perú, y considerando que se trata de un gran proyecto que es esperado por nuestros hermanos de la sierra, pido que se someta a votación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia para votar.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Luz Sal-gado, para una precisión.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Señor Presiden-te: Cuando estuve concediendo una entrevista en la sesión de la mañana, se realizó rápidamente la votación del Proyecto de Ley 1462/2012-GL, sobre la modifica-

ción de la Ley 29089, así como su exoneración de segunda votación y no pude votar; entonces, pido dejar constancia de que el sentido de mi voto es la abstención en ambos casos, pues figuro como ausente en esas dos votaciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se dejará constancia en el acta, congresista Luz Salgado.

Han registrado su asistencia 85 señores congre-sistas.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en pri-mera votación, por 82 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el nuevo texto del proyecto de Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, reha-bilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobado el nuevo texto.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Velásquez Quesquén, Portugal Catacora, Acuña Peralta, Benítez Rivas, Wong Pujada, Galarreta Velarde y Mendoza Frisch.

El resultado final es 89 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.




LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS NACIONAL LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONS-TRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ME-JORAMIENTO, Y LA CULMINACIÓN DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA

SIERRA

Artículo único. Declaración de necesidad pública y de interés nacional

Declárase de necesidad pública y de interés na-cional la ejecución de las obras de construcción,



rehabilitación y mejoramiento, y la culminación de la carretera Longitudinal de la Sierra, así como su conservación en los tramos norte, cen-tro y sur del país, con la finalidad de permitir la interconexión de los pueblos y ciudades de la sierra peruana.


“Primera votación del nuevo proyecto de la autógrafa de ley observada por el

Poder Ejecutivo respecto de los proyectos 857 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Núñez, Alcorta Suero, An-drade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cár-denas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Ze-garra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Gagó Pérez, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sar-miento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Canches, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Gracias, señor Presidente; y, por su intermedio, agradezco a los colegas congresistas.

Considerando que este proyecto ha esperado tanto tiempo para ser tratado y que su autógrafa

originalmente fue observada, pido que este nuevo texto sea exonerado de segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En atención a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de segunda votación.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 57 votos a favor, 24 en contra y una abs-tención, exonerar de segunda votación el nuevo texto del proyecto de Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culmi-nación de la carretera Longitudinal de la Sierra.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido acordada la exoneración de segunda votación.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Acuña Peralta, Benítez Rivas, Portugal Catacora, Mendoza Frisch, Wong Pujada y Ve-lásquez Quesquén.

El resultado final es 63 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención.

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo proyecto de la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo

respecto de los proyectos 857 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Núñez, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Coari Ma-mani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, García Belaunde, Gas-tañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Inga Vásquez, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta,



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Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Teves Quispe, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Díaz Dios, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Medina Ortiz, Mel-gar Valdez, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spa-daro Philipps, Tan de Inafuko y Tubino Arias Schreiber.

Señor congresista que se abstuvo: Beingolea Delgado.”

Reanudado el debate del proyecto de ley que propone precisar los alcances de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, dictaminado por la Comisión de Salud y Población, se acordó, vía cuestión previa,

el retorno a dicha comisión

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Prosiguiendo con la agenda, continúa el debate, iniciado en el Pleno el 14 de junio de 2012 e ingresado a un cuarto intermedio en esa fecha, del texto sustitutorio dictaminado por la Comisión de Salud y Población, recaído en el Pro-yecto de Ley 995/2011-CR, por el que se propone precisar los alcances de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

Al respecto, obraban los dictámenes en mayoría y minoría —suscrito este último por el congresista Yrupailla Montes—, cada cual con una fórmula sustitutoria, publicados ambos en el portal del Congreso el 14 de junio de 2012.

Sobre ese proyecto, la presidenta de la Comisión de Salud presentó un oficio mediante el cual puso en conocimiento del Pleno que, en la sesión de su comisión del 12 de setiembre de 2012, se había acordado solicitar el retorno del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 995/2011-CR a dicha instancia.

Se va a dar lectura al oficio en mención.


“Lima, 12 de setiembre de 2012

Oficio 138-2012-2013-CSP/CR

Señor Víctor Isla Rojas Presidente del Congreso de la República

Su Despacho.-

Es grato saludarlo cordialmente y manifestarle que la Comisión de Salud y Población, en su ter-cera sesión ordinaria celebrada el día de hoy 12 de setiembre, acordó solicitar al Consejo Directivo el regreso a la Comisión, que presido, del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 995-2011/CR, Ley que precisa los alcances de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, el mismo que se encuentra en el Orden del Día del Pleno del Congreso (cuarto intermedio) para un mejor estudio.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Karla M. Schaefer cuculiza, Presidenta de la Comisión de Salud y Pobla-ción”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En mérito al pedido formulado y de conformidad con lo que dispone el artículo 60 del Reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la cuestión previa planteada.

Puede intervenir, congresista Schaefer. Sírvase ser concisa.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Señor Presidente, solicito como cuestión previa, de acuerdo con el artículo 60 del Regla-mento del Congreso de la República, que el dictamen del Proyecto de Ley 995/2011-CR, que precisa los

alcances de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, regrese a la Comisión de Salud y Po-blación, para un mejor estudio.

Este pedido se fundamenta en razón de que han ingresado a la comisión diversas observaciones formuladas por el Sindicato de Químicos Farma-céuticos del Ministerio de Salud (SQF-Minsa), por la Red Peruana de Pacientes y Usuarios de los servicios de salud y, en especial, del Ministe-



rio de Economía y Finanzas (MEF), quienes se oponen a la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 995/2011-CR.

El informe del MEF llegó a la Comisión con fecha posterior a la aprobación del dictamen. En este se señala que no está de acuerdo con este proyecto de ley ni con el dictamen aprobado por la Comisión de Salud y Población, el cual se encuentra en un cuarto intermedio en el Pleno.

Las observaciones que se han hecho al proyecto son que introduce un obstáculo técnico innece-sario al comercio; viola el principio de recono-cimiento mutuo del ordenamiento nacional e internacional vigente; afecta negativamente la libre competencia por introducir un monopolio legal para el control de calidad de las medicinas, y viola compromisos de los acuerdos comerciales suscritos por el país.

Asimismo, hago de conocimiento de la Repre-sentación Nacional que este pedido responde a un acuerdo aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud y Población, con fecha 12 de septiembre de 2012.

Por lo expuesto, solicito que el dictamen del Pro-yecto de Ley 995/2011-CR regrese a la comisión que presido, para su mejor estudio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia para votar la cuestión previa.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quorum.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede intervenir, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Presidente, solo quiero dejar constancia expresa del sentido de mi voto a favor respecto al dictamen recaído en los proyectos de ley 402 y 1252/2011-CR.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Guevara, se dejará constancia en el acta de su voto a favor respecto a los proyectos de ley 402 y 1252/2011-CR.


Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 55 votos a favor, cuatro en contra y 25 absten-ciones, la cuestión previa planteada por la congresista Schaefer.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobada la cuestión previa; por lo tanto, el Proyecto de Ley 995/2011-CR, en debate, regre-sa a la Comisión de Salud y Población.

“Votación de la cuestión previa de la congresista Schaefer Cuculiza

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Becerril Ro-dríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Capuñay Quispe, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Lay Sun, León Romero, Lewis Del Alcázar, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Omonte Durand de Dyer, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schae-fer Cuculiza, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Urtecho Medina, Valle Ramírez y Wong Pujada.

Señores congresistas que votaron en contra: Gutiérrez Cóndor, Rivas Teixeira, Solórzano Flores y Zamudio Briceño.

Señores congresistas que se abstuvieron: Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Delgado Zegarra, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Mavila León, Mendoza Frisch, Nayap Kinin, Otárola Peñaran-da, Rimarachín Cabrera, Saavedra Vela, Tejada Galindo, Teves Quispe, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.”



748

En debate la fórmula sustitutoria del proyecto de ley —remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente—, contenida en el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que propone fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), se acuerda votar por separado la disposición complementaria final primera, referida a la escala remunerativa de los servidores de la Sunarp; y se pasa a un cuarto intermedio para la elaboración de un texto de consenso con la Comisión de Trabajo y

Seguridad Social



Dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en el Proyecto de Ley 1325/2011-PE —remitido con carácter de urgente por el Poder Ejecutivo—, por el que se propone fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), a fin de mo-dernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. Al respecto, con fecha 7 de marzo de 2013, la Junta de Portavoces había acordado la exoneración de dictamen de la Comisión de Tra-bajo y la correspondiente ampliación de agenda; y, con fecha 4 de abril, acordó exonerar del plazo de publicación en el portal del Congreso e incluir en la agenda el dictamen por unanimidad de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a iniciar la sustentación del dic-tamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en el Proyecto de Ley 1325/2011-CR, por el que se propone la Ley de Fortalecimiento a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), con el fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios.

Tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Ro-dríguez, presidenta de la Comisión de Justicia.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Pre-sidente: Traigo al Pleno, para su sustentación, el dictamen en ma-yoría recaído en el Proyecto de Ley 1325/2011-PE, remitido por el Poder

Ejecutivo con carácter de urgente, con el que se propone el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios.

Este proyecto tiene como objeto fortalecer la Sunarp, con el propósito de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios —por lo menos, ese es el objeto de la ley que figura en el artículo 1— implementando medidas efectivas de inclusión social, competitividad y eficiencia tecnológica en su prestación, conforme a las de-mandas ciudadanas.

Hay cuatro aspectos importantes que recoge el proyecto y que pasó a detallar.

En primer lugar, se plantea la modificación del artículo 6 de la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos, en cuanto a la conformación del sistema registral.

En segundo lugar, se plantea un tema que, en la práctica, no genera mayores problemas, porque lo que se hace es simplemente habilitar la incor-poración del capítulo v del título iv, referido a la regulación del Tribunal Registral, que es el tema que generó —como veremos en el análisis final— mayores controversias en el debate al interior de la comisión; y, en su momento, pasaré a exponer las propuestas que se hicieron en ambos sentidos.

El tercer tema que se regula, y en el que —me parece— hay absoluto consenso, es la autoriza-ción a la Sunarp para proponer al Ministerio de Economía y Finanzas una nueva escala remune-rativa durante el ejercicio fiscal 2012. Debemos entender que el proyecto de ley fue presentado en ese periodo, estrictamente en 2012. Se discutió en el año 2012 y, como estaba previsto que no se iba a poder discutir hasta el 2013, incorporamos una modificación en la primera disposición com-plementaria final, para que se entienda que está referido al presupuesto del año 2013.

El cuarto aspecto, que tampoco genera controver-sia, visto individualmente, es la realización de una evaluación por desempeño de los registradores públicos, funcionarios y servidores; esto se recoge en la segunda disposición complementaria final. (Cuadro 1).

Este es el texto sustitutorio recogido en el dic-tamen, que se logró aprobar tras casi cuatro sesiones. (Cuadros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).




Cuadro 1

Cuadro 2

ASPECTOS IMPORTANTES

La propuesta legislativa supone cuatro aspectos importantes para elSistema Registral:i. La modificación del artículo 6 de la Ley N° 26366, Ley de creación del

Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos encuanto a la conformación del Sistema Registral (Artículo 3 numeral3.1).

ii. La incorporación del Capítulo V del Título V referido a laregulación del Tribunal Registral (Artículo 3 numeral 3.2).

iii. La autorización a la SUNARP para proponer al Ministerio deEconomía y Finanzas una nueva escala remunerativadurante el presente Ejercicio Fiscal 2012 (PrimeraDisposición Complementaria Final).

iv. La realización de una evaluación por desempeño de losregistradores públicos, funcionarios y servidores (SegundaDisposición Complementaria Final).

TEXTO SUSTITUTORIO DICTAMEN

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Artículo 1. Objeto de la leyLa presente Ley tiene por objeto fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,Sunarp, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios, implementandomedidas efectivas de inclusión social, competitividad y eficiencia tecnológica en su prestación, deacuerdo a las nuevas demandas ciudadanas.

Artículo 2. Modificación de la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional y laSuperintendencia Nacional de los Registros Públicos

2.1. Modifícase el artículo 6 de la Ley 26366, Ley de creación de la SuperintendenciaNacional de los Registros Públicos, el cual queda redactado con el siguiente texto:

“Artículo 6.- Los registradores públicos que integran el Sistema, son nombrados por elórgano competente de cada registro. Para acceder al cargo se requiere ser peruano,abogado colegiado hábil y haber aprobado el concurso público de méritos supervisadopor la Sunarp y de acuerdo al reglamento respectivo que para tal efecto expedirá estaentidad”.



2.2 Incorpórase en la Ley 26366, Ley de creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Capítulo V del Título IV, de acuerdo al siguiente texto

“Capítulo VTRIBUNAL REGISTRAL

Artículo 23.- Tribunal RegistralEl Tribunal Registral es el órgano que conoce en segunda y última instancia administrativa registral los recursos de apelación interpuestos contra las denegatorias de inscripción y demás actos registrales expedidos por los registradores en primera instancia.El Tribunal Registral tiene competencia nacional y está conformado por Salas descentralizadas e itinerantes, cuyo número y lugar de ubicación es determinado por el Directorio de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Sunarp.

Artículo 24.- Vocales del Tribunal RegistralLos Vocales del Tribunal Registral son nombrados por el Superintendente Nacional, previo concurso público de méritos, y son sometidos a un proceso de ratificación cada cinco años.

Cuadro 3



750

Cuadro 4

Cuadro 5



Artículo 25.- Proceso de ratificación de los vocales del Tribunal RegistralEl proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral está a cargo de una Comisión ad hoc, conformada por:

Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien la presidirá.Un representante del Poder Judicial.Un representante de los Colegios de Notarios del país.Un representante de los Colegios de Abogados del país.Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores.

Artículo 26.- Funciones del Tribunal RegistralSon funciones del Tribunal Registral:Conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra las denegatorias de inscripción y demás decisiones de los registradores.Verificar, en el ejercicio de su función, el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, así como de los precedentes de observancia obligatoria, por parte de los registradores, dando cuenta a la Gerencia Registral y al superintendente nacional de las irregularidades detectadas.Aprobar precedentes de observancia obligatoria en los Plenos Registrales que, para el efecto, se convoquen.Emitir opinión sobre los asuntos que la Superintendencia Nacional someta a su consideración.Ejercer las demás funciones inherentes a su naturaleza o que le sean asignadas por la Superintendencia Nacional.



Artículo 27.- Presidente del Tribunal Registral y presidente de SalaEl presidente del Tribunal Registral es elegido por los vocales titulares en votación secreta, por el período de un año, computado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año.El presidente de cada una de las Salas es elegido por los integrantes de la respectiva Sala, por el período de un año, computado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año. No procede la reelección inmediata. En caso de no obtenerse la mayoría necesaria, la presidencia de la Sala corresponde al vocal más antiguo.

Artículo 28.- Funciones del presidente del Tribunal RegistralSon funciones del presidente del Tribunal Registral:Convocar y presidir las sesiones de Sala Plena.Designar al vocal que desempeñe las funciones de secretario técnico del tribunal Registral en las sesiones de Sala Plena.Ejecutar los acuerdos adoptados en Sala Plena.Velar por la adecuada marcha administrativa del Tribunal Registral.Coordinar con los órganos de las entidades públicas vinculados a su competencia.Las demás funciones inherentes al cargo o que le sean asignadas por el superintendente nacional.


LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOSArtículo 29.- Requisitos para ser vocal del Tribunal Registral:Son requisitos para acceder al cargo de Vocal del Tribunal Registral:Tener título profesional de abogado, con colegiatura hábil.Acreditar capacitación especializada en materia registral, civil y mercantil.Acreditar experiencia profesional no menor de diez años, de los cuales cinco años correspondan al ámbito registral.Contar con reconocida solvencia moral.No contar con antecedentes policiales, judiciales y penales.No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado.Artículo 30.- Causales de ceseSon causales de cese del cargo de vocal del Tribunal Registral, las siguientes:Fallecimiento.Incapacidad permanente.Renuncia aceptada.Impedimento legal sobreviniente a la designación.Remoción por falta grave.Inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a cinco no consecutivas, en el período de un año.Las demás causales de despido previstas en el Decreto Legislativo 728.No ratificación en el cargo”.

Cuadro 6



Cuadro 7

Cuadro 8



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. AutorizaciónEn el marco del proceso de la implementación de la presente ley, autorízase a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Sunarp a proponer al Ministerio de Economía y Finanzas una nueva escala remunerativa, de acuerdo al procedimiento establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para lo cual queda exceptuada de lo dispuesto sobre el particular en la Ley 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 y en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.El financiamiento de la implementación de la nueva escala remunerativa será efectuado con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp, y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.



SEGUNDA. EvaluaciónLa Sunarp efectuará la evaluación por desempeño de los registradores públicos, funcionarios y servidores, conforme al marco legal regulado en el Decreto Legislativo 1025, que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el Sector Público, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 009-2010-PCM.



DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIAÚNICA. Alcances de la presente LeyEn un plazo no menor de tres años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, se lleva a cabo un proceso de ratificación de la mitad del número de cargos del actual Tribunal Registral, en base al criterio de antigüedad, a cargo de la Comisión Ad Hoc señalada en el artículo 25 de la Ley 26366 Ley de creación del Sistema Nacional y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, incorporado por la presente ley y conforme a los principios establecidos en la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. En caso de existir cargos vacantes por cubrir luego de este primer proceso de ratificación, debe convocarse inmediatamente a concurso público de méritos para tal efecto.En el plazo no menor de dos años contados a partir de la fecha en que se cubra el total de los cargos sometidos al primer proceso de ratificación, se lleva a cabo un segundo proceso de ratificación para los miembros del actual Tribunal Registral que no participaron en aquél.Culminado este segundo proceso de ratificación, debe convocarse inmediatamente a concurso público de méritos para cubrir la totalidad de cargos vacantes del Tribunal Registral.El plazo establecido para la ratificación señalado en el artículo 24 de la Ley 26366 Ley de creación del Sistema Nacional y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, incorporado por la presente ley, se empieza a computar a partir del momento en que se cubran los cargos de Vocales del Tribunal Registral sujetos a ratificación, en cada uno de los procesos aludidos”.

Cuadro 9



752

A continuación, voy a detenerme solo en aquellos aspectos que fueron motivo de controversia.

Se cuestionó el objeto de la ley porque pretender relacionar el tema de los aumentos de remunera-ciones con una modificación al Tribunal Registral era perderse en sí mismo, pues podía terminar enfrentando a los registradores públicos con los vocales del Tribunal Registral.

Finalmente se logró superar esas dificultades y se aprobó un texto sustitutorio, pero se mantuvo la diferencia respecto a la necesidad de tratar el tema del Tribunal Registral como tal. Esa es básicamente la discrepancia fundamental y que seguramente sustentarán quienes, en su momen-to, optaron por una posición distinta, porque este dictamen se aprobó en mayoría. Por más esfuerzos que se hicieron, lamentablemente no consiguió ser aprobado por unanimidad.

Con el artículo 2 —no voy a detallarlo—, simple-mente se habilita la incorporación del capítulo v del título iv, con el que se da un sistema distinto al Tribunal Registral. Los vocales de ese tribunal, naturalmente, eran elegidos y, obviamente, podían ser separados del tribunal por acciones dolosas o causales establecidas, pero era un cargo que se elegía por cualidades profesionales y personales y era de por vida; es decir, no tenía un plazo perentorio, como sucede en otros órganos admi-nistrativos similares. En el texto sustitutorio se propone incorporar que los cargos del tribunal duran cinco años. La crítica sobre ese punto se centra en que esa propuesta debería aplicarse, en todo caso, para quienes ingresen en ese tribunal a partir de la dación de la norma y no retroacti-vamente; esa es básicamente la crítica sobre este tema, sustentada, obviamente, en el derecho al trabajo, en el derecho a la seguridad jurídica y demás. La posición contraria es que nadie debe tener un cargo eternamente y que, en todo caso, este sistema se aplica para todos; pero se logró una fórmula intermedia para que —reconociendo el expertise— no se haga el cambio de todo el tri-bunal, sino de una parte, lo que fue recogido en la disposición complementaria transitoria única.

Repito, el problema principal se centra en el Tribunal Registral, en la forma de elección, en el proceso de ratificación de los vocales. Para que, por lo menos, hubiera menos rechazo al proyecto, se planteó que el tribunal ad hoc se forme lejos de la actual Sunarp, para que no se pudiera pen-sar que habría algún tipo de interferencia; sin embargo, eso no logró satisfacer las demandas legítimas de algunos miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que seguramente lo sustentarán.

Aun cuando no esté conforme del todo con el ciento por ciento del texto me corresponde defender el que finalmente se aprobó en la Comisión.

En la propuesta también se especifican las funcio-nes del Tribunal Registral, respecto de las cuales no hay oposición; y pasamos luego al tema del presidente del Tribunal Registral y presidente de Sala, al de las funciones del presidente de dicho tribunal, al de los requisitos para ser vocal del Tribunal Registral y, por último, al de las causales de cese. En este punto se cuestiona que solo se aplique a los miembros del Tribunal Registral que habían sido elegidos con un formato diferente.

Respecto a las disposiciones complementarias finales, la primera de ellas es, en realidad, la más importante para los registradores, porque ellos hacen un esfuerzo denodado y, además, un trabajo reconocido por su importancia y por las preocupa-ciones de que esto esté vinculado a la modificación de otro tipo de sectores. En el marco del proceso, se reconoce la posibilidad de establecer una nueva escala remunerativa, efectuada obviamente con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp y que no va a demandar ningún gasto adicional.

La segunda disposición complementaria es una evaluación por desempeño para los registradores, conforme al marco legal regulado en el Decreto Legislativo 1025. Hay una regulación de 60 días y están los alcances de la presente ley, que esta-blece la forma como van a ser elegidos los nuevos miembros del tribunal.

Entiendo que hay un predictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en un sentido parcialmente distinto; espero que podamos tener un texto final que cuente con su aprobación.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Antes de que intervenga el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la Presidencia, la Mesa Directiva y el Pleno del Congreso saludan a los niños y jóvenes miembros de la Orquesta Sinfónica Andina Juvenil de Che-cacupe, provincia de Sicuani, departamento del Cusco, así como a su alcalde, señor Alejos Valdez, y a su cuerpo de regidores.

(Aplausos).

Al respecto, se pone en conocimiento que dicha orquesta se presentará mañana viernes 5 de abril a las siete y media de la noche en el Teatro Inca del Ministerio de Cultura.



Continuando con el desarrollo de la sesión, tiene la palabra el congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente, le pido que disponga el funcionamiento del pro-yector de diapositivas, para apoyar la exposición y sustentación del dictamen.

Señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Mientras se termina de preparar el equipo, la Orquesta Sinfónica Andina Juvenil de Checacupe va a interpretar una conocida pieza musical.

(La Orquesta Sinfónica Andina Juvenil de Checacupe de Sicuani, Departamento del Cus-co, interpreta una melodía en las galerías de la Sala).

Felicitamos a la Orquesta Sinfónica Andina Ju-venil de Checacupe.

Continuando con la sesión, tiene la palabra el congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Muchas gracias, Presidente. Es el marco perfecto para tocar un tema tan importante.

Por intermedio de la Mesa, hacemos llegar nuestro saludo y reconoci-

miento a los niños de la orquesta que nos ha acom-pañado hoy con esa interpretación musical; una situación sin precedentes, si no me equivoco.

Presidente, la Comisión de Trabajo y Seguri-dad Social ha evaluado también el Proyecto 1325/2011-PE, del Poder Ejecutivo, en calidad de segunda comisión dictaminadora.

A pesar de tener evidentes connotaciones labora-les, dicho proyecto fue derivado inicialmente solo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y eso, evidentemente, generó en su momento también un reclamo por parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

La comisión que presido ha realizado un análisis crítico desde un punto de vista que, evidentemen-te, es diferente del de la Comisión de Justicia, ya que resaltamos, sobre todo, los temas laborales que, insisto, son evidentes en este proyecto del Poder Ejecutivo.

La Superintendencia Nacional de Registros Pú-blico tiene por finalidad, como todos sabemos, otorgar seguridad jurídica respecto de la titula-ridad de los derechos, actos y contratos que en

él se registran, así como mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función registral del país.

A pesar de que los ingresos directamente recau-dados por esta institución son considerables, sus trabajadores no han visto mejoras en su remune-ración desde hace varios años. Esa situación ha generado, además del natural malestar, la salida de personal en busca de mejores ingresos.

Se hace necesario, por tanto, un adecuado incre-mento y homologación de las remuneraciones para los trabajadores del Sistema Registral, a través de una racional escala salarial que abarque a los funcionarios y servidores.

Asimismo, se requiere fortalecer su plataforma tecnológica e infraestructura, a fin de brindar un mejor servicio de calificación registral a nivel nacional.

El artículo 1 se refiere al objeto de la ley y se señala que se busca modernizar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios que brinda la Sunarp, implementando medidas efectivas de competitividad y eficiencia tecnológica.

El artículo 2 establece que la Sunarp efectúa la evaluación por desempeño de los funcionarios y servidores, conforme al marco legal regulado en el Decreto Legislativo 1025 y su Reglamento.

De la misma forma, con el artículo 3, se autoriza a la Sunarp para proponer al Ministerio de Econo-mía y Finanzas una nueva escala remunerativa, para lo cual queda exceptuada de lo dispuesto sobre el particular en la Ley 29951, Ley de Presu-puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. Es importante señalar al Pleno del Congreso de la República que hemos solicitado reiteradas veces, tanto a la Sunarp como al Ministerio de Economía, que nos alcancen el borrador o proyecto de esa nueva escala remunerativa. Sin embargo, nos han respondido que en este momento no tienen una propuesta final. Allí también se establece que el financiamiento de la implementación de la nueva escala remunerativa será efectuado con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

El artículo 4 del texto sustitutorio del dictamen de la Comisión de Trabajo dispone que la Superin-tendencia Nacional de los Registros Públicos debe utilizar un porcentaje no menor del 20 % de los ingresos propios recaudados en la infraestructura y en la renovación del equipamiento tecnológico para mejorar su eficiencia.



754

Consideramos que la propuesta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social respecto al sistema registral peruano es el más adecuado.

Además, consideramos que los temas que más diferencias pueden generar en este asunto son los que se exponen a continuación.

Respecto a la propuesta de ratificación de los miembros del Tribunal Registral, esta comisión considera que eso constituiría un acto que colisio-na con los derechos constitucionales, a razón de que los vocales de la Sala del Tribunal Registral, en el ejercicio actual de sus funciones, por haber sido designados a plazo indefinido y por estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada, se les aplica las disposiciones establecidas en la Constitución y en el Decreto Legislativo 728. Di-cho decreto establece que solo pueden ser cesados en el supuesto de que hubieren incurrido en una causal de causa justa contemplada en la ley. El argumento de que este sería el único tribunal que no está sujeto a ratificación, en realidad, eso es un activo, una fortaleza de este tribunal, porque de alguna manera se encuentra blindado frente a cambios políticos que muchas veces producen de alguna manera interferencias en la parte técnica que debería tener el manejo de la Sunarp.

Respecto a la propuesta de que la Sunarp realice la evaluación por desempeño de los registradores públicos, así como de los demás funcionarios y servidores, consideramos que dicha evaluación debe realizarse conforme al marco legal regulado en el Decreto Legislativo 1025, que aprueba nor-mas de capacitación y rendimiento para el sector público, y su Reglamento, el Decreto Supremo 009/2010-PCM.

Dichas normas de evaluación de desempeño se encuentran vigentes y deben ser aplicadas a todos los organismos públicos y, entre ellos, al personal del Sistema Nacional de los Registros Públicos. De creársele un procedimiento de evaluación de carácter especial, estaríamos colisionando obviamente con el derecho de igualdad, un de-recho fundamental que está regulado —como sabemos— en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

En resumen, este es el punto de vista de la Comi-sión de Trabajo y solicitamos que sea aprobado por el Pleno del Congreso de la República.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Señor Presidente: Saludo que estos días hayan sido de reflexión y que casi unánimemente se haya entendido la importancia de esta norma.

En primer lugar, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en efecto, cobra tasas por el servicio de registro que brinda, lo cual genera que tenga una situación especial con la que tranquilamente puede mejorar la condición laboral de sus trabajadores. Con el dispositivo propuesto, precisamente, se pretende que los trabajadores obtengan ingresos adicionales por la importante función que cumplen: seguridad jurídica, como garantía de un Estado moderno, y predictibilidad.

La Sunarp no es una mera institución de control; otorga la publicidad efecto, que en doctrina es fundamental e importante para la seguridad jurídica.

¿Por qué un doble tratamiento?, ¿por qué se propone la ratificación para los miembros del Tribunal Registral? Los registradores del Tribu-nal Registral son jueces de títulos; no se trata de cualquier funcionario que califica; tienen compe-tencia, tienen jurisdicción y resuelven en última instancia administrativa.

Los miembros del Tribunal Registral no son más de veinte o treinta; ellos no pueden estas enquis-tados durante décadas, pues, por la importante función que cumplen, deben ser ratificados.

Si todos los jueces son ratificados, ¿por qué no se puede proceder así con los del Tribunal Registral, a los que se les denomina jueces de títulos? Cosa distinta sucede con los registradores, por la can-tidad que representan sería imposible que pasen por un proceso de ratificación. Se debe hacer un proceso de evaluación interna, pues la Super-intendencia Nacional de Registros Públicos no cuenta con un ente especializado como el Consejo Nacional de la Magistratura para ratificar a tal número de funcionarios.

Es por eso que se da un tratamiento distinto en la norma propuesta, lo cual me parece realista y correcto. Nuestra bancada va a apoyar decidida-mente este proyecto que reivindica a los servidores de la seguridad jurídica.

Muchas gracias.




La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Presidente: Tal como lo señalamos en reiteradas oportunidades en las sesiones de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, este tema inicialmente vino amarrado a una condición. Se

les dijo a los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que iban a obtener una mejora en sus remuneracio-nes siempre y cuando el Congreso aprobase este proyecto que, desde mi punto de vista —que voy a sustentar—, lo único que quiere es descabezar, destruir al tribunal del servicio registral.

¿Por qué razón se quiere descabezar al Tribu-nal Registral? Porque algunos consideran que este tribunal fue conformado por personas que vienen trabajando en la Sunarp desde la década del noventa, como gran parte de las institucio-nes en el Perú, pues en esa década se hizo una reforma estructural, que es la que ha permitido que nuestro país llegue a los estándares que hoy alcanza. Pues bien, algunos consideran, en su miopía, que esa situación debe acabar; consideran que deben ser sustituidas esas personas, que son reconocidas a nivel internacional por su alta cali-ficación y preparación en la Sunarp, a tal punto que, de los millones de actos registrales que se realizan, es ínfimo el porcentaje que es materia de contradicción judicial.

Sin embargo, han puesto la vista sobre el Tri-bunal Registral porque ahí se ven temas muy importantes, como la constitución de empresas, la propiedad. En ese tribunal se ve una serie de datos y de actos jurídicos relacionados con la vida económica y personal de los ciudadanos.

Y voy a probar que lo único que se quiere aquí es descabezar al Tribunal Registral. Saludo el esfuer-zo de la señora presidenta de la Comisión de Jus-ticia, porque hemos tenido sesiones larguísimas y con no pocos incidentes. En este dictamen, cuando se habla de los registradores, se dice, por ejemplo, que tienen que tener nacionalidad peruana. Sin embargo, cuando se habla del Tribunal Registral, ni siquiera se menciona que sus miembros deben tener nacionalidad peruana. Cuando se habla de los registradores, se dice que tienen que ingresar por concurso; pero, cuando se habla del tribunal, ni siquiera se menciona el concurso. Es más, en la disposición complementaria transitoria única aparece que la mitad del número de cargos del Tribunal Registral van a ser sometidos a un proceso de ratificación en un plazo no menor de tres años de dictada esta norma, a cargo de una comisión ad hoc. Pero ¿quiénes conforman esa comisión ad hoc?

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— La comisión ad hoc está conformada por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante del Poder Judicial, un representante del Colegio de Notarios del país, un representante de los Colegios de Abo-gados del país, un representante de la Asamblea Nacional de Rectores.

Entonces, esta comisión ad hoc verá el proceso de ratificación de la mitad de los miembros actuales del Tribunal Registral. Una vez que, a consecuen-cia de ese proceso, haya vacantes, estas van a ser cubiertas —ahí sí se dice— por un concurso públi-co, y dos años después se someterá nuevamente a proceso de ratificación a la mitad restante que no entró en el primer proceso y también dice que se van a cubrir las vacantes por esta comisión ad hoc. Sin embargo, a continuación dice: “Culmi-nado este segundo proceso de ratificación, debe convocarse inmediatamente a concurso público de méritos para cubrir la totalidad de cargos vacantes del Tribunal Registral”. Entonces, todo esto está ideado para descabezar, para cambiar, porque me imagino que hay intereses que señalan que algunos que están ahora en el sistema pueden ascender mediante este proceso de ratificación para ser miembros del Tribunal Registral.

Se dice que los miembros del Tribunal Registral tienen que ser sometidos a una ratificación como si fueran jueces. Los miembros del Tribunal Registral no son jueces, no son magistrados. El Tribunal es una instancia administrativa; por lo tanto, si están sujetos a la ley laboral privada, como todo trabajador de la ley laboral privada, pueden y deben ser objeto de fiscalización y de evaluación; y si no es un buen trabajador, como sucede con cual-quier trabajador de la actividad privada, puede ser removido. No se necesita hacer esa diferenciación entre registradores y miembros del Tribunal. ¿Por qué a los registradores, que también están sujetos a la ley privada, no se les somete al mismo proceso de ratificación si, al final, son una instancia dentro del proceso administrativo?

Entonces, nosotros advertimos que aquí hay algo que no es muy claro...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase terminar su intervención, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— ... y, reitero, se ha querido enganchar



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este tema al de las remuneraciones; y, sin embar-go, hemos visto que en la aprobación de la última ley de presupuesto se le quita a la Sunarp nada más ni nada menos que cien millones de nuevos soles. Es una entidad que necesita modernizar-se, que necesita implementarse, con la logística necesaria para modernizarla y que siga siendo una entidad eficiente.

Por lo tanto, esto nos parece una inadecuada intromisión y que se quiere meter la mano donde no se debe. Si una institución está funcionando bien, que siga avanzando bien; pero que no se le introduzca estos elementos, que pueden ser disturbadores y que además puede significar perder el conocimiento acumulado, la experiencia acumulada por personas que vienen trabajando desde hace más de una década.

Se quiere castigar la antigüedad, la especializa-ción, el conocimiento de los trabajadores: ese es el mensaje que se quiere dar. Se quiere cambiar la institucionalidad por la precariedad; creo que este proyecto cambia eso.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Señor Presidente: Creo que en el Perú, de alguna ma-nera, debemos avalar y fomentar la alta calidad de nuestros funcionarios y técnicos en la admi-nistración pública. No se trata de descabezar el Tribunal Registral y a los vocales que lo integran; todo lo contrario. Lo que queremos es llegar a un funcionamiento de alta calidad, de alta jerarquía dentro de la administración pública. En ese as-pecto, concordamos plenamente con el proyecto de ley en debate. En este tema no hay una mano política, una mano que enturbie el proceso de evaluación propuesto. Así sea una instancia...

Presidente, el congresista Otárola me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Señor Presidente, no se trata de hacer escarnio con los actuales vocales del Tribunal Registral. Conozco a muchos de ellos y son de primer nivel, con una integridad académica y ética sólidas,

y estoy absolutamente seguro de que ellos, con holgura, van a pasar los procesos de ratificación, y eso lo puede hacer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Pretender que la Sunarp ratifique a todos los registradores es materialmente imposible; se tendría que crear una comisión como el Consejo Nacional de la Magistratura; una comisión especial con personal, secretarias y todo un equipo de asesores para po-der evaluar a tantas personas; consiguientemente, por eso se hace la diferenciación, entendiendo que el vocal del Tribunal Registral no es cualquier persona. Es un juez de títulos que resuelve en última instancia sobre temas de propiedad y seguridad jurídica.

Por ello, el espíritu de la norma propuesta es bue-no; hay que saber leerla y no malinterpretarla.

Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradez-co al congresista por la interrupción concedida.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase continuar, congresista Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Presi-dente, la congresista Chávez me está pidiendo que le conceda la segunda interrupción; con su venia, se la concedo.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Chehade.

Esa propuesta es como si acá, en el Congreso, pretendiéramos someter

a proceso de ratificación a los más de mil traba-jadores que lo integran, a los asesores; y no nos estamos refiriendo al personal administrativo de rango inferior, sino a todo el personal de rango superior.

No debe someterse a proceso de ratificación a nadie. Si una institución está funcionando ade-cuadamente, perdamos el tiempo más bien en analizar la manera de dotar a esa institución de una mejor logística, de una mejor informatiza-ción, y no tratemos de descabezar a un tribunal superior que está funcionando bien, ¿o es que acaso tenemos algún interés de meter a algunas personas ahí?

Habiendo tantas cosas por hacer, habiéndose denunciado, por ejemplo, tanto defectos en pro-



gramas sociales como el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, ¿por qué per-der el tiempo en propuestas para una institución que está funcionando adecuadamente? Eso es lo que no tiene ningún sentido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Gracias, Presidente.

Respeto las declaraciones de la congresista Martha Chávez, pero el Programa Nacional de Alimen-tación Escolar Qali Warma no está

en debate y no tiene ninguna relación con la institución de la que estamos hablando en estos momentos. Pero, en todo caso, no se trata de que, por el hecho de que no sean jueces, entonces, no deban ser evaluados o ratificados; no tiene nada que ver el hecho de que sean o no magistrados.

Si mal no recuerdo, el Tribunal Registral es una de las pocas instituciones administrativas —si no la única— cuyo personal no es evaluado en nuestro sistema de administración pública; por lo tanto, si hay, además, la capacidad para evaluar a dieciséis miembros, hay que hacerlo; hay que llegar a hacerlo para lograr la eficiencia.

Es verdad que no se puede —como dijo el con-gresista Otárola— evaluar a más de seiscientos registradores en todo el país; necesitaríamos una institución especial para dicha evaluación. En cambio, a cinco salas, a dieciséis vocales que conforman las cinco salas más al presidente de este Tribunal Registral sí podemos evaluarlos, máxime teniendo en cuenta que son un órgano de última y segunda instancia.

La mayor parte de los vocales del Tribunal Registral —me han alcanzado la lista— tienen, en efecto, más de una década en el cargo, y son los siguientes: Rolando Acosta Sánchez, trece años y ocho meses; Álamo Hidalgo, doce años y diez días; Nora Aldana, diecisiete años y diez días; Aliago Aripata... En fin, todos esos vocales tienen más de diez años en los cargos, entonces, seguramente ellos responderán a esta evaluación de una manera técnica, de una manera eficiente, porque por algo ocupan eso cargos por más de una década. Entonces, ¿por qué tener miedo a la evaluación?, ¿por qué tener miedo de llegar a la excelencia en la administración pública?

En este tema no hay ningún interés político turbio, no hay ninguna mano negra que quiera poner a determinado funcionario. No pequemos de suspicaces simplemente por tratar de tirarse abajo un proyecto.

En todo caso, felicito a los autores del proyecto. Este es un proyecto que, además, cuenta con el aval del Poder Ejecutivo, y nuestro voto va a ser a favor de la evaluación y a favor de este proyec-to, que lleva a todos los peruanos a través de la eficiencia en la administración pública.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Molina.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Señor Presidente: En primer lugar, quiero felicitar la presentación de este proyecto de ley tan importante, que va a solucionar una serie de conflictos al interior de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

El objeto de esta norma es modernizar y mejorar la calidad de los servicios de la Sunarp. En ese entendido, la Superintendencia tiene por fina-lidad brindar seguridad jurídica y titularidad a aquellos que acudan a esta para registrar su bien o título de propiedad. En esas circunstancias, nuestro ordenamiento jurídico no contempla una regulación referida al Tribunal Registral como órgano de segunda instancia que tiene por finalidad resolver los recursos de apela-ción. Por eso, creo que es importante que los miembros del Tribunal sean sometidos a una ratificación cada cinco años, tal como se hace en los otros órganos del Estado como, por ejemplo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y demás instituciones.

No podemos aceptar...

Señor Presidente, me está pidiendo una inte-rrupción la congresista Salgado; con su venia, se la concedo.

—Asume la Presidencia el señor Juan Carlos Eguren Neuenschwander.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congre-sista Luz Salgado.



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La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Gracias, Presiden-te; y, por su intermedio, agradezco al colega por la interrupción.

Provengo de la administración pú-blica y siempre nos han evaluado, y

nadie se opone a estas; son evaluaciones por mé-rito. Sin embargo, en la disposición complemen-taria transitoria de la propuesta hay un criterio discriminatorio, porque directamente dice: “[...] en base al criterio de antigüedad [...]”. “¡Oye, solamente los viejos van a ser examinados!” ¡No puede ser! El criterio debe ser el de los méritos, no el de la antigüedad. Entonces, esta propuesta sí induce a sospechas. En todo caso, si hay buena intención, queremos que la Superintendencia Nacional de los Servidores Públicos (Sunarp) siga trabajando bien; queremos que los funcionarios sean bien evaluados, que ganen bien. ¿Por qué no se adopta el artículo 2 del dictamen sustentado por el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, aprobado en mayoría, con el que se propone efectuar una evaluación por des-empeño de todos los funcionarios y servidores, pero no con estas discriminaciones? Eso es muy sintomático.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase continuar, congresista Molina.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— En ese sentido, queremos responder que, en efecto, para una calidad en el servicio se requiere que los miembros del Tribunal Re-gistral sean sometidos a un proceso de ratificación, tal como ya lo he mencionado.

Todos los funcionarios públicos, todos los que trabajan en el Ministerio Público, el Poder Judi-cial y el Indecopi, entre otras instituciones, así como todas las instituciones públicas se someten a este proceso de ratificación, que simplemente dura cinco años. No podemos aceptar que estos funcionarios del Tribunal Registral sean eternos, inamovibles. No podemos aceptarlo. Por lo tanto, creo que es importante, para un servicio idóneo —que es justamente de lo que habla la congre-sista—, que no solo se sometan a un proceso de evaluación los integrantes del Tribunal Registral, sino también los registradores públicos y los fun-cionarios. Esto significa que debemos someter a todos los funcionarios públicos a este proceso.

Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Díaz; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias, Presidente.

En efecto, eso es lo que hemos venido advirtiendo desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Por un lado, se ha amarrado un proyecto

de aumento de salarios a los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públi-cos; sin embargo —lo repetimos—, hasta la fecha no tienen clara su nueva escala remunerativa. Han mandado a hacer una consultoría y nos han dicho en la Comisión de Trabajo que se planea que probablemente esté lista a fin de año.

Por otro lado, no solo se quiere evaluar, porque una cosa es evaluar y otra ratificar. La ratifica-ción tiene relación con la política, y estamos en contra de una ratificación política; ¡que se evalúe!, obviamente. A los vocales del Tribunal Registral se les tiene que evaluar, pero además hay que considerar que ya tienen una normativa según la cual pueden permanecer en su puesto —a menos que se les demuestre ineficiencia o corrupción—, pero mediante un proceso con reglas claras, que ya están vigentes, y no con nuevas reglas. Y, como bien ha dicho el congresista que está haciendo uso de la palabra, también se pretende hacer una evaluación especial al resto de registradores públicos. También estamos en contra de eso y estamos advirtiendo que, obviamente, se debe evaluar a los registradores, pero mediante las normas vigentes. Ellos han sido contratados bajo el Decreto Legislativo 728. Además, queremos que se respeten las normas de capacitación y rendi-miento para el sector público y su Reglamento, el Decreto Supremo 009-2010-PCM, en el general Decreto Legislativo 1025.

Esas son las grandes diferencias. Estamos de acuerdo con la evaluación, pero de ninguna manera con la ratificación política; porque esa ratificación de los integrantes del Tribunal Re-gistral podría acordarse bien en una cena o en un restaurante lujoso.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase terminar con su intervención, congresista Molina.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Gra-cias, señor Presidente.



La ratificación significa modernizar la Sunarp. Además de eso, no se puede permitir ni aceptar que dieciséis funcionarios públicos del Tribunal Registral estén atornillados durante veinte años en el cargo y que sean inamovibles.

Creo que el pueblo peruano está pidiendo que, efectivamente, se realice esta ratificación y, ob-viamente, que se integre en la evaluación a todos los funcionarios.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Casio Huaire.

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Señor Presidente, me está pidiendo una inte-rrupción el congresista Becerril; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Gracias, Presi-dente; y, por su intermedio, agra-dezco al colega Casio Huaire.

En realidad, estamos viendo que con esta propuesta pretenden descabe-

zar a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), porque se manifiesta que se hará ratificación, mas no evaluación; no se hará una evaluación de los trabajadores jóvenes y de lo más antiguos con las mismas posibilidades. Acá no se plantea eso; de antemano se propone la ratificación, pero ¿bajo qué criterio? El de la antigüedad; vale decir, que de antemano saben ya que los que van a salir de sus cargos son los empleados antiguos. ¿Saldrán acaso por qué intuyen que los trabajadores más antiguos no tienen capacidad, o acaso están diciendo que los empleados antiguos son corruptos y que los trabajadores jóvenes no lo son?

¡Por favor, este proyecto no puede pasar! En él se habla de ratificación y, por tanto, se quiere hacer una razia —¡una vez más!— de estos trabajadores, para tratar de colocar en esos cargos a sus aliados políticos. Están haciendo un copamiento de las entidades públicas de una forma camuflada.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Huaire.

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Señor Presi-dente: Este es un tema en el que, realmente, nadie va a estar en desacuerdo; se tiene que evaluar a todos los funcionarios. Sin embargo, vivimos en el tiempo de la competiti-

vidad, por lo que es fundamental el fortalecimiento de nuestras instituciones a través de diversas normas, principalmente la presente. Pero se tiene que corregir la fórmula legal propuesta en algunos puntos, porque no hay una articulación entre el capital humano, para lograr los productos, y la esencia del objetivo de la ley.

En el artículo 1, por ejemplo, se menciona que el objetivo es fortalecer la Superintendencia Na-cional de los Registros Públicos (Sunarp) para modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios, implementando las medidas efectivas de inclusión social, competitividad y eficiencia tecnológica en su prestación de acuerdo a las nuevas demandas ciudadanas.

Señor Presidente, ¿de qué inclusión social pode-mos hablar? Hace poco tuvimos una reunión en mi región con el sector de construcción y la Cámara de Comercio, donde se trataron problemas relativos a la discrepancia entre los catastros de la Munici-palidad Provincial de Huancayo y el catastro que utiliza la Sunarp. Y no creo que eso suceda solo en mi región. Este problema debe darse en todo el país, a tal punto que los registradores zonales tan solo se limitan a operar con sus propios catastros, sin tomar la iniciativa de resolver este impasse con los diferentes municipios, mostrando así el enfoque clásico de trabajo por objetivos y no como el que se realiza a la fecha, con el que se busca organizaciones flexibles e inteligentes en el marco de enfoques de procesos y resultados.

Con estas actitudes, lo que se está promoviendo es ahuyentar la inversión privada en proyectos de edificación para el crecimiento vertical de la ciudad, que es urgente para la solución de sus problemas.

Asimismo, frente a las discrepancias entre los catastros urbanos de las municipalidades y la Sunarp, ¿cómo se explica que se sigan construyen-do edificios, muchas veces sin autorización?

Sugiero que se cambien algunos puntos. En las últimas líneas del artículo 2 del proyecto debe decir que dicha entidad deberá implementar las medidas que resulten necesarias para mejorar la calidad de productos y servicios en el marco de una gestión por procesos y resultados. Igualmente,



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en la segunda disposición complementaria final del proyecto, cuando se expone que la Sunarp efectuará la evaluación por desempeño, considero que la evaluación debe ser por resultados...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase terminar, congresista Huaire.

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Se debe efectuar la evaluación por resultados de los registradores públicos, mas no como se menciona, es decir, solamente por desempeño. Hay puntos que ten-drían que tratarse. Reitero que en la

Sunarp realmente debe establecerse una relación con las municipalidades principalmente, porque tienen que estar completamente de acuerdo sobre las propiedades o inmuebles que se deben regis-trar, a fin de que no haya los entrampamientos que hasta ahora tienen esos registradores.

Eso es todo.

Gracias, señor Presidente

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Mesa agradece su participación, congresista Huaire.

Tiene la palabra el congresista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Presidente, me está pidiendo una interrupción el señor congresista Pedro Spadaro; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Spadaro.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Gracias, Presidente.

Vemos con preocupación que hoy se está debatiendo este tema; la se-mana pasada se debatió el proyecto sobre el levantamiento del secreto

bancario por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se ha levantado la reserva tributaria de algunos congresistas por un asunto de deudas y, seguramente, saldrán por allí algunas multas cuyas notificaciones nunca han sido recibidas.

¿Qué se pretende ahora, Presidente? Se quiere controlar también el Sistema Nacional de los Registros Públicos para hacer todo lo que se

quiera en ese organismo. ¡Que se diga la verdad! Se va a ahuyentar la inversión privada ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo quieren evaluar a los re-gistradores? ¿Acaso quieren evaluarlos en cenas o almuerzos en restaurantes miraflorinos? ¡Que se diga la verdad y que no se mienta al país!

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señor Presidente, la señora congresista Martha Chávez también me está pidiendo una interrup-ción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Salazar.

Como reza el dicho, el pez por la boca muere. Ya quedó evidenciado

por parte de un miembro del oficialismo que no les parece posible que alguien pueda estar sujeto a una ley como el Decreto Legislativo 728, al que están sujetos todos los trabajadores de la actividad privada en este país, ni tampoco les parece que ese régimen sea tomado por algunas instituciones como, por ejemplo, el Congreso. Esto es como decirles a aquellos trabajadores del Congreso con quince años, veinte años en esta institución, que conocen el teje y maneje y que apoyan muy bien el trabajo de los señores congresistas: “Ustedes no valen, porque ustedes están atornillados en este puesto”. ¡¿Qué es eso, señor Presidente?! ¿Por qué dicen eso? ¿Acaso porque ya tienen reemplazan-tes? Eso ya está admitido. Parece que ya tienen un contingente de personas que están en capacidad de reemplazar a los que vienen trabajando. Creen que el trabajador con quince, veinte años de servicio —como muchos que hay acá en el Congreso— se han quedado porque son ineptos o corruptos y no porque se merecen su trabajo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Termine, por favor, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Creo que decirles a esos trabajadores que porque están mucho tiempo en el trabajo



tienen que ser desechados es lo malo de las in-tenciones de este proyecto y, por lo tanto, creo que el dictamen de la Comisión de Trabajo es el más adecuado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresistas, voy a hacer una aclaración. Todos los parlamentarios, sin restricción alguna, están habilitados para solicitar el uso de la palabra. Las interrupciones deben ser utilizadas para rebatir o complementar las intervenciones del orador, mas no para desa-rrollar una intervención. Por lo tanto, si algún parlamentario desea intervenir para expresar su posición, puede inscribirse en el rol de oradores. Lamentablemente, todos tienen el mal hábito de emplear las interrupciones con otros fines.

Puede iniciar su intervención, congresista Sa-lazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señor Presidente: En la Comisión de Justicia firmé con algu-nas reservas este dictamen por un asunto que consideré importante.

Realmente no me parece algo im-portante y necesario que se tenga que ratificar a un funcionario por su antigüedad en el cargo; por el contrario, si ratificamos a alguien, debería ser porque evaluamos sus méritos. La antigüe-dad en el cargo, al fin y al cabo, tampoco es un buen elemento para determinar la permanencia o no de un funcionario en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Por ello, nosotros debemos tener como visión que la evaluación es un proceso importante, tanto para los funcionarios del Tribunal Registral como para los registradores públicos de la Sunarp. Esto es importante, porque, de esa manera, conforme a la evaluación se tendrá que determinar la posi-bilidad de que esos servidores se queden o no o que tengan que emigrar.

Por lo expuesto, estoy de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Trabajo, porque va a permitir que las personas, de acuerdo con su esfuerzo, puedan continuar en su trabajo profesional. Eso va a permitir también que sea importante que se les califique de acuerdo con las normas ya establecidas y eso no significa que porque va a haber una evaluación debamos cambiarle las reglas de juego o patear el tablero para ajustar la evaluación con modificaciones conforme a las nuevas circunstancias. El proceso de evaluación

debe realizarse de acuerdo con lo que ya está es-tablecido y no con reglas nuevas, es decir, con lo que ya se viene trabajando en la Sunarp.

Considero que la Comisión de Trabajo ha llegado a un aspecto importante al plantear que ambos grupos, sean o no funcionarios, pasen por la evaluación y que no ingresemos a otros criterios, como el de la antigüedad en el cargo y otros más que no tienen razón de ser.

También estoy totalmente de acuerdo con la mo-dificación de la escala remunerativa para todos los trabajadores de la Sunarp, porque debemos tender a que nuestros trabajadores tengan permanente-mente una escala remunerativa importante, que les permita tener calidad de vida, que les permita satisfacer sus necesidades, tanto al interior de sus hogares como también en su trabajo, y que, de esa manera...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se le concede algunos segundos adicionales para que finalice, congre-sista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Entonces, esta escala remunerativa debe estar acorde con las exigencias y responsabilidades que tienen tanto los registradores públicos como los vocales del Tribunal Registral. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la modificación de la escala salarial para todos los trabajadores.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Solórzano.

La señora SOLÓRZANO FLORES (NGP).— Presidente: En primer lugar, quiero dejar en claro que en este tema no hay ningún control político, ninguna intención política. Hay que destacar que hay una comisión ad hoc, como lo men-

ciona la propuesta de artículo 25, “Proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral”, y que estará conformada por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por un representante del Poder Judicial, por un representante de los Colegios de Notarios del país, por un representante de los Colegios de Abogados del país y por un representante de la Asamblea Nacional de Rectores. Con esto, quedaría sin fun-damento el criterio del presidente de la Comisión de Trabajo de que en esta iniciativa legislativa hay un interés político.



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En segundo lugar, tenemos que la primera ratifi-cación se daría en tres años, cuando este gobierno estaría ya de salida, entonces, ese es el segundo fundamento de que no hay ninguna intención política en esta propuesta.

Centrándonos en el aspecto técnico, por inter-medio de la Mesa, solicito a la presidenta de la Comisión de Justicia que, en aras de evitar futuras observaciones, tome en consideración algunas modificaciones para mejorar el texto de las disposiciones complementarias finales.

Al final de la primera disposición complementa-ria final, después del texto “[...] y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público”, se podría agregar: “La escala remunerativa se aplicará en tanto no entre en vigencia la nueva Ley del Servicio Civil”.

Propongo esto justamente para beneficiar a los propios trabajadores en aras de fortalecer la Sunarp, que tanto tiempo ha estado esperando por la aprobación de este proyecto de ley.

Presidente, me está pidiendo interrumpir los congresistas Otárola y Rosa Mavila; con su venia, las concedo en ese orden.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Presidente, está en manos del Congreso este proyecto de ley con el que se fortalece la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y las oficinas de registros públicos en el

Perú y con el que también se incrementan los sueldos para sus trabajadores.

Acabo de comunicarme con varios representan-tes sindicales que están esperanzados en que este Congreso no les dé las espaldas. Acabo de comunicarme con trabajadores que están a la expectativa de este Congreso.

(Comentarios fuera de grabación).

Jurídicamente, ejercer un derecho no es un chan-taje, y acá vamos a ejercer el derecho de voto y ellos, el derecho de pedirle a este Congreso que no les dé las espaldas, pues de nosotros depende que los trabajadores de la Sunarp y sus familias vean

mañana las mejoras en las condiciones económicas para un ente fundamental para el crecimiento económico de nuestra patria.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Mesa informa que no procede conceder la segunda interrupción a la congresista que la solicitó porque, conforme al rol de oradores, le corresponde intervenir en este momento.

Tiene la palabra la congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Presidente: El largo debate que este proyecto de ley ha tenido en la Comisión de Justicia nos hace entrever —no sé si para bien o para mal, no sé si a favor o no— las re-acciones en este Hemiciclo. En este

proyecto de ley se han mezclado dos asuntos. Y en lo que concierne a mi vocación normativa, el asunto prioritario es el que está contenido en la primera disposición complementaria final.

Los trabajadores de la Superintendencia Na-cional de los Registros Públicos (Sunarp) están aspirando a un incremento remunerativo. No solo los registradores, sino todos los trabajadores aspiran a recibir este incremento sin afectación del presupuesto de la República, porque ese in-cremento remunerativo proviene de los ingresos propios de la Sunarp.

Cuando hablan otros congresistas, yo no inter-vengo, sino escucho; porque creo que el arte de parlar reside en que cuando uno parla otro escu-cha. Entonces, en esa perspectiva, a lo largo del debate en la Comisión de Justicia, los servidores de la Sunarp —a mi juicio— estaban presionando de manera sistemática por lo que se aspira sea obviamente un proceso de modernización —como lo hicimos para la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat)—, así como, legítimamente, por un incremento remunerativo.

Entonces, las circunstancias ahora se plantean con la disyuntiva de hasta cuándo vamos a demorar en aprobar esta propuesta —y eso no es chantaje, porque el incremento remunerativo está en la norma— por nuestra preocupación —a mi juicio, exorbitantemente— sobre el estatus permanente de los miembros del Tribunal Registral.

En un contexto contemporáneo, en los estados se evalúa la administración pública y también la



gestión privada al servicio del Estado; porque los criterios de modernización pública —como sabe-mos los que en alguna medida hemos transitado por la administración pública— tienen distintas variables.

Hay una variable —¡qué duda cabe!— meritocrá-tica, vinculada a la experiencia de los servidores; pero también hay otras variables como, por ejem-plo, la variable de la capacitación del servidor, así como la variable de la transparencia, la de la política de rendición de cuentas y la de tener una actitud que no esté vinculada a ninguna práctica relacionada a la corrupción. Entonces, siento que más bien es tradicionalista la percepción de que los vocales del Tribunal Registral nunca deben ser movidos de sus cargos. Si ellos tienen las calificaciones meritocráticas a las que se alude —por si acaso, aclaro que no conozco a ningu-no—, seguramente los ratificarán en un proceso de evaluación de esas calidades.

A lo que me niego es que, por mantener de manera permanente a los miembros del Tribunal Registral (interrupción del audio) el incremento remunera-tivo a todos los trabajadores de la Sunarp.

Señor Presidente, me está pidiendo una interrup-ción la congresista Omonte; con su venia, se la concedo, dando por finalizada mi intervención.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Omonte.

La señora OMONTE DURAND (PP).— Gracias, señor Presiden-te.

Creo que todos somos testigos de que ambas comisiones coinciden en la mayoría de temas. En el punto

en que se están entrampando las alternativas para poder superar el tema y someter a votación el proyecto es en el del proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral.

No sé si sería posible que los presidente de las comisiones dictaminadores acepten que se vote el proyecto en todos aquellos puntos en que co-inciden y que se vote por separado ese tema del proceso de ratificación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Correspondía

intervenir al congresista Belaunde, pero no está en la Sala en este momento. Se va a conceder la palabra al siguiente congresista conforme al rol de oradores

Puede intervenir, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Pre-sidente: Uno de los principios fundamentales que contempla el Estado de derecho es el del respeto de la propiedad privada, y uno de los guardianes de la propiedad privada

es la Superintendencia Nacional de Administra-ción de los Registros Públicos (Sunarp).

En ese sentido, en esta tarde estamos frente a dos textos sustitutorios contenidos en dos dictámenes: uno de la Comisión de Trabajo y el otro de la Comi-sión de Justicia. Al leer los dictámenes vemos que ambos reflejan el esfuerzo que han hecho esas dos comisiones, y creo que debemos rescatar lo mejor de los dos dictámenes. Sugiero que los presiden-tes de ambas comisiones se pongan de acuerdo y busquen presentar un texto unificado.

En el tema de la nueva escala remunerativa a la que se refiere el dictamen de la Comisión de Tra-bajo, los trabajadores expresaron su preocupación por que haya una escala única. ¿Qué significa ello? Significa que los trabajadores y servidores de provincias no pueden recibir un sueldo diferente al que reciben los que trabajan en Lima; hacen lo mismo, tienen las mismas funciones. Por lo tanto, no cabe que, dentro de un Estado de derecho, exista discriminación. No puede ser posible que los trabajadores de Lima ganen diferente que los de provincias. En ese sentido, debemos considerar la figura de insertar dentro de esta iniciativa legis-lativa que exista una escala remunerativa única y no simplemente una nueva escala remunerativa; debe haber una escala remunerativa única que se aplique a nivel nacional.

Por otro lado, en lo que se refiere al Tribunal Registral, hay que analizar lo que mejor satisfaga el fortalecimiento de la Sunarp. En la Comisión de Trabajo, por ejemplo, estoy de acuerdo con que se recoja que el 20 % de los ingresos propios recaudados debe orientarse al uso de la tecnolo-gía, información y comunicación. Eso es bueno, necesario, porque ahora estamos ya en la era del conocimiento; incluso, propongo que se añada que es necesario implementar el gobierno elec-trónico.

Por lo tanto, considero que ambos dictámenes contienen muchos aspectos positivos. Sugiero



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a los presidentes de las comisiones de Trabajo y de Justicia que se reúnan y que busquen el mejor texto.

Señor Presidente, el congresista Lescano me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Gracias, señor Presi-dente.

El dictamen de la Comisión de Tra-bajo y Seguridad Social es mucho más coherente; va acorde con las

disposiciones que ha expedido el gobierno. Y el gobierno ha expedido el Decreto Legislativo 1025, con el que se aprueban normas de capacitación y rendimiento para el sector público, para evaluar a los servidores públicos cada dos años, para su actualización. Eso se está colocando y precisando en el dictamen de la Comisión de Trabajo.

En el otro dictamen, el de la Comisión de Justi-cia y Derechos Humanos, se está armando todo un organigrama especial para esos servidores, rompiendo el esquema de la propuesta de ley del servicio civil y del Decreto Legislativo 1025, que el gobierno expidió hace poco tiempo.

Entonces, estamos dando normas para los servi-dores públicos desde hace meses.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede terminar su intervención, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Gracias, señor Presidente.

Quiero reiterar que no solo debe-mos hablar de una nueva escala remunerativa, sino de una escala

remunerativa única. Reitero que, en un Estado de derecho, no podemos discriminar a los servi-dores públicos de provincias de los servidores de Lima; ambos desempeñan la misma labor y, por lo tanto, tienen los mismos derechos.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente: Los colegas del nacionalismo no han dado ni un argumento para justificar la ratificación. Se rasgan las vestiduras y dicen: “Los traba-jadores están esperando...”. ¡Claro!

Los trabajadores, los servidores y registradores públicos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) necesitan remunera-ciones acordes con su delicada responsabilidad.

Los registros públicos de hace veinte años no son los mismos que los de ahora; las responsabilidades que tienen en sus manos los servidores públicos, especialmente los registradores cuando califican un título, son sustantivas e importantes.

Por eso, creo que más importante que estar discutiendo si se ratifica o no a los miembros del Tribunal Registral es llamar a la reflexión a todos los colegas de la Representación Nacional sobre lo siguiente: los textos sustitutorios contenidos en cada uno de los dos dictámenes dicen que la implementación de la nueva escala salarial de los servidores y de los registradores públicos de la Sunarp se financiará con cargo a los recursos propios de dicha institución. Entonces, ¿por qué la ley es tan tenue y dice: “[...] proponer al Minis-terio de Economía y Finanzas una nueva escala remunerativa [...]? ¿Por qué tenemos que dejar al ministro de Economía y Finanzas en libertad de que apruebe o no la propuesta que hace la Sunarp? ¿Por qué? ¿Por qué la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributa-ria (Sunat) sí puede aprobar sus propias escalas remunerativas?

Por intermedio de la Mesa, pido al presidente de la Comisión de Trabajo que considere que lo que debe hacer la norma es autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas para que apruebe la pro-puesta de escala salarial que presente la Sunarp tal y conforme está la propuesta; pero ¿¡decir que propone al Ministerio de Economía la escala sa-larial!? Todos sabemos que siempre se va a poder poner un pero o decir que no; quién mejor que nadie conoce la realidad de una institución que es altamente técnica y especializada.

Por eso creo que, en primer lugar, si tanto estamos pensando en que se debe mejorar e incrementar sustantivamente la remuneración de los servido-res y los registradores, debemos dar una norma autoritativa, y no una propositiva que deje en manos de quienes quizá no van a aprobar que se destinen los recursos para la nueva escala remunerativa.



En segundo lugar, me llama la atención de que ahora se pretenda incorporar la famosa figura de la ratificación. Los vocales del Tribunal Registral están bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 y, si ellos tienen una actuación mala o irregular o cometen una falta grave, obviamente hay causales en dicho decreto legislativo que permiten que esos servidores o funcionarios sean separados. Enton-ces, ¿por qué quieren aprobar lo de la ratificación de los vocales de ese tribunal? Por manipulación política, pues. ¡Díganlo!, ¡díganlo! Ahora se quiere castigar a los miembros del Tribunal Registral que tienen quince o veinte años de servicio. Es como si quisiéramos castigar a los funcionarios de carrera del parlamento, a aquellos que han hecho carrera en el parlamento, como el director general parlamentario; a ellos hay que ratificarlos cada cinco años...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Velás-quez Quesquén, el tiempo asignado a su grupo parlamentario para intervenir ya se agotó, pero se le concede algunos segundos adicionales para que termine.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, me están pidiendo inte-rrumpir la doctora Martha Chávez y el presidente de la Comisión de Trabajo, congresista Díaz Dios; con su venia, concedo esas dos interrupciones.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Velás-quez.

Hemos escuchado hace unos mo-mentos decir a alguien que es parte de la moder-nidad dejar a trabajadores precarios. Y hay que explicarle que la modernidad tiene una legislación actual, en donde se presentan dos situaciones: tras la evaluación hasta puede haber despido por causas relativas a la conducta y por causas rela-tivas a la capacidad. ¿Qué significa eso? Significa que nadie puede atornillarse en el cargo si no es capaz o si comete inconductas.

Por otro parte, se habla de las remuneraciones y de los recursos propios, pero acaban de quitarle a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos cien millones de nuevos soles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y nos dicen que los ser-

vidores y registradores públicos están esperando el aumento salarial. Sí, pues, lo están esperando desde hace mucho tiempo, y ¡ojalá que no les hu-bieran quitado sus cien millones de nuevos soles y tuvieran mejores remuneraciones!

Además, si tanto le preocupa al oficialismo el tema de las remuneraciones, cabe señalar que los términos de referencia y los requerimientos para la modificación de la escala remunerativa en la Sunarp se publicaron hace poco, en marzo, pero el proyecto es de julio del año pasado. ¡Qué tal preocupación la del oficialismo por mejorar las remuneraciones en la Sunarp! No es cierto; lo que...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias, señor Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Velásquez Quesquén.

En efecto, hablamos de una institu-ción técnica y especializada. No nos

vamos a cansar de repetir: la evaluación se da con las normas actuales. Por lo tanto, si alguien del Tribunal Registral no demuestra capacidad u honestidad, evidentemente puede ser mandado a la calle, pero con causa probada, y no por una ratificación política.

Es cierto, además, que de una manera inteligente o hábil han amarrado este tema tan controversial de la ratificación, que haría retroceder —desde mi punto de vista— el avance, la especialización y el manejo técnico de esta institución tan importante, con el tema de los aumentos.

Pero vamos a hacer algunas precisiones. Estamos a favor del aumento, a favor de que se apruebe la nueva escala remunerativa de la Sunarp, y por eso denunciamos de nuevo, como lo acaba de decir la congresista Martha Chávez, que hasta hoy ni siquiera tienen lista la dichosa nueva escala remunerativa. Recién van a acudir a una consultoría, y no sabemos con exactitud si este tema irá hasta fin de mes. Por lo tanto, el tema no es el de los aumentos en las remuneraciones. En realidad, hay que reiterar que una cosa es la evaluación y otra diferente la ratificación. Esta-mos a favor del aumento, pero no de los despidos políticos para meter luego a amigos afiliados o amigotes de índole...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— En su calidad de presiden-



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te de la Comisión de Trabajo, puede continuar, congresista Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Muchas gracias, señor Presidente.

En efecto, en mi calidad de presi-dente de la comisión dictaminado-ra, quiero recoger lo dicho por la congresista Carmen Omonte, en

el sentido de que después de la votación —no pretendo cortar el debate— pediremos un cuarto intermedio con la congresista presidenta de la Comisión de Justicia, a efectos de conciliar y, en realidad, acercar cuestiones. Estamos de acuerdo en que podemos enriquecer los dos dictámenes en temas con un punto de vista diferente de la Comisión de Trabajo. Pero, sumándome al pedido de la congresista Carmen Omonte, pido que se vote luego por separado el tema de la ratificación, por cuanto no nos vamos a poner de acuerdo en ese asunto.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede continuar, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— La congresista Rosa Mavila me está pidiendo interrumpir. Creo que, por tratarse de una dama y conociendo su caballerosidad, señor Presidente, usted no le negará, por excepción, la interrupción.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se le concede, de manera excepcional, el uso de la interrupción, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Gracias, señor Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Velásquez Quesquén, a quien aclaro —siempre por interme-dio de la Presidencia— que, antes que damas, todas somos ciudadanas y tenemos opciones políticas.

Planteo a todo el Congreso de la República que pongamos por delante el interés de los traba-jadores y que votemos la primera disposición complementaria final de la norma propuesta, con las precisiones hechas por el congresista Velásquez Quesquén, es decir, que no sea una norma autoritativa, es decir, que no se solicite la autorización para la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), pues el finan-

ciamiento proviene de sus propios recursos, para decirlo pedagógicamente.

Planteo que votemos eso de una vez y que luego, en un debate posterior, tratemos los temas sobre ratificación, evaluación, porque, a fin de cuentas, son temas controvertidos, pero que hay que votar. Sin embargo, planteo —poniendo por delante el interés de los trabajadores— que la primera disposición complementaria final contenida en el texto sustitutorio se vote de una vez, porque mes tras mes los trabajadores están a la espera de un proceso de incremento remunerativo en sus condiciones laborales.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase terminar su intervención, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Gracias, señor Presidente.

Quiero reiterar, ratificar que es un contrasentido; si estamos hablando de una institución altamente especializada, si estamos hablando de que hay que preocuparnos por mejorar las remuneraciones de los servidores y registradores públicos, tenemos que proceder ahora, como lo hicieron cuando se discutió un caso similar respecto a los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), esto es, rá-pidamente, sin dictamen. Pero, repito, si se trata de financiar la mejora remunerativa con recursos generados por la propia Superintendencia Nacio-nal de los Registros Públicos (Sunarp), ¿por qué se debe autorizar que la Sunarp proponga la nueva escala remunerativa al Ministerio de Economía y Finanzas para dejar en sus manos que se realicen los incrementos mañana, tarde y nunca? Lo que hay que hacer es dictar una norma autoritativa con el siguiente texto: “Autorízase al Ministerio de Economía para aprobar la escala salarial propuesta por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”. Ellos conocen su propia realidad. Tam-poco entiendo las razones para querer amarrar esta necesaria y urgente reestructuración de la escala salarial de los servidores de la Sunarp con el tema de la ratificación política que se quiere hacer de los miembros del Tribunal Registral.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Velásquez, su tiempo ha terminado. Quizás la siguiente oradora inscrita en la lista puede concederle una interrupción.

Tiene la palabra la congresista Saavedra.



La señora SAAVEDRA VELA (NGP).— Señor Presidente, los congresistas Velásquez y Rivas me están solicitando interrumpir; con su venia, concedo la primera interrupción al congresista Velásquez porque es un caballero.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Muchas gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco a la congresista Saave-dra.

Para terminar, solo quiero sostener lo siguiente. No actuemos con un maniqueísmo innecesario respecto a los servidores de la Sunarp, lo digo con la autoridad de haber sido jefe regional en los registros públicos en 1990 y, por tanto, co-nozco de ese trabajo altamente especializado; no contaminemos políticamente la institución. Y, por eso, considero que el asunto de la propuesta de una nueva estructura salarial debe salir de la propia institución y no dejarla en manos del Ministerio de Economía, máxime si ese ministerio no es el que va a proveer de los recursos económicos para su financiamiento; eso es lo fundamental.

El asunto de la ratificación de los miembros del Tribunal Registral es un tema político que po-demos discutirlo después; pero creo que el de la reestructuración salarial debe determinarse de una vez por todas.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA (NGP).— Pre-sidente, me está pidiendo interrumpir el congre-sista Rivas; con su venia, le concedo mi segunda interrupción.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Martín Rivas.


No sé por qué se interpreta que rati-ficación es sinónimo de despido, más aún cuando se trata de funcionarios que emiten en segunda instancia

opiniones —dígase— de mejor discernimiento. No se trata de eso, en lo absoluto. Podemos ar-gumentar que si se quiere ratificar en el cargo, se le va a ratificar, ¿o acaso eso significa despido? Claro que no. Si están altamente calificados, evi-dentemente, pasarán sus exámenes sometidos a una mejor regulación para el mejor desempeño de sus funciones, para una mejor especialización, ¿o acaso no tenemos jueces y vocales que son ratifi-cados? ¿Acaso no tenemos magistrados y fiscales que son ratificados? ¿Por qué no se quiere hacer eso? Porque se quiere seguir con la misma argolla de siempre. ¡Claro, pues! Hay un antecedente anterior de la argolla, de la argucia. ¡Que se man-tenga, pues, la argolla!, ¡que sobreviva la argolla! Eso sí, ¿es un mejor argumento que utilizar el pretexto laboral de que la remuneración será mejorada entre 18 % y 23 % con esta propuesta de la Comisión de Justicia?

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase iniciar su intervención, congresista Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA (NGP).— Presidente: Tras escu-char las intervenciones de todos mis colegas, quiero decirles, por su inter-medio, que, en mi calidad de presi-denta de un grupo de investigación sobre las supuestas irregularidades

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), he encontrado muchas irregu-laridades. Quiero pedir a todos mis colegas, por intermedio de la Mesa, que se me extienda el plazo para investigar más y verificar toda la situación crítica en que se encontraba la Sunarp y que en estos momentos queremos solucionar.

Creo que la propuesta en debate es parte del proceso de modernización de la Sunarp, porque regula el Tribunal Registral, uno de los niveles más importantes de esta institución; sin embargo, podría ser mejor aún si se incorporaran algunas precisiones.

A partir de las investigaciones que hemos rea-lizado en la Sunarp, hemos comprobado que el Tribunal Registral ha venido validando en sus resoluciones documentos obtenidos de manera irregular y que, incluso, han sido falsificados. Es decir, el Tribunal Registral solo se dedica a verificar que hayan cumplido los plazos y que se entreguen los requisitos exigidos, pero no se comprueba la veracidad y legalidad de los docu-mentos. Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, en que unas personas presentaron una denuncia en una comisaría reportando la pérdida del libro



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de actas de una comunidad; luego sacaron copia de la denuncia y abrieron otro libro de actas que permitía el tráfico de tierras. También hemos encontrado que, cuando esas personas hacen un nuevo libro —un libro falso—, la Sunarp lo valida y lo autoriza y les permite a estas la venta de la propiedad y, cuando los perjudicados apelan, esas personas exhiben el libro de actas.

Asimismo, hemos encontrado que algunos regis-tradores, algunos notarios, algunos servidores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) estaban involucrados en ventas de tierra y en enfrentamientos entre campesinos, enfrentamientos en varias regiones. Entonces, creo que acá hay mucho pan por rebanar. Hemos pedido el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, porque hay joyitas.

Digo esto porque hemos solicitado, a través de la Comisión de Fiscalización, una ampliación de plazo por noventa días para investigar estos casos, porque nos está llegando información sobre la solicitud de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.

También solicito la ampliación porque nos falta visitar muchas regiones y porque siguen llegando denuncias. Por eso considero que hay que rescatar a los trabajadores que hay dentro de la Sunarp y que son muy honestos, aquellos que nos están ayudando a investigar. Hay muchas cosas por investigar, y los colegas que integran el grupo de trabajo lo saben.

También sugiero que se agregue un párrafo en la disposición complementaria transitoria única en la que se señale lo siguiente:

“Los vocales del Tribunal Registral que resulten ratificados podrán escoger entre la continuidad del régimen laboral en la cual pertenecen o el que se establezca para los vocales que resulten gana-dores del concurso de méritos. Los vocales que no resulten ratificados serán cesados otorgándoles todos los derechos que hay que establecer”.

Para finalizar, considero que es importante que la exoneración para la Sunarp de lo dispuesto en la Ley 29812 no solo comprenda el incremento remunerativo, sino también que pueda contratar más personal y repotenciar su servicio registral, así como abrir más oficinas, para que crezca el Estado para los compatriotas y, más que todo, en provincias. Hacemos este pedido respecto a las provincias porque ahí es donde viene la corrupción y estamos encontrando muchas irregularidades que aún nos falta investigar.

Creo que mis colegas deben salir a investigar, porque tienen la función de fiscalizar, y no solo deben venir para hablar, para defenderse acá. No se trata de que queramos avalar políticamente, sino se trata de limpiar a estas instituciones y que se den cuenta de que estamos en un nuevo gobierno que quiere limpiar las instituciones de la corrupción de muchos funcionarios que están enquistados...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Mesa agradece su intervención, congresista Saavedra.

Tiene la palabra el congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREY RA (SN).— Presidente: En este tema es evidente que el problema neurálgico —o los dos problemas neurálgicos— es el aumento de la remuneración de los registradores, y parece que eso se ata al de la ratificación de los miem-bros del Tribunal Registral.

Ahora bien, hay que recordar que la institución registral en el Perú es muy antigua: se remonta a fines del siglo xix. Y los registradores solían decir —o, por lo menos, solían argumentar— que ellos eran jueces de títulos, lo cual de alguna forma es compatible con lo que se establece en el primer párrafo del artículo 2011 del Código Civil Peruano de 1984, esto es, el principio de rogación:

“Los Registradores califican la legalidad de los do-cumentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulte de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos”.

Los registradores cumplen una función eminen-temente legal, y esa función es importantísima en todos los actos jurídicos que se realizan, sea para la transferencia de propiedad, sea para la conformación o modificación de las personas jurídicas, entre otros.

Sin embargo, me pregunto, ¿qué se entiende por ratificar? El Consejo Nacional de la Magistratura ratifica a los jueces, pero, en el proceso de ratifi-car, ¿qué se toma en cuenta? ¿Acaso se toma en cuenta todo lo bueno? ¡Quizás! ¡Ojalá fuera así!; pero fundamentalmente se toma en cuenta lo malo, porque en el fondo no se ratifica a un juez por haber omitido resoluciones prevaricadoras o absurdas, o, en su defecto, puede ser pasible de corrupción, de haber entrado en actos de corrupción. Entonces, la ratificación, más que



una evaluación de los méritos del juez, resulta ser en realidad una evaluación de los deméritos del juez; porque me parece que, en el proceso de ratificación de los funcionarios de esa instancia registral, los calificadores posiblemente conocen bastante menos sobre temas de materia registral que los miembros del tribunal a ser calificados.

Es una instancia que debe ser tomada con pinzas porque, en realidad, se les estaría removiendo por inconducta, pero existe una norma que lo establece expresamente así en la propia ley; entonces, ¿para qué consignar ese proceso de ratificación?

Concuerdo con la opinión de algunos colegas de que ratificar solo por el factor antigüedad podría ser, en efecto, una discriminación, es decir, rati-ficar por haber ejercido el cargo más tiempo que otros; y, de ser ese el caso, entonces, que se ponga un límite respecto al tiempo, que puede ser cinco, siete o diez años, el que fuera.

Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Rivas; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Rivas.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Belaunde.

Me llama poderosamente la aten-ción de que esos dieciséis magistra-

dos del Tribunal Registral le teman a un proceso de ratificación. Nuestro colega lo ha expuesto acá claramente: se trata de una situación de idonei-dad; dieciséis magistrados le temen a un proceso de ratificación, y la ley es bastante clara.

Tenemos que ver quiénes serán los que van a ratificar a los miembros del Tribunal Registral. Eso está claramente establecido en la propuesta, en el artículo 25, “Proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral”: un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; un representante del Poder Judicial —¿acaso el Poder Judicial tiene intromisión política en este gobierno como ha sucedido en otros gobier-nos? Hay que ponernos a pensar en eso—; un representante del Colegio de Notarios del país —¿acaso los Colegios de Notarios del país se van a coludir para despedir a un vocal del Tribunal Registral?—; un representante del Colegio de Abogados del país —¿acaso ellos también se van

a coludir?—; un representante de la Asamblea Nacional de Rectores...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Rivas, la Mesa agradece su participación, cuya idea principal quedó clara.

Puede continuar, congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Pre-sidente, con esta última parte de mi intervención, quiero contestarle a mi distinguidísimo colega, por su intermedio.

Si me preguntase si creo que alguno de los dieciséis miembros del Tribunal Registral, o todos ellos, le temen al proceso de ratificación, yo respondería que sí. Y si estuviere en el pellejo de ellos, tendría temor por una razón muy simple: pueden inven-tar cargos infundados; y en ese caso no hay que probar el cargo, basta nomás con que se tenga ese concepto para que lo baloten. De manera que, en efecto, es una situación de temer; por mucho que se diga que quien la debe no la teme, no nos olvidemos de que Juan Sin Miedo murió muy rápido.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Elías Ávalos.

El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presidente: El título de esta iniciativa legislativa es pro-yecto de ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; se señala que es de fortalecimiento. En el artículo 1

se indica que el objeto de la ley es modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. ¿Acaso se requiere una ley para demostrar que el servicio es bueno o malo? El servicio que brinda el Tribunal Registral es bueno; el servicio del registrador público es pésimo, pero no se le está considerado aquí. En la ley de presupuesto se han tomado, aparentemente, más de cien millones de nuevos soles de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para fortalecer a otras instituciones del Estado; sin embargo, estamos diciendo que la Sunarp es mala, y no es mala. Puede haber personas malas, pero esa institución no es mala.

Por otro lado, propongo agregar en el artículo 23: “Con lo resuelto por el Tribunal Registral, no procede recurso impugnatorio administrativo alguno”.



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Asimismo, propongo agregar un inciso f) al artícu lo 25, sobre los integrantes de la comisión ad hoc encargada del proceso de ratificación: “Un representante del Ministerio Público”.

Además, propongo agregar en el artículo 27: “En caso de licencia, permiso, enfermedad o muerte del presidente del Tribunal Registral, el encargado será el más antiguo hasta completar el período de un año”.

De otra parte, propongo agregar en el artículo 30, “Causales de cese”, el siguiente texto: “Si el presidente del Tribunal Registral incurre en una de las causales antes citadas, el encargado de la presidencia del Tribunal Registral será el vocal más antiguo hasta la culminación de su mandato o del mandato del que reemplaza”.

Asimismo, propongo retirar, suspender y dejar sin efecto el inciso h) del artículo 30, que refiere como causal de cese la no ratificación en el cargo.

Además, propongo agregar en el último párrafo de la primera disposición complementaria final: “el que deberá ejecutarse y pagarse máximo el 30 de abril de 2013”, para efectos del pago que debe de hacer el Estado en las remuneraciones de los miembros de los Registros Públicos.

Por último, propongo una cuestión previa para dejar sin efecto, y que se suspenda, el inciso h) del artículo 30 y también para que la primera disposición complementaria final sea votada por separado, porque supuestamente el tema está amarrado —según algunos congresistas—, y hay que tomar una decisión sobre este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Mesa agradece su participación, Congresista Elías.

Tiene la palabra el congresista Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Señor Presidente: Sinceramente, creo que el título del proyecto de ley invoca como sustento algo que no se encuentra en su desarrollo, porque dice que se trata de un proyecto de fortale-

cimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), pero lo medular de la propuesta radica en el proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral y en el aumento de remuneraciones del personal de la Sunarp.

El artículo 1 del proyecto dice que la ley tiene por objeto fortalecer a la Sunarp, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios, implementando medidas efectivas de inclusión social, competitividad y eficiencia tecnológica en su prestación, de acuerdo a las demandas ciuda-danas. Me pregunto, ¿para esto se requiere de una ley? Implícitamente todo servidor público y toda entidad pública tienen esas finalidades. Se dice que se quiere modernizar las funciones del Tribunal Registral y, sin embargo, no se le da ni al Tribunal ni a la Sunarp funciones distintas o diferentes a las que ya tiene y las que se le asignan por ley, y para eso no se requiere de una ley.

Entonces, lo medular radica, primero —como ya lo he dicho—, en el tema del incremento de remu-neraciones, que me parece de lo más pertinente, de lo más conveniente; los servidores públicos tienen derechos en ese tema. Sin embargo, en el segundo punto radica la controversia que ha originado que estemos discutiendo un tema desde hace una hora y media: la ratificación o no de los magistrados del Tribunal Registral.

A partir de las intervenciones que he escuchado debo confesar que es poco lo que he sacado; por-que he escuchado a algunos representantes de la mayoría gobiernista sostener en defensa del proyecto de ley que, mediante la ratificación o no de algunos vocales del Tribunal Registral, se va a modernizar la institución.

Pensé que la institución se modernizaría porque se implementarían nuevos sistemas o métodos, porque se agilizaría y mejoraría el servicio al pú-blico, pero no porque se cambien unas caras por otras. Cuando he escuchado argumentos como que todo el pueblo del Perú está a la espera de la aprobación de esta ley, me decía, ¡qué fantasías son esas! El pueblo del Perú ni sabe de la exis-tencia del Tribunal Registral ni de la ratificación de estos dieciséis vocales ni de la presentación de este proyecto de ley. Entonces, debatamos el tema con más altura y contenido.

Sin embargo, también debo señalar que encuentro que hay mucho perjuicio de parte de quienes se oponen a la aprobación de este proyecto. Dicen que con la propuesta se quiere ver la manera de descabezar esta institución para coparla con gente adepta al gobierno.

En principio, me parece que la ratificación no es mala. Todos en el país están sujetos a ratificación, empezando por nosotros, los congresistas, que, cada cinco años, cuando aspiran a la reelección, deben someterse al veredicto popular en las urnas.



Tanto los magistrados del Poder Judicial como los del Ministerio Público también están sujetos a un proceso de evaluación y ratificación cada cinco años.

En consecuencia, no veo nada novedoso ni ries-goso en ampliar esa ratificación a los vocales del Tribunal Registral de la (Sunarp). Pero, como hay suspicacia en el sentido de que ese planteamiento tiene como fin político copar una institución, me parece que la fórmula más adecuada es la que ha presentado la Comisión de Justicia. Es una fórmula intermedia en donde, en lugar de lo que establecía el proyecto que...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Corresponde inter-venir al congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Presidente, con su venia, concedo al congresista Bedoya la primera interrupción.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede hacer uso de la interrupción, congresista Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Gracias.

El planteamiento de la Comisión de Justicia es el más equilibrado frente al proyecto del Ejecutivo, que establecía que, a los treinta días de vigencia de esta ley, todo el Tribunal se sometía a un proceso de ratificación. Para eliminar la posibilidad de que se genere cualquier tipo de suspicacia, la comisión presidida por Marisol Pérez Tello plantea que el proceso de ratificación se realice en dos tramos o etapas. La primera de ellas comprendería la mitad del número de cargos del actual Tribunal Registral en un plazo menor de tres años —virtualmente, a la salida del actual gobierno— y se encarga ese proceso de ratificación a gente independiente de instituciones totalmente ajenas al manejo político del gobierno.

En consecuencia, me parece de lo más adecuada la fórmula propuesta por la Comisión de Justicia y me inclino en favor de apoyarla.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Mesa agradece su participación, congresista Bedoya.

Puede iniciar su intervención, congresista Les-cano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Presidente, con su venia, concedo al congresista Molina la segunda interrupción.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede hacer uso de la interrupción, congresista Molina.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Gracias, señor Presiden-te; y, por su intermedio, agradezco al congresista Lescano.

Me pregunto lo siguiente. Confor-me a las intervenciones, creo que

estamos totalmente de acuerdo con el proceso de implementación de una nueva escala remu-nerativa; ahí no hay tema de discusión. Pero sí está generando discusión el tema del proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral. Algunos congresistas han manifestado que se trata de una ratificación política, que se trata de una ratificación para el descabezamiento de la institu-ción. No es así. Quiero preguntar, por intermedio de la Presidencia, ¿cuál es el miedo respecto al proceso de ratificación?, ¿cuál es el temor?, ¿qué intereses oscuros hay detrás de esto?

Cuando los vocales del Tribunal Registral se so-meten al proceso, si estos funcionarios públicos reúnen las condiciones como para ser ratificados, van a ser ratificados, pero aquellos que no cumplan con estos requisitos, simplemente van a tener que dejar el cargo; y no puede ser posible —reitero— que ellos sean los únicos funcionarios públicos inamovibles. ¡Los únicos!

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Mesa agradece su participación, congresista Molina.

Puede iniciar su intervención, congresista Les-cano.

El señor LESCANO ANCIETA (APFA).— Señor Presidente: En primer lugar, solo quiero mostrar mi preocupación porque considero que hay una incoherencia. En el Perú se quiere dictar normas desde el Poder Ejecutivo para unifor-

mar la regulación del trabajo de los servidores públicos, a excepción de los diplomáticos, y del personal del magisterio, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, que tienen su propia regulación. Sin embargo, con esta propuesta ya se quiere hacer otra excepción, con otras reglas. A la Superintendencia Nacional de los Registros



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Públicos (Sunarp) se le quiere poner una serie de comisiones especiales o comisiones ad hoc para evaluar a los trabajadores. Entonces, no hay co-herencia. ¿Acaso queremos que haya una ley de servicio civil para todos, o desde ahora vamos a ir perforándola y vamos a plantear por gusto una norma que unifique la regulación laboral de los trabajadores del sector público? Entonces, si es así, que no se discuta el proyecto de ley del servicio civil y discutamos cómo vamos a regular entidad por entidad; esa es una incoherencia absoluta.

En segundo lugar, todos los servidores públicos de la Sunarp van a estar evaluados, ya están evaluados y serán evaluados en el futuro, porque hay un decreto legislativo dictado por el Estado que así lo establece; incluso, la evaluación es cada dos años. La evaluación establece quiénes tienen que ascender, establece su actualización y capacitación, y eso está dirigido a los servidores públicos. También se quiere dejar de lado eso y quitar otras normas especiales. Entonces, las normas especiales se van a convertir en normas genéricas, y las normas genéricas van a desapa-recer con el tiempo.

En tercer lugar, el Superintendente Nacional de los Registros Públicos ha estado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y ha dicho que ya se está presentando una propuesta para la mejora económica de la escala remunerativa de su institución, y me parece muy bien. En mérito a eso se ha aprobado el dictamen en la Comisión de Trabajo, dictamen que va en línea con la pro-puesta de la nueva ley de servicio civil.

Entonces, actuemos con coherencia y no pro-pongamos normas especiales para una sola ins-titución. Lo del proceso de ratificación está bien para los otros poderes del Estado e instituciones constitucionalmente distintas a las del servicio público, pero debemos actuar con coherencia —repito—, para que haya una ley de servicio de civil que respete derechos laborales y que no la estemos perforando antes de tiempo.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Mesa agradece su participación, congresista Lescano.

Tiene la palabra el congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente, la congresista Martha Chávez me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Reátegui.

No voy a calificar las intervenciones de los demás congresistas, pero —me

pregunto— ¿acaso los congresistas que tienen al-guna empresa, estudio o institución a su cargo les dirán a sus secretarias, asesores o asistentes que cada cierto tiempo deben ser objeto de ratificación, o son evaluados de manera constante?

En la legislación vigente —y no me cansaré de re-petirlo—, el Decreto Legislativo 728, al que están sujetos los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), así como los del Congreso de la República, ellos permanentemente son sujetos a evaluación. Y si incurren en faltas relacionadas con su capa-cidad o su conducta, hasta pueden ser echados a la calle.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí quieren introducir mecanismos de distorsión, de disturbación, de perturbación a trabajadores de una institución que está funcionando bien.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Reátegui, puede iniciar su intervención, salvo que le conceda una segunda interrupción a la congresista Chávez, conforme se lo está solicitando.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente, con su venia, concedo a la congresista Chávez la segunda interrupción.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su inter-medio, agradezco al congresista Reátegui.

Entonces —como decíamos—, no hay ninguna razón para presentar este tema como se ha venido haciendo, es decir, sujeto, amarrado a un aumento de remuneraciones, que estoy segura de que los trabajadores de la Sunarp se lo merecen, porque la captación de recursos propios por parte de esta institución revela que ellos trabajan bien. La exis-tencia de un porcentaje mínimo de contradicción



judicial de los millones de actos administrativos que realiza la Sunarp cada año nos revela que es una institución que está funcionando bien; y podría funcionar mejor, pero no si la sometemos a esta precariedad, sino, si le dejamos sus recur-sos propios —para ellos, sus trabajadores—, si aumentamos las remuneraciones, si permitimos que cuente con una logística adecuada. Reitero, la Sunarp ha sido felicitada por instituciones in-ternacionales; no hay ninguna razón para querer descabezarla.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente: No podría decir que se trata de una suspicacia, sino, todo lo contrario, estamos viendo un proyecto de ley que tiene serias contradicciones, y las contra-dicciones más profundas son acerca de si se quiere o no ratificar.

Se quiere ratificar a un tribunal que solo ve el 1 % de los casos, pero no se quiere ratificar a los registradores públicos, que ven el 99% de la carga registral. Eso me parece absolutamente discrimi-natorio; cualquiera incluso puede ir al Tribunal Constitucional, y puede decir que este tema es discriminatorio. Al juez de primera instancia lo ratifica el Consejo Nacional de Magistratura; al vocal de la Corte Superior lo ratifica el Con-sejo Nacional de la Magistratura; al vocal de la Corte Suprema también lo ratifica el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué en esta iniciativa a algunos se les ratifica y a otros no? Eso es totalmente discriminatorio. Y espero que ahora no vuelvan a decir que a dieciséis sí se les puede someter al proceso de ratificación, pero que a dieciséis mil no se les puede someter a ese proceso. Eso es absurdo.

Fíjese, sobre todo, que se quiere crear una comi-sión ad hoc con la participación de un representan-te del Ministerio de Justicia, institución en donde se filtra todo. ¿No se están dando cuenta de que todo se filtra ahora del Ministerio de Justicia? Se filtra porque simplemente no hay capacidad para poder llevar un ministerio, ni siquiera incluso pueden defender al Estado peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo pueden hacer; ¿cómo pretenden ahora que una comisión ad hoc evalúe solamente a una parte de los integrantes del Tribunal y no a todos? Eso se

llama discriminación y eso no puede pasar en este país. Si se va a ratificar, ratifiquemos a todos. Lo que se tiene que ver en perspectiva es lo siguiente. ¿Vamos a aumentar o no los sueldos a los traba-jadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)? Yo diría que sí.

Estoy a favor de la cuestión previa en el sentido de que solo se trate ese punto de la propuesta y que se saque el resto de la fórmula legal sustitutoria.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Mesa agradece su participación, congresista Reátegui.

Tiene la palabra el congresista Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Señor Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Otárola; con su venia, se la concedo.


El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Gracias, señor Presidente.

Pero, además, el Tribunal Regis-tral no solo ve el 1% de los casos. El Tribunal genera jurisprudencia

vinculante, tiene resoluciones jurisprudenciales, ordenadas en libros, que son de cumplimiento obligatorio para todos los registradores del Perú. En otras palabras, se requiere de jueces de título de primer nivel, como los hay actualmente, que generan jurisprudencia que son agrupadas en varios tomos, libros, y que rige la actividad re-gistral. Es decir, de alguna manera, el Tribunal Registral está legislando con su jurisprudencia vinculante, porque está generando pautas de cum-plimiento obligatorio. Por eso, hay que velar por garantizar la seguridad jurídica, por garantizar la predictibilidad.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede iniciar su intervención, congresista Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Señor Presidente: Creo que, después de un largo



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debate, ha quedado claro que hay dos situaciones más o menos evidentes. En una de ellas, al pa-recer, todos estamos de acuerdo y en la otra hay claramente una rivalidad y expresiones distintas. Quiero acercarme un poco a ese segundo tema antes de entrar al primero, que me parece que es en el que teníamos que ponernos de acuerdo.

Una primera evaluación de lo que actualmente está haciendo el Tribunal Registral consistiría en revisar las acciones contencioso-administrativas, que se presentan para contravenir los recursos finales que ese tribunal emite. La verdad es que, con las estadísticas en la mano, vemos que esas acciones son pocas. Son pocas las demandas y pocas las resoluciones contraviniendo las reso-luciones finales del Tribunal, eso hablaría bien inicialmente de dicho tribunal. Es un dato esta-dístico que hay que reconocer.

Sin embargo, no podemos legislar con nombre propio, o sea, no podemos hacer legislación di-ciendo: “A ver. Esos dieciséis vocales del Tribunal Registral están trabajando bien o están trabajan-do mal”; por último, eso no es competencia del Poder Legislativo, sino de un órgano evaluador que no sea este poder del Estado.

Entonces, a pesar de que estoy diciendo que me parece que el Tribunal —según el índice que mencioné— estaría haciendo las cosas bien, sin embargo, es bueno legislar a futuro y decir: ¡oiga!, este tema de la ratificación sí podría funcionar.

Entonces, encuentro frente a ello dos posiciones. Por un lado, la posición del humalismo, que quiere que de todas maneras se apruebe el proceso de ra-tificación de los miembros del Tribunal Registral y que se realice en treinta días. Eso es extraño, ¿por qué en treinta días?, ¿cuál es la celeridad? Causa preocupación porque, si ese tribunal está funcionando bien, ¿por qué tanta prisa? Por otro lado, el fujimorismo, con su posición, defiende más bien a rajatabla a los vocales del Tribunal Registral. Así, al revisar información, ¿qué encuentro? Me entero de que, de los dieciséis vocales, quince son de la época del fujimorismo. Entonces, con ese dato encuentro una primera respuesta al porqué de esa defensa a rajatabla de los miembros del Tribunal. Obviamente, si esa es la situación, ¿qué posición encuentro respecto a la bancada de enfrente? Que hay que iniciar de inmediato un proceso de ratificación de los voca-les del Tribunal. ¿Cuándo? En esta gestión. En suma, si los fujimoristas defienden, por un lado, a la gente que fue nombrada durante su periodo de gobierno, la impresión que tengo es que, por el otro, los humalistas quieren nombrar gente

durante su periodo de gobierno. De manera tal que —creo— están quedando de lado las bondades de este tribunal, y tanto de un lado como del otro están pensando: “Cómo ratificar —entre comillas, y que no se entienda mal; es simplemente para ser figurativo— a nuestra gente”.

Entonces, creo que hay un primer asunto que deberíamos separar para tratar de encontrar una solución.

Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Díaz; con su venia, gustosamente se la concedo.


El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias, Presidente.

Quiero hacer una precisión a mi amigo, el congresista Beingolea. No es acertado lo que él está seña-lando respecto a lo que motivaría la

posición de mi bancada. En mi caso, como presi-dente de la Comisión de Trabajo, para empezar, ni conozco a los vocales del Tribunal Registral; tengo información de que todos han ingresado por concurso público. Lo que venimos sosteniendo es que, independientemente de la época en la que hubieran ingresado al Tribunal, ellos han sido eva-luados y pueden seguir siendo evaluados en este momento, de manera que, si se demuestra que hay incapacidad o acciones deshonestas, obviamente, aplicando las actuales normas, pueden ser man-dados a su casa de inmediato. No hay razón para presentar estas propuestas adicionales. Lo único que nos motiva es precisamente que, más bien, se mantenga o fortalezca esta institución.

El congresista Beingolea, debe saber perfecta-mente, en su calidad de abogado, que el ideal en el mundo es no tener jueces provisionales. Creo que la misma lógica se puede aplicar incluso en el ámbito del Tribunal Registral. A fin de cuen-tas, lo que nos está motivando es que no sea manipulada políticamente esta institución, que está funcionando bien, como lo acaba de decir el congresista, y que se mantenga y fortalezca, como lo expresa el título del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase terminar con su intervención, congresista Beingolea.



El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Señor Presidente, aún no voy a terminar mi inter-vención pues estoy en la mitad de la exposición de mi argumento y dispongo de tiempo.

No dudo de lo que acaba de decir el congresista Díaz. No tengo ninguna duda de que él no conoce a ninguno de los miembros del Tribunal Registral. Pero es incontestable que quince de los dieciséis vocales entraron durante ese período de gobierno; ese dato estadístico es incontestable.

Así, estamos asistiendo a este debate: “Defiendo a los que se nombró durante mi período”. “Quiero sacarlos para nombrar a los que me corresponde a mí”, y eso está mal. Tengo la impresión de que podríamos llegar a un consenso, y quiero proponerlo.

El proyecto de ley propone un proceso de ratifica-ción en un plazo no menor de tres años. Pongamos que sea de cuatro años. Si consignamos el plazo de cuatro años, no le correspondería hacerlo a este gobierno. Y si es verdad que los humalistas quieren la ratificación, que se la cedan al próximo gobierno y que en cuatro años se dé la primera ratificación y partir de esa fecha contamos para que se realice cada cinco años y el tema queda resuelto.

De manera que alcanzo esa propuesta, si lo tiene a bien aceptar la Comisión de Trabajo o la de Justicia. Además, tengo la impresión de que, con ese planteamiento, el humalismo nos demostraría que no tiene interés político, sino simplemente el de ratificar; porque, repito —a despecho de lo que dije—, creo que el Tribunal Registral está caminando bien y que no podemos legislar con nombre propio: hay que mirar a futuro. Creo que sí debe haber ratificación para el caso, por ejemplo, de los magistrados del Poder Judicial.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase concluir con su intervención, congresista Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Presidente, para terminar, en el minuto que resta de mi intervención, me sumo a la propuesto planteada por varias bancadas; e incluso quisiera proponerlo como cuestión previa.

Hay acuerdo respecto a la disposición que per-mite el aumento salarial a los trabajadores de la Sunarp; he escuchado que todos están de acuerdo en ese asunto. Y si todos están de acuerdo en eso y

no nos vamos a poner de acuerdo en el otro punto, el de la ratificación, entonces, que se voten ambos temas por separado y de una vez.

Son quince años —según los datos que estoy manejando— en los que esos trabajadores no reciben un aumento salarial. ¡Quince años, señor Presidente! Muchos de ellos comenzaron ganando como un magistrado del Poder Judicial, pero ahora perciben la tercera parte, entonces, ¿merecen el aumento? ¡Claro que se lo merecen! ¿Que el tema en el proyecto de ley está amarrado y que no debieron haberlo hecho así no me queda la menor duda!, pero desamarrémoslo, pues, y votémoslos por separado; y, velando por el dere-cho de los trabajadores, hagamos una votación separada. Si lo que preocupa a esta bancada es que el tema del aumento salarial está amarrado al del proceso de ratificación, desamarrémoslo. Vamos a votar el asunto del aumento salarial y sigamos discutiendo el del proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral, tema sobre el cual ya he expuesto mi punto de vista. Planteo, repito, como punto intermedio, que se dé un plazo no menor de cuatro años para realizar el proceso de ratificación, ¡y asunto arreglado!; todos quedan libres de sospecha.

Pero, respecto al otro tema, insisto en que, ¡por fa-vor!, lo votemos por separado y aceptemos hoy...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La Mesa agradece su participación, congresista Beingolea.

En vista de que se ha agotado el debate, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Rolando Reátegui; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Muchas gracias, Pre-sidente.

Con todo respeto, por intermedio de la Mesa, quiero decirle al congresis-ta Beingolea que no tengo por qué

dudar de su afirmación respecto a que los vocales del Tribunal Registral fueron nombrados durante el gobierno de Alberto Fujimori; con todo respeto, no tengo por qué dudar de ello.



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Durante el gobierno del presidente Fujimori también fueron nombrados como notarios la doctora Marisol Pérez Tello y el doctor Otárola. No tengo por qué dudar, en ningún momento, ni de su honorabilidad ni de su prestigio; todo lo contrario. Los miembros de este tribunal cuen-tan con las capacidades suficientes y son gente de primer nivel; por lo tanto, no puedo dudar de esa situación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase continuar, congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente, el congresista Beingolea me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Muchas gracias, señor Presidente; y, por su inter-medio, agradezco al congresista Díaz Dios.

Que quede claro que en ningún ins-tante he dudado de la honorabilidad de esos ma-gistrados. Si me he expresado mal, pido disculpas. Solo estoy diciendo que es un hecho incontestable que los vocales del Tribunal Registral fueron nombrados en el período de gobierno fujimorista y que, en algún momento, la defensa cerrada que ha estado haciendo el bloque fujimorista pareciera más bien contestar a la defensa cerrada que está haciendo el otro bloque por sacar a todos los vo-cales y poner a los suyos. Parece que ese tema es una lucha entre los míos y los tuyos. Eso es todo lo que he dicho. Pero, por lo demás, creo que ese tribunal está haciendo un buen trabajo, aunque opino que no podemos legislar en función a si está haciendo un buen o mal trabajo; hay que pensar en el futuro, y por eso es que planteé una solución intermedia.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede empezar, congresista Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Señor Pre-sidente: Por su intermedio, quiero alcanzar una precisión final al congresista Beingolea.

Por si acaso, no solo la bancada fujimorista, si no también otras bancadas se han expresado en el mismo sentido que nosotros sobre ese tema, que, reitero, ha sido aprobado casi por unanimidad —con una mayoría bastante amplia— en la Co-misión de Trabajo; no solo lo apoyó mi bancada, por cierto.

En todo caso, ha quedado claro que todos esta-mos a favor del aumento en las remuneraciones, si bien existen algunos temas que la Comisión de Trabajo ha pedido que se incluyan como, por ejemplo, que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) utilice no menos de 20% de los ingresos propios recaudados en la infraestructura y tecnología. Eso sí se llama fortalecer y modernizar la Sunarp.

Por intermedio de la Mesa, también pido a la pre-sidenta de la Comisión de Justicia que acepte que el tema pase a un cuarto intermedio para tratar esos extremos de la norma y que, en su momen-to, votemos por separado el tema del proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral, recogiendo la propuesta de la congresista Carmen Omonte.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente: Como señalé al inicio de la exposición y sustentación del dictamen, este es uno de los proyectos que probablemente ha gene-rado mayor dificultad al interior de la comisión, y eso ha sido puesto en evidencia en el debate de hoy, porque, además, no hay salidas.

Presidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Mavila; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco a la con-gresista Pérez Tello.

Hay un consenso en este Congreso, y ese consenso es que todos votemos

el tema del incremento remunerativo de los tra-bajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).



Planteo con todo respeto, tras escuchar la alocu-ción de la presidenta de la Comisión de Justicia, que pasemos a votar inmediatamente el asunto del incremento remunerativo de los trabajadores de la Sunarp.



El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su inter-medio, agradezco a la congresista Marisol Pérez Tello.

En la misma línea de la congresista Rosa Mavila, en realidad, hay que

considerar que ha habido importantes aportes en el debate, como el del congresista Velásquez Quesquén en el sentido de facilitar este aumento remunerativo y no dejar que el Ministerio de Economía y Finanzas sea el que siga dando la última palabra. Entonces, reitero el pedido de pasar a un cuarto intermedio, sumamente breve, y esperamos el respaldo de la presidencia de la Comisión de Justicia.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Continúe, congre-sista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Gracias, Presidente.

Como señalaba, ciertamente, ha sido muy difícil encontrar un equi-librio, por lo que lo planteado puede

ser una buena salida. Lamentablemente, no puedo recoger una serie de sugerencias porque ya fueron discutidas en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión ya adoptó una posición; porque yo no he expuesto aquí mi posición, sino la que democráticamente se adoptó en la Comisión —independientemente de la mía—, con profundo respeto a lo que las mayorías —aunque no esté dentro de ellas— decían en su momento.

Sin embargo, hay algunos asuntos que sí tengo que dejar en claro.

En primer término, sin indicar quién lo señaló —porque entiendo que esa persona lo dijo en el calor del debate—, me parece respetuoso aclarar

que no he recibido ningún tipo de presión; así que afirmar que los servidores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) están presionando por el aumento en las remuneracio-nes no es ni correcto ni exacto ni justo.

Los servidores han ilustrado —como corresponde, en cualquier caso— a esta parlamentaria y, segura-mente, a otras sobre las consecuencias de aprobar la norma en un sentido o en otro, con profundo respeto a lo que se decida en este Pleno; por lo demás, difícilmente puedo ser presionada.

En segundo lugar, tampoco puedo aceptar que se señale que hay dieciséis personas atornilladas en un cargo; hay dieciséis personas que están traba-jando desde distintas cantidades de años porque no se les ha encontrado razón alguna para que dejen de desempeñar un cargo que lo han venido haciendo bien. Si hubiera alguna denuncia for-mal, lo correcto —porque eso involucra honras, honores, nombres fácilmente identificables y familias— es discutir políticas públicas, medidas legislativas; pero no atacar honras. Sería bueno que lo fuéramos aprendiendo; este debate se escucha a nivel nacional, afecta a personas, y no puedo aceptarlo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En tercer lugar, tampoco puedo aceptar que se señale arbitrariamente que el solo proceso de ratificación dentro de los tres años supone una interferencia política, porque se ha previsto la conformación de una comisión ad hoc que garan-tice que eso no suceda. Sin embargo, no es ajeno a mí que esa situación genera preocupación y, por tanto, la propuesta de un plazo no menor de cuatro años, si así lo considera el Pleno, podría ser evaluada.

Por estas consideraciones, pido que se someta a votación la cuestión previa que determine si se consultará por separado o no los dos temas. Si no fuera así, entiendo que con posterioridad se podría pedir con una cuestión previa que se intente llegar a un acuerdo con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, para no tener que someter a votación los dos proyectos, porque creo que podrían recogerse aportes interesantes.

Ya se votó en la Comisión de Justicia el tema del proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral y perdimos; el texto quedó tal cual ha sido presentado. Sin embargo, el Pleno, obvia-mente, tiene el poder para decidir algo distinto. Si fuera así, podríamos ir a un texto sustitutorio. Si no fuera así, planteó al presidente de la Co-misión de Trabajo, por intermedio de la Mesa,



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que busquemos acercar ambos textos sin que se excluya el tema del Tribunal Registral, si así lo decidiera el Pleno.

Finalmente, de ser el caso, evaluaré las sugeren-cias sobre temas que no hayan sido sometidos pre-viamente a votación en la Comisión y que podrían ser incorporadas para mejorar —sin duda alguna, siempre puede ser así— el texto planteado.

Presidente, le pido que pasemos a votar la cuestión previa para que, en todo caso, en función de la decisión que se adopte, pasemos o no a un cuarto intermedio para la redacción final o que, si no, lo sometamos a votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Entiendo que la congresista Pérez Tello no acepta la cuestión previa, por lo cual se pasaría a votar el texto sustitutorio.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, obviamente acepto la cuestión previa; eso también es democrático.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Pérez Tello, la Mesa le consulta si acepta la cuestión previa.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, que se vote; la cues-tión previa planteada por el congresista Díaz Dios, en todo caso, que la sustente. Pido que se pase a la votación de la cuestión previa, como corresponde, lo cual no significa que la acepte. Además, no podría apoyarla porque represento la posición de una comisión que tiene un punto de vista distinto.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Elías Ávalos para que se vote por separado la primera disposición complementaria final, refe-rida a la escala remunerativa de los servidores de la Sunarp.

Señores congresistas, sírvanse registrar su asis-tencia.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Han registrado su asistencia 81 parlamentarios.

Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 46 votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones, la cuestión previa planteada.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La cuestión previa ha sido aprobada.

“Votación de la cuestión previa del congresista Elías Ávalos

Señores congresistas que votaron a favor: Alcorta Suero, Andrade Carmona, Becerril Ro-dríguez, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Capuñay Quispe, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Cucu-liza Torre, Díaz Dios, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, García Belaunde, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Monterola Abregú, Mul-der Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand de Dyer, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Phi-lipps, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Vacchelli Corbetto, Valle Ramírez y Velásquez Quesquén.

Señores congresistas que votaron en contra: Acha Romaní, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Bedoya de Vivanco, Benítez Rivas, Canches Guz-mán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Llatas Altamirano, Molina Martínez, Nayap Kinin, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Saavedra Vela, Simon Munaro, Solórzano Flores, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Mavila León y Pérez Tello de Rodríguez.”



El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Solicito un cuarto intermedio para buscar llegar a un consenso con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se abre el cuarto intermedio.

Se aprueba en segunda votación el proyecto de Ley, dictaminado por unanimidad en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología —aprobado en primera votación en el Pleno del 27 de marzo de 2013—, que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de

Evaluación y Fiscalización Ambiental

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Señor relator, sírvase dar lectura a la sumilla del siguiente punto de la Agenda.


Dictamen por unanimidad de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, recaído en los proyectos de ley 1484/2012-CR y 1815/2012-PE, por los que se propone modi-ficar la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Al respecto, en sesión del Pleno del 27 de marzo de 2013, fue aprobado el proyecto, en primera votación.*

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— De conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, la segunda votación a que se refiere el inciso e) del artículo 73 debe efectuarse transcurridos siete días calendario como mínimo.

Tiene la palabra el congresista Grandez, presiden-te de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

El señor GRANDEZ SALDAÑA (GPFP).— Presidente: Consideran-do que en el pleno del 27 de marzo de 2013 fue aprobado el proyecto en primera votación con 46 votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones, solicito pasar a la segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Belaunde Moreyra.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Señor Presidente: Con respecto a este proyecto de ley aprobado en primera votación, hubo una observación central referida particularmente al elevado monto de las sanciones. Entonces, me pre-

gunto, ¿puede ser aprobado en el Congreso que se establezcan sanciones de este tipo, sanciones que no tienen una gradualidad, tras dos debates casi mínimos, sin mayor intercambio de ideas ni mayor reflexión? Creo que debe haber una escala para esas multas. No se puede decir únicamente que la multa es hasta tal cantidad de unidades impositivas tributarias (UIT), cuyo monto, multiplicado por la cantidad pertinente, se elevaría a once millones y pico de nuevos soles. Ese asunto precisa una mayor elaboración, requiere ser pensado más, y también se necesita más tiempo, para dialogar más entre nosotros sobre el tema y que no solo haya debate. Eso es lo que propongo al Pleno.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presi-dente: En la bancada hemos estado trabajando durante la mañana sobre nuestras preocupaciones respecto al proyecto. Voté a favor de su apro-bación en la Comisión de Pueblos

Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y voy a volver a apoyar el proyecto.

Sin embargo, tenemos algunas precisiones, que solicitamos sean evaluadas y, de considerarlo prudente, incorporadas. Pero, en el supuesto de que no se pudieran incorporar en este texto, espe-ramos que las deficiencias que se podrían generar se corrijan a través del reglamento.

La primera precisión es la siguiente. En el texto se plantea que, cuando el Organismo de Evaluación y




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Fiscalización Ambiental (OEFA) obtenga indicios razonables y verificables del incumplimiento de las condiciones para que una actividad se encuen-tre en el ámbito de competencia de los gobiernos regionales y, por tanto, su condición debiera co-rresponder al ámbito de competencia del OEFA, este esté facultado para fiscalizar directamente.

Creemos que no se puede fiscalizar directamente, porque se restan funciones a los gobiernos regio-nales. Eso significaría ir contra el difícil trabajo emprendido por nuestro país para descentralizar; eso significaría volver a acumular de manera velada competencias en un ministerio. Sabemos que esa no es la intención del proyecto y que, sin duda alguna, el ministro Pulgar Vidal es un gran defensor del medio ambiente; pero no estamos pensando en él, sino en la ley pura y dura y en que el funcionario que fuera no tenga, dentro de un margen de apreciación, la posibilidad de abusar de la norma. No se le puede dar a un funcionario de la OEFA la potestad para que saque de sus responsabilidades al gobierno regional. Por eso, planteamos que se evalué y, en todo caso, que haya un camino distinto para que el Ministerio del Ambiente sea en determinadas circunstancias el que asuma esta competencia.

El segundo tema al que queremos referirnos tiene que ver con la clasificación y los criterios de las sanciones. Consideramos que estos tam-poco deberían ser determinados por el Consejo Directivo de la OEFA, sino por el Ministerio del Ambiente, para que, vía decreto supremo, haya quien asuma responsabilidad política por ese tipo de decisiones.

Quiero referirme a una tercera precisión, para lo cual, Presidente, le pido que añada un minuto a mi intervención a cuenta del tiempo asignado a mi bancada o, en todo caso, que me conceda un minuto adicional.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concedido.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Muchas gracias, Presidente.

La tercera precisión está relaciona-da con el tema de la ejecutoriedad de las resoluciones de la OEFA.

Se habla de multas que son bastante altas y entendemos que podemos tener discrepancias respecto a cuánto es el monto adecuado o no, o respecto a si va a restar competitividad o no, y

esa es una preocupación que queremos dejar sobre la mesa. Pero consideramos que tener que pagar una carta fianza o dejar una garantía de pago por multas que pueden llegar hasta las treinta mil unidades impositivas tributarias (UIT) puede significar, al final, que, por una carta de garantía, una empresa no tenga liquidez o la posibilidad de acceder a créditos bancarios para una mayor inversión. Por eso planteamos que se revise este tema y que, en todo caso, se permita que la carta de garantía sea respecto al 30%; obviamente, si el tema es judicializado, y si se demuestra que el Estado tiene razón, se ejecutaría inmediatamente el resto de la multa.

Nosotros no queremos entorpecer la aprobación de una norma de este nivel. La minería seria ya tiene los principios que se aplican en Ecuador, reglas claras para conseguir préstamos, princi-pios relacionados al medio ambiente, a pueblos indígenas.

Sabemos perfectamente que el pacto global in-ternacional aprobado en la Organización de las Naciones Unidas por empresas mineras extracti-vas y empresas serias en minería reconocen que el establecimiento de una multa tiene que ver con el análisis económico del derecho y no con otro tema; esto es, el beneficio que se genera a partir del incumplimiento de una norma no debe ser mayor que el de la sanción, es decir, si cuesta ocho mil UIT remediar un pasivo ambiental, por ejemplo, y se impone como multa dos mil UIT, lo más probable es que, si no es una empresa seria, tenga la intención de pagar la multa y eludir su responsabilidad de remediar el daño.

Por eso, en cuanto el monto de estas multas es alto —para algunos, demasiado alto—, considero que, por lo menos, se tiene que garantizar que la carta fianza no quiebre en el tiempo a una empresa, porque un proceso judicial puede durar cuatro, cinco o seis años y eso podría generar consecuencias.

Someto a evaluación, en todo caso, esta posición, que es la de mi bancada; en lo particular, de todas maneras respaldaré el proyecto.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (APFA).— Presidente: Este proyecto es una buena reforma para defender el medio ambiente en el país y este Congreso ya lo aprobó; vamos a some-terlo a una segunda votación.



Se requiere equilibrar la necesidad de inversiones en nuestro país con una adecuada protección del medio ambiente; y, si de multas se trata, no hay que ser más papistas que el papa ni defensores de la gran minería contaminante en términos absolutamente inadecuados para los intereses del país.

Si se ha pasado de diez mil a treinta mil unidades impositivas tributarias (UIT) de multa, no hay que asustarse; el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) multa con más de cuarenta mil UIT; entonces, ¿a quién le hacemos un favor al querer alterar la ratificación con la segunda votación? Creo que debemos tener sentido de responsabilidad.

Con la Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN 71-2012-OS/CD, dicha institu-ción tipifica las infracciones y escalas de multas y sanciones respecto al tema de hidrocarburos, y ya hay algunas que pasan los 162 millones, y así tiene que ser.

Voy a ilustrar con otro ejemplo. La Unión Europea multa por 1 862 000; si se da un caso parecido en el país, el equivalente de esa multa sería de 503 000; no creo que la contaminación en Europa tenga menos valor que la contaminación en el Perú.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede terminar, congresista Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (APFA).— Definitivamente, la contaminación del medio ambiente debe tener un mismo valor, un valor universal, porque estamos atentan-do contra la naturaleza, contra los sistemas hídricos, contra el medio

ambiente; y una nueva política de Estado que el Perú ha adoptado en el Acuerdo Nacional, la política 33, es la defensa del agua, firmada el 14 de agosto de 2012. Entonces, a tono con ello, debe incluirse como política de Estado la defensa del medio ambiente. Y hace bien este Congreso en ratificar esta legislación.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Señor Presidente: Creo que es necesario pasar ya a la vo-tación; no obstante, quiero alcan-zar algunas precisiones bastante puntuales.

El Proyecto de Ley 1815/2012-PE propone el for-talecimiento del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización (Sinefa), el fortalecimiento del Or-ganismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y del principal instrumento que toda institucionalidad ambiental debe tener: mecanis-mos de fiscalización.

Si no fiscalizamos bien en un escenario como el nuestro, en el que debe continuar promoviéndose las inversiones en industrias extractivas, en el que debe fortalecerse la presencia de esa buena rela-ción entre actividades de industrias extractivas y desarrollo sostenible, comunidades andinas y nativas, etcétera, corremos el riesgo de debilitar nuestra institucionalidad democrática a través de azuzamiento de los conflictos sociales, etcétera.

Por ello, considero que este proyecto de ley es positivo, bueno, y hay que evaluarlo con la cabeza fría. Es un proyecto de ley que tiene que ver con asuntos bastantes concretos, con el fortalecimien-to del Tribunal de Fiscalización Ambiental, el cual creo que actualmente lo componen entre cuatro y cinco miembros, dedicados a tiempo parcial y casi ad honórem. Este proyecto es para fortalecer salas especializadas con integrantes que sean profesionales y dedicados a tiempo completo —y que no solo estén percibiendo dietas— y suma-mente calificados.

Uno de los reparos que se ha puesto a este tema de manera recurrente ha sido el del incremento del monto máximo de la sanciones ambientales; y creo que, con referencia a nuestro país, se ha incrementado de diez mil UIT a treinta mil UIT, lo cual es accesible si lo comparamos con la rigurosi-dad con que se maneja este tema en países vecinos al nuestro, como Ecuador o Colombia; y ni nos refiramos a los países de la Comunidad Europea o de los Estados Unidos de América, entre otros, con montos por concepto de multa absolutamente elevados y que se vienen implementando cuando hay sanciones graves.

Sobre la opinión de la colega Marisol Pérez Tello, en referencia al tema de las competencias de los gobiernos regionales, y sobre si se perjudicaría a los pequeños mineros artesanales, respecto a los cuales los gobiernos regionales tienen competen-cia, porque, como sabemos, los gobiernos regiona-les no tienen competencia ni en la mediana ni en la gran minería, hay que aclarar que los topes no se aplican para actividades de pequeña escala...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Coa.



782

El señor COA AGUILAR (NGP).— En la minería artesanal, en todo caso, se aplica el tope de has-ta cuarenta unidades impositivas tributarias (UIT) establecido en el Decreto Legislativo 1101.

Entonces, queda claro que en el proyecto hay el propósito de fortalecer la institucionalidad am-biental. En consecuencia, invoco, con la seriedad con la que debe gobernarse, para que, cuidando y respetando nuestra riquísima biodiversidad, nuestros bosques, nuestras aguas, y permitiendo, con tolerancia, que, en ese marco, se promuevan inversiones serias en petróleo, gas, minería, ¡aprobemos esta iniciativa legislativa!

Señor Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Guevara; con su venia, se la concedo, con la que doy por finalizada mi intervención.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Presi-dente, ya estamos por someter a segunda votación un importante proyecto de ley, por lo tanto, creo que debemos apoyarlo o votarlo como en la primera votación. Definitivamen-te, debemos pasar al voto.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Señor Presidente: Mi intervención será muy concisa, porque estamos por someter el proyecto a su segunda votación.

Quiero aclarar que las multas establecidas en la propuesta son las multas máximas, multas tope, y no significa que a todo infractor se le va a sancionar con treinta mil UIT. Son situaciones extremas, obviamente, situaciones pensadas en el supuesto de que los daños ambientales, en determinadas ocasiones, pueden ser efectivamente muy graves. Y esta garantía se hace para evitar lo que está sucediendo en este momento: que se judicialicen los procesos, que pasen diez años litigando con el Estado y que, finalmente, a los infractores les salga mucho más barato cometer una infracción, aunque les pongan la multa, si esta no se hace efectiva; entonces, ellos juegan con este mecanismo.

Señor Presidente, me está pidiendo una inte-rrupción el congresista Martín Belaunde; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Gracias, señor Presi-dente.

Cuando se ha establecido una tasa máxima, la tendencia es aplicar, en la inmensa mayoría de casos, la tasa máxima.

El problema que veo con esta propuesta de ley es que, en efecto, tiene una forma de discriminar que de alguna manera se podría llamar discri-minación positiva, en el sentido de que, para la pequeña minería y la minería artesanal, hay un máximo de sanción de cuarenta UIT, que equivale aproximadamente a cien mil nuevos soles. Pero pienso que la multa debe ser consustancial al daño, el cual debe de ser evaluado, y, además, la multa debe ser consustancial con la posibilidad de reparar el daño; y los mayores daños en la minería se originan concretamente en el uso de mercurio, que no solo envenena el ambiente, sino a las personas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir con su interrupción, congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Eso es fundamental y hay que tenerlo en cuenta; por eso considero que esta ley es intrínsecamente desproporcionada.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar con su intervención, congresista Zegarra.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Se-ñor Presidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Rosa Mavila; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Gracias, señor Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congresista Delgado.

No es cierto —y lo digo con todo respeto, por intermedio de la Mesa,

al congresista que me antecedió en el uso de la palabra— que, en la definición de mínimos y



máximos del ordenamiento jurídico, siempre tenga que aplicarse el máximo.

Estamos en un escenario en el que hay una escala entre un mínimo y un máximo, y también hay la ponderación por la mitad, por la tercera, por las tres cuartas partes. Es un hecho relacionado con la casuística del caso y con el supuesto de que se está normando para aplicar la sanción.

Pero el tema no solo es el de la sanción; aquí está de por medio el fortalecimiento en el país de la autoridad en materia ambiental; está de por medio la necesidad de prevenir para que las empresas, al practicarse el principio de prevención de ca-rácter disuasivo, no incurran en infracciones de naturaleza ambiental, a fin de evitar justamente la aplicación de las sanciones.

Además, no solo está de por medio el fortaleci-miento del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), sino la garantía de que el ciudadano común tenga derecho a un ambiente sano y acceso a la información sobre fiscalización ambiental.

Adicionalmente está el tema de la prevención, justamente, de evitar problemas y conflictos que tienen en la base un no respeto por el tema ambiental y un auspicio de la contaminación am-biental, en tanto no exista un ejercicio pragmático con poder real de la autoridad ambiental.

Por eso, propongo que pasemos a ratificar esta ley, que ya se ha discutido. Parece tardía la opor-tunidad para plantear ahora objeciones.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase terminar su intervención, con-gresista Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Gracias, señor Presi-dente.

Para terminar, con relación a estos temores sobre la multa máxima, cabe señalar que ya está establecido

en el Decreto Supremo 07/2012 del Ministerio del Ambiente (Minam) la metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a ser utilizados en la graduación de sanciones.

Además, en la fórmula legal están establecidos todos los criterios, como son el criterio del be-neficio ilícito obtenido, la probabilidad de ser detectada, el impacto y la extensión en el daño

ambiental, el perjuicio económico causado, la reincidencia o incumplimiento reiterado y la existencia de subsanación voluntaria por parte del administrado al acto u omisión imputados como supuesta infracción administrativa, entre otros. Es decir, esto no es arbitrario, sino que ya está claramente determinada tanto la gradualidad como los criterios para su aplicación. Así que creo que, efectivamente, ya estamos en el trámite de segunda votación y deberíamos pasar a votar.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Eguren.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (APGC).— Presi-dente: Esta norma es importante, sustantiva, sobre todo, por su vin-culación con el medio ambiente. Sin embargo, para ubicarse un poco en el escenario, en el Perú, permítame

exponer, con su venia, algunas transparencias que podrán contribuir a formar un criterio.

La primera transparencia está referida a la evo-lución en el índice de atractividad de la inversión minera del país. Como podemos apreciar, de una situación expectante e importante en 2009, en la que ocupábamos el puesto 12, hemos ido perdiendo competitividad o atractividad hasta ubicarnos hoy en el puesto 40. Entonces, hay allí un primer tema en el que los peruanos y los parlamentarios debemos pensar. (Cuadro 10).

En la segunda transparencia, vemos también como ha ido evolucionando el Perú en los últimos años en el índice de atractividad de la inversión minera, representando la parte superior del cuadro la peor posición y la parte inferior del cuadro una mejor posición. En la parte inferior del cuadro, en donde están las posiciones ideales, están Nevada-Estados Unidos de América, Québec-Canadá y Chile, y solo peor que nosotros, dentro de un grupo de competidores directos en minería, está Brasil. (Cuadro 11).

Y no solo sucede eso en cuanto a inversión minera, sino también en el ranking de atractividad de inversión del sector hidrocarburos. ¿Qué pasa en ese sector? Sucede lo mismo, pero algo mejorado, porque se da una situación inversa. Hemos tenido un grave rebote desde 2011. Colombia ocupa el puesto 65, Chile el puesto 76 y nosotros hemos empeorado. (Cuadro 12).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede terminar, congresista Eguren.



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Cuadro 10

Cuadro 11

Cuadro 12

Perú:Índice de Atractivo a la Inversión Minera

Según el Ranking del Índice de Atractividad a la Inversión Minera, el Perú de una posición privilegiada del primer quinquenio del 2000, en el 2012 ha descendido al puesto 40� de un total de 96 jurisdicciones mineras.

Situación que si bien no ha mellado las inversiones, sí ha frenado su dinamismo.

2009/10

24°

12°

2010/11 2011/12 2012/13

28°32°

Mejor

Peor

2009/208

40°

Perú:Índice de Atractivo a la Inversión Minera

Según el Ranking del Índice de Atractividad a la Inversión Minera, el Perú de una posición privilegiada del primer quinquenio del 2000, en el 2012 ha descendido al puesto 40� de un total de 96 jurisdicciones mineras.

Situación que si bien no ha mellado las inversiones, sí ha frenado su dinamismo.

Perú en el Ranking de Atractividad de Inversión del Sector Hidrocarburos

En el Ranking de Atractividad de Inversión del Sector Hidrocarburos, el Perú empeoró su posición, pasando del puesto 76� en el 2011 al 94� en el 2012, de un total de 147 países que conforman el ranking, lo cual reflejan las dificultades para invertir en el sector.

Pais Ubicación en el Ranking

Colombia 65°

Chile 76°

Perú 94°

Bolivia 146°

Venezuela 147°

Comparativo



El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (APGC).— Entonces, la posición del Perú se está agravando. Y dentro de los factores por los cuales se agrava tenemos, al margen de que los precios de los minerales están cayendo interna-cionalmente, el incremento de impuestos que aprobó este Congreso —y con el cual estuvimos de acuerdo y votamos a favor—; tenemos los conflictos sociales que no podemos resolver como país; tenemos la consulta previa —que también aprobó este Congreso y por la que voté a favor—; tenemos problemas de burocracia y de lentitud en los trámites. (Cuadro 13).

Y ahora estamos incorporando un elemento más: las multas. Pero, antes de entrar a discutir ese tema, con su venia, señor Presidente, concedo la interrupción que me está solicitando la con-gresista Mavila.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Gracias, Presidente; y, por su intermedio, agradezco al congre-sista Eguren.

Considero debatible el raciocinio de-sarrollado en el sentido de que este

sistema de multas afectaría la inversión, porque, a nuestro juicio, una minería responsable es la que más bien asegura el desarrollo económico en nuestro país.

De otro lado, sobre el sistema de multas hay una metodología para el cálculo de las multas base y la

aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supre-mo 07-2012 del Ministerio del Ambiente (Minam). Es decir, no es arbitrario, hay criterios a tomar en cuenta, congresista Eguren —por intermedio de la Presidencia—, con todo respeto.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Eguren.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (APGC).— Hay criterios, y esos son lo que se eva-lúan; y, en función a esos criterios, se hacen los rankings internacionales y la realidad del Perú es esa.

Si de multas se trata, pasar de 37 millones, como monto máximo, a 111 millones —es decir, si se triplican las multas—, no sé si esa medida pueda ayudar significativamente, más aun tomando en cuenta que la multa máxima en Chile es de 25 millones, y en Brasil, de 68 millones; es decir, nuestras multas serían el triple que las de Chi-le, el doble que las de Brasil. No sé si eso suma competitividad. Por ello, en coincidencia con lo señalado por la congresista Marisol Pérez Tello, solicitamos al presidente de la comisión que evalúe la disminución de ese máximo porque triplicarlo de la noche a la mañana...

Señor Presidente, me está pidiendo una segunda interrupción el congresista Pari; con su venia, se la concedo.

Cuadro 13

Crecimiento Porcentual del PBI Minero/Energético de los Países de la Alianza del Pacifico

Durante el 2012 el PBI Minero/ Energético del Perú tuvo un retroceso, mientras que países como Chile y Colombia continúan la senda del crecimiento.

http://eleconomista.com.mx/economia-global/2013/03/31/mineria-comercio-vital-paises-alianza-pacifico



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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Pari.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Si estuviéramos pensando solamente en el fatalismo de que las empresas que vienen, o que queremos que

vengan al país, sean las que van a cometer actos que atenten contra el ambiente... Creo que ese no es el espíritu; queremos empresas responsables. Si estuviéramos temiendo que lleguen al país em-presas que van a chocar con el límite máximo de la multa, creo que seríamos irresponsables. Nosotros queremos empresas de suma responsabilidad, y creo que es sumamente correcto poner un máximo al monto de la multa, porque es un máximo; no se trata de que a todas las empresas que vengan al país se les va a poner esa multa. ¡Eso no! Se ahuyentaría obviamente a las inversiones. No es así. Las empresas responsables que van a llegar al país no van a recibir multas. Queremos ese tipo de empresas, ¿por qué pensar en fatalismos?

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Eguren.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (APGC).— Gra-cias, señor Presidente.

Quiero recordarle que este no es un tema exclusivo del sector minero o petrolero, sino medioambiental, y

no atañe únicamente a empresas extranjeras, sino también peruanas, así como a las pequeñas, medianas y grandes empresas, y que también estarían sujetas a estas multas.

Para aplicar las multas hay un reglamento, ciertamente; pero este no ha sido aprobado por ley, sino por decreto supremo. Es decir, el Poder Ejecutivo de turno puede modificarlo cuando lo estime conveniente.

En otros países, pensando en que las multas no quiebren ni anulen la actividad empresarial, se utilizan porcentajes: un porcentaje de las ventas, un porcentaje de la facturación, un porcentaje del capital, un porcentaje del patrimonio. Se utilizan porcentajes para no quebrar las empresas, porque esa no es la intención de las multas. Pero creo que estamos corriendo ese riesgo con la propuesta, y el presidente de la comisión deberá merituar ese tema.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En vista de que ya participaron todos los congresistas inscritos en el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Grandez Saldaña, presiden-te de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

El señor GRANDEZ SALDAÑA (GPFP).— Gracias, señor Presi-dente.

Si bien es cierto hay un gran debate en torno a ese tema, cabe señalar que todo está reglamentado y tipificado en las normas del sistema.

Por lo tanto, pido que sometamos el proyecto a segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En atención a lo indicado por el congresista Grandez, pido a los señores representantes que se sirvan registrar su asistencia para proceder a votar.



Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en segunda votación, por 66 votos a favor, nin-guno en contra y nueve abstenciones, el texto sustitutorio del proyecto de Ley que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.


Se deja constancia del voto a favor de los congresis-tas Velásquez Quesquén, Díaz Dios, Pérez Tello de Rodríguez, Mulder Bedoya y García Belaunde.

El resultado final es 71 votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones.

Ha sido aprobado, en segunda votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1484/2012-CR y 1815/2012-PE, por el que se propone modificar



la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Eva-luación y Fiscalización Ambiental.




LEY QUE MODIFICA LA LEY 29325, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUA-

CIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Artículo 1. Modificación de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Modifícanse los artículos 10, 11, 13, 15, 17 y 19; así como la sexta y sétima disposiciones com-plementarias finales de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, de acuerdo al siguiente texto:

‘Artículo 10°.- Tribunal de Fiscalización Am-biental

10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) que ejerce fun-ciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley.

10.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) cuenta con salas especializadas, cuya con-formación y funcionamiento es regulado mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. El número de salas especializadas es definido por el Consejo Directivo. Los vocales de cada sala son elegidos, previo concurso público, por resolución del Consejo Directivo, por un período de cuatro años, y removidos de sus cargos si incurren en las causales establecidas en el Reglamento de Organi-zación y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

10.3 Para ser vocal del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) se requiere ser profesional no menor de treinta y cinco años de edad, tener un mínimo de cinco años de titulado, contar con reconocida y acreditada solvencia profesional, así como contar con una amplia experiencia en las materias que configuran el objeto de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Am-biental (OEFA) de acuerdo a cada especialidad.

10.4 Los vocales de las salas especializadas desem-peñan el cargo a tiempo completo y a dedicación exclusiva y no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucra-tiva, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni de asociaciones relacionadas con las funciones del Organismo de Evaluación y Fisca-lización Ambiental (OEFA).

10.5 Los vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) no pueden ser simultáneamente miembros del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Artículo 11°.- Funciones generales

11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental com-prende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación am-biental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Orga-nismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente:

a) Función evaluadora: comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.

b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cum-plimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los adminis-trados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas.

La función supervisora tiene como objetivo adi-cional promover la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo, daños al ambiente o a la salud. En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación correspondiente.

Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo anterior.

c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables



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y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales de contra-tos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas caute-lares y correctivas.

11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce las siguientes fun-ciones:

a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus com-petencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligacio-nes ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de entidades de fiscalización ambiental, las que son de obliga-torio cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de gobierno.

En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infrac-ciones administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondientes, así como los crite-rios de graduación de estas y los alcances de las medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectivas.

b) Función supervisora de Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), nacional, regional o local: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización a cargo de entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local a las que se refiere el artículo 7.

El OEFA, en ejercicio de su función supervisora, puede establecer procedimientos para la entre-ga de reportes, informes técnicos y cualquier información relativa al cumplimiento de las fun-ciones a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).

El incumplimiento de las funciones antes indi-cadas acarrea responsabilidad funcional, lo cual es comunicado al órgano competente del Sistema Nacional de Control.

Artículo 13°.- Reportes de cumplimiento de obli-gaciones ambientales a cargo del administrado

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en ejercicio de su función supervisora, puede establecer de manera comple-mentaria procedimientos para la entrega de re-portes, informes técnicos, declaraciones de parte y cualquier información relativa al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados.

La falsedad en las declaraciones o información que se presenten en el marco de tales procedimientos es sancionada por el OEFA, sin perjuicio de otras acciones de fiscalización que correspondan por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del administrado.

Artículo 15°.- Facultades de fiscalización

El OEFA, directamente o a través de terceros, puede ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de sus funciones de fiscalización, para lo cual contará con las siguientes facultades:

“[...]

c.4 Tomar o sacar muestras de sustancias y ma-teriales utilizados o manipulados en el estableci-miento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos o utilizar cualquier otro tipo de medio probatorio que sirva para sustentar lo verificado durante las acciones de supervisión.

“[...]

Artículo 17°.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora

Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) las siguientes conductas:

a) El incumplimiento de las obligaciones conte-nidas en la normativa ambiental.

b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instru-mentos de gestión ambiental señalados en la normativa ambiental vigente.

c) El incumplimiento de los compromisos ambien-tales asumidos en contratos de concesión.

d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las dispo-



siciones o mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA.

e) Otras que correspondan al ámbito de su com-petencia.

El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no cuenten con permi-sos, autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), respecto de sus competencias, según corresponda.

Cuando el OEFA obtenga indicios razonables y verificables del incumplimiento de las condiciones para que una actividad se encuentre en el ámbito de competencias de los gobiernos regionales, y por tanto su condición actual debiera corresponder al ámbito de competencias del OEFA, este se en-cuentra facultado para desarrollar las acciones de fiscalización ambiental a que hubiere lugar.

Las acciones que ejerza el OEFA, conforme a lo señalado en el presente artículo, se realizan sin perjuicio de las competencias que corresponden a los gobiernos regionales y demás Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), así como al Organismo Supervisor de la Inversión en Ener-gía y Minería (Osinergmin) y a otras entidades sectoriales, conforme a sus competencias.

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del Ambiente a propuesta del OEFA, se establecen disposiciones y criterios para la fiscali-zación ambiental de las actividades mencionadas en los párrafos anteriores.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Am-biental (OEFA) ejerce la potestad sancionadora respecto de las obligaciones ambientales estableci-das en los planes, programas y demás instrumen-tos de gestión ambiental que corresponda aprobar al Ministerio del Ambiente (MINAM).

Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables. La tipifica-ción de infracciones y sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones que utilicen las EFA.

Artículo 19.- Clasificación y criterios para la clasificación de sanciones

19.1 Las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves. Su determina-ción debe fundamentarse en la afectación a la salud y al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos y en otros criterios que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente.

19.2 El Consejo Directivo del OEFA aprueba la escala de sanciones donde se establecen las san-ciones aplicables para cada tipo de infracción, tomando como base las establecidas en el artículo 136 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

SEXTA. El OEFA efectúa la cobranza coactiva de sus acreencias de conformidad con la legislación de la materia.

Mediante resolución de Presidencia del Consejo Directivo del OEFA se establece y regula el aran-cel aplicable para el procedimiento de ejecución coactiva.

SÉTIMA. El Régimen Común de Fiscalización Ambiental, regulado en el párrafo 131.2 del artículo 131 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, establece los lineamientos, principios y bases comunes de la fiscalización ambiental en el país, así como las disposiciones generales que deben cumplir las EFA de manera obligatoria en el ámbito del SINEFA, regulando su articulación con la finalidad de asegurar el ejercicio armónico de la fiscalización ambiental a su cargo y la inter-vención coordinada y eficiente de las mismas como medio para asegurar el respeto de los derechos ambientales de los ciudadanos.

Toda referencia hecha al Régimen Común de Fis-calización y Control Ambiental o al Reglamento del Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental se entiende como efectuada al Régimen Común de Fiscalización Ambiental.

El régimen de incentivos regulado en el artículo 150 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente; y el reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales, regulado en el artículo 139 de la Ley General del Ambiente, son aprobados por reso-lución ministerial del Ministerio del Ambiente, y su aplicación es supervisada o fiscalizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Am-biental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).

El establecimiento, regulación y gestión del registro de infractores ambientales, regulado en el artículo 139 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, está a cargo del OEFA.’



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Artículo 2. Incorporación de artículos en la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Incorpóranse los artículos 13-A, 16-A, 20-A, 20-B y 22-A a la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, de acuerdo al siguiente texto:

‘Artículo 13-A.- Transparencia y acceso a la in-formación ambiental

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscali-zación Ambiental (EFA) ponen a disposición y libre acceso del público información técnica y objetiva del resultado de la toma de muestras, análisis y monitoreos que realizan en el ejercicio de sus funciones, dejando expresa constancia de que dicha información no constituye adelanto de juicio respecto de las competencias en materia de fiscalización ambiental que les son propias.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) puede, de ser necesario, re-coger información de la población local mediante audiencias públicas a fin de complementar sus acciones de fiscalización ambiental.

Artículo 16-A.- Mandatos de carácter particular

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la presente Ley y bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) emiten mandatos de carácter particular, los cuales constituyen disposiciones exigibles al administra-do con el objetivo de que este realice determinadas acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental.

Los mandatos de carácter particular se disponen a través de comunicación dirigida al administrado en la que se señale su motivo y el plazo para su cumplimiento. Los mandatos son impugnables sin efecto suspensivo.

El incumplimiento de estos mandatos es san-cionable, de conformidad con el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, y son regulados mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA.

Artículo 20-A.- Ejecutoriedad de las resoluciones del OEFA

La sola presentación de una demanda conten-cioso-administrativa, de amparo u otra, no

interrumpe ni suspende el procedimiento de ejecución coactiva de las resoluciones de primera o segunda instancia administrativa referidas a la imposición de sanciones administrativas emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Sin perjuicio de los requisitos y demás regulaciones establecidas en el Código Procesal Civil en materia de medidas cautelares, cuando el administrado, en cualquier tipo de proceso judicial, solicite una medida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto las resoluciones de primera o segunda instancia administrativa referidas a la imposición de sanciones administrativas, incluso aquellas dictadas dentro del procedimiento de ejecución coactiva o que tengan por objeto limitar cualquiera de las facultades del OEFA previstas en la presente Ley y normas complementarias, son de aplicación las siguientes reglas:

a) Para admitir a trámite las medidas cautelares, los administrados deben cumplir con presentar una contracautela de naturaleza personal o real. En ningún caso el juez puede aceptar como con-tracautela la caución juratoria.

b) Si se ofrece contracautela de naturaleza per-sonal, esta debe consistir en una carta fianza bancaria o financiera a nombre del OEFA, de carácter irrevocable, incondicional, de ejecución inmediata y sin beneficio de excusión, otorgada por una entidad de primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Adminis-tradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

c) Dicha garantía debe tener una vigencia de doce meses renovables y ser emitida por el importe de la deuda derivada del acto administrativo cuyos efectos se pretende suspender o dejar sin efecto, actualizada a la fecha de solicitud de la medida cautelar.

d) La carta fianza debe ser renovada y actualizada, en tanto se mantenga vigente la medida cautelar, dentro de los veinte días hábiles previos a su vencimiento, de acuerdo al monto de la deuda acumulada a la fecha de su renovación. En caso de que no se renueve la carta fianza o no se ac-tualice su importe en el plazo antes indicado, el juez procede a su ejecución inmediata.

e) Si se ofrece contracautela real, esta debe ser de primer rango y cubrir el íntegro del importe de la deuda derivada del acto administrativo cuyos efectos se pretende suspender o dejar sin efecto, actualizada a la fecha de solicitud de la medida cautelar.



f) El OEFA se encuentra facultado para solicitar a la autoridad judicial que se varíe la contra-cautela, en caso de que esta haya devenido en insuficiente con relación al monto concedido por la generación de intereses. El juez debe disponer que el solicitante cumpla con la adecuación de la contracautela ofrecida.

g) En aquellos casos en los que se someta a revi-sión del órgano judicial competente la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para el inicio y trámite del procedimiento de ejecución coactiva mediante demanda de revisión judicial regulada en la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, la ejecución coactiva solo es suspendida si el cumplimiento de la obligación es garantizado mediante contracautela, la que debe cumplir con iguales requisitos a los señalados en los incisos precedentes.

Artículo 20-B.- Papeletas ambientales

Para el caso de infracciones cuya comisión pueda ser verificada a través de mecanismos tecnológicos u otros que permitan acreditar de manera verosí-mil, el procedimiento administrativo sancionador se inicia con la entrega de la copia de la papeleta ambiental al presunto infractor.

En dichos supuestos y únicamente para el caso de infracciones leves, el administrado puede acogerse al beneficio de reducción del 50% del monto de la multa por pago voluntario.

A efectos de proceder al archivo del procedimiento, el administrado debe adjuntar copia del compro-bante del depósito realizado en cuenta bancaria que el OEFA habilite y acreditar la subsanación de los incumplimientos detectados según correspon-da. Ambos requisitos deben presentarse dentro del plazo para formular descargos.

Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se regula el procedimiento aplicable en materia de papeletas ambientales.

Artículo 22-A.- Medidas preventivas

Las medidas preventivas pueden contener manda-tos de hacer o no hacer. Se imponen únicamente cuando se evidencia un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o derivado de ellos, a la salud de las personas; así como para mitigar las causas que generan la degradación o el daño ambiental.

Para disponer una medida preventiva, no se requiere el inicio de un procedimiento admi-

nistrativo sancionador. Dicha medida se ejecuta sin perjuicio de la sanción administrativa a que hubiera lugar.

La vigencia de la medida preventiva se extiende hasta que se haya verificado su cumplimiento o que hayan desaparecido las condiciones que la motivaron.’

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA FINALES

PRIMERA. Mediante resolución ministerial del Ministerio del Ambiente se emiten las disposicio-nes requeridas para garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental, en tanto se implemen-te lo señalado en el artículo 10 de la Ley 29325, modificado por la presente Ley.

Los vocales del Tribunal de Fiscalización Ambien-tal continúan en el ejercicio de sus funciones bajo las condiciones en las que fueron elegidos para tales cargos, durante el plazo que se establezca en la citada resolución ministerial.

SEGUNDA. Las acciones que se deriven de la aplicación de la presente norma se sujetan al presupuesto institucional de los pliegos invo-lucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

TERCERA. Las funciones de fiscalización en ma-teria ambiental relacionadas con las actividades de energía y minería que desarrolla el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se financian con cargo al aporte por regulación establecido en la cuadragésima octava disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. Dichos recursos constituyen ingresos pro-pios de esta entidad, los cuales son incorporados al presupuesto institucional del OEFA conforme al artículo 42 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Re-caudados.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. En un plazo máximo de noventa días calendario, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) deben adecuar las normas que establecen sanciones administrativas por el incumplimiento de normas ambientales a



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lo establecido en el literal b) del párrafo 136.2 del artículo 136 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, modificado en virtud de la segunda disposición complementaria modificatoria de la presente Ley.

SEGUNDA. En un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, deben adecuarse los instrumentos de gestión pertinentes a fin de implementar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado por la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modifícase el numeral 131.2 del artículo 131 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, conforme al siguiente texto:

‘Artículo 131°.- Del régimen de fiscalización y control ambiental

“[...]

131.2 El Ministerio del Ambiente mediante re-solución ministerial aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental.

“[...] ’

SEGUNDA. Modifícase el literal b) del numeral 136.2 del artículo 136 de la Ley 28611, Ley Gene-ral del Ambiente, de acuerdo al siguiente texto:

‘Artículo 136°.- De las sanciones y medidas co-rrectivas

“[...]

136.2 Son sanciones:

“[...]

b. Multa no mayor de 30,000 Unidades Imposi-tivas Tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago.

“[...] ’

TERCERA. Incorpórase el literal s) al artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, de acuerdo al siguiente texto:

‘Artículo 7.- Funciones específicas

El Ministerio del Ambiente cumple las siguientes funciones específicamente vinculadas al ejercicio de sus competencias:

“[...]

s) Coordinar y hacer seguimiento, en su rol de ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, del adecuado ejercicio de las com-petencias ambientales en los diversos niveles de gobierno.’

CUARTA. Modifícase el literal f) del artículo 17 de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo 1078, conforme al siguiente texto:

‘Artículo 17°.- Funciones del organismo coordi-nador

“[...]

f) Coordinar y hacer seguimiento del adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Evalua-ción del Impacto Ambiental.’

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

ÚNICA. Derógase la primera disposición comple-mentaria modificatoria de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.


“Segunda votación del texto sustitutorio de los Proyectos 1484 y 1815

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Acuña Peralta, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Becerril Rodrí-guez, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuqui-chaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Monterola Abregú, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Por-tugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez



Zavaleta, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Teves Quispe, Uribe Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Qui-roz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Eguren Neuenschwan-der, Lay Sun, Pérez del Solar Cuculiza, Simon Munaro y Tubino Arias Schreiber.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las 7 y 30 de la noche, porque se va a proceder con iluminar el frontis del Palacio Legislativo con luces de color azul por el Día Mundial de Conciencia del Autismo.

Invito a los señores congresistas a participar de este importante acto de sensibilización.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Con el quórum reglamentario, continúa la sesión.

Admitida a debate la Moción de Orden del Día 6485, se acuerda la conformación de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a titular de la Defensoría del Pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, integrada por los congresistas Urquizo Maggia, Aguinaga Recuenco, Portugal Catacora, Galarreta Velarde, García Belaunde, Urtecho Medina y Velásquez

Quesquén

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar cuenta de una moción de orden del día.


“Moción de Orden del Día

De los congresistas Delgado Zegarra, del gru-po parlamentario Nacionalista-Gana Perú; Velásquez Quesquén, del grupo parlamentario

Concertación Parlamentaria; García Belaunde, del grupo parlamentario Acción Popular-Frente Amplio; Portugal Catacora, del grupo parlamen-tario Perú Posible; Becerril Rodríguez, del grupo parlamentario Fuerza Popular; Wong Pujada, del grupo parlamentario Alianza por el Gran Cam-bio, y Urtecho Medina, del grupo parlamentario Solidaridad Nacional, por la que se propone conformar una Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú”. (Moción 6485). Al respecto, la Junta de Portavoces, con fecha 4 de abril de 2013, acordó incluir la presente moción en la agenda del Pleno.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado, en nombre de los firmantes de la moción, para que la fundamente.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Presidente: En efecto, la designación del defensor del Pueblo, de los miembros del Tribunal Consti-tucional y de los directores del Banco Central de Reserva es un deber que nos impone la Constitución Política del Estado.

La comisión propuesta está respaldada por todos los voceros, de manera tal que podamos cumplir con este compromiso que el país está demandando desde hace ya bastante tiempo.

Le pido que disponga la lectura de la Moción de Orden del Día 6485.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a la moción.


“Moción de Orden del Día 6485

Los congresistas de la república que suscriben, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 35, inciso c), y 68 del Reglamento del Congreso, presentan la siguiente moción de orden del día:

Considerando:

Que uno de los principales requerimientos que realiza la ciudadanía a la Representación Nacio-nal es la designación del defensor del pueblo, de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva;



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Que la elección de estos altos funcionarios reviste de una particular importancia para el fortaleci-miento del Estado de derecho, donde el Congreso de la República, sin desconocer los intereses individuales, debe integrar estos a los intereses de la sociedad;

Que la Ley 29882 establece los procedimientos de elección del defensor del pueblo y de magistrados del Tribunal Constitucional, los cuales también se pueden hacer extensivos para el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 9 del Decreto Ley 26123 respecto a la designación de los tres integrantes del directorio del Banco Central de Reserva.

Que, en la sesión de la Junta de Portavoces reali-zada el martes 8 de enero de 2013, el Presidente del Congreso de la República invocó la urgente necesidad de que el Parlamento Nacional cumpla en el presente periodo anual de sesiones con la función especial que la Constitución Política y los artículos 6 y 64, inciso c), del Reglamento del Congreso le asigna para elegir al defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Consti-tucional y a los directores del Banco Central de Reserva del Perú;

Que los grupos parlamentarios, en concordancia con lo propuesto por la Junta de Portavoces, han cumplido con acreditar a los congresistas para integrar la Comisión Especial encargada de recibir propuestas y seleccionar a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y directores del Banco Central de Reserva del Perú.

Por tales consideraciones, el Pleno del Congreso de la República.

Acuerda:

Primero.— Conformar una Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

Segundo.— Designar como miembros de la ci-tada Comisión Especial a los siete congresistas acreditados por los grupos parlamentarios que a continuación se indica:

- Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú: José Antonio Urquizo Maggia.

- Grupo Parlamentario Fuerza Popular: Alejandro Aguinaga Recuenco.

- Grupo Parlamentario Perú Posible: Mariano Portugal Catacora.

- Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cam-bio: Luis Galarreta Velarde.

- Grupo Parlamentario Acción Popular-Frente Amplio: Víctor Andrés García Belaunde.

- Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional: Michael Urtecho Medina.

- Grupo Parlamentario Concertación Parlamen-taria: Javier Velásquez Quesquén”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Para oponerse a la admisión a debate de la moción, los grupos parlamentarios tienen derecho a intervenir un minuto por bancada.

Si nadie se opone, se consultará la admisión a debate.

Se va a consultar la admisión a debate de la Moción de Orden del Día 6485.

Para su aprobación, se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 107, la mayoría es de 54.

Pido a los señores congresistas que se sirvan re-gistrar su asistencia para proceder a votar.



Al voto.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 77 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la admisión a debate de la Mo-ción de Orden Día 6485.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La Moción de Orden del Día 6485 ha sido admitida a debate.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Acha Romaní y Gutiérrez Cóndor.



El resultado final es 79 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

“Votación de la admisión a debate de la Moción 6485

Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cár-denas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Al-tamirano, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Monterola Abregú, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodrí-guez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Rey-naga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sar-miento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urtecho Medina, Va-lencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En debate la moción.

Tiene la palabra el congresista Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Señor Presidente: Consi-dero, por lo que se ha señalado, que esta moción es muy importante; pero dada la importancia y la ne-cesidad de que se designen a esos funcionarios, creo que habría que

establecer un plazo para que este grupo de trabajo, que hoy día se elige, cumpla con el encargo del Pleno. Ese plazo podría ser de tres meses, para que en esta legislatura se puedan seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Consti-tucional, a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva y al defensor del Pueblo. Es-peramos, también, que esta comisión sepa elegir

buenos candidatos: con trayectoria democrática, con una conducta intachable y solvencia moral, y probada defensa de los derechos humanos, que es lo que se necesita tanto para ser titular de la Defensoría del Pueblo como para ser magistrado del Tribunal Constitucional.

No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional va a resolver acciones de inconstitucionalidad, hábeas corpus, amparo, acciones de cumplimiento, hábeas data y conflictos que pueda haber entre poderes del Estado. Es decir, me permito, con todo respeto, pedirles a los miembros de esa comisión especial que hagan una profunda y exhaustiva evaluación. No estamos eligiendo cualquier tipo de magistrados, depende mucho de ellos el futuro de los derechos fundamentales de millones de peruanos y de ciudadanos del extranjero que pu-dieran estar en nuestro territorio; y, de otro lado, el defensor del pueblo va a cumplir también una tarea importante. No es el defensor del gobierno ni del Estado: es el defensor del Pueblo.

Hago esa invocación, por intermedio de la Mesa, para que los integrantes de la comisión especial sepan escoger buenos candidatos y solicito que se establezca un plazo, que podría ser de tres meses, para que, en junio, a más tardar, nos traigan sus propuestas; y si no pudieran hacerlo, se tendría que elegir otra comisión o, de acuerdo a ley, se tendría que ver otro mecanismo para elegir; porque no nos olvidemos que la ley dice que los candidatos pueden postular al cargo por invitación o también por concurso. Entonces, si no se logra escoger candidatos o gente que quiera aceptar la invitación, vamos a tener que recurrir a la con-vocatoria de concurso para la selección, para la búsqueda de magistrados. No nos olvidemos que en los últimos años muchos candidatos fueron maltratados y, por eso, mucha gente no ha querido postular para ocupar los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional. Y si ahora se va a invitar a alguien, a ese invitado no se le puede someter a pruebas o exámenes para decirle que se van a proponer ternas con los invitados, porque no se puede someter al candidato invitado a que se le compare con otro candidato; o se le invita o no, y si se le invita, esa persona debe reunir las características y condiciones propias para ser magistrado del Tribunal Constitucional, defensor del Pueblo o miembro del directorio del Banco Central de Reserva.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Becerril.



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El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente: Voy a opinar sobre el tema ya que en su oportunidad también integré una comisión similar. Como decía al colega que me antecedió en el uso de la palabra, creo que todos los

congresistas integrantes de esta comisión especial son conscientes de que no solo tienen una gran responsabilidad con el Congreso, sino con el país entero; por lo tanto, considero que cada bancada ha elegido a las personas idóneas para llevar adelante esta gran responsabilidad.

Por otra parte, me parece que ponerles a los inte-grantes de la comisión especial una fecha límite no les va a dejar trabajar con la tranquilidad que amerita, considerando que ese grupo de trabajo debe saber llegar a consensos por encima de los tintes políticos. Sus integrantes deben conver-sar, consensuar; y entendemos que, en realidad, sin presiones, puede llevarse a cabo de la mejor manera.

Entendiendo que esa es la responsabilidad que el país les ha encomendado, solo quiero manifestar que todos estaremos a la expectativa, por el bien de este Congreso, por nuestra imagen, de que, en un plazo perentorio, se nombre al defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Consti-tucional y también a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva.

Creo que cada bancada debe confiar en los congresistas que hemos elegido, más aun en el entendido de que usted, en su calidad de Pre-sidente del Congreso, también va a apoyar que esta comisión especial obtenga los resultados que todos esperamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente: Se supone que, al elegir esta comisión especial, sus integrantes tienen la autoriza-ción expresa de sus bancadas para definir políticamente una decisión que va a favorecer al pueblo pe-

ruano. Pero si elegimos a estos congresistas sin autorizarlos para que puedan tomar un decisión política y que puedan acudir incluso donde el papa para saber realmente a quién proponer como candidato, ahí sí estamos ante un peligro. ¿Por qué ha fracasado durante todo este tiempo la posibi-

lidad de contar con los integrantes del Tribunal Constitucional y del directorio del Banco Central de Reserva? Porque la falta de voluntad política ha fracasado, la cual se logra consensuando. La voluntad política no se logra imponiendo, sino bajo un consenso; y esperamos que los miembros de la comisión especial tengan esa fuerza de sus respectivas bancadas y que estas les den la libertad necesaria para consensuar y decidir.

Creo que si hay un resultado concreto, todo el pueblo peruano verá que sí es posible que todas las fuerzas políticas del Perú lleguen a un con-senso saludable; y eso sería bueno, porque sería hacerle un bien al Perú que las instituciones estén completas, con todos sus integrantes, para tomar así las mejores decisiones.

Por eso creo profundamente que más importante que el tema del plazo es el de la decisión política. Espero que los siete integrantes de la comisión especial realmente puedan llegar a acuerdos rápidos; porque, si esperamos cinco, seis o siete meses, ¿para qué vamos a tener otros integrantes en esas instituciones? Esperamos que su decisión sea tomada lo más pronto, del modo más oportuno, porque el Perú ya no puede esperar más.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Elías Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (GPCP).— Señor Presidente: en nombre del grupo parlamentario Concertación Parlamentaria debo señalar lo siguiente.

El parlamento peruano hoy en día es un parlamento fraccionado; el pueblo lo ha querido así, y necesariamente para alcanzar la cantidad de votos requerida para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del Pueblo, a los integrantes del directorio del Banco Central de Reserva se necesitan hacer los máximos esfuerzos para lograr el consenso.

En consecuencia, establecer un plazo resulta, para nosotros, innecesario en este momento en el que el país espera una alta responsabilidad de nuestra parte para entregarles precisamente legitimidad a los integrantes de estas importantes instituciones del Estado peruano.

El grupo parlamentario Concertación Parlamen-taria está representada por el congresista Javier Velásquez Quesquén y, en una comunicación, él



manifiesta la necesidad de que se realicen sesio-nes reservadas, porque no pueden darse al país muestras de discrepancia abiertas.

Y esperamos de todo corazón que, en esta legis-latura —donde usted, señor Presidente, pone empeño y apoya—, cuando en algún momento el Perú, de cierta manera, cuestione que no nos hayamos puesto de acuerdo sobre esta elección de autoridades, nosotros demostremos —pero no estableciendo fechas o plazos— que la voluntad del Parlamento —que es la voluntad del pueblo— se da por el consenso; y tal como se formó esta moción, de manera consensuada, esperamos que siga así: consensuada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Presidente: Concuerdo con el congresista Benítez en el sen-tido de que, si bien es cierto hay que darle tiempo a esta comisión para que pueda consensuar, también es verdad que habrá que establecer un plazo —digamos— prudente.

Tampoco se puede dejar que este tema se maneje para in sécula seculórum. El señor Becerril dice que hay que poner un plazo perentorio; pero sin tiempo. Si es perentorio, el plazo debe cumplir-se después de cierto tiempo; no puede darse en abstracto.

Entonces, creemos que la discusión hoy es diluci-dar si se da o no un plazo perentorio —límite— a la comisión especial. Particularmente, creo —y hablo a título personal— que se le debería poner un plazo límite prudente. No digo que hay que volar, porque no es fácil elegir a determinadas personalidades como el defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional y los directores del Banco Central de Reserva; pero tampoco podemos jugar con los intereses y las expectativas legítimas de la nación.

Hoy, los reflectores del país y de la nación han puesto sus miras en este Parlamento de la Re-pública, en la Representación Nacional, y si este Parlamento ha sido criticado en los últimos meses, o semanas, es efectivamente porque desde hace al-gunos años no hay defensor del Pueblo, desde hace varios años que no hay determinados integrantes del Tribunal Constitucional ni del Banco Central de Reserva. Más allá de los intereses políticos,

que también son legítimos y fundamentalmente partidarios, creo que, en una negociación política, debe hacerse algún tipo de concesiones. Y creo que nosotros también estamos para concertar con las diferentes bancadas, incluyendo la oposición, a fin de que el Perú salga adelante y que sea un Estado sólido, un Estado con instituciones fuertes, y no con instituciones débiles.

Por eso, nosotros pensamos que hoy se debe definir si se establece o no un plazo para que la comisión especial cumpla el encargo; porque tampoco po-demos jugar —repito— con las expectativas de la nación. Y creo —esto también es un comentario personal— que el plazo no debería pasar de esta legislatura, porque la legislatura que usted preside dignamente, señor presidente Víctor Isla, es la que finalmente debería legitimar a los nuevos miem-bros del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reserva.

Entonces, invocamos a los dignos representantes de las bancadas para que hagan un esfuerzo a fin de que el país salga adelante, para que el Estado de derecho sea sólido y que el pueblo peruano, finalmente, nos respete.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La Presidencia saluda la presencia de los miembros de la Asociación Soy Autista y Qué, que se encuentran en las galerías del hemiciclo.

(Aplausos).

Tiene la palabra el congresista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señor Presidente: El Parlamento tiene una deuda con el país con relación a esta designación de los integrantes del Tribunal Constitucional, del directorio del Banco Central de Reserva, así como

la designación del defensor del Pueblo. En una anterior oportunidad, este proceso llegó hasta cierto punto, pero luego aparecieron las discre-pancias, porque muchas veces los representantes de los partidos reciben una consigna de afuera, vienen al Pleno y se patea el tablero.

Esa situación se puede volver a repetir, pero hay que evitar que eso suceda, y la manera de hacerlo es dando facultades plenas a esta comisión, para que la decisión a la que ellos arriben, sencilla-mente, constituya después el consenso total en el Parlamento, porque, de lo contrario, no vamos



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a llegar a completar este procedimiento de desig-nación de funcionarios, actividad democrática tan importante para el país. Si se vuelve a repetir esa situación, sencillamente la ciudadanía ya no va a creer jamás en el Congreso de la República.

Por eso considero que es importante que se den, en primer lugar, consensos. En segundo lugar, debemos establecer un plazo máximo de sesenta días. No podemos dar mucho más días de plazo pues podríamos pasarnos de julio y que el plazo finalice comenzando el siguiente periodo anual de sesiones. Entonces, hay que poner como plazo máximo la finalización de la segunda legislatura del presente periodo anual de sesiones. Asimismo, que un grupo parlamentario no pueda vetar al candidato de otro grupo parlamentario, porque el veto definitivamente destruye el consenso, y lo que necesitamos acá es articular consensos; porque si no podemos llegar a ponernos de acuerdo en asuntos importantes para el país, ante la historia vamos a recibir una crítica importante, vamos a tener una deuda frente a la historia del Perú.

Por ello, pienso que habrá que darle facultades plenas a quienes hoy en día estén participando en esta comisión especial, que representa a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, con la finalidad de poder llegar a esos consensos. Que no vengan desde afuera —reitero— y se patee el tablero.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Gracias, señor Presidente.

De esa manera, hay que lograr obtener lo que el Parlamento requiere, para saldar esta deuda que tenemos con todos los ciudadanos del Perú.

Señor Presidente, me está pidiendo una inte-rrupción el congresista Becerril; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Gracias, señor presidente.

Creo que, al ponerles un plazo a los representantes de las bancadas en la comisión especial, estamos dando

muestras, desde un inicio, de que no les tenemos confianza. ¡Qué confianza podemos darles si le

decimos desde un inicio que creemos que quizá no son capaces de ponerse de acuerdo en un tiempo prudencial!

Creo que si fracasamos anteriormente en este proceso de designación de funcionarios era porque las bancadas no depositaron toda su confianza en sus miembros, pues estos tenían que acercarse a su bancada para consultar su opinión. Si nombramos al representante de la bancada es porque confia-mos en él y sabemos que va a desempeñar la tarea encomendada de la mejor manera posible.

En lo que respecta a nuestra bancada, por lo menos, no pedimos establecer un plazo, porque creemos y depositamos la confianza necesaria en nuestro representante, el colega Alejandro Aguinaga.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Gracias, señor Presi-dente.

Solo espero que Dios ilumine al Congreso en estas designaciones, para que la ciudadanía vea que sí

somos capaces de elegir a nuestros representantes en cada una de estas instituciones democráticas del Perú.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Yehude Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Señor Presidente: Me están pidiendo interrumpir los congresistas Martín Rivas y Rosa Mavila; con su venia, las concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Martín Rivas.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Gracias, señor Presidente.

Por cierto, esta buena intención se remonta al anterior periodo anual de sesiones. Lograr con-sensos, ciertamente, no es fácil; muchas veces es complicado, pero necesario. Creo que hoy en día particularmente no debería establecerse un plazo. Ya hemos tenido una primera experiencia y debe lograrse el consenso; esta vez sí es necesario ha-cerlo. Quiero reiterar que hoy el país entero está esperando ya esta decisión del Parlamento y es necesario que esta sea la más idónea y correcta.



Cuando se presentan candidatos con cierta particularidad política, y que ya es conocida, es evidente que el consenso va a fracasar, porque nacen ya con una partida de nacimiento...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Rivas.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Gracias, señor Presi-dente.

Esperemos que, en esta oportunidad, con la comisión que va a ser desig-nada, la selección se la merezcan los candidatos más idóneos y capaces.

Chiclayo, el día de hoy, espera una decisión del actual Tribunal Constitucional, el cual ha gene-rado zozobra en la población; y nosotros somos parte de esa situación por nuestra inobservancia en tomar la decisión de designar a los nuevos miembros del Tribunal, que quizá habría resuelto el problema con mejor idoneidad.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El congresista Huaire le está pidiendo interrumpir, congresista Yehude Simon. Usted le había concedido la segunda interrupción a la congresista Mavila, pero a ella, conforme al rol de oradores, le toca intervenir después de usted.

Sírvase comunicar a la Mesa si concede la segunda interrupción a la que tiene derecho reglamenta-riamente el primero de los nombrados.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Señor Presidente, con su venia, concedo la interrupción al congresista Casio Huaire.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Huaire.

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Muchas gracias, señor Presidente; y, por su inter-medio, agradezco al congresista Yehude Simon.

Considero que nosotros tenemos que confiar en esta comisión especial; nuestra bancada, principalmente, confía en nuestro por-tavoz. Por lo tanto, también debemos tener en cuenta que los representantes de las bancada en la Comisión deben asumir una responsabilidad, y no solo con el Congreso, sino con el Perú. Por

lo tanto, esperamos que los candidatos elegidos sean los mejores profesionales del Perú.

Eso es todo lo que quería manifestar.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Simon.

El señor SIMON MUNARO (APGC).— Gracias, señor Presi-dente.

En principio, creo que si cada grupo parlamentario ha nombrado a su representante, eso significa que

estamos confiando en ellos y que esos represen-tantes deben tener la capacidad de ser generosos en aceptar propuestas y en que los otros también puedan aceptar lo que uno plantea.

Ningún funcionario público ni ninguna autoridad son independientes. Puede ser que no milite en una organización política, pero tiene simpatía porque, en el mundo, todos somos políticos. Por lo tanto, si alguien piensa tachar a una persona porque es política, se equivoca; porque si es así, ningún técnico ni ningún profesional podría pertenecer a un partido político pues jamás po-dría trabajar en la administración pública, salvo cuando esté gobernando el partido al que perte-nece. Entonces, no hay que correrle al político, pero hay que exigirle condiciones a los que nos pueden representar.

Señor Presidente, cuando asumió la Presidencia del Congreso, usted se comprometió en su dis-curso a que la nueva Mesa Directiva iba a poner todo su esfuerzo en el proceso de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva y del defensor del Pueblo, y creemos en eso. Creemos que su capa-cidad de conciliar y de llegar a buenos acuerdos debe culminar en que, en este segundo periodo anual de sesiones, sean designadas cada una de las autoridades; y, por lo tanto, confiamos en los que nos están representando. Pero les pediría, por su intermedio, a los señores representantes de los partidos políticos, quienes tendrán una gran responsabilidad, que no veten a los candidatos, salvo a aquellos elementos que hubiesen cometido actos de corrupción. Creo que las personas a ser electas deben tener solvencia moral, trayectoria democrática y capacidad profesional. Esos son los requisitos que tenemos que exigir y no si militan en tal o cual partido.



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Ya hemos vivido la nefasta experiencia de haber impulsado una candidatura para defensor del Pueblo en la que prácticamente todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo, pero de la noche a la mañana se dejó a ese candidato; eso no puede volver a suceder.

Para terminar, quiero agregar que sí creo que deben establecerse plazos; usted tiene un com-promiso de honor con el pueblo. Su compromiso es el compromiso de todos nosotros. Por lo tanto, ese plazo debe concluir al término de su mandato; creo que en junio deberíamos ya tener designadas esas autoridades, y el pueblo estará contento con nosotros.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente: Creo que debemos partir de una cons-tatación. No deberíamos hablar solo del reto que supone el nombramiento de estas autoridades de la república. Tenemos que partir de la constatación de que en todos los balances de todos los analistas políticos de todos los medios de comunicación —y, me atrevería a afirmar, del ciudadano común del país— un índice de la deslegitimación política del Congreso de la República como institución está relacionado con la incapacidad que hemos tenido hasta ahora de elegir al defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional. Por esa razón, este encargo no es cualquier reto. Tenemos que hacerlo, porque, si no, la imagen de nuestra institución será una imagen totalmente alicaída de representantes de agrupaciones políticas que no logran ponerse de acuerdo en los principales puntos de concertación.

Me parece que el tema de fondo es identificar lo que ponemos por adelante: los criterios po-líticos partidarios de tendencia, o el factor país y la necesidad de nuestro país de contar con un defensor del Pueblo o miembros del Tribunal Constitucional.

Por eso creo que, más allá de camisetas o agru-paciones políticas, tenemos que evaluar los ele-mentos fundamentales a tomar en cuenta, por ejemplo, en un defensor del Pueblo. Considero que un defensor del Pueblo debe tener capacidad de gestión de una institucionalidad que, a lo largo y ancho del país, es una de las más legitimadas. Además, creo que debe guardar coherencia con el mandato constitucional y la vigencia de los derechos humanos.

Considero principalmente que debe ser un ope-rador eficaz, para llevar adelante una institución que tiene muy buena percepción, sobre todo en los estamentos de abajo, estamentos vulnerables que acuden generalmente a la Defensoría del Pueblo por la defensa de un derecho fundamental.

Creo que, en lo que concierne a los integrantes del Tribunal Constitucional, estos deben tener habilidades y destrezas caracterizadas por una formación jurídica solvente, pero también por un compromiso con el ideario democrático.

Opino que tienen que tener profesionalismo. No basta con ser abogado para intentar postular al cargo de magistrado del Tribunal Constitucio-nal.

Creo que tienen que ser personas expertas en constitucionalismo. Por eso, reitero, la comisión que hemos formado y a la que le estamos dando nuestra confianza debería ver la experiencia cons-titucional, el proyecto de país y no necesariamente la ubicación de tendencias o de agrupaciones políticas en instituciones que deben poner por delante los intereses tutelares de...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede terminar, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Sí creo que hay necesidad de establecer un plazo, que tiene que ver con que se ha iniciado la desle-gitimación política del Congreso. El pueblo nos ve como incapaces de ponernos de acuerdo en asuntos

básicos. Tenemos que demostrar al pueblo y la ciudadanía que somos capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas. Pero, para po-nerse de acuerdo, hay que ceder. Nadie puede venir con exigencias: de que si esto es no, es no. No, Presidente, hay que hacer prestación, contraprestación, negociación. El objetivo es lo principal, y el objetivo es que de una vez, ¡ya!, se logre el nombramiento de estas autoridades, porque tiene que ver con la capacidad de tener levantada la frente ante todas las instituciones de la república. ¡Qué Congreso es este que no pueden nombrar las autoridades fundamentales de la república!

Esa es nuestra orientación sobre el tema, que yo expreso con convicción, así como transmito nuestra confianza en quien nos representa, el congresista García Belaunde.




El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Presi-dente: Creo que hay consenso en toda la Representación Nacional de que tenemos una seria deuda con el país, sobre todo, con respecto a la imagen de la majestad del Parla-

mento, que todos tenemos el firme compromiso de garantizar y debemos resarcirla una vez más de la negligencia en que incurrimos todos en la elección de las autoridades de estas importantes instituciones tutelares de nuestro país.

Sugiero que pasemos a votación para que se pronuncien los que están a favor de establecer un plazo y lo que no lo están.

Por mi parte, considero que es importante que haya un plazo.

La legislatura termina en junio y, por lo tanto, nos quedan pocos meses para cumplir con la elección. Estoy seguro de que todos coincidimos en que en esta legislatura elijamos a los miembros de estas importantes instituciones. Por lo tanto, es importante que pasemos a la votación...

Señor Presidente, el congresista Chehade me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Presidente, no tiene nada que ver, como se ha dicho en el Pleno, que porque se le da un plazo perentorio a la comisión, entonces, no se confía en sus integrantes. Eso no tiene nada que ver.

Si se elige a una comisión integrada por un representante de cada bancada para que nos representen en la elección de candidatos para magistrados del Tribunal Constitucional, para titular de la Defensoría del Pueblo y para direc-tores del Banco Central de Reserva, es porque nosotros hemos depositado nuestra confianza en ellos. Si se establece un plazo, no es por descon-fianza, sino porque el pueblo nos está mirando. Los reflectores están puestos sobre el Congreso de la República.

Hace tres o cuatro años, en el gobierno anterior, hubo un escándalo, bronca, en este Parlamento, con golpes y patadas incluidas, en el proceso de elección de un alto funcionario público, que fi-nalmente no logró ser elegido. Y eso ha quedado grabado en la retina de la población, como también que después, lamentablemente, no nos hemos podido poner de acuerdo; y es culpa de nosotros, hay que reconocerlo.

Es por ello que, en efecto, hay que poner un plazo a la comisión especial; y es en esta legislatura —en la que usted, señor Víctor Isla, es Presidente del Congreso— en la que se tiene que nombrar a...

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Chehade, sírvase concluir con su interrupción.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Es en esta legislatura, que usted preside, Presidente, en la que tiene que nombrarse al defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional y a los directores del Banco Central de Reserva. Por ello, este trámite no puede alargarse seis o nueve meses o un año; hay que poner un plazo perentorio de sesenta o noventa días, pero se debe elegir a esas autoridades en esta legislatura sin ningún tipo de desconfianza.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase terminar su intervención, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (APFA).— Señor Presidente, reitero que es necesario que consignemos en la moción de orden del día que se ha sustentado un plazo perentorio; hay coin-cidencias en que, en esta legislatura, aprobemos, apoyemos y nombremos a los integrantes de estas importantes instituciones.

Por otro lado, hay que considerar el derecho al veto, que también es importante, porque nosotros, como congresistas, debemos ser responsables en la elección de esas autoridades. Si bien es cierto se quiere o se podría presentar a los candidatos en un fardo cerrado, sin embargo, nosotros tene-mos que analizar a quién vamos a elegir. Ya se ha dicho aquí —lo respaldo y coincido en ello— que tienen que ser honorables profesionales, ciudada-nos con alta solvencia moral; creo que ahí todos estamos en condición de llegar a un consenso y a un acuerdo.

Por lo tanto, pido que pasemos a la votación y, sobre todo, que pongamos un plazo perentorio.




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El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Presidente: Creo que prácticamente se ha dicho todo; pero me falta agregar algo muy simple. Efectivamente, me parece que se requiere establecer un plazo y, si nosotros consideramos que hoy es

4 de abril, ese plazo debería ser de dos meses, porque la segunda legislatura ordinaria termina el 15 de junio. Entonces, los señores represen-tantes de la comisión especial deberían traernos sus candidatos. Me imagino que ellos propondrán un candidato para cada cargo, y la negociación de ese candidato debe ser materia ya de trata-miento entre ellos y de consultas previas con su bancada, para que, a partir del 5 de junio, estemos precisamente en condiciones de llevar a cabo la designación antes del término de esta legislatura ordinaria. Me permito plantear que se agregue: “dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la aprobación de la presente moción”, o una redacción similar para ese efecto.

Esa es mi sugerencia, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Wong.

El señor WONG PUJADA (APGC).— Presidente: Quiero aportar, por lo menos, con mi ex-periencia de cuando integré esa comisión. Creo que el plazo peren-torio debería cumplirse antes de que termine su Presidencia, porque fue

una promesa que usted hizo y que nos involucra a todos los congresistas. Sería ideal que se selec-cionen los candidatos entre políticos con gran tra-yectoria, con las mejores cualidades profesionales y morales, pero debemos ver las circunstancias reales. Para elegir al defensor del Pueblo, por ejemplo, se necesita mayoría simple; para elegir a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva se necesita mayoría; ¿dónde está el problema? Para la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional se necesita votación calificada: 87 votos. Ni sumando los votos de las dos bancadas se llega a la cantidad de votos ade-cuada. Entonces, necesitamos concertar, pero en función de lo que vamos a establecer; porque, en la anterior oportunidad, el candidato a defensor del Pueblo tenía el 90% de apoyo, pero bastó que alguien estuviese en desacuerdo para que todo se viniera abajo.

Obremos de la forma más democrática, y voy a ilustrarlo con un ejemplo. Llevé la propuesta de mi bancada, pero cuando se sometió a votación no obtuvo mayoría; supe respetar lo que democráti-camente era mayoría. Sin embargo, se cuestionó la propuesta —mas no de mi parte, porque soy respetuoso de lo que la mayoría elige—, y no podíamos hacer cambios por propuestas basadas en simpatías, pues es una cámara eminentemente política. Si vamos a estar sujetos a la posibilidad de oponernos a los planteamientos de cualquier bancada, no vamos a elegir. Es cierto; creemos que ahora hay más posibilidades, porque sé que usted va a coordinar con esta comisión para que salga elegido el alto funcionario y haya mayor goberna-bilidad. Pero hay que tener en cuenta que es una cámara política; y si nosotros no respetamos las propuestas de las diferentes bancadas, no vamos a llegar a un acuerdo.

Entonces, queremos un gran acto de desprendi-miento, pero, al mismo tiempo, creemos también que cada bancada va a proponer los mejores candi-datos posibles. Debemos tener fe en eso. Nosotros planteamos que los candidatos propuestos por cada bancada no tuvieran antecedentes penales ni vinculados a algún problema de carácter moral o que no sean verdaderos demócratas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir con su intervención, congresista Wong.

El señor WONG PUJADA (APGC).— Si se procede de otra forma, no se va a poder realizar la elección.

Entonces, pido que haya la mejor posibilidad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucio-nal, a los directores del Banco Central de Reserva y al defensor del Pueblo. Muchas veces también tenemos que anteponer; porque no podemos negar que debe ser un político independiente y, segura-mente, que sea de la simpatía de la bancada.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Finalmente, tiene la palabra el congresista Jaime Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Presidente: En realidad, cuando se presentó esta moción de orden del día, suscrita por todos los directivos portavoces, efectivamen-te, no se puso un plazo a la comisión especial. ¿Por qué no se consignó un



plazo? En primer lugar, porque la Constitución Política del Estado ya ha encargado al Congreso de la República hacer esas designaciones, y los plazos han vencido en exceso. Y tampoco lo pu-simos por nuestra anterior experiencia, porque, cuando se puso un plazo a la comisión especial e hicimos lo posible por llegar al término de ese plazo con resultados y no lo logramos —consta al Pleno lo sucedido—, tuvimos un problema al generar expectativas en la población.

Al poner un plazo, con toda legitimidad, los me-dios de comunicación están pendientes todos los días por saber quién es el candidato, cómo fue la selección, quién apoya al candidato y si falta una o dos semanas para la designación. Al final, la comisión se ve un poco presionada y acorralada en esas circunstancias, las cuales ni ayudan ni dan libertad ni tranquilidad para realizar un proceso de evaluación. Teniendo en cuenta, sobre todo, las experiencias anteriores, el proceso de selección de candidatos por invitación —previsto en la ley— es más saludable, en el sentido de que no se les expone al maltrato. Cuando se identifican los candidatos, se declara una guerra mediática acusándose unos a otros y, al final, salen maltratados; se traen las candidaturas al Pleno y se les balota porque no obtienen los votos. Entonces, ya nadie quiere pos-tular; nadie quiere siquiera aceptar invitaciones para ser candidatos a esos cargos.

Por esa razón, no se ha puesto un plazo, enten-diendo que la intención y el compromiso de esta comisión debe ser lograr un acuerdo en el plazo más corto posible y dentro de esta legislatura, pero con la tranquilidad necesaria.

Es una decisión difícil, es una decisión complicada, porque para aprobar la designación se requiere de mayoría calificada, esto es, 87 votos.

En la anterior oportunidad, nosotros hicimos el mejor esfuerzo y no pudimos lograrlo. Esperamos que, en esta oportunidad, efectivamente, con las anteriores experiencias y, además, con el pasivo que tenemos frente al país, podamos ponernos de acuerdo; pero no hemos puesto un plazo a la comisión especial pensando en que esta debe establecer un cronograma, lo más corto posible, para que, cuando se pongan de acuerdo, pre-sentemos las propuestas y digamos al país: “Sí, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de consensuar en esto”.

En ese sentido, ratificamos la propuesta de la moción de orden del día firmada por los directivos portavoces.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Señor relator, sírvase dar lectura a la parte resolutiva de la moción.


Parte resolutiva:

“[...]

Por tales consideraciones, el Pleno del Congreso de la República acuerda:

Primero.— Conformar una comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a de-fensor del Pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

Segundo.— Designar como miembros de la ci-tada comisión especial a los siete congresistas acreditados por los grupos parlamentarios que a continuación se indican: grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú, José Antonio Urquizo Maggia; grupo parlamentario Fuerza Popular, Ale-jandro Aguinaga Recuenco; grupo parlamentario Perú Posible, Mariano Portugal Catacora; grupo parlamentario Alianza por el Gran Cambio, Luis Galarreta Velarde; grupo parlamentario Acción Popular-Frente Amplio, Víctor Andrés García Belaunde; grupo parlamentario Solidaridad Nacional, Michael Urtecho Medina; grupo par-lamentario Concertación Parlamentaria, Javier Velásquez Quesquén”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Presidente: En vista de que varios de los congresistas que han intervenido en este breve debate han opinado a favor de que se ponga un plazo a la comisión especial, quiero plantear como cuestión previa que se

vote por separado ese tema, a fin de que expresen su voluntad aquellos que están a favor de que la comisión tenga un plazo y, por otro lado, aque-llos que estén de acuerdo en que la selección de candidatos por la comisión especial se haga sine díe; porque somos varios parlamentarios los que estamos de acuerdo con que se ponga un plazo, ya sea treinta, sesenta, noventa días; porque es necesario que se haga eso.

Por otra parte, a raíz de la intervención del directi-vo portavoz del grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú también me he quedado preocupado,



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porque no puede haber secretismo en la elección de magistrados. No se trata de tenerlos escondidos en una urna y que los nombres aparezcan solo el día de la votación. Tampoco se trata de que haya vetos políticos contra algún candidato; se dice también que cada partido puede tener cuotas. Lo único que se pide es que los candidatos tengan solvencia moral. Quien no tenga solvencia moral, se descalifica solo. Quien no tenga trayectoria democrática intachable, se veta o descalifica solo. ¡Que se haga público!, ¡que se conozcan los nombres! A fin de cuentas, ellos son los que van a estar al frente del Tribunal Constitucional y que no van a favorecer al gobierno, sino al pueblo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sírvase concluir, congresista Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Por esa razón, planteo como cuestión previa que se vote por separado si se pone o no un plazo para que la comisión especial cumpla con la selección de candidatos encomendada por el Pleno.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Señor Presidente: Créame que no hay nada más ajeno a mi voluntad que reabrir un debate insulso e inconducente, en el cual han hablado dieciséis o dieciocho personas para decir que todos están

de acuerdo en lo mismo. Simplemente quería aco-tar que los plazos los fija la ley; y el Parlamento ya incumplió.

La ley que regula el procedimiento para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional señala dentro de qué plazo el Tribunal debe comunicar al Congreso que se ha producido la vacancia del cargo de magistrado. Se comunica para que el Congreso proceda a nombrar una comisión especial que efectúe todos los trabajos pertinentes y proponga al Parlamento la elección de los nuevos magistrados.

Todos esos plazos ya vencieron, se agotaron; entonces, no perdamos el tiempo pensando en plazos para esta comisión especial. Creo que el mensaje ha sido claro y unánime. Queremos asumir con responsabilidad este reto y estamos delegando en las personas a las que cedemos nuestra confianza para que nos representen y encuentren una solución, a fin de no seguir pa-

sando —por lo menos, en lo que a mí respecta— la vergüenza diaria de estar en un Parlamento que, en dos años, no ha sido capaz de cumplir con lo que le corresponde.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Sería importante que el congresista Benítez precise cuál sería el plazo que se propone para la comisión especial.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Presidente, con todo res-peto, discrepo de mi colega Bedo-ya, porque creo que si los plazos ya vencieron y no fuimos capaces de elegir, será responsabilidad de todos. Respecto a los plazos que

señala la ley, ¡perfecto!, ya se cumplieron; pero tiene que darse un plazo para que esta comisión especial cumpla con el encargo de seleccionar a los candidatos. Respetuosamente, discrepo de él. Conozco su trayectoria democrática, conozco sus cualidades y virtudes; pero, en este tema, discrepo. Yo sí creo que tiene que haber un plazo, porque la población necesita saber en el menor tiempo posible quiénes van a ser los magistrados del Tri-bunal Constitucional, quién va a ser el defensor del Pueblo y quiénes van a ser los directores del Banco Central de Reserva.

Por esa razón, yo he planteado como cuestión previa, que, al momento de votar, por un lado, voten los que están de acuerdo con que la comisión tenga un plazo, que propongo que sea de noventa días calendario, y, por el otro, los que están de acuerdo con que la moción quede redactada tal como ha sido presentada.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a consultar la cuestión previa para conceder un plazo de noventa días calendario a la comisión especial.


—Los señores congresistas registran su asistencia por medio del sistema digital para verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Para una precisión, tiene la palabra el congresista Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Presidente, he recogido la sugerencia de varios parlamentarios



que están de acuerdo con que se ponga un plazo, y la sugerencia es que el plazo sea de sesenta días calendario y no de noventa días.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede intervenir, congresista García Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Presidente, entiendo que todos estamos comprometidos con la idea, y quizá se podría nom-brar lo del plazo de una manera más generosa estableciéndose que el plazo se cumple al término de esta

legislatura. De esta manera, si la legislatura acaba el 15, 16 o 17 de julio, tendremos plazo hasta el término de la legislatura. Si luego se convocan algunas sesiones plenarias extraordinarias para terminar de completar la lista de diez candidatos, eso también estaría comprendido dentro de esta legislatura. Por lo tanto, creo que el plazo podría ser hasta el término de esta legislatura.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Entiendo que habría dos planteamientos. La primera propuesta, planteada por el congresis-ta Benítez, es que el plazo sea de sesenta días y la segunda propuesta, planteada por el congresista García Belaunde, es que el plazo sea hasta que concluya la presente legislatura. Además, parece que hay otra propuesta en el sentido de que sea sin plazo.

En ese sentido, se va a proceder a consultar primero la cuestión previa planteada por el con-gresista Benítez.


Al voto.


—Efectuada la votación, se rechaza, por 47 votos en contra, 29 a favor y ninguna abstención, la cuestión previa planteada por el congresista Benítez Rivas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido rechazada.

Se deja constancia del voto en contra de las con-gresistas Salgado Rubianes y Teves Quispe.

El resultado final es 29 votos a favor, 49 votos en contra y ninguna abstención.

La cuestión previa ha sido rechazada.

“Votación de la cuestión previa del congresista Benítez Rivas

Señores congresistas que votaron en contra: Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Ca-vero, Ccama Layme, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, García Be-launde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Lay Sun, Llatas Altamirano, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Otárola Pe-ñaranda, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valqui Matos, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Andrade Carmona, Belaunde Mo-reyra, Benítez Rivas, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Julca Jara, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Mavila León, Molina Martí-nez, Monterola Abregú, Omonte Durand de Dyer, Pari Choquecota, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Simon Munaro, Valencia Quiroz, Valle Ramírez y Wong Pujada.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Con la misma asistencia, se va a someter a votación la moción de orden del día.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 74 votos a favor, uno en contra y una absten-ción, la Moción de Orden del Día 6485.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobada.

Se deja constancia del voto a favor de las congre-sistas Salgado Rubianes y Teves Quispe.



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El resultado final es 76 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

La Moción del Orden del Día 6485 ha sido apro-bada.


“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Conformar una Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a De-fensor del Pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

Segundo.— Designar como miembros de la citada Comisión Especial a los siete congresistas acreditados por los grupos parlamentarios, que a continuación se indica.

Grupo Parlamentario: Congresista acreditadoNacionalista Gana Perú Señor José Antonio Urquizo MaggiaFuerza Popular Señor Alejandro Aguinaga RecuencoPerú Posible Señor Mariano Portugal CatacoraAlianza por el Gran Cambio Señor Luis Galarreta VelardeAcción Popular-Frente Amplio Señor Víctor Andrés García BelaúndeSolidaridad Nacional Señor Michael Urtecho MedinaConcertación Parlamentaria Señor Javier Velásquez Quesquén

Lima, 4 de abril de 2013.”

“Votación de la Moción de Orden del Día 6485

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Ca-rrillo Cavero, Ccama Layme, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Monterola Abregú, Na-yap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Por-tugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Sa-lazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señor congresista que votó en contra: Be-nítez Rivas.

Señora congresista que se abstuvo: Chávez Cossío.”

Vencido el cuarto intermedio, se aprueba en primera votación, con modificaciones, el texto sustitutorio consensuado por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo y Seguridad Social, del proyecto de Ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros

Públicos

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia, para que sustente los alcances incorporados en el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1325/2011-PE, por el que se propone fortalecer la Superintendencia Nacio-nal de los Registros Públicos (Sunarp) a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente: Solo quiero señalar que se ha llegado ya a un consenso con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en el sentido de incorporar algunos añadidos.

Para empezar, el texto base es el de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que el Pleno recibió en una primera oportunidad. Mantiene los cuatro aspectos. Esto se va a votar por separado. Al votarse por separado, se debatiría, por un lado,



todo lo que no está relacionado al tema de la rati-ficación de los vocales del Tribunal Registral y, por el otro, todo aquello relacionado a la ratificación y que está recogido en las propuestas de modifica-ción de la Ley 26366 —Ley de creación del Sistema Nacional y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos—, consignadas en el artículo 2 del texto sustitutorio y referidas al último párrafo del artículo 24, al párrafo completo del artículo 25 y al inciso h) del artículo 30 de la Ley 26366; así como a la disposición complementaria tran-sitoria única. Esa es la propuesta de separación de temas para el trámite de la votación, pero el texto es el mismo.

Adicionalmente, se han hecho algunos añadidos que vale la pena comentar, para conocimiento del Pleno.

En primer lugar, se ha incorporado, a propuesta de la Comisión de Trabajo, y que nosotros hemos hecho nuestra, un tercer artículo, con el que se señala que la Sunarp utilizaría un porcentaje no menor del 20% del saldo de balance de cada ejer-cicio presupuestal en la infraestructura y renova-ción del equipamiento tecnológico para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios en la ciudadanía. Si no me equivoco, la sugerencia la hizo el congresista Díaz Dios; sin embargo, no se puede incorporar tal cual lo planteó. Se ha reducido a 20% del saldo de balance de cada ejercicio presupuestal, que es lo que en realidad se puede sumar. Es la Comisión de Trabajo la que lo plantea.

De otro lado, en la primera disposición com-plementaria final se ha hecho un añadido a la redacción, pero manteniendo el mismo tema de fondo, en el sentido de que se autoriza al Ministe-rio de Economía y Finanzas (MEF) para aprobar la escala remunerativa que presente la Sunarp; dado que se hará con recursos propios de dicha institución, por eso, el MEF simplemente hace una autorización de esa asignación. Además, se ha añadido que la Sunarp debe contemplar la homologación de las remuneraciones en las zonas registrales a nivel nacional, dado que había diferencias de sueldos entre una región y otra; es decir, los registradores de provincia no ganaban lo mismo cuando a ellos se les asigna la misma carga procesal. Eso fue consultado en su momento, por lo demás, con la Sunarp, y no hay ninguna oposición en ese sentido.

Eso es todo cuanto se añadió al texto original.

La última modificación está referida al plazo consignado en la disposición complementaria

transitoria única, que ya no será menor de tres años, sino de cuatro años. Con esta modificación, tal como se conversó en su momento con el con-gresista Jaime Delgado, directivo portavoz de la bancada oficialista, se eliminaría cualquier duda, que, desde mi perspectiva, era infundada, porque tres años de lapso era tiempo suficiente, por el proceso de implementación y reglamentación. Con el nuevo plazo se eliminaría cualquier duda de que en este proceso de ratificación hubiera un interés que no sea el de ratificar a los vocales del Tribunal Registral. Creo que esa modificación podría hacer más limpia la votación.

Presidente, pido que se somete a votación, como único texto, la fórmula sustitutoria de las comi-siones de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia y Derechos Humanos.

Muchas gracias.

—Reasume la presidencia el señor Juan Carlos Eguren Neuenschwander.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Señores congresistas, sír-vanse registrar su asistencia para pasar a la votación.

—Los señores congresistas registran su asistencia por medio del sistema digital para verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Señores congresistas, vamos a precisar el sentido de la votación.

Se va a votar el texto sustitutorio consensuado presentado y repartido, a excepción de la primera disposición complementaria final, que se votará por separado, ya que prosperó la cuestión previa en el sentido de que sea consultada aparte.

Tiene la palabra la congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente: Solo quiero aclarar el sentido de esa votación y, en todo caso, si quedaran dudas, hay que volver a hacerlo porque no quiero que se repitan los errores de la comisión.

Se planteó un procedimiento de votación res-pecto a aquellas cláusulas que incorporan la



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figura de la ratificación de vocales del Tribunal Registral, como las que he mencionado. No solo se trata de la disposición complementaria transitoria única, sino de otros artículos que también incorporan ese tema. Se planteó que se someta a votación todo el proyecto, a excepción de los temas referidos a la ratificación; y si no quedó claro eso, señor Presidente, le pido que lo volvamos a votar.

Ciertamente, la disposición complementaria transitoria única desarrolla el procedimiento de ratificación; pero también se hace referencia al tema de ratificación en la última parte del párrafo del artículo 24, cuando dice que los vocales del Tribunal estarían sometidos a un proceso de ratificación cada cinco años. Además, se hace referencia a la ratificación en todo el artículo 25 porque trata el tema de la conformación de una comisión ad hoc. Asimismo, se hace referencia a la ratificación en el inciso h) del artículo 30 cuando se considera como causal de cese la no ratificación en el cargo. Finalmente, como ya mencioné, todo el proceso de ratificación se desarrolla en la disposición complementaria transitoria única.

Ese es el sentido en el que hemos podido tra-bajar un texto sustitutorio. Sin embargo, si no hubiera quedado claro durante la votación, señor Presidente, le pido que se vote para consultar si se puede votar por separado y que, en todo caso, se apruebe la norma —y espero que así sea— en todo su sentido, pero, en todo caso, respetemos la voluntad de quien planteó la cuestión previa. Si estoy equivocada pido, por intermedio de la Mesa, a quien planteó en su momento la cuestión previa, que la aclare.

Entonces, volveríamos a votar la cuestión previa si hubiera dudas. No quiero entrar a debatir si fue o no lo adecuado, porque realmente me quedó claro, con las personas que he conversado, que ese fue el sentido de la votación.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Señor Presidente: Hay temas inadmisibles. Con este texto se amplía el plazo del proceso de ratificación de tres a cuatro años, para que no haya injerencia política. ¿Acaso con el próximo gobierno no va a haber injerencia política? Se

quiere frustrar todo el proceso de ratificación de vocales del Tribunal Registral y se está yendo contra los acuerdos que se tomaron en comisión.

Pido que se respeten los acuerdos tomados en la comisión porque, definitivamente, es absurdo e inadmisible decir que con el otro gobierno no va a haber injerencia política, pero que con este gobierno sí la habrá.

Señor Presidente, me está pidiendo una inte-rrupción el congresista Gutiérrez; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Gracias, señor Presidente.

En este tema hay un error de pro-cedimiento. La Presidencia había dado por concluido el debate acep-

tando la cuestión previa, acordada por votación mayoritaria y democrática, para dividir la vota-ción del texto sustitutorio final. En ese ínterin, ya no procedía pedir un cuarto intermedio para modificarlo. De acuerdo con la sustentación hecha por la presidenta de la Comisión de Justicia, ya se ha desnaturalizado totalmente la votación de la cuestión previa. Entonces, por una cuestión de orden, pido que el tema vuelva a ser revisado y que definamos si vamos a dar validez a esa cuestión previa, porque ya fue votada y es un acuerdo, o si, en su defecto, todo vuelve a fojas cero para que se sustente este texto sustitutorio de las comisiones, habida cuenta de que se han modificado varios extremos y no solo los dos puntos que habían quedado para definir.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Otárola, la congresista Mavila le está pidiendo una inte-rrupción.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Con mucho gusto se la concedo, señor Presiden-te.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede interrumpir, congresista Mavila.



La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Gracias, señor Presidente.

Cuando se dio este debate, solicité que se votara por separado y reitero ahora el pedido para que se vote por separado; porque cuando se propone

que se vote todo junto, en el fondo se pretende que los que discrepamos avalemos este texto acordado por los presidentes de las dos comisiones.

En primer lugar, del texto sustitutorio que se nos ha presentado, estoy de acuerdo, por ejem-plo, como es obvio, con la primera disposición complementaria final, que pedí que se votara por separado; pero no estoy de acuerdo con el plazo que se plantea de revaluación y de proceso de ratificación cada cinco años. Y ese tema, que es la materia litigiosa, tiene que ser votado por separado, pues no se puede amarrar un tema a otro para obligar a votar un asunto en el que hay discrepancia.

Planteo que tomemos una decisión democrática, tal como lo acordamos originariamente, y que votemos la primera disposición complementaria final conforme usted ya lo ha resumido.

Y, en segundo lugar, sobre el tema controvertido, más allá de que haya sido acordado por los pre-sidentes de las dos comisiones, debemos votarlo por separado; porque, en todo caso, hay dos puntos de vista. Tenemos, por un lado, el punto de vista de los presidentes de ambas comisiones, que plantean que el proceso de ratificación se realice cada cinco años; y, por otro lado, hay el punto de vista de quienes consideramos que ese proceso de ratificación debe hacerse en plazos cortos.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase concluir con su intervención, congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Señor Presidente, no se puede enervar la voluntad del Congreso. Consiguientemente, pido como cuestión previa que se vote por separado si el plazo para el proceso de ratificación se da cada tres años,

como estaba en el proyecto, o si el plazo de ratifi-cación es cada cuatro años; porque no se le puede negar a un gobierno la facultad de gobernar, y este es un abuso que no vamos a permitir.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Señor Presidente: En realidad, creo que, ¡por fin!, ya han quedado claras las verdaderas intenciones. ¡Qué pena, señor Presidente! Justo habíamos comentado con el con-gresista Delgado la extraordinaria

oportunidad del oficialismo para demostrar que, en efecto, no tenían ambiciones políticas, de manejo político o de manosear políticamente una institución que, hasta ahora, ha sido mane-jada técnicamente, como es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Lo cierto es que la voluntad del Congreso no solo es la voluntad de los que sesionan en la comisión. En este caso, este tema ha sido dictaminado por dos comisiones: la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y la Comisión de Trabajo y Seguridad social, que estoy presidiendo.

Se acordó llevar a un cuarto intermedio el tema para, en todo caso, consolidar los aportes de las dos comisiones sobre aquello referido, básicamente, al aumento en las remuneraciones de la Sunarp, tema en el que —entendemos, obviamente— to-dos estábamos de acuerdo. Sin embargo, también había aportes interesantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que la presidencia de la Comisión de Justicia también ha tenido a bien aceptar.

Sin embargo, y conforme al sentimiento del Pleno, se acordó durante el cuarto intermedio —y se lo comenté a usted, señor Presidente, y también al oficial mayor— la idea de que el tema relacionado a la ratificación de los vocales del Tribunal Re-gistral —y corríjame si me equivoco— sea votado por separado. Pero resulta que estos temas no solo están consignados en una disposición com-plementaria transitoria, sino en varios artículos, que ya han sido leídos por la congresista Marisol Pérez Tello.

Entonces, lo lógico es que no se haga solo una votación, sino que todo lo que tenga que ver con la ratificación sea votado por separado. En ese sentido, entonces, planteamos que se vote pri-mero el texto acordado entre las dos comisiones —que es la voluntad, en realidad, en la práctica legislativa— y que, finalmente —conforme al sentido de la cuestión previa—, se vote el tema de la ratificación. En ese momento se podrá votar si se ratifica que el plazo sea de cuatro años, como ha sido el acuerdo tomado en consenso entre las



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dos comisiones; o lo que plantea, en este caso, la bancada fujimorista con otras bancadas, como la bancada a la que pertenece el congresista Lescano, por ejemplo, en el sentido de que simplemente no se consigne el tema de la ratificación, en el enten-dido de que esta institución está funcionando bien y no debe ser manoseada políticamente.

Señor Presidente, usted tiene ya la decisión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente: Vamos viendo cómo a lo largo de este debate va quedando muy claro cuál es el propósito del proyecto. Ya lo habíamos intuido desde hace varios meses y lo he-

mos señalado. El propósito es descabezar una institución para infiltrarla. Me imagino cuántos se estarán sobando las manos con la posibilidad de poder llegar a ser vocales del Tribunal, y todo lo que eso significa. Entonces, eso quedó ya muy claro. Por eso es que no les interesa la moderni-zación —como han dicho— ni tampoco la mejora de la institución; lo que les interesa es meter mano ahora a esa institución, y es por eso que no pelean por principios. Porque si pelearan por principios, no importaría que se haga ese proceso de ratificación dentro de cinco años. Pero ya nos dijeron: “No, el otro gobierno no”. Incluso ellos están aspirando a seguir siendo gobierno. Pero no, no pueden esperar, lo quieren ya, de una vez.

Además, quiero referirme al hecho de que se pretende discutir que los presidentes de comisión puedan traer un texto al Pleno. Ese es el procedi-miento que hemos estado viendo todo este tiempo, en estos años en que he regresado al Congreso, a diferencia del Congreso de la década de los no-venta, cuando cada modificación introducida en un dictamen tenía que ser consultada, a través del presidente de la comisión, con los miembros de la comisión. Hoy, la práctica parlamentaria es distinta. Actualmente hay como un sobreen-tendido en el sentido de que el presidente de la comisión puede traer el texto que corresponda y lo pone a votación, luego de los ajustes. Antes no era así. Antes, los presidentes de comisión tenían que reunir a todos sus integrantes en el momento para poder introducir una modificación, aunque fuera de una coma o una y o una o; pero la práctica parlamentaria reciente deriva en un

poder amplio, y en otro momento podemos dis-cutir si es conveniente mantener eso. Pero que se venga hoy a decir, por parte de gente que ha sido presidente de comisiones, “que no, que no se siente representado por los acuerdos a que hayan llegado los presidentes de las comisiones”, me parece bastante sorprendente, por no calificarlo de otra manera.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Elías Ávalos.

El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Señor Presidente: Plan-teé una cuestión previa y parece que se han confundido porque hubo dos peticiones parecidas. La cuestión previa que solicité y fue aprobada por mayoría en el Pleno, era que

se votara por separado. Es decir, que primero se votara solo la primera disposición complementaria final y, justamente, le pido que se dé lectura al texto de dicha disposición.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Señor relator, sírvase dar lectura a la parte indicada del texto sustitutorio.


“Disposiciones Complementarias Finales

Primera. Autorización

En el marco del proceso de la implementación de la presente ley, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la escala remunerativa que presente la Sunarp, la misma que debe contem-plar la homologación de las remuneraciones de las zonas registrales a nivel nacional, de acuerdo al procedimiento establecido en la cuarta dispo-sición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para lo cual queda exceptuada de lo dispuesto sobre el particular en la Ley 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

El financiamiento de la implementación de la nueva escala remunerativa se efectuará con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp, y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público”.



El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Puede continuar, congresista Elías.

El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presiden-te, el acuerdo fue que debía haber dos votaciones. La primera, la que he solicitado, se aprobó por mayoría; y después de que votemos esta se debe votar el resto del texto consensuado por los presi-dentes de las dos comisiones. Pido que se someta a votación esta petición.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente: En el mismo sentido expresado por el congresista Elías Ávalos y de la exposición de la presidenta de la Comisión de Jus-ticia, vemos que este texto ha sido alterado y modificado —ya no es el

mismo—; entonces, olvidémonos de este error porque ya se había agotado el debate, y los textos como, por ejemplo, el señalado por el congresista Elías Ávalos —está perfectamente claro—, debió someterse a votación. Pero en el nuevo texto dice que es la Sunarp la que aprobará su escala remunerativa, y prescinde del marco normativo presupuestal donde todo pasa por una sola caja, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. En-tonces, ese tema ya ha sido modificado, y tal como se hizo con ese dispositivo también se modificaron otros, atendiendo a la labor de consensuar temas; pero ya se alteró el procedimiento, ya se alteró la cuestión previa. ¿Qué vamos a votar ahora?

Presidente, pido, honestamente, que se devuelva el texto a la comisión para que nos traigan un texto y poder volver a discutirlo con mejor crite-rio y votarlo, porque ya culminó la etapa en que se discutió y se puso fin al debate de la cuestión previa, para luego someterla a votación. Después se han hecho otras enmiendas, otras modifica-ciones que ya no son parte del anterior texto o, mejor dicho, ya no calzan con la votación a la que debería someterse originalmente.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— El congresista Elías desea hacer una precisión.

El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Señor, Presidente, lo que se ha tenido que leer, y pido que se vuelva a leer, es la propuesta de la disposición

complementaria final primera aprobada en el Pleno, y no la que ha incorporado una o dos líneas. Tendría que haberse leído ese texto porque eso fue lo que se aprobó y que se tiene que votar.

Señor Presidente, le pido que la lean.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Omonte.

La señora OMONTE DURAND (PP).— Presidente: Creo que tene-mos que entender la buena fe y res-ponsabilidad, tanto de la presidenta de la Comisión de Justicia como la del presidente de la Comisión de Trabajo, en cuanto a que ellos bus-

caban consensuar finalmente los textos retirando el tema de la ratificación. Pero, como se sabe, el tema de la ratificación estaba presente en dife-rentes artículos del proyecto de ley y por eso se ha alterado relativamente la propuesta final; y estoy entendiendo que se está respetando la voluntad expresada en la cuestión previa, esto es, votar por separado el tema de la ratificación.

Por otro parte, tampoco estoy de acuerdo con la modificación de los plazos, que finalmente ha re-sultado ser una especie de sorpresa para muchos congresistas. Pero eso, finalmente, se podrá votar después, cuando se vote el tema de la ratificación. Votemos ahora los puntos en los que sí se había consensuado y no dilatemos más el tema.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Antes de dar lectura, atendiendo la solicitud del congresista Elías, a la disposición complementaria final primera apro-bada en el Pleno, tiene la palabra el congresista Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente: El tema es el siguiente, y espero que me presten atención por algunos segundos.

Cuando se votaba la cuestión previa, me acerqué para hacer las consultas

pertinentes. Precisé lo que estamos buscando con la propuesta y, reitero, hay consenso en temas relacionados al fortalecimiento de la Superin-tendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), hay consenso en cuanto a subir los sueldos de los trabajadores de esa institución. Estamos de acuerdo.



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Por lo tanto, hemos afinado los aportes de las dos comisiones y hay un consenso, pero fuimos muy claros en decir lo siguiente. El sentimiento del Pleno era que el tema relacionado con la ratificación, que generó un debate, se vote por separado; pero no es verdad —o, en todo caso, ha sido una falla en la asesoría— que ese tema solo se aborde en la disposición complementaria, pues ha sido desarrollado en varios artículos que —reitero— han sido leídos por la presidenta de la Comisión de Justicia.

Además, tampoco se habría podido aprobar, supuestamente, la cuestión previa tal cual fue presentada porque no se puede someter a votación primero la disposición complementaria y luego el texto más importante; y eso es lo que he podido entender al oficial mayor y, en todo caso, se ha debido alertar cuando estábamos votando, para salir de este malentendido.

No habiendo quedado claro qué se aprobó real-mente en la cuestión previa, planteo la siguiente cuestión previa, para ver si somos un poquito más claros. Propongo que se vote el texto tal cual fue expuesto por la presidenta de la Comisión de Justicia, al cual llegamos en consenso las presiden-cias de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Justicia, salvo aquellos artículos cuyo textos estén relacionados con la ratificación y que han sido debidamente mencionados, leídos y detalla-dos por la presidenta de la Comisión de Justicia. Entiendo que en esa parte del texto consensuado podemos estar de acuerdo en el Pleno.

Si eso está claro, en todo caso, la presidenta de la Comisión de Justicia puede leer, artículo por artículo, aquellas partes que versen sobre el tema de la ratificación. Así podremos ir a una nueva cuestión previa al estar mucho más claro el tema y haber superado la limitación que el oficial mayor nos comentó hace poco; pero que debió haber sido hecha pública para todos los integrantes del Pleno.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente: Es la tercera vez que intervengo. No en-tiendo que haya razón alguna para que no se pueda votar en primera instancia la disposición comple-mentaria final primera, sobre la

que no hay ninguna contradicción en este Pleno. Planteo que avancemos votando la disposición

complementaria final primera y luego aquellos dis-positivos relacionados con la ratificación; hacer lo contrario sería poner por delante lo que nos divide y que no avancemos nada. Planteo, en todo caso, que se someta a votación si se consulta o no en primera instancia la disposición complementaria final primera. Creo que si tenemos un criterio de racionalidad, no hay razón alguna para no votar en primera instancia el incremento remunerativo de los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Avancemos en eso y luego seguiremos debatiendo.

El otro camino es hacer un largo debate sobre los plazos y demás temas, y el tema de la remunera-ción no sería sometido a votación; mas ese es el mismo camino en el que discurre el tema desde hace meses. Así que yo le pido, ¡por favor!, que, en todo caso, sometamos el proyecto a votación. Si se puede, hay que votar la primera disposi-ción complementaria final en primera instancia, porque no tiene ninguna relación con el tema de la ratificación de vocales del Tribunal Regis-tral. Reitero, como no tiene nada que ver con la ratificación, entonces, votemos esa disposición complementaria final, haciendo acto explícito de la buena fe de todos los congresistas de considerar el incremento remunerativo de los trabajadores de la Sunarp.

Presidente, los congresistas Otárola y Díaz Dios, presidente de la Comisión de Trabajo, me están pidiendo interrumpir; con su venia, las concedo en ese orden, dando por finalizada mi intervención.

Gracias.


El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Sucede simplemente, congresista Mavila —por intermedio de la Mesa—, que debemos aprobar todo el proyecto de ley; porque nada ganaríamos aprobando la disposición complementaria final primera pues no puede haber una ley que surta efectos con solo una disposición complementaria final. Eso sería un saludo a la bandera. Obviamen-te ni siquiera se podría promulgar. Por ende, tiene que aprobarse todo el marco normativo.

Común mensaje. Coincido con la congresista. Vote-mos primero esa parte. ¡Encantado! ¡De acuerdo! Pero después solucionemos de una vez todo el problema de la ley y que salga lo que democráti-camente se elija. ¡Esa es la democracia!





El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias, Presidente; y, por su inter-medio, agradezco la interrupción que gentilmente me ha concedido la congresista Mavila.

En realidad, estamos de acuerdo, congresista Mavila —a través de la Presiden-cia—. Entiendo que lo que estamos planteando con la presidencia de la Comisión de Justicia es lo siguiente: votar, obviamente, esta disposición complementaria final primera, pero hay además otros temas en los cuales también existe consenso entre las dos comisiones. Todo eso abarcaría una de las votaciones, quedando separado para la otra votación aquello relacionado con la ratificación de los vocales del Tribunal Registral. Si no se votara así, entonces tendríamos que someter a votación primero el tema del aumento remunerativo; luego, otros asuntos en los que también hay consenso entre las dos comisiones; y, finalmente, el tema de la ratificación. Eso no tendría sentido. Insisto en el primer procedimiento de votación planteado, con el que, obviamente, se votará la disposición complementaria final primera —referida a la escala remunerativa— y, además, otros temas ya debidamente consensuados entre las dos comi-siones, excluyendo —insisto en que estamos de acuerdo, congresista Mavila, a través de la Pre-sidencia— aquello relacionado con el proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral, que se votaría por separado.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Muy breve.

En efecto, creo que podemos some-ter a votación todo el texto susti-tutorio y, por separado, el plazo del proceso de ratificación para que sea

o en tres o en cuatro años, con lo cual se zanja el problema.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Si votamos por separado la disposición complementaria final

primera, sobre la mejora en la escala remune-rativa —propuesta que apoyan la mayoría de congresistas—, y fuese aprobada, y si, en seguida, se somete a votación el resto del texto sustitutorio y no fuese aprobado, entonces, se produciría algo imposible: una autógrafa de ley que solo tiene una disposición complementaria final.

Lamentablemente, en mi calidad de Presidente del Congreso, no puedo participar del debate ni bajar al llano, pero una de las alternativas que se me ocurre es que esa disposición complementaria final primera pase a ser el artículo 3, y, de esa manera, si la votación diera como resultado la situación que acabo de describir, tendríamos una autógrafa de ley con solo un artículo.

Tiene la palabra la congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Pre-sidente: Basta simplemente tener buena voluntad para saber que, en la eventualidad de que hoy se apro-base solo la mencionada disposición complementaria final —relacionada

al aumento remunerativo— y se denegara todo el resto, entonces, evidentemente —como usted mismo lo ha señalado—, ese texto no podría ser complementario de nada, sino un artículo por sí mismo y, por tanto, una ley con un solo artículo. Me parece que eso puede estar sobreentendido.

Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Díaz; con su venia, se la concedo.


El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente, permítame insistir. Estamos planteando que se someta a votación todo el texto menos lo corres-pondiente al tema de la ratificación de los vocales del Tribunal Registral. En ese todo está incluida la primera disposición complementaria final sobre el aumento en la escala remunerativa, propuesta en la que estamos de acuerdo todos los congresistas; pero, además de ese incremento remunerativo, estamos de acuerdo con el resto del texto, salvo, repito, en aquellos artículos referidos a la rati-ficación. Por lo tanto, solo se tendría que hacer dos votaciones, si no, tendríamos que hacer tres votaciones: la primera, sobre el aumento en las remuneraciones; la segunda, sobre todo lo de-más, salvo el tema de la ratificación; y la tercera, sobre la ratificación de los vocales del Tribunal Registral. Eso no tendría sentido, porque todos



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estamos de acuerdo en los dos primeros temas. Espero haber sido un poco más claro. Insisto. Si no ha quedado clara la primera cuestión previa —que es lo que parece—, planteo que votemos de una manera más sencilla con el procedimiento propuesto, que planteo formalmente, si usted tiene a bien recogerlo. Votemos todo el texto sustitutorio consensuado por las presidencias de las comisiones de Justicia y de Trabajo, menos aquellos artículos relacionados con el proceso de ratificación de vocales del Tribunal Registral. Todos apoyamos el aumento de las remunera-ciones y, seguramente, también estaremos de acuerdo en que la Sunarp —para graficar otro punto con el que concordamos— utilice 20% del saldo de balance de su ejercicio presupuestal para reinvertirlo en tecnología, infraestructura y, finalmente, cumplir con el propósito del proyecto del Ejecutivo: el fortalecimiento de la Sunarp.

Entonces, eso es lo que estamos planteando.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presi-dente, no es raro lo que estamos haciendo en este momento; ya lo he visto varias veces en esta comi-sión, aunque me parece que no es lo correcto. Se trata de un texto

sustitutorio muy complicado en el que hay en juego muchas preocupaciones, validas, respecto a si se aprueba o no el proceso de ratificación de vocales del Tribunal Registral, o respecto de si aprueba o no el tema de la evaluación; pero todos los registradores públicos del país también están pendientes de los acuerdos políticos para que haya una escala de remuneraciones justa. Ciertamente, lo real es que un tema está amarrado al otro, en términos de observaciones del Poder Ejecutivo. También pongo esa situación sobre la mesa con total honestidad. Será potestad de la mayoría gobiernista proponer cuatro o tres años para el proceso de ratificación, y obtendrá o no los votos. Pero esa mayoría no puede estar aprovechándose constantemente para no buscar el consenso.

Mi trabajo como presidenta de la Comisión de Justicia ha sido soportar todas esas vergüenzas durante seis o siete comisiones, en las que debe-ríamos de estar tratando temas de importancia nacional. Cuando no se quieren poner de acuerdo, comienza el boicot. Todos entendemos, claramen-

te, lo que está pasando acá. Hay una posición: todos queremos que se aumente el sueldo; pero un grupo quiere que ese tema se amarre al de la ratificación, y legítimamente, si no, la autógrafa de ley será observada. Lo que no podemos hacer es mantener esta excusa. ¿Acaso el procedimiento parlamentario es tan reglamentario? Lo creí la primera vez, pero el Pleno puede tomar decisiones y las decisiones que tome suponen también que no entremos en absurdos. ¿Cuál es el absurdo al que esto lleva? Aprobar un texto en el que, si no se incluye el tema del proceso de ratificación de vocales del Tribunal Registral, tengo que reestructurar todo el texto, porque el asunto de la ratificación no está solo en un artículo, sino distribuido en toda la fórmula legal propuesta; entonces, esto llevaría a que entregue un texto si hay ratificación; y si no la hay, no lo entrego, y que luego se consulte si el proceso de ratificación dura cuatro años o no.

Votemos, señor Presidente; y si finalmente se aprueba que no haya proceso de ratificación, ya no tendría sentido discutir si dura cuatro años o tres. Si al final gana que haya proceso de ratificación, se vota por separado si este dura tres o cuatro años. Si no avanzamos, esto va a terminar en que el debate se vuelva a suspender y, ciertamente, la comisión y su presidencia han hecho todo lo que puede; pero no puede estar al margen de este tipo de caprichos, que respeto, pero del cual no voy formar parte, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Pérez Tello, sírvase precisar el sentido de la votación y sus extremos.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, se ha pedido formalmente que se vote por separado la fórmula legal pro-puesta a excepción de los artículos vinculados a la ratificación.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Sírvase detallar los artículos que se exceptuarían de la votación, congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, son los siguientes textos, y lo repito por tercera vez.

La última parte de la propuesta de modificación del artículo 24 de la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y queda solo que los vocales del Tribunal Registral son nom-



brados por el Superintendente Nacional, previo concurso público de méritos. Entonces, se votaría por separado “y son sometidos a un proceso de ratificación cada cinco años”.

La propuesta de modificación de todo el artículo 25 de la Ley 26366, porque ese artículo incorpora el proceso de ratificación de los vocales, que evi-dentemente tiene relación con el anterior.

El inciso h) de la propuesta de modificación del artículo 30 de la Ley 26366, porque propone que es una causal de cese la no ratificación en el cargo.

Y, por último, la disposición complementaria transitoria única, que es la que se aplicaría para los vocales que fueron elegidos bajo otro régi-men y que tendrían que entrar en un proceso de ratificación.

Entonces, lo primero que se votaría por separado es todo lo referido al proceso de ratificación, para aprobarlo o no; y, luego, el resto de la fórmula legal, que incluye un tema en el que, entiendo, todos estamos de acuerdo: los sueldos. Ahora bien, si se aprueba primero el asunto de los sueldos, que también es una posibilidad y que usted tendrá que decidir, después se tendría que adecuar el texto conforme se apruebe o no el tema del proceso de ratificación. Ese es el orden.

Planteo que primero se vote si se incluye o no lo referido al proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral.

Presidente, le pido que pasemos a la votación y que, en todo caso, democráticamente se tome la decisión.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Antes de dar lectura al primer texto que se va a votar, tiene la palabra el congresista Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente: El congre-sista Ávalos, en su momento, pidió la lectura de la disposición comple-mentaria final primera y el relator dio lectura al texto entregado el 4 de abril a las 12.52 p. m. En ese

texto se redacta plenamente un procedimiento de obligatoria responsabilidad presupuestal. Sin embargo, el texto entregado a las 19.44 p. m. tiene otra redacción, que es la siguiente: “[...] autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la escala remunerativa que presente la Sunarp

[...]”. Es decir, quien va a aprobar la escala remu-nerativa es la Sunarp, que es un procedimiento totalmente distinto al procedimiento general de la institucionalidad del Estado peruano, según lo cual todo lo relacionado con la escala remunerativa y el gasto público debe contar con la autorización primigenia del marco presupuestal que otorga, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entonces, habría una distorsión y me en-cantaría que los presidentes de las dos comisiones dictaminadoras lo precisen y, sobre todo, que se respete la primera redacción del documento que se nos ha entregado.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente: Quiero recordar lo siguiente, haciendo memoria. Cuando vino al Pleno para segunda votación el proyecto de ley del notariado, siete días después de haber sido aprobado en primera

votación, se cambió totalmente el texto. Se explicó que solo se puso de acuerdo el presidente de la comisión y punto; y salió el proyecto de lo que que-rían. Pero como realmente existe tanta confusión en el tema en debate, pido como cuestión previa que este proyecto regrese a comisiones.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Reátegui, sírvase precisar el nombre de la comisión a la que pide que regrese el proyecto.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente, pido que este proyecto regrese a la Comisión de Justicia.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Elías.

El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presidente, el Regla-mento del Congreso de la República es el que nos rige en este momento, y coincido con alguna propuesta que ha hecho el congresista.

Se leyó una propuesta de los presidentes de co-misiones, pero se aprobó justamente lo que va a leer el señor relator, y, tan pronto termine, debe someterse a votación, porque, así sea que se mo-



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difique o regrese a comisión, esta parte tiene que ser aprobada hoy. Ese fue el acuerdo del Pleno.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Ha sido planteada una cuestión para que el proyecto retorne a las comisiones dictaminadoras.

Señores congresistas, sírvanse registrar su asis-tencia para proceder a votar la cuestión previa.

Para una precisión, tiene la palabra el congre-sista Elías.

El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Pre-sidente, no hay cuestión previa sobre cuestión previa. Acá tiene que votarse y después decidir si va el resto.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La cuestión previa que planteó el congresista Elías ya se votó y fue aprobada; no puede volverse a votar.

Un integrante del mismo grupo parlamentario del congresista Elías Ávalos ha planteado una cuestión previa, que contiene la cuestión previa que ha planteado el congresista Elías, y que nece-sariamente tiene que consultarse al Pleno antes de entrar a la votación del proyecto.

El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Señor Presidente, la cuestión previa que planteé ya se aprobó, tiene que ejecutarse y con-vertirse o en un artículo o en el texto total; pero tiene que votarse en estos momentos la cuestión previa que va

a leer el señor relator y después someterse a vo-tación la cuestión previa planteada por mi colega, el congresista Reátegui. Ese es el orden.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Reitero que la cuestión previa que planteó el congresista Elías ya se votó y fue aprobada.

Tiene la palabra el congresista Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente: Por su intermedio quisiera expresar a los presidentes de ambas comisio-nes que, por técnica jurídica, debe quedar plasmado literalmente. He propuesto que se...

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Congresista Gutié-

rrez, si la cuestión previa planteada no prospera, puede reiterar su solicitud; pero si prospera, ya no tiene sentido. Vamos a volver a precisar la situación. Se ha planteado como cuestión previa que el dictamen vuelva a comisiones.

Han registrado su asistencia 74 congresistas.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto mediante el sistema digital.

—Efectuada la votación, se rechaza, por 58 votos en contra, 15 a favor y ninguna abs-tención, la cuestión previa planteada.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Ha sido rechazada la cuestión previa.

Se deja constancia del voto en contra del congre-sista Lescano Ancieta.

“Votación de la cuestión previa del congresista Reátegui Flores

Señores congresistas que votaron en contra: Acha Romaní, Alcorta Suero, Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Elías Ávalos, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Lay Sun, Llatas Altamirano, Ma-vila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Cho-quecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Saavedra Vela, Salazar Miran-da, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tan de Inafuko, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Valencia Quiroz, Valqui Matos, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Capuñay Quispe, García Belaunde, Julca Jara, Lewis Del Alcázar, Luna Gálvez, Monterola Abregú, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Ron-



dón Fudinaga, Urtecho Medina, Valle Ramírez y Wong Pujada.”

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— El relator va a dar lectura a aquella parte del texto que será sometido primero a votación, en el sentido señalado por la presidenta de la Comisión de Justicia.

Mientras atendemos la lectura de la parte per-tinente que será sometida a votación, sírvanse registrar su asistencia, señores congresistas.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para computar el quórum.


“ley de fortaleciMiento de la Superintendencia nacional de loS regiStroS públicoS

[Parte pertinente].

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Sunarp, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios, imple-mentando medidas efectivas de inclusión social, competitividad y eficiencia tecnológica en su prestación, de acuerdo a las nuevas demandas ciudadanas.

Artículo 2. Modificación de la Ley 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional y la Superinten-dencia Nacional de los Registros Públicos

2.1. Modifícase el artículo 6 de la Ley 26366, Ley de creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el cual queda redactado con el siguiente texto:

‘Artículo 6.- Los registradores públicos que in-tegran el Sistema son nombrados por el órgano competente de cada registro. Para acceder al cargo se requiere ser peruano, abogado colegiado hábil y haber aprobado el concurso público de méritos supervisado por la Sunarp y de acuerdo al regla-mento respectivo que para tal efecto expedirá esta entidad’.

2.2. Incorpórase en la Ley 26366, Ley de creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Capítulo V del Título IV, de acuerdo al siguiente texto:

‘Capítulo V

TRIBUNAL REGISTRAL

Artículo 23. Tribunal Registral

El Tribunal Registral es el órgano que conoce en segunda y última instancia administrativa registral los recursos de apelación interpuestos contra las denegatorias de inscripción y demás actos registrales expedidos por los registradores en primera instancia.

El Tribunal Registral tiene competencia nacional y está conformado por salas descentralizadas e itinerantes, cuyo número y lugar de ubicación es determinado por el directorio de la Superintenden-cia Nacional de los Registros Públicos-Sunarp.

[Parte pertinente].

Artículo 26. Funciones del Tribunal Registral

Son funciones del Tribunal Registral:

Conocer y resolver los recursos de apelación a) interpuestos contra las derogatorias de inscripción y demás decisiones de los registradores.

Verificar, en el ejercicio de su función, el cum-b) plimiento de las normas legales y reglamentarias, así como de los precedentes de observancia obliga-toria, por parte de los registradores, dando cuenta a la Gerencia Registral y al superintendente nacional de las irregularidades detectadas.

Aprobar precedentes de observancia obligatoria c) en los Plenos Registrales que, para el efecto, se convoquen.

Emitir opinión sobre los asuntos que la Su-d) perintendencia Nacional someta a su conside-ración.

Ejercer las demás funciones inherentes a su e) naturaleza o que le sean asignadas por la Super-intendencia Nacional.

Artículo 27. Presidente del Tribunal Registral y presidente de Sala

El presidente del Tribunal Registral es elegido por los vocales titulares en votación secreta por el período de un año, computado del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

El presidente de cada una de las salas es elegido por los integrantes de la respectiva sala por el período de un año, computado del 1 de enero al 31



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de diciembre de cada año. No procede la reelección inmediata. En caso de no obtenerse la mayoría necesaria, la presidencia de la sala corresponde al vocal más antiguo.

Artículo 28. Funciones del presidente del Tribu-nal Registral

Son funciones del presidente del Tribunal Re-gistral:

Convocar y presidir las sesiones de sala ple-a) na.

Designar al vocal que desempeñe las funciones b) de secretario técnico del Tribunal Registral en las sesiones de sala plena.

Ejecutar los acuerdos adoptados en sala ple-c) na.

Velar por la adecuada marcha administrativa d) del Tribunal Registral.

Coordinar con los órganos de las entidades e) públicas vinculados a su competencia.

Las demás funciones inherentes al cargo o f) que le sean asignadas por el superintendente nacional.

Artículo 29. Requisitos para ser vocal del Tribu-nal Registral

Son requisitos para acceder al cargo de vocal del Tribunal Registral:

Tener título profesional de abogado, con cole-a) giatura hábil.

Acreditar capacitación especializada en materia b) registral, civil y mercantil.

Acreditar experiencia profesional no menor de c) diez años, de los cuales cinco años correspondan al ámbito registral.

Contar con reconocida solvencia moral.d)

No contar con antecedentes policiales, judicia-e) les y penales.

No estar incurso en los impedimentos para f) contratar con el Estado.

Artículo 30. Causales de cese

Son causales de cese del cargo de vocal del Tri-bunal Registral, las siguientes:

Fallecimiento.a)

Incapacidad permanente.b)

Renuncia aceptada.c)

Impedimento legal sobreviniente a la desig-d) nación.

Remoción por falta grave.e)

Inasistencia injustificada a tres sesiones con-f) secutivas o a cinco no consecutivas en el período de un año.

Las demás causales de despido previstas en el g) Decreto Legislativo 728’.

Artículo 3. La Sunarp utiliza un porcentaje no menor del 20 % del saldo de balance de cada ejercicio presupuestal en la infraestructura y en la renovación del equipamiento tecnológico para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía.

Disposiciones Complementarias Finales

[Parte pertinente].

Segunda. Evaluación

La Sunarp efectuará la evaluación por desempe-ño de los registradores públicos, funcionarios y servidores, conforme al marco legal regulado en el Decreto Legislativo 1025, que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el sector pú-blico, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 009-2010-PCM.

Tercera. Reglamentación

Dentro de los sesenta días calendario contados a partir de la vigencia de la presente ley, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se aprobarán las disposiciones complementarias”.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Gutiérrez.



El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente: Considero noble el propósito de la presidenta de la Comisión de Justicia, la doctora Marisol Pérez Tello, y también del presidente de la Comisión de Trabajo. He consen-

suado con ellos, en mi calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que se respete el orden que correspon-de, con relación al texto original, en la disposición complementaria final primera, y pido que se le dé lectura, con la autorización de los presidentes de las comisiones de Justicia y de Trabajo.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente: No sé si estoy errada, pero yo había escucha-do, tanto a la presidenta de la Comi-sión de Justicia como al presidente de la Comisión de Trabajo, que se había llegado al consenso de que en

el texto que se iba a votar primero estaba incluida la disposición complementaria final primera, la cual considera el incremento remunerativo para los trabajadores de la Sunarp. Si se trata de un error de Relatoría, pido que se lea esa disposición complementaria final para enmarcarla en lo que se va a votar primero.



La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente: En efecto, se ha leído el texto que presentamos y consensua-mos con la Comisión de Trabajo.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Presupuesto presentó una atingencia a la disposición complementaria final primera, que no tiene que ver con el fondo. Su atingencia no tiene relación con los dos conceptos que se añaden —es decir, que se establezca una nueva escala de remuneraciones y que esta contemple la homologación de las remuneraciones de las zonas registrales—; su atingencia tiene que ver con el verbo que se habría utilizado con respecto al Ministerio de Economía y Finanzas. Ciertamen-te, nuestra preocupación era, que tratándose de

recursos propios, estos no tuviesen que pasar para ser aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que se ejecutasen inmediatamente. Y lo que ha planteado el presidente de la Comisión de Presupuesto tiene que ver directamente con que la fórmula adecuada es que, en todo caso, se mantenga la primera redacción.

Tanto el presidente de la Comisión de Trabajo como la presidenta de la Comisión de Justicia hemos asumido esta redacción, en aras de que finalmente se apruebe la escala remunerativa para los empleados de la Sunarp. Por lo tanto, el texto final, que voy a entregar inmediatamente, quedaría redactado en ese extremo como sigue y que estoy haciendo llegar —firmado, además—:

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL


En el marco del proceso de la implementación de la presente ley, autorízase a la Sunarp para pro-poner al Ministerio de Economía y Finanzas una nueva escala remunerativa, la misma que debe contemplar la homologación de las remuneracio-nes de las zonas registrales a nivel nacional, de acuerdo al procedimiento establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley 28411, Ley Ge-neral del Sistema Nacional de Presupuesto, para lo cual queda exceptuada de lo expuesto sobre el particular en la Ley 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

El financiamiento de la implementación de la nueva escala remunerativa se efectuará con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp, y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público”.

Pido que pasemos a la votación, señor Presi-dente.


El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Señor Presidente: Para tratar de llegar a consensos en este tema, respecto al artículo 3 se ha consignado que la Sunarp utilice un porcentaje no menor al 20% del saldo de balance de cada ejercicio

presupuestal en la infraestructura y en la reno-vación de equipamiento tecnológico para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios a



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la ciudadanía. Teniendo en cuenta que hay dis-posiciones que han comprometido estos saldos de balance para este ejercicio y evitar mayores problemas y observaciones, planteo que eso se aplique a partir del siguiente ejercicio fiscal, de tal manera que no haya ninguna dificultad.

Por otro lado, con relación a la disposición complementaria transitoria única, en efecto, ha surgido una discusión sobre el plazo de tres años que estaba planteado inicialmente y se propone que sea de cuatro años; entonces, en todo caso, hay que votar el tema del plazo por separado y así desentrampamos este tema.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La Mesa entiende que el congresista Delgado ha planteado su pedido como cuestión previa.

Tiene la palabra el congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Señor Presidente, por su intermedio, pido que la pre-sidenta de la Comisión de Justicia nos escuche.

Entonces, queda claro que la si-guiente votación solamente versará sobre el tema de la ratificación y que ahí se verá el plazo en el que se ratificaría.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Los presidentes de comisión han traído al Pleno un texto que propone que el plazo para llevar a cabo el proceso de ratificación es de cuatro años; se vota sobre eso y no sobre otra cosa. No está en debate, ya se cerró el debate.

Los dos presidentes de comisión, de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Justicia, han traído un texto que establece el plazo en cuatro años. Si a algunos no les gusta ese plazo, votarán en contra, y si a algunos les gusta, votarán a favor; pero considero que no corresponde volver a abrir el debate sobre ese asunto.



La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Con el mismo derecho que asistió a la bancada fujimorista para plantear la cuestión previa —que respaldé y respeté, porque eso es democrático—, se puede pedir una cuestión previa para plantear que se vote si se dan tres o cuatro años de plazo.

Esto es un texto consensuado, y los votos son los que definen. Si lo que quieren es ganar mediante un procedimiento parlamentario, no seré yo quien se preste a eso.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede intervenir, congresista Delgado, para una precisión.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Quiero precisar, Presi-dente, que planteé una cuestión previa para que se vote por separado la alternativa de tres años o de cua-tro años de plazo para completar el proceso de ratificación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Entiendo que se ha planteado una cuestión previa, que debe consultarse al Pleno.

Puede intervenir, congresista Mavila, para una precisión.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Presidente, hemos votado la cuestión previa planteada por la bancada fujimorista, y esa votación ya está definida. Es más, estamos en la parte de la sesión de la lec-tura previa de todos los aspectos

de la norma que no se refieren al tema que está contenido en los artículos 24 y 25; y entonces, planteó que, habiéndose leído ya el texto, que incluye la disposición complementaria final en su redacción original, lo que corresponde en este estadio procesal es pasar al voto y después someter a votación el tema que corresponde a los artículos 24 y 25.

Planteó que entremos de una vez a la votación para aprobar el texto consensuado por todas las bancadas.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Hay una cuestión previa planteada por el congresista Delgado para que se vote por separado la propuesta de tres o cuatro años de plazo, contenida en la disposición complementaria transitoria primera.

Antes de pasar a la votación, va a intervenir el congresista Gutiérrez y luego el congresista Díaz.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente, el texto se va a votar en dos partes. El señor relator ya leyó la primera parte a ser consultada y debemos pasar al voto. Antes de votarse la otra parte del texto, podemos darle el tratamiento

correspondiente a la cuestión previa planteada por nuestro directivo portavoz. Se pospondría para después de la votación.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Estando de acuerdo con el procedimiento, se va a votar el texto leído por el relator y luego consultamos la cuestión previa.

Puede intervenir, congresista Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente, quiero pedirle y también, por su inter-medio, a la presidenta de la Comisión de Justicia que se pronuncien sobre el pequeño añadido al artículo 3 propuesto por el congresista Delgado; ninguno de los presidentes de comisión se han pronunciado sobre ese tema. Entonces, antes de pasar a la votación, pido que se pronuncien si se podría incluir ese añadido, y tengo entendido que ese artículo 3 sí se está votando.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Pérez Tello, sírvase señalar si acepta o no el añadido planteado por el con-gresista Delgado.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presi-dente, el artículo 3 que se ha redac-tado establece que la Sunarp utiliza un porcentaje no menor del 20% del saldo de balance de cada ejercicio presupuestal en la infraestructura

y en la renovación del equipamiento tecnológico para mejorar la eficiencia en la presentación de los servicios a la ciudadanía, a partir del ejercicio fiscal 2014.

El añadido está al final de la redacción del artículo 3; fue incluido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Correcto.




Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en pri-mera votación, por 73 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, los artículos 1, 2 y 3 y las disposiciones complementarias fi-nales segunda y tercera del texto sustitutorio del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-Sunarp [exceptuado: última parte del artículo 24, el artículo 25, el inciso h) del artículo 30, la disposición complementaria final primera y la disposición complemen-taria transitoria única].

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobado en primera votación el Proyecto 1325, Ley de Fortalecimiento de la Superintenden-cia Nacional de los Registros Públicos-Sunarp, a excepción de la última parte del artículo 24, del artículo 25, del inciso h) del artículo 30, de la disposición complementaria final primera y de la disposición complementaria transitoria única.

Se deja constancia del voto a favor de los congresis-tas Eguren Neuenschwander y Zerillo Bazalar.

El resultado final es 75 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

“Primera votación de los artículos 1, 2 y 3 y las disposiciones complementarias finales segunda y tercera del texto susti

tutorio del Proyecto 1325

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Alcorta Suero, Andrade Carmona,



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Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, Ga-marra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Lay Sun, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Luna Gálvez, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Val-dez, Molina Martínez, Monterola Abregú, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portu-gal Catacora, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Tan de Inafuko, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valen-cia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes y Zamudio Briceño.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas y Reátegui Flores.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— A continuación, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Jaime Delgado para que se vote por separado que el plazo consignado en la disposición com-plementaria transitoria única sea o de tres o de cuatro años.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Han registrado su asistencia 78 congresistas.

Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 43 votos a favor, 32 en contra y dos absten-ciones, la cuestión previa planteada por el congresista Jaime Delgado para que se vote por separado la fórmula o de tres o

de cuatro años de plazo en la disposición complementaria transitoria única.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido aprobada la cuestión previa.

Se deja constancia del voto en contra del congre-sista Valqui Matos.

El resultado final es 43 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones.

“Votación de la cuestión previa del congresista Delgado Zegarra

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Ca-vero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gamarra Saldívar, García Belaun-de, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gu-tiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Inga Vásquez, Julca Jara, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Molina Martínez, Monterola Abregú, Nayap Kinin, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Teves Quispe, Uribe Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yru-pailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Alcorta Suero, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Capuñay Quispe, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Díaz Dios, Eguren Neuenschwan-der, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Lay Sun, Luna Gálvez, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Neyra Huamaní, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Rondón Fudinaga, Salazar Mi-randa, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Urtecho Medina y Wong Pujada.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas y Lescano Ancieta.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— A continuación, se va a dar lectura a la segunda parte del texto que se pondrá al voto.


“Artículo 24. [Parte pertinente].

[...] y son sometidos a un proceso de ratificación cada cinco años.



Artículo 25. Proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral

El proceso de ratificación de los vocales del Tri-bunal Registral está a cargo de una Comisión ad hoc, conformada por:

Un representante del Ministerio de Justicia y a) Derechos Humanos, quien la presidirá.

Un representante del Poder Judicial.b)

Un representante del Colegio de Notarios del c) país.

Un representante del Colegio de Abogados d) del país.

Un representante de la Asamblea Nacional e) de Rectores.

Disposiciones complementarias finales.

Artículo 30. [Parte pertinente].

[...]

No ratificación en el cargo”.h)

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Con la misma asistencia, se votará la parte leída.

Tiene la palabra el congresista Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Presidente: Quiero una precisión. Ya que se ha pedido una cuestión previa, deberíamos definir si el proceso de ratificación es en cuatro o tres años, porque en el debate se planteó precisamente

que los humalistas se distinguirían y nos de-mostrarían que no habría una cuestión política en todo este tema de la ratificación de vocales del Tribunal Registral si aceptaran que el plazo sea de cuatro años. Si no aceptaran ese plazo de cuatro años, entonces tendríamos sospechas de que este asunto tiene un manejo político y, en ese caso, no estaríamos dispuestos a votar el tema de la ratificación.

Así que yo le pido, Presidente, que usted consi-dere que se vote primero la definición del plazo en la disposición complementaria única, de si es o cuatro o tres años, y después votamos todo el asunto de la ratificación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Para una precisión, puede intervenir el congresista Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente, quiero informarle las circunstancias porque entiendo que, antes de que usted reasumiera la Presidencia, el congresista Eguren estaba presidiendo.

La Comisión de Justicia, que es la comisión principal, aprobó un texto para que el plazo sea no menor de cuatro años respecto al proceso de ratificación de vocales del Tribunal Registral. La Comisión de Trabajo, de otro lado, está en contra de cualquier tipo de ratificación, tal como fue plasmado en el dictamen, que también fue aprobado por una amplia mayoría. Entonces, lo lógico es saber primero, conforme a lo planteado por el congresista Beingolea, si va a haber o no un proceso de ratificación y luego vemos ya el tema de los votos. Eso significa que se debe poner a vo-tación, de acuerdo con la primera cuestión previa, lo que han decidido las comisiones, y no plantear una tercera cuestión previa que pase por encima de los dictámenes de las comisiones. Por eso lo hemos pedido, y reitero que son dos dictámenes en los cuales no ha sido consensuada la parte de la ratificación; lo aclaramos desde temprano.

La Comisión de Justicia propone que el plazo para el proceso de ratificación no sea menor de cuatro años; la Comisión de Trabajo no considera ese tema de la ratificación, no existe en el dictamen; por lo tanto, no puede haber una tercera propuesta para que ese plazo sea de tres años como se está planteando como cuestión previa. Entonces, o se consigna un plazo no menor de cuatro años o no existe proceso de ratificación; usted decida cuál somete primero a votación, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Le recuerdo al congresista Díaz Dios que la cuestión previa se votó y fue aprobada.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Presidente: Los presidentes de las dos comisio-nes dictaminadoras han traído un texto sustitutorio que implica un plazo no menor de cuatro años para realizar el proceso de ratificación.

Eso es lo que se debe votar primero. Si no se apro-bara eso, se podría someter a votación cualquier otra propuesta, ya sea que se proponga un plazo



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de tres, de cinco, de veinte o de treinta años. Pero lo que tenemos en estos momentos es un dictamen consensuado, donde se propone que el plazo del proceso de ratificación sea no menor de cuatro años, y eso es lo que se debe votar, ¡por favor!


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresistas, el Pleno, que es la máxima instancia, ya se pronunció sobre la cuestión previa.

Congresista Díaz Dios, ya votamos y lo que manda en el Pleno son los votos. Se le concede el uso de la palabra para que sustente su cuestión de orden. La Mesa le recuerda que estamos en votación.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente: Sobre la cuestión de orden.

Quiero que el oficial mayor señale lo que dice el Reglamento del Congreso de la República. Efectivamente,

puede que se haya aprobado una cuestión previa, pero vamos a un orden. El orden es lo que primero han dictaminado las comisiones. ¿Desde cuándo acá una cuestión previa se vota antes —¡atención!, estoy en el tema cronológico— que el dictamen de la comisión? Entonces, ¿para qué las comisiones de Trabajo y de Justicia, independientemente, elaboramos dictámenes? ¡Que el oficial mayor asesore bien en este momento! ¡Ojo!, no voy a discutir la cuestión previa posterior, pero primero es lo primero.

Primero hay que someter a votación los dictáme-nes de las comisiones y luego, si no son aprobados, se consultarán las propuestas posteriores.

Presidente, ¡que sea asesorado! Pida pasar a un cuarto intermedio, o lo que usted considere, pero tenga en cuenta lo que dice el Reglamento del Congreso de la República y, en todo caso, empla-zo al oficial mayor para que se lean los artículos pertinentes sobre este tema.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En primer lugar, debo manifestar que se ha leído un nuevo texto, se ha votado en dos partes y la presidencia de la comisión dictaminadora ya se ha pronunciado. Luego se ha votado una cues-tión previa. Todo ha sido llevado correctamente conforme a la decisión adoptada por el Pleno.

Sírvase terminar, congresista Díaz, aunque usted ya informó varias veces sobre el tema.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente, le pido mil disculpas, pero tenía que informarle de la situación porque usted no estuvo presente. Reitero que el debate empezó con los dictámenes de las dos comisiones: la de Justicia, como comi-sión principal, y la de Trabajo, como comisión secundaria. En el curso del debate, los dos presi-dentes de comisión coordinamos, consensuamos un solo texto sustitutorio, salvo en el tema de la ratificación de los vocales del Tribunal Registral, que debía votarse por separado. Son dos las alter-nativas. La Comisión de Justicia propone que el plazo para la ratificación sea de acá a cuatro años y la Comisión de Trabajo propone que no haya ningún tipo de ratificación y que se mantengan las cosas como están.

Entonces, se podrá estar a favor o en contra, pero se debe votar, en primer lugar, lo dictaminado por las comisiones. Si se rechaza el de la Comisión de Justicia primero y luego el de la Comisión de Trabajo, obviamente, se pueden presentar textos sustitutorios durante el debate; pero de ninguna manera se puede pasar por encima de los dictá-menes de la comisión.

Es un tema relacionado al fuero parlamentario, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Pérez Tello, sírvase aclarar la materia en debate, porque tenemos un texto consensuado.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presi-dente, lo único atípico en esta vota-ción es que el texto se ha votado en dos partes. Es decir, primero se votó la propuesta referida a los sueldos y la escala remunerativa y después

el de la ratificación de los vocales del Tribunal Registral.

Respecto a la ratificación, las comisiones de Tra-bajo y de Justicia consensuamos que el plazo para realizarse ese proceso sea no menor de cuatro años; sin embargo, con el mismo derecho con el que todos pueden solicitar una cuestión previa, se pidió someter a votación si ese plazo era de tres o de cuatro años.

No tiene ningún sentido amarrar la votación de un tema con la votación de otro tema; ciertamen-te, es un juego de votos. De lo que se trata es de definir si este Pleno quiere o no que se consigne el proceso de ratificación de los vocales. Si lo quiere, discutiremos el plazo en años para realizar ese



proceso. He planteado que el plazo sea de cuatro años; pero hay congresistas que plantean que sea de tres. Los votos lo definirán.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ya hemos señalado el texto a votarse, lo hemos precisado.

La Mesa reitera que se está votando la parte que ha sido leída, como ya lo he explicado tres veces. Estamos votando lo que se ha leído.

De todas maneras, el relator nuevamente va a dar lectura al texto.


“Artículo 24. [Parte pertinente].

[...] y son sometidos a un proceso de ratificación cada cinco años.

Artículo 25. Proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral

El proceso de ratificación de los vocales del Tri-bunal Registral está a cargo de una Comisión ad hoc, conformada por:

a) Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien la presidirá.

b) Un representante del Poder Judicial.

c) Un representante de los colegios de notarios del país.

d) Un representante de los colegios de abogados del país.

e) Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores.

Artículo 30. [Parte pertinente].

[...]

h) No ratificación en el cargo”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha quedado claro. Se está votando el texto leído.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 51 votos a favor, 21 en contra y tres abstencio-nes, el texto leído.


Se deja constancia del voto en contra de los con-gresistas Valqui y Díaz Dios.

La votación final es 51 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

“Primera votación de los artículos 24 y 25 y el inciso h) del artículo 30 del texto

sustitutorio del Proyecto 1325

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Bedoya de Vivanco, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Due-ñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Guevara Ama-sifuén, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Inga Vásquez, Julca Jara, Lay Sun, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Moli-na Martínez, Monterola Abregú, Nayap Kinin, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Saave-dra Vela, Solórzano Flores, Teves Quispe, Uribe Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Capuñay Quispe, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Elías Ávalos, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Luna Gálvez, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Neyra Huamaní, Reátegui Flores, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tubino Arias Schreiber y Urtecho Medina.

Señores congresistas que se abstuvieron: Beingolea Delgado, Benítez Rivas y Lescano Ancieta.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Conforme a la primera cuestión previa aprobada, se va a someter a votación la primera disposición complementaria final.

El relator va a dar lectura ese texto en consul-ta.



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En el marco del proceso de la implementación de la presente ley, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la escala re-munerativa que presente la Sunarp, la misma que debe contemplar la homologación de las remuneraciones de las zonas registrales a nivel nacional, de acuerdo al procedimiento establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para lo cual queda exceptuada de lo dispuesto sobre el particular en la Ley 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y en la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

El financiamiento de la implementación de la nueva escala remunerativa se efectuará con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Vamos a precisar.

Hay un error. Se va a leer el texto correcto.




En el marco del proceso de la implementación de la presente ley, autorízase a la Sunarp a proponer al Ministerio de Economía y Finan-zas una nueva escala remunerativa, la misma que debe contemplar la homologación de las remuneraciones de las zonas registrales a nivel nacional, de acuerdo al procedimiento estable-cido en la...”.

(Bullicio).

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Vamos a poner orden. Hay un poco de confusión.

Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Justicia, congresista Pérez Tello, para una precisión.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente: La votación que se ve en pantalla es la de ratificación o no ratificación. En todo caso, si hay tanta confusión, pido que nos tran-quilicemos todos y que votemos de manera consciente.

Lo que falta definir es si hay o no ratificación. Si no se consigna el tema de la ratificación, ya no habrá nada para discutir. Pero si deciden que se incluya la ratificación en la ley, que es lo que se ve en pantalla, hay que decidir si el plazo para realizar el proceso de ratificación es no menor de cuatro años o de tres años. Así de simple.

El tema de la ratificación ya ganó. Se acaba de aprobar. El resultado de la votación es la ratifica-ción. Las partes del texto que abarcan ese tema son los siguientes: la parte final del artículo 24, esto es, un proceso de ratificación cada cinco años; el artículo 25 íntegro; el inciso h) del artículo 30, y la disposición complementaria transitoria única en toda su extensión, excepto en el extremo referido al plazo no menor de cuatro años, que es lo que hay que votar para decidir si el plazo es ese o tres años.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— La Oficialía Mayor indica que falta votar las dos cuestiones previas planteadas. La primera se refiere a la autorización expresada en la dis-posición complementaria final primera, porque implica una modificación de la ley general de presupuesto, en cuyo caso requeriría la votación de la mitad más uno de los congresistas presentes para ser aprobada.

Se trata de la disposición complementaria final primera.

La Oficialía Mayor ha precisado que no se ha votado un dispositivo porque, al tratarse de una modificación a la ley de presupuesto, se requiere de votación calificada. En este caso, el congresista Elías planteó como cuestión previa que eso se vote por separado.

Vamos a ponernos de acuerdo en este tema y, si no llegásemos a ninguno, podemos revisarlo nue-vamente. Parece que el cansancio está haciendo mella en todos.

Entonces, siendo así, faltaría someter a votación la disposición complementaria transitoria única,



que se refiere al plazo no menor de cuatro o de tres años para llevar a cabo el proceso de ratificación, conforme lo planteó el congresista Delgado.

Tiene la palabra el congresista Hurtado.

El señor HURTADO ZAMUDIO (GPFP).— Señor Presidente: He tratado de no moverme de mi escaño para seguir al pie de la letra el pro-cedimiento, como un buen alumno, y entender de qué se trataba la confusión.

Se hizo una lectura —y espero que el Oficial Mayor me escuche porque parece que ahí está la confusión— de todos los artículos, excepto del 24, del 25, y del inciso h) del 30. Y, obviamente, en ese momento no se leyó la disposición comple-mentaria final primera. Pero, inmediatamente, la presidenta de la Comisión de Justicia se levantó y lo leyó con el arreglo que le había encargado la Comisión de Presupuesto. Cuando ella lo leyó, todos supusimos, porque era la idea, que estábamos votando el aumento salarial para los trabajadores de la Sunarp. Por eso todos estamos preocupados. ¿Qué pasó con el oficial mayor que no se dio cuenta de qué asunto estábamos tratando? ¿Qué congresista me puede decir aquí por qué hemos votado? Todos hemos votado, por petición de la congresista Mavila, que se incluyera el tema, porque no se había leído. La congresista Mavila pidió que se leyera el tema y, cuando se hizo eso, el congresista Josué Gutiérrez dio el cambio, y la presidenta lo leyó, y entonces todos supusimos que se estaban leyendo los artículos que estábamos aprobando. Por lo tanto, cuando votamos, aprobamos todo, incluso la disposición complementaria final primera.

Ahora bien, ¡que nos quieran decir que se ha hecho otra cosa...! No, no es así. Eso es lo que realmen-te hemos aprobado. Creo que todos estamos de acuerdo en eso.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Vamos por partes. Si hubiera problemas, podemos revisar la grabación de la sesión.

El oficial mayor señala que el presidente que es-taba dirigiendo la sesión en ese momento planteó votar el texto leído y se aprobó en esos términos. La cuestión previa para votar por separado fue planteada por el congresista Elías, y que eso quedo así, por eso no se había votado.

Si hubiera alguna duda, lo más práctico es revisar la grabación o, si no, votar nuevamente.

Esta es la explicación dada por la asesoría técnica de la Oficialía Mayor.

Tiene la palabra el congresista Elías Ávalos.

El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presidente: La cues-tión previa que propuse fue que debía votarse primero la disposición complementaria final primera. Sin embargo, el Presidente en funcio-nes en ese momento dispuso que

se leyera todo el texto. No se leyó esa pequeña parte, la señora Mavila lo reclamó; yo también y muchos otros. Entonces, la presidenta lo leyó y, después de leer, pasamos a la votación. Se ha votado, señor Presidente. La grabación de vídeo va a darnos la razón.

Presidente, me está pidiendo una interrupción la señora Mavila; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Antes de darle la interrupción a la congresista Rosa Mavila, debo aclarar que quien dirige la Mesa plantea cómo se va a votar. Habría que revisar eso. Si se planteó que se iba a votar lo leído, eso es lo que se votó.

Si hay confusión —reitero—, podemos revisar la grabación, para que no quede duda alguna. La votación tiene que ser lo más transparente posible.

Tiene la palabra la congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente: A lo largo del debate de esta noche, solo he insistido —cometiendo incluso un error, y debo reconocerlo hidal-gamente— en la aprobación de la primera disposición complementaria

final, que significa el incremento remunerativo para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Cuando las comisiones de Justicia y de Trabajo plantearon votar primero todo el texto sustitutorio, a excepción del tema de la ratificación, en ese mo-mento insistí y pedí una aclaración. Y el presidente de la Comisión de Trabajo se refirió explícitamente a que la votación que se iba a hacer primero incluía también la disposición complementaria final. En ese sentido leyó originalmente el relator. Y ante la



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insistencia de varios congresistas, la congresista Pérez Tello leyó el texto adicional, que compren-día la disposición complementaria final primera. Todo eso se hizo antes de la votación y, por eso, la inteligencia de todos los congresistas, o de muchos de ellos, estaba puesta en que estábamos votando todo el texto y, principalmente, la disposición complementaria final primera.

Entonces, ha habido un error de percepción del señor oficial mayor.

Creo que, en todo caso, francamente siento que si ratificáramos de nuevo la votación, creo que esta incluso sería mayor, pero ya hemos votado.

Solo falta votar el tema de la ratificación y del plazo, que debemos escoger entre la opción de cuatro años y la de tres años, como lo señaló la presidenta de la Comisión de Justicia.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Presidente: Solo quiero ratificar que la cronología de los hechos que ha narrado el congresista Hurtado es exacta. Así ocurrieron las cosas, tal como lo han confirmado los congresistas Mavila

y Díaz. Eso se votó. Es más, era el meollo de la vo-tación; lo que más importaba. En todo caso, debo agregar —si no me falla la memoria— que, salvo un voto en contra y una abstención, todos los de-más congresistas votamos a favor. De manera tal que el requisito de mayoría calificada para aprobar la propuesta fue alcanzado largamente.

Propongo, si les parece a los congresistas y si es reglamentario —me disculpo por no saberlo—, que, si estamos en esa confusión, en vez de es-perar que nos alcancen la transcripción —pedido que quizá tarde demasiado en concretarse— y considerando que todos estamos de acuerdo, votemos de nuevo y de una vez. Votemos la pro-puesta nuevamente en este instante, lo haríamos mucho más rápido para terminar seguidamente con la votación. Porque le aseguro, Presidente, que, salvo dos congresistas en esta sala, todos los demás estamos de acuerdo en que se apruebe. Ya se aprobó, pero si hace falta, aprobemos la propuesta votándola nuevamente y de una vez y no nos extendamos en debates que, francamente, siguen confundiendo más las cosas.

Gracias.

Presidente, el congresista Díaz me está pidiendo una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir, congresista Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidente, varios de nosotros, los congresistas, nos encontramos sumamente enfadados por lo que viene sucediendo, por esta sensación de desorden. ¡No es posible, señor Presidente! Y eso se genera —y

discúlpeme por decirlo— porque todos proponen textos sustitutorios. Por eso existe un orden; por eso hay un presidente de comisión; por eso, en cada texto, cuando hay más de una comisión dictami-nador, una de ellas es la comisión principal y, la otra, la secundaria. No se está respetando eso.

Pregunto, ¿cuántas cuestiones previas se han presentado durante el debate planteando textos diferentes, al punto tal que, encima, los señores de la Oficialía Mayor ni siquiera recogen lo que dicen los presidentes de las comisiones —de Trabajo y de Justicia, que están solicitando pasar a votación—, aclarando lo que debe ser la votación?

Entonces, quienes definimos y pedimos lo que se somete a votación consideramos que debe haber orden de aquí para adelante, si no, si todos pre-sentamos una cuestión previa por no parecerme tal o cual cosa o, como decía un congresista, para que se retome el texto aprobado en la comisión, evidentemente no vamos a llegar a ningún lado.

Ahora estoy pidiendo que se precise. Por último, decida usted, Presidente, y si hace falta, con otra votación; pero salgamos de este tema en el que todo el Congreso está de acuerdo. Queremos que se apruebe ya el aumento de remuneraciones para el personal de la Sunarp.

Solo quedó pendiente —y se lo reitero nueva-mente— el tema de la ratificación de los vocales del Tribunal Registral, sobre el cual había dos propuestas y no tres ni cuatro ni cinco. La Comi-sión de Trabajo propuso que no haya proceso de ratificación, mientras que la Comisión de Justicia propuso que el proceso dure cuatro años; pero ahora se está hablando de que sea en tres años y quizá se plantee otra cuestión previa al respecto. Yo mismo puedo pedir que el plazo sea de cinco años y, así, nunca salimos del tema. ¡No es así, Presidente! Siempre tiene que haber un orden, respetando el Reglamento del Congreso de la República, que para eso fue aprobado por el Poder Legislativo.

Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresistas, tengan por seguro que hay un respeto estricto al Reglamento del Congreso y que las cuestiones previas y de orden son una práctica reglamentaria. Hay que tener carácter democrático para aceptar también lo que se pro-pone y hay que saber ponerse de acuerdo.

La cuestión es bien simple. Si hay alguna duda al respecto, podemos revisarlo o pasamos a la votación. No tengo problema alguno en que se revise el asunto.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Presidente, visto que esta sesión en verdad se ha convertido en una sesión caó-tica. Solicito que se postergue la votación hasta que nos alcancen la transcripción y sepamos lo que

hemos votado, porque, si no, estamos incurriendo en nulidades.

Y tiene que quedar claro, además, de una vez por todas que las cuestiones previas no son para deshacer los dictámenes de las comisiones; las comisiones dictaminan y hay que respetar eso. No es el caso de que alguien salga a decir algo distinto y que primero se vote lo que esa persona está proponiendo.

Presidente, entonces, solicito formalmente que se postergue esta votación hasta que no tengamos toda la transcripción de lo que se ha acordado, como también lo ha señalado el congresista Beingolea.

Gracias


El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Presidente, creo que ya estamos a punto de ponerle fin a esta discusión. Es decir, lo único que está pendiente es definir, en primer lugar, si estamos de acuerdo o no en incluir el proceso de ratificación de

los vocales del Tribunal Registral; y, en segundo lugar, consultar al Pleno si el plazo es de cuatro o de tres años, que, además, ya se aprobó con una cuestión previa; entonces, tenemos que ir a la definición.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Podemos pasar a la votación y hacerse luego las observaciones. Estamos escuchando a todos.

La Oficialía Mayor ha señalado que se ha votado en ese sentido, aunque veo que hay una duda al respecto.

Si hay duda, también creo que podemos revisar hoy, para así terminar con este asunto y defi-nirlo.

Podemos votar la segunda cuestión previa y revi-sar luego con calma la disposición complementaria transitoria única. La otra posibilidad —planteada por el congresista Beingolea— es volver a votar y que el Pleno defina si están en contra o a favor.

Volvemos a votar, entonces.

Vamos a votar la disposición complementaria final primera.

El relator va a dar lectura al texto.


“Disposiciones complementarias finales


En el marco del proceso de la implementación de la presente ley, autorízase a la Sunarp a proponer al Ministerio de Economía y Finanzas una nueva escala remunerativa, la misma que debe contem-plar la homologación de las remuneraciones de las zonas registrales a nivel nacional, de acuerdo al procedimiento establecido en la cuarta dispo-sición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para lo cual queda exceptuada de lo dispuesto sobre el particular en la Ley 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

El financiamiento de la implementación de la nueva escala remunerativa se efectuará con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp y no demandará recursos adicionales al tesoro público”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Por tratarse de una modificación a la ley de presupuesto, para su aprobación se requiere el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de congresistas presentes.



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La aprobación de esta primera disposición com-plementaria final requiere de 39 votos.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 57 votos a favor, nin-guno en contra y 17 abstenciones, la primera disposición complementaria final.


Se deja constancia de los votos a favor de los congresistas Pérez Tello y Eguren Neuen-schwander.

El resultado final es 59 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones.

“Primera votación de la Primera Disposición Complementaria Final

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, Gamarra Sal-dívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Inga Vásquez, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Luna Gálvez, Mavila León, Molina Martínez, Monterola Abregú, Nayap Kinin, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixei-ra, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Teves Quispe, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Wong

Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Becerril Rodríguez, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Díaz Dios, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Medina Ortiz, Melgar Val-dez, Neyra Huamaní, Reátegui Flores, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betan-court, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber y Valqui Matos.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Antes de pasar a la siguiente votación, hay que precisar que, como se anunció oportunamente, se necesitaba votación calificada, es decir, más de la mitad de los presentes, por tratarse de la modificación de la ley de presupuesto.

Aclarado el tema, continuamos con la siguiente votación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a votar la disposición complementaria tran-sitoria única, por la cual se establece un plazo no menor de cuatro años. En caso de ser rechazada esta fórmula, se votará establecer el plazo no menor de tres años.

El relator va a dar lectura a la disposición com-plementaria transitoria única.


“Disposición Complementaria Transitoria Única

Única. Alcances de la presente ley

En un plazo no menor de cuatro años contados a partir de la vigencia de la presente ley, se lleva a cabo un proceso de ratificación de la mitad del número de cargos del actual Tribunal Registral, en base al criterio de antigüedad, a cargo de la comisión ad hoc señalada en el artículo 25 de la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, incorporado por la presente ley y conforme a los principios establecidos en la Ley 28175, Ley marco del Empleo Público. En caso de existir cargos vacantes por cubrir luego de este primer proceso de ratificación, debe convocarse inmediatamente a concurso público de méritos para tal efecto.

En el plazo no menor de dos años contados a partir de la fecha en que se cubra el total de los cargos sometidos al primer proceso de ratificación, se



lleva a cabo un segundo proceso de ratificación para los miembros del actual Tribunal Registral que no participaron en aquel.

Culminado este segundo proceso de ratificación, debe convocarse inmediatamente a concurso público de méritos para cubrir la totalidad de cargos vacantes del Tribunal Registral.

El plazo establecido para la ratificación señalado en el artículo 24 de la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional y la Superintendencia Na-cional de los Registros Públicos, incorporado por la presente ley, se empieza a computar a partir del momento en que se cubran los cargos de vocales del Tribunal Registral sujetos a ratificación, en cada uno de los procesos aludidos”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Al voto con la misma asistencia.


—Efectuada la votación, se pronuncian a favor de la disposición complementaria transitoria única 14 señores congresistas, 42 en contra y 19 se abstienen.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido rechazada.

Se deja constancia del voto a favor del congresista Eguren Neuenschwander y de la abstención de la congresista Schaefer Cuculiza.

La votación final es 15 votos a favor, 42 en contra y 20 abstenciones.

“Primera votación de la Disposición Complementaria Transitoria Única, con el plazo no menor de cuatro años para la

realización del proceso de ratificación

Señores congresistas que votaron en contra: Acha Romaní, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Inga Vásquez, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Molina Martí-nez, Monterola Abregú, Nayap Kinin, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Cho-quecota, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rima-rachín Cabrera, Rivas Teixeira, Saavedra Vela,

Solórzano Flores, Teves Quispe, Uribe Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron a favor: Alcorta Suero, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Capuñay Quispe, Díaz Dios, Galarreta Velarde, Lay Sun, Luna Gálvez, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Rondón Fudinaga, Urtecho Medina y Wong Pujada.

Señores congresistas que se abstuvieron: Becerril Rodríguez, Benítez Rivas, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Elías Ávalos, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Lescano Ancieta, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Neyra Hua-maní, Reátegui Flores, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber y Valqui Matos.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Con la misma asistencia, al voto la disposición complementaria transitoria única con un plazo no menor de tres años.


—Efectuada la votación, se aprueba, en primera votación, por 45 votos a favor, siete en contra y 23 abstenciones, la disposición complementaria transitoria única con un plazo no menor de tres años.


Se deja constancia de las abstenciones de los congresistas Schaefer Cuculiza y Eguren Neuen-schwander.

En total, tenemos 45 votos a favor, siete en contra y 25 abstenciones.

“Primera votación de la Disposición Complementaria Transitoria Única, con el plazo no menor de tres años para la realización del proceso de ratificación

Señores congresistas que votaron a favor: Acha Romaní, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Bedoya de Vivanco, Canches Guz-mán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutié-



832

rrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Inga Vásquez, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Molina Martínez, Monterola Abregú, Nayap Kinin, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Ri-marachín Cabrera, Rivas Teixeira, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Teves Quispe, Uribe Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Díaz Dios, Galarreta Velarde, Lay Sun, Luna Gálvez y Pérez Tello de Rodríguez.

Señores congresistas que se abstuvieron: Becerril Rodríguez, Benítez Rivas, Capuñay Quispe, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Elías Ávalos, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Lescano Ancieta, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Neyra Huamaní, Reátegui Flores, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Urtecho Medina, Valqui Matos y Wong Pujada.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El proyecto aprobado será materia de segunda votación después del plazo establecido.




LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA SU-PERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS

REGISTROS PÚBLICOS

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Pú-blicos (Sunarp), a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios, imple-mentando medidas efectivas de inclusión social, competitividad y eficiencia tecnológica en su prestación, de acuerdo a las nuevas demandas ciudadanas.

Artículo 2. Modificación de la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos

2.1 Modifícase el artículo 6 de la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Regis-

tros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, el cual queda redactado con el siguiente texto:

‘Artículo 6°.- Los registradores públicos que in-tegran el Sistema son nombrados por el órgano competente de cada registro. Para acceder al cargo se requiere ser peruano, abogado colegiado hábil y haber aprobado el concurso público de méritos supervisado por la Sunarp y de acuerdo con el reglamento respectivo que para tal efecto expedirá esta entidad.’

2.2 Incorpórase en la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, el Capítulo V del Título IV, de acuerdo con el siguiente texto:

‘CAPÍTULO V

TRIBUNAL REGISTRAL

Artículo 23°.- Tribunal Registral

El Tribunal Registral es el órgano que conoce en segunda y última instancia administrativa registral los recursos de apelación interpuestos contra las denegatorias de inscripción y demás actos registrales expedidos por los registradores en primera instancia.

El Tribunal Registral tiene competencia nacional y está conformado por salas descentralizadas e itinerantes, cuyo número y lugar de ubicación es determinado por el directorio de la Superintenden-cia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Artículo 24°.- Vocales del Tribunal Registral

Los vocales del Tribunal Registral son nombrados por el Superintendente, previo concurso público de méritos, y son sometidos a un proceso de rati-ficación cada cinco años.

Artículo 25°.- Proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral

El proceso de ratificación de los vocales del Tri-bunal Registral está a cargo de una comisión ad hoc, conformada por:

Un representante del Ministerio de Justicia y a) Derechos Humanos, quien la presidirá.

Un representante del Poder Judicial.b)

Un representante de los colegios de notarios c) del país.



Un representante de los colegios de abogados d) del país.

Un representante de la Asamblea Nacional e) de Rectores.

Artículo 26°.- Funciones del Tribunal Registral

Son funciones del Tribunal Registral:

Conocer y resolver los recursos de apelación in-a) terpuestos contra las denegatorias de inscripción y demás decisiones de los registradores.

Verificar, en el ejercicio de su función, el b) cumplimiento de las normas legales y regla-mentarias, así como de los precedentes de observancia obligatoria, por parte de los regis-tradores, dando cuenta a la Gerencia Registral y al Superintendente de las irregularidades detectadas.

Aprobar precedentes de observancia obligato-c) ria en los plenos registrales que, para el efecto, se convoquen.

Emitir opinión sobre los asuntos que la Super-d) intendencia someta a su consideración.

Ejercer las demás funciones inherentes a su e) naturaleza o que le sean asignadas por la Super-intendencia.

Artículo 27°.- Presidente del Tribunal Registral y presidente de Sala

El presidente del Tribunal Registral es elegido por los vocales titulares en votación secreta, por el período de un año, computado del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

El presidente de cada una de las Salas es elegido por los integrantes de la respectiva Sala, por el período de un año, computado del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. No procede la reelección inmediata. En caso de no obtenerse la mayoría necesaria, la presidencia de la Sala corresponde al vocal más antiguo.

Artículo 28°.- Funciones del presidente del Tri-bunal Registral

Son funciones del presidente del Tribunal Re-gistral:

Convocar y presidir las sesiones de Sala Ple-a) na.

Designar al vocal que desempeñe las funciones b) de secretario técnico del Tribunal Registral en las sesiones de Sala Plena.

Ejecutar los acuerdos adoptados en Sala c) Plena.

Velar por la adecuada marcha administrativa d) del Tribunal Registral.

Coordinar con los órganos de las entidades e) públicas vinculados a su competencia.

Las demás funciones inherentes al cargo o que f) le sean asignadas por el Superintendente.

Artículo 29°.- Requisitos para ser vocal del Tri-bunal Registral

Son requisitos para acceder al cargo de vocal del Tribunal Registral:

Tener título profesional de abogado, con cole-a) giatura hábil.

Acreditar capacitación especializada en materia b) registral, civil y mercantil.

Acreditar experiencia profesional no menor de c) diez años, de los cuales cinco años correspondan al ámbito registral.

Contar con reconocida solvencia moral.d)

No contar con antecedentes policiales, judi-e) ciales y penales.

No estar incurso en los impedimentos para f) contratar con el Estado.

Artículo 30°.- Causales de cese

Son causales de cese del cargo de vocal del Tri-bunal Registral, las siguientes:

Fallecimiento.a)

Incapacidad permanente.b)

Renuncia aceptada.c)

Impedimento legal sobreviniente a la desig-d) nación.

Remoción por falta grave.e)

Inasistencia injustificada a tres sesiones con-f) secutivas o a cinco no consecutivas, en el período de un año.



834

Las demás causales de despido previstas en el g) Decreto Legislativo 728.

No ratificación en el cargo.’h)

Artículo 3. Uso de saldo de balance de ejercicio presupuestal

La Sunarp utiliza un porcentaje no menor del 20% del saldo de balance de cada ejercicio presupuestal en la infraestructura y en la renovación del equi-pamiento tecnológico para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía, a partir del ejercicio fiscal 2014.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Autorización

En el marco del proceso de la implementación de la presente Ley, autorízase a la Sunarp a propo-ner al Ministerio de Economía y Finanzas una nueva escala remunerativa que equipare a todas las zonas registrales a nivel nacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley 28411, Ley Ge-neral del Sistema Nacional de Presupuesto; para lo cual queda exceptuada de lo dispuesto sobre el particular en el artículo 6 de la Ley 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y el artículo 6 de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

El financiamiento de la implementación de la nueva escala remunerativa se efectúa con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp, y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

SEGUNDA. Evaluación

La Sunarp efectúa la evaluación por desempeño de los registradores públicos, los funcionarios y servidores, conforme al marco legal regulado en el Decreto Legislativo 1025, que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el sector público, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 009-2010-PCM.

TERCERA. Reglamentación

Dentro de los sesenta días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos se aprueban las disposiciones reglamentarias.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Alcances de la presente Ley

En un plazo no menor de tres años, contado a partir de la vigencia de la presente Ley, se lleva a cabo un proceso de ratificación de la mitad del número de cargos del actual Tribunal Registral, basado en el criterio de antigüedad, a cargo de la comisión ad hoc señalada en el artículo 25 de la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, incorporado por la presente Ley y confor-me a los principios establecidos en la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. En caso de existir cargos vacantes por cubrir luego de este primer proceso de ratificación, debe convocarse inmediatamente a concurso público de méritos para tal efecto.

En un plazo no menor de dos años, contado a partir de la fecha en que se cubra el total de los cargos sometidos al primer proceso de ratificación, se lleva a cabo un segundo proceso de ratificación para los miembros del actual Tribunal Registral que no participaron en aquel.

Culminado este segundo proceso de ratificación, debe convocarse inmediatamente a concurso pú-blico de méritos para cubrir la totalidad de cargos vacantes del Tribunal Registral.

El plazo establecido para la ratificación señalado en el artículo 24 de la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, incor-porado por la presente Ley, se empieza a computar a partir del momento en que se cubran los cargos de vocales del Tribunal Registral sujetos a ratificación, en cada uno de los procesos aludidos.


Se acuerdan diversas modificaciones en el Cuadro de Comisiones Ordinarias

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar cuenta de propuestas de modificación al Cuadro de Comisiones, para su consulta.


“Modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias correspondiente al período anual de

sesiones 2012-2013

Comisión Agraria. Ingresa como accesitario el congresista Coa Aguilar (grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú).



Comisión de Cultura. Ingresa como accesitario el congresista Carrillo Cavero (grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú)”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a votar a mano alzada.


—Efectuada la votación, se aprueba las modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias correspondiente al período anual de sesiones 2012-2013.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Han sido aprobadas las modificaciones al Cuadro de Comisiones.


—Las modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias son los siguientes:

En la Comisión Agraria: Ingresa como ac-— cesitario el congresista Coa Aguilar.

En la Comisión de Cultura: Ingresa como — accesitario el congresista Carrillo Cavero.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a un documento llegado a la Mesa.


“[Presentado a las 22:41].

Lima, 4 de abril de 2013

Señor congresista Víctor Isla Rojas Presidente del Congreso de la República Presente.—

Sirva el presente para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitar la nulidad de todas las votaciones rea-lizadas en el Proyecto de Ley número 1325/2011-PE por haberse cometido irregularidades en su emisión, como el haberse desconocido votaciones previas sin previa reconsideración, conforme lo establece el Reglamento del Congreso de la República.

Atentamente,

Martha chávez coSSío de ocaMpo, Congresista de la República.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El oficial mayor nos señala que el pedido de nulidad de votaciones no procede porque no está contemplado en el Reglamento del Congreso de la República.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Presidente, tampoco está previsto en el Regla-mento que el Congreso haga votacio-nes sobre votaciones ya efectuadas sin pasar por el trámite de reconsi-deración de la votación. Por lo tanto,

se ha violentado el Reglamento del Congreso de la República y estamos ante una nulidad insalvable. Así que pido que, ¡por favor!, tramite el pedido para que la oficina de Asesoría Jurídica haga un informe y que, además, se alcance la transcripción para que se vea que el pedido de nulidad está sustentado en que aquí se produjeron votaciones, pero se ha vuelto a votar sobre lo que ya se había votado sin que hubiera intermediado la reconsideración. Por lo tanto, es nulo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGADO (APGC).— Presidente, sostengo la tesis contraria. Si fuese cierto, como creo que lo es, que, en efecto, se votó la primera vez, esa votación vale; y lo que no valdría sería la segunda votación, de manera

que, por angas o por mangas, eso está aprobado; no hay nulidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se dio lectura a la petición de la congresista Mar-tha Chávez, respecto de la cual se nos ha señalado que, de acuerdo con el Reglamento del Congreso de la República, no procede.

Ya se votó la modificación al cuadro de comisiones y, para que no haya duda, se va a dar lectura nue-vamente a la propuesta y se votará otra vez.


“Modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias correspondiente al período anual de

sesiones 2012-2013

Comisión Agraria. Ingresa como accesitario el congresista Coa Aguilar (grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú).



836

Comisión de Cultura. Ingresa como accesitario el congresista Carrillo Cavero (grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú)”.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a votar a mano alzada.


Ha sido aprobada.

Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión.


—Efectuada la votación, se acuerda trami-tar todos asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido acordada por mayoría.

Se deja constancia del voto en contra de los congresistas del grupo parlamentario Fuerza Popular.

“Registro de asistencia a la última votación digital de la sesión vespertina, a las

22:30 h

Presentes: Los congresistas Isla Rojas, Luna Gálvez, Acha Romaní, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaun-de Moreyra, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Cheha-de Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Monterola

Abregú, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Pari Cho-quecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixei-ra, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Mi-randa, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Solórzano Flores, Tan de Inafuko, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Con licencia oficial: Los congresistas Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Espinoza Cruz, Iberico Núñez, Jara Velásquez (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Kobashigawa Kobashigawa, López Córdova, Mora Zevallos, Tapia Bernal y Zeballos Salinas.

Con licencia por enfermedad: Los congre-sistas Abugattás Majluf, Aguinaga Recuenco, Cabrera Ganoza, Chacón De Vettori, Cordero Jon Tay, León Rivera, Neyra Olaychea, Oseda Soto y Tait Villacorta.

En función de representación: Los congresis-tas Angulo Álvarez, Bruce Montes de Oca, Crisó-logo Espejo, Cuculiza Torre, Gagó Pérez, Julca Jara, León Romero, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Reggiardo Barreto, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rosas Huaranga, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Urquizo Maggia y Vacchelli Corbetto.

Ausentes: Los congresistas Falconí Picardo, Eguren Neuenschwander, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Castagnino Lema, Espinoza Rosales, Fu-jimori Higuchi, Huayama Neira, Mulder Bedoya, Ramírez Gamarra, Ruiz Loayza, Schaefer Cuculi-za, Tejada Galindo y Velásquez Quesquén.

Suspendidos: Los congresistas Apaza Condori, Diez Canseco Cisneros, Pariona Galindo y Yovera Flores.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Siendo las 10 y 50 de la noche, se levanta la sesión.

—Se levanta la sesión a las 22 horas y 50 minutos.

Por la redacción: céSar a. rodríguez falla

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