Revista Izquierda No. 60

Conflicto y solución política ¿Qué significa el Acuerdo Final de Paz? · Pensar a fondo el “Fin del conflicto” · A 25 años del ataque a “Casa Verde”: La perspectiva de un Acuerdo final y el miedo al pueblo y a la reforma · Ordenamiento territorial,

reforma agraria y participación política en los Acuerdos de paz Capitalismo y destrucción COP21: Una Cumbre a favor de las empresas transnacionales Neoliberalismo rampante Las economías colaborativas y la nueva piel del capitalismo: Sobre Uber y otros demonios Nuestra América Venezuela: La

trampa Revisitar la historia El urbanismo “antiurbano” maoísta en la China Popular 1949-1976 Editorial Venezuela, ejemplo cívico:… ¿y ahora qué?

Nº 60 DICIEMBRE / 2015 BOGOTÁ, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

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Jairo Estrada Álvarez DirectorJesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción

Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332Nº 60, Diciembre de 2015. Bogotá, Colombia

Todo el contenido de esta publicación puede

reproducirse libremente, conservando sus créditos.

Conflicto y solución política

4 ¿Qué significa el Acuerdo Final de Paz?Víctor Manuel Moncayo

12 Pensar a fondo el “Fin del conflicto”Sergio De Zubiría Samper

20

A 25 años del ataque a “Casa Verde”: La perspectiva de un Acuerdo final y el miedo al pueblo y a la reformaJairo Estrada Álvarez

28Ordenamiento territorial, reforma agraria y participación política en los Acuerdos de pazDarío Fajardo Montaña

Capitalismo y destrucción

34COP21: Una Cumbre a favor de las empresas transnacionalesDaniel Libreros Caicedo

Neoliberalismo rampante

42

Las economías colaborativas y la nueva piel del capitalismo: Sobre Uber y otros demoniosSantos Alonso Beltrán Beltrán

Nuestra América

50 Venezuela: La trampaAtilio Borón

Revisitar la historia

54El urbanismo “antiurbano” maoísta en la China Popular 1949-1976Frank Molano Camargo

Editorial

60 Venezuela, ejemplo cívico:… ¿y ahora qué?Aram Aharonian

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¿Qué significa el acuerdo final de paz?

Víctor Manuel Moncayo C.

Exrector y profesor emérito de laUniversidad Nacional de Colombia

Más allá del trasfondo político del proceso que viene adelantándose para poner fin a la modalidad armada

del conflicto social que caracteriza a la sociedad colombiana, desde el punto de vista de la responsabilidad ética de contribuir al desenlace exitoso del proceso de paz al que venimos asistiendo, conviene detenerse en una breve, y quizás elemental, aproximación a lo que recientemente se discute a propósito de cómo, bajo cuáles condiciones y en qué momento se podría alcanzar el Acuerdo Final que, con exagerado optimismo, mu-chos vislumbran como un paso inminente y casi que inevitable.

Un entendimiento simplistaTodos hablan hoy del Acuerdo Final de Paz. Pero al mencionarlo, el

entendimiento generalizado sobre este acto es simplista: se trata de que las dos partes que recíprocamente se han reconocido como interlocutores (el Presidente de la República, que en nombre del Estado ha nombrado una comisión negociadora, y las FARC-EP) lleguen finalmente a un consenso sobre todos y cada uno de los puntos que conforman la Agenda o Acuerdo General que dio lugar al inicio de las conversaciones que se vienen adelantando en La Habana y lo consignen en un documento que cada parte suscriba en señal de conformidad. En pocas palabras, que

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todas las materias que se han analizado y discutido en la Mesa de Diálogo de La Habana, y sobre las cuales se ha alcanzado un consenso entre las partes, se especifiquen en un texto que se firma por cada una de ellas.

Esto es lo que se dice cotidianamente, y eso es lo que piensa la mayoría de quienes se reputan analistas del proceso. Una comprensión semejante parecen tener las mismas partes, pues han llegado incluso a señalar un fecha perentoria para suscribir ese acuer-do final. Todos al unísono están haciendo la cuenta regresiva, y cada día se preguntan, casi que angustia-dos, qué es lo que falta para pueda darse esa ansiada firma del documento.

La complejidad del Acuerdo FinalPues bien, detrás de las palabras y de la expresión

misma hay algo más complejo que un documento suscrito por las partes. Si acudimos un poco a una cierta exégesis del Acuerdo General del Proceso de Paz (conocido como la Agenda), la mención del “acuerdo final” la encontramos en dos puntos de ella.

En efecto, el punto 3 se refiere al “fin del con-flicto” como un proceso “integral y simultáneo” que comprende muchas dimensiones1. Ese proceso que deberá desarrollarse en un “tiempo prudencial acor-dado por las partes” se ha de iniciar, dice la Agenda, con la firma del Acuerdo Final. Es decir, aunque pa-rezca un contrasentido, el fin del conflicto comienza con el Acuerdo Final.

De otra parte, en el punto 6 sobre “implemen-tación, verificación y refrendación” que comprende

1 Son siete, a saber: Cese al fuego y de hostilidades; dejación de armas y reincorporación a la vida civil; revisión de si-tuaciones judiciales por pertenencia o colaboración con las FARC; combate contra organizaciones criminales que aten-tan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos; reformas y ajustes institucionales; ga-rantías de seguridad, y esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo.

Miles de “pares de zapatos marchantes” dona-dos cubrieron la Place de la Republique en Paris.

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también múltiples actividades2, se advierte que esa implementación también se inicia con el Acuerdo Final. Una vez más aparece la idea de un proceso ‒que de alguna manera coincidirá en el tiempo con el “fin del conflicto”‒, cuyo punto de partida es el Acuerdo Final.

Es indudable, por lo tanto, que el Acuerdo Final es un punto clave que da apertura a dos procesos: el fin del conflicto y la implementación, verificación y refrendación. Esa es la arquitectura del conjunto diseñado por la Agenda. Ese Acuerdo Final, por lo tanto, aunque sea redundante, debe incluir todo lo acordado en los puntos 1 (cuestión agraria), 2 (par-ticipación política), 4 (drogas ilícitas) y 5 (víctimas), pero igualmente lo acordado sobre el contenido concreto y preciso de las actividades propias del fin del conflicto, y de la implementación, verificación y refrendación. En este sentido, la materia prima del Acuerdo Final está aún muy lejos de haberse agotado: no solamente falta el consenso sobre los temas de las puntos 1,2,4 y 5, sino que está pendiente el acuerdo sobre las siete actividades del punto 3 y las seis del punto 6.

Pero, lo que es más importante es precisar que ese Acuerdo Final no puede ser un documento declara-tivo sobre las materias respecto de las cuales se ha llegado a un consenso, sino que debe tener un valor jurídico-normativo incontrastable, que necesaria-mente comporta modificaciones esenciales de orden constitucional y legal. En estos términos, lo que se ha acordado y lo que falta por acordar debe tener no sólo la forma normativa necesaria (textos específicos de carácter normativo) sino el valor suficiente como componente o integrante del orden jurídico interno. Esto significa que el llamado Acuerdo Final no puede llegar a ser suscrito sin que todas las materias que lo

2 Se citan seis: mecanismos de implementación y verifica-ción; acompañamiento internacional; cronograma; presu-puesto; herramientas de difusión y comunicación, y meca-nismo de refrendación de los acuerdos.

Hoy el proceso está bloqueado por la ausencia de una fórmula surgida

del consenso entre las partes de la

Mesa de Diálogo de La Habana, que permita garantizar

que los acuerdos alcanzados con sus respectivas

traducciones normativas no

se alteren ni se modifiquen y

que puedan ser adoptados en su integridad

como parte del orden jurídico.



conforman tengan pleno y suficiente valor normati-vo. De no ser así, el Acuerdo Final no garantiza a las partes que lo firman ninguna certeza ni seguridad de que lo acordado va a cumplirse efectivamente, y si se llegara a firmar significaría un fracaso de la negocia-ción adelantada.

Sin que el Acuerdo Final adquiera esa naturale-za, no puede adelantarse ninguna de las actividades del proceso “integral y simultáneo” del “fin del conflicto”, ni pueden llevarse a cabo las labores de implementación, verificación y refrendación. A este respecto es necesario señalar que ese valor normativo suficiente no es parte de la “implementación”, pues ésta se refiere a la ejecución de lo que ya es vinculante jurídicamente hablando; la fuerza normativa de lo acordado tiene que ser previa a la implementación así entendida y, en general, anterior a todas las activida-des de los puntos 3 y 6 a que se ha hecho referencia.

En tales condiciones para un observador cual-quiera, sin necesidad de complejos esfuerzos con-ceptuales, resulta claro que el contenido del Acuerdo Final debe pasar por la formalización normativa, con valor constitucional y legal, según sea el caso. Y para esto se requiere que las partes en la Mesa de Diálogo acuerden también como se puede llegar a ese estadio de valor normativo, indispensable para la suscripción del Acuerdo Final. En este sentido, no son viables las fórmulas que hoy ofrece el sistema jurídico vigente ni las que hace poco tiempo se concibieron en el lla-mado “marco jurídico para la paz”, ni tampoco las que se están fraguando en los días que corren, como el plebiscito o la Comisión Legislativa Especial, pues ninguna de ellas ha surgido del acuerdo de las partes.

La urgencia de una fórmula que desbloquee el proceso y necesidad de una fase de transición

Hoy el proceso está bloqueado por la ausencia de una fórmula surgida del consenso entre las partes de la Mesa de Diálogo de La Habana, que permita

Bogotá, Colombia

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garantizar que los acuerdos alcanzados con sus res-pectivas traducciones normativas no se alteren ni se modifiquen y que puedan ser adoptados en su inte-gridad como parte del orden jurídico.

Como quiera que esa fórmula, cualquiera que ella sea, no se avizora en un horizonte temporal breve, es forzoso reconocer que es indispensable admitir la necesidad de una fase de transición entre la suscrip-ción del Acuerdo Final y su efectiva y plena puesta en marcha. Su razón de ser es obvia: como la eficacia plena del Acuerdo Final implica que se hayan adop-tado todas las reformas constitucionales y legales conforme al mecanismo o fórmula excepcional que llegue a acordarse y a adoptarse, mientras ello ocurre el Acuerdo Final debe quedar condicionado en su vigencia plena a que ese proceso se haya cumplido en los términos y condiciones que se definan al momen-to de suscribirlo.

Durante esa fase de transición, que se iniciaría a partir de la firma de ese Acuerdo Final condicionado, la Mesa de Conversaciones o de Diálogo de La Haba-na continuaría funcionando hasta tanto se hayan in-corporado al orden jurídico los acuerdos o consensos que exigen una formalización constitucional y legal. Sin embargo, el Acuerdo Final así entendido podría tener eficacia en ciertas materias específicas que no exigen esa formalización normativa, como podrían ser las relativas al cese bilateral de fuego y hostilida-des, la dejación de armas, el inicio de los procesos de normalización, el desarrollo de garantías de seguri-dad y, en alguna medida, algunas de las actividades del punto 6.

En ese contexto, en el momento actual de las de-liberaciones de la Mesa de Conversaciones, si llegan a concluirse los análisis y discusiones sobre los puntos 1, 2, 4 y 5 y se avanza en la determinación de las actividades asociadas a los puntos 3 y 6, el asunto crucial para una eventual firma del Acuerdo Final condicionado de que se ha hablado exige focalizar los esfuerzos de consenso en la estipulación de la

El Acuerdo Final no puede ser

un documento declarativo sobre

las materias respecto de las

cuales se ha llegado a un

consenso, sino que debe tener un valor

jurídico-normativo incontrastable, que

necesariamente comporta

modificaciones esenciales de orden

constitucional y legal. En estos

términos, lo que se ha acordado y

lo que falta por acordar debe tener

no sólo la forma normativa necesaria

(textos específicos de carácter

normativo) sino el valor suficiente

como componente o integrante del

orden jurídico interno.



fórmula que pueda materializar y dar vida jurídica constitucional y legal a lo acordado.

A ese respecto, algunas ideas preliminares sobre la naturaleza de esa fórmula podrían ser:

a) La solución que llegue a concertarse debe permitir que los acuer-dos alcanzados y sus traducciones normativas puedan ser adopta-dos en su integridad, sin alteraciones ni modificaciones.

b) En desarrollo de ella, no podrían introducirse otras reformas constitucionales y legales distintas a las acordadas por la Mesa de Negociación.

c) Podría utilizarse el mecanismo plebiscitario previsto en la Cons-titución Política (art. 103), pero variando de manera sustancial las condiciones y limitaciones que hoy tiene en la ley estatutaria vigente (ley 134 de 1994), de tal manera que en forma integral in-corporara al orden jurídico las reformas constitucionales y legales que materializan los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo. Para ello, la Mesa de Negociación tendría que definir y aprobar con precisión el contenido normativo de todas y cada una de las reformas constitucionales y legales que forman parte del Acuerdo.

d) Un mecanismo diferente podría ser construir una alternativa de refrendación especial mediante reforma constitucional, diferente en su forma y reglas a los sistemas de participación hoy vigentes regulados por la ley 134 de 1994, que permitiera igualmente incorporar, como parte del sistema jurídico, la totalidad de las reformas constitucionales y legales que formalizan los acuerdos.

e) Una tercera fórmula podría ser la conformación de un Cuerpo Constituyente especial, cuya sólo integración representara por sí misma la refrendación popular de los acuerdos alcanzados en de-sarrollo de las Mesas de conversaciones de Paz, con el mismo efec-to de incorporación de las normas al sistema jurídico, pero que tuviera la competencia para adoptar reformas constitucionales adicionales o complementarias a aquellas acordadas en desarrollo de las conversaciones de paz, sin alterarlas ni modificarlas.


La excepcionalidad de la fórmulaFinalmente, como cualquiera de las alternativas remiten a cambios en

el orden constitucional, la posible objeción sobre que ellos estarían com-prometiendo los supuestos esenciales de la Carta Política, en términos de una “sustitución del Estado”, sería preciso señalar que ese fenómeno no se configura, pues las reformas serían de naturaleza temporal, especial y transitoria, diseñadas exclusivamente para los fines de la terminación del conflicto armado, de tal manera que una vez cumplido su cometido ya no formarán parte de la Constitución Política.

En otras palabras, los rasgos peculiares de las reformas de excepcio-nalidad, especialidad y transitoriedad no permiten aseverar que confi-guran una sustitución del Estado. Por el contrario, podría decirse que su finalidad es precisamente mantener y preservar la organización del Estado en función de la necesidad suprema de la paz.

ColofónEstas reflexiones buscan que tanto lo ya ha acordado como lo que

falta por acordar, dejen de ser simples declaraciones de intención de las partes y se materialicen en formulaciones normativas (constitucionales o legales) que deberán ser adoptadas como condición necesaria para que el Acuerdo Final pueda suscribirse y sea efectivo. Sin que ello se produzca es materialmente imposible que el Acuerdo Final sea suscrito, salvo que se acoja la tesis de que se trataría de un Acuerdo condicionado, que abrirá luego de su suscripción una fase de transición, durante la cual se continuará el proceso constituyente abierto que, en definitiva, ya ha representado la Mesa de diálogos de La Habana, más allá de los criterios puramente jurídicos, siempre prisioneros del poder constituido.



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Pensar a fondo el “Fin del conflicto”

Sergio De Zubiría Samper

Profesor Asociado Departamento de Filosofía Universidad de los Andes

El trabajo de las delegaciones en los diálogos de La Habana ha sido titánico y sus consecuencias son un referente para el

mundo. Tres circunstancias son destacables para realizar este juicio de valor. En primer lugar, son un ejemplo de cómo la imaginación creadora de los colombianos y colombianas no ha desaparecido. En segundo lu-gar, la Mesa ha ido adquiriendo y desatando una función constituyente necesaria para terminar adecuadamente el conflicto armado interno. Tercero, el juicio sobre los acuerdos se perfila como un asunto cualitati-vo y no exclusivamente cuantitativo.

Uno de los elementos cualitativos que es necesario subrayar como vir-tud del proceso de negociaciones es la visión de integralidad o totalidad que ha predominado en los borradores conjuntos. Terminar el conflicto más extenso del hemisferio occidental exige una atención esmerada a la perspectiva de totalidad. Una mirada fragmentada o unilateral sería una amenaza para su comprensión, interpretación y terminación.

Pretendemos con estas líneas llamar la atención sobre la urgencia de pensar teóricamente y discutir a fondo el punto tres del “Acuerdo Gene-ral”, como también tomar distancia de ciertas visiones que conciben el “fin del conflicto” como un asunto técnico o relativo exclusivamente a las fuerzas en confrontación armada. Para perseverar en una perspectiva de



totalidad, es conveniente concebir el “fin del conflic-to” como un momento interrelacionado con la pro-blemática agraria, la participación política, la política pública de drogas ilícitas, las víctimas, la jurisdicción especial de paz y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. La naturaleza reflexiva y filosófica otorgada a la noción de “fin” será determi-nante para sembrar las bases futuras de una paz con justicia social.

Las partes que componen este artículo son las siguientes. En primera instancia la recuperación de algunas enseñanzas del proceso de la Comisión en Sudáfrica desde la perspectiva de una de sus in-vestigadoras. El segundo momento pretende hacer patentes las limitaciones que tienen algunas visiones tecnocráticas y especialistas del “fin del conflicto”. La tercera intenta destacar los contenidos del punto tres del “Acuerdo General” y los importantes desafíos teóricos que contiene. No pretendemos agotar la pro-fundidad y totalidad de los factores que inciden en la terminación del conflicto, sino llamar la atención sobre algunos aspectos que consideramos neurálgicos desde el punto de vista reflexivo.

Un diálogo con el legado sudafricanoLa reconocida investigadora de la Comisión de

la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, Verónica Barolsky, hizo en su visita en el mes de abril de 2015 a Colombia importantes reflexiones que iluminan las complejidades de la terminación del conflicto interno en nuestro país. Nos donó algunas claves para pensar a fondo las dificultades actuales del proceso de nego-ciación entre el Gobierno y las FARC-EP.

Para esta investigadora, la primera consideración es aprender a interpretar la realidad social siempre en dimensión de contexto y especificidad histórica. En sus palabras: “la situación, por ejemplo en Colombia, es muy específica. Lo que funcionó para nosotros, no necesariamente va a funcionar para ustedes” (El Espectador, abril de 2015). Aconseja no importar

Tokio, Japón

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modelos internacionales de manera acrítica: por ejem-plo, en el ámbito de la justicia la excesiva influencia de los estándares internacionales se convirtió más en un problema que en una solución. La segunda es evitar la mistificación o sobrevaloración del papel de las Co-misiones de la Verdad y considerar la conveniencia de un acercamiento crítico a sus funciones. Los motivos para esa distancia crítica son profundos, destacándose entre ellos la tendencia a otorgar a los informes una función casi milagrosa; su escaso papel en el proceso de reconciliación y sanación; la persistencia de gran-des desigualdades económicas luego del acuerdo; las críticas que emergen desde la academia por la falta de precisión científica de la historia generada por la Comisión de la verdad, entre muchos otros. La tercera clave es la necesaria preparación para múltiples frus-traciones que no pueden ser previstas por los acuerdos y hacen parte de la crisis ética que experimentan las sociedades contemporáneas. Muchos que apoyaron el apartheid y perpetraron crímenes abominables continuaron viviendo libres; de acuerdo con Barolsky, “muchos ni siquiera fueron a la Comisión a pedir amnistía. Pensaron que eran intocables, enviaron a operarios de menor nivel y no asumieron su respon-sabilidad, eso generó resentimiento interno sobre la clase de liderazgo político. Muchos de ellos siguieron viviendo en Sudáfrica”. El cuarto secreto es asumir la naturaleza “dura” o difícil de las negociaciones, evitando el facilismo o la simplificación en la última etapa por motivos de simples resultados rápidos. En sus términos: “y quizás, hacer ahora negociaciones más duras, para no quedar con asuntos inacabados en el futuro, como nos sucedió a nosotros”.

La experiencia histórica de Sudáfrica nos mues-tra que el fin del conflicto adolece de ciertos errores estructurales que deben ser elevados a la conciencia crítica colectiva. Existe la tendencia a caer en la ilusión de que después de la firma de un acuerdo o la celebración de unas elecciones en las nuevas con-diciones, ya somos un país pacífico, libre y podemos

Para perseverar en una perspectiva

de totalidad, es conveniente

concebir el “fin del conflicto” como

un momento interrelacionado

con la problemática agraria, la

participación política, la política pública de drogas

ilícitas, las víctimas, la jurisdicción

especial de paz y la implementación,

verificación y refrendación de

los acuerdos. La naturaleza

reflexiva y filosófica otorgada a la

noción de “fin” será determinante

para sembrar las bases futuras de una paz con

justicia social.



continuar marchando tranquilamente ha-cia el “futuro”. En la vida real, el pasado y los problemas arcaicos continúan teniendo gran influencia en el presente y el futuro: perduran por varias generaciones. “Si uno cree que el pasado se acabó y comienza un nuevo capítulo, está muy equivoca-do”. También existe la tendencia a dejar muchos asuntos inacabados por el afán de resultados inmediatos y visibles. Para no desfigurar el futuro y caminar hacia una frustración, es recomendable reflexionar a fondo y, por momentos, hasta aplazar la finalización.

Las tensiones teóricas en el fin del conflicto

Desde una mirada filológica y filosófica, en el concepto “fin” se constatan relevantes discusiones y tensiones. En un sentido pri-mario puede significar la “terminación”, el “límite” o “acabamiento” de una cosa o de un proceso. Pero en sentidos más profundos

afloran por lo menos tres significados: a. Uno temporal, como momento final en el tiempo; b. uno espacial, como el límite en un determinado espacio o territorio geográfico, y c. uno ligado a intención, como el cumplimiento de una intención, propósito, objetivo o finalidad. Desde Aris-tóteles se ha entendido el “fin” en relación con la “causa final”, como “aquello por lo cual o en vista de lo cual algo se hace” (Ferrater Mora). En el lenguaje ordinario se hace la distinción entre “el fin” y “la fina-lidad” porque la selección del fin debe ser siempre por medio de la conciencia. Otro atributo filosófico que contiene el fin es la universalidad. Por ello, el fin es lo que termina algo y a la vez aquello a lo que se dirige un proceso hasta quedar acabado o terminado en sentido universal. La filosofía occidental ha dedicado esfuerzos reflexivos a construir características para que un fin pueda ser considerado concluido de forma universal, como también a la existencia

San Miguel de Allende, México

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/bogota-tambien-marcho-previo-al-inicio-de-cumbre-del-cl-galeria-602344


de distintas tipologías de fines (absoluto y relativo; principal y secundario; inmanente y trascendente; interno y externo, etc.). Las características para que un fin sea universalmente realizado tienden a ser exigentes, por ejemplo, que todas las potencialidades del proceso se conviertan en realidad efectiva, que no quede faltando nada del horizontes de expectativas, que la totalidad de la población afectada tenga gra-dualmente beneficios, el reconocimiento que la firma de acuerdos no es la terminación inmediata de un conflicto social, entre otras.

En las ciencias sociales la polémica ha girado en torno al tipo de “racionalidad” que orienta la acción social. El predominio de una “racionalidad instru-mental” o de una “racionalidad tecnológica” puede ser criticado en un ámbito tan complejo como la terminación de un conflicto social-armado. La “ra-cionalidad instrumental” se orienta exclusivamente a construir los medios adecuados al logro de ciertas metas y resultados; su acento está en los medios, los resultados, en la “acción por la acción”. La razón se convierte en un “mero instrumento”, pierde su capacidad para concebir ideas y ocuparse de fines últimos (Horkheimer). En el curso del proceso de tecnificación actual, se ha difundido en la sociedad una nueva racionalidad tecnológica (Marcuse), cu-yos rasgos principales son: la conversión de la razón en un sistema operativo de control, producción y consumo estandarizados; su transformación de una fuerza que critica a una de ajuste y obediencia; la homogenización del pensamiento y su consecuente especialización; la subordinación del pensamiento a cánones externos dados previamente como la efi-ciencia sumisa; la aparición de una “tecnocracia” que agudiza la brecha entre el “conocimiento común” y el especializado, entre expertos controladores y coordi-nadores y la gente controlada y coordinada; el predo-minio autoritario cada vez mayor de la burocracia y la masificación (Weber).

La experiencia histórica de

Sudáfrica nos muestra que el fin del conflicto

adolece de ciertos errores

estructurales que deben ser elevados

a la conciencia crítica colectiva.

Existe la tendencia a caer en la ilusión

de que después de la firma de

un acuerdo o la celebración de unas

elecciones en las nuevas condiciones,

ya somos un país pacífico, libre y

podemos continuar marchando

tranquilamente hacia el “futuro”.

En la vida real, el pasado y los

problemas arcaicos continúan teniendo

gran influencia en el presente

y el futuro; perduran por varias

generaciones.



La tiranía de una racionalidad “instru-mental” y “tecnológica” en las acciones y procesos de terminación de un conflicto, tendría consecuencias devastadoras. Po-demos subrayar algunos de estos posibles desenlaces. El primero consiste en recono-cer que las soluciones meramente técnicas tienden a ser inmediatistas o coyunturales, y nunca rozan la complejidad multidetermi-nada de la problemática social. Concebir el fin del conflicto como un simple asunto téc-nico sería un grave error teórico y práctico. El segundo remite a realizar una lectura del “fin” como si fuera una exclusiva cuestión de buscar los medios, instrumentos o tác-ticas adecuadas. Renunciar a una reflexión profunda sobre los problemas profundos contenidos en los fines últimos de la termi-nación del conflicto, conlleva a una perpe-tuación agravada del conflicto. El tercero alude a entregar la responsabilidad del fin del conflicto a los expertos, los tecnócratas o la burocracia, con sus inmensos peligros

y déficit éticos. Una mirada exclusivamente especialista tiende a atomizar la realidad, confunde la persona humana integral con el empleo, aísla las funciones subordinadas de las funciones ejecutivas y aumenta la “racionalidad” de la sumisión.

La complejidad del punto 3El Acuerdo General de agosto de 2012,

concibe el “fin del conflicto” como un “proceso integral y simultáneo” que implica atender de forma paralela siete temas de alta complejidad: cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades; dejación de armas; revisión de la situación de las personas privadas de la libertad; combate a las orga-nizaciones criminales y sus redes de apoyo; reformas y ajustes institucionales necesarios para la construcción de la paz; garantías de seguridad; esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo. Para un lector atento, llama la atención la perspectiva procesal, integral y de totalidad de la concepción del

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fin; así como, la densidad de los asuntos a tratar. Cada uno de estos siete problemas exige una reflexión a fondo, pero nos queremos limitar a dos de ellos, sin desconocer su interrelación y dificultades.

La problemática de la dejación de armas (3.2), en una lectura exclu-sivamente tecnocrática, ha querido simplificarse a un asunto técnico-militar y etimológico. Pero desde una racionalidad histórica y compleja contiene dificultades determinantes para el fin del conflicto interno colombiano. En primer lugar, se trata de reconocer que terminar un conflicto social no se logra sin superar la mentalidad contrainsurgente y guerrerista que ha dominado culturalmente nuestro país por décadas. En segundo lugar, tendremos que salir de ese modelo “televisivo” y es-pectacularista de unas insurgencias que “entregan” su armamento como una muestra de sometimiento y reintegración al orden dominante. Ter-cero, asumir que esta dejación debe hacerse como lo plantea el “Acuerdo General”, es decir, de acuerdo con los intereses económicos, sociales y políticos de las FARC-EP, y no del régimen existente. Tendremos que prepararnos para una dejación social de todas aquellas matrices sociales y culturales que expanden la mentalidad contrainsurgente, el guerreris-mo y los discursos del “enemigo interno”. Recuperar la tesis profunda del maestro Gerardo Molina, según la cual “Colombia ofrece la particu-laridad de que antes de que hubiera socialismo ya había antisocialismo”. Rememorar los análisis de Marcuse sobre la agresión omnipresente y predominante en las sociedades contemporáneas a través de la deshu-manización del proceso de producción y consumo, las condiciones de aglomeración de masas, la militarización y habituación psicológica a la guerra, el lenguaje agresivo y administrado, las tendencias tecnológicas destructivas y la desintegración del valor de la verdad. “Lo importante no es que los medios de comunicación mientan («mentir» presupone es-tar comprometido con la verdad); mezclan, más bien, verdades y medias verdades con omisiones, informaciones de hechos con comentarios y juicios de valor, información con publicidad y propaganda… se refugian entre líneas, o se camuflan, o se mezclan armoniosamente con tonterías, chistes, y pretendidas historias de interés humano” (Marcuse).

El esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo (3.7) es una condición sine qua non para superar estas matrices socioculturales de contrainsurgencia y un requisito ineludible para el fin del conflicto. Por ello constituye el último subpunto del punto tres. Sin una esclarecimien-to teórico e histórico de este fenómeno no podrán sembrase las premisas de la paz, la memoria y la justicia. Existen también representaciones instrumentales y tecnocráticas del fenómeno del paramilitarismo, por



ejemplo, el “negacionismo” (el expresidente Virgilio Barco en 1987 afir-mó que era una simple “confusión semántica”) o la “reduccionista” que lo limita a simples “manzanas podridas” de algunos agentes del Estado o la simple noción de “guerra sucia”; como otras seudoexplicaciones que lo limitan a una mera manifestación del narcotráfico. Una investigación rigurosa no puede desconocer que en 1962, como lo subraya Michael McClintock, tomando la información de fuentes oficiales norteameri-canas, llegó a Colombia el General Wiiliam Yarborough, Comandante del Special Warfare Center de Fort Bragg, que servía a la División 82, conocida por su participación en Vietnam y en la invasión a otros países, recomendando crear organizaciones de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo operaciones violentas contra la “oposición doméstica o nacional”. Tampoco es posible ignorar las figuras semejantes de para-institucionalidad utilizadas durante la violencia de 1946-1953 por los “pájaros”, “chulavitas”, “aplanchadores”, “penca ancha”, etc. El Estado, la academia y la sociedad le adeudan a la paz de Colombia una historia esclarecedora y verdadera sobre la génesis y desarrollo de las distintas etapas del “paramilitarismo” en Colombia.


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A 25 años del ataque a “Casa Verde”: La perspectiva de un Acuerdo final y el miedo al pueblo y a la reforma

Jairo Estrada Álvarez

Profesor del Departamento de Ciencia PolíticaUniversidad Nacional de Colombia

El domingo 9 de diciembre de 1990 se produjeron de manera simultánea dos hechos que habrían de marcar la historia re-

ciente de nuestro país. Al tiempo que se abrían las urnas para elegir los setenta constituyentes que conformarían la Asamblea Nacional Cons-tituyente, se produjo en el marco de la llamada “Operación Colombia” el ataque a “Casa Verde” con el fin de liquidar al Secretariado de las FARC, a través de un inmenso operativo militar en el que participaron cerca de 1.600 hombres, que contaron con el apoyo de 46 aeronaves de la Fuerza Aérea.

Después del parte inicial de victoria del entonces Comandante del Ejército, General Manuel Alberto Murillo, dado a conocer en horas de la tarde de ese mismo día, y de su anuncio de que con esta acción se había “restablecido el orden y el imperio de la ley en esa zona”, se co-noció al día siguiente un casete con la voz de Alfonso Cano, en el que el comandante guerrillero informaba que “él y sus demás compañeros se encontraban sanos y salvos”, según las informaciones de prensa de la época. La calculada operación de ejercicio de la “soberanía interna” había fracasado.

Lo que le siguió a esos hechos es conocido. Se cerró la puerta del diálogo y con ello la posibilidad de la participación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar ‒CGSB‒ en la Asamblea Nacional Constitu-yente, la cual sesionó y promulgó en julio de 1991 la nueva Constitución, que fue definida como un tratado de paz, incompleto e inconcluso ‒debe



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afirmarse‒, pues las principales fuerzas guerrilleras de la historia del país no hicieron parte de ella. Mien-tras la Asamblea sesionaba, se produjo una de las más intensas contraofensivas guerrilleras que condujo a la reunión exploratoria entre el Gobierno de Gaviria y la CGSB en Cravo Norte (Arauca) en mayo de ese año y luego a los diálogos de Caracas entre junio y noviembre. Tales diálogos se reanudaron en Tlaxcala en marzo de 1992 y se rompieron definitivamente en junio. En julio, el entonces Ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, anunció la política de “Guerra integral”, que tenía como propósito principal derro-tar a la guerrilla en 18 meses…

Valor histórico del proceso actual y persistencia del miedo al pueblo

No tiene sentido traer a la memoria estos hechos para hacer un ejercicio de historia contra-fáctica en los términos de “¿qué hubiera pasado si…?”. Con ello, busco más bien reafirmar una vez más la trascenden-cia de los diálogos de La Habana y, sobre todo, que el país se encuentra frente a la posibilidad real de la firma de un Acuerdo final entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional, cuyo valor histórico sigue sin sopesarse con la fuerza debida1. La incorporación de la guerra en la vida cotidiana como una anomalía con la que se ha podido vivir, impide avizorar con suficiencia el significado del arco histórico en el que sea posible el trámite de la conflictividad social y de clase a través de los recursos que brinda la política, el cual se inaugurará con el muy posible acuerdo de paz. De los contenidos y la calidad del Acuerdo final, así como de su efectiva implementación, dependerá en gran medida que la paz a construir, que no el fin del conflicto, sea en efecto estable y duradera, y con justicia social.

1 La perspectiva los diálogos del Gobierno con el ELN y la po-sibilidad de la negociación con esa guerrilla refuerzan este argumento.


Si se juzga por lo hasta ahora pactado, es indis-cutible que estamos frente a una potencia transfor-madora que para desatarse a plenitud requerirá un cambio en la correlación actual de fuerzas, aunque los acuerdos en sí mismos señalan algunas de las rutas futuras que asumirá el conflicto social y de clase. Se trata del probable inicio de un ciclo refor-mista, de intensificación de la lucha política por la democracia profunda y avanzada en los diferentes ámbitos de la vida social. De ello dan cuenta los acuerdos parciales “Hacia un nuevo campo colom-biano: Reforma rural integral”, “Participación po-lítica: Apertura democrática para construir la paz”, “Solución al problema de las drogas ilícitas” y, muy seguramente, el esperado acuerdo sobre el “Sistema integral de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición”, incluida la “Jurisdicción especial para la paz”. En todos ellos, se encuentran reflejadas aspiraciones históricas aplazadas del cam-po popular, que son coincidentes y van en la misma dirección de sus pretensiones actuales.

El aporte histórico del actual proceso de paz, más allá de la superación de la guerra, se encuentra en el muy probable impacto democratizador sobre la sociedad colombiana, si se logra garantizar ‒con el correspondiente soporte popular‒ que lo acordado sea efectivamente implementado. No son previsibles aún otros efectos desencadenantes y sobrevinientes. Por lo pronto es evidente, sin haber terminado la negociación, que los escenarios de la implementación tendrán la impronta de la conflictividad.

En el imaginario de las clases dominantes se man-tiene la idea del sometimiento guerrillero. Por ello, la expectativa de un acuerdo final ha estado fundada en una paz gratis fiscalmente y sin reformas, en el casti-go penal de la rebelión armada y en el reduccionismo “desmovilización, desarme, reinserción, DDR”. En el proceso actual se reafirma el miedo al pueblo y a la reforma que ha acompañado la historia republicana y predomina la tesis que la paz es para aclimatar de

La incorporación de la guerra en

la vida cotidiana como una anomalía

con la que se ha podido vivir, impide avizorar con suficiencia

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el que sea posible el trámite de la

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cual se inaugurará con el muy posible

acuerdo de paz. De los contenidos y la

calidad del Acuerdo final, así como de su efectiva

implementación, dependerá en gran medida que la paz a construir, que no el fin del conflicto,

sea en efecto estable y duradera, y con justicia social.



mejor manera los negocios, sin afectación alguna del régimen de dominación y explotación.

Tres hechos recientes son un buen indicador de esta afirmación:

¿Un Acuerdo final para que todo siga igual?Primero, la declaración del Consejo GremialNa-

cional de pasado 5 de octubre, en la que se pone de manifiesto que su respaldo al proceso de La Habana (siendo desde luego importante) está condicionado a que los acuerdos alcanzados sean incorporados al orden social vigente, sin afectarlo de manera alguna. Su idea de negociación “por razones humanitarias” y “asimétrica en favor del Estado”, además de desco-nocer las razones por la cuales se llegó a la situación de la solución política, considera que el Estado lo hace “para acoger dentro de la legalidad a quienes se encuentran por fuera de ella y para fortalecer la capacidad de las instituciones y continuar avanzando en la conquista de una Colombia mejor”. Es decir, el proceso paz es de mero sometimiento y reinserción.

Ello explica, por ejemplo, por qué los acuerdos so-bre una “reforma rural integral” son reinterpretados, no sólo para inscribirlos dentro de la lógica del mo-delo de empresarización capitalista del campo, sino para afianzar el existente régimen de concentración de la propiedad sobre la tierra e, incluso, demandar la revisión de regulaciones preexistentes en la legisla-ción colombiana. Señala el Consejo: “Instrumentos como la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública, y la extinción administrativa del dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, si bien preexisten en la legislación colombiana, deberán ser revisados y regla-mentados en su aplicación, en un marco de garantía del debido proceso y la legítima defensa de los propie-tarios legales de la tierra”. La apelación a la legítima defensa es cuando menos preocupante, cuando se contemplan los escenarios del posacuerdo. No sobra preguntarse si por “legítima defensa” se comprende la

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organización de grupos paramilitares, tal y como ha ocurrido a lo largo de la historia del conflicto.

En el mismo sentido deben ser leídos otros pasajes de la declaración gremial. La “Jurisdicción especial para la paz” sería una concesión que se justifica si per-mite el sometimiento a la “justicia penal transicional o restaurativa”; pero no lo sería cuando contempla res-ponsabilidades indirectas (dígase, las que comprome-ten a sectores del empresariado) o si es definida como universal y “no reconoce inmunidades ni fueros”. La reparación a las víctimas no debe ser para superar las limitaciones de la ley estatal vigente, sino para com-prometer a las FARC en sus dimensiones morales y económicas. La “Comisión de la verdad (sic)” no debe ser para promover “un debate retrospectivo sobre sus instituciones (las del Estado)” que “podría conducir a un injusto deterioro de su legitimidad”. Se persiste en la idea de que las economías ilegales serían las que hacen subsistir el fenómeno guerrillero y se llama a la atención sobre el no conocimiento de “compromi-sos para entregar bienes y rendimientos financieros asociados con el portafolio de negocios ilegales”, ig-norando el propio de reconocimiento en los acuerdos pactados de la conexidad de estas economías con la rebelión y su propio carácter sistémico. A los acuer-dos sobre la problemática de las drogas ilícitas se les admiten “ideas sensatas”, pero a renglón seguido se manifiesta preocupación porque la “erradicación se planee como un mecanismo voluntario que supone acuerdos previos con las comunidades”, indicándose que bajo esa metodología “la acción estatal podría quedar paralizada a término indefinido”.

¿Hacia la militarización de los centros urbanos?

Segundo, la petición del alcalde electo de Ba-rranquilla, Alejandro Char, de militarización de la ciudad para enfrentar los problemas de seguridad. Aunque semejante (des)propósito contó con un re-chazo importante y por lo pronto no prosperará, sí

Si se juzga por lo hasta ahora

pactado, es indiscutible que estamos frente a una potencia transformadora

que para desatarse a plenitud requerirá

un cambio en la correlación actual

de fuerzas, aunque los acuerdos en sí

mismos señalan algunas de las

rutas futuras que asumirá el conflicto social y de clase. Se

trata del probable inicio de un ciclo

reformista, de intensificación de

la lucha política por la democracia

profunda y avanzada en los

diferentes ámbitos de la vida social.



es una inquietante muestra de la forma como sectores de las clases dominantes conciben la seguridad ur-bana y la política para enfrentarla. La pretensión de Char se inscribe dentro de lo que el sociólogo Loïc Wacquant ha expuesto magistralmente en su libro “Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social”2. Junto con las políticas sociales de corte higienista que a través del asistencialismo buscan limpiar el paisaje urbano de la obscenidad de la pobreza y la medicalización de los pobres, es decir, considerarlos enfermos activos o potenciales (alcohólicos, drogadictos, depresivos o locos, etc.) y con tendencia a delinquir, se encuentra la tipificación penal de conductas consideradas propias de los po-bres3. Y ahora, con la propuesta de Char se introduce la tesis de que los problemas de inseguridad urbana pueden enfrentarse a través del tratamiento militar, ocultando de esa forma los problemas sociales no resueltos que se esconden tras de ella.

En el contexto colombiano, tal (des)propósito puede considerarse un anuncio de las nuevas tareas que se le pretenden adjudicar a las Fuerzas Militares a fin de evadir la necesaria redefinición de su doctrina, tamaño y estructura en el posacuerdo. Si antes esas fuerzas concentraban su accionar en la lucha contra-insurgente, ahora ‒reinventando el enemigo interno‒ deberán centrarse en la lucha contra la criminalidad común, que no es otra que la de los pobres. Y tras de ello, la persistencia de la militarización para en-frentar la protesta y el conflicto social, extendiendo una práctica ya existente en el país. El posacuerdo no puede ser el tránsito de militarización del campo a la militarización de los centros urbanos.

2 Loïc Wacquant (2010). Castigar a los pobres: el gobierno neo-liberal de la inseguridad social, Barcelona: Gedisa.

3 Véase, Bruno Lutz, “Castigar a los pobres: el gobierno neoli-beral de la inseguridad social”, en http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/espiral57/7_bru-no_lutz.pdf

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¿Repúblicas independientes o necesaria solución territorial?Tercero, el rechazo tajante por parte de la Delegación del Gobierno

en La Habana a la propuesta de las FARC-EP de constituir “Territorios especiales para la construcción de la paz – TERREPAZ”4. Una propues-ta que a todas luces es juiciosa y sensata, y que la Revista Semana invita a discutir en profundidad “porque ahí está el meollo del posconflicto y de su futuro político (el de esa guerrilla)”5, fue respondida por el Gobierno en los siguientes términos: “No estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables. (…) Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada, no hace parte de nues-tro imaginario. Los famosos TERREPAZ hacen parte únicamente del imaginario de las FARC”6.

Sin analizar la interpretación gubernamental, que indiscutiblemente distorsiona en su interpretación el sentido y la letra del texto guerrillero, y considerando que el tema todavía no se ha abordado en la Mesa, lo que lo que se pone en evidencia son algunas de las dificultades que enfrentará la discusión del Punto 3 de la Agenda “Fin del conflicto”, en particular en lo que se refiere a la dimensión territorial del proceso de normaliza-ción de la guerrilla. Más aún si éste busca definirse de acuerdo con la lógica de la fórmula del DDR. Basta una mirada a la historia territorial del conflicto colombiano para comprender que no se estará ‒en el caso de las FARC-EP‒ frente a un proceso de desmovilización de guerrilleros que abandonarán las armas para trasladarse a los centros urbanos para reinsertarse en la vida civil.

Si la construcción de la paz es con enfoque territorial, como se afirma en forma reiterada, la solución política implica una solución territorial, con todo lo que ella contiene. No es la delimitación geográfica para

4 Ver propuesta completa en: Delegación de paz de las FARC-EP, Propuesta quinta sobre el “Fin del Conflicto”, referida a la definición de Territorios Especiales para la Construcción de la Paz (TERREPAZ), en http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comu-nicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3191-propuesta-quinta-sobre-el-%E2%80%9Cfin-del-conflicto%E2%80%9D-referida-a-la-definicion-de-territorios-especiales-para-la-construccion-de-la-paz-terrepaz y http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3196-propuesta-quinta-sobre-el-fin-del-conflicto-referida-a-la-definici%C3%B3n-de-territorios-especia-les-para-la-construccion-de-la-paz-terrepaz-segundo-bloque-de-iniciativas

5 Ver, ¿Qué quieren las FARC con los Terrepaz?”, en Revista Semana, 05.12.2015. Consultar en: http://www.semana.com/nacion/articulo/las-farc-los-territorios-de-paz/452371-3

6 “No vamos a entregar el país”: general (r) Mora Rangel, en Revista Semana, 01.12.2015. Consultar en: http://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-enrique-mora-rangel-no-vamos-entregar-el-pais/451787-3



revivir el fantasma de las “repúblicas inde-pendientes”. Es el territorio como relación social conflictiva que posibilite efectiva-mente el destierro de la violencia, genere condiciones de convivencia y garantías de no repetición, reconozca formas de gobierno y economía que se han dado las comunidades que lo han habitado con la realidad de la presencia guerrillera, cumpla funciones propias del ejercicio de la justicia restaurativa y prospectiva pactada por las partes. Y que permita materializar el cese bilateral y definitivo de fuegos y de hosti-lidades, así como la dejación de las armas.

ColofónLas buenas noticias que llegan de La

Habana acerca de la perspectiva de un muy probable Acuerdo final indican al mismo tiempo no solo la pesada carga de comple-jidad y dificultad que tienen los temas aún pendientes, sino sobre todo la fuerte con-flictividad que se avecina en el período del

posacuerdo. Los contornos, los momentos y los lugares de la implementación de lo acordado serán los propios de la intensifica-ción de la lucha social, en el contexto de un régimen de dominación de clase que pese a estar afectado por las implicaciones de la solución política se resiste a la reforma. Las preguntas que siguen rondando son: ¿Cómo se va a encontrar el campo popular en esas nuevas condiciones? y ¿qué capaci-dad tendrá para consolidar un cambio en la correlación de fuerzas que permita avanzar hacia la necesaria democratización política, económica, social y cultural?.

http://elpais.com/elpais/2015/11/29/album/1448795093_243164.html#1448795093_243164_1448795325

Manila, Filipinas


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Ordenamiento territorial, reforma agraria y participación política en los Acuerdos de paz

Darío Fajardo Montaña

Docente Universidad Externado de Colombia

Las conversaciones de paz y los preacuerdos en torno a cada uno de los puntos de la Agenda abordados han estado permanen-

temente rodeados de incertidumbres. Las motiva la complejidad de los problemas planteados, de los intereses comprometidos en los mismos y de la aplicación por parte del Gobierno de “técnicas de negociación” en-caminadas a debilitar al adversario. Estas condiciones se hacen evidentes tanto en su estrategia de comunicaciones, en particular como parte de las tareas cumplidas por los medios de prensa hegemónicos, como en la acción permanente del paramilitarismo, instrumento de la política estatal de “control de la población”.

Los pre-Acuerdos sobre el tema agrario, primer punto de la Agenda, han sido uno de los ámbitos en donde se expresa el posicionamiento del gobierno frente a las negociaciones. La manifestación más evidente ha sido el tratamiento otorgado a este sector de la vida colombiana en el Plan de Desarrollo 2014-2018 y su prolongación en el trámite de la ley que establecería las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES).

Estas iniciativas, acompañadas por las propuestas de la Misión para la Transformación del campo, han coincidido con la publicación parcial de los resultados del Censo Agropecuario de 2014. Sin embargo, ante los diagnósticos contenidos en cada uno de estos ejercicios, las propuestas oficiales, lejos de intentar modificar las realidades reveladas, insisten en afianzarlas, todo lo cual genera preocupación en torno a las perspectivas



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económicas y políticas que se ciernen sobre la mayoría de la población colombiana. No solamente persiste la dirección del Estado en las políticas que han condu-cido a la postración del campo y a la exacerbación de la guerra, sino que hace caso omiso de los acuerdos a los que ha llegado en estos temas dentro de las con-versaciones de paz.

Igual ocurre en otros campos como el cese bila-teral al fuego respondido con la negativa oficial de acordarlo; la reticencia del Gobierno a respetar los pactos establecidos en torno a la secuencia de los te-mas y, en particular, su disposición para impulsar por fuera de la mesa de conversaciones iniciativas como las referidas a la refrendación de los acuerdos; la in-sistencia con el Marco Jurídico para la paz, el cual no fue acordado con la insurgencia y, más recientemen-te, los retrocesos sobre el sistema de Justicia. Agrava la inamovilidad oficial frente a las negociaciones el criterio según el cual “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Con respecto a la problemática agraria, ha sido notorio el impulso dado por el ejecutivo a la ley que regula las ZIDRES a través del ministro de Gobierno y del superintendente de Notariado y Registro. Esta iniciativa facilita la legalización de compras de tierras que habían sido asignadas a través de reforma agraria mediante Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y promueve su asignación a grandes proyectos agroex-portadores, al tiempo que elimina la asignación de tierras a favor de los pequeños campesinos carentes de ellas o con muy pequeñas posesiones, para los que solamente prevé su asociación con grandes emprendi-mientos en calidad de aparceros.

Esta ley no solamente descartaría la titulación de baldíos a través de UAFs, las cuales son “flexibiliza-das” para ampliar su extensión y asignación a grandes firmas de inversiones, sino que se abre el camino para la derogatoria de los contenidos favorables a los cam-pesinos de la ley 160 de 1994, como son el ya men-cionado acceso a tierras baldías y el establecimiento


de Zonas de Reserva Campesina, intención que ya ha sido manifestada por voceros del empresariado agrícola.

Al tenor de que aún todo está por acor-darse, es necesario tener en cuenta que so-bre la Mesa de conversaciones está puesta la totalidad de las propuestas a consideración de los negociadores. Vale señalar que todas ellas están estrechamente ligadas, como lo reflejan las referidas a la democratización del acceso a la tierra, el desarrollo rural in-tegral y la participación popular, las cuales convergen en los ámbitos del ordenamiento social y ambiental del territorio, tema for-malmente recurrente en el panorama polí-tico nacional.

A este propósito vale recordar que cada cierto tiempo retorna el llamado a cons-truir un ordenamiento territorial, a poner en aplicación las normas existentes, etc., etc., en un país en el que hace mucho rato se habla y se legisla sobre este tema, pero en el cual continúan profundizándose los efectos de un centralismo sustentado en el

Las conversaciones de paz y los preacuerdos en torno a cada uno de los puntos de la Agenda abordados han estado permanentemente rodeados de incertidumbres. Las motiva la complejidad de los problemas planteados,

de los intereses comprometidos en los mismos y de la aplicación por parte del Gobierno de “técnicas de

negociación” encaminadas a debilitar al adversario. Estas condiciones se hacen evidentes tanto en su estrategia de

comunicaciones, en particular como parte de las tareas cumplidas por los medios de prensa hegemónicos, como

en la acción permanente del paramilitarismo, instrumento de la política estatal de “control de la población”.

juego de los poderes regionales. Por esta razón es conveniente comprender qué se en-tendería por ordenamiento territorial y más específicamente por “ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra”, tal como se planteó en las propuestas mínimas llevadas ante la Mesa de conversaciones de La Habana.

Para empezar, conviene recordar que aun antes de formularse los instrumentos para la descentralización a partir de la Constitución de 1991 se abrían paso deba-tes en torno a la democratización de la so-ciedad colombiana, como los que impulsara Orlando Fals Borda en la década de 1980.

Tales debates se ampliaron en el marco de la Asamblea constituyente de 1990, pero los gestores de la agenda neoliberal lograron penetrar el ordenamiento político y econó-mico renovado en la carta de 1991, apro-vechando los anhelos de paz de gran parte del país y las debilidades de la participación popular en la Constituyente. Gracias a estas



condiciones el proyecto de los grupos del poder internacionales y sus asociados en el nivel nacional fue entronizado y fortalecido a través de sucesivas adiciones y reformas hasta llegar a las condiciones que hoy pre-senta la carta política en todos los ámbitos, en particular, los económicos, políticos y comerciales, representados en la prestación de los servicios de salud y educación, la pre-servación del fuero militar y de los “estados de excepción”, vaciando los propósitos pro-gresistas de las demandas constituyentes.

En el ámbito del ordenamiento del terri-torio hay una nueva legislación, pero es ne-cesario aclarar su carácter. El territorio está conformado por los espacios específicos, ru-rales y urbanos, continentales y acuáticos, terrestres y aéreos en los que se desarrolla la vida de la sociedad; en donde ésta habita, produce, extrae, se transporta, comercia, interpreta, se confronta, preserva. Expresa, por tanto, intereses, proyectos económicos, políticos. A su vez, el Estado regula la uti-lización, apropiación y utilización de esos

espacios pero no como una agencia neutra frente a los intereses que los controlan o pretenden controlar, sean ellos internos o externos. El Estado asigna porciones de este espacio de acuerdo con el poder del que disponen quienes se benefician de esta dis-tribución; es lo que reflejan las políticas de baldíos, así como también lo que reflejan las políticas fiscales; de estas relaciones derivan la baja tributación de la tierra pero también los castigos fiscales que reciben los colonos cuando legalizan sus tierras y son obligados a tributar por el beneficio que reciben de carreteras construidas por ellos mismos, como ocurre en zonas de colonización del Caquetá. Por esa razón el espacio en el que vivimos ha sido y está siendo apropiado históricamente, es objeto de conflictos –in-cluso de una larga guerra– y expresa en su distribución las relaciones de poder.

Actualmente el país ofrece un ordena-miento territorial que expresa en el espacio nacional el poder real de la gran propiedad, apreciable en el Censo 2014. Este ejercicio

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registra cómo entre 1960 y 2014 la frontera agraria pasó de 27.337.827 a 113.008.629 has en 2014, crecimiento que fue absorbido por la gran propiedad como resulta de que las explotaciones con más de 500 hectáreas ocupan el 41.1% del área censada, con una mayor participación de las unidades con más de 1000 hectáreas, en tanto que las pequeñas explotaciones, con menos de 5 hectáreas han proliferado hasta representar el 69.9% de las unidades de explotación sobre una superficie que abarca menos del 5% del área censada. Complementan estas cifras sobre la distribución de la propiedad las referidas a su uso: del total del área para uso agropecuario, el 80.5% se destinó a pas-tos y solamente el 19.1% a cultivos, en tanto el país agrava su dependencia alimentaria al sostener en importaciones más del 50% de su abastecimiento alimentario.

Este poder real es parte del ejercido por los grandes intereses extranjeros y nacio-nales, constituidos en proyectos mineros, energéticos y de agronegocios, como los establecidos en El Cerrejóny demás grandes

La propuesta de construcción del Estado desde lo local será un proceso que, nacido en lo local y logrado a través de acuerdos establecidos entre las gentes del

común con todos los demás sectores de la sociedad, en condiciones de respeto y simetría política, podrá

articularse con los demás niveles de la organización de nuestra sociedad. Será también la vía para integrar las

propuestas campesinas planteadas en el desarrollo de las conversaciones de paz de La Habana y que son temas de

la Agenda, sobre los cuales no hay aún nada acordado.

explotaciones carboníferas, la represa de El Quimbo, La Colosa, bajo Cauca, cuenca del Atrato, Cesar, las plantaciones de caña y palma aceitera en este mismo departamento, el Magdalena Medio y la altillanura, estos últimos controlados por transnacionales y sus socios nacionales, los “nuevos llaneros”, de la mano de paramilitares, con sus efectos directos en la destrucción de comunidades y la usurpación y abandono de tierras.

Dentro del marco jurídico vigente, las autoridades municipales asumen la construcción de los catastros y las cargas tributarias, traduciendo igualmente las re-laciones de poder, lo cual constituye una de las razones de las pujas electorales y explica en gran parte la baja tributación de la gran propiedad, señalada por distintos analistas. Ese es el ordenamiento territorial impuesto por la guerra contra la sociedad y contra su patrimonio ambiental.

La superación de estas condiciones como vía para la construcción de la paz ha de expresarse, por el contrario, en la organización democrática del territorio.



En ella han de participar las comunidades de manera activa, orientadas por los pro-pósitos de atender la satisfacción de sus necesidades fundamentales en condiciones de sostenibilidad ambiental. Esta propuesta de construcción del Estado desde lo local sigue experiencias acumuladas a través de las cuales distintas comunidades se han propuesto resolver problemas y necesidades básicas de sus participantes. En ellas han acumulado y transmitido sus aprendizajes en la administración y gestión de sus recur-sos, en la construcción de sus territorios. Son procesos en desarrollo, que paulatina-mente se multiplican en regiones margina-lizadas y martirizadas, como el Caquetá, Putumayo, Meta, el valle del río Cimitarra y Catatumbo, en las cuales, en medio de la guerra y las persecuciones, las comunidades han empezado a construir el ordenamiento territorial de la democratización del acceso a la tierra, de la protección de los alimentos, de los suelos y de las fuentes del agua, de la preservación de las semillas, de la protec-ción de la vida. Será un proceso que, nacido en lo local y logrado a través de acuerdos establecidos entre las gentes del común con todos los demás sectores de la sociedad, en condiciones de respeto y simetría política, podrá articularse con los demás niveles de

la organización de nuestra sociedad. Será también la vía para integrar las propuestas campesinas planteadas en el desarrollo de las conversaciones de paz de La Habana y que son temas de la Agenda, sobre los cuales no hay aún nada acordado.

La disposición de las dirigencias nacio-nales y del gobierno que las representa para eludir los compromisos derivados de las conversaciones de paz y, en últimas, para impedir cualquier cambio en las condicio-nes del país crea profundas incertidumbres sobre el acatamiento a los resultados de las negociaciones, sobre “el día después” de firmados los acuerdos. Las conversaciones han permitido exponer ante el país y ante el mundo las demandas de la paz y han abier-to la posibilidad del cese de la guerra, pero las dudas sobre su cumplimiento solamente serán superadas mediante una sostenida movilización popular. Un proceso que ‒liberado de las amenazas de persecución y muerte gracias al cese definitivo de las hos-tilidades y a la erradicación del paramilita-rismo como parte de los acuerdos‒ alcance magnitudes que impidan a las dirigencias del país continuar lucrando del atraso y la pobreza y las lleven al cumplimiento de sus responsabilidades con la paz y el bienestar de la nación.

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La COP21: Una cumbre en favor de las grandes Empresas Transnacionales

Daniel Libreros Caicedo

Profesor del Departamento de Derecho Universidad Nacional de Colombia

Los antecedentes

Fue en 1998 cuando ante la tozuda realidad de los hechos y las advertencias de los científicos sobre los peligros del calen-

tamiento global las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), grupo que no ha hecho más que repetir reiteradamente, en documentos extensos, que el aumento de la tem-peratura en la superficie del globo terráqueo obedece principalmente a las emisiones de gas invernadero, siendo el principal responsable de los mismos el dióxido de carbono que se desprende del uso de energía fósil. El IPCC ha añadido que estamos en el límite del calentamiento y que si no se revierte esta situación las consecuencias para la humanidad serán devastadoras, incluyendo el aumento en los niveles de los océanos, que podrán inundar ciudades costeras, y producir sequías y destrucción masiva de la biodiversidad1.

1 Estas inminentes consecuencias devastadoras son aceptadas por la opinión infor-mada en el tema y hacen parte de la retórica gubernamental. Obama en el discur-



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Pero, a pesar de estos anuncios, la contaminación del planeta con combustibles fósiles aumenta cada día más. Reducirla afecta los negocios de los grandes gru-pos transnacionales. Esta lógica mercantil determina las tan pregonadas cumbres climáticas. En secuencia histórica, la primera que fue la denominada Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, definió la Convención Marco de las Naciones Uni-das sobre el Cambio Climático –CMNUCC–, en la que se establecía la existencia de responsabilidades desiguales entre países metropolitanos y periféricos tanto en lo referente al calentamiento atmosférico como a la capacidad de tomar medidas remediales. En Kyoto, cumbre que se realizó siete años después y cuyos protocolos solo fueron firmados a lo ocho años de su realización, los países miembros se comprome-tieron a reducir sus emisiones en un 5,2% entre 2008 y 2012, teniendo como línea base el año 1990. Nada de eso ocurrió.

Lo que oficializó Kyoto fue los denominados “mercados verdes”, modificando la sustitución de los compromisos anteriormente aceptados por los gobiernos metropolitanos por la compra de títulos que se colocan en los mercados de valores, bajo la

so que realizó en el inicio de las discusiones de la COP21 en París anotó al respecto, “Este verano yo vi los efectos del cambio climático en nuestro Estado más septentrio-nal, Alaska, donde el mar ya está arrasando con pueblos y erosionando las costas; donde la capa helada permanente se descongela y la tundra se quema; donde los glaciares se están derritiendo a un ritmo sin precedentes en tiem-pos modernos. Y fue el anticipo de un posible futuro, un panorama del destino de nuestros hijos si el clima sigue cambiando más rápidamente que nuestros esfuerzos por hacer frente a estas alteraciones. Países sumergidos. Ciu-dades abandonadas. Campos que ya no producen. Pertur-baciones políticas que desencadenan nuevos conflictos e incluso más circulación de pueblos desesperados en busca del santuario de países que no son el propio […] La próxi-ma generación está observando lo que hacemos”. Discurso de Obama ante la COP21, París, 30 de noviembre del 2015, publicado por Shareamérica en https://share.america.gov/es/la-proxima-generacion-esta-observando-lo-que-hacemos-dijo-obama-en-la-primera-sesion-de-la-cop21


justificación de promocionar “energía limpia” 2, abriendo una nueva área de inversión al capital financiero. Igualmente aprobó la gestión comer-cial de los bosques. Aun así, el gobierno de los EE.UU. no firmó los protocolos. En el año 2009, se desarrolló la Cumbre de Copenhague, la cual fue otro fracaso. Debe rescatarse, sin embargo, la aprobación de un elemento metodológico importante para establecer indicadores asocia-dos a la “responsabilidad desigual” de los países, cual es el “presupuesto del carbono” que limita las emisiones de los Estados miembros, en un tiempo determinado, a la contaminación que ya han producido con an-terioridad3. Pero, en las conclusiones, la responsabilidad de implementar este mecanismo quedó a discreción de los países firmantes, reduciéndola a informes a la secretaría del CMNUCC, con lo que se anula cualquier

2 Esta justificación es falsa. La mayoría de estas fuentes energéticas no son limpias y además desconoce realidades sociales evidentes. Tal es el caso de las hidroeléc-tricas que según las propias Naciones Unidas han desplazado más población a nivel mundial que las guerras en las últimas décadas. Aproximadamente 80 millones de personas. (ver: Naciones Unidas: Diversos informes sobre el tema).

3 Daniel Tanuro en “COP 21, a summit of falsehood”, International View Point, sep-tiembre 4 de 2015, en http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4206. El “presupuesto de carbono” trata de establecer la cantidad máxima de carbono que podrá emitir una economía durante un período de tiempo determinado e introducir los mecanismos adecuados para que el límite fijado no se sobrepase. Este indicador se toma en unidades de CO2 en términos relativos a lo gases efecto invernadero que se incluyan en el ya citado presupuesto.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha advertido que estamos en el límite del calentamiento y que si no se revierte

esta situación las consecuencias para la humanidad serán devastadoras, incluyendo el aumento en los

niveles de los océanos, que podrán inundar ciudades costeras, y producir sequías y destrucción masiva de la biodiversidad. Pero, a pesar de estos anuncios, la contaminación del planeta con combustibles fósiles

aumenta cada día más. Reducirla afecta los negocios de los grandes grupos transnacionales. Esta lógica mercantil

determina las tan pregonadas cumbres climáticas.



posibilidad de implementarlos. Adicionalmente, en Copenhague se creó un “Fondo Verde” administrado por el Banco Mundial para actuar ha-cia la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero4.

Un año después, en Cancún, la discusión giró en torno al límite tolerado en grados centígrados del calentamiento global para los próxi-mos años definiéndose que éste era de 2 grados en términos comparati-vos con la era preindustrial. Este criterio, que ya había sido oficializado por la Comunidad Europea en 1997 y adolece de una base científica cierta, ha abierto, por esa causa, debates en las comunidades académi-cas y ha propiciado el rechazo de los países periféricos5. Más allá de esta discusión, ni siquiera se establecieron procedimientos serios para lograr estos objetivos.

Una Cumbre hecha para profundizar la financiarización de la Naturaleza

El carácter empresarial y corporativo de la COP21 estaba definido de antemano. Fue el resultado de la iniciativa de Naciones Unidas de involucrar a los grupos económicos en la “Cumbre de negocios y el Cli-ma” realizada en París en mayo de este año, la cual recibió el apoyo del Consejo Empresarial Mundial para el desarrollo Sostenible6.

El Presidente anfitrión, Francois Hollande, de ideología socialdemó-crata, no dejo dudas al respecto. Declaró en los días previos a la COP21 y a manera de ambientación de la reunión: “Las empresas son esenciales porque son ellas las que van a traducir, a través de los compromisos que se harán, los cambios que serán necesarios, esto es, la eficiencia energé-tica, el aumento de las energías renovables, la capacidad de transportar con una movilidad que no consuma energía, el almacenamiento de energía, el método de construcción de los hábitats, la organización de las

4 Ibíd. “La COP en Cancún, al año siguiente, fijó un importe anual de cien mil millones de dólares a partir de 2020, pero el Fondo todavía no contiene una décima parte de esa suma – y los gobiernos del Norte están pensando más en préstamos que en donaciones…”. Estos gobiernos son conscientes de que el crédito es una forma de dominación.

5 Ibíd. Este límite es arbitrario y fue impuesto por la Comisión Europea en 1997 ba-sándose en el diagnóstico del economista Nordhaus. En 1990 el Instituto ambiental de Estocolmo había proyectado un límite que no superara 1 grado centígrado. La oficialización de los “grados centígrados produjo en Cancún un rechazo mayoritario de los países periféricos lo que obligó a oficializar sesiones de discusión. El punto sigue aún sin resolverse.

6 Dirigido por el gerente de Unilever, incluye en sus filas a empresas como Petrobras, Chevron, Dow Chemicals y Eternit. Su nombre es una contradicción en los términos.


ciudades, así como la participación en el proceso de transición, la adaptación de los países en desarrollo”7.

Durante la cumbre esta impronta privatizadora ha sido ratificada por los organizadores. “Si los 195 países reunidos en París logran un acuerdo robusto contra el cambio climático, se enviará un mensaje claro a los mercados”, declaró Ban Ki-moon en me-dio de los debates de la COP21. El “mensaje claro” permitirá que los grandes inversores se interesen en la descontaminación ambiental, agregó. Los voceros de la OCDE hicieron eco de esta declaración de manera simultánea. Esta reunión –adujeron– ha de producir “una señal fuerte” al sector financiero que debe tener certeza sobre sus inversiones8.

Además de la impronta privatizadora que reco-nocen los directamente involucrados en la cumbre, debe resaltarse la invocación a los inversionistas financieros. En septiembre de 2014 se inició una campaña mundial que propiciaba la desinversión en combustibles fósiles. “Una de las caras más conocidas de esta iniciativa es Stephen Heints, presidente de la Fundación Hermanos Rockefeller. “Este movimiento está creciendo rápidamente”, ha indicado Heints este miércoles. Su Fundación fue de las primeras en su-marse a esta campaña. Salir de las inversiones ligadas al CO2 tiene, en su opinión, sentido “económico” y “racional”. Ha recordado que muchas de las inversio-nes ligadas a los combustibles fósiles, si los acuerdos de París se cumplen, están en “riesgo”9.

Otros inversionistas institucionales de renombre que hacen parte de este nuevo propósito inversionista son la compañía aseguradora Allianz y el fondo de

7 Daniel Tanuro, Op. Cit.

8 “Medio millar de fondos de inversión se alejan de las ener-gías fósiles”, El País de Madrid, Diciembre 8 del 2015, en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/02/actua-lidad/1449049636_589478.html

9 Ibíd.

Esta prospectiva de negocios en

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de la naturaleza. Para revertir el calentamiento

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que actualmente controlan, que

son parte de sus patrimonios

titularizados en las bolsas de valores.

Ello produciría inmediatamente

una crisis financiera sistémica.



pensiones alemán PFZW10. En la COP21 se ha con-firmado que otros 500 inversionistas-crédito se han sumado a esta campaña internacional11. A esta nueva apuesta inversora se ha sumado la conformación de un multimillonario Fondo de Inversión en Tecnolo-gías limpias en el que ya han aportado Bill Gates, el fundador de Microsoft, Mark Zuckerberg, consejero delegado de Facebook, y Jack Ma, dueño del portal de ventas on line chino Alibaba, entre otros.

Este desplazamiento parcial de los Fondos de in-versión hacia energías renovables se apoya en cálculos sobre rentabilidad futura. “Carbon Tracker”, una ONG reconocida internacionalmente en los merca-dos de valores por sus interpretaciones sobre los ne-gocios medioambientales, ha llegado a la conclusión de que “las empresas de combustibles fósiles podrán perder hasta 2,2 billones de dólares en la próxima década” a causa del debilitamiento de la demanda mundial y de las propias fuentes de combustibles fósiles12. Adicionalmente, los Fondos de inversión transnacional al incursionar en energías renovables hacen una apuesta de mayor envergadura para el fu-turo: apuntan a fortalecer el imperialismo financiero. Otra de las instituciones técnicas que hace parte de la red internacional de definiciones medioambientales asociadas a inversiones, el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo –IIED–, “ha realizado un análisis del coste que tendrán para los 48 países menos desarrollados del mundo, casi todos ubicados

10 Ibíd. Allianz eliminó de su cartera 630 millones de dólares de inversiones en energía fósil y PFZW tiene un capital de US$161.000.

11 Ibíd. La suma de los activos de esto inversionistas institu-cionales llega a US$3.4 billones aproximados, pero los pro-pios organizadores de la campaña reconocen que es difícil determinar el monto de las inversiones en descontamina-ción dado que muchas de ella son parciales.

12 Ibíd. “No serán necesarias nuevas minas de carbón, la de-manda de petróleo alcanzará su pico alrededor de 2020 y el crecimiento del gas natural no va a cumplir las expectativas del sector”, vaticina Carbon Tracker.

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podrá eliminar los riesgos que se

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en África, los planes nacionales contra el cambio climático que se han presentado ante la ONU. Esta organización calcula que a partir de 2020, cuando entrará en vigor el futuro acuerdo de París, los 48 Estados requerirán 93.000 millones de dólares al año”13. Lejos de aceptar la tesis de la responsabilidad desigual entre países metropolitanos y periféricos en la existencia del calentamiento global, la prospectiva de los grupos financieros transnacionales y de los gobiernos que los representan es la de imponer condi-ciones coloniales a los países periféricos para ampliar el circuito de sus inversiones.

Esta prospectiva de negocios en nada beneficia a la humanidad que se encuentra en la encrucijada de una destrucción sin precedentes de la naturaleza. Para revertir el calentamiento global se requeriría que las empresas productoras de hidrocarburos dejaran de utilizar las cuatro quintas partes de las reservas que actualmente controlan, que son parte de sus patrimonios titularizados en las bolsas de valores. Ello produciría inmediatamente una crisis financiera sistémica.

En la lógica del funcionamiento del capitalismo –que ha terminado por producir una crisis civilizatoria que coloca en riesgo el futuro de la humanidad– no hay salida. Solamente una transformación radical que lleve a un cambio social en el que el mercado y la ganancia privada no sean hegemónicos podrá eliminar los riesgos que se nos avecinan.

13 Ibíd.


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Las economías colaborativas y la nueva piel del capitalismo:Sobre Uber y otros demonios

Santos Alonso Beltrán Beltrán

Docente UN-ESAP

La regeneración constante del capitalismo es una de sus carac-terísticas más relevantes en orden a garantizar su continui-

dad como relación social. La acumulación capitalista precisa de ejer-cicios de renovación y profundización; estos procesos se dan mediante crisis recurrentes que ordenan la actividad, en principio anárquica, de la producción y el consumo. En este sentido, las crisis deben leerse como oportunidades que se presentan a los capitalistas de suavizar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia mediante avances en las formas de explotación del trabajo; en la reducción de los salarios; en la eliminación de las trabas entre el proceso de producción y el proceso de consumo, o en el desarrollo de nuevas formas de generar plusvalor en relaciones y contextos sociales en los que el objetivo no era precisa-mente la búsqueda de la ganancia.

En la dinámica actual de acumulación capitalista, posterior a la crisis inmobiliaria de finales de la primera década del siglo XXI, se viene presentando una nueva oportunidad para la acumulación me-diante la adopción de formas de generación de valor en espacios socia-les que antes eran simplemente ejercicios y formas de relacionamiento entre individuos y grupos sociales. Estas “economías colaborativas” se han proyectado de manera ambigua como formas de resistencia a la explotación del trabajo y como manifestaciones de la libertad de consumidores y productores de mercancías o servicios. En realidad,


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estas nuevas dinámicas de generación de valor de-ben ser ubicadas en el marco de su significado, esto es, como formas con las que el capitalismo global lanza una nueva avanzada por controlar espacios ajenos a la explotación y la ganancia. En este texto nos proponemos mostrar como estas nuevas moda-lidades de negocio que someten Estados y gremios se convierten en aguzadas formas de generación de valor para los capitales transnacionales, ubicándose muy lejos de la pretendida emancipación de consu-midores y pequeños oferentes de bienes y servicios.

Las crisis capitalistas: anarquía y orden de la acumulación

La acumulación capitalista se realiza gracias al ciclo ininterrumpido del proceso de valorización y el proceso de consumo de mercancías. El proceso de valorización implica todo el ejercicio productivo en el cual el capital constante (materias primas, insu-mos y máquinas) transmiten su valor a la mercancía gracias a la acción del capital variable (fuerza de trabajo). A su vez, el proceso de consumo de mer-cancías implica la realización del valor mediante la obtención en dinero del precio de mercado en el que las mercancías son tasadas. El dueño de los medios de producción destina la mayor parte del importe logrado por la venta de las mercancías a la reposición de los medios de producción (acumula-ción simple), pero la misma naturaleza expansiva del capitalismo le obliga a aumentar la cantidad de capital para iniciar un nuevo ciclo de producción mayor (acumulación ampliada), para lo cual destina buena parte del plusvalor obtenido. El restante plus-valor que le generó el proceso productivo anterior es consumido de manera no productiva en la solución de sus necesidades y condiciones de vida.

La competencia salvaje entre productores, el desarrollo ininterrumpido de las fuerzas produc-tivas, las tensiones entre el capital y el trabajo ‒y, fundamentalmente, el desajuste entre las dinámicas


de valorización y consumo‒ generan procesos de “des-acumulación” como resultado de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia obte-nida en cada proceso productivo. Aun así, el capitalismo no se ordena de manera centralizada, de forma tal que se puedan tomar decisiones para garantizar que esas tensiones sean asimiladas sin contratiempos en el sistema completo y, por ello, explotan las crisis, no tanto como momentos de amenaza a la estabilidad del capital sino como oportu-nidades de ordenar, renovar o explorar nuevas formas de obtención de plusvalor.

Así las cosas, a la anarquía capitalista que puede manifestarse en crisis no se responde con la construcción racional de una forma de intervención global, sino que cada productor toma sus propias deci-siones tratando de mantenerse a flote en el competitivo mundo de la producción y el consumo. En el marco de este ambiente convulsivo se descubren formas novedosas de producir valor. En algunos casos, estas formas pueden tomar el proceso de producción con el objetivo de reducir los costos mediante la re-edición de las disputa capital-trabajo a partir de nuevas formas de sub-proletarización, des-formalización laboral o esquemas de eliminación de las trabas legales para la explo-tación del trabajo. En otras ocasiones, el capital apela a la inclusión de nuevos materiales, insumos y técnicas de transformación que reducen ostensiblemente los costos. Finalmente, el proceso de producción pue-de ser la fuente de la reducción de los costos de la mercancía mediante el desarrollo de nuevos esquemas de administración del trabajo y la

El afán por la ganancia que muestran los capitalistas los ha llevado a explorar nuevas formas de paliar la tendencia

decreciente de la tasa de plusvalía y a utilizar de manera cada vez más provechosa la propensión a la crisis, que

es también una condición connatural a la esencia del capitalismo. Es en este contexto que surge la iniciativa de colonizar espacios de relacionamiento social en los

cuales primaba la libertad y la resistencia de los pequeños productores, o de los consumidores, a las iniciativas de

monopolización, consumismo y explotación del trabajo.



producción al interior de la nave industrial. En el lado del consumo, las herramientas del capitalismo para salir a flote incluyen la creación de patrones de consumo y necesi-dades que implican la resolución mediante nuevas mercancías, la generación de diver-sas modalidades de financiación mediante el endeudamiento de los compradores y la construcción de novedosos esquemas de participación de los propios trabajadores en el consumo y venta de mercancías.

En tanto que los procesos de valori-zación y consumo deben estar inescin-diblemente unidos, y en tanto las crisis se presentan fundamentalmente por su desconexión o por fallas en su sincroni-zación, el capitalismo ha desarrollado una herramienta extra mediante la cual inserta el espacio físico en el mismo proceso de va-lorización al reducir, mediante el desarro-llo tecnológico, los tiempos de transporte entre la producción y el consumo. En este mismo aspecto, el capitalismo inserta las relaciones espaciales de las comunidades

Sidney, Australia


en dinámicas de valorización desplazando la producción de un lugar a otro, pauperi-zando espacios físicos para luego retornar a ellos y obtener plusvalías por la reubicación de la actividad productiva, dirigiendo los procesos de urbanización para obtener allí ganancias extras y, en general, utilizando de manera provechosa su carácter de rela-ción espacializada.

Al final, el carácter anárquico de la competencia empuja a los productores a utilizar de manera indistinta cualquiera de los recursos enunciados, por lo que el desarrollo del modo de producción parece presentarse como caos. Sin embargo, en la anarquía y la tendencia a la crisis se imponen los competidores más fuertes que absorben a los ineficientes o débiles y ordenan las dinámicas de producción de valor; desde allí se aprestan a transformar las trabas legales que los sistemas políticos pueden imponerles para limitar su desen-frenada búsqueda de la ganancia.

Canberra, Australia


Los nuevos espacios de generación de valor: “Por tu bien, pero sobre todo por el mío…”

El afán por la ganancia que muestran los capitalistas, que más que un vicio o tendencia individual es la impronta del sistema para su sobrevivencia, los ha llevado a explorar nuevas formas de paliar la tendencia decreciente de la tasa de plusvalía y a utilizar de manera cada vez más provechosa la propensión a la crisis, que, como se dijo, es también una condición connatural a la esencia del capitalismo. Es en este contexto que surge la iniciativa de colonizar espacios de rela-cionamiento social en los cuales primaba la libertad y la resistencia de los pequeños productores, o de los consumidores, a las iniciativas de monopolización, consumismo y explotación del trabajo. Los espacios sociales en cuestión son aquellos que surgieron en el desarrollo de acciones de solidaridad y cooperación entre sujetos que se asociaban para reducir los impactos negativos que el avance voraz del capitalismo generaba en el medio ambiente, en los valores de las comunidades y en la satisfacción de las necesidades al margen de los circuitos políticos o económicos institucionalizados.

Las comunidades que se orientaban a resistir al capital mediante acciones de cooperación, uso colectivo de los bienes o generación de formas de solidaridad orientadas por un determinado esquema de valores sociales, se multiplicaron en el universo fluido de las comuni-caciones en Internet. Compartir el carro para reducir el uso de estos

Así las comunidades virtuales creadas para usar de manera compartida un automóvil fueron transformadas en un

negocio rentable de la intermediación en transporte urbano, que desafía todas las iniciativas de regulación.

La acción de los grandes inversionistas fue limpia y contundente. Tomaron el modelo de la comunidad

virtual de solidaridad para montar sobre él la oferta de propietarios de automóviles dispuestos a transportar

personas con usuarios que demandaban el servicio, en un modelo de competencia desaforada y desregulada.



automotores y, con ello, reducir la polución ambiental, la congestión vehicular urbana y resistir a la fetichización del auto como objeto de prestigio y poder fue el objetivo inicial de estas comunidades en la red. La misma orientación se podría identificar en-tre quienes para reducir los costos de aloja-miento apelaban a comunidades virtuales en las cuales todos los miembros, en un acto de solidaridad y reciprocidad, estaban dispuestos a brindar sin contraprestación económica alguna una habitación en cualquier lugar del mundo. Estas acciones y otras formas parecidas se potenciaron gracias a las telecomunicaciones pero tam-bién por ella misma fueron consideradas rápidamente por los capitalistas como oportunidades de generación de valor.

Así, por ejemplo, las comunidades virtuales creadas para usar de manera compartida un automóvil fueron trans-formadas en un negocio rentable de la intermediación en transporte urbano, que desafía todas las iniciativas de regulación. La acción de los grandes inversionistas fue limpia y contundente. Tomaron el modelo de la comunidad virtual de soli-daridad para montar sobre él la oferta de propietarios de automóviles dispuestos a transportar personas con usuarios que demandaban el servicio, en un modelo de competencia desaforada y desregulada.

Aquí las herramientas descritas para hacer frente a la tendencia decreciente de la ganancia y para el uso provechoso de la crisis, fueron llevadas a nuevas dimensio-nes. En principio, la desregulación laboral se implementó como modelo a seguir: los conductores no disfrutan de vínculo algu-no con la plataforma que los conecta con

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los usuarios, pero que sí se les exige un monto por la intermediación, quedando desprotegidos en términos laborales; no existen límites de tiempo para las jornadas de trabajo ni siquiera un parámetro para de-terminar los montos de la intermediación. Otro tanto se puede decir respecto de los usuarios, quienes no están protegidos contra eventua-lidades negativas que les puedan suceder durante el uso del servicio, toda vez que el esquema de negocio implica una especie de acuerdo entre personas individuales sin el respaldo de alguna organización o institución responsable. En el caso de resolver los inconvenientes de lado del consumo, se apeló a la forma ya descrita de la generación de una necesidad y la creación de novedosas formas de pago que implican el uso de tarjetas de crédito, así como la inclusión de los conductores en todo el esquema de venta del servicio. Finalmente, la “eliminación del espacio por el tiempo” está también a la orden del día: conectar al usuario y al prestador del servicio reduciendo los tiempos muertos de producción de valor se convierte en la máxima de la intermediación; con ello se garantiza una generación de valor casi ininterrumpida.

Los inversionistas de estos negocios saben que la crisis es solo una nueva oportunidad para el desarrollo de nueva modalidades de genera-ción de valor y, tras la libertad, la autonomía, la necesidad de un servi-cio y la resistencia a la regulación, han montado un lucrativo negocio que somete Estados y comunidades. La nueva piel del capitalismo es más seductora, más atractiva, pero no deja de ser también la envoltura de la explotación del trabajo, la búsqueda desaforada de la ganancia y la eliminación de los valores sociales que ordenan a las comunidades más allá de los intereses del capital. Así que los ganadores con estas “econo-mías colaborativas” pueden decir que por nuestro bien ‒pero sobre todo por el de ellos‒ van a seguir brindando la libertad y la autonomía que el nuevo mundo de la tecnología crea para nosotros y en el entretanto se lucrarán de forma exponencial por su acción desinteresada.



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Venezuela: La trampaAtilio Borón

Investigador Superior del Conicet. Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el CaribeFacultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos AiresDirector del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias SocialesCentro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”

Las elecciones parlamentarias en Venezuela arrojan varias en-señanzas que creo necesario subrayar. En primer lugar que,

contrariamente a todas las predicciones de los lenguaraces de la derecha, loscomicios se realizaron, al igual que todos los anteriores, de una ma-nera impecable.

No hubo denuncias de ningún tipo, salvo el exabrupto de tres ex-presidentes latinoamericanos, que a las cuatro de la tarde (dos horas antes de la conclusión del acto electoral) ya anunciaban al ganador de la contienda. Fuera de esto, la “dictadura chavista” volvió a demostrar una transparencia y honestidad del acto electoral que más quisieran tener muchos países dentro y fuera de América Latina, comenzando por Estados Unidos.

El reconocimiento hecho por el presidente Nicolás Maduro ni bien se dieron a conocer los resultados oficiales contrasta favorablemente con la actitud de la oposición, que en el pasado se empecinó en desconocer el veredicto de las urnas. Lo mismo cabe decir de Washington, que al día de hoy no reconoce el triunfo de Maduro en las presidenciales del 2013. Unos son demócratas de verdad, los otros grandes simuladores.


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Segundo, resaltar lo importante de que luego de casi 17 años de gobiernos chavistas y en medio de las durísimas condiciones prevalecientes en Venezuela, el oficialismo siga contando con la adhesión del cuarenta por ciento del electorado en una elección parlamentaria.

Tercero, el resultado desplaza a la oposición de su postura facilista y de su frenético denuncialismo porque ahora, al contar con una holgada mayoría parlamentaria, tendrá corresponsabilidades en la gestión de la cosa pública. Ya no será sólo el Gobier-no el responsable de las dificultades que agobian a la ciudadanía. Esa responsabilidad será de ahora en más compartida.

Cuarto y último, una reflexión más de fondo. ¿Hasta qué punto se pueden organizar “elecciones libres” en las condiciones existentes en Venezuela? En el Reino Unido debían celebrarse elecciones generales en 1940. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a postergarlas hasta 1945. El argumento utilizado fue que el desquicio ocasionado por la guerra impedía que el electorado pudiera ejer-cer su libertad de manera consciente y responsable.Los continuos ataques de los alemanes y las enormes dificultades de la vida cotidiana, entre ellos el de la obtención de los elementos indispensables para la misma, afectaban de tal manera a la ciudadanía que impedían que esta ejerciera sus derechos en pleno goce de la libertad.

¿Fueron muy distintas las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela? No del todo. Hubo importantes similitudes. La Casa Blanca había declarado en marzo que Venezuela era “una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos”, lo que equivalía a una declaración de guerra contra esa nación sudamericana.

Por otra parte, desde hacía muchos años, Wash-ington había destinado ingentes recursos financieros para “empoderar la sociedad civil” en Venezuela y ayudar a la formación de nuevos liderazgos políticos,


eufemismos que pretendían ocultar los planes injerencistas de la poten-cia hegemónica y sus afanes por derrocar al Gobierno del presidente Maduro.

La pertinaz guerra económica lanzada por el imperio así como su incesante campaña diplomática y mediática acabaron por erosionar la lealtad de las bases sociales del chavismo, agotada y también enfurecida por años de desabastecimiento planificado, alza incontenible de los pre-cios y auge de la inseguridad ciudadana.

Bajo estas condiciones, a las cuales sin duda hay que agregar los gruesos errores en la gestión macroeconómica del oficialismo y los es-tragos producidos por la corrupción, nunca combatida seriamente por el Gobierno, era obvio que la elección del domingo pasado tenía que terminar como terminó.

Desgraciadamente, el “orden mundial” heredado de la Segunda Guerra Mundial, que un documento reciente de Washington reconoce que “ha servido muy bien” a los intereses de Estados Unidos, no ha sido igualmente útil para proteger a los países de la periferia de la prepotencia imperial, de su descarado intervencionismo y de sus siniestros proyectos autoritarios.

Venezuela ha sido la última víctima de esa escandalosa inmoralidad del “orden mundial” actual que asiste impertérrito a una agresión no convencional sobre un tercer país con el propósito de derrocar aun go-bierno satanizado como enemigo.


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Si esto sigue siendo aceptado por la comunidad internacional y sus órganos de gobernanza global, ¿qué país podrá garantizar para sus ciu-dadanos “elecciones libres”? Por algo en los años setenta del siglo pasado los países del capitalismo avanzado bloquearon una iniciativa planteada en el seno de la ONU que pretendía definir la “agresión internacional” como algo que fuese más allá de la intervención armada.

Leyendo la reciente experiencia del Chile de Allende algunos países intentaron promover una definición que incluyese también la guerra económica y mediática como la que se descargó sobre la Venezuela boli-variana, y fueron derrotados.

Es hora de revisar ese asunto, si queremos que la maltrecha demo-cracia, arrasada hace unas semanas en Grecia y este domingo pasado en Venezuela, sobreviva a la contraofensiva del imperio. Si esa práctica no puede ser removida del sistema internacional, si se sigue consintiendo que un país poderoso intervenga desvergonzada e impunemente sobre otro, las elecciones serán una trampa que sólo servirán para legitimar los proyectos reaccionarios de Estados Unidos y sus lugartenientes re-gionales. Y pudiera ocurrir que mucha gente comience a pensar que tal vez otras vías de acceso al −y mantenimiento del− poder puedan ser más efectivas y confiables que las elecciones.


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El urbanismo “antiurbano” maoísta en la China Popular 1949-1976

Frank Molano Camargo

Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas

El régimen maoísta chino (1949-1976) desarrolló un proyec-to de urbanismo “antiurbano” que debe ser situado en el

contexto internacional de la II posguerra. Ese periodo estuvo marcado por el proyecto global capitalista que en términos urbanos (soportado en la escuela urbana de los CIAM y Le Corbusier) consideró que la producción y la reproducción del capital requería trasladar millones de habitantes de las zonas rurales a ciudades expansivas y masificadas. En el mundo occidental Henry Lefebvre cuestionó esta lógica en su libro El Derecho a la Ciudad; en China se buscó materializar, como parte de la construcción socialista, un orden territorial que criticara la alienación, la segregación espacial y la injusticia urbana.

Aunque el proyecto maoísta tuvo variaciones y pugnas internas a lo largo del periodo mencionado, es interesante y valioso analizar sus presupuestos teóricos y sus limitaciones, pues constituyen hoy un re-ferente para pensar las discusiones sobre el futuro de las ciudades en la actual sociedad capitalista neoliberal. En términos urbanísticos, el postulado fundamental del urbanismo “antiurbano” maoísta se inspiró en la visión del territorio expresada por C. Marx y F. Engels como la búsqueda de un doble equilibrio entre ciudad y campo y entre sociedad



y naturaleza. Los maoístas formularon la noción de “ciudades ruralizadas” y de “aldeas urbanizadas”, y el Partido Comunista Chino buscó maneras para evitar la migración de la población hacia las ciudades. Los intelectuales occidentales que comparten el mito de la ciudad como espacio civilizatorio cuestionan como despótica y reaccionaria la oposición maoísta a que la gente “disfrutara del aire liberador de la ciudad”. La apuesta iba más allá de mantener las diferencias entre el espacio moderno urbano y el campo prístino, bucólico y romántico. Se hizo un gigantesco esfuerzo por lograr el equilibrio rural-urbano en el territorio, evitando concentrar en las ciudades y en condiciones de precarización urbana a la población expulsada o salida de las áreas rurales. Para la década de 1960, ya eran evidentes tanto la guetización de poblaciones de bajos recursos en las ciudadelas imperialistas como la tugurización en Asia, África y América Latina.

En otra vía se trataba de hacer de los territorios urbano-rurales espacios políticos de movilización popular y autosuficiencia económica. La instalación de pequeñas y medianas industrias en pequeños po-blados se orientaba a una mecanización de baja inten-sidad y con alta participación de fuerza de trabajo co-lectivo en la agricultura. Los maoístas desarrollaron una estrategia antiurbana con tres rasgos distintivos:

En primer lugar, socializar y devolver a las zonas rurales una buena parte de la renta nacional mediante la creación de ciudades medianas con equipamientos básicos (200.000 a 500.000 habitantes), fuertemente vinculadas a la actividad comunitaria y económica rural. Paradójicamente hoy, en pleno siglo XXI, urbanistas europeos y sectores sociales despliegan la tendencia de retorno a la vida en las ciudades media-nas como sinónimo de buena vida urbana.

En segundo lugar, restringir las grandes ciudades (población <500.000 hab.) concentradas en las zonas costeras. Se modificó el modelo soviético de “ciudad sputnik”, con un radio de 30-35 kilómetros del centro de la ciudad, amplias zonas verdes, servicios

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para la recreación y el ocio creativo y zonas de mercados, industrias y servicios sociales colectivos en grandes superficies.

En tercer lugar, se controló el crecimien-to poblacional urbano, reduciendo el éxodo rural y reurbanizando antiguas ciudades de las regiones interiores. Además, se aplicaron estrictas medidas de planificación familiar en las zonas urbanas.

El territorio fue organizado como una red de círculos concéntricos en cuyo centro estaba la administración pública, rodeado de barrios residenciales, con equipamientos urbanos confortables, sin hacinamiento ni desigualdad espacial y social. Luego, un círculo de zonas verdes (xian), dedicado a la recreación, la agricultura y/o la ganadería. En el círculo exterior estaban los corredores industriales, separados a su vez por amplias franjas verdes de reserva forestal y natural de otros conjuntos de anillos concéntricos. La idea además era que ningún trabajador es-tuviera a más de 2 kilómetros de su trabajo, para que pudiera trasladarse en formas de

El urbanismo “antiurbano” maoísta iba más allá de mantener las diferencias entre el espacio moderno urbano

y el campo prístino, bucólico y romántico. Se hizo un gigantesco esfuerzo por lograr el equilibrio rural-urbano

en el territorio, evitando concentrar en las ciudades y en condiciones de precarización urbana a la población

expulsada o salida de las áreas rurales. Para la década de 1960 ya eran evidentes tanto la guetización de poblaciones

de bajos recursos en las ciudadelas imperialistas como la tugurización en Asia, África y América Latina.

transporte colectivo o mediante el uso de la bicicleta, o si lo prefería caminando. Un di-námico metabolismo sociedad-naturaleza se desarrolló entonces. La zona urbana obtenía los productos de la agricultura y la ganadería, así como el agua y los recursos energéticos, pero no recibía a cambio, como actualmente ocurre en las ciudades capitalistas, los dese-chos y residuos contaminantes. El reciclaje de las “tres basuras” San fei, (sólidas, líquidas y gaseosas) fue desarrollado a gran escala y, en lugar de los abonos químicos, promovidos por el discurso de la “revolución verde” en el mundo capitalista, cada ciudad ruralizada convertía parte de sus desechos y excremen-tos en compost para la agricultura1.

Al iniciar la década de 1960 se desplegó el movimiento de las Comunas Populares, una propuesta a gran escala de territorios

1 Chunjuan, Nancy and Darryl E. Brock (Eds.). Mr Science and Chairman Mao s Cultural Revolution. Science and technology in modern China. Ma-ryland: The Rowman & Littlefield Publishing Group Inc. 2013.



armónicos autosuficientes e integrados entre sí, inspiradas en la experiencia de la Comuna de París de 1871. Los municipios y ciudades dentro del territorio de la Co-muna eran unidades de producción agrícola e industrial y órganos de poder popular, con una intensa vida colectiva y formación política y militar. La Comuna buscaba descentralizar el poder burocrático del Es-tado, colectivizar la propiedad de la tierra, la vivienda, los recursos. Solo unos cuantos animales eran propiedad privada. De las vi-viendas familiares desaparecieron la cocina y el lavadero, espacios naturalizados, y en su lugar surgieron cocinas y lavaderos co-lectivos en las que hombres y mujeres abas-tecían de alimentos y aseaban la ropa de los comuneros. Se generalizaron las guarderías infantiles y la escolaridad obligatoria. El supuesto implícito era liberar a la población ‒principalmente a las mujeres‒ de prácticas cotidianas que restringían su participación en la vida comunitaria: política, militar, laboral, cultural.

Estas tendencias se profundizaron en los tormentosos años de la Revolución Cultu-ral. La Comuna se asumió como la vía de transición del socialismo al comunismo. En ese periodo se profundizó el antiurbanis-mo. Muchas universidades de las grandes ciudades fueron cerradas y se construyeron universidades rurales o de montaña. Se quería borrar la diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual. Se incrementó el desprecio por los intelectuales, artistas, académicos, periodistas urbanos que de-bieron pasar temporadas en las comunas populares para reeducarse. Se incentivó una valorización del saber popular, los médicos descalzos son un ejemplo de esto: batallones de campesinos que articulaban la medicina tradicional, como la acupuntura, con lo que aprendían de la medicina occidental.

Aparecieron también los filósofos des-calzos: todos podemos ser filósofos. La intelectualidad y la cultivada academia occidental, se ofendió con este postulado y lo ridiculizó. Un cartero, filósofo descalzo,


dejó constancia de su reflexión filosófica y su pretensión de pensar, sentir y actuar acor-de a los postulados del maoísmo: aplicar la dialéctica, servir al pueblo, revolucionarizar las masas. Como dialéctico tenía el reto de convertir las cartas muertas, aquellas que no llegan a su destinatario, en cartas vivas. Como funcionario de la sociedad socialista debía servir al pueblo, y no así mismo, y hacer que la carta que alguien del pueblo había escrito, por alguna necesidad política, pasional, social o económica, llegara a su destino. Además debía demostrarse a sí mis-mo, y a los demás carteros y funcionarios de las comunas populares, que las “masas hacen la historia”. Este filósofo descalzo diseño una metodología para convertir car-tas muertas en vivas, analizando los errores en las direcciones o en los nombres de los destinatarios y logró transformar muchos objetos (las cartas) en su contrario.

No obstante el urbanismo antiurbano maoísta enfrentó un conjunto de dificul-tades y contradicciones internas que lo

Teng Siao Ping y sus seguidores abrieron la puerta a la inversión extranjera en las zonas económicas especiales,

expulsaron millones de campesinos hacia las grandes ciudades costeras, socavaron la red territorial de

comunas populares y promovieron como nuevos amos del territorio los grandes centros urbanos, conectados

entre sí por nuevas y sofisticadas redes infraestructurales, que hoy segregan a las zonas rurales y a las ciudades

intermedias. El geógrafo chino Him Chung las denomina “paredes invisibles” para la población rural.

llevaron a la derrota. De una parte la línea modernizadora burguesa en el seno del Partido Comunista, contraria al modelo de equilibrio urbano-rural, exigía la aplicación del urbanismo occidental y la gradual difu-sión de los valores de la sociedad de consu-mo, incluidos los medios de comunicación occidental y el ideal del confort de la vida en las grandes ciudades capitalistas. De otra parte, los maoístas no pudieron ser dialécti-cos en tratar varias contradicciones, exage-rar el colectivismo, frente a las necesidades de individualidad; asumir todo lo extran-jero como “demonio occidental”. La lucha interna se resolvió a mediados de la década de 1970 a favor del proyecto de restauración capitalista, bajo el lema de “socialismo de mercado” impulsado por Teng Siao Ping.

Teng y sus seguidores abrieron la puerta a la inversión extranjera en las zonas eco-nómicas especiales, expulsaron millones de campesinos hacia las grandes ciudades cos-teras, socavaron la red territorial de comu-nas populares y promovieron como nuevos



amos del territorio los grandes centros ur-banos, conectados entre sí por nuevas y so-fisticadas redes infraestructurales, que hoy segregan a las zonas rurales y a las ciudades intermedias. El geógrafo chino Him Chung las denomina “paredes invisibles” para la población rural2. El culto a la gran ciudad y al consumo en el socialismo de mercado caracteriza el nuevo orden territorial post-maoísta. Se trata de un urbanismo disloca-do y fragmentado, paraíso para la inversión capitalista. Las grandes ciudades chinas viven desde 1990 una ola de demoliciones de la mano de nuevos especuladores inmo-biliarios. En Pekín, hoy ciudad espectáculo, las barriadas populares de la zona céntrica construidas en tiempo maoísta, fueron des-truidas para dar paso a una infraestructura turística gigante y ostentosa. En la ciudad costera de Dongguan (Cantón) está el centro comercial más grande del mundo, el

2 Chung, Him. “Some socio-economic impacts of toll roads in rural China”. Journal of Transport Geography. 10: 145-156. 2002

South China Mall, con 660.300 m², mezcla de dos ideas occidentales: parque temático y centro comercial. En su interior ofrece al comprador compulsivo zonas de bosque hú-medo, partes de San Francisco (EE.UU.), del Caribe, de los Campos Elíseos y de la ciudad de Venecia.

Aunque el contraste es grande sobrevi-ven herencias territoriales del urbanismo “antiurbano” maoísta en comunidades que se han vuelto a organizar en comunas populares para hacer frente a problemas de seguridad alimentaria que enfrentan poblaciones actuales. Revisitar el urbanis-mo maoísta chino, sus limitaciones, con-tradicciones y, sobre todo, sus tremendas potencialidades, sigue siendo un ejercicio fundamental para pensar y discutir sobre la vida en la ciudad, el derecho a la ciudad y los proyectos urbanísticos contemporáneos.


Edito

rial

Venezuela, ejemplo cívico:… ¿y ahora qué?

Aram Aharonian

Periodista y docente uruguayo-venezolanoDirector de la revista Question, fundador de TelesurDirector del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC)

Los candidatos de la oposición venezolana obtuvieron la ma-yoría parlamentaria en las elecciones legislativas celebradas

este domingo 6 de diciembre frente al gobierno de Nicolás Maduro, que perdió así el control de la Asamblea Nacional. Ganó el espíritu cívico y democrático de los venezolanos y perdieron los que, temerosos de una derrota final, sembraron a diestra y siniestra las semillas de la duda sobre un fraude imposible, incluyendo el gran papelón de varios expresidentes derechistas latinoamericanos.

“Ante estos resultados adversos hemos venido a reconocerlos y a decir que ha triunfado la democracia”, dijo Maduro, apenas conocidos los resultados.Ha triunfado la guerra económica, ha triunfado la estra-tegia para vulnerar un modelo de país. Ha triunfado circunstancial-mente”, dijo el gran derrotado tras 17 años de gobierno bolivariano.

Estos comicios parlamentarios no representan una elección na-cional, sino que depende de cada circuito (local y regional), por lo tanto el número de votos nacionales no es directamente vinculante a la cantidad de curules conquistadas. Desde ahora, los bolivarianos, que gozaban de mayoría calificada en la unicameral Asamblea Nacional, quedaron en minoría. Pero Maduro sigue siendo presidente, y para sacarlo deberán juntar las firmas necesarias que les permita convocar un referendo revocatorio.

La estrategia conspirativa de la oposición se apoyó en la grave y compleja situación económica que está atravesando Venezuela y en la



cual los sectores dominantes han tenido una participación decisiva. La campaña de la oposición se centró en la necesidad de un “cambio”, que mejorara sustancial-mente la situación actual. Pero realmente la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no tiene un programa económico diferente a los fabricados por los centros de poder del capital financiero internacional.

No debe quedar duda que la MUD –conglomerado opositor de 28 partidos– pretende utilizar unas elecciones legislati-vas para derrocar el gobierno, tarea para la cual cuenta con inmensos recursos financieros y logísticos que vienen tanto del exterior como de capitalistas locales. La principal artillería externa han sido los cartelizados medios masivos de manipula-ción que vienen preparando el terreno para que, a nivel internacional, se justifique la destitución del Presidente.

La campaña antidemocrática contó con el descontento acumulado en la población

http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.co/2013/05/existe-el-matriarcado-y-el-patriarcado.htm

acostumbrada a hacer largas colas para conseguir alimentos y medicinas, donde destacan lainflación, el desabastecimiento, la escasez y la disparada de precios. La oposición y los oportunistas acusaron al Gobierno de la situación, como si fuera éste el único participante en esta confrontación.

Buena parte de la culpa del desastre económico, sin duda, la tiene el gobierno que, aun cuando se mostró firme en la de-fensa de programas sociales e inversiones estratégicas, no ha tomado decisiones para enfrentar la guerra económica, ante un es-cenario de grave restricción externa (caída del precio petrolero) como la actual. “Un militar con calculadora no es ministro de economía”, decía Hugo Chávez.

Pero la crisis económica es también en gran parte responsabilidad de los grupos económicos que están detrás de la oposi-ción, especialmente el capital financiero y el bancario, que desde 2004 establecieron una estrategia para desmontar el control



cambiario y retomar el control de la fija-ción del tipo de cambio y la privatización de las divisas, señala el economista Simón Andrés Zúñiga.“Quienes han tenido total control, desde 2009, del tipo de cambio y de la estrategia especulativa que se fraguó con el dólar paralelo, tienen nombre y apellido y están montados en esta confa-bulación”, añade Zúñiga.

Hoy se puede asegurar que el poder fáctico ha sido exitoso en el manejo de la desesperanza, la frustración, el terror eco-nómico y la incertidumbre, apostando a la desorientación, el olvido y la pérdida de identidad. En Venezuela, después del fra-casado golpe de abril de 2002, han recu-rrido a la guerra económica y al terrorismo cartelizado de los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Los grandes grupos económicos se unieron internacio-nalmente para preparar la cacería contra el Gobierno y pueblo chavista.

Y el PSUV no ha logrado generar es-peranza presentando un listado de candi-datos digitados desde la cúpula, repitiendo nombres resistidos por la militancia.

Hace una década ya la revista Question alertaba sobre la ineficiencia, ineficacia y la corrupción que comenzaba a detectarse en esferas del poder. En octubre de 2012, en su último consejo de ministros, Hugo Chávez reclamaba un golpe de timón, de-nunciando esos mismos problemas.

Melquíades Iguarán señala que en este resultado adverso para los chavistas no se puede olvidar a quienes, en nombre de la revolución, han disfrutado las mieles del poder y se han aprovechado de sus cargos para apropiarse de los recursos de todos, disfrutando de privilegios; favoreciendo

a sus familiares, a sus amantes y a sus amigos. Y menos a los militares que han manchado el uniforme para traficar in-fluencias, participar en la orgía del robo de recursos del Estado, agrega. Tampoco se debe olvidar a los que hicieron negocios con los alimentos, las medicinas y la es-peranza del pueblo, los que destruyeron la producción nacional, los que se han convertido en banqueros y tampoco a los que detentan cargos en el Partido Socia-lista Unido de Venezuela para imponer a sus círculos de corruptos, para pisotear la voluntad de la base.

Estas elecciones parlamentarias mostra-ron un pueblo cansado del doble discurso, de la utilización de la imagen de Chávez, de aquellos que hablan de revolución e igualdad y permiten que sus hijos viajen en los jets de la estatal PDVSA, que se enriquezcan con contratos, que acumulen muchos dólares fungiendo de intermedia-rios, y de los que negociaron la economía con los grandes banqueros venezolanos que han aumentado astronómicamente sus riquezas a costa de la revolución.

¿Seguirán gritando “fraude”? Hoy se inicia una nueva etapa en Venezuela, con una oposición encaramada en el legisla-tivo, que aún debe demostrar que es una fuerza homogénea, con planes y proyectos, con capacidad para gobernar. Enfrente hay un pueblo chavista que ha castigado la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción de este Gobierno y que, expectante, les ha dado su oportunidad.


Todos los números de la publicación se pueden consultar en

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DATOS IMÁGENESLas imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto.

*Portadahttp://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/bogota-tambien-marcho-previo-al-inicio-de-cumbre-del-cl-galeria-602344*Bandera y página actualhttps://avaaz.org/es/climate_march_report_back_loc/

Nº 60 DICIEMBRE / 2015 BOGOTÁ, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

Revista Izquierda No. 60

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