Revista Izquierda No. 52

Conflicto y solucin poltica Cese al fuego bilateral y caminos para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Los presos polticos en Colombia Rgimen poltico y discurso Lucha de clases y crisis de dominacin en Colombia Capitalismo en crisis La recesin econmica toca las puertas de Amrica Latina Izquierda en debate Grecia: Los dilemas de Syriza y las perspectivas de una estrategia alternativa Nuestra Amrica El momento destituyente.Estados Unidos contra Amrica Latina El cambio poltico en la agenda regional Editorial Don Eduardo Galeano de nosotros los nadies

N 52 Abril / 2015 bogot, ColombiA issN- 2215-8332

Jairo Estrada lvarez DirectorJess Gualdrn Sandoval Jefe de redaccin

lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel, Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin

Espacio Crtico EdicionesPublicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332N 52, Abril de 2015. Bogot, Colombia

Todo el contenido de esta publicacin puede

reproducirse libremente, conservando sus crditos.

Conflicto y solucin poltica

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Cese al fuego bilateral y caminos para la convocatoria a una Asamblea Nacional ConstituyenteCarolina Jimnez M.

10 Los presos polticos en ColombiaLuis Carlos Domnguez Prada

Rgimen poltico y discurso

16Lucha de clases y crisis de dominacin en ColombiaJos Honorio Martnez

Capitalismo en Crisis

22La recesin econmica toca las puertas de Amrica LatinaDaniel Libreros C.

Izquierda en debate

28

Grecia: Los dilemas de Syriza y las perspectivas de una estrategia alternativaAaron Tauss

Nuestra Amrica

34El momento destituyente:Estados Unidos contra Amrica LatinaRal Zibechi

40 El cambio poltico en la agenda regionalJulio C. Gambina

Editorial

46Don Eduardo Galeano de nosotros los nadiesIlka Oliva Corado

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Cese al fuego bilateral y caminos para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente

Carolina Jimnez M.

Profesora Universidad Nacional de Colombia

La movilizacin social que se vivi el pasado 9 de abril es la expresin de un nuevo momento constituyente que se empieza a desatar en Colombia. El encuentro intertnico, territorial y, especial-mente, etario visibilizado ste ltimo en el lanzamiento de un gran movimiento juvenil: Juventud Rebelde denota la esperanza del movi-miento social y popular por avanzar en la construccin de una sociedad que garantice una buena vida, una vida justa y digna para todas y todos los colombianos. De ah la importancia de las dos consignas que acom-paaron la movilizacin: Cese bilateral al fuego y convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Cese Bilateral al Fuego para la construccin de la paz territorial

Diversas expresiones del movimiento social y popular han venido in-sistiendo en la importancia que tiene para avanzar en la territorializacin de la paz la declaratoria de un cese al fuego bilateral. ste es considerado como un mecanismo fundamental tanto para darle legitimidad y soste-nibilidad a la Mesa de Conversaciones en La Habana, como para abrir caminos para que las poblaciones rurales afectadas por el conflicto pue-dan vivir y caminar por sus territorios sin la incertidumbre de resultar vctimas de las acciones armadas.

En efecto, el cese de la confrontacin abre posibilidades para generar unos contextos de vida ms favorables a las poblaciones rurales ubicadas

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en zonas de conflicto. Al respecto, es bastante ilustra-tivo el mejoramiento reciente de algunas condiciones socioterritoriales de las comunidades rurales, deriva-das del cumplimiento del cese al fuego unilateral de-clarado por las FARC-EP el pasado 17 de diciembre.

El informe de la Defensora del Pueblo (21 de marzo) as lo demuestra. De acuerdo con el moni-toreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de esta entidad, las FARC-EP han cumplido con el cese al fuego, situacin que ha representado que durante estos meses no se han reportado accio-nes blicas, hostilidades o ataques armados que pue-dan considerarse violatorios de dicho anuncio. De la misma forma, entre el 20 de febrero y el 19 de marzo de 2015, no se ha conocido de ataques armados con efectos indiscriminados, ni atentados con artefactos explosivos contra la infraestructura vial, energtica y petrolera que puedan considerarse como un incum-plimiento a lo anunciado por las Farc1.

De igual forma, el Frente Amplio por la paz ha destacado el balance positivo generado por esta decisin unilateral de las FARC-EP, el cual ha significado grandes beneficios para las comunidades que habitan en las regiones donde ms fuertemente se ha desarrollado el conflicto armado; representando especialmente en aumento de la capacidad de movi-lizacin, seguridad y condiciones para un mejor de-sarrollo econmico2, producto de la disminucin en el nmero de muertos, heridos y de familias vctimas del desplazamiento forzado.

1 http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/3380/Durante-el-tercer-mes-de-tregua-la-Defensor%C3%ADa-no-registr-hostilidades-o-ataques-armados-de-las-Farc-tregua-unilateral-proceso-de-paz-FARC-conflicto-armado-Grupos-armados-ilegales-Derechos-Humanos-Derecho-Internacional-Humanitario.htm

2 Frente Amplio por la Paz, Segundo informe de veedura al cese unilateral al fuego declarado por las FARC-EP. Febrero 25 de 2015. Consultar en: http://www.unionpatrioticaco-lombia.com//descargas/SEGUNDO-INFORME.pdf .

https://twitter.com/peccunidos

N 52, Abril de 2015 Bogot, Colombia Contenido

El cese ha sido muy fructfero, empezando este ao y el pasado, ya era hora, los campesinos, estamos cansados de tanta muerte, de tanta guerra, estamos sin tierras y en vez de apoyarnos a nosotros que producimos la comida, vivimos las consecuencias del conflicto, esperamos que esta tranquilidad que estamos viviendo realmente dure. (Campesino del Sindicato de Trabajadores Agrarios del Tolima - In-forme del Frente amplio por la paz)

Es claro, que aunque el compromiso de las FARC-EP abre un camino importante para el deses-calamiento del conflicto, ste es insuficiente para su resolucin. De ah la importancia de que el gobierno de Juan Manuel Santos acepte de manera urgente avanzar en un cese al fuego de carcter bilateral y no siga postergndolo en concordancia con los reque-rimientos de los sectores reaccionarios de las clases dominantes de este pas.

Y aunque es claro que tanto desde la Mesa como desde el Gobierno se han desarrollado algunas inicia-tivas importantes para el desescalamiento entre las que se destacan el Acuerdo sobre desminado dado a conocer en un comunicado conjunto de la Mesa de Conversaciones el pasado 7 de marzo de 20153 y la decisin de Juan Manuel Santos de suspender por un mes los bombardeos4 areos por parte del Estado a

3 El acuerdo pone de presente que los dos actores senta-dos en la mesa son responsables por las afectaciones generadas a las vidas humanas producto de la explosin de artefactos. Esto es, no se tratara exclusivamente de la presencia de Minas Anti Personales y Artefactos Explosi-vos Improvisados asociadas con la accin de la insurgencia; sino tambin de Municiones sin explotar y Restos de Ex-plosivos de Guerra de propiedad de las Fuerzas Militares del Estado colombiano. Se avanza de esta manera en un debate en el cual se ha tendido a responsabilizar unilateral-mente a las FARC-EP.

4 Juan Manuel Santo declar el 10 de Abril que Las infor-maciones que me han suministrado el ministro de Defen-sa y los altos mandos militares indican que durante este mes las Farc han mantenido y han respetado el cese del fuego unilateral. Por este motivo he decidido prorrogar por

Lo que vimos el pasado 9 de abril fue un escenario

alentador, ya que denota la fuerza poltica

que acompaa el movimiento de las mltiples vctimas

que ha dejado la configuracin de un rgimen

poltico y un sistema econmico

profundamente violento y

excluyente. En este sentido, no se trat

exclusivamente de la voz de

las vctimas del conflicto armado.

Se escucharon las voces de las vctimas

de un modelo de desarrollo

neoliberal, criminal y mafioso, que

ha puesto en cuestin la

reproduccin de la vida de la sociedad

colombiana.



zonas claves de las Farc, stas son insuficientes para frenar los efectos dramticos que deja la confronta-cin armada en los territorios.

Para sectores crticos comprometidos con los di-logos, estos gestos expresan la fortaleza de las nego-ciaciones y se constituye en un buen mensaje para el proceso. Sin embargo, tal como lo han manifestado diversas organizaciones sociales Para desescalar el conflicto no se trata solo del desminado, sino tam-bin de los operativos de guerra arrasada, los bom-bardeos indiscriminados en las regiones agrarias, la persecucin a los opositores y a los luchadores sociales y de ponerle fin a toda manifestacin de represin a las luchas populares5.

Por tal razn, renunciar a los caminos de la paz que abre el cese bilateral de fuego, resulta desacertado por parte de un Gobierno que garantiz su reeleccin bajo el discurso convocante de la paz. Ciertamente, el cese de confrontaciones genera unas condiciones territoriales mucho ms favorables y humanas para las comunidades all presentes.

As las cosas, lograr un cese bilateral al fuego es una garanta de sostenibilidad del proceso de La Habana: una decisin importante para fortalecer los escenarios que conduzcan a la refrendacin de lo all acordado. Y puede abrir caminos para la pronta ins-talacin de una mesa de conversaciones con el ELN.

Nuevo momento ConstituyenteLa marcha en Bogot que convoc aproxima-

damente 300 mil personas provenientes de diversos territorios del pas, especialmente de aquellos mu-nicipios rurales ms afectados por la confrontacin armada, devela un momento poltico fundamental

un mes y lo ir haciendo hacia el futuro la suspensin de los bombardeos http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/santos-extiende-por-un-mes-mas-suspension-de-bombardeos-a-las-farc/20150409/nota/2710303.aspx

5 Semanario Voz, Bilateralidad, seores, bilateralidad (6 de febrero de 2015).

Peridico El Turbin |https://www.flickr.com/photos/62376953@N05


por el que atraviesa el pas para avanzar hacia la construccin de un nuevo pacto social.

En este sentido, aunque la negociacin entre las insurgencias y el Estado es central para alcanzar cambios que son fundamentales en la construccin de una paz estable y duradera, sta no es en s misma la paz deseada. Lo acordado en La Habana, y lo que pueda alcanzarse de una eventual negociacin con el ELN, claramente abrir escenarios de posibilidad para transitar en rutas ms favorables al movimiento popular y permitir la materializacin de algunos puntos sensibles de su lucha social.

Sin embargo, otros ejes de la disputa que son centrales para la cons-truccin de una democracia ampliada desde la perspectiva popular deben resolverse en la confrontacin y la movilizacin social, en un escenario poltico mucho ms favorable, en tanto las fuerzas armadas del Estado ya no tendrn el pretexto para perseguir y criminalizar la oposicin poltica arguyendo sus vnculos con los grupos armados.

Ahora bien, la posibilidad de que se materialice lo acordado en La Habana depende de la fortaleza del movimiento social. De no ser as, las clases dominantes pueden capitalizar la negociacin para continuar en una senda ms favorable la ocupacin de los territorios, en consonancia con el patrn de acumulacin exportador que hoy orienta el modelo econmico colombiano.

As las cosas, lo que vimos el pasado 9 de abril fue un escenario alentador, ya que denota la fuerza poltica que acompaa el movimiento de las mltiples vctimas que ha dejado la configuracin de un rgimen

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Prensa Rural



poltico y un sistema econmico profundamente violento y excluyente. En este sentido, no se trat exclusivamente de la voz de las vctimas del conflicto armado. Se escucharon las voces de las vctimas de un modelo de desarrollo neoliberal, criminal y mafioso, que ha puesto en cuestin la reproduccin de la vida de la sociedad colombiana.

En este sentido, compartimos lo plateado recientemente por uno de los miembros de la Comisin Histrica del conflicto, el profesor Ser-gio De Zubira, En el horizonte se sita con fuerza la urgencia de un proceso constituyente, la voluntad poltica de cambios estructurales y la conviccin tica que la mayor impunidad es dejar intactas las causas fundamentales de nuestro conflicto. Es la hora de desatar desde el cam-po popular un proceso constituyente.

Recordemos, parafraseando las agendas de los movimientos socia-les, que la paz territorial involucra una diversidad de elementos que las organizaciones sociales populares han perseguido incansablemente a travs de sus luchas y la construccin de sus propuestas. sta pasa por la posibilidad de organizar democrticamente y gestionar colectivamente sus territorios. Tambin por construir un modelo de organizacin de la vida que no se soporte en la explotacin de los hombres, las mujeres y la naturaleza. Por la posibilidad de tener garantizados unos derechos fundamentales que hagan posible una buena vida. Y por reconocer que un sistema democrtico tiene su fundamento en la participacin poltica del poder popular. De ah la necesidad vital de defender la capacidad poltica del constituyente primario de construir un nuevo pacto social.


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Los presos polticos en Colombia

Luis Carlos Domnguez Prada

Abogado defensor de Derechos Humanos.Magster en anlisis poltico, econmico e internacional.

En Colombia existi una larga tradicin de reconocimiento del delito poltico, con la obvia consecuencia de tratamiento a su actor, el delincuente poltico. El histrico Congreso de Angostura de 1819, es el primer episodio de indulto de que se da cuenta en nuestra vida republicana. Y son innmeras, casi dos centenares, las amnistas y los indultos que se concedieron a lo largo de los siglos XIX y XX como forma de poner fin a las grandes confrontaciones que conmocionaron el inicio de nuestra vida republicana. Fueran estas las guerras civiles fruto de las ambiciones de caudillos regionales o de intereses econmicos que no se sentan representados en el gobierno. Amnistas e indultos que llegaron a cobijar episodios de inenarrable criminalidad como los de la poca lla-mada de La Violencia entre los partidos liberal y conservador, bendecidos primero por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, luego por la junta militar que la derroc y despus por el Frente Nacional. As uno de los argumentos esgrimidos contra la tirana de Rojas por la oligarqua que lo impuso en el poder y despus lo defenestr, era el de haber indultado a los autores de la atroz violencia vivida. Recuerdo esto para significar lo falso del debate que en este ao de 2015pretende posicionar la derecha colombiana como eje central de las negociaciones de paz de La Habana: la imposibilidad de indultar los crmenes de las Farc.

Lo anterior slo como una referencia para mirar el estado del arte hoy en la materia. Y ste no es otro que el de la dramtica involucin del concepto de delito poltico desde nuestros ms antiguos cdigos, en los



que se lo consideraba un accionar inspirado en motivos altruistas, diferente del egosta que inspiraba el actuar del delincuente comn. Por ello, era tratado el Rebelde en forma benigna en cuanto al monto de la pena. Hoy, a partir de las ominosas ltimas dcadas del siglo XX y primera del XXI, los Estatutos de Seguridad, de Defensa de la Justicia, de Defensa de la Democra-cia, Antiterrorista y de Seguridad Ciudadana de todos los Turbay Ayala que desde entonces han sido que lo son todos desnaturalizaron la figura del deli-to y del delincuente poltico, al punto de a despecho de su consagracin normativa desaparecerlo de esos mismos cdigos como de la realidad judicial.

Pas as la poca en que las grandes convulsiones polticas y militares del siglo XIX terminaban cuan-do el gobierno atacado le reconoca al adversario la entidad poltica de Rebelde, parlamentaba con l a veces personalmente y rubricaba con Tratados el fin del levantamiento. No era extrao que ese contradic-tor ingresara a la vida poltica institucional ya como gobernante regional, incluso como diplomtico del Gobierno que combata, ya como parlamentario para ejercer la defensa de su ideario alternativo. Era po-demos decir el esplendor del reconocimiento del de-lito poltico an por parte de gobiernos reaccionarios y sectarios, as como del concepto de beligerancia, de tanta trascendencia en el Derecho Internacional, especialmente en el Humanitario, que permita que las guerras libradas, crueles en todo caso y a veces degradadas, terminaran por las vas de la negociacin y la suscripcin de acuerdos de paz con las correspon-dientes amnistas e indultos.

Y si vamos ms atrs en la historia, en la guerra ms fiera que pueda librar un pueblo, la de liberacin contra el extranjero que lo subyuga, recordemos a Si-mn Bolvar firmando dos Tratados, el de Armisticio y el de Regularizacin de la Guerra el 27 de noviembre de 1820, en Santa Ana de Trujillo (Venezuela), nada menos que con el sanguinario Pablo Morillo. All, los dos acrrimos enemigos se abrazaron. Doscientos

https://www.ictj.org/es/multimedia/photo/en-el-dia-de-las-victimas-colombia-marcha-por-la-paz



aos despus, paradjicamente, esta posibilidad con el connacional alzado en armas, a despecho de cualquier consideracin normativa o discurso oficial, es conside-rada por buena parte del Estado y del establecimiento como una concesin inadmisible al terrorismo. No siempre la historia transcurre hacia adelante!

La mezquindad de la clase dominante en Co-lombia para reconocer el anterior estado de cosas, el alzamiento en armas como un delito poltico, la condicin de beligerancia a una guerrilla que por dcadas ha cumplido en exceso las condiciones para ello y la negativa oficial de reconocer el Protocolo Adicional II a los tres Convenios de Ginebra porque eso limita la ferocidad de los militares en el combate se alegaba (!) Protocolo adoptado por el presidente Csar Gaviria a instancias de la presin internacional pero sin absolutamente ningn efecto en la realidad, como se acredit con la simultnea implementacin del terrorismo de Estado: su estrategia paramilitar, esa mezquindad, repetimos, no ha permitido de una parte la humanizacin de un conflicto degradado primero desde el accionar estatal, ni de otra, el reco-nocimiento como tal del insurgente capturado con las consecuentes garantas que le otorga el derecho internacional. Como tampoco lo ms importante ha permitido el inicio de un proceso de paz con los alzados. Cosa imposible mientras no se le reconociera al otro siquiera la entidad de interlocutor. Con la sal-vedad del actual proceso adelantado por el presidente Santos, aunque en forma equvoca, contradictoria y nada generosa, sostenido, se puede afirmar, por la porfa de las FARC.

Los cdigos penales colombianos, decamos, fueron generosos: recogan la evolucin universal de centurias sobre la rebelin como una respetada opcin nacida de un nimo altruista. El cdigo pe-nal de 1936 vigente hasta los aos 80, consultando el espritu de la Constitucin conservadora de 1886 que hablaba del derecho de gentes el ius gentium, con vigencia desde siempre, antes de ser codificado y

El prisionero poltico en

Colombia ha sido desaparecido por el

Estado, le ha sido escamoteada su

naturaleza a golpes de calificativos

infamantes y de tipificaciones

legales criminalizantes,

negndole tanto su accin

impugnadora de un orden

objetivamente y sin discusin

injusto, como la motivacin altruista

que lo inspira.



como fuero nsito del combatiente sin distingo de bandera dio un tratamiento punitivo benigno al rebelde. Recordemos cmo comandantes guerrilleros de la jerarqua de Ricardo Lara Parada, capturado en pleno combate, sali libre despus de ser juzgado y condenado en consejo verbal de guerra eptome de la arbitrariedad, una vez purg la condena de unos pocos aos de prisin. Y resaltamos: por el delito exclusivo de Rebelin. Vinieron despus los gobiernos y Estatutos mencionados a partir de los aos ochenta del siglo pasado

Lo antes dicho conduce a la actual crisis y drama del prisionero poltico en Colombia que es el tema propio de esta reflexin, ya descrito y casi agotado con las precedentes consideraciones. El prisionero poltico en Colombia ha sido desaparecido por el Estado, le ha sido escamoteada su naturaleza a golpes de calificativos infamantes y de tipificaciones legales criminalizantes, negndole tanto su accin impugnadora de un orden objetivamente y sin discusin injusto, como la motivacin altruista que lo inspira. As, ya no existen rebeldes sino terroristas, trmino diseado en los laboratorios de las novsimas guerras de cuarta generacin, adobado con una avalancha dogmtica y normativa de doctrinantes orgnicos al modelo estatal vigente, jurisprudencia funcional al mismo, periodismo pago al servicio del poder, en fin, una categora impuesta por los aparatos ideolgicos de do-minacin para troquelar en la mente del inerme ciudadano la identidad entre las figuras rebelde, terrorista y enemigo de la humanidad.

No hay entonces en el discurso poltico de los estamentos oficiales, oficialistas ni en los privados validos del rgimen, y consecuencialmente tampoco en la prctica judicial, rebel-des en Colombia. Esta calidad que paradjicamente s contempla el Cdigo Penal, qued destinada en la realidad judicial al afortunado retenido en el curso de las movilizaciones

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Departamento del Cauca



a que da lugar la masiva inconformidad social in-dgena, campesina, estudiantil, medioambiental y sindical, hoy penalizada por leyes como la de Seguridad Ciudadana aprobada a instancias del presidente Santos. Y decimos afortunado, porque al marchante a quien no le encuentran simulan encontrarle armas ni evidencia de filiacin a grupo insurgente alguno y por ello se tiene recato en tildarlo de terrorista, se le imputa slo la condicin de Rebel-de. En la inteligencia policial es, en todo, caso de un alzado contra el orden constitucional del Estado, as este alzamiento consista apenas en una movilizacin callejera, la ocupacin de una va, la toma pacfica de una entidad pblica y la natural confrontacin con la fuerza policial que con violencia reprime la legtima expresin de protesta.

Tal entonces la situacin en Colombia en mate-ria de Presos Polticos. Los considerados tales, son inocentes en esa forma encarcelados, al igual que los presos de conciencia miles incriminados por sus ideas polticas, su afiliacin a sindicatos consecuentes en el ejercicio de su razn de ser USO, ANTHOC, FENSUAGRO, SINTRAINAL, SINTRAENER-GTICOS, etc., militantes de partidos de izquierda y lderes de movilizaciones agrarias e indgenas. Ni siquiera el prisionero poltico por excelencia, el de Guerra, el capturado en combate, existe oficialmen-te. El golpe mortal a la figura a instancias del sector ms reaccionario, el militarista, de alguna manera el hegemnico del bloque de poder en Colombia, lo dio la Corte Constitucional cuando mediante sentencia C-456 de 1997 con ponencia de los magistrados Jorge Arango Meja y Eduardo Cifuentes Muoz y honrosos salvamentos de voto de Carlos Gaviria Daz y Alejandro Martnez Caballero, declar la inexe-quibilidad del art. 127 del Decreto 100 de 1980, C-digo penal de entonces, que estableca la conexidad de los delitos cometidos por los alzados en armas con el de delito de Rebelin, por lo cual no podan ser juzgados por aquellos sino por ste. Tal sentencia, al

Ya no existen rebeldes sino

terroristas, trmino diseado en los laboratorios de

las novsimas guerras de cuarta

generacin, adobado con

una avalancha dogmtica y

normativa de doctrinantes

orgnicos al modelo

estatal vigente, jurisprudencia

funcional al mismo, periodismo pago

al servicio del poder, en fin, una

categora impuesta por los aparatos

ideolgicos de dominacin para

troquelar en la mente del inerme

ciudadano la identidad entre las figuras rebelde,

terrorista y enemigo de la

humanidad.



eliminar esa conexidad a instancias del estamento militar que ah fue deliberante como ya desde antes ha venido sindolo, elimin de un tajo el corazn del delito poltico. Por qu? Porque no se puede ser alzado en armas sin portarlas, ni sin usar uniformes privativos, ni matar o herir al contrario en los combates, sin atacar la infraestructura econmica que le da recursos al Estado para la guerra. De ah que la imputacin ltima de rebelde que se le hace al combatiente cae como un blsamo de burla en este caso, ltima atribucin honrosa que suma unos pocos de aos a la pena ya estrambtica que le corresponde por las previas reglamenta-rias sindicaciones de terrorismo, concierto para delinquir y homicidio agravado, entre las ms salientes.

Lo anterior dimana del concepto derecho penal del enemigo, otra re-ciente creacin de los tanques de pensamiento de los centros de poder que velan por la preservacin global del statu quo en el mundo capitalis-ta, consistente en que al enemigo no se le reconocen derechos, en tanto ste no acepta la legitimidad del Estado. Doctrina desde luego adoptada en la prctica judicial colombiana como forma justa de abroquelar el modelo de dominacin frente a quienes lo impugnan.

Medelln | https://www.flickr.com/photos/prensa-rural/


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Lucha de clases y crisis de dominacin en Colombia

Jos Honorio Martnez

Profesor Universidad Nacional de Colombia

Para que coincidan la revolucin de un pueblo y la emancipacin de una clase especial

de la sociedad burguesa, para que una clase valga por toda la sociedad, es necesario, por el

contrario, que todos los defectos de la sociedad se condensen en una clase, que una determinada

clase resuma en s la repulsa general, sea la incorporacin del obstculo general; es necesario, para ello, que una determinada esfera social sea

considerada como el crimen notorio de toda la sociedad, de tal modo que la liberacin de esta

esfera aparezca como la autoliberacin general.Karl Marx



http://www.semana.com/nacion/galeria/la-marcha-por-la-paz-en-imagenes/423485-3

Colombia atraviesa por una crisis de la dominacin de clase, la cual no puede ser ms que el resultado de la crisis del capitalismo, y ms especficamente del capitalismo dependiente1.

Durante los ltimos siete aos, despus de la crisis financiera2 de 2008, el gobierno colombiano se dedi-c a sostener, con usual jerga militarista, que el pas se encontraba blindado ante la crisis, que debido a la obediencia con la que se conduca el modelo neolibe-ral el pas era inmune ante la crisis. Hoy cuando la cada del precio del petrleo agiganta el dficit fiscal en varios billones de pesos, tal afirmacin demuestra toda su falsedad.

En aquel entonces, mientras Estados Unidos y Europa sufran con todo rigor los efectos de la crisis, China prosegua con su colosal marcha desarrollista lo que depar para los pases primario-exportadores un sostenido incremento de sus ingresos gracias al repunte de los precios de los commodities. Los grandes supervits generados por el dinamismo de la produccin china han frenado la gravedad de la crisis capitalista, siendo claves en el financiamiento de los dficits norteamericanos mediante la adquisicin de bonos de deuda e, igualmente, han sido decisivos para apalancar con crditos las economas de los pa-ses latinoamericanos de la rbita progresista. A pesar de que las relaciones comerciales de Colombia con

1 La dependencia supone una relacin de subordinacin en-tre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de produccin de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproduccin ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser por ende sino ms dependencia, y su liquidacin supone necesariamente la supresin de las relaciones de produccin que ella involucra. Ver: Ruy Muro Marini, Dia-lctica de la dependencia, Era, Mxico 1973.

2 La crisis financiera es otra expresin ms de la gran crisis que atraviesa el sistema mundo capitalista desde 1970 de-bido al desarrollo de sus contradicciones. Entre otros, los trabajos de Jorge Beinstein, Michel Husson, Francois Ches-nais, Julio Gambina y David Harvey analizan con relativas discrepancias todo el fenmeno de la crisis capitalista.


China no son muy estrechas, el pas se vio igualmen-te favorecido por el auge de los commodities jalonado por la industrializacin china3.

Mantenindose a la zaga de la geopoltica nor-teamericana, la oligarqua colombiana dilapid gran parte de los enormes recursos provenientes del auge primario exportador (la renta de los hidrocarburos y la minera) en el financiamiento de una intensa guerra contra el campo revolucionario.

El balance que dejan para la clase dominante los ltimos quince aos de guerra es de fracaso, pues tan-to sus fines explcitos (fin del cultivo de coca) como implcitos (eliminacin del campo revolucionario) no fueron alcanzados. La nueva frustracin del militaris-mo echa abajo el respaldo de importantes sectores so-ciales de la clase media, y populares incluso, respecto de la continuidad del proyecto blico. Actualmente, las clases medias otrora defensoras entusiastas de la guerra tienden a mostrarse escpticas con respecto a sus frutos. Este desplazamiento de posicin obedece no solamente al agotamiento objetivo del militarismo estatal, sino tambin al resentimiento que genera la avalancha de impuestos en curso, dirigidos en gran parte al financiamiento del gasto de guerra. En tales condiciones crece la oposicin a proseguir sufragando la guerra y gana apoyo la bsqueda de un acuerdo de paz con la insurgencia. Esta es una de las cuestiones sociolgicas que con ms claridad se percibi en las marchas que recorrieron distintas ciudades del pas el pasado 9 de abril4.

La convergencia de sectores de la clase media junto al campo popular en el reclamo de reformas polticas que conduzcan a la paz puede llevar a

3 Ver: Orlando Caputo y Graciela Galarce, China desplaz a Estados Unidos como primera potencia mundial, 2014.

4 En la marcha de Bogot se pudo apreciar que, a pesar del esfuerzo institucional por cooptar la movilizacin, gran par-te de la misma se resiste a caer bajo el embrujo progresista, desplegando los convencionales repertorios de la protesta contenciosa, es decir, la denuncia, la reivindicacin y el an-tagonismo de clase.

Colombia atraviesa por una crisis de

la dominacin de clase, la cual no

puede ser ms que el resultado de la crisis

del capitalismo, y ms especficamente

del capitalismo dependiente. Durante

los ltimos siete aos, despus de la

crisis financiera de 2008, el gobierno

colombiano se dedic a sostener, con usual jerga militarista, que

el pas se encontraba blindado ante la

crisis, que debido a la obediencia con la que se conduca el

modelo neoliberal el pas era inmune ante la crisis. Hoy cuando

la cada del precio del petrleo agiganta el

dficit fiscal en varios billones de pesos, tal

afirmacin demuestra toda su falsedad.



sacudir la monotona de la dominacin de clase, evidenciando la creciente deslegiti-macin de la supremaca oligrquica en la conduccin del Estado. Y no es para menos, pues las promesas de modernizacin, pro-greso y justicia repetidas por esta clase en el transcurso de siglos de dominacin no se ven por ningn lado. En un pas en el que las grandes ganancias generadas por el ca-pitalismo dependiente durante los ltimos 25 aos de neoliberalismo fueron a parar a las cuentas de las transnacionales, lo que se expresa en la cotidianidad es la agudizacin de la penuria social como resultado de la conservacin de una estructura social fun-dada en la sobreexplotacin de la clase que vive del trabajo.

Pero si las cosas se le tornan complicadas a la oligarqua con respecto a los de abajo, con los de arriba y afuera no es que las cosas le marchan mejor, pues los intereses de la burguesa global no se encuentran hoy ne-cesariamente anclados al sostenimiento del poder oligrquico en el control del aparato de Estado. Lo que han venido demostran-do las experiencias progresistas de pases como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia o Ecuador es que los intereses del capital pueden ser tanto o mejor resguardados por gobiernos dirigidos por actores afines o cercanos al campo popular. La apuesta poltica del capital hoy en Amrica Latina parece ser la de abandonar a las oligarquas del siglo XX, generando un nuevo campo hegemnico de fuerza en el que caben las clases medias e incluso sectores del campo popular ilusionados con el ideal socialde-mcrata de llevar adelante un capitalismo con rostro humano. En estos trminos, la

situacin tiende a tornarse muy crtica para la clase dominante.

La oligarqua colombiana que ha hecho hasta lo imposible para honrar al capital, de lo cual dan cuenta polticas como la genu-flexa confianza inversionista, los tratados de libre comercio, el plan Colombia y la sangrienta seguridad democrtica, no tie-ne ya ms capacidad de seguir cumpliendo dicho papel sin poner en vilo su posicin histrica en la direccin del rgimen de dominacin social. El agenciamiento por parte de la oligarqua de los intereses de la gran burguesa global tiende a exacerbar las contradicciones sociales a un nivel que puede propiciar la aparatosa cada del orden social existente.

La clase dominante se encuentra enton-ces ante una encrucijada en la conduccin del Estado. Si propicia reformas democra-tizadoras como exige el campo popular, su posicin de dominio se vera comprome-tida no solamente por el hecho de abrir el

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ejercicio del poder poltico a otros sectores sociales, sino porque la burguesa global y sobre todo la clase terrateniente seran contrarias ante cualquier asomo de verdadero reformismo; por otra parte, si contina cumpliendo a cabalidad el papel de mandadera de la burguesa global y sus transnacionales, como lo vislumbra el Plan de Desarrollo (2015-2018), ahon-dara la inconformidad popular hasta el punto de la ingobernabilidad y el levantamiento social.

En estas condiciones, la oligarqua se encuentra abocada a una revolucin pasiva5 y al juego del ga-topardismo. Por ello, en trminos de la teatralidad pblica, es dable ver al presidente Santos simulando concordar con todo el mundo: apoya al campesinado pero tambin al agronegocio; defiende a las vctimas pero ms a los victimarios; encuentra razn en las tesis de la insurgencia pero sigue fiel a los Estados Unidos; saluda la integracin latinoamericana pero defiende la Alianza del Pacfico, y as sucesivamente. La engaosa sucesin de las imgenes y los discursos oficiales oculta la mayor parte del tiempo que los compromisos fundamentales del gobierno estn en primer lugar con las transnacionales, es decir, con la sobreexplotacin de los trabajadores, el saqueo de los recursos naturales y la especulacin financiera.

El ejercicio de la revolucin pasiva consiste en simular cambios, no en producirlos; se simulan la paz, la amplitud democrtica, la restitucin de tierras, el latinoamericanismo y la justicia social, ms nada de ello tiene lugar. Y nada de ello ocurre porque es imposible de realizar manteniendo a la vez

5 Entendida como un proceso de restauracin en el que la clase dominante propicia pequeos cambios desde arriba para neutralizar a sus enemigos de abajo. Mediante la re-volucin pasiva los segmentos polticamente ms lcidos de la clase dominante y dirigente intentan meterse en el bolsillo a sus adversarios y opositores polticos incorpo-rando parte de sus reclamos, pero despojados de toda ra-dicalidad y todo peligro revolucionario. Ver: Crisis orgnica y revolucin pasiva el enemigo toma la iniciativa, de Nstor Kohan, 2006.

La lucha de clases en Colombia pasa por una coyuntura en la que la clase

dominante intenta prosperar en la

relegitimacin del Estado y el orden

general de la dominacin. Ante

tal pretensin, la intensificacin

del proceso destituyente/

constituyente por parte del campo popular emerge en el horizonte

como la alternativa ms plausible en

la perspectiva de doblegar la

continuidad del neoliberalismo



los compromisos existentes con el capital transnacional, posesionado del precario aparato productivo existente y apropiado de la explotacin del territorio.

Para la clase dominante la paz consiste en una empresa productora de legitimacin del gobierno y el orden social. En dicho emprendimiento se combinan precarios pactos de estabilidad clasista y estamentales fundados en el reparto rentista y burocr-tico, otro tanto de Bogot Humana, es decir, asistencialismo y dignificacin de la mendicidad; la titulacin de unas cuan-tas tierras sin inters para los terratenientes ni el agronegocio; la aplicacin de justicia transicional para decretar punto final a los crmenes del Estado; picaditos de ftbol con James y Maradona, y la bendicin papal para completar la farsa. Y de cara al proceso electoral de octubre de 2015 los seuelos se multiplicarn, puesto que es urgente para la clase dominante recuperar un poco de la legitimidad perdida.

Hasta el presente, el campo popular no parece dispuesto a caer en los seuelos que se le tienden y lo que muestra el panorama de las luchas populares es la tendencia a su ampliacin y profundizacin. Y no es para menos, pues la guerra del capital contra las clases populares no da tregua.

La lucha de clases en Colombia pasa por una coyuntura en la que la clase dominante intenta prosperar en la relegitimacin del Estado y el orden general de la dominacin. Ante tal pretensin, la intensificacin del proceso destituyente/constituyente por par-te del campo popular emerge en el horizon-te como la alternativa ms plausible en la perspectiva de doblegar la continuidad del neoliberalismo.

El proceso destituyente/constituyente exige la ampliacin del espectro de las luchas sociales con miras a forjar una correlacin de fuerzas decididamente favorable. Ello impo-ne grandes desafos, como la organizacin e incorporacin a la movilizacin de la clase que vive del trabajo, la cualificacin del proyecto poltico alternativo dando mayor centralidad a la crtica antisistmica y a la revolucin socialista, el robustecimiento del imaginario instituyente que nima a los movimientos sociales y la consolidacin de la unidad de los diversos procesos orgnicos situados a la izquierda. La carta que se est jugando el gobierno de Santos es la de poner freno al proceso destituyente/constituyente que recorre el pas; la carta que juega el campo popular es la de avanzar en el logro de la paz con democracia, soberana y justicia social.

http://www.semana.com/nacion/galeria/la-marcha-por-la-paz-en-imagenes/423485-3


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La recesin econmica toca las puertas de Amrica Latina

Daniel Libreros Caicedo

Profesor del Departamento de Derecho Universidad Nacional de Colombia

El final de la bonanza exportadora latinoamericana

La actual recesin que experimenta Amrica Latina ha confir-mado que la desconexin de la regin con relacin a la crisis econmica internacional que se oficializ en el segundo semestre de 2008 era transitoria y obedeca principalmente al aumento de los precios inter-nacionales de la materias primas y alimentos (comodities) en el comercio mundial, lo que posibilit un aumento de las exportaciones y de la In-versin Extranjera Directa IED en pases que desde los inicios de la globalizacin giraron hacia la reprimarizacion econmica. Este aumento en los precios internacionales de las comodities obedeci a operaciones es-peculativas deliberadas de los inversionistas financieros desatadas por los cambios definidos por las autoridades norteamericanas en este segmento del mercado de capitales desde el ao 20001. A ello se sum un desplaza-miento de capitales financieros causada por la depreciacin del dlar que

1 En ese ao le quitaron a la Commodity Futures Trading Commission (FTC), entidad reguladora en USA de los mercados de derivados, el control sobre los Over Counter Derivatives, el regulador de los derivados asociados a los comodities.



obedeci a decisiones de la Reserva Federal americana para gestionar su crisis interna.

Este escenario ha venido cambiando radicalmente. Desde 2011 la baja en los precios de las comodities grafica una lnea de descenso continuado2. Las con-secuencias econmicas negativas en la regin fueron inmediatas. En el informe anual que realiza la CEPAL sobre el comportamiento econmico de los pases lati-noamericanos, la entidad reconoce que para en 2014 las exportaciones cayeron en un 23% y la Inversin Extranjera Directa entre el 25 y el 30%3 y aade que esa baja en la IED viene siendo compensada con in-versiones de portafolio4. Esta fuga hacia lo financiero anuncia un incremento del endeudamiento tanto p-blico como privado preocupante, dadas las dificultades que actualmente experimentan los llamados merca-dos emergentes con la revaluacin del dlar.

Adicionalmente, la baja de las exportaciones conlleva el decrecimiento en los ingresos fiscales de los Estados. El equipo tcnico del BID acaba de pro-nunciarse, a manera de exigencia, sobre la necesidad

2 Vase Commodity markets Outlook, Banco Mundial, Ene-ro de 2014.

3 CEPAL Balance preliminar de las economas de Amrica Latina y El Caribe-2014 en http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15127.pdf

4 El financiamiento externo ha continuado siendo expedito, de modo que las reservas internacionales de la regin exhi-ben nuevamente un aumento. Si bien durante 2014 la inver-sin extranjera directa presenta una reduccin de entre el 25% y el 30%, que se vincula al fin del ciclo de inversiones en la minera y un menor ritmo de adquisiciones extran-jeras de empresas, la inversin de cartera, en particular en la forma de bonos externos emitidos por la regin, ha conservado su dinamismo. Con todo, estas variaciones se mantienen dentro de los rangos observados recientemente, por lo que an no reflejan el esperado cambio en las con-diciones financieras externas que supondra el fin del ciclo monetario expansivo en los Estados Unidos. El cambio en la composicin de los flujos, con una mayor preponderancia de los flujos de cartera, pone una luz de alerta ante posibles vulnerabilidades en el futuro, en la medida en que estos flujos son ms voltiles, Ibd. p. 10.

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de implementar ajustes fiscales en la mayora de los pases de la regin, con la excepcin de momento de Uruguay, Chile y Per5. De nuevo los pueblos lati-noamericanos nos veremos obligados a enfrentar en el futuro inmediato los planes de ajuste con sus secuelas de pobreza y desempleo.

Colombia y las dificultades econmicas resultado del deterioro en el comercio mundial

Concordante con lo que viene ocurriendo en la regin la situacin econmica del pas empeora rpi-damente. En la base de la explicacin de este hecho se encuentra la baja en la cotizacin internacional del petrleo6, el cual representa el 50% de las exportacio-nes, el 30% aproximado de la IED y el 20% de los ingreso corrientes del Estado. Los datos de la balanza de pagos son elocuentes. En el ao 2014, segn los datos oficiales de la balanza de pagos del Banco de la Repblica7, el pas registr

5 El grueso de la Amrica Latina ha agotado el mar-gen fiscal para estimular el crecimiento en un contexto de ralentizacin, y solo Uruguay, Chile y Per cuentan con posiciones slidas, por lo que la regin debe afrontar un ajuste, indic hoy el Banco Internacional de Desarrollo (BID). En este complejo escenario fiscal, donde la mayora de los pases registran dficit estructurales, lo que se re-quiere es un ajuste fiscal, explic Santiago Levy, vicepre-sidente de Conocimiento del BID, en una rueda de prensa en la que present el informe macroeconmico 2015 . Tomado de BID: Solo Uruguay, Chile y Per tienen mar-gen fiscal para impulsar economas, en Portal de w radio/ http://www.wradio.com.co/noticias/economia/bid-solo-uruguay-chile-y-peru-tienen-margen-fiscal-para-impulsar-economias/20150328/nota/26955 77.aspx

6 Sumado el petrleo con hidrocarburos han representado el 68% de la IED en los ltimos aos. En diversas fuentes oficiales se encuentra este dato.

7 Balanza de Pagos / Banco de la Repblica, 2014, en http://www.banrep.gov.co/es/balanza-pagos

EL Plan Nacional de Desarrollo prescribe

orientaciones en lnea de

continuidad con el ya fracasado neoliberalismo

extractivo, confirmando que el capital transnacional y los voceros

gubernamentales slo tienen

una frmula en medio de las

crisis: mantener sus ganancias

sin importar el deterioro de la

calidad de vida de las poblaciones.



la cada de las exportaciones de bienes asociada a la baja de los hidrocarburos8 en un 5.5% con relacin al ao anterior, lo que increment el dficit comercial acumulado del 3,2% al 5.2% del PIB9;

un balance deficitario en la renta de factores que lleg a US$ 12.859 millones, lo que grafica la importancia en las cuentas externas de la salida de capitales por pago de intereses, utilidades y dividendos. Debe resaltarse el hecho de que el 73% de este dficit se origin en las utilidades de las empresas con IED10;

la cada en IED en un 1% aproximado, con un decrecimiento del 21% en las inver-siones en el sector minero-energtico11. Esta tendencia se viene agravando durante el presente ao. La inversin extranjera neta en Colombia cay un 25 por ciento en el primer trimestre de 2015 a US$ 4.474,5 millones de dlares, frente a igual lapso del ao pasado, principalmente por menos recursos destinados al sector petrolero y a los mercados financieros12. El decrecimiento en el ingreso de las divisas causado por el aumento del dficit comercial y la reduccin de la IED produce devaluacin. La fuga de capitales hacia los centros metropolitanos causada por el encarecimiento del dlar empuja an ms la devaluacin. Dado que el modelo del capitalismo de-pendiente financiarizado y extractivo conlleva la existencia de un exceso de capitales con relacin a la produccin interna, esta devaluacin implica una contraccin de la demanda interna y una reduccin de los salarios13.

8 El monto total de las exportaciones lleg a US$ 56,982 millones inferior en US$ 3,299 millones al del 2013. Este descenso exportador explica el dficit en el 2014 en la balanza comercial de bienes de US$ 4,694mi-llones en contraste con el supervit de US$ 3,180 millones observado un ao atrs, Ibd.

9 Ibd.

10 El dficit en el rengln de la renta de factores lleg a US$ 12,859 millones, inferior en US$ 319 millones al valor registrado el ao 2013 a causa de la reduccin de la IED. El 73% de este monto-US$ 16.901 millones corresponde a Inversin Extranjera Directa, mientras que los pagos de intereses por crditos y deuda ascen-dieron a US$ 3.589 millones. Ibd.

11 La IED lleg a US$16.054 millones -4.2% del PIB- lo que representa una baja del 0,9% con relacin al 2013, resaltndose el hecho de que se recibieron menos aportes de capital en el sector minero energtico en un 21% con relacin al 2013. IBID.

12 Portafolio, abril 13, La IED en Colombia caer hasta en un 20% al finalizar el 2015 en http://www.portafolio.co/economia/inversion-extranjera-colombia-primer-trimestre-2015 Agrega esta nota periodstica que la IED que recibi el pas desde que comenz el ao hasta el 27 de Marzo se contrajo un 10 por ciento a 3.297 millo-nes de dlares con respecto al mismo periodo del 2014. Los datos fueron tomados del Informe trimestral de la balanza de pagos en el 2015.

13 Esto ha sido resaltado por Eduardo Sarmiento, En razn a que el dficit en cuenta corriente tiene como contraparte un exceso de inversin sobre el ahorro, las devaluaciones solo son efectivas cuando al mismo tiempo se contrae el consumo y bajan los salarios reales. As, la cuantiosa devaluacin de los ltimos dos meses estuvo acompaada de la reduccin del salario real, el desplome de las exportaciones y el aumento del dficit en cuenta corriente. Eduardo Sarmiento El Desbalance Estructural, El Espectador, domingo


La actual recesin que experimenta Amrica Latina ha confirmado que la desconexin de la regin

con relacin a la crisis econmica internacional que se oficializ en el segundo semestre de 2008 era

transitoria y obedeca principalmente al aumento de los precios internacionales de las materias primas y

alimentos (comodities) en el comercio mundial.

el precio internacional del crudo el Estado deja de percibir $480.00015. Las autoridades tcnicas gubernamentales haban calculado hasta 2022 ingresos fiscales sobre la base de US$ 90 barril16, mientras que actualmente el precio del mismo viene oscilando entre US$ 55 y US$ 60 barril lo que significa, en el mejor de los escenarios, una reduccin de aproximadamente $15 billones al terminar 2015 por este concepto.

Para compensar esta cada en los ingresos corrientes, el Gobierno ha decidido aumen-tar el endeudamiento pblico17, el cual ya

15 Naciones Unidas, Colombia frente a una des-torcida de los precios del petrleo, autores Hernando Jos Gmez, Jonathan Malagn y Carlos Ruiz, Cuadernos PNUD, ao 2014. Ci-tado por la Contralora General de la Nacin, en Factores que incidirn en las Finanzas Pblicas de 2015 en www.contraloriagen.gov.co/.../79cdbaba-5c59-4f4e-be93-9beb-9fa6a384...

16 En el llamado Marco Fiscal de Mediano Plazo elaborado por el CONFIS - Ministerio de Ha-cienda, vigente hasta el ao anterior.

17 El Plan de Emisiones del gobierno para el 2015 en lo externo es de US$5.100 millones que equivalen a $11.730 billones y en el plan inter-no $31.762 casi todo en TES, lo que da un gran total de $43.492 billones, En Perspectivas de la Economa colombiana: Comportamiento re-

La reduccin de las divisas viene siendo compensada con inversiones en la cuenta financiera de la balanza de pagos. As, durante 2014 la cuenta financiera, inclu-yendo variacin de reservas internacionales, registr entradas netas de capital que au-mentaron el monto de esta cuenta del 3.1% al 5.2% del PIB14. El endeudamiento gene-ralizado del pas ser el correlato inevitable de esta poltica.

Crisis fiscal y nuevo plan de ajusteEl otro aspecto preocupante de la baja

en la cotizacin internacional del petrleo es el del impacto fiscal. El 20% de los in-gresos corrientes de la nacin se obtienen por impuestos asociados a la actividad petrolera y por cada dlar que se reduzca

11 de abril,

14 La cuenta financiera de la balanza de pagos re-gistr entradas netas de capital por US$ 19,512 millones, superiores en US$ 7,677 millones a lo observado un ao atrs cuando se ubic en US$ 11,836 millones , aumentando el monto de esa cuenta del 3.1% al 5.2 5 del PIB. Puede ob-servarse como la cada en la cuenta corriente de bienes es compensada por las inversiones en la cuenta financiera de la balanza de pago en el mismo monto en porcentajes de PIB; del 3% al 5% aproximado del PIB.



presenta cifras preocupantes18. En este tipo de endeudamiento debe resaltarse el creci-miento de la deuda externa19 por efecto de la devaluacin. Dado que el peso se ha depre-ciado en un monto aproximado del 30%, la deuda asociada a ese rubro ha aumentado en la misma proporcin20.

El Gobierno ha empezado a implementar un plan de ajuste, reduciendo las nminas de los trabajadores estatales y de los que laboran en el sector de los hidrocarburos. Anuncia nuevas privatizaciones como las de ISAGEN e ISA y propone una nueva reforma tributa-ria basada en el aumento del IVA, a la que ya han hecho eco la OCDE y el FMI.

ciente y principales retos, Mauricio Crdenas, Ministerio de Hacienda, enero del 2015. www.minhacienda.gov.co/.../08C8960310968427E050090A200021F2

18 Segn los datos oficiales del Banco de la Rep-blica a Septiembre del 2014 el monto total de la deuda pblica en el SPNF llegaba al 37, 2% del PIB. Banco de la Repblica, Subgerencia de Estudios Econmicos-Sector Pblico, Bogot , Marzo del 2015 en http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/BoletinDePu53.pdf

19 A diciembre del 2014, el saldo de la deuda ex-terna del sector pblico de Colombia alcanz un monto de US$59.664 millones lo que represen-t un aumento del 14% respecto al mismo mes de 2013. As mismo, es equivalente al 15,8% del PIB para 2014. El incremento fue explicado por el crecimiento del endeudamiento de largo plazo (14%, US$7.359 m), y en menor medida en el endeudamiento de corto plazo Ibd.

20 As, teniendo en cuenta que a Enero del 2014 el monto de la deuda externa pblica ascenda aproximadamente a US$52.000 millones y que el peso se encontraba en $1.900 con relacin al dlar la devaluacin que llev el precio del dlar a $ 2500 a Diciembre del 2014, produjo un aumento del endeudamiento externo en $32 billones aproximados.

Fue esta contraccin fiscal la que lo oblig a reducir el monto total del plan de inversiones en el cuatrenio presidencial dentro del Plan Nacional de Desarrollo de $790 a $703 billones, abrindole un mayor espacio al capital privado. Este Plan de Desarrollo prescribe orientaciones en lnea de continuidad con el ya fracasado neoli-beralismo extractivo, confirmando que el capital transnacional y los voceros guberna-mentales slo tienen una frmula en medio de las crisis: mantener sus ganancias sin importar el deterioro de la calidad de vida de las poblaciones.

Peridico El Turbin. Fotografa: Onda libre | https://www.flickr.com/photos/62376953@N05/8642508035


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Grecia: Los dilemas de Syriza y las perspectivas de una estrategia alternativa

Aaron Tauss

Profesor Asistente del Departamento de Ciencia Poltica Universidad Nacional de Colombia, sede Medelln

A finales del mes de febrero, el nuevo Gobierno griego con-formado por Syriza, una coalicin electoral anticapitalista formada por diversos partidos de la izquierda radical, y las instituciones acreedoras de la troika la Comisin Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo se comprometieron a la prrroga del existente memorndum de rescate financiero que se en-cuentra en vigor desde mayo de 2010. A pesar de una lluvia de crticas, el Gobierno del primer ministro Alexis Tsipras y sus aliados defendieron la aceptacin de los trminos establecidos en el acuerdo, sealando que ste, por un lado, evitara nuevas medidas de austeridad y, por el otro, resolvera al menos temporalmente el problema de liquidez del sistema bancario griego. As, segn ellos, el acuerdo dara al Gobierno algunos meses de preparacin para la prxima ronda de negociaciones que se lle-var a cabo en junio de este ao y que tendr como fin concretar un plan de financiamiento de la deuda pblica al largo plazo1. Por consiguiente, en vista de las circunstancias actuales y de la correlacin de fuerzas en Europa, el acuerdo no signific ninguna derrota para el Gobierno griego sino que, ms bien, represent una especie de retirada tctica.

No obstante, la realidad se ve algo distinta: aunque hasta el mo-mento el Gobierno griego se ha opuesto exitosamente a la introduccin

1 David Renton (2015): The Eurozone Debate, https://www.jacobinmag.com/2015/02/grexit-debate-syriza-eurozone-lapvistas/


Izquierda en debate

Peridico El Turbin. Fotografa Onda Libre | https://www.flickr.com/photos/62376953@N05/8642508313

de nuevas medidas de austeridad, el acuerdo no le permitir implementar un programa electoral que incluya la reestructuracin de la deuda pblica que alcanza actualmente ms del 170% del PIB, la reversin completa de la poltica de austeridad y la implementacin de un plan humanitario para los sectores de la poblacin ms golpeados por la crisis econmica. Tras la victoria en las elecciones parla-mentarias de enero, el gobierno de Syriza ha dedicado gran parte de sus esfuerzos diplomticos a lograr el desembolso de unos 7.2 mil millones de euros perte-necientes al programa de rescate, el cual cuenta con un volumen total de 240 mil millones destinados a despejar la amenaza de una bancarrota del Estado. Sin embargo, la troika se niega vehementemente a liberar estos fondos mientras el Gobierno griego no se distancie completamente de su agenda electoral. Ms bien, Frankfort, Bruselas y Washington siguen insistiendo en la prolongacin de la poltica de auste-ridad a pesar de la persistencia de la crisis econmica en el pas mediterrneo.

El acuerdo firmado en febrero prohbe al Gobier-no griego tomar medidas unilaterales que no sean previamente consultadas y aprobadas por las institu-ciones de la troika. Por ende, Syriza tendr que retirar gran parte de sus promesas electorales. Recientemen-te se dio a conocer que ahora el aumento del salario mnimo a 751 euros se llevar a cabo gradualmente durante los prximos dos aos. En la lista de refor-mas presentada por el ministro de finanzas Yanis Varoufakis durante los das siguientes al cierre de las negociaciones, el Gobierno se comprometi tambin con la privatizacin de propiedades pblicas y con la flexibilizacin del mercado laboral2.

Durante las ltimas semanas, la troika ha aumen-tado la presin contra el Gobierno de Alexis Tsipras para que avance inmediatamente con la privatizacin

2 Michael Hudson (2015): European Banks vs. Greek La-bour, http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=13280


de los aeropuertos, los puertos de El Pireo y Tesal-nica, el sistema de transporte, la red de carreteras, la infraestructura turstica, etc. con el argumento de que estas medidas mejoraran la situacin presu-puestaria y contribuiran al alance de un supervit primario. De esta forma, lo que claramente se puede observar en el caso actual de Grecia es cmo la troika usa el discurso de la deuda pblica para justificar la implementacin de polticas neoliberales que apun-tan a la privatizacin de bienes y servicios estatales, a la reduccin de pensiones y salarios de los empleados pblicos y a recortes sociales, o, en otras palabras, al derrocamiento del Estado de Bienestar en Europa Occidental3.

A los dilemas anteriores se suma el mencionado problema de liquidez del sistema bancario. Inmedia-tamente despus de la victoria electoral de Syriza, el Banco Central Europeo tom la decisin de prohibir a los bancos griegos la emisin de bonos del Esta-do a corto plazo para financiar el pago de la deuda pblica. Adems, los guardianes de la moneda se negaron a aceptar los bonos del Estado griego como garantas, a la vez que rechazaban la peticin del Go-bierno de aumentar el lmite de la Provisin Urgente de Liquidez (ELA) a 3 mil millones de euros4. Como el sistema bancario griego depende en gran parte de la liquidez facilitada por Frankfort, estas medidas de chantaje financiero han contribuido significativa-mente al aumento de la fuga de capital durante los ltimos meses5.

3 Sebastian Budgen / Stathis Kouvelakis (2015): Greece: Phase One, https://www.jacobinmag.com/2015/01/pha-se-one/

4 Stathis Kouvelakis (2015): Time Isnt on Our Side, https://www.jacobinmag.com/2015/03/greece-syriza-eurogroup-negotiations-austerity/

5 Costas Lapavitsas (2015): To beat austerity, Greece must break free from the euro, The Guardian, 2 de marzo 2015, ht tp://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/02/austerity-greece-euro-currency-syriza

Por el momento el Gobierno griego sigue recibiendo

el apoyo de la mayora de la

poblacin, pero no cabe duda de

que el chantaje financiero y los

ataques polticos y mediticos por parte de

las burguesas europeas y sus lacayos

internacionales se intensificarn

durante las prximas semanas.


Izquierda en debate

Al parecer, la troika est siguiendo una estrategia de golpe suave en Grecia, la cual tiene como objetivo principal obligar al Gobierno de Alexis Tsipras a aceptar otra retirada tctica durante el mes de abril, preparando de esta forma el terreno para una derrota final del mismo en las nego-ciaciones de junio a travs de la imposicin de un nuevo paquete de austeridad. En este contexto es que debe interpretarse el recien-te retorno del equipo tcnico de la troika a Atenas, cuyo propsito es recolectar datos sobre el estado de la economa griega, sobre los ingresos pblicos y la situacin presu-puestal, para as contar con argumentos objetivos que faciliten la aceptacin de un nuevo plan de rescate financiero durante las negociaciones.

Grecia y el Imperio Americano En vista del deterioro de las relaciones

entre Atenas y las instituciones interna-cionales de la troika durante las ltimas semanas, Alexis Tsipras y sus afiliados se han orientado cada vez ms hacia pases como Rusia, China o los Estados Unidos. Especialmente, el Gobierno de Barak Oba-ma ha adoptado una posicin ms flexible y abierta frente a las reivindicaciones de Syri-za y su rechazo a las polticas de austeridad. Durante una visita de Yanis Varoufakis a Washington, los Estados Unidos ofrecieron su apoyo como honesto mediador durante las negociaciones entre el nuevo Gobierno griego y las instituciones de la troika. Tras las reuniones con altos funcionarios del De-partamento del Tesoro, Varoufakis anunci que el Gobierno de Obama haba resaltado

una y otra vez la importancia de mantener la unidad entre los pases de la zona euro6.

Esta postura estadounidense debe in-terpretarse, en primer lugar, con respecto a consideraciones militares y geoestratgicas. El acercamiento entre Grecia y Rusia que se dio a principios de abril con el viaje del ministro de energa Panagiotis Lafazanis a Mosc y la reunin entre Alexis Tsipras y Vladimir Putin unos das despus, fueron recibidos en Washington con preocupa-cin y disgusto. La salida de Grecia de la zona euro conllevara indudablemente consecuencias desfavorables para la unin monetaria y el proyecto de integracin en general. Un Grexit fcilmente podra pro-piciar la fuga de capital en los otros pases perifricos de la Unin Europea como Es-paa, Portugal o Irlanda, cuyos gobiernos han implementado durante los ltimos

6 The Guardian (2015): Alexis Tsipras flies to Moscow amid speculation of bailout from Putin, 8 de abril 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/apr/07/alex-is-tsipras-f lies-to-moscow-speculation-greek-bailout-vladimir-putin

http://www.elespectador.com/noticias/paz/asi-se-vivio-marcha-paz-colombia-galeria-554115


aos las polticas de austeridad recomendadas por las instituciones de la troika a pesar de todas las protestas populares.

Adems, la salida de Atenas socavara el lugar que ocupa este pas dentro del mundo occidental. Gre-cia, actualmente un miembro de la OTAN, podra terminar en la esfera de influencia de Rusia, lo cual tendra unos efectos desastrosos para el sistema de seguridad de la alianza militar en el suroeste de Europa y sus proyecciones imperialistas en el Medio Oriente. A la vez, un escenario de este tipo aumen-tara el riesgo de que Turqua, otro aliado estratgico de los pases occidentales en la regin, pudiera seguir los pasos de Grecia, dndole la espalda a Europa y a los Estados Unidos7.

Hacia una estrategia alternativa Volviendo a los dilemas de Syriza, parece que la

estrategia de seguir buscando una solucin dentro de la zona euro a corto o mediano plazo terminar en una total derrota. Qu hacer? En las circuns-tancias actuales el Gobierno griego no solamente se encuentra confrontado con una depresin eco-nmica, sino tambin con el poder de la oligarqua y con la creciente presin financiera y meditica a nivel internacional. Por tanto, poner fin a la poltica de austeridad no provocara un enfrentamiento con las elites polticas y econmicas a un nivel exclusi-vamente nacional. Lo que las negociaciones con la troika han demostrado claramente es que la clase dominante en Grecia mantiene estrechos vnculos con las otras burguesas europeas. A esto se agregan otros dos problemas: 1) el financiamiento pblico y su dependencia de los mercados de bonos y 2) la fuga de capital. Sobre todo, la posibilidad de un pnico bancario obligara al Gobierno a introducir controles

7 The Guardian (2015): Deadlock over Greek debt crisis could play into Russias hands, 17 de marzo 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/mar/17/deadlock-over-greek-debt-crisis-could-play-into-russias-hands

La mejor opcin para Syriza

sera una salida negociada de

la zona euro, lo cual disminuira

las repercusiones negativas para

Grecia y tambin para los otros

pases de la Unin Europea. Este paso

requerira una previa consulta popular, dado

que durante su campaa

electoral Syriza haba reiterado su compromiso con la moneda

comunitaria.


Izquierda en debate

de capital para impedir una fuga masiva de ste hacia el exterior y a asumir el con-trol pblico del sistema bancario, es decir, socializar los bancos8.

El posible fracaso de la estrategia actual seguramente dara un empujn a aquellos sectores de Syriza que estn persiguiendo una va alternativa para salir de la crisis mltiple. Los representantes de las corrien-tes ms radicales de la coalicin, Panagiotis Lafazanis y Costas Lapavitsas, un econo-mista y diputado del Parlamento Nacional, rechazaron la prrroga del memorndum. En cambio, los dos exigen la reversin de la devaluacin interna promovida por la troika que apunta a la reduccin de los costos laborales, el fin de los pagos y la re-negociacin de la deuda pblica, la salida de Grecia de la zona euro, la nacionalizacin de los bancos y la introduccin de una nue-va moneda9.

La implementacin de este Plan B obligara a Grecia a dar un paso sin prece-dentes en la historia moderna de los pases: crear una nueva moneda con el fin de de-valuarla inmediatamente. Sin embargo, una devaluacin no solamente profundizara la crisis econmica y humanitaria actual al menos durante los primeros meses, sino que tambin conducira al racionamiento de los alimentos bsicos, de los medicamen-tos y la gasolina, a una creciente inflacin y al posible colapso del sistema bancario. Adems, tal escenario probablemente mo-vilizara a la clase media que en gran parte

8 Leo Panitch (2015): A Different Kind of State, https://www.jacobinmag.com/2015/02/syriza-interview-leo-panitch-solidarity/

9 Stathis Kouvelakis (2011): The Greek Cauldron, New Left Review, 72, 17-32.

aprob en las urnas el programa de Syriza en contra el Gobierno de Alexis Tsipras. Simultneamente, la devaluacin facilitara el surgimiento del partido de la extrema derecha de ideologa fascista y neonazi Amanecer Dorado, el cual se estableci como tercera fuerza poltica en las eleccio-nes parlamentarias de enero10.

As las cosas, la mejor opcin para Syriza sera una salida negociada de la zona euro, lo cual disminuira las repercusiones negativas para Grecia y tambin para los otros pases de la Unin Europea. Este paso requerira una previa consulta popular, dado que durante su campaa electoral Syriza haba reiterado su compromiso con la moneda comunitaria. Por el momento el Gobierno griego sigue recibiendo el apoyo de la mayora de la poblacin, pero no cabe duda de que el chantaje financiero y los ataques polticos y mediticos por parte de las burguesas europeas y sus lacayos internacionales se intensificarn durante las prximas semanas.

10 Giannakopoulos Georgios (2015): The New Four Months, https://www.jacobinmag.com/2015/03/greece-eurozone-austerity-syriza/

http://www.elespectador.com/noticias/paz/asi-se-vivio-marcha-paz-colombia-galeria-554115


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El momento destituyente:Estados Unidos contra Amrica Latina

Ral Zibechi

Periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada. Integrante del Consejo de ALAI

La Cumbre de las Amricas deba estar marcada por Barack Obama y Ral Castro junto como smbolo del fin de ms de medio siglo de enfrentamiento. Pero irrumpi el caso Venezuela para recordar que el viejo to, aun debilitado y atacado en su patio trasero por potencias de creciente podero, como China, no pierde las maas.

En la poltica exterior de Washington lleg el momento destitu-yente de los gobiernos progresistas que le resultan ms incmodos. Los caminos para ello sern muy variados, aunque parece por el momento descartado que se repitan operaciones tan abiertas como las recientes contra Manuel Zelaya y Fernando Lugo en Honduras y Paraguay, o el ms lejano intento de golpe contra Hugo Chvez de 2002 (con designacin previa de presidente bendecido en Washington incluida). La enormemente mayoritaria reaccin latinoamericana a la declaracin del presidente Barack Obama de que Venezuela es una amenaza a la seguridad de su pas habra llevado a que la superpotencia se incline, en este caso, por tomar caminos laterales, usando a algunos gobiernos que para la opinin pblica suenan como progresistas como punta de lanza contra Caracas. Quiz algo de eso persiga Obama al pedir una reunin bilateral con sus pares de Costa Rica, Chile y Uruguay durante la cumbre.

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Sols, por lo pronto, acaba de destituir a su embajador en Caracas, Federico Picado, por decir que en Venezuela hay una amplia libertad de prensa, lo que el


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diplomtico demostr enseando los diarios anticha-vistas que se venden en los quioscos (Tiempo, 26-III-15). En los puestos de venta me encuentro con peridicos y revistas cuyos contenidos expresan todo el arco iris posible de posiciones polticas e ideolgi-cas, haba dicho Picado cuando le preguntaron su opinin acerca de la dictadura chavista.

En Costa Rica hay una norma que prohbe al personal emitir opiniones sobre temas de relaciones internacionales o asuntos internos del pas receptor que no hayan sido previamente consultadas. Es una norma que afecta a todos los funcionarios del servicio exterior, y con ella se trata de evitar que se ponga al pas en situaciones incmodas, dijo el canciller Ma-nuel Gonzlez al justificar la destitucin del embaja-dor. Al mismo tiempo Gonzlez acusaba a Rusia de desestabilizar Centroamrica por su venta de armas a Nicaragua (La Nacin, 27-III-15). Alineamiento, que le dicen. Algo de este tipo es lo que es probable que Obama busque al reunirse esta semana en Panam con la chilena Michelle Bachelet y el uruguayo Taba-r Vzquez. Las declaraciones del canciller Rodolfo Nin Novoa indican, al menos, que en tierras orienta-les el camino est abonado.

Romper el cercoPero lo cierto es que la superpotencia est aislada

en cuestiones centrales, en gran medida como conse-cuencia del tironeo interno entre republicanos y de-mcratas, que neutraliza cualquier proyecto comn para adecuarse a la nueva realidad. Una nueva reali-dad que dice que en su patio trasero Estados Unidos cuenta con una competencia inesperada apenas unos pocos aos atrs: la de la Repblica Popular China. Esa parlisis est facilitando el xito de las iniciativas chinas en esta regin. Demcratas y republicanos coinciden en un punto, sin embargo: Amrica Latina es la zona del planeta ms importante para la super-vivencia de Estados Unidos como superpotencia. Y para ello se hace esencial mantenerla como coto



exclusivo, sin injerencias extracontinentales y blo-queando la posibilidad de que varios pases del rea trabajen en una misma direccin, o sea: impidiendo cualquier manifestacin de independencia.

Como recuerda Jos Luis Fiori, profesor de econo-ma poltica internacional en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, las sanciones estadounidenses a Venezuela estn ligadas a un movimiento profundo, casi telrico, cada vez ms religioso, fantico y agre-sivo, en la sociedad, pero con una repercusin cada vez ms mesinica e intervencionista, en el campo de la poltica exterior de Estados Unidos (Carta Maior, 7-XI-14).

China, China, China El mes pasado puede ser recordado como el

momento en que Estados Unidos perdi su papel como garante del sistema econmico global, escri-bi semanas atrs Lawrence Summers, secretario del Tesoro entre 1999 y 2001 y asesor econmico del presidente Barack Obama entre 2009 y 2010 (The Washington Post, 5-III-15). Summers se refera al fracaso de Washington en su intento de convencer a sus aliados ms tradicionales de que no se unieran al Banco Asitico de Inversiones en Infraestructura (AIIb, por sus siglas en ingls) promovido por China.

El xito chino en las relaciones internacionales no deja de sorprender, tanto por la rapidez de sus avan-ces como por su contundencia. La creacin del AIIb representa la ms potente irrupcin del pas asitico en el mundo. Los anuncios de Gran Bretaa, Francia, Alemania, Australia y Brasil de que se unirn a esta institucin, que se estiman puede llegar a sustituir el papel del FMI y el Banco Mundial, sorprendieron a Washington y son una muestra de la creciente in-fluencia de la potencia emergente.

A travs del nuevo banco, China invita al mundo a invertir en los corredores econmicos trasnaciona-les que unirn Asia y Europa a travs de una amplia red de conectividad financiera y de negocios. Los

China avanza de modo

incontenible en todos los frentes,

arrastrando aliados, agujereando

la arquitectura financiera global,

desbaratando planes largamente pergeados. Pero

cuando Pekn ingresa con fuerza en el patio trasero,

la cosa se complica. China anunci

planes para invertir 250.000 millones

de dlares en la prxima dcada

en Amrica Latina. Estados

Unidos tiembla.


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miembros fundadores del banco son 45 pases asiticos China, India, Singapur e Indonesia entre ellos, pero a diferencia de las instituciones creadas en Bretton Woods, los votos de cada uno de ellos son propor-cionales a su PBI. Est emergiendo una arquitectura financiera global influenciada por China, sostiene el think tank Consejo Indio de Relaciones Globales (gatewayhou-se.in, mircoles 1). La infraestructura es a China en el siglo XXI lo que el comercio fue a Estados Unidos en el siglo XX, agrega.

La incorporacin de Gran Bretaa al banco asitico levant fuertes crticas de la Casa Blanca, quiz porque fue el primer pas aliado en hacerlo. Pero a esa desercin siguieron otras. Hasta Israel, un aliado incondicional de Washington, decidi in-corporarse al AIIB. Su adhesin permitir a Tel Aviv la integracin de las compaas israeles en diferentes proyectos de infraes-tructura financiados por el banco asitico, dice el comunicado publicado por el Minis-terio de Asuntos Exteriores de Israel (Russia Today, sbado 4).

En paralelo, el avance de la interna-cionalizacin del yuan resulta imparable. El economista Ariel Noyola recuerda que hace apenas cuatro aos, un pequeo grupo de 900 instituciones bancarias rea-lizaban operaciones en yuanes. A finales de 2014, el nmero aument a ms de 10 mil entidades (Russia Today, 31-III-15). La presidenta del FMI, Christine Lagarde, anunci a fines de marzo la inclusin del yuan en los derechos especiales de giro (activos de reserva internacional creados en la dcada del 60 para complementar las reservas de los bancos centrales), de los que

esa moneda estaba excluida por el veto que ejerce Estados Unidos.

En consecuencia, China avanza de modo incontenible en todos los frentes, arrastrando aliados, agujereando la arquitectura finan-ciera global, desbaratando planes largamente pergeados. Pero cuando Pekn ingresa con fuerza en el patio trasero, la cosa se complica. China anunci planes para invertir 250.000 millones de dlares en la prxima dcada en Amrica Latina. Estados Unidos tiembla.

Zona de exclusinLa penltima edicin de la revista Mili-

tary Review, que refleja los puntos de vista del Pentgono, contiene un largo artculo titula-do La aparicin de China en las Amricas1. El trabajo, redactado por Evan Ellis, profesor en el Instituto de Estudios Estratgicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejrcito, ana-

1 Military Review, publicada por US Army Com-bined Arms Center (Usacac), Fort Leavenworth, enero-febrero 2015, pp. 66-78.

Medelln | https://www.flickr.com/photos/prensa-rural/sets/72157651877359931/


liza los impactos que la presencia china tiene para los intereses estadounidenses.

En primer lugar, sostiene que el ostensi-ble aumento del comercio y de las inversiones chinas est transformando la infraestructu-ra fsica de la regin, obras que tienen im-plicaciones estratgicas, como los corredores biocenicos, la ampliacin y modernizacin de puertos y la construccin de un segundo canal a travs de Nicaragua y la potencial carretera o canal seco y enlaces ferroviarios propuestos por Honduras, Guatemala y Co-lombia.

En segundo lugar, las viejas instituciones o instancias polticas regionales, como la OEA o la propia Cumbre de las Amricas, han ido perdiendo importancia en beneficio de la Unasur o la CELAC, organismos que expresamente excluyen a Estados Unidos. En paralelo, la revista apunta que el xito econmico de China ha socavado los ar-gumentos de Estados Unidos en cuanto a que la democracia al estilo occidental y los mercados libres son las mejores vas para el desarrollo y la prosperidad.

En tercer lugar, el anlisis de Military Re-view considera que la seguridad de Estados Unidos se ve afectada por el financiamiento, inversin y comercio de China con reg-menes que buscan la independencia de los sistemas occidentales penales y de responsa-bilidad contractual, tal como ha ocurrido en diferentes grados con los pases del ALBA. China puede usar las infraestructuras que construye contra Estados Unidos para pre-sionar a los pases a fin de que le nieguen a la superpotencia el acceso a bases, recursos, inteligencia o apoyo poltico.

Ahora, razona el Pentgono, la influen-cia de Estados Unidos en la regin est

siendo socavada por la disponibilidad de China como una alternativa al mercado de exportacin, fuente de prstamos e inver-sin (Military Review, enero-febrero de 2015).

El detalle est en la palabra alternati-va. A diferencia de lo que suceda en las dcadas de 1960 y 1970, ahora los gobier-nos disidentes del imperio pueden recurrir a otros pases para resolver sus problemas.

Asegurar el patio traseroEl ao pasado los bancos chinos pres-

taron a los pases latinoamericanos ms dinero que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sumados. Por pases, Venezuela fue el mayor recep-tor de prstamos chinos, y tambin uno de los mayores destinos de la inversin del gigante asitico en la zona, sobre todo para las explotaciones petroleras y la creacin de infraestructuras.

En Argentina la petrolera china Sinopec acaba de firmar un acuerdo de colaboracin con YPF, explota el yacimiento de Vaca



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Muerta y participa en la expansin de redes ferroviarias y del metro de Buenos Aires. En Brasil, Sinopec se hizo con el 30 por ciento de la portuguesa Galp y el 40 por ciento de la espaola Repsol. Se calcula que China domina ya un tercio del sector minero pe-ruano, con fuerte presencia en la extraccin de cobre. En toda la regin las compaas chinas desarrollan proyectos de teleco-municaciones, automocin, agricultura, construccin y sectores energticos, lo que extiende la influencia de Pekn, y no slo a nivel econmico (Russia Today, lunes 6).

El brasileo Fiori estima que se est asistiendo a una revalorizacin geopoltica y geoeconmica del Caribe y de Amrica del Sur como tableros relevantes de la competencia global entre Estados Unidos y China, y de la competencia regional de estos dos pases con Brasil (Carta Maior, 25-XII-14).

Para avalar esa afirmacin esgrime el trabajo del principal geoestratega estadou-nidense, Nicholas Spykman. Ms de la mitad de la obra de Spykman Americas

Strategy in World Politics, publicada en 1942, est dedicada al papel que debe jugar la potencia en Amrica Latina y en particular en Suramrica. El terico divide la regin en dos zonas: una mediterrnea, que incluye a Mxico, Centroamrica, el Caribe, Colombia y Venezuela, en la que la supremaca de Estados Unidos no puede ser cuestionada, una suerte de mar cerrado cuyas llaves pertenecen a Washington.

Por otro lado aparece la zona de influen-cia de los grandes estados del sur (Argenti-na, Brasil y Chile). Spykman apunta que si estos pases se unieran para contrabalancear la hegemona estadounidense, deben ser respondidos mediante la guerra (Valor, 29-I-14).

En los ltimos aos los pases que im-pulsaron el Mercosur ampliado y la Unasur, bsicamente Brasil, Argentina y Venezuela, entraron en la lnea de tiro de Estados Uni-dos, que no puede aceptar que un proyecto convencional de integracin econmica (como fue el Mercosur en sus inicios) se transforme en un bloque poltico liderado por Brasil con el objetivo de impedir toda intervencin externa en Amrica del Sur.

La alianza de Brasil con China, India y Rusia en los Brics, y de Argentina y Vene-zuela con China y Rusia es otra lnea roja para Washington. Que esas alianzas no pasen a mayores es un objetivo central de la poltica estadounidense. Mxime cuando sobre todo Brasil, pero tambin Argentina y Venezuela, se involucraron en un conflicto lejano, como el de Oriente Medio, conde-nando la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza en agosto y setiembre de 2014 y to-mando distancia del bloqueo a Irn (Carta Maior). Cortarles las alas, de eso se trata.


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El cambio poltico en la agenda regional

Julio C. Gambina

Presidente de la Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas, FISYP

Resulta interesante analizar la agenda en debate en la regin, puesta en discusin en mbitos de la diplomacia y la pol-tica regional, pero tambin en las calles.

Cuba en PanamPor un lado acontece en Panam la Cumbre de Presidentes de Amrica y el protagnico papel histrico de Cuba en el debate regional de la mxima institucionalidad americana.

Quin gan la batalla por dcadas entre EE.UU. y Cuba? Triunf el bloqueo estadounidense que conden al aislacionismo cubano, o se termin imponiendo la voluntad y las aspiraciones por ejercer rela-ciones soberanas impulsadas desde un pequeo pas y aislando nada menos que a EE.UU.?

Es cierto que la proyeccin de las inversiones econmicas en Cuba provenientes de EE.UU. intentar socavar la pretensin anticapitalista del proceso cubano. Las relaciones mercantiles capitalistas intentarn lo que el bloqueo mercantil no logr. La realidad es que la perseveran-cia poltica de Cuba acta como demostracin sobre la posibilidad de intervenir soberanamente en el mbito mundial. No existe el lmite de la correlacin de fuerzas, sino la decisin de avanzar en un proyecto propio, ampliando los lmites para la transformacin social y la eman-cipacin.


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El comentario es vlido, aun desde la aparente desigualdad en la correlacin de fuerzas, una cues-tin que se enarbola cotidianamente para impedir modificar los condicionantes estructurales del le-gado neoliberal en nuestros pases. Me refiero a las reformas estructurales de los aos 80 y los 90 que condicionan la cotidianeidad, sea en el mbito de la produccin o de los servicios y las finanzas, endeu-damiento mediante; como en los tratados interna-cionales suscriptos en su momento y que condenan a los pases a la subordinacin a tribunales externos y a la lgica de la liberalizacin de la economa.

La parbola de confrontacin del dbil contra el supuesto fuerte sirve para pensar los desafos de la contemporaneidad, en pleno desarrollo de la crisis del capitalismo y la emergencia de capitalismos que pretenden enarbolar el sello de un nuevo tiempo, recreando la categora del capitalismo nacional, el capitalismo humano, o renovadas versiones de un desarrollo capitalista para el subdesarrollo y la emergencia sustentada en fuerza de trabajo barata y abundancia de bienes comunes en disposicin de explotacin, sustento del capitalismo verde. No existe debilidad a priori, sino proyectos que intentan construir una organizacin social en disputa contra el rgimen y el orden del capital.

Solidaridad con Venezuela y lucha por la Paz en Colombia

Vale tambin considerar que la soberana po-pular se esgrime en estas horas en la defensa de la autodeterminacin de Venezuela ante la agresin de EE.UU. No solo se sustenta en su territorio la de-fensa del gobierno legtimo en la patria de Bolvar, sino que la suscripcin de solidaridad se extiende ms all de las fronteras con 10 millones de volun-tades que exigen a EE.UU. derogar la declaracin de amenaza a la seguridad por parte de Venezuela.

La dominacin pretendida por el imperialismo encuentra lmites en el accionar colectivo. Son


lmites a la impunidad que hasta hace muy poco ejer-ci sin obstculos el poder hegemnico y que la nueva realidad mundial condiciona.

Es un tema asociado a la disputa de la hegemona mundial, pero tambin a la nueva institucionalidad de la integracin, de cuyas novedades ms destacadas hace parte la plena participacin cubana en las rela-ciones continentales.

La verdad es que ante la debilidad explicitada con Cuba, el imperio estadounidense pretendi evidenciar su poder atacando y condicionando a Venezuela, y la respuesta ha sido masiva en la defensa de la autodeter-minacin y sustentada desde la solidaridad gestada por la nueva institucionalidad de la integracin regional.

Queremos poner en evidencia, a propsito de la Cumbre de Presidentes en Panam, el ejercicio del poder de la dominacin y, al mismo tiempo, la po-tencialidad de proyectos alternativos que pregonan propuestas de orden social contrahegemnicas.

Aludimos a Cuba y a Venezuela, que formulan y sostienen la lucha antiimperialista, pero que en estas horas tambin puede extenderse a la movilizacin callejera en Co

Revista Izquierda No. 52

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