Revista Izquierda No 33

Conflicto y solución política Sobre los límites de los diálogos de La Habana: Entre acuerdos retóricos y cambios reales · La concepción instrumental de la política de tierras Luchas populares Muchedumbres y banderas por la paz Nuestra América Lucha de clases en Venezuela · Retos y desafíos de la Revolución Bolivariana para el siglo XXI · La transformación del modelo de desarrollo de China y su impacto sobre América Latina Subversiones intelectuales Alienados de todo el mundo, uníos Capitalismo en crisis Las tres velocidades de la crisis y su bifurcación Editorial Más allá del Foro sobre participación política

Nº 33 Mayo / 2013 Bogotá, ColoMBia issN- 2215-8332

Jairo Estrada Álvarez DirectorJesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción

Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332Nº 33, Mayo de 2013. Bogotá, Colombia

Todo el contenido de esta publicación puede

reproducirse libremente, conservando sus créditos.

Conflicto y solución política

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Sobre los límites de los diálogos de La Habana: Entre acuerdos retóricos y cambios realesSantos Alonso Beltrán Beltrán

10 La concepción instrumental de la política de tierrasJosé Honorio Martínez

Luchas populares

16Muchedumbres y banderas por la pazRicardo Sánchez Ángel

Nuestra América

22Lucha de clases en VenezuelaOscar Andrés Espitia Lombo

28Retos y desafíos de la Revolución Bolivariana para el siglo XXICarolina Jiménez

34La transformación del modelo de desarrollo de China y su impacto sobre América LatinaDaniel Munevar

Subversiones intelectuales

40Alienados de todo el mundo, uníosMarcello Musto

Capitalismo en crisis

46Las tres velocidades de la crisis y su bifurcaciónOscar Ugarteche, Ariel Noyola Rodríguez

Editorial

50Más allá del Foro sobre participación políticaJaime Caycedo Turriago

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Acerca de los límites de los diálogos de La Habana:Entre acuerdos retóricos y cambios reales

Santos Alonso Beltrán Beltrán

Politólogo. Administrador PúblicoIngeniero Industrial. Magíster en Estudios PolíticosCandidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

La violencia que azota al país desde hace mas de cincuenta años ha retrasado los cambios institucionales necesarios para resol-

ver las fuertes tensiones sociales que se convirtieron ‒y aún se mantie-nen‒ como causas estructurales del conflicto armado. La violencia polí-tica que acompaña el desarrollo de este conflicto es solo la manifestación ulterior de la conflictividad que se origina en múltiples espacios de la vida social, económica y política de Colombia. Por ello, el conflicto, más que una simple confrontación armada, es una disputa económica, social y política que tiene como contendores al establecimiento y los sectores legales e ilegales de poder que lo acompañan, frente a los sectores domi-nados, organizados y no organizados, que se manifiestan constantemen-te contra la forma en que los sectores dominantes dirigen el país; entre los sectores en resistencia se encuentra la insurgencia armada.

La violencia armada desplegada en este conflicto es la consecuencia lógica de la existencia de un sistema político cerrado, intolerante frente a la disidencia política y anquilosado en la sucesión de castas políticas que administran el Estado desde inicios de la vida republicana. Por lo anterior, los diálogos de paz no pueden convertirse en el espacio para que el establecimiento se lleve una victoria gratuita mostrando una su-puesta voluntad política para negociar aun con los sectores armados que pugnan por cambios en las instituciones y prácticas políticas del país, ni en una frustración para las clases y sectores de clase que históricamente han sido víctimas de la exclusión y el terrorismo de Estado a la hora

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“Segunda cara de su globalización”.

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tde ejercer sus derechos políticos. Y menos aún de-ben convertirse en la desmovilización simple de una estructura política que desde hace mucho tiempo ha estado ligada al devenir de los procesos organizativos y de resistencia política en las regiones.

El proceso va bien, los cambios institucionales no

A todas luces, la terminación del conflicto polí-tico, económico, social y armado que azota al país sólo puede ser lograda mediante la trasformación institucional de la organización del poder político en el país. Los diálogos deben conducir a cambios reales y concretos en múltiples facetas de la insti-tucionalidad vigente. La negociación debe ser el contexto en el que se discutan temas tan complejos como el orden territorial del país, el modelo de re-presentación política, la relación entre el poder civil y la fuerza pública, entre otros, cuya importancia muestra que la negociación no se desarrolla por la mera participación de FARC-EP en la vida política del país. Hasta ahora, los representantes del Gobier-no en la mesa han insistido en que las negociaciones no deben tratar temas que deban desarrollarse por los canales institucionales del Estado y que requieran de procesos legislativos para se resueltos; el gobier-no ha insistido en que en La Habana no se negocia ni el modelo de Estado ni la estructura del poder ni el orden territorial; en ese sentido, y citando al propio Marulanda, los colombianos, la insurgencia incluida, deberíamos preguntarnos entonces qué se negocia en Cuba: ¿Sólo la desmovilización del mo-vimiento guerrillero y su reinserción en el mundo político electoral? ¿Únicamente la participación de los posibles desmovilizados en los órganos de repre-sentación política y las estructuras partidarias que pueden formar para competir contra las maquinarias políticas de los partidos tradicionales? En verdad, si estos fueron los móviles de la negociación, no debería generarse entre la continuidad tal expectativa por un

Nº 33, Mayo de 2013 · Bogotá, Colombia Contenido

Indignados de más de 80 países de los cinco continentes están llamados a salir este 15 de octubre para reclamar, a nivel internacional, “un cambio global” ante la situación económica, política y social actual.

proceso que conduciría a la reedición de los vicios del sistema político colombiano: la histórica persecución, hostigamiento y eli-minación física, cuando no la cooptación, de las tercerías políticas, que en este caso se articularían alrededor del proyecto político defendido por la insurgencia.

Desde la guerrilla, la pugna ha estado centrada en ampliar la agenda y discutir los problemas que podríamos llamar temas estructurales para las solución política del conflicto. El inicio de los diálogos con la discusión sobre el problema de la tierra ha sido un acierto de la insurgencia, pero la incapacidad de convocar directamente a la mesa a los sectores institucionales y de poder que deciden en ello ha sido su derrota estratégica: ni el Ministerio de Agricultura ni los gremios relacionados con la explota-ción de la tierra se han sentido tocados por las conversaciones de La Habana y, por el contrario, se han opuesto abiertamente tan-to a presentarse en la Mesa como a aportar

en realidad en las modificaciones tanto de política pública como del sentido de la pro-ducción y la propiedad en el país. Con ello los negociadores del gobierno pueden seguir asegurando que existen coincidencias muy importantes con las FARC-EP en el tema de tierras y que por ello el proceso va por buen camino, mientras que la insurgencia se queja de la poca disposición del Gobierno para concretar en términos de perspectiva de política pública los supuestos acuer-dos. Al final, el Gobierno nacional puede seguir en su línea de desarrollo agrícola y presentarla como el triunfo de la posición institucional frente a las recomendaciones de la Mesa. Los acuerdos en este punto co-rren el peligro de volverse acuerdos retóricos y pueden ser utilizados únicamente como insumo para diagnosticar las diferencias entre los modelos de país, pero no van a servir como puerta de entrada a los cambios reales en la forma de ejercer el poder y de organizar con ello el Estado.



La participación popular: entre el molesto ruido y la marcha de apoyoEn el caso de la participación de la sociedad civil ‒una demanda que la insurgencia

ha hecho pública en varias ocasiones‒, la situación no es mas afortunada que en el punto anterior. Un proceso de paz no puede ser desarrollado como un diálogo cerrado entre la insurgencia armada y el establecimiento, sino que debe ser objeto de la reflexión, la opinión y la participación real de la más amplia gama de sectores sociales que puedan ayudar en la desactivación del conflicto social y en la definición de los cambios esenciales que demanda el ejercicio del poder y la estructura del Estado en el país. Sin embargo, el propio Gobierno nacional no ha escatimado esfuerzos para rechazar la participación de sectores y organiza-ciones de base de la sociedad civil, calificando su posible injerencia como un molesto ruido que ‒antes que construir‒ interrumpe el funcionamiento de una negociación rápida entre las partes. A tal punto ha llegado esta imagen del Gobierno nacional, que desde el inicio de los acercamientos entre las partes mantuvo cerrada herméticamente la Mesa y desarrolló en un secreto, cercano a la clandestinidad, los encuentros iniciales. Una vez empezaron los diálogos fue categórico en rechazar las iniciativas de participación de múltiples organiza-ciones de la sociedad civil para hacer parte de la Mesa de conversaciones.

La insurgencia por su parte ha insistido en la necesidad de ampliar la Mesa para que en ella tengan participación múltiples sectores de la sociedad civil organizada, especialmente aquellos sectores sociales que desde la resistencia política tienen visiones alternativas de múltiples temas de la vida nacional. Sin embargo, ni el esquema planteado ni la dinámica de acercamiento ha permitido que la demanda de la guerrilla se concrete. La solución alter-nativa, y tímida por demás, ha sido la realización de foros temáticos que desde Colombia aporten a la Mesa de negociaciones. Lamentablemente esta perspectiva de solución tiene

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múltiples dificultades y falencias: no existe claridad sobre la forma en la que la Mesa pueda incorporar las recomendaciones de los foros en su relación con las dinámicas de acuerdos y en la exigibilidad de los mismos de cara a un proceso de cambio institucio-nal; no hay tampoco claridad sobre la relación entre la política pública vigente, a todas luces contraria a las expectativas de sectores sociales en resistencia contra el modelo económico, político y social que desarrolla el actual gobierno, y las expectativas de cambio que emanan de los foros; de manera tal que, por ejemplo, en materia agraria, las conclusiones ni siquiera fueron motivo de discusión del Ministe-rio del ramo, que, antes que eso, las rechazó y las estigmatizó como producto del afán insurgente de fortalecerse en el campo colombiano, señalando con esto el trabajo campesino posterior a los diálogos; las conclusiones de los foros remitidas a la mesa y defendidas únicamente por la insurgencia terminan calificadas por la opinión nacional como propuestas de la guerrilla, con lo que estigmatizan las preten-siones del movimiento social desde la dinámica del terrorismo y el conflicto armado.

Últimamente se ha llamado a la participación en el proceso a partir del apoyo político que traduce la movilización ciudadana: la marcha multitudinaria por las principales ciudades del país. Sin descono-cer la importancia que estas iniciativas tienen en la construcción de legitimidad para una apuesta tan ambiciosa como la paz negociada ‒que demanda toda la aceptación de los colombianos y en la que

la movilización ciudadana puede ser tanto un mensaje de unidad en torno a ella, como una exigencia del país en su conjunto frente a la continuidad del proceso‒, es lamentable que esa sea la única posibilidad avalada por el establecimiento para la participación de la población y que esta iniciativa, esta manifestación de la voluntad popular que partió de los sectores populares para blindar el proceso de los reclamos de los militares y la derecha contraria a las expectativas de paz, pueda usarse con fines electorales en la reelección de un Gobierno que si bien ha emprendido de manera pragmática el proceso de reconciliación, no deja

La movilización ciudadana no

puede reducirse a una especie de sonido ambiental, a un coro o una

arenga al proceso; la movilización

ciudadana es un reclamo para la ampliación de

la Mesa, para la inclusión en ella

de los sectores que pueden aportar

desde su posición de dominados, y para discutir allí esos problemas

que aquejan a la sociedad colombiana en

su conjunto.



de ser un proyecto neoliberal que excluye las mayorías sociales y los cambios que la ciudadanía exige. La movilización ciuda-dana por la paz debe convertirse en la de-manda por la participación de los sectores sociales que han sido víctimas del modelo de desarrollo emprendido por la oligarquía nacional, el cual ha sido beneficioso única-mente para los dueños del capital nacional y extranjero, para las elites políticas y sus partidos tradicionales, para los grupos ma-fiosos enquistados en el Estado y para los ejércitos privados del capital ilegal, el para-militarismo y sus secuelas armadas. La mo-vilización ciudadana no puede reducirse a una especie de sonido ambiental, a un coro o una arenga al proceso; la movilización ciudadana es un reclamo para la amplia-ción de la Mesa, para la inclusión en ella de los sectores que pueden aportar desde su posición de dominados, y para discutir allí esos problemas que aquejan a la sociedad colombiana en su conjunto.

El diálogo y la negociación: cerrar la brecha entre la retórica y la acción

La paz que se discute en La Habana es más que la simple rendición del movimien-to armado, cuya incorporación a la política nacional en las condiciones actuales de desigualdad en la competencia política no haría otra cosa que repetir la historia de la exclusión y la persecución de la disidencia; por ello, no puede ser un diálogo cerrado entre las FARC-EP y los representantes del Gobierno nacional, sino una espacio de en-cuentro para reconstruir el poder, el Estado, el orden económico, la organización territo-rial, las relaciones internacionales, el papel de los militares en una sociedad en paz y

con graves problemas de desigualdad y vul-nerabilidad social; en fin, discutir el modelo de Estado y de desarrollo. Pero la discusión no puede quedarse en la esfera nebulosa y gaseosa de las coincidencias retóricas de las partes, debe avanzar al desarrollo cierto de política pública, a cambios institucionales, a nuevas relaciones de poder. Si esto no se realiza, si no se tiene claro que las llaves de la paz no descansan en las manos de la insurgencia o del Gobierno sino del pueblo colombiano, la apuesta por la paz será otra vez una de las innumerables frustraciones de la sociedad colombiana.


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La concepción instrumental de la política de tierras

José Honorio Martínez

Profesor Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

A fines de 2011 fue publicado el documento “Política inte-gral de tierras, un viraje trascendental en la restitución y

formalización de la propiedad agraria”, que recoge la posición guberna-mental respecto a la política de tierras. Algunos meses después, en mayo de 2012, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, respondió un extenso cuestionario ante el Senado de la República para puntualizar diversos aspectos de la política gubernamental. El análisis de ambos tex-tos permite aseverar que el Gobierno tiene mayor interés en la formaliza-ción de predios que en la restitución de tierras a las víctimas; que dicha formalización, al inscribirse en la restringida perspectiva de convertir a los propietarios en sujetos de crédito y financiación, instrumentaliza la problemática de las comunidades rurales en pos de viabilizar un patrón de acumulación en el que los intereses del latifundismo y de las grandes corporaciones prevalecen sobre los del conjunto de la sociedad. El improbable camino hacia la restitución

Según cifras del ministro Juan Camilo Restrepo, por medio de distintos métodos1 fueron despojadas 2 millones de hectáreas y otras 4 millones han sido abandonadas forzosamente por las familias que las tenían, poseían u ocupaban. A este proceso de despojo y desplazamiento

1 Entre los que sobresalen las ventas forzadas, las ventas a precios irrisorios, las hipotecas, la revocatoria ilegal de títulos y la titulación de predios abandonados.



se agregan medio millón de hectáreas que fueron arrebatadas a la nación por medio de trámites nota-riales en los que las propias autoridades cohonestaron con los criminales para despojar al Estado.

Luego de exponer los métodos y las cifras del despojo, el Ministro describe algunas de las dificul-tades que afronta la restitución. En líneas generales se destacan dos obstáculos: el primero, referido a los limitados recursos institucionales con los que cuenta el gobierno para atender eficazmente a las víctimas, y, el segundo, consistente en la negativa gubernamen-tal a expropiar a los despojadores y la incapacidad del Estado para ponerle fin al paramilitarismo. La revisión de dichas dificultades da a entender que el camino de la restitución es tan arduo y complicado, que es más seguro para el Gobierno transitar por la senda de la formalización.

El primer obstáculo que enfrenta la restitución es la desidia burocrática, la ausencia de un adecuado andamiaje institucional y presupuestal y la falta de voluntad política para responder ante la dimensión del problema. Según la ley de víctimas, la restitución comprende dos etapas, una administrativa y otra judicial, cuyo trámite puede tardar diez meses de acuerdo con el Ministro2; sin embargo, al observar la forma en que ha marchado la ejecución de la ley, surgen grandes dudas de que efectivamente las vícti-mas puedan ver resueltas sus peticiones al cabo de la vigencia de la misma.

Según Castillo, “lo que ordena la ley 1448/11 en el artículo 154, es la creación del Registro Único de Víctimas, que debería existir un año después de promulgada la ley, es decir a partir del 10 de junio de 2012, Registro Único que debe ser administrado y manejado por la Unidad de Atención a las Víctimas - UARIV, pero esto no ha sucedido, entre otras cosas,

2 Ver: “La política integral de tierras: restitución, formaliza-ción y procesos agrarios en Colombia”, Presentación en el Senado de la República, mayo 15 de 2012.

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no por fallas técnicas o tecnológicas, sino fundamen-talmente por la falta de voluntad política de las enti-dades que administran las respectivas bases de datos que no están dispuestas a ceder esta información y ponerla a disposición de un solo ente”3. Es decir, la etapa administrativa, a pesar de las prometedoras estadísticas del Ministerio4, no comienza aún.

Una vez resuelta la etapa administrativa, las vícti-mas deberán surtir la etapa judicial; allí el horizonte se ve más complicado aún, pues sólo hasta el próximo año serán completados 134 jueces y 160 magistrados para atender las 360 mil reclamaciones de restitución que estima el Gobierno. ¿Será posible que un número tan reducido de funcionarios atienda tal cantidad de casos en los ocho años y medio que quedan de vigencia de la ley?

El segundo obstáculo reside en la negativa guber-namental a quitar la tierra a los despojadores para entregarla a las víctimas, y en el reconocimiento de lo poco puede hacer el Gobierno para doblegar al paramilitarismo.

Afirma el Ministro que la restitución “no se hará mediante compras ni expropiaciones, sino mediante la movilidad de tierras”, que en términos más precisos consiste en la entrega de un subsidio de tierras, por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) a los campesinos para que ellos compren algunas hectáreas en el “mercado de tierras”. El eufemismo “movilidad” trata de significar una no-vedad donde no la hay, ya que en realidad lo que se mantiene vigente es el neoliberal y concentrador instrumento del “mercado de tierras” instaurado con la ley 160 de 1994.

3 Ver: Alfonso Castillo, Ley de víctimas: el abismo entre la norma y la realidad. Un año de pequeños avances y grandes vacíos, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), Bogotá Abril 2 de 2013.

4 Ver: http://restituciondetierras.gov.co/media/descargas/esta-disticas/estadisticas-20130204.pdf

El Gobierno tiene mayor interés en la formalización de predios que en la restitución de tierras a las víctimas; dicha formalización, al inscribirse en la restringida perspectiva de convertir a los propietarios en sujetos de crédito y financiación, instrumentaliza la problemática de las comunidades rurales en pos de viabilizar un patrón de acumulación en el que los intereses del latifundismo y de las grandes corporaciones prevalecen sobre los del conjunto de la sociedad.



De otra parte, el énfasis gubernamental, al señalar que “no habrá ex-propiaciones”, debe entenderse como un mensaje dirigido a dar tranqui-lidad a los latifundistas. El Ministro no solamente se manifiesta garante de los privilegios de los terratenientes, sino que va más allá, poniendo un punto alto en materia de impunidad, al sostener que “no hay posibilida-des prácticas de que el deudor principal (despojador) resarza sus deudas con los despojados”5. Para la muestra está el hecho de que la devolución de tierras al amparo de la ley 795 de Justicia y Paz, en 8 años de vigencia, suma menos de veinte mil hectáreas.

Para completar el cuadro, el Ministro reconoce que un gran obstá-culo para la restitución lo constituye “la capacidad de influencia política y de intimidación armada que conservan, (…) los beneficiarios del des-pojo de tierras”6.

En efecto, la continuidad del paramilitarismo es una de las mayo-res amenazas para cualquier reforma progresista en materia de tierras. Los asesinatos de tres dirigentes campesinos en diferentes lugares del país (Gustavo Adolfo Pizo en Totoró, Alonso Lozano en Mapiripán y Hermes Vidal en Tierralta) en los días siguientes a la celebración del Tercer Encuentro de Zonas de Reserva Campesina, es un aconteci-miento que corrobora la capacidad genocida que continúa detentando el paramilitarismo.

Hasta el periódico El Tiempo, que hace parte de las barras bravas del equipo de los despojadores, reconoce que en lo que va corrido de la expedición de la Ley de Víctimas han sido asesinados 64 reclamantes de tierras7, muchos de ellos líderes populares y comunitarios. Algunos de los casos más recientes son el asesinato de Éver Cordero, el 9 de abril, Día nacional de las víctimas, y de Dairo Luis Espitia y Ceferino Majore Domicó en Tierralta (Córdoba), los días 16 y 17 de abril.

Teniendo en cuenta este panorama se puede sostener que mientras persistan el latifundio y el paramilitarismo será imposible que el conflic-to social por la tierra se canalice de manera institucional y legal, como aspira el gobierno de Santos. En Colombia está demostrado que la sola expedición de leyes no es suficiente para modificar la cruenta realidad del país.

5 Juan Camilo Restrepo, Política integral de tierras, un viraje trascendental en la restitu-ción y formalización de la propiedad agraria, Villegas editores, Bogotá, 2011, p.17.

6 Ibíd., p.46.

7 Juan Valbuena, “En el país asesinan a un líder de restitución cada mes”, El Tiempo, 14 de abril de 2013.


El peso que ostentan en el discurso gubernamen-tal las limitantes que afronta la restitución, llevan a considerar si de veras existe interés por adelantar un proceso de restitución, o si lo que se está dando a entender es que, dadas las dificultades, las víctimas deben abandonar la idea de recuperar las tierras que les han arrebatado.

Formalización de la propiedad: ¿La base legal del próximo despojo?

A diferencia de las complicaciones que asedian la restitución, en materia de formalización, el gobierno se manifiesta totalmente claro en cuanto a los obje-tivos y las metas. Asegura el ministro Restrepo que, con el propósito de convertir en titulares de crédito a los poseedores de tierras, se pretende formalizar la propiedad de 2 millones de predios (muchos de ellos baldíos). La intención gubernamental reside en resolver los obstáculos que en este momento enfrenta el 40% de los poseedores de predios en Colombia, quienes al presentar precariedad en su titularidad se encuentran impedidos para recibir créditos, subsidios y financiación; adicionalmente, en desafectar los más de 5 millones de hectáreas que se encuentran cubiertas por el Proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada.

En este punto se revela con mayor nitidez el sentido de la política gubernamental de tie-rras en relación con la lógica sistémica impuesta por el capital, ya que, en realidad, el interés gubernamental no reside tanto en la restitución sino en la formalización de la propiedad, y lo que interesa con la formalización no es multiplicar la cantidad de propietarios y posibles productores agrarios, sino darle viabilidad a la inversión extranjera que reclama seguridad jurídica para sus adquisiciones e inversiones.

La pretensión oficial por resolver la titularidad de la tierra se inscribe en el cumpli-miento de una exigencia del capital para establecerse en el territorio colombiano. Este re-posicionamiento del capital sobre el territorio inaugurará un nuevo ciclo de despojo, pero esta vez se tratará de una desposesión legal.

El gobierno sabe que en las actuales condiciones (con un Tratado de Libre Comercio en marcha con Estados Unidos), ningún pequeño o mediano productor puede sortear con éxito las aguas del mercado mundial; en otras palabras, después de la formalización de la propiedad y el otorgamiento de créditos sobre la tierra, devendrán nuevas dinámicas de



despojo por la vía de las hipotecas, como ha acontecido con gran cantidad de produc-tores agrícolas quebrados porque no tienen ninguna posibilidad de subsistir en “el mer-cado internacional”. Entonces, de lo que se trata a ciencia cierta es de viabilizar un patrón de apropiación de la tierra en manos de grandes corporaciones manteniendo a la vez el latifundio8.

ConclusiónLa política de tierras del gobierno de

Santos es continuadora de los derroteros neoliberales y de las líneas estructurales de la política estatal frente al problema de la tierra: conservación del latifundio, agroindustrialización dependiente, colo-nización (formalización) antes que reparto agrario, mercado de tierras y abandono de los pequeños productores, entre otros aspectos. Frente a estas líneas afirmativas de la expoliación y el hambre en el campo, el movimiento agrario ha presentado alter-nativas dirigidas a recuperar y consolidar la economía campesina por medio de las

Zonas de Reserva Campesina. El pulso que actualmente se dirime es el de modificar el rumbo de la política guber-

namental para que las comunidades rurales sean consideradas como fines, no como un medio para el afianzamiento de intereses corporativos. Las propuestas realizadas por el movimiento campesino en el Foro sobre política de desarrollo agrario integral de diciembre de 2012, estuvieron volcadas precisamente en una perspectiva desinstrumentalizadora, en el sentido de recuperar el valor de la tierra y el territorio para la vida de las comunidades rurales y para plantar en el campo semillas de justicia social.

8 La experiencia brasileña demuestra que el agronegocio no riñe con la conservación de la estructura latifun-daria de la tierra. Ver: Osvaldo Coggiola, “La cuestión agraria en Brasil, Universidad de Sao Paolo”, Rebelión, octubre 11 de 2006.


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Muchedumbres y banderas por la paz

Ricardo Sánchez Ángel

Doctor en HistoriaProfesor Universidad Nacional De Colombia

I

El 9 de abril del año de gracia que transcurre, se convocó a una movilización por la paz y en conmemoración de tan

dramático día. Fueron varias jornadas las que conmovieron a Bogotá, Barrancabermeja y toda Colombia en 1948, a raíz del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán.

El referente principal de la paz son los diálogos de La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la insurgencia armada de las FARC, proceso que avanza con gran expectativa nacional e in-ternacional en medio de dificultades. Se trató con esta manifestación, al igual que con distintos foros temáticos, de participar, de enviar un mensaje explícito a los dialogantes, reclamando el derecho a vivir en PAZ. Ni más ni menos es la convicción de una vasta audiencia nacional y crecerá más aún a medida que la educación e información sobre los temas se intensifique. El mensaje de los manifestantes del 9 de abril es de estímulo, de optimismo, de luchar por la paz. A esto se suma los pronunciamientos de dialogar de la insurgencia armada del ELN y su propuesta de Convención nacional.

La convocatoria inicial a la movilización fue de Marcha Patriótica, que con Poder Ciudadano, mostraron una nutrida presencia de adhe-rentes, organizados y entusiastas. Múltiples movimientos y grupos de


Luchas populares

distinta condición social, regional y política concurrieron a la movilización. En primer lugar, hay que señalar el papel preponde-rante de las víctimas de la violencia en esta movilización. La Colombia profunda, la de las regiones y la ruralidad, la de los bosques y ríos, estuvo representada en un paisaje clasista de indígenas, negros, campesinos, pescadores, labriegos, obreros rurales. Pero también núcleos urbanos de trabajadores, con una presencia erguida de MUJERES, de los estudiantes universitarios y otros sectores de la juventud. Cada sector exhibió sus pancartas, sus banderas, sus consignas, sus gritos, disfraces, danzas, representacio-nes vistosas, máscaras. Además, el teatro callejero de zancos y musagetas. Un rostro carnavalesco a la manifestación.

Las regiones vinieron con su largo pleito a cuestas, visibilizándose, expresando sus deseos de unirse desde la periferia al centro, de abajo hacia arriba. En términos históri-cos, es el asunto del reordenamiento terri-torial: federalismo o Estado regional o de autonomía, que se combina con la reforma agraria afroindocampesina1.

Desde distintos sitios de la capital de la república, las muchedumbres desfilaron hasta la Plaza de Bolívar, que fue llenada

1 Ver: Ricardo Sánchez. Estado y planeación en Colombia. Bogotá: La Rosa Roja, 1984. Orlando Fals Borda. La insurgencia de las provincias. Ha-cia un nuevo ordenamiento territorial para Colom-bia. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Re-laciones Internacionales Universidad Nacional de Colombia/Siglo Veintiuno editores, 1988. Orlando Fals Borda. Región e Historia. Elemen-tos sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo editores/ Ins-tituto de Estudios Políticos y Relaciones Inter-nacionales Universidad Nacional de Colombia, 1996.

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varias veces. Cada contingente daba paso al siguiente y así sucesivamen-te. La movilización tuvo la forma de un inmenso desfile y esta singulari-dad le dio su dignidad. No fue una marcha del silencio, hubiese podido serlo, reeditando la convocada por Gaitán, como al comienzo se planteó. No fue tampoco una manifestación ruidosa, con puños alzados, cerra-dos. Fue un desfile con paso erguido.

IIEn El Tiempo, diario por

excelencia de la gran burguesía y el establecimiento político, se convocó en su editorial del 9 de abril a apoyar la Marcha, en términos tan significativos como los siguientes: “La invitación, pues, es a sumarse a esa masa crítica de origen ciudadano que fije unas bases indispensables para garantizar la legitimidad de los eventuales acuerdos que puedan alcanzarse en La Habana. Pero, más que esto, es a dejar claro que los colombianos somos capaces de movilizarnos por una causa de cuyo desenlace depende la nación que les quedará a nuestros hijos y nietos. Puesto de otra forma, que somos capaces de marchar, incluso, sobre nuestras diferencias hacia un nuevo objetivo común, que ya empieza a tomar forma”2.

El gobierno nacional, con el presidente Juan Manuel Santos, apoyó la convocatoria y participó con sus propios rituales. Reunión con discur-so a las Fuerzas Militares en el Monumento a los Caídos reafirmando su política de paz y luego la siembra de un árbol (una palmera) junto con el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, en homenaje a las víctimas de la violencia.

Sobre la escena política en que se desarrolló la manifestación, gravitó el propósito de lograr que el visto bueno a la negociación en La Habana, y la exigencia de la paz como conquista democrática, refrendara el apoyo

2 Editorial: “Una marcha, un mensaje”. El Tiempo, Abril 9 de 2013. http://www.eltiem-po.com/opinion/editoriales/una-marcha-un-mensaje-editorial-el-tiempo_12732118-4


Luchas populares

a la reelección del presidente Juan Manuel Santos. El que esto fracasara, es un síntoma de la noble conciencia de los manifestantes. Lo que vino con la propuesta de que se ampliase el período presidencial por dos años más, para el actual mandatario, fue una comedia de equivocaciones, con el Presidente de la República dando palos de ciego.

El Distrito Capital apoyó la marcha y le dio su propio sentido. Enfa-tizó la defensa de lo público y la democracia. El discurso del alcalde se

centró en su persona, en su familia, dejando el sabor de una escenificación de su protagonismo caudillista. Como dice Mauricio Archila: “Así todos aportaron su cuota de particularismo legitimado bajo el discur-so del bien común. A esos intereses particulares, no necesariamente mezquinos, la opinión pública no les hizo mucho caso”3.

IIISobre las valoraciones cuantitativas de la movi-

lización se han dado diferentes cifras, que incluyen el cálculo de un millón de personas presentado por Alfredo Molano4. Mientras no haya un estimativo técnicamente elaborado, prefiero aplicar el criterio del justo medio: una cifra alrededor de 500 mil per-sonas. Un número bastante grande y significativo, que estimula el optimismo por la paz.

Nuestro admirado maestro Héctor Osuna, que oficia también de columnista en El Espectador con el seudónimo de “Lorenzo Madrigal”, ha escrito que no se logró el objetivo de llenar la plaza5. En forma deliciosa, ironiza sobre la participación e incluso afirma: “Si la gente se desplaza para votar, hablamos de trasteo de vo-tos; si la traen de otras localidades a desfilar en Bogotá, llamémoslo trasteo de marchas. Sólo en un 16%, los capitalinos respondieron haber marchado (Datexto, para la W)”. Lorenzo Madrigal me despertó la curiosidad de transformar en cifras el porcentaje de participación de bogotanos en la manifestación. Así, considerando que la población de

3 Mauricio Archila. “La marcha del 9 de abril. Pelando la cebolla”En: Razón Públi-ca. Abril 14 de 2013. http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-te-mas-27/3673-la-marcha-del-9-de-abrilpelando-la-cebolla.html

4 Alfredo Molano. “La gran manifestación”. En: El Espectador, abril 14 de 2013.

5 Lorenzo Madrigal. “El lleno de Plaza”. En: El Espectador, abril 14 de 2013.


Bogotá corresponde a 7.363.782 para el año 20106, el 16% equivaldría a 1.178.205 ciudadanos. Hoy en día la cifra sería mayor. Como yo reve-rencio al maestro Osuna, estoy tentado de acoger sus datos.

La Marcha Patriótica mostró reflejos adecuados al convocar la movi-lización, cambió de enfoque sobre la coyuntura política, dando nuevos bríos a los deseos por la paz. Esto es satisfactorio en grado sumo, dado el acto fallido de Marcha de haber convocado en el mes de octubre del año pasado a un paro cívico nacional que no se realizó, y produjo el natural desconcierto. Del vanguardismo a las masas, buena rectificación.

Una movilización de estas dimensiones es al mismo tiempo una instantánea de la vida cotidiana de sus participantes, y resulta del mayor interés la observación de la forma como ocupaban las calles y los ande-nes para sentarse a descansar, los puestos colectivos de refrigerios y de alimentación, la red organizativa. En la crónica fotográfica de Margarita Bernal, Bocados y antojos de la marcha, se da un registro de los siguien-tes manjares: alegrías, sandías, café con leche, canelazo, chicharrón con arepa, chontaduro, chorizo antioqueño, papas chips y churros, coco fresco, agua de coco y coco caramelizado, cucas, gelatina de pata y jugo de guanábana, mazorcas, pinchos de carne, huevos de chocolate, jugo de mandarina, mangostinos, patacones, chicharrón, dulces y obleas, mango biche, queso y bocadillo, uvas chilenas, maíz pira, peras, agua y hasta un chef7.

Se opusieron a la marcha: de un lado, la ultraderecha del ex presi-dente Álvaro Uribe, que busca sabotear los diálogos. Del otro, el Polo Democrático, que tuvo una postura equivocada y sectaria, estigmati-zó a los que se movilizaron, señalando que esto significaba apoyar la reelección del presidente Santos. Como lo escribimos antes, los miles de manifestantes lo hicieron con el principio ético de adiós a la guerra y por una paz duradera.

A lo que estamos asistiendo es a la exigencia de la paz por parte de una vasta audiencia, no solo a la subversión guerrillera, sino al Estado y al gobierno nacional.

6 Fuente: DANE, “Boletín Censo General 2005. Perfil Bogotá”. http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/11000T7T000.PDF

7 Margarita Bernal. “Bocados y antojos de la marcha”. Abril 9 de 2013. http://www.el-condimentariodemargarita.com/2013/04/bocados-y-antojos-de-la-marcha/. Igualmente: Hernán Camacho. “9 de abril de 2013. Las alpargatas echaron a andar”. En: VOZ. La verdad del pueblo. Edición 2684, semana del 17 al 23 de abril de 2013. pp. 8-9.


Luchas popularesNº 33, Mayo de 2013 · Bogotá, Colombia Contenido

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Lucha de clases en Venezuela

Oscar Andrés Espitia Lombo

Economista Profesor universitario

Una victoria, un retroceso

Ganó Nicolás Maduro las presidenciales en Venezuela, ase-gurándose el oficialismo la posibilidad de seguir siendo

gobierno. Esto, en un escenario de lucha de clases que amenaza con adquirir visos cada vez más radicales, a partir del apretado resultado electoral del 14 de abril.

Dos proyectos de país claramente diferenciados se encuentran en-frentados en Venezuela: por un lado, el que aspira a la construcción del socialismo del siglo XXI, banderas que fueron legadas a Nicolás Ma-duro luego de la muerte de Hugo Chávez. Por el otro, el de la derecha venezolana, que encarna el retorno del neoliberalismo económico y del autoritarismo político, bajo el liderazgo de Henrique Capriles Radonski. Dicha confrontación ha trascendido el escenario meramente electoral, tomándose el día a día de los venezolanos, agentes activos del debate político de su país.

La derecha venezolana, agrupada en torno a la Mesa de Unidad Democrática, ha venido ganando audiencia para su discurso político. Camuflados en un lenguaje de izquierdas y sin más programa que el ataque a los flancos más débiles de la gestión gubernamental del oficia-lismo, han consolidado la figura de Capriles como paladín de las causas populares. Capriles habla de continuar las misiones, aumentar el salario


Nuestra América

en un 40%, de convención colectiva y extensión de los derechos sindicales, etc., evitando ser relacionado con el pasado neoliberal venezolano del cual es here-dero político.

Entre tanto Maduro, en sus inicios conductor del metro de Caracas y aguerrido sindicalista, le apostó a la invocación permanente de la imagen del coman-dante, presentándose como su hijo, el más confiable continuador de su obra, como también a la identifica-ción plena con lo popular, donde lo simbólico religio-so ocupa lugar destacado. Este atributo, lo simbólico religioso, resulta especialmente importante en tanto invoca la recuperación para la praxis revolucionaria de lo mejor de la tradición católica en América Lati-na: la teología de la liberación.

Maduro tuvo que lidiar con cuestionamientos dirigidos al gobierno por la corrupción, la insegu-ridad, la ineficiencia en la producción petrolera y el desabastecimiento de bienes de consumo, escenario adverso que hace parte de una tendencia de más lar-go plazo que el comandante también enfrentó en las elecciones de octubre pasado.

Sin embargo, en la notable disminución del ca-pital electoral oficialista −685 mil votos en solo seis meses− confluyó otra miríada de factores, entre los que corresponde considerar los efectos de la muerte del líder en algunos segmentos de las bases popu-lares (sensación de orfandad y desconfianza en el nuevo liderazgo), la falta de pericia de Maduro como candidato presidencial en comparación con Hugo Chávez y con el mismo Enrique Capriles y el recur-so del candidato Maduro a un discurso en exceso nostálgico pero con déficit en lo político. Tampoco debe desestimarse el papel de la arremetida mediá-tica nacional e internacional y el sabotaje del alto empresariado con su cortejo de desabastecimiento y cortes frecuentes en el sistema eléctrico. Asimismo, las medidas devaluacionistas del 8 de febrero −¡dos meses antes de la elección! − de seguro contagiaron de pesimismo a segmentos de la clase media y a sectores ht

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populares con menos arraigo ideológico, por el impacto negativo en el poder adquisitivo.

Todo ello terminó beneficiando en mayor o menor medida al can-didato Capriles, ya con mayor caudal electoral −670 mil votos más respecto al resultado de octubre−, ya por abstencionismo de las bases oficialistas.

De tácticas y estrategiasLuego de conocerse el resultado que le da la victoria al oficialismo

por estrecho margen, la oposición, aduciendo irregularidades en el proceso electoral, ha optado por no reconocer a Nicolás Maduro como presidente, lo cual hace parte de una estrategia, previsible por demás, de desestabilización política del país, especulando con la ausencia perma-nente del liderazgo de Hugo Chávez.

Entre tanto, el oficialismo acusa a la oposición de golpista, más aún después de los ataques violentos perpetrados por seguidores de Capri-les el 15 de abril pasado, que traen a la memoria los desafortunados hechos de abril de 2002. No obstante, aunque la experiencia histórica y la influencia de la derecha internacional justifiquen la desconfianza del oficialismo, parece improbable que la oposición acuda al expediente golpista en la presente coyuntura.

En esto tiene mucho que ver la rápida reacción de UNASUR, que por decisión unánime de sus países miembros expidió una declaración rodeando la elección de Nicolás Maduro como presidente. Así, un go-bierno producto de acciones golpistas estaría viciado de ilegitimidad en la escena regional, condenado al aislamiento comercial y político.

Entonces, desestabilización política y sabotaje económico con miras a un referendo revocatorio del mandato presidencial de Maduro en un horizonte de 3 años, parece ser la vía más expedita para la oposición en el propósito de regresar a Miraflores. En ese sentido, Capriles y la derecha venezolana han copado las tribunas mediáticas de los grandes conglo-merados informativos para acusar de ilegítimo al presidente Maduro y minar la credibilidad de la autoridad electoral de cara al proceso de auditoría que se avecina, usufructuando el recrudecimiento de la pola-rización política del país y el cerrado resultado electoral. Esto, en medio de invocaciones a la paz y la vía democrática.

El oficialismo, por su parte, ha respondido exigiendo que se reco-nozca el mandato de Maduro, entre otras, tomando medidas contra la oposición en la Asamblea Nacional, impidiendo a diputados oposi-tores cobrar sus sueldos y despojándolos de presidencias de comisión.


Nuestra América

Asimismo, la ministra de Asuntos Penitenciarios ha amenazado con cárcel a Enrique Capriles por su supuesta responsabilidad en los actos de violencia del 15 abril y por lo que se considera como instigaciones golpistas.

Estas medidas del oficialismo reflejan un compor-tamiento errático, por cuanto victimizan a la opo-sición y agudizan el clima de inestabilidad política del país, escenario que perjudica la gobernabilidad de Maduro. El oficialismo debe garantizar la trans-parencia de la auditoría electoral, con presencia de delegados internacionales si es preciso, para quitarle margen a los reclamos de la oposición. La moviliza-ción permanente de las bases también resulta clave para rodear al Presidente.

Venezuela y el porvenir del proyecto socialista

No obstante lo anterior, la victoria de Nicolás Ma-duro tiene una enorme importancia que supera los límites de Venezuela para trascender hacia América Latina y el mundo.

Es importante para Venezuela porque el hecho de que el oficialismo siga siendo gobierno es condición necesaria, aunque no suficiente, para que el país em-piece a superar la etapa de las reformas e inicie el paso a la transición socialista. Los anuncios de Maduro de profundizar la revolución bolivariana y promover los valores y el estilo de vida socialista parecen indicar que la transición es el norte del Presidente.

En ese sentido, es buena señal la creación de la misión eficiencia o nada, y la supresión del Ministe-rio de Planificación y Finanzas para crear el Minis-terio de Finanzas y el Ministerio de Planificación. Eficiencia y planificación han sido identificados por el presidente Maduro como los pilares del desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela para superar la dependencia de las importaciones de bienes de consumo.

En una era en la que el capitalismo

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globales. Es así que Venezuela se erige como

símbolo y referente mundial. Este país

suramericano, además de encarar con determinación el poder imperial norteamericano, fue el primer país

en el siglo XXI en emprender la

marcha consciente hacia el socialismo.


También ocupa un lugar destacado en los anuncios de Maduro la decisión de com-batir con firmeza la corrupción, a partir de la creación de un grupo especial y secreto. Al respecto, genera suspicacias la naturaleza de dicho grupo, en cuanto podría derivar en prácticas policiacas de corte estalinista.

Al compás de las mencionadas medidas, se requiere establecer mecanismos de parti-cipación efectiva de los trabajadores en las decisiones de planificación económica y de control de los procesos de producción y ad-ministración. La extensión de la democracia al escenario de la economía es condición suficiente de la transición socialista.

Ya en Nuestra América, la victoria de Maduro significa la posibilidad de consoli-dar y profundizar los lazos de solidaridad económica y política regional, en oposición a la concepción norteamericana tradicional de ayuda internacional condicionada al de-recho de intervención política y económica

de la potencia del Norte. La creación y for-talecimiento de organismos como UNA-SUR (Unión de Naciones Suramericanas) y CELAC (Comunidad de Estados Lati-noamericanos y Caribeños) y programas como Petrocaribe y el Banco del Sur, con destacado protagonismo venezolano, ha re-sultado trascendental en esta construcción de cooperación y unidad latinoamericana.

El internacionalismo efectivo de Vene-zuela −con énfasis en países pobres y de ascendencia indígena y negra, como Boli-via, Cuba y otras islas de las Antillas y El Caribe− ha permitido que crezca la audien-cia para el socialismo en América Latina, especialmente en segmentos populares de la población con fuerte arraigo en el catoli-cismo. En este escenario, la elección del ar-gentino Jorge Mario Bergoglio como Papa hace parte de la contraofensiva ideológica en la región, que busca contener el influjo socialista dentro de la feligresía católica,

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propósitos que pueden ser contrarrestados en la medida que el proyecto de unidad lati-noamericana propicie avances en el mejoramiento de las condiciones de vida de la región.

Ahora bien, en una era en la que el capitalismo es global y los imperialismos contem-poráneos y de vieja data hacen de las suyas por toda la órbita planetaria, las resistencias de estirpe anticapitalista y antiimperialista también adquieren dimensiones globales. Es así que Venezuela se erige como símbolo y referente mundial.

Este país suramericano, además de encarar con determinación el poder imperial nor-teamericano, fue el primer país en el siglo XXI en emprender la marcha consciente hacia el socialismo. Los grandes avances de Venezuela en materia de equidad en la distribución del ingreso, reducción de los niveles de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de los más humildes a partir de la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, todo ello bajo la impronta de un discurso anticapitalista con horizonte socialista, han suscitado simpatías en toda la órbita planetaria −desde Japón y Corea del Sur hasta Arabia Saudita, Israel y Palestina, pasando por África, Europa e incluso los Estados Unidos−, reanimando el debate mundial sobre la vigencia del socialismo.

En Venezuela está en juego el prestigio del socialismo como alternativa civilizatoria frente la barbarie económica, social y ambiental del capitalismo.

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Retos y desafíos de la Revolución Bolivariana para el siglo XXI

Carolina Jiménez

Docente e investigadora Universidad Nacional de Colombia Grupo THESEUS

En las semanas anteriores hemos asistido a un intenso debate desde los diversos sectores sociales y políticos de la comuni-

dad internacional sobre la legitimidad del triunfo del presidente Venezo-lano Nicolás Maduro. Y aunque para todos aquellos que encontramos en el proceso bolivariano un escenario de esperanza y de posibilidad para avanzar en lógicas de la transformación social y societal es claramente preocupante que las distancias con la oposición se hayan acortado (del 10% en las elecciones de octubre de 2012 a un poco menos del 2% en las del pasado 14 de abril), no por esto dejamos de alegrarnos y celebrar su triunfo.

Un poco más del 50% del pueblo venezolano salió a las urnas el pasado 14 de abril para ratificar este nuevo ciclo “de la transición al Estado comunal” por el que atraviesa el proceso revolucionario desde octubre del año pasado con el valioso triunfo electoral del comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías.

La demostración del poder popular para respaldar la candidatura del líder Nicolás Maduro expresa que el proyecto bolivariano del socialismo del siglo XXI es una apuesta de país de las venezolanas y venezolanos que creen que es posible avanzar en la construcción de un orden socia-lista que persiga la “convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tenga como base fun-damental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes


Nuestra América

y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo hu-mano integral.1”

Esta expresión democrática que los venezolanos le han permitido vivir al pueblo de Nuestra América durante estos meses se constituye en un motivo de profunda alegría y felicidad para todos aquellos co-lectivos y sujetos sociales y políticos que creemos en la posibilidad de construir y vivir en unas sociedades realmente justas y democráticas, en unas sociedades del buen vivir. Sin embargo, más allá del triunfo al que se asiste en estos momentos en Venezuela, es importante recordar el llamado a la crítica y a la autocrítica que hacía el presidente Hugo Chávez a sus ministros pocos días después de aquel memorable 7 de octubre de 2012.

En efecto, con la claridad y el compromiso polí-tico que acompañó a Chávez en su trayectoria como líder revolucionario, en su primer Consejo de Minis-tros del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana2, hizo un profundo ejercicio de mirar hacia atrás para construir un balance de lo que hasta el momento había sido el proceso revolucionario y a partir de ahí identificar avances y potencialidades que era ne-cesario fortalecer; al igual que los vacíos y las fallas sobre las que había que trabajar para poder realmente caminar hacia la materialización del proyecto del Estado Comunal y del Socialismo del Siglo XXI.

El Estado Comunal es la “forma de organización político-social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los

1 Se retoma a partir de la definición de socialismo expresada en la ley orgánica de las comunas de diciembre de 2010.

2 Buena parte de la discusión propuesta a continuación se recoge del siguiente documento: Hugo Chávez (2012). “Gol-pe de Timón. I Consejo de Ministros del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana”. Puede consultarse en: http://www.minci.gob.ve/2013/03/golpe-de-timon/

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autogobierno comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sus-tentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna”3.

El presidente Hugo Chávez Frías destacó en ese momento, entre otros los siguientes desafíos a los que se enfrentaba el proyecto bolivariano:

La construcción de una democracia realmente socialista para el siglo XXI: Es necesario

avanzar en la construcción de una nueva he-gemonía democrática, que pase por la lógica de los consensos y las convicciones, más no por la de las imposiciones. Esto en razón de la necesidad de reconocer que el socialismo

no se decreta, sino que se construye colectiva y popularmente. Esto implica, entre otras

cosas, un trabajo político popular y comunal que permita que todos los sectores sociales

populares se asuman como los sujetos protagónicos del proceso revolucionario y puedan ejercer plenamente la democracia

participativa, protagónica y corresponsable.

La consolidación de la cultura comunal y la construcción de las comunas: El ejercicio del poder popular, esto es, el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo, se constituye en el soporte del proceso revolucionario. En este sentido, la comu-na, se convierte en el espacio más acabado para la expresión y materialización del poder popular. La comuna es “un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen

3 Artículo 4 Ley Orgánica de las comunas http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2012/d_26525_323.pdf


Nuestra América

en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular”4. Por tal razón debe entenderse que es a través de las comunas donde se juega ampliamente la territoriali-zación del proyecto socialista, ya que ellas tienen como propósito fundamental la edificación del Estado Comunal y por ellas pasan la materialización de la sociedad socialista, democrática, de equidad y justicia social.

La modificación de la base pro-ductiva del país de manera tal que permita asegurar una democracia económica. El sistema productivo requiere tener como principio fun-damental la participación plena de los productores asociados. El sistema económico de la comuna debe constituirse en un “Conjunto

de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socioproductivas bajo formas de propiedad social comunal”5.

La transformación territorial y la consolidación de la propiedad social. Avanzar en la construcción de una democracia económica requiere que el sentido de la propiedad social pase por toda la cadena productiva, esto es producción, distribución y consumo. En este sentido, es fundamental avanzar de manera más decidida en la transformación de los territorios

4 Artículo 5 de la Ley Orgánica de las comunas http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2012/d_26525_323.pdf

5 Artículo 2 de la Ley Orgánica del sistema económico comunal http://www.fondemi.gob.ve/documentos/LEYDELSISTEMAECONOMICO.pdf

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desde una perspectiva mucha más integral, esto es, que no se limiten a ciertas transformaciones productivas o a la creación de ciertos espa-cios socialistas de producción6: es necesario cambiar toda la relación geográfica-humana, socioterritorial y cultural. En esta apuesta la figura de los distritos motores juegan un papel estratégico. Los distritos “son unidades territoriales decretadas por el Ejecutivo Nacional que integra las ventajas comparativas de los diferentes espacios geográficos del te-rritorio nacional, y que responden al modelo de desarrollo sustentable, endógeno y socialista” 7.

Uno de los mecanismos privilegiados para responder a estos desafíos es lograr la materialización de esa nueva arquitectura constitucional y jurídica que se soporta en la Constitución pero que adquiere vida a través de las leyes orgánicas: de las comunas, de la planificación pública y popular, del sistema económico comunal, de los consejos comunales, de la contraloría social, así como de las leyes de los distritos motores de desarrollo, entre otras.

Los desafíos de este proceso son múltiples y de diversos órdenes, ya que ‒como lo señaló en su momento Hugo Chávez‒ el socialismo no se decreta, se construye colectivamente. Por tal razón, el actual contexto de polarización social que vive Venezuela exige al presidente Nicolás Maduro, a su gabinete y a todos los líderes y lideresas populares y diri-gentes socialistas venezolanos y latinoamericanos8 seguir avanzando en ejercicios críticos y autocríticos que le permitan al Proyecto resolver las dificultades que hoy enfrenta y seguir con el paso firme y la vitalidad de-mocrática que lo han acompañado en la transición al Estado Comunal y al Socialismo del Siglo XXI.

6 Al respecto el Comandante Chávez señalaba: “No debemos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla, rodeadas del mar del capitalismo, porque se las traga el mar”.

7 Artículo 4 Ley Orgánica de las comunas: http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2012/d_26525_323.pdf

8 Digo latinoamericanos porque este proyecto no solo es de Venezuela; la revolución Bolivariana exige ser defendida por todos los pueblos de América Latina y de El Caribe, ya que ella se constituye en un escenario de posibilidad para que Nuestra América avance por caminos distintos a los del despojo y la violencia, propios del sistema capitalista dominante.


Nuestra AméricaNº 33, Mayo de 2013 · Bogotá, Colombia Contenido

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La transformación del modelo de desarrollo de China y su impacto sobre América Latina

Daniel Munevar

Profesor de teoría política York University, TorontoTraducción: Carlos Soriano

La transformación del modelo de desarrollo de China anali-zada en el artículo anterior1 posee profundas implicaciones

para América Latina. Estas pueden ser desagregadas en 3 grupos: su impacto sobre los precios de las materias primas y, por definición, sobre los términos de intercambio de América Latina; su impacto sobre los ingresos reales de la población; su impacto sobre los ingresos fiscales y la estrategia de desarrollo de los países en la región. Estos elementos serán explorados en la siguiente parte del artículo.

Materias primas y términos de intercambioEn lo que respecta al primer punto, la desaceleración de la economía

China en el marco de un proceso de rebalanceo eliminaría el último sostén en la economía real de la especulación de materias primas. Los últimos meses se han caracterizado por una creciente desconexión entre la evolución de la demanda y la oferta real en los principales mercados de materias primas y las curvas de precios de futuros de éstas2. Mientras

1 Ver: Daniel Munevar, “China y cambios en la estructura de la economía mundial”, en Revista Izquierda No. 32, Bogotá, abril de 2013, pp. 34-40

2 Ver: “A physical vs. forward commodity market disconnect”, disponible en: http://ftalphaville.ft.com/2013/02/12/1382532/a-physical-vs-forward-commodity-mar-ket-disconnect/?


Nuestra América

un número creciente de indicadores en la producción y demanda de metales y petróleo indican sobreoferta e incapacidad para lidiar con masivos stocks acumula-dos, los precios de futuros indican escasez en el corto y mediano plazo3. En este contexto, para los futuros y derivados de las materias primas la desaceleración del crecimiento de China sería el equivalente de lo ocurrido en el verano de 2007 con los primeros pro-blemas de las hipotecas subprime.

Sin embargo, aun si los precios de las materias pri-mas no cayeran de manera estrepitosa, el proceso de rebalanceo de China demanda una modificación de sus términos de intercambio. La consecuencia básica del proceso de industrialización de China es un au-mento de la frontera de posibilidades de incremento de la productividad y la retención de valor agregado. Mientras América Latina permanece sujeta a las limitaciones de los incrementos en materia de pro-ductividad inherentes a las materias primas, China ya se encuentra en capacidad de desplazarse a ren-glones más dinámicos e intensivos en tecnología del comercio global. Es esta diferencia clave en materia de crecimiento de la productividad la que marcará la evolución de los términos de intercambio entre China y América Latina, de manera desfavorable para esta última. En otras palabras, las mejoras en términos de ingresos reales y crecimiento del consumo de los ho-gares en China tendrán lugar a costa de los sectores exportadores de materias primas en la región.

En este sentido es importante aclarar que mien-tras los volúmenes de ciertos renglones de materias primas, tales como petróleo y metales, se verán

3 Sobre oferta en la producción de metales ver, “For additio-nal musings and announcements:

Hey, spendy miners, operate Glencore style”, disponible en: http://ftalphaville.ft.com/2013/02/26/1399752/hey-spendy-mi-ners-operate-glencore-style/. Sobre oferta en la producción de petróleo ver, “Scarcity amid plenty, Oil edition”, dispo-nible en: http://ftalphaville.ft.com/2012/06/20/1052641/scarcity-amid-plenty-oil-edition/

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afectados, otros, fundamentalmente alimentos, seguirán creciendo de manera sostenida a la par del consumo de los hogares en China. Sin embargo, el crecimiento de la demanda tendrá lugar en un contexto marcado por precios significativamente más bajos. Es decir que la región se verá atrapada una vez más en el dilema Prebisch-Singer de reducción secular de los términos de intercambio. Mayores volúmenes de expor-taciones se traducen en menores ingresos reales para sus productores en la medida que los diferenciales de productividad permiten a los países industrializados, en este caso China, retener todas las ganancias de valor agregado. De esta forma mientras China aprovechó las últimas décadas para su reposicionamiento dentro la economía global, América Latina las ha desperdiciado cometiendo el mismo error en términos de políticas de desarrollo desde tiempos de la independencia al apostar por las mate-rias primas como motor principal del crecimiento económico.

Ingresos reales de la poblaciónAsociado a este dramático cambio en los términos de intercambio de

la región se encuentra el segundo elemento a destacar, a saber, el impacto sobre los ingresos reales de la población. Resultado del rápido crecimien-to económico que ha tenido lugar en la región, cerca de 70 millones de personas pasaron entre 2003 y 20104 de una situación de pobreza a integrar una clase media. Al mismo tiempo se produjo en la mayoría de los países una ligera reducción en los altos niveles de desigualdad de ingresos5. El problema con esta situación es que es un resultado directo de la especialización en materias primas y de la mejora en los términos de intercambio que experimentó la región en los últimos años. Visto de otra forma, las mejoras observadas en América Latina representan la imagen inversa de lo ocurrido en China. Mientras en dicho país se adoptó un tipo de cambio que reprimía el consumo interno, la signifi-cativa apreciación del tipo de cambio que ha tenido lugar en algunas de las principales economías de la región, como Brasil, Colombia o Chile, resulta en el efecto opuesto. Al reducir el costo de las importaciones, una moneda apreciada fomenta el consumo y de facto representa un traslado de ingresos de los sectores exportadores netos de la economía a

4 Ver: BBVA Research (2013), “Emerging middle classes in fast track mode”, dis-ponible en: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/EWMiddleClasses_v24jan13_tcm348-371705.pdf

5 Ver: Palma G. (2011), “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted-U’: the share of the rich is what it’s all about”, disponible en: http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1111.pdf


Nuestra América

los sectores importadores netos. Desde el punto de vista de un hogar que percibe un aumento sostenido de su capacidad adquisitiva en términos de bienes importados, dicha situación es bienvenida. Sin embargo, desde la perspectiva de la economía en su conjunto representa un desastre, toda vez que se afecta de manera directa a aquellos sectores con mayor capacidad de crecimiento y dinámica de generación de empleos.

La magnitud del impacto de los términos de intercambio sobre el ingreso real y los patrones de consumo ha sido amplificada por la dinámica del sistema financiero en los dife-rentes países, donde, al contrario de lo que ocurre en China, el crédito se ha concentrado en los renglones de consumo e hipotecario. Con tasas de crecimiento superiores al 20% en la mayoría de los países de la región, el crédito se ha concentrado en sectores que, por un lado, aumentan la dependencia de importaciones y, por el otro, incrementan la inestabilidad financiera al propiciar burbujas en los precios de activos, fundamentalmente en el sector de finca raíz. El problema con el crecimiento del crédito es que, justo como las políticas de desarrollo regionales, está basado en dos supuestos: Primero, que el crecimiento económico basado en la exportación de materias primas se sostendrá en el tiempo, creando así los ingresos para validar la toma de créditos, y, segundo, que la entrada de capitales asociada a la Inversión Extranjera Directa en materias primas y a las perspectivas de apreciación se mantendrá en el tiempo. Como se ha explicado anteriormente, ambos supuestos son incorrectos. Ante este escenario, los hogares en América Latina se van a encontrar en una situación en la cual la capacidad adquisitiva de su ingreso disminuye a la par del deterioro de los términos de intercambio regionales, justo al mismo tiempo que se produce una contracción del empleo y del acceso al crédito. Ello no necesariamente se tiene que traducir


en una crisis económica, pero si es claro que tendrá como resultado una significativa dismi-nución de la calidad de vida de la población en la región.

Ingresos fiscales y estrategias de desarrollo en la regiónEsto nos lleva al último punto, el impacto sobre las políticas de desarrollo regionales.

Independientemente de la orientación política de los gobiernos, los países de América La-tina han experimentado un incremento de la participación de ingresos fiscales asociados a materias primas. Así, mientras en el año 2000 los ingresos fiscales asociados a materias primas representaban menos del 20% del total de los ingresos de los gobiernos en la región, en el año 2008 esta cifra se ubicó en cerca de 35%6. Este significativo aumento de los ingresos fiscales permitió una mejora de los indicadores fiscales y, con ello, una reducción de los niveles de endeudamiento, al mismo tiempo que facilitó el aumento del gasto social en la región. Como promedio, los gastos sociales entre los años 2000 y 2010 pasaron de representar un 13,3% del PIB a un 18,1%: un aumento del 36%7.

El problema es evidente. No solo el crecimiento económico ha incrementado su depen-dencia respecto a la exportación de materias primas, sino que también la implementación de políticas públicas en la región es altamente sensible a la evolución de los precios e ingresos asociados a estas. El rebalanceo de China con su impacto sobre los términos de intercambio y el crecimiento económico regional limitará la capacidad de los diferentes países en Amé-rica Latina de hacer frente al nuevo escenario que se avecina. Precisamente en el momento en que los gobiernos se vean abocados a implementar políticas contracíclicas y a reforzar las redes de seguridad social para hacer frente a la caída del crecimiento y el empleo, una de sus principales fuentes de financiamiento presentará una importante reducción. De hecho, es una pregunta abierta si en un escenario de este tipo se podrían mantener los niveles de gasto social sin la implementación de reformas fiscales significativas.

Ante esta oscura perspectiva, el hecho más preocupante es la falta de previsión que aque-ja a la mayoría de los gobiernos en la región. En cierta forma, la posición de estos se reduce a cerrar los ojos y esperar a que el futuro traiga lo mejor. Frente a esta postura de negación, es necesario dejar en claro que la toma de medidas para afrontar los desafíos impuestos por el modelo de desarrollo de China debe realizarse antes de que los efectos mencionados en este artículo empiecen a golpear a la región. Medidas tales como la aceleración de la integración regional, el abandono de un modelo económico extractivista y la realización de auditorías de la deuda son algunos de los elementos que se pueden tener en cuenta en este sentido.

6 Ver, World Bank (2010) “Natural Resources in Latin America and the Caribbean: Beyond Booms and Busts?”, disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1284336216058/FlagshipReport.pdf

7 Datos para Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Base datos en línea de CEPAL.


Nuestra América

Es necesario dejar en claro que la

toma de medidas para afrontar los

desafíos impuestos por el modelo de

desarrollo de China debe realizarse

antes de que sus efectos empiecen a

golpear a la región. Medidas tales como

la aceleración de la integración

regional, el abandono de un

modelo económico extractivista y la

realización de auditorías de la

deuda son algunos de los elementos

que se pueden tener en cuenta en este sentido.

Activistas de Hong-Kong manifestando contra la Organización Mundial del Comercio en el año 2005.


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Alienados de todo el mundo, uníos

Marcello Musto*

Profesor de Teoría Política York University, TorontoTraducción: Carlos Soriano

La alienación ha sido una de las teorías más debatidas del siglo XX. La primera exposición filosófica del concepto tuvo lugar ya

en 1807 por parte de Georg W. F. Hegel. En su Fenomenología del espí-ritu constituye la categoría central del mundo moderno y usó el término para representar el fenómeno por el que el espíritu se objetiva. Con todo, en la segunda mitad del siglo XIX, la alienación desapareció de la reflexión filosófica y ninguno de los grandes pensadores le prestó atención.

El redescubrimiento de esta teoría tiene lugar en 1932 con la publica-ción de los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, un texto inédito de la producción juvenil de Karl Marx, en el que, mediante la categoría del «trabajo alienado», traslada la problemática de la esfera filosófica a la económica. La alienación fue así descrita como el fenómeno por el que el producto del trabajo se manifiesta «como un ente extraño, como una potencia independiente del productor». Contrariamente a Hegel, quien la había representado como una manifestación ontológica del trabajo, que coincidía con la objetivación en cuanto tal, Marx concibió este fenómeno como la característica de una determinada época de la producción: la capitalista.

* Editor de los volúmenes: Tras las huellas de un Fantasma. Siglo XXI, México: 2011; Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years After. Routledge, London and New York: 2008, y Marx for Today. Routledge, London and New York: 2012. (www.marcellomusto.com)



“Un mundo mejor es posible”

Las concepciones no marxistasSin embargo, todavía tuvo que pasar mucho

tiempo antes de que una concepción histórica, no ontológica, de la alienación se consolidara. De hecho, la mayor parte de autores que trataron esta problemá-tica en las primeras décadas del siglo XX, lo hicieron considerándola un aspecto universal de la existencia humana. En Ser y tiempo, por ejemplo, Martin Hei-degger la consideró una dimensión fundamental de la historia, la tendencia del ser-ahí (Dasein) a perderse en la inautenticidad y el conformismo del mundo que lo circunda. Herbert Marcuse también identificó la alienación con la objetivación en general y no con su manifestación en las relaciones de producción capita-listas. A su juicio, existía una «negación originaria en el acto del trabajo» que pertenecía a la «esencia misma de la existencia humana». De este modo, la crítica de la alienación devino una crítica de la tecnología y del trabajo en general. Su superación se consideró posible sólo mediante la afirmación de la libido y el juego en las relaciones sociales, únicos momentos en que el hombre alcanzaba la libertad que le era negada durante la actividad productiva.

En la segunda mitad del siglo XX el concepto de alienación también llegó al psicoanálisis. Los que la abordaron partían de la teoría de Freud, para quien, en la sociedad burguesa, el hombre se enfrenta a la decisión de elegir entre naturaleza y cultura y, para poder disfrutar de la seguridad garantizada por la civilización, debe necesariamente renunciar a las propias pulsiones. Los psicólogos asociaron la alienación con las psicosis que se manifiestan, en algunos individuos, precisamente a causa de esta elección conflictiva. Por consiguiente, la vastedad de la problemática de la alienación quedó reducida a un mero fenómeno subjetivo.

Tras las principales elaboraciones no marxistas de la alienación, hubo también la de los existencia-listas franceses. Después de la segunda postguerra, esta problemática fue incorporada por ellos como

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referencia recurrente tanto en filosofía como en narrativa. De este modo, la alienación adquirió un perfil muy genérico, identificada con una in-distinta desazón del hombre en la sociedad, con una separación entre la personalidad humana y el mundo de la experiencia y, por tanto, como una condition humaine no suprimible.

El irresistible encanto de la teoría de la alienaciónA partir de los años sesenta irrumpió una auténtica moda por la teo-

ría de la alienación, y en todo el mundo aparecieron centenares de libros sobre el tema. Fueron los tiempos de la alienación tout-court: el período en que numerosos autores, distintos entre sí por su formación política y disciplinas, atribuyeron las causas de este fenómeno a la mercantili-zación, a la excesiva especialización del trabajo, a la burocratización, al conformismo, al consumismo, a la pérdida del sentido propio, que se manifestaba en la relación con las nuevas tecnologías, e, incluso, al ais-lamiento del individuo, a la apatía, a la marginación social y étnica, o a la contaminación ambiental. Sin embargo, la popularidad del concepto y su uso indiscriminado crearon una profunda ambigüe-dad terminológica. En pocos años, la alienación se transformó en una fórmula vacía que abarca-ba todas las manifestaciones de la infelicidad humana, y su des-atinado uso generó la convicción de la existencia de un fenómeno igualmente inmodificable.

Con el libro de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, uno de los manifiestos de la generación del 68, la teoría de la alienación llegó a la crítica de la produc-ción inmaterial. Retomando algunas tesis avanzadas por Max Horkheimer y Theodor Adorno en Dialéctica del iluminismo, según las cuales en la sociedad contemporánea la diversión



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también había sido subsumida en la esfera de la producción de consenso por el orden social existente, Debord afirmó que cuan-do el capitalismo está más desarrollado el obrero es «aparentemente tratado como una verdadera persona, con cortesía premurosa, porque la economía política puede y debe dominar los pasatiempos y la humanidad del trabajador». Esta reflexión lo llevó a colocar en el centro de su análisis al mundo del espectáculo: «en la sociedad actual el espectáculo corresponde a una fabricación concreta de la alienación». De este modo, para el teórico francés la alienación se afir-maba hasta el extremo de constituir una ex-periencia entusiasta para los individuos que, guiados por este nuevo opio del pueblo al consumo y a «reconocerse en las imágenes dominantes», se alejaban aún más de sus propios deseos y existencias reales.

Jean Baudrillard también utilizó el concepto de alienación para interpretar las mutaciones sociales ocurridas con la llegada del capitalismo maduro. En La sociedad de consumo, de 1970, señaló el consumo como factor determinante de la sociedad moderna. Según Baudrillard, «la era del consumo», en que la publicidad y los sondeos crean necesidades ficticias, se había transformado también en «la era de la alienación radical: la lógica de la mercancía se ha generalizado, y hoy no sólo regula los procesos de trabajo y de producción material, sino también toda la cultura, la sexualidad y las relaciones humanas. Todo se torna espectáculo, es decir, evocación, provocación, orquestación en imágenes, símbolos y modelos consumibles».

En los años cincuenta el concepto de alienación había entrado también en el


“Un futuro nuclear es un sucio futuro”.

vocabulario sociológico nor-teamericano. Sin embargo, el tema se afrontó desde una óptica completamente distinta a la pre-valeciente en Europa. La sociolo-gía convencional volvió a tratar la alienación como problemática inherente al ser humano indivi-dual y no a las relaciones sociales, y la búsqueda de soluciones para su superación se dirigió hacia la capacidad de adaptación de los individuos al orden existente en lugar de hacerlo hacia las prácticas colectivas encaminadas a cambiar la sociedad. Esta aproximación acabó por marginar, e incluso excluir, el análisis de los factores histórico-sociales que determinan la alienación, produciendo una suerte de hiper-psicologización del análisis del concepto, que también fue asumida por la sociología, ade-más de la psicología, no como una cuestión social, sino como una patología individual cuya curación era una cuestión individual.

El profundo cambio en el concepto de alienación que se había manifestado en las ciencias sociales fue encauzado por la publicación de nuevos textos marxianos inédi-tos, en especial los Grundrisse, los manuscritos pre-paratorios de El Capital, y por las célebres páginas sobre el «fetichismo de las mercancías» contenidas en el primer volumen de la obra magna de Marx. La comprensión de la alienación volvió a dirigirse hacia su superación práctica, es decir, la acción política de los movimientos sociales, partidos y sindicatos, en-caminada a cambiar radicalmente las condiciones de trabajo y de vida del proletariado. Con la difusión de



estos textos, la teoría de la alienación trascendió las aulas universitarias y los documentos filosóficos para irrumpir en las calles y convertirse en crítica social mediante las luchas obreras.

En los tiempos del neoliberalismoLa victoria del neoliberalismo ha trastornado

completamente este escenario. En los últimos 20 años se han sucedido significativos cambios políticos y económicos que han visto aumentar dramáticamente la brecha entre la acumulación de riqueza de una élite cada vez más reducida y la creciente marginalidad y pauperización de las clases trabajadoras.

Después de haber sido protagonista indiscutible del siglo XX, el mundo del trabajo ha pasado a ser un actor mudo del debate político y cultural con-temporáneo, en parte debido a la mayor dificultad que encuentran las fuerzas sindicales en representar y organizar nuevas generaciones y trabajadores emigrantes, en un contexto en que las relaciones laborales han sido forzadas a formas cada vez más precarias, flexibles y privadas de derechos. Contem-poráneamente, los movimientos globales de protesta se han significado hasta ahora por una reivindicación genérica de mayor igualdad social, a la que a me-nudo le ha faltado una reflexión adecuada sobre la centralidad del trabajo, sus nuevas problemáticas y transformaciones radicales.

En una era en que la producción, a pesar de las tesis que a finales del siglo pasado anunciaron con gran clamor el «fin del trabajo», asume nuevamente los estándares de explotación e injusticia social del siglo XIX (acontecimientos como el de las fábricas chinas de la multinacional Foxconn actualmente son moneda corriente en todo el mundo) es de esperar que la crítica de la alienación retorne entre las ban-deras y las reivindicaciones del nuevo movimiento obrero. En definitiva, el río todavía lleva agua.

Después de haber sido protagonista indiscutible del siglo XX, el mundo del trabajo ha pasado a ser un actor mudo del debate político y cultural contemporáneo, en parte debido a la mayor dificultad que encuentran las fuerzas sindicales en representar y organizar nuevas generaciones y trabajadores emigrantes, en un contexto en que las relaciones laborales han sido forzadas a formas cada vez más precarias, flexibles y privadas de derechos.


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Las tres velocidades de la crisis y su bifurcación

Oscar Ugarteche

Economista peruano Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México Miembro del SNI/Conacyt Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) Presidente de ALAI

Ariel Noyola Rodríguez

Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM

Para la segunda mitad de 2012 el ritmo de la economía mun-dial mostraba dos velocidades: de un lado, Estados Unidos y

Europa con crecimiento económico cercano a cero debatiéndose entre el ‘precipicio fiscal’ y el ‘riesgo soberano’; de otro lado, las economías emer-gentes, con tasas de crecimiento positivas –en vías de desaceleración‒, si bien con riesgos crecientes efecto de la apreciación cambiaria ligada al flujo de capitales de corto plazo ya la disminución de la actividad económica de los países avanzados.

Sin embargo, de acuerdo con el informe del Fondo Monetario In-ternacional (FMI), Perspectivas1de abril de 2013, la crisis se regionaliza y pasa de dos, a tres velocidades: 1) recesión en Europa, 2) repunte con

1 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook. Fecha de publicación: Abril (2013).


Capitalismo en Crisis

volatilidad en las economías emergentes y 3) débil recuperación en Estados Unidos.

La ‘fatiga del ajuste’ se ha puesto de manifiesto en Europa con crisis política (Italia), incertidumbre financiera (Chipre se suma a la ecuación), tasas de paro en niveles históricos y depresión del mercado intrarregional. La actividad económica se contraerá 0.25% ‒incluyendo Alemania‒ en lugar de expandir-se 0.25% como había registrado el Fondo en octubre de 2012. El propio José Manuel Durão Barroso, pre-sidente de la Comisión Europea, reconoce que la aus-teridad ‘alcanzó su límite’ en línea con el descrédito de trabajos ‘científicos’, como Crecimiento en tiempos del endeudamiento de Reinhart y Rogoff, en los que el endeudamiento público es concebido como el peor de los males posibles.

Estados Unidos, por su parte, pareciera ‘des-pegarse’ de la tendencia seguida por Europa: datos favorables en el mercado de trabajo colocan la tasa de desempleo por debajo de 8%, recuperación del crédito bancario, repunte del mercado inmobiliario y mayor solidez de los balances ‘fortalecen’ la recu-peración. No obstante, el FMI niega obtusamente la gestación de burbujas financieras en Wall Street –cuyos principales índices, Nasdaq, Dow Jones y S&P han alcanzado sus niveles previos a la crisis sin recuperación en el consumo ni el empleo–, si bien reconoce ‘señales de ingeniería financiera’ inusuales en los últimos meses mediante la recompra de accio-nes con fondos captados por la vía de la emisión de títulos de deuda. En contraposición, el Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial2 resalta que los ejercicios de flexibilización cuantitativa emprendidos por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón aumentan la

2 Fondo Monetario Internacional. Global Financial Stability Report. Old risks, new challenges. Fecha de publicación: Abril (2013).


avidez de los inversionistas por activos financieros más riesgosos e incrementan el riesgo de liquidez en las economías emergentes.

Para Asia se prevé un repunte del crecimiento de 5.7% para 2013, producto de un mayor dinamismo en la demanda interna y alguna recuperación de la demanda externa en tanto el reciente reajuste cambiario del yen frente al resto de las monedas de la región podría desatar una guerra de divisas. La política monetaria nipona se encuentra en dilema: de un lado, continuar con la inyección de liquidez para generar inflación en un contexto deflacionario; de otro, el riesgo de cesación de pago de la deuda cuando la tasa de interés suba por efecto del aumento de la inflación en el marco de una deuda total de 245% del PIB que absorbe el 40% del presupuesto nacional3.

En cuanto a América Latina (AL), si bien las perspectivas de crecimiento económico aumentan para 2013 a 3.25%, de 3% en 2012, la vulnerabilidad frente a los flujos de ca-pitales transfronterizos permanece intacta. De ahí que Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, considere necesario el fortalecimiento de la integración financiera regional por dos vías4: 1) implementando mecanismos de financiamiento contracíclicos de apoyo a la balanza de pagos y 2) aumentando la canalización de recursos para el financiamiento del desarrollo productivo.

El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) incluye únicamente a siete –Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela– de las treinta y tres econo-mías de la región. El reto está en ampliar este Fondo en términos tanto de volumen como de membresía. Bárcena considera que el FLAR debería sumar 15.000 millones de dólares

3 LEAP/E2020. “Crisis sistémica global. Es declarada la guerra entre el ámbito económico-político y el finan-ciero bancario”, en GEAB No. 74. Fecha de publicación: 16-04-2013

4 Alicia Bárcena. “América Latina necesita integración financiera regional frente a la volatilidad”, en Infola-tam. Fecha de publicación: 25-04-2013.


Capitalismo en Crisis

(mdd), actualmente es de 2.344 mdd. Nuestra apreciación es que el FLAR debería de poder contener estampidas cambiarias simultáneas de la región, exceptuando a Brasil y México, y que esto requiere entre 50.000 y 100.000 mdd que podrían ser financiados mediante un ITF a los flujos de capital de corto plazo que actualmente suman 900.000 mdd anuales, según el FMI. De acuerdo con Ocampo5, con contribuciones de Brasil equivalentes al doble de los países con mayores aportes en la actualidad, el Fondo Regional alcanzaría una capa-cidad de crédito de 21.000 mdd, suficientes para cubrir 82% de las deudas de corto plazo. No obstante, subestima las deudas de corto plazo porque no toma en cuenta los flujos de las bolsas de valores en los países donde se emite deuda en moneda nacional comprada por extranjeros. La base de datos del FMI muestra esto claramente. Lo más significativo es el flujo de capital chileno en la bolsa de Sao Paulo y los flujos de paraísos fiscales en Sao Paulo, Lima, Bogotá y Caracas.

En suma, la leve recuperación estadounidense podría tener un impacto sobre las ta-sas de interés de ellos con los efectos laterales sobre los flujos de capital de corto plazo, que para algunos podría ser tan pronto como mediados del año en curso (LEAP/E2020, ídem), mientras Europa se entierra en una depresión económica y Japón intenta inyectarle inflación a su deflación para recuperar crecimiento del consumo y las exportaciones con un mejor tipo de cambio. Para AL los caminos a seguir se bifurcan: 1) fortalecer el proceso de integración financiera regional para reducir el posible impacto de la crisis y aumentar el mercado intrarregional de la mano de un proceso de desarrollo productivo incluyente, o bien 2) permanecer en la inercia esperando que el huracán pase de largo. La moneda está en el aire y, mientras, la crisis sigue su curso.

5 José Antonio Ocampo. “La arquitectura financiera mundial y regional a la luz de la crisis”. Comisión Econó-mica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Serie Macroeconomía del Desarrollo No. 131. Fecha de publica-ción: Marzo (2013).


Más allá del Foro sobre participación política

Jaime Caycedo Turriago

El Foro sobre participación política, organizado por el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y el PNUD por

acuerdo de la Mesa de diálogo que sesiona en La Habana, reafirmó las tendencias ya insinuadas en el primer Foro sobre desarrollo rural: una importante participación de sectores sociales, académicos y políticos influidos por la izquierda y un relativo desinterés de los sectores más afines al establecimiento.

Debe destacarse la asistencia significativa de las fuerzas políticas, con o sin presencia parlamentaria, de los movimientos sociales y políticos y agrupamientos etnosociales. Los partidos liberal y conservador, el partido de la U, Cambio radical, los verdes, integrantes de la coalición de gobierno Unidad nacional, hicieron presencia en notable contraste con el llamado Centro democrático uribista que, como en el caso de Fedegan para el Foro agrario, se negó a participar en el evento. En evi-dente mayoría las colectividades políticas reconocieron la necesidad de reformas para ampliar los espacios políticos. Partidos minoritarios en el juego parlamentario expresaron sus temores por el umbral del 3%, a regir desde 2014, que amenaza su existencia.

Un hecho notorio es el reconocimiento hacia la Unión Patriótica como símbolo del genocidio anticomunista convertido en conducta de Estado, en contraposición a los intentos de solución política puestos en marcha desde la penúltima década del siglo XX. Fue coincidente en las fuerzas de la izquierda la urgencia de una profunda reforma política como un conjunto de medidas que no tienen que esperar la suscripción de un acuerdo de paz. La antidemocracia en Colombia se expresa en las continuas medidas que tienden a limitar o excluir la participación de franjas crecientes de la opinión popular.

Asimismo, fueron duramente cuestionados el sistema electoral, ama-ñado y corrupto; las constricciones que inhiben la movilidad de los rea-grupamientos de partidos; la inexistencia de un estatuto de la oposición; el monopolio de los medios de comunicación, cada día más dependientes del

Edito

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Editorial

gran capital financiero. De hecho los grandes medios, como El Tiempo, El Espectador, RCN y Caracol, brillaron por su ausencia en el panel correspondiente.

Propuestas importantes apuntaron a la participación popular en la construcción de la política económica y social. La Asociación de zonas de reserva campesinas, Anzorc, sugi-rió su participación en el Conpes, estratégico organismo de Estado bajo el monopolio de la tecnocracia y los gremios capitalistas. Fue cuestionada la llamada “independencia” del Banco de la República, consagrada por la Constitución vigente, la que resulta funcional a la imposición del modelo económico neoliberal que agencian el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En torno al punto 3 de la secuencia del temario sobre participación política que reclama “medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable…” ha ganado audiencia más amplia la idea de una Asamblea nacional constituyente. Fue insistente la opinión de lograr cambios de fondo, vinculados a la relación de la paz con la justicia social y la democratización del país. La creación de una rama del poder popular, planteada por Marcha Patriótica, es sin duda un eco de los procesos renovadores que emergen en América Latina.

Un conjunto de organizaciones sociales y políticas participantes en el Foro suscribieron un llamamiento a “fortalecer la unidad para construir una paz con justicia social”. Entre sus iniciativas “…urge de las partes que están sentadas en la Mesa de diálogo un desescalamiento de la confrontación armada que contemple en lo inmediato un cese bilateral de fuego; a la vez, una tregua legislativa y judicial para la paz que contribuya a crear un ambiente favorable a los cambios que son necesarios.”

Este ambiente unitario, que expresa la ampliación del círculo de fuerzas comprometidas con la solución política y el rechazo a la solución militar, debe avanzar mucho más, espe-cialmente en la necesidad de elaborar teórica y políticamente nuevas ideas para la democra-tización de la sociedad y el ejercicio de la política por crecientes destacamentos del pueblo colombiano, sin cuya intervención directa y definitoria no es concebible la paz democrática, estable y duradera.

Elevar el nivel del debate estratégico es un requisito para el fortalecimiento de la izquierda unitaria, para su reagrupamiento consecuente y su identidad programática en una perspectiva de cambios y de movilizaciones sociales y políticas que acompañen la lucha por la paz.

Todos los números de la publicación se pueden consultar en w w w.espaciocr i t ico.com

DATOS IMÁGENES Las imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto.

*Bandera:http://lukor.com/blogs/elagoradelcastillo

*Página actual:http://www.elpais.com/recorte/20110518elpepunac_55/LCO340/Ies/indignados_protestan_Barcelona.jpg


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Nº 33 Mayo / 2013 Bogotá, ColoMBia issN- 2215-8332

Revista Izquierda No 33

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