Revista Izquierda, Edición 58.

Régimen político y discurso La agenda del gobierno de Santos en la crisis de la dominación oligárquica Subversiones intelectuales El Programa: Ecofeminismo

Socialista · Conflicto y solución política Administración pública en Colombia hoy Perspectivas históricas del conflicto y prospectivas para el postacuerdo · Una reflexión a partir de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) El conflicto armado

y la administración pública (CHCV) Capitalismo, geopolítica y orden mundial La guerra civil en Siria. Contextualizando las recientes tensiones entre los Estados Unidos y Rusia Capitalismo en crisis Adónde vamos · El FMI y el Banco Mundial: llegó la hora del balance Editorial Tras las elecciones locales, transitar hacia la constituyente

Nº 58 OCTUBRE / 2015 BOGOTÁ, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

Jairo Estrada Álvarez DirectorJesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción

Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332Nº 58, Octubre de 2015. Bogotá, Colombia

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reproducirse libremente, conservando sus créditos.

Régimen político y discurso

4La agenda del gobierno de Santos en la crisis de la dominación oligárquicaJosé Honorio Martínez

Subversiones intelectuales

10 El Programa: Ecofeminismo SocialistaRicardo Sánchez Ángel

Conflicto y solución política

18

Administración pública en Colombia hoy.Perspectivas históricas del conflicto y prospectivas para el postacuerdoJosé Francisco Puello-Socarrás

26

Una reflexión a partir de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV). El conflicto armado y la administración públicaYolanda Rodríguez Rincón

Capitalismo, geopolítica y orden mundial

32

La guerra civil en Siria. Contextualizando las recientes tensiones entre los Estados Unidos y RusiaAaron Tauss

Capitalismo en crisis

40 Adónde vamosOscar Ugarteche

50El FMI y el Banco Mundial: llegó la hora del balanceEric Toussaint

Editorial

58Tras las elecciones locales, transitar hacia la constituyenteJairo Estrada Álvarez

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La agenda del gobierno de Santos en la crisis de la dominación oligárquica

José Honorio Martínez

Profesor Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

Según lo muestra la coyuntura política, el gobierno del presi-dente Juan Manuel Santos se encuentra empeñado en sacar

adelante de manera prioritaria dos propósitos: el primero, ejecutar un Plan de Desarrollo1 que acentúa las líneas históricas de la dependencia2 y, el segundo, avanzar en un proceso de paz con la insurgencia de las FARC-EP para su incorporación en la actividad política legal. Ambas decisiones se enmarcan en la búsqueda de relegitimación del Estado oli-gárquico el cual tendió a ser rebasado por el paraestado3 mafioso durante la primera década del siglo XXI. Dar ejecución al Plan de Desarrollo y alcanzar acuerdos con la insurgencia se constituyen en imperativos de

1 Congreso de la República, Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” (2014-2018), Bogotá, junio 9 de 2015.

2 La dependencia implica una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subor-dinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser por ende sino más depen-dencia, y su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que ella involucra. Ver: Ruy Muro Marini, Dialéctica de la dependencia, Era, México, 1973.

3 En 1989, Germán Palacio proponía la siguiente definición: “Como podemos observar, estamos frente a una especie de “paraestado”. Incluye una poderosa fracción ca-pitalista; un aparato represivo militar; gastos en bienestar social; control territorial regional; y un restringido pero eficaz apoyo social. Es obvio que no es un “antiestado (…)”. La irrupción del paraestado –Ensayos sobre la crisis colombiana– , ILSA, Bogotá, 1989, p.97.

_4 Volver a contenido


la oligarquía para reafirmar su hegemonía4; sin em-bargo, las miras instrumentales en que se inscribe el logro de cada uno de estos propósitos y la contradic-ción de pretender construir la paz con un modelo de desarrollo que le declara la guerra a las clases popula-res podría conducir al inesperado resultado de abonar las condiciones sociales para el fortalecimiento del paraestado mafioso.

La pervivencia del paraestado y la crisis de dominación

Durante la primera década del siglo XXI, la oligarquía colombiana experimentó una mengua sustancial de su poder económico, político y social. Producto del encumbramiento del poder de una amalgama de sectores terratenientes, militares, paramilitares y mafiosos, la oligarquía tendió a ser rebasada de la dirección de la sociedad colombiana. Ante dicho relegamiento, un sector importante de la clase dominante ha venido reaccionando. Es dicho sector el que ha estado representado en el gobierno de Santos.

Al actual gobierno se le impone entonces la ta-rea de recuperar el terreno perdido ante una clase emergente que históricamente operó las iniciativas y mandatos de la oligarquía, pero que al cabo de déca-das se descubrió como detentadora de un gran poder por medio del cual impuso autónomamente y a sus anchas todas sus condiciones sobre el conjunto de la sociedad. Ejerciendo un inmenso poder militar sobre el territorio, aplicando normas de terror dictadas por la arbitrariedad y el anticomunismo, saqueando los

4 La dominación de clase precisa ser legitimada por los domi-nados, a este respecto sostiene Marini: “las clases domina-das tienen que ser, también persuadidas de que su sujeción se debe a razones superiores, que trascienden intereses y motivaciones individuales para responder a factores de carácter más general. En otras palabras, la dominación de clase debe presentarse siempre como la expresión de algo necesario y, en cierta medida, natural”. Ver: América Latina: dependencia y globalización, Siglo del Hombre, Bogotá, 2008.

Clara Zetkin (izq.) y Rosa de Luxemburgo en 1910

Nº 58, Octubre de 2015 · Bogotá, Colombia Contenido

presupuestos públicos e imponiendo gravámenes a su antojo el paraestado mafioso logró consolidarse en vastas regiones del país. Las cifras sobre la concentra-ción de la tierra5, como las de concesiones mineras6, dan muestra del inmenso poder económico de la clase latifundaria, paramilitar y mafiosa. Esta híbri-da clase, que surgió y se forjó al amparo de la clase dominante y a expensas de la lucha contrainsurgente, dio pasos gigantescos en la gestación de un paraesta-do7 que funciona unas veces de manera superpuesta y otras de forma paralela al Estado oligárquico.

En su permanente apremio por contener las luchas populares, en particular a la insurgencia, la oligarquía ‒que actualmente funge como una madre avergonzada del más avezado de sus hijos‒ otorgó plena licencia para el avance de dicho paraestado8. Hoy el poder del Estado instituido resiente la disputa que le plantea el paraestado, fundamentalmente en lo atinente a la consecución de acuerdos con la insur-gencia. Las fracciones de clase que han amasado su poder económico y político bajo la justificación de

5 Según Machado: “El Censo Nacional Agropecuario con-firma la gran fragmentación de la pequeña propiedad y la consolidación de las grandes “unidades productivas agropecuarias” (UPAS). El 96 por ciento de las UPAS tiene menos de 5 hectáreas y ocupa solo el 59,1 del área total, mientras que las mayores de 500 hectáreas son el 0,4 por ciento de las UPAS y ocupan el 41,1 del área”. “El Censo agropecuario: sorpresas o confirmaciones”, Razón Pública, Bogotá, Agosto de 2015.

6 Según Guillermo Rudas, un 10% de las concesiones otor-gadas concentra el 84% del territorio titulado. Revisitando el debate sobre renta minera y government take: el carbón a gran escala en Colombia, en “Minería en Colombia, daños ecológicos y socioeconómicos y consideraciones sobre un modelo minero alternativo”, Contraloría General de la Re-pública, Bogotá, p.331.

7 Este se inscribe en la legalidad del capital; sin embargo, por su extracción de clase se encuentra fuera de la oligarquía co-lombiana, la cual se niega a reconocerle por sus orígenes so-ciales y los métodos con que sacan adelante sus propósitos.

8 Palacio propone la tesis de la flexibilización del régimen polí-tico acorde con la acumulación flexible de la era neoliberal.

Durante la primera década del siglo

XXI, la oligarquía colombiana

experimentó una mengua

sustancial de su poder económico,

político y social. Producto del

encumbramiento del poder de

una amalgama de sectores

terratenientes, militares,

paramilitares y mafiosos, la

oligarquía tendió a ser rebasada de la dirección de la sociedad

colombiana. Ante dicho relegamiento,

un sector importante de la clase dominante

ha venido reaccionando. Es

dicho sector el que ha estado representado

en el gobierno de Santos.



Sin inmutarse ante el desastre social causado por el patrón de acumulación vigente, del cual son fruto las privatizaciones, la liberalización comercial y financiera y la flexibilización laboral, el gobierno de Santos apuesta por su ahondamiento. Como lo consagra el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la voluntad gubernamental está encaminada a perfeccionar los marcos jurídicos y las condiciones infraestructurales que requiere el capital para acentuar la explotación de la clase que vive del trabajo y de los recursos minero-energéticos.

la lucha contrainsurgente perciben el fin del conflicto armado como la clausura del más importante parapeto para continuar en la prosecución de sus negocios e intereses.

La promesa de “apertura política” hecha por el presidente Santos el pasado 23 de septiembre en La Habana, luego de la firma del “Acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz” con las FARC-EP9, representa un repliegue de la clase dominante con respecto a su histórica postura de exterminio de la izquierda revolucionaria. Tal viraje es com-prensible a la luz del agotamiento del proyecto militarista del Estado, de las urgentes exigencias de valorización y apropiación territorial que actualmente plantean las trasnacionales sobre los recursos naturales del país y del enorme desafío representado por la existencia del paraestado mafioso. En estos términos las pretensiones de la oligarquía con relación al proceso de paz van más allá de viabilizar en el corto plazo un patrón de acumulación fundado en el despojo y la sobreexplotación. Es decir, el logro de acuerdos con la insurgencia es para el Gobierno una obligada y necesaria mediación en la búsqueda por resolver lo que se presenta como una crisis de la dominación oligárquica.

Desarrollo sin justicia socialSin inmutarse ante el desastre social causado por el patrón de acu-

mulación vigente, del cual son fruto las privatizaciones, la liberalización comercial y financiera y la flexibilización laboral, el gobierno de Santos apuesta por su ahondamiento. Como lo consagra el Plan Nacional de

9 Mesa de conversaciones, Comunicado conjunto No.60, La Habana (Cuba), septiem-bre 23 de 2015.


Desarrollo (PND), la voluntad gubernamental está encaminada a perfeccionar los marcos jurídicos y las condiciones infraestructurales que requiere el capital para acentuar la explotación de la clase que vive del trabajo y de los recursos minero-energéticos.

En el contexto de una colosal crisis del sistema mundial, la clase dominante insiste en continuar un patrón de acumulación que prosigue privilegiando el rentismo en sus distintas formas. La persistencia de este patrón, a pesar del desastre social y ambiental al que ha dado lugar y ad portas de la firma de un acuerdo con las FARC-EP para la finalización del conflicto armado, entraña una contradicción mayús-cula, pues su despliegue y consolidación no allanan condiciones para la paz y la justicia social sino para todo lo contrario.

Antes que configurar condiciones para la paz10, el PND a ejecutarse durante los próximos cuatro años se constituye en otro ejercicio de agresión contra la so-ciedad colombiana. Este sitúa un 27% de los recursos de inversión en la construcción de infraestructuras estratégicas de localización y transporte que comple-mentan el énfasis extractivista de las inversiones pri-vadas. Utilizando nociones como “utilidad pública” e “interés nacional” y proponiéndose incrementar los volúmenes de las exportaciones primarias para cubrir el déficit fiscal propiciado por la caída de la renta primario-exportadora, el gobierno de Santos entre-ga gran parte del presupuesto público y el territorio nacional a los intereses del capital. Ello mientras el país afronta una honda crisis social reflejada en los altos índices de desocupación, informalidad y pau-perismo y en el abandono de sectores vitales para la reproducción social, como la salud, el saneamiento básico, la vivienda, el campo, la industria y la educa-ción pública.

10 Libardo Sarmiento Anzola, “El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 fraude para las negociaciones de La Habana”, Desde abajo (Suplemento), Bogotá, julio de 2015.

Si el gobierno de Santos aspira efectivamente a

sentar bases para la existencia de un

país democrático está llamado

no solamente a concebir

los acuerdos alcanzados con

la insurgencia como elementos

sustantivos de dicha construcción, sino a posibilitar la

reorientación de las perspectivas del desarrollo del país en dicha dirección.



La política oficial y el PND potencian, igualmente, la injusticia social mediante la profundización de formas de precarización laboral como las “alianzas productivas”, en el caso de los campesinos y pequeños pro-ductores agrarios, y “la subcontratación”, en el caso de los pequeños mineros. La implantación de este tipo de relaciones la-borales en modo alguno puede considerarse como modernizadora; por el contrario, sig-nifica la restauración de métodos que están más próximos a las violentas formas de la acumulación originaria. En realidad, las “asociaciones” propuestas entre capitalistas y trabajadores lo que muestran es la revitali-zación de formas pretéritas11 de explotación de la fuerza de trabajo, como la aparcería o el endeude12.

ConclusiónLa oligarquía Colombia enfrenta hoy

grandes contradicciones que salen a relucir

11 Al analizar la tercerización en Brasil, Alves pro-pone la existencia de una “reposición histórica de la dialéctica entre lo moderno y lo arcaico”.

12 Ver: Camilo Domínguez, “Tierra, tradición y po-der”, en El endeude como forma de producción, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá 1976.

con la dialéctica inducida por el proceso de paz. Estas están referidas a la necesidad de reformular el modelo de desarrollo y el pa-trón de acumulación y de enfrentar y poner fin al paraestado.

En la coyuntura que enfrenta el país, la clase dominante está impelida a superar la indecisión histórica y el temor ante la pro-fundización de las reformas requeridas para abrir horizontes a la paz. Fracasos reformis-tas, como los de Alfonso López Pumarejo a finales de los años treinta y de Carlos Lleras Restrepo a fines de los sesenta del siglo pa-sado, se tradujeron en el recrudecimiento de la violencia de la clase latifundista contra el campesinado, estableciendo las condiciones para el prolongado conflicto armado que ha vivido el país.

En síntesis, si el gobierno de Santos aspira efectivamente a sentar bases para la existencia de un país democrático está lla-mado no solamente a concebir los acuerdos alcanzados con la insurgencia como elemen-tos sustantivos de dicha construcción, sino a posibilitar la reorientación de las perspectivas del desarrollo del país en dicha dirección.

Marcha de las Mujeres sobre Versalles, el 5 y 6 de octubre de 1789. Bibliothèque Nationale de France. / Commons Wikimedia


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El Programa: Ecofeminismo Socialista

Ricardo Sánchez Ángel

Doctor en Historia. Profesor Universidad Nacional de Colombia

Toda la experiencia histórica de las revoluciones en el mundo, desde 1789 hasta hoy, incluida América Latina, demuestra

que en el programa los mínimos ‒vida digna, paz, seguridad social, vi-vienda, trabajo y educación‒ deben estar articulados a medidas de tran-sición, que en lo contemporáneo son democráticas, internacionalistas, antiimperialistas, anticapitalistas, hacia el socialismo.

El socialismo se define por la apropiación de los trabajadores de los medios de producción, la conversión de la propiedad privada en propie-dad social en forma colectiva y el manejo democrático de las ciudades –sociedades–, el ejercicio de la planeación de abajo hacia arriba y de la región al centro, e integrada en federaciones y bloques de países y continentes. En la planeación, los técnicos y funcionarios deben estar al servicio de los trabajadores y sus órganos de decisión y ejecución, y no al revés, evitando la burocratización y la corrupción. Los objetivos inmediatos son: mantener las energías creadoras en toda la sociedad, dinamizar la cultura, las ciencias y las artes en un despliegue de interna-cionalismo y libertad completa.

La actualidad del capitalismo no elimina sino que reproduce todas las formas de la historia del trabajo y las engloba en los patrones de explo-tación y dominación neocapitalista y neocolonial. Exacerba el sexismo, el tráfico y la esclavitud de mujeres y niños, el racismo camaleónico, la servidumbre inducida o voluntaria y la explotación. El capitalismo tar-dío reinstala la barbarie con las guerras, masacres, éxodos, hambrunas



y despotismos. La explotación de la fuerza de trabajo global se puede y debe eliminar, acudiendo a la colec-tivización de la economía productiva.

La economía debe subordinarse a la sociedad y no continuar bajo la dictadura del mercado y las fi-nanzas. Debe, entonces, eliminarse la banca privada, el gran comercio y transporte, reemplazándolos por sistemas públicos. En los países neocoloniales, donde existe un agudo problema agrario sin resolver, como Colombia y los de América Latina, el logro de una reforma agraria campesina, indígena y afro, de tipo democrático e integral, adquiere preponderancia.

La ciudad contemporánea actual está globalizada como espacialidad del capital, las comunicaciones y las culturas. La globalización financiera, comercial y telemática determina el comportamiento de las pau-tas urbanas y culturales. Son la ciudad y la arquitec-tura posmodernas, el triunfo de la mercantilización en todas las esferas de la sociedad, la vida y la natu-raleza, en tanto el capitalismo se impuso como civi-lización a escala planetaria. Se trata de una fase más pura del sistema, en que lo que queda de naturaleza está también incorporada a su dinámica. El espacio urbano ha mutado hacia un nuevo hiperespacio con su predominio sobre el tiempo. La perspectiva debe ser la ciudad internacional, arraigada a las realidades geográficas y ambientales, con sus tradiciones re-gionales, de estirpe democrática y ambiental, como verdadera obra de arte para el disfrute colectivo.

La educación y la cultura están interrelacionadas, aplicando el querer que la educación sea cultura y la cultura sea educativa. La sociedad entera educa y todos en forma permanente se educan. Las raíces regionales le dan su forma a la educultura y a su vez estas se integran al legado y praxis internacional de los saberes y las creaciones artísticas.

La radio, la televisión y la gran prensa deben ser públicas en sus distintos momentos: en la propiedad, en la producción y en el servicio. Deben transfor-marse en medios reales de información y análisis,


integración continental y planetaria. Su regla de oro debe ser el plura-lismo, las libertades de opinión, crítica y fomento cultural educativo, superando el ser generador y reciclador de la sociedad del espectáculo.

El socialismo se apoya en las conquistas científicas, culturales y lo que resulte provechoso de la era de la modernidad capitalista. La técnica y los logros de la revolución científico-tecnológica deben reo-rientarse en su sentido y relación ambiental en provecho de las nuevas relaciones sociales.

Para América Latina, la planeación, los modos de producción, los modelos y estilos económicos deben recrearse de acuerdo a las realida-des geohistóricas y socioambientales, de lo holístico y telúrico de que está dotado el Continente. Estas medidas y otras más se ubican en la integración de las distintas sociedades con métodos de cooperación y federación internacional.

No es ilusorio visualizar una Europa socialista al igual que una Norteamérica socialista y con las transiciones necesarias en bloques regionales, una América Afro-Indoamericana socialista, igual que en África, Oceanía y Oriente Medio, en China y los países asiáticos, como Japón, las Coreas, Vietnam e Indochina. Todos pueden marchar hacia la integración de sus economías y sociedades con criterios pluralistas.

El derrumbe de la Unión Soviética fue el del burocratismo de gran po-tencia. Su inserción en las dinámicas del capitalismo internacional mantu-vo en la subalternidad a las naciones que formaban parte de la Federación.

La actualidad del capitalismo no elimina sino que reproduce todas las formas de la historia del trabajo y las engloba en los patrones de explotación y dominación neocapitalista y neocolonial. Exacerba el sexismo, el tráfico y la esclavitud

de mujeres y niños, el racismo camaleónico, la servidumbre inducida o voluntaria y la explotación. El capitalismo

tardío reinstala la barbarie con las guerras, masacres, éxodos, hambrunas y despotismos. La explotación de la fuerza de trabajo global se puede y debe eliminar,

acudiendo a la colectivización de la economía productiva.



Al igual que los países del socialismo real-mente existente en la Europa Oriental, que fueron satélites a través del Pacto de Varsovia de la URSS, se atomizaron.

El capítulo del colapso del socialismo burocrático con su enorme tragedia a cues-tas, clarifica que el socialismo en su dimen-sión internacional debe ser horizontalmente democrático en las relaciones entre distintos países, naciones, culturas, pueblos, religio-nes y tradiciones. Y sobre la fuerza de la diversidad encontrar las complementarie-dades y cooperación necesaria.

La reforma y la revolución son un movi-miento en curso por mejorar o transformar las condiciones de sociedad y vida. La lucha por el socialismo y la revolución como mo-vimientos debe buscarse articulando ambas dinámicas. Es el papel del programa, la po-lítica, las organizaciones y partidos a escala internacional, donde el socialismo en Nues-tra América forma parte de los socialismos del planeta.

El socialismo, más que anticapitalismo, más que resistencia, es superación del ca-pitalismo. Es atreverse a reconocer, bajo el principio de esperanza, que la barbarie no es inevitable y puede ser cambiado el estado de cosas actual.

Ahora bien, lo que está en cuestión es la vida del planeta y la vida humana. Hay que reconocer, desde nuestra tradición teórica, que la crisis no es solo social ni de reproduc-ción del capitalismo, sino que es una crisis de la vida planetaria y de la vida humana. El desarrollo del capitalismo ha conducido no sólo a la barbarie social, sino a la barbarie planetaria.

La vida humana y la vida en general es el hilo holístico entre sociedad y naturaleza y nuestro entronque con el universo en que gravitamos en una dimensión de múltiples universos, todos en procesos expansivos. La historia del universo al igual que la del planeta tierra está regida por leyes cuyo descubrimiento enriquece las explicaciones

Leonor Zalabata Torres (Colombia)


sobre el curso de la vida y la destrucción. Donde rige el realismo relativo, las interrelaciones, lo probable y no lo seguro, en fin, un conjunto de causalidades y procesos interrelacionados.

La escisión entre sociedad y naturaleza, al ser convertida en ruptura no solo de dominio sino de destrucción, llevó a la alienación de la vida huma-na. La sociedad y la cultura no solo se construyeron en un dilatado proceso histórico como distintas a la naturaleza, sino como contrarios a la misma. El capitalismo se constituyó en el momento culminante de este proceso y desde entonces no ha cesado su incursión destructiva sobre la naturaleza.

Las crisis ambientales destructivas no solo tienen causas en la historia material del planeta y el univer-so. Están determinadas por el proceso destructivo del capitalismo, sus crisis, guerras y tecnologías, arropan-do en su barbarie la suerte de la vida planetaria. Las actuales calamidades de sismos, terremotos, sequías, calentamientos, extinción de especies animales, defo-restación, enfriamientos, descongelamientos, en fin, todo tipo de trastornos, se deben a esta dinámica. El actual ciclo recesivo del capitalismo agudiza aún más esta tendencia histórica, al igual que la nueva fase de neocolonización y guerras (Libia, Palestina, Siria, Irak, Colombia, Sudán del Sur…).

La historia natural del clima existe y es posible ubicar que sus oscilaciones de calentamiento y en-friamiento con sus distintas gamas obedece a leyes naturales. Pero, a partir del periodo de 1850 (plena revolución industrial, que comenzó hacia finales del siglo XVIII) se desata el “efecto invernadero”; su línea ascendente no ha cesado de incrementarse hasta hoy, cuando aparece clara la incidencia en el calentamiento global del capitalismo histórico con sus tecnologías, colonialismos, sobreexplotaciones, formas de apropiación violenta destructiva con base en el exitismo y el consumismo. Toda una lógica de destrucción del propio capital y de los bienes para mantener la dinámica de la acumulación.

La emancipación de la mujer debe

ser el primer punto del programa socialista, su

principio rector, lo que involucra

la dignidad como esencial en el

quehacer, en la praxis socialista. El socialismo es un movimiento de la sociedad

y la cultura, que debe asumir la

clase trabajadora en femenino y

masculino.



Todo el reordenamiento del mundo, de la economía, de la sociedad, de la vida, de los derechos, se puede hacer sólo reconociendo que el derecho a la vida debe jerarquizar toda aspiración, reordenar todos los derechos y encuadrar las políticas económicas, los planes estatales y las programaciones macroeconómicas. Se debe convertir el derecho a la vida en campo de lucha, el programa por el socialismo debe ser un programa por la vida, humana y del planeta. Es la mirada de la ecosofía, por ello el ecosocialismo.

Pero hablar de ecosocialismo no es suficiente. Porque para que esa formulación no sea apropiada por los capitalismos verdes y de la gran trampa de la ideología socialdemócrata de nuestro tiempo en esa mate-ria, es necesario invocar y rescatar la fuerza subversiva más trascendental de la época: la emancipación de la mujer. Es por esto que la fórmula actualizada de nuestro movimiento y programa es el del ecofeminismo socialista.

La dimensión ecofeminista del socialismo se corresponde con la na-turaleza de la nueva época que vivimos, en la que las crisis económica, social y ambiental están interrelacionadas en forma tal, que es toda la vida planetaria y la existencia de la sociedad humana lo que está en cues-tión. En reconocimiento al despertar, tanto en la conciencia, como en las luchas, del enorme protagonismo de los movimientos de las mujeres, de sus resistencias y su papel en la vida sociocultural. La emancipación de la mujer debe ser el primer punto del programa socialista, su princi-pio rector, lo que involucra la dignidad como esencial en el quehacer, en la praxis socialista. El socialismo es un movimiento de la sociedad y la cultura, que debe asumir la clase trabajadora en femenino y masculino.

Todas las luchas de la época contemporánea han colocado a las mu-jeres en el terreno de la historia. Hay una historia de las mujeres y hay unas mujeres en la historia. El movimiento real exige una reformulación completa del programa del socialismo, hacia el ecofeminismo socialista.

Si no hay emancipación de la mujer, no hay posibilidades de trans-formación radical del capitalismo. Esta formulación está ya en los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, en los que Carlos Marx joven dice que el asunto central de nuestro pensamiento es descifrar la relación hombre-mujer, donde está el comienzo y el fin de toda do-minación de los sexos. Y en su último trabajo, Los apuntes etnológicos, va a decir, a partir de una larga reflexión, su relectura de Morgan y su estudio de las comunas primitivas, que el cambio de la ecuación en la relación entre hombre y mujer, ese gran problema de la civili-zación, exige la eliminación de la propiedad privada y las relaciones


de dominación del capitalismo1. En ese terreno, hay que rescatar el libro de Raya Dunayevskaya, Rosa Luxemburgo. La liberación femenina y la filosofía marxista de la revolución (1985), donde se pone en diálogo a Marx y a Rosa Luxemburgo respecto a la emancipación de la mujer. Entonces, el socialismo debe hablar en clave femenina.

Este tipo de reflexiones suelen ser calificadas de utópicas, de irrealizables, sacadas del magín, y como contraparte se ofrecen los edulcorados programas de la Socialdemocracia y la Tercera Vía, que no han dado respuesta a la gran depresión en que está sumida la sociedad humana, con su correlato de destrucción ambiental. Precisamente este programa de transición es el más adecuado como alternativa a la barbarie ins-talada por el capitalismo, con su pensamiento único que reproduce por doquier guerras, hambrunas, des-igualdades, desempleo, opresión, humillación, alie-nación consumista, con aumento de la explotación femenina y de la niñez. El verdadero rostro hoy del sistema imperante es el del capitalismo neocolonial, salvaje y destructor.

La alternativa al capitalismo es deseable y ne-cesaria. Hay que soñarla, desearla y buscarla. Y esa alternativa merece llamarse ecofeminismo socialista2.

1 Véase Krader, L. (1988). Los apuntes etnológicos de Karl Marx. Madrid: Editorial Pablo Iglesia/Siglo XXI de España Editores.

2 Como orientación bibliográfica sobre ecología, feminismo y socialismo, véase Bellamy Foster, J. (2004). La Ecología de Marx. Materialismo y Naturaleza. Madrid: El Viejo Topo. Vitale, L. (1983). Hacia una historia del ambiente en América Latina. México: Editorial Nueva sociedad-Nueva imagen. Schmidt, A. (1983). El concepto de naturaleza en Marx (Cuarta ed.). México: Siglo XXI Editores. Lowy, M. (2012). Ecosocia-lismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalis-ta. Madrid: Biblioteca Nueva. Sánchez Ángel, R. (Inédito). Las mujeres en la historia.

Todas las luchas de la época

contemporánea han colocado a las mujeres en

el terreno de la historia. Hay una

historia de las mujeres y hay unas mujeres en la historia.

El movimiento real exige una reformulación completa del programa del

socialismo, hacia el ecofeminismo

socialista.



Policarpa Salavarrieta


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Administración pública en Colombia hoy Perspectivas históricas del conflicto y prospectivas para el postacuerdo*

José Francisco Puello-Socarrás

Escuela Superior de Administración Pública

La publicación del Informe de la Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas (CHCV)1 exhibe, al menos, dos

desafíos centrales en torno a la Administración Pública en Colombia en su doble dimensión de realidad práctica y en tanto saber social actual, potencial y latente.

El primero de ellos resulta del déficit relativo sobre una reflexión acerca del rol de la administración pública colombiana en relación con la evolu-ción del conflicto armado y sus víctimas. Desde luego, hay que registrar con justicia que este asunto no estaba contemplado dentro de los manda-tos específicos del Informe encargados a la Comisión. Sin embargo, esta observación tampoco podría eximir la necesidad de problematizar este asunto en forma sistemática en vista de que la dimensión estatal es uno de los ejes centrales en el tipo de reconstrucción histórica sobre el conflicto social y armado en Colombia que pretende el Informe.

El segundo desafío se deriva del primero e implica la reapropiación selectiva de los hallazgos generales y los aportes particulares fruto del In-forme, en tanto permiten “abrir” (y potenciar, inclusive) distintos frentes de reflexión sobre la administración pública en Colombia, en los sentidos

* Apartes de la ponencia presentada durante el Seminario La Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas. Perspectivas para la Administración Pública en Colombia (Bo-gotá, 29 de septiembre 2015, Escuela Superior de Administración Pública).

1 Para una antología en relación con el Informe de la Comisión, cfr. AA.VV. Conflicto social y Rebelión Armada en Colombia. Bogotá: Gentes del Común, 2015.



epistemológico, metodológico, ontológico y, desde luego, axiológico y valorativo, políticamente hablando.

Saberes administrativos y poderes públicos: paradojas interpretativas sobre la persistencia del conflicto

Una de las ideas fuerza que instala el Informe, la permanencia sistémica del conflicto, plantea un reto paradójico para el pensamiento y las prácticas político-administrativas en Colombia, en tanto se advierte cierta tendencia hacia la negación sistemática del mismo tanto en los niveles formal-abstracto y en lo concreto de los discursos (y prácticas) público-administrativas vigentes.

Esta idea previene sobre la necesidad de analizar lo público-administrativo en Colombia a partir de tipos reales (y realistas, aunque no excesivamente específicos ni rotundamente pragmáticos) y más allá de los tipos ideales aún prevalecientes en los enfoques convencionales, los cuales se caracterizan por ser fundamentalmente “ahistóricos” y, en ese sentido, descontextualizados, que “abstraen” abusivamente dinámicas claves (en este caso: el rol del conflicto social en la construcción estatal y administrativa) así como las dialécticas institucionales y desintitucio-nalizadas (pensamos especialmente en la separación tácita y ficta entre política y administración, ésta última concebida como una realidad eminentemente técnica y apolítica), tal y como se registra histórica-mente en Colombia.

Incluso, llevando esta premisa a su realidad más intensa, la “gran variedad” de enfoques disponibles aún dominantes en el pensamiento administrativo criollo, antes que hacer uso de tipos ideales ‒los cua-les permitirían algún tipo de aproximación (aún in-completo, subrayemos) sobre las realidades estatales y administrativas‒ han devenido en tipos idealizados (“esquemas estáticos”) que impiden comprender los acontecimientos con algún tipo de verosimilitud pre-cisamente por su capacidad de des-contextualización


y por su incapacidad de asumir las contradicciones reales. Se obstruye así constituir “soluciones” o vías posibles capaces para la transformación público-administrativa en los (esperados) procesos hacia la transforma-ción social.

Justamente uno de los aportes del Informe ‒lo subraya por ejemplo Jairo Estrada‒, sería ampliar y renovar los entendimientos sobre el con-flicto y su permanencia sistémica dentro del debate público más allá de ciertas miradas históricamente instaladas. En particular: balancear el predominio de enfoques analíticos simplistas, excesivamente convencio-nales. La sensación para el caso público-administrativo es la tendencia a exacerbar este hecho en sus consecuencias más negativas. Existe entonces una deuda significativa del campo a la hora de sintetizar los posibles sig-nificados (históricos o futuros) de la administración pública en el marco del conflicto armado y los aportes específicos dentro de un escenario esperado de superación de sus expresiones anti-sistémicas letales.

En la práctica concreta, lo anterior ha mediado en los diseños y puestas en marcha de las organizaciones públicas y políticas de Estado. Las configuraciones y reconfiguraciones administrativas: las formas y las reformas político-administrativas como la adelantada por A. Lleras Camargo hacia la fase ulterior del Frente Nacional o, más recientemente, las oleadas administrativas que introdujeron referentes como la gober-nanza, la interdependencia organizacional y la nueva gestión pública ‒citando sólo algunos ejemplos‒ resultan ilustrativos, demostrativos y paradigmáticos sobre los vínculos históricos entre política y administra-ción en relación estrecha con los “nuevos contenidos [del] conflicto social y armado”.

Existe la posibilidad de pensar el post-conflicto como una fase histórica en la cual

las expresiones armadas llegan a ser inocuas por ser políticamente improductivas, abriendo

paso a distintos procesos que tengan como horizonte la construcción de una nueva

institucionalidad estatal-administrativa desde el punto de vista socioeconómico y político.



Americanización de lo público-administrativo: en sus teorías y prácticas

La circunstancia antes registrada para el campo público-administrativo se condice igualmente con la tesis expuesta principal-mente por Renán Vega Cantor sobre los impactos de la injerencia permanente de los Estados Unidos dentro de la génesis y la evolución del conflicto colombiano durante los últimos 70 años.

Aunque Vega Cantor no asume deta-lladamente la dimensión administrativa, este hecho sí permite reflexionar sobre la permanente y progresiva americanización del campo público-administrativo.

Las consecuencias teóricas (en el plano intelectual de las ideas) y concretas (en el plano real de las prácticas) derivadas de la sobre-imposición (propone De Zubiría) o subordinación (dice Vega Cantor) ameri-canizantes en la administración pública criolla deben articularse más allá de la dimensión estrictamente ideológica. Tal y

como insiste el Informe de la Comisión esta impronta es imposible soslayar por el hecho de “la participación directa y expresa de los Estados Unidos” en las diferentes épocas de conformación del Estado Nacional y, por lo tanto, en la misma administración pública colombiana. Más contemporáneamente, los Estados Unidos no sólo es un actor bien definido e involucrado en el conflicto armado. También resulta estar claramente comprometido con el conflicto social. Su influencia entonces no puede limitarse a la mera intervención militar sino entenderse a partir de diferentes versiones de actuación como en la mal llamada “cooperación” in-ternacional.

Esta tesis implica diferentes materializa-ciones. No sólo se evidencia desde la pura dimensión ideológica, como antes lo co-mentábamos en relación a los enfoques ad-ministrativos, en su mayoría “transferidos” y “aplicados” acríticamente desde el Norte (global) en los sistemas de enseñanza y en los planes de “desarrollo”. Este influjo ha


sido activado desde las corrientes de la Planificación y Administración para el Desarrollo y sus concreciones locales, por ejemplo: el proyecto rural PROPLAN hacia finales de la década de 1970; o, como muy bien lo ha documentado Reveíz, a propósito de los Planes de Obras Públicas desde la década de 1920 y a partir de los cuales se pretendió la cons-trucción estatal-nacional; también resulta evidente en el tránsito hacia el neoliberalismo y el recambio de las élites administrativas colombianas (los estudios de Serres o Estrada son ilustrativos al respecto) desde los abogados hacia los economistas que recuerda aquella imagen de Wolfang Sachs cuando proponía que, en el marco de los procesos de des/re/colo-nización de mediados del siglo XX, la ideología del desarrollo presentaba a los antiguos “amos” ya no como “administradores coloniales” sino en la forma de “planificadores” supuestamente neutrales2.

Como lo sostiene también la ponencia de Fajardo Montaña en rela-ción a uno de los factores desencadenantes del conflicto: la tierra y el te-rritorio, la organización político-administrativa ha estado sujeta no sólo a mecanismos ideológicos foráneos (“modelos de desarrollo” globales y sectoriales) sino que muestra simultáneamente una dependencia excesiva

2 En el proceso de americanización, la ideología del “desarrollo” y sus modelos (el desarrollo del subdesarrollo) la administración pública criolla ha jugado un papel no abordado sistemática ni críticamente. No hay que perder de vista que esta ideología fue enunciada por Harry Truman en tiempos de la postguerra, continuada por Roos-tvelt-Keneddy y consolidada a lo largo del siglo pasado por todos los ex presidentes usamericanos.

Desafortunadamente hasta el momento, las trayectorias de las políticas y el proyecto político neoliberal en Colombia se mantienen intactos y, antes que corregirse, se profundizan.

Lo mismo sucede con varios elementos del régimen económico político, los cuales han venido reforzando sus

lógicas, dinámicas y especialmente sus contradicciones, sosteniendo las bases para el escalonamiento de la

conflictividad social en general y provocando que incluso la posibilidad de avanzar hacia el postconflicto en su

expresión armada pueda eventualmente entorpecerse.



de los mecanismos político-militares americanizados. Ambos han ejer-cido una influencia determinante en los diseños y ejecuciones (incluso, evaluaciones) de las políticas públicas (en este caso en la política es-tructural rural pero es un hecho evidente en otros sectores: las políticas económicas regulativas, fiscales, monetarias, etc. y la reorganización de estos sistemas estatales).

Postacuerdos y postneoliberalismo en ColombiaUno de los desafíos principales –si no el más urgente– en medio de

la actual coyuntura política sería pensar el significado de un tránsito posible hacia un escenario de “post-acuerdos”.

Manteniendo la hipótesis sobre una futura resolución exitosa de la Mesa de Diálogos entre el Gobierno colombiano y las guerrillas (hoy, puntualmente: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; fal-taría concretar el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con reductos del Ejército Popular de Liberación, EPL, en zonas crucia-les como El Catatumbo, subregión ubicada al noreste de Colombia en la frontera con Venezuela), el postconflicto debería pensarse no como una etapa donde el conflicto social estaría ausente, pues éste es imposible de “eliminar”, en tanto resulta ser inherente al régimen económico político vigente y realmente existente. Sin embargo, sí existe la posibilidad de pensar el post-conflicto como una fase histórica en la cual las expresio-nes armadas llegan a ser inocuas por ser políticamente improductivas,


abriendo paso a distintos procesos que tengan como horizonte la cons-trucción de una nueva institucionalidad estatal-administrativa desde el punto de vista socioeconómico y político.

Los nuevos dispositivos sociopolíticos así constituidos podrían cana-lizar el conflicto y, desde allí, varias de las contradicciones sociales por vías diferentes a las expresiones estrictamente armadas. Este escenario implicaría, desde luego, un desescalamiento progresivo de la conflicti-vidad social.

Para alcanzar esta nueva etapa se precisan varias transiciones. Entre ellas: una post-neoliberal. ¿Qué significa hablar de post-neoliberalismo?

A diferencia de varios casos regionales donde se registraron algunos cambios más bien superficiales a nivel de algunas políticas económi-cas, incluyendo la incorporación de varias “medidas sociales” respecto al neoliberalismo (ortodoxo) de las décadas de 1980 y 1990 pero sin acceder realmente hacia una era de transformaciones, en Colombia no sería suficiente la mera desinstitucionalización del programa de polí-ticas que se han venido desarrollando desde hace más de tres décadas. En este caso en particular resultaría necesario iniciar la destitución del proyecto político del neoliberalismo, empezando por su modelo so-cioeconómico y su estrategia de desarrollo, así como de los dispositivos burocrático-autoritarios hoy vigentes. De esta manera, la transición hacia el “post-conflicto” implicaría paralelamente una transición desde el neoliberalismo, lo cual supone un punto de partida cierto pero un punto de llegada incierto, a construir y constituir políticamente.

Desafortunadamente hasta el momento, las trayectorias de las políticas y el proyecto político neoliberal en Colombia se mantienen intactos y, antes que corregirse, se profundizan. Lo mismo sucede con varios elementos del régimen económico político, los cuales han veni-do reforzando sus lógicas, dinámicas y especialmente sus contradiccio-nes, sosteniendo las bases para el escalonamiento de la conflictividad social en general y provocando que incluso la posibilidad de avanzar hacia el postconflicto en su expresión armada pueda eventualmente entorpecerse.


Conflicto y solución políticaNº 58, Octubre de 2015 · Bogotá, Colombia Contenido

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Una reflexión a partir de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) El conflicto armado y la administración pública

Yolanda Rodríguez Rincón

Escuela Superior de Administración Pública

El Informe CHCV definido en el Comunicado Conjunto No. 40 de la Mesa de Conversaciones de la Habana el 8 agosto

de 20141, se planteó el objetivo de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno, de afirmar que “sin verdad no hay paz” y de proveer insumos a las delegaciones en la discusión pendiente de ‘Víctimas’ y ‘Fin del conflicto’ del Acuerdo Ge-neral, suscrito por el Gobierno de Santos y las FARC-EP el 26 de agosto de 2012.

Dentro del mandato de la CHCV se señala, entre otros puntos, un informe de síntesis elaborado por los relatores asignados, quienes debían reflejar “con la mayor objetividad los consensos, los disensos y la plurali-dad de visiones de los expertos”. Hay una deuda al respecto.

Igualmente, la pluralidad de miradas que implica el Informe difi-culta de entrada aprehender, sobre todo, los consensos; lo cual lleva a

* Apartes de la ponencia presentada durante el Seminario La Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas. Perspectivas para la Administración Pública en Colombia (Bo-gotá, 29 de septiembre 2015, Escuela Superior de Administración Pública).

1 .“Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC- EP, como resultado de las cuatro reuniones preparatorias que hemos sostenido a lo largo del último mes que culminan con la reunión sostenida entre el 3 y el 5 de agosto, hemos llegado a acuerdos adicionales en torno a: i) Medidas para llevar a buen término las visitas de las víctimas a La Habana; ii) Comisión histórica del conflicto y sus víctimas; iii) Sub-comisión relacionada con el punto 3 de la Agenda del Acuerdo General: “Fin del Conflicto”; y iv) Sub-comisión de género.”



considerar la complejidad política y social del país y a romper con la idea de una única versión oficial sobre el conflicto interno, aún hegemónica en el país. Es una verdad histórica que tendrá que seguir sociali-zándose. ¿Acaso esta historia plural aporte a dimen-sionar la relación existente entre administradores y administrados? ¿Qué patrones o regularidades de forma y de estilo, de significado, han configurado la organización social?

El presente artículo recoge claves de análisis de cuatro de los doce ensayos del Informe2 en torno al conflicto y plantea un conjunto de preguntas sobre la administración pública postacuerdo.

Los pre-supuestos del conflictoEn G. Duncan el conflicto es un asunto de

cómo gobernar comunidades periféricas a través de articular exclusión y prácticas criminales (secuestro y narcotráfico). Prácticas que perfilaron la estrategia de guerra por recursos reproductores de la triada inseguridad-protección-orden, y sostenerla indefini-damente.

Afrontar la inseguridad producida por las FARC hizo de la guerra la forma institucional de resolver cotidianamente la exclusión, redefinir relaciones de poder entre las elites centro-periferia, y legitimar paramilitarismo y narcotráfico. Así se dinamizó el sistema democrático electoral. Estas formas de acumulación de poder, que regularon el orden social territorial, constituyeron gobiernos funcionales a los mercados globales.

El Estado central no habría tenido que ver direc-tamente con esta dinámica de guerra, pero en lo re-gional no ha tenido un fuerte desarrollo institucional.

2 La selección de los ensayos ha sido al azar. Los ensayos seleccionados fueron: Gustavo Duncan, “Exclusión, insu-rrección y crimen”; Javier Giraldo S.J., “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”; Alfredo Molano, “Fragmentos de la histo-ria del conflicto armado (1920--‐2010)”; María Emma Wills, “Los tres nudos de la guerra colombiana”.

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Co-madres (El Salvador)


Duncan se pregunta por el interés del Estado en una elite regional, pues dejó todo en manos contrainsur-gentes privadas y toleró su connivencia con la fuerza pública.

La incapacidad estatal para la victoria militar y en la representación de la población haría que la criminalidad exigiera inmunidad (narcotráfico) y negociación favorable (guerrillas). Pero, cuando se provee, como en las últimas décadas, los medios para que la población adopte las normas y comportamien-tos legales, el Estado se convierte en la institución reguladora de la vida social.

En J. Giraldo el conflicto acontece en la quiebra de los deberes del Estado con sus ciudadanos (nece-sidades básicas y exigencias de justicia); el detonante: las luchas por la tierra, resueltas desde los años veinte del siglo pasado reconcentrando la tierra, expulsando al campesino a la ciudad, persiguiéndolo el hacenda-do o aniquilándolo el militar. Las ‘Leyes del Llano’, el ‘Programa Agrario’ de las FARC, los ‘documentos programáticos’ del ELN, el Movimiento Quintín Lame en los ochenta, hacen del problema de la tierra el eje del conflicto y reconocen la imposibilidad de buscar reformas o actividad política por vías legales, como lo asumió el M-19 con la vía electoral.

Conflicto se ve intensificado con el comercio de drogas ilícitas, intervención de los Estados Unidos –ya había fomentado la mentalidad antisubversiva–, brutalidad militar y desplazamiento forzado.

La respuesta de entonces de las elites fue ‘refundar el Estado’ y blindar sus intereses regional-nacionales. Lo prueban parapolítica, reelección presidencial y narcoestado. El conflicto es sostenido, además, por el manejo deforme de la información; por la impunidad absoluta respecto del Estado y de poderes económico-políticos, y por la arbitrariedad judicial respecto de grandes franjas de ciudadanos del común.

La población no combatiente ha sido la víctima; pero los impactos de odios y traumas silencian, deforman y falsean lo que está detrás de las armas;

Los ensayos abordados

acuerdan en la persistente

debilidad integradora, ciudadana y

democrática del Estado; revelan que

históricamente la lógica institucional

y las dinámicas económicas y

sociales se han apoyado en el ejercicio de la violencia. Si el

Estado es la forma de administración política moderna

por excelencia, habría que

preguntarse si es posible

–y necesario– imaginar una nueva

estatalidad, luego de que la existente ha sustentado por lo menos en cien

años, por acción u omisión, un orden

social violento.



impactos éticos, salidos del dominio público y social. Aquí estaría la solución, más que en un cese al fuego, en comprender el conflicto social más que armado y en democratizar radicalmente la fuerza pública y los mass media.

En A. Molano el conflicto comienza hace un siglo con el control por la tierra y el Estado. Su origen está en el derecho a cultivar café para pancoger, la colonización campesina de baldíos y las tensiones en ha-ciendas. La respuesta gubernamental fue liquidar resguardos. Llegaron así las luchas agrarias que el liberalismo usaría como apoyo político, y que la oficialidad reprimiría combinando elecciones, fuerza e Iglesia en alianza con empresarios y financieros, para llevar al genocidio gaitanista (nunca reconocido) con el que se cortaba de tajo la lucha pacífica. Ahora la resistencia campesina, armada por el liberalismo, lograría acuerdos, amnistías y comandantes asesinados; vendría Rojas Pinilla a prohibir el comunismo y a regar napalm sobre nuevas zonas colonizadas.

La Guerra Fría se inauguraba con la Toma de Marquetalia y reafir-mar el anticomunismo. Pero Lleras Restrepo reconoció la raíz ‘social’ del problema agrario y formuló programas que terminaron avivando el clientelismo y una nueva ofensiva militar y hacendataria. Adviene la au-téntica guerra guerrillera y la creación del paramilitarismo que fundaría una poderosa elite empresarial protegida por el Estado.

Ante el débil y corrupto Estado central las autoridades legítimas local-regionales serían las beneficiadas de la cocalización de nuevas colo-nizaciones. Era la total contra-reforma agraria. Y la incapacidad militar para controlar el movimiento guerrillero, convertido en poder local, llevaría a los gobiernos a buscar negociaciones de paz que fracasaron con los consiguientes exterminios. El fin del siglo XX continuó la guerra, ahora irregular, con Plan Colombia y Seguridad democrática. Mientras tanto, las redes de resistencia comunitaria, con solidaridad y protección internacional, han logrado hacer retornar a miles de desplazados a re-clamar sus tierras.

En este sentido, dice el autor, una paz estable será posible cuando las fuerzas involucradas renuncien a la combinación de todas las formas de lucha a favor de la lucha civil e independiente del tutelaje militar de Estados Unidos.

En M. Wills, la causalidad del conflicto tiene que ver con lo político y la política. La autora recurre a la metáfora de los nudos para dar cuenta del tejido enredado que se planea o no por actores, y cuyas trabas solo es posible superar de manera conjunta-consciente, pues ‘tirando de un solo cabo’ no se desatan.


Un primer nudo tiene que ver con la falta de representación política del campesinado. Serían las fuertes redes multiclasistas partidistas, frente a una débil construcción estatal, las movilizadoras de los sectores campesinos y populares en votos y en armas, que terminaron por alimentar la idea y la acción del amigo-enemigo en el orden social. Un segundo nudo, polarización social e institucionalidad fragmentada, evidencia las raíces antidemocráticas en la resolución de los conflictos. Los intersticios de pluralidad logra-dos con el Frente Nacional terminan caracterizando el conflicto contemporáneo movido por la lucha armada, la consecuente respuesta militar y las ma-fias producto del narcotráfico. La guerra expandida, con fuertes fuentes de financiación, alianzas, marcos interpretativos, estrategias militares y repertorios vio-lentos, desemboca en un autoritarismo degradante. Este es el tercer nudo, el de las articulaciones per-versas entre regiones y centro, que torna dramáticas las históricas fracturas estatales en órdenes sociales regionales, y un modelo de Estado y sociedad que no fructificó según la Constitución de 1991. Entonces, las herencias autoritarias hacen que la victimización enseñe “una guerra con pasado pero sin futuro”.

¿Hacia una nueva administración pública?Los ensayos abordados acuerdan en la persistente

debilidad integradora, ciudadana y democrática del Estado; revelan que históricamente la lógica institu-cional y las dinámicas económicas y sociales se han apoyado en el ejercicio de la violencia. Si el Estado es la forma de administración política moderna por excelencia, habría que preguntarse si es posible ‒y necesario‒ imaginar una nueva estatalidad, luego de que la existente ha sustentado por lo menos en cien años, por acción u omisión, un orden social violento.

Cabe preguntarse, además, si la administración pública se la ve con el gobierno, con la gerencia-gestión, con las políticas públicas, con la consultoría, con la academia; si es posible que ella participe en la

Si se asume la política como

espacio de conflictos de todo

orden, favorable a la democracia,

hay que decir que nada será posible si se persiste en la

forma despojadora de la construcción y reproducción del

poder político en Colombia y que sería necesaria

su derrota, seguramente

girando hacia una administración pública donde de las fuerzas

sociales, civiles y organizadas sean las protagonistas.



politización social, que no es partidista; es decir, si la administración pública debería dar cuenta de la construcción de ciudadanía política y de sujetos –p.ej., funcionarios– demo-cráticamente responsables.

Y como la racionalidad instrumental no puede dar razón de nuevos sentidos de vida, podría la administración pública ¿llevar a comprender ‘qué pasó’ y ‘qué hacemos con lo que pasó’? Acaso sus políticas ¿ser pensadas y ejecutadas en perspectiva de derechos humanos y de memoria? Y si su acepción ‘pública’, transfigurada en lo corporativo, en lo privado, en lo agenciado, podría ser dimensionada en términos de lo(s) común(es) y ser capaz en una apuesta de postacuerdo, como disciplina y/o saber, de convocar y conjugar otras formas de conocimiento que en su dinámica histórica ha marginado/eliminado; es decir, ¿podría la administración pública asumir la mirada de los cuerpos, de los sentimientos, de las emocio-nes? Porque todo esto lo aprendemos de los más de siete millones de víctimas que deja hasta hoy la forma de administrar el conflicto.

Empero, todo esto implica dilucidar la abstracta separación de política y administración –dizque, se arguye, en aras del principio de justicia‒. El conflicto, desde la CHCV, revela lo contrario. Si se asume la política como espacio de conflictos de todo orden, favorable a la democracia, hay que decir que nada será posible si se persiste en la forma despojadora de la construcción y reproducción del poder político en Colombia y que sería necesaria su derrota, seguramente girando hacia una administración pública donde de las fuerzas sociales, civiles y organizadas sean las protagonistas.

Co-madres (El Salvador)


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La guerra civil en SiriaContextualizando las recientes tensiones entre los Estados Unidos y Rusia

Aaron Tauss

Profesor Asistente. Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

En su discurso a finales de septiembre frente la Asamblea Ge-neral de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente

estadounidense Barack Obama pronunció la palabra “Rusia un total de catorce veces”1. Durante 42 minutos Obama criticó al gobierno de Vla-dímir Putin, especialmente por la anexión de Crimea a Rusia en marzo de 2014, la cual ocurrió tras el derrocamiento popular del presidente electo ucraniano, Víktor Yanukóvich, en noviembre de 2013 y tras las protestas pro rusas en respuesta a dicha destitución en las regiones del este y del sur del país. El presidente estadounidense resaltó la impor-tancia de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia pocas semanas después de la anexión de Crimea, pero al mismo tiempo dejó claro que su país no tenía ningún “deseo de volver a una Guerra Fría”2; al referirse a la guerra civil en Siria, Barack Obama reiteró también su “compromiso con el orden internacional”. Lo que comenzó a principios de 2011 –en el contexto de la Primavera Árabe– con algunas protestas civiles contra el gobierno del presidente sirio Bashar Al-Asad y contra la fuerte represión estatal, se ha convertido desde entonces en una sangrienta guerra regional que,

1 The New York Times (2015): “President Obama’s Speech to the United Nations General Assembly 2015”, 28 de septiembre, http://www.nytimes.com/2015/09/29/world/americas/president-obamas-speech-to-the-united-nations-general-assembly-2015.html?_r=0

2 Traducción por el autor.



según las Nacional Unidas, habría cobrado la vida de más de 220 mil personas hasta enero de este año3. Aunque Obama manifestó su voluntad “de trabajar con cualquier nación, incluyendo a Rusia e Irán, para resolver el conflicto”4, también rechazó la iniciativa rusa que apunta a incluir al Presidente sirio en la mesa de negociaciones. Para Obama, volver al estatus quo previo a la guerra no es una opción.

Por el contrario, durante su charla frente la co-munidad internacional, el presidente ruso, Vladímir Putin, hizo una advertencia frente a la creciente ame-naza del llamado “Estado Islámico”, un grupo cri-minal e insurgente que apareció como consecuencia de la invasión a Iraq liderada por los Estados Unidos en 2003 y que actualmente controla grandes regiones de Iraq y Siria. Al mismo tiempo, Putin rechazó la estrategia estadounidense de poner fin a la guerra ci-vil en el país árabe5. Según el Presidente ruso, es “un enorme error negarse a cooperar con el gobierno sirio y con sus fuerzas armadas que luchan valientemente contra el terrorismo cara a cara. Debemos reconocer por fin que nadie más que las fuerzas armadas del presidente Assad y la milicia kurda están luchando realmente contra el Estado Islámico y contra las otras organizaciones terroristas en Siria”6. A los tres días de haber pronunciado estas palabras, Rusia inició una campaña militar en Siria con bombardeos aéreos dirigidos contra los campamentos del “Estado Islá-mico” y demás grupos armados de la oposición. La respuesta de los Estados Unidos no tardó mucho en

3 The Huffington Post (2015): “Syrian Rebels And Government Reach Truce In Besieged Area”, 15 de enero, http://www.huffingtonpost.com/2015/01/15/syria-rebel-truce_n_6478226.html?ncid=txtlnkusaolp00000592


5 The Real News Network (2015): “Obama Versus Putin at the U.N.”, 28 de septiembre, http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=74&jumival=14797


Alfonsina Storni (Argentina)


llegar: para Barack Obama la estrategia de Rusia en Siria era “una receta para el desastre”7.

¿Hacia una nueva Guerra Fría?Este tipo de comentarios por parte de los más

altos representantes políticos de las dos potencias no es nada nuevo. Las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Rusia han comenzado a deterio-rarse significativamente, al menos desde principios del año 2014. Sin embargo, como veremos más adelante, esto no se debe exclusivamente al conflicto en Ucrania y a la guerra civil en Siria. Durante los dos últimos años, las crecientes tensiones entre los Estados Unidos y Rusia han llevado a algunos ana-listas y comentaristas a hablar de una nueva Guerra Fría8. Resumiendo su argumentación en pocas pa-labras, dichos autores sostienen que lo que estamos viviendo no es otra cosa que un nuevo capítulo en la confrontación que caracterizó al sistema interna-cional por más de 50 años tras la Segunda Guerra Mundial: si bien la Guerra Fría terminó oficialmente a finales de 1989 con el anuncio de los dos presi-dentes –George H.W. Bush y Mijaíl Gorbachov– en la Cumbre de Malta, los recientes acontecimientos en Ucrania y Siria claramente han reavivado esta antigua rivalidad. No obstante, el problema princi-pal de estas interpretaciones es el desconocimiento o la subestimación de la diferente naturaleza que tiene la confrontación entre ambas potencias en la

7 The Guardian (2015): “Obama says Russian strategy in Syria is ‘recipe for disaster’”, 2 de octubre, http://www.theguar-dian.com/world/2015/oct/02/us-coalition-warns-russia-putin-extremism-syria-isis

8 Dmitri Trenin (2014): Welcome to the Cold War II, Fore-ign Policy, 4 de marzo, http://foreignpolicy.com/2014/03/04/welcome-to-cold-war-ii/; Boris Mamlyuk (2014): The Ukraine Crisis, Cold War II, and International Law, German Law Jour-nal, Vol. 16, No. 3, 479-522; Eve Conant (2014): “Is the Cold War Back?”, 12 de septiembre, National Geographic, http://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140912-cold-war-geography-russia-ukraine-sanctions/

Mientras los Estados Unidos

siguen tratando de manejar el orden

global establecido y de expandir y

profundizar el liderazgo del capital

estadounidense dentro de

los mercados mundiales,

asignando a los otros Estados

capitalistas el papel que deben jugar para contribuir a la reproducción

de las relaciones existentes de dominación y

explotación, Rusia está intentando

ampliar su autonomía relativa dentro del Imperio

Americano, estableciendo a la

vez nuevas alianzas con otros Estados

capitalistas de la semiperiferia,

como China, Irán o la India.



actualidad, es decir, ignorar que el conflic-to que se presenta entre ellas a mediados de la segunda década del siglo XXI posee una calidad distinta. Lo que se despliega ante nuestros ojos es, más bien, el resultado de las tensiones generadas por el conflictivo y contradictorio intento de los Estados Uni-dos de incorporar a Rusia al orden global imperialista norteamericano, acompañado por la relativa resistencia que opone Estado capitalista ruso a dicho proyecto.

Rusia y el Imperio Americano Dos años después de la cumbre en

Malta, la Unión Soviética se disolvió –en diciembre de 1991– y fue reemplazada por la Comunidad de Estados Independientes (CEI), una organización internacional compuesta por dos tercios de los países que anteriormente formaban parte de la Unión Soviética. Tras el colapso del comunismo, los Estados Unidos empezaron inmediata-mente a impulsar la reestructuración de las ex repúblicas soviéticas y su transformación

en Estados capitalistas –principalmente mediante el Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional (FMI)– con el fin de incorporarlas a las estructuras ya existentes y de asignarles su “asiento” dentro del orden del “Imperio Americano” surgido bajo el liderazgo hegemónico de un “nuevo Estado imperial”9 norteamericano durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial10. La remodelación neo-liberal de los Estados de Europa del Este contaba con la participación activa de las nuevas burguesías cleptocráticas y corrup-tas que se habían enriquecido durante el pe-riodo de transición hacia una economía de mercado capitalista en los diferentes países postcomunistas.

9 Leo Pánico (2000): El nuevo Estado imperial, New Lot Revéis, No. 3, 5-18, https://newleftreview.es/3

10 Leo Pánico / Sam Guindan (2005): El liderazgo del capital global, New Lot Revéis, No. 35, 47-68, http://newleftreview.es/article/download_pdf?language=es&id=2583

Madres de la Plaza de Mayo (Argentina)


Para convencer a los nuevos gobiernos de abrir sus puertas a la inversión extranjera directa esta-dounidense, el Departamento del Tesoro y el FMI utilizaron una estrategia política que ofrecía una combinación de recompensas y castigos. Frente a la profunda crisis económica que afectó a las ex repúblicas soviéticas a principios de la década de los 90, las dos instituciones recomendaron, por un lado, la implementación de ciertas medidas de aus-teridad –la llamada “terapia de choque”–, mientras que simultáneamente acordaron en muchos casos la cancelación de gran parte de la deuda pública y privada11. En el caso de Rusia, el FMI le concedió al país entre 1995 y 1996 préstamos por valores cerca-nos a los 16.000 millones de dólares, principalmente para asegurar de esta manera la reelección de Borís Yeltsin, el primer Presidente de la era postsoviética. Dos años después, Rusia se vio fuertemente afectada por la crisis financiera asiática de 1997, ocasión en la cual, tras la implementación de algunos paquetes de rescate financiero, Washington decidió aceptar en última instancia la quiebra de dicho país. La crisis económica y financiera en Rusia culminó en agosto de 1998 tras una importante caída de los precios del petróleo que condujo a una fuerte devaluación de la moneda y al ‘default’ de deuda pública12.

Tensiones y acercamientos A principios del nuevo siglo, cuando Vladímir

Putin (1999) y George W. Bush (2001) asumieron los liderazgos políticos en ambos países, las tensiones y altercados entre los Estados Unidos y Rusia comen-zaron a profundizarse. Tras los acontecimientos del 11-9, en diciembre del 2001, los Estados Unidos to-maron la decisión unilateral de retirarse del Tratado

11 Leo Pan itch / Sam Gin din (2012): The Making of Global Ca-pitalism; London/Nueva York: Verso, 243.

12 Nigel Gould-Davies / Naira Woods (1999): Russia and the IMF, International Affairs, Vol. 75, No. 1, 1-21.

Las tensiones entre Rusia y

Estados Unidos han aumentado

nuevamente durante los últimos

dos años. Esto se debe, por un lado,

a la decisión de Rusia de conceder

asilo político al ciudadano

estadounidense Edward Snowden,

un revelador de secretos

de la Agencia de Seguridad

Nacional (NSA), y, por el otro, a la intervención

rusa en Ucrania y al desacuerdo

sobre la estrategia en Siria.



Mercedes Sosa (Argentina)


sobre Misiles Antibalísticos (Tratado ABM)13 con el fin de avanzar en sus planes de construir un nuevo sistema de defensa antimisiles14. Antes de que lo olvidemos, ya hacía dos años que los Estados Unidos habían dado inicio a la primera ronda de ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia Europa del Este, proceso que se intensificó entre 1999 y 2009 y que hasta el día de hoy representa una de las principales razones detrás del deterioro de las relaciones entre los dos países15.

Cuando en marzo de 2007 los Estados Unidos hicieron pública su intención de construir un sistema de defensa antimisiles balísticos en Polonia y una estación de radar en la República Checa, Vladímir Putin vio este plan como una amenaza a la seguridad nacional de su país, comparable con el despliegue de misiles rusos en Cuba antes de la “Crisis de los misiles” de 196216. Un año después, las tensiones aumentaron aún más: primero en el mes de agosto, cuando los Estados Unidos decidie-ron a respaldar a Georgia en el conflicto contra Rusia, y después, en noviembre, cuando el nuevo presidente Dmitri Medvédev dio luz verde a la participación de sus tropas en ejercicios navales frente a la costa venezolana17.

Con la llegada de Barack Obama a la presidencia, las relaciones con Rusia comenzaron a mejorar paulatinamente. En abril de 2010 los dos países firmaron el Tratado Nuevo START (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas), en el cual sólo los Estados Unidos se comprome-tieron a reducir significativamente su arsenal nuclear. También durante ese año, ambos países llevaron a cabo un ejercicio militar conjunto. En agosto de 2012, tras la victoria electoral de Vladímir Putin, el proyecto

13 El Tratado ABM fue firmado en el año 1972 en el apogeo de la Guerra Fría entre Richard Nixon y Leonid Brézhnev para limitar el número de misiles antibalísticos que son utilizados en la defensa contra misiles nucleares.

14 Casa Blanca (2001): “ABM Treaty Fact Sheet: Statement by the Press Secretary - Announcement of Withdrawal from the Abm Treaty”, 13 de diciembre, http://geor-gewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/12/20011213-2.html

15 Hungría, Polonia y la República Checa se unieron en 1999; Bulgaria, Eslovaquia, Es-lovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania en 2004; y Croacia y Albania en 2009. Otros seis países de la región (Azerbaiyán, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Mon-tenegro, Georgia y Ucrania) también han expresado su interés de hacerse miembro o ya han iniciado el proceso de adhesión a la OTAN.

16 BBC (2007): “Putin compares US shield to Cuba”, 26 de octubre, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7064428.stm

17 The Los Angeles Times (2008): “Russia to join Venezuela in naval exercises”, 8 de septiembre, http://articles.latimes.com/2008/sep/08/world/fg-chavez8



de la incorporación de Rusia al Imperio Americano recibió otro gran empujón: tras casi 20 años de negociaciones intensivas, Rusia finalmente se hizo miembro de la Organización Mundial del Comercio (WTO), una organización internacional que en 1995 reemplazó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) con el fin de profundizar la “regulación” del comercio internacional a favor de los grandes capitales transnacionales.

A pesar de estos acercamientos, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos han aumentado nuevamente durante los últimos dos años. Esto se debe, por un lado, a la decisión de Rusia de conceder asilo político al ciudadano estadounidense Edward Snowden, un revelador de secretos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), y, por el otro, como señala-mos al principio, a la intervención rusa en Ucrania y al desacuerdo sobre la estrategia en Siria. Sin embargo, es preciso resaltar que estas últimas tensiones deben siempre analizarse en el contexto más amplio que se expuso anteriormente.

Para concluir, podemos constatar lo siguiente: mientras los Estados Unidos siguen tratando de manejar el orden global establecido y de expandir y profundizar el liderazgo del capital estadounidense dentro de los mercados mundiales, asignando a los otros Estados capitalistas el papel que deben jugar para contribuir a la reproducción de las relaciones existentes de dominación y explotación, Rusia está intentando ampliar su autonomía relativa dentro del Imperio Americano, estableciendo a la vez nuevas alianzas con otros Estados capitalistas de la semiperiferia, como China, Irán o la India18. Este fenómeno, empero, requiere una investigación aparte.

18 Aaron Tauss (2014): El nuevo banco de los BRICS: ¿Una alternativa frente el dominio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?, Revista Izquierda, No. 47, 56-62.


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Adónde vamos

Oscar Ugarteche

Investigador titular Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, SNI/CONACYT

La gran discusión de Keynes en 1925 fue contra el sentido co-mún del Tesoro británico y los políticos, que querían regresar

la libra esterlina a su paridad de antes de la Primera Guerra Mundial, y con eso al patrón oro. En ese momento, con el tipo de cambio flo-tante a $4.44 por libra, el debate era si devaluarla a $3.60 o revaluarla y restablecer la paridad de preguerra de $4.86. La revaluación de 10% para Keynes significaba una pérdida de salarios si se deseaba mantener a Gran Bretaña competitiva en sus exportaciones. Eso significaba que los salarios de los mineros del carbón, que determinaban el costo de la energía, debían de bajar. Las consecuencias de eso, para Keynes, esta-ban claras: una gran protesta social (que fue el paro general de 1927) y una tendencia deflacionaria (que ocurrió de 1929 en adelante). Menos consumo presiona a menores precios, lo que impide una tasa de retorno adecuada del capital o, puesto de otro modo, impide la reproducción del capital.

El efecto sobre la tasa de interés es inmediato. Es su descenso para intentar recuperar actividad económica. Este problema de la deflación, dice Keynes, es más peligroso que la inflación y es mejor alimentar el consumo a través de inversión pública, aunque esta no sea de utilidad inmediata. Von Mises argumentó que la baja de la tasa de interés tendría un impacto en el aumento de la actividad productiva y que este aumen-to haría que los precios de los bienes de producción subieran mientras los de consumo aumentarían menos y la tasa de interés lentamente


Capitalismo en Crisis

recuperaría su nivel, cuando los precios de los bienes de producción y de consumo restablecieran el suyo. Desde 1999 se ha podido apreciar en Japón que esto no es verdad, y desde 2008 en los otros países líderes.

Actualmente la revaluación del dólar frente al euro, su principal socio comercial, es del orden de 30% y el impacto de esto sobre el consumo en Esta-dos Unidos es visible. No logra recuperar una tasa de crecimiento del consumo análoga a la que tuvo en los años 90 ni logra emplear a la población correctamen-te de manera masiva. El drama es que esto ocurre con la tasa de interés en cero en Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa y Japón, y con la tendencia deflacio-naria estrenada en Europa en el año 2013, fruto de las políticas de austeridad allí aplicadas desde el año 2011 y ahora en Estados Unidos como resultado de la apreciación cambiaria.

La revaluación del dólar junto con la expectativa del alza de la tasa de interés en Estados Unidos ha deprimido los precios internacionales de las materias primas y, con ese mecanismo de transmisión, la de-flación está llegando al resto del mundo al mismo tiempo que los tipos de cambio se deprecian frente al dólar. Al revés de lo esperable, los precios internos no suben con las devaluaciones en las economías emergentes por la debilidad de la demanda. Esto, claro está, generalizando el proceso de crisis iniciado, según como se vea, en el año 2000 o en 2008.

La consecuencia de la debilidad de los precios en dólares es que la concepción del crecimiento econó-mico liderado por las exportaciones está en juego. Ya se ha dicho que no es posible y no funciona. Pero la realidad es que Estados Unidos está con una tasa de crecimiento exportador no de materias primas sino de bienes de capital e intermedios, que es su fuerte, que está de bajada. Si la dinámica de crecimiento de las exportaciones de materias primas va en descenso y también la de las exportaciones de bienes de capital e intermedios del principal exportador de estos bienes en el mundo, es que la dinámica de crecimiento de la

http://hoyvenezuela.info/wp-content/uploads/2015/09/cjamaicamanuscrito1415153934.jpg

Micaela Bastidas Puyucahua (Perú)


economía mundial está en descenso. Hay una baja marcada del ritmo de crecimiento del comercio total de bienes y servicios (línea azul) que alcanza un 30%, de sobre 6% antes de 2006 a menos de 4% al año después. Es muy marcada también la desaceleración del cre-cimiento del PIB mundial que ha descendido 20%, de crecer más de 3% promedio al año antes de 2008 (línea roja) a 2.5% después. El crecimiento del PIB mundial está rondando el 4% al año, lo que en términos poblacionales es (2.5-1.18) 1.32%.

Crecimiento del PIB, del comercio y del comercio de bienes mundiales

Promedio móvil de 10 años de comercio mundial, PIB y comercio/PIB, 1990-2015. Variaciones del promedio anual % (izquierda) y ratio (derecha)

Fuente: OMC.

Esto se divide así: Europa y Japón no crecen después de 2008 y Estados Unidos crece muy poquito, al 1.5%. Como estos países, por su nivel de riqueza, conforman el grueso del mercado mundial, su estancamiento con deflación es la que ha lanzado el mercado mundial de commodities a una baja de cantidades fuera de los aspectos especulativos que han gatillado la variación de precios. Mientras éstos no retomen dinamismo, las cantidades importadas por ellos serán progresivamente menores. Con las tasas de interés apuntando al alza, los precios seguirán rumbo a la baja hasta que se encuentre el nuevo punto de equilibrio de precios.



Crecimiento del PIB per cápita

Fuente: Eurostat y BM y United Nations Population Division, Department of Economic and Social Affairs.

Los grandes consumidores de bienes industriales americanos ‒de capital e intermedios‒ son Europa y Japón que no crecen y que no parecen tener perspectivas mientras no acaben con las políticas de austeridad. Con Alemania en el borde de la deflación estancada en crecimiento cercano a 0 quizás ahora comiencen a pensar que algo está mal.

Al otro lado está la versión 2.0 de las políticas keynesianas de inversión en infraes-tructura como medio de revitalización de la economía. Solo que esta vez no es el Estado quien lo hace a fondo perdido, inyectando demanda, sino lo hace asociado con el sector privado. Este keynesiansimo 2.0 que se está explayando por el mundo, mediante bancos nuevos regionales y gobiernos que promueven sus empresas constructoras, está asociado a fondos de jubilación que no tienen rentabilidad en bolsa y buscan desesperadamente dónde invertir. Esto mientras la tasa de interés se mantenga en cero. El retorno de la tasa de interés en las economías líderes a su nivel histórico de 6% en este marco no se ve muy cercano. Una cosa es una recuperación económica con tasas de interés de 0% y otra con tasas normales. ¿Puede haber una recuperación económica global sólida mientras la tasa de interés no regrese a su nivel? ¿La tasa cero no es un incentivo para la especulación en bolsa y las burbujas financieras?

Japón es una plantilla para entender que está pasando. La línea verde del Gráfico 2 muestra que el PIB por habitante no crece desde hace una década, pero si se busca la data a 1990 son dos décadas y media sin crecimiento. Lo notable es que tienen la tasa de interés real en 0 desde al menos 1999 y que el descenso de la tasa de interés de 6% a 0% no reactivó la economía entre 1991 y 1999, como Keynes predijo.


Tasa básica de interés de Japón. Gráfico de largo plazo 1991-2015

Fuente: Bank of Japan

Mientras tanto, el consumo en Europa, Estados Unidos y Japón per-manece estancado sin aumento. La apuesta es que los demás asiáticos van a aumentar su capacidad de consumo y a través de eso va a salirse de este aprieto. La falta de austeridad asiática va a arrastrar al mundo, es la idea. Por eso, de lo único que habla la prensa sajona es de China. Nunca escriben sobre su estancamiento ni sobre la caída de su consumo. La preocupación es si China consume a una tasa menor, o si crece, que es su apuesta y su miedo. Si China se consolida como la primera economía del mundo esto tiene repercusiones gigantescas sobre la hegemonía americana y el papel incuestionable de Washington. O sea que ojalá que China crezca, pero ojalá que no, es el análisis sajón. Los que están en problemas estancados con deflación son todos los del G7, el gran mercado mundial.

El drama latinoamericano es que la prensa y el sentido común están básicamente

todos del lado del crecimiento exportador y el libre mercado, inclusive en los países

progresistas. La formación de los economistas jóvenes está más cerca de la hipótesis de los

mercados perfectos y del pensamiento de Lucas que de algo que tenga como centro

el empleo, que es el problema medular ahora como en 1930. No hay un refugio

teórico distinto para dar un salto adelante.



Mientras el índice de precios al consumidor de Estados Unidos para todas las ciudades y todos los productos suma 0.2% para el año a agosto de 2015, en China suma 2% para el año a agosto. Para Japón suma 0.2%, como Estados Unidos; Gran Bretaña suma 0.0%; Alemania suma 0.2% y Francia 0.0%. Es decir, hay casi deflación (solo cuando se vuelve negativa es deflación) y la tasa de interés es negativa en todas estas economías. La apuesta para la recupe-ración americana es la asociación del Estado con un agente privado, sea para hacer la guerra, el desarrollo de infraestructura o lo que sea, y no parece estar funcionando. Por lo menos el multiplicador fiscal del gasto en defensa no existe, como se ve con todas las guerras que hace Estados Unidos y su falta de creci-miento del PIB en las últimas dos décadas.

América Latina está inmersa en este problema. El crecimiento exportador no va a tener dinamismo y la tasa de interés distorsionada va a seguir generan-do ideas de gasto público asociado. Si antes era con préstamos internacionales, ahora es con inversión extranjera. La diferencia es que la inversión extranjera de los fondos de pensiones va a requerir una tasa de retorno alta para justificar la inversión, lo que tendrá un efecto de balanza de pagos igual de adversa que la deuda. La diferencia es que no tiene costo fiscal. ¿Es suficiente esto?

Por último, sin crecimiento exportador y con po-líticas de desarrollo de infraestructura para relanzar el crecimiento con recursos de fondos de inversión extranjeros, ¿a quién beneficia la reactivación de la economía? ¿El consumo de quién se va a relanzar? La idea de Keynes de la infraestructura era generar empleo con gasto público, pero generar empleo en casa. Hacerlo con déficit en momentos deflacionarios era una buena idea. ¿En América Latina tenemos deflación también? Brasil, inflación anual a agosto de 2015, 9.53%; Argentina (no hay información actuali-zada comparable en Trading Statistics); Chile, 5.0%; Perú, 4%; México, 2.59%, y Colombia, 4.74%.

Josefa Joaquina Sánchez (Venezuela)


Hay dos cosas ciertas, América Latina crece poco pero crece, con las excepciones de Brasil y Venezuela; y hay una saludable inflación baja en un mar global deflacionario. Por estas razones, las medidas de re-activación que se tomen en América Latina deberán ser distintas de las que se toman en Europa, Estados Unidos y Japón, amén de las razones estructurales evidentes. El problema es que el marco mental la-tinoamericano es de crecimiento exportador y ante la falta de este no hay ninguna idea distinta, salvo el keynesianismo 2.0 de infraestructura con dinero privado extranjero. Quizás la idea podría ser que los fondos privados de pensión nacionales inviertan, pero ¿quedan fondos privados de pensión nacionales?

Hay una tercera verdad, los flujos de capital de corto plazo, de cartera, han venido en descenso desde que Bernanke en 2013 comenzó a anunciar el final de la política crediticia americana introducida en 2008. Esto se ha traducido en los tipos de cambio, como se preveía, y eso va a comprimir el consumo importador, lo que va a reducir las tasas de creci-miento. Si hubiera bases exportadoras industriales quizás podría haber un offsetting (contrapeso) de esto, pero nadie, salvo México, lo tiene, razón por la que tiene una mucho menor caída de las exporta-ciones y del producto que el resto entre 2014 y 2015. Claro que tampoco nunca subió mucho (0.8% per cápita anual promedio) desde los años 80. Para Es-tados Unidos el negocio del TLCAN ha sido conse-guir un mercado con 120 millones de consumidores mexicanos que financian su balanza de pagos con remesas de trabajadores migrantes mexicanos muy baratos (que no quieren en Estados Unidos, como Donald Trump ha puesto en evidencia). Para Es-tados Unidos son dos buenos negocios: mercado más grande y mano de obra barata precaria. Para México es menos claro qué ha ganado. Tampoco queda claro si lo hubiera podido prevenir o si tenía márgenes de negociación reales. La base industrial mexicana está entretejida con la de Estados Unidos

El crecimiento anémico de

América Latina seguirá en un

mundo divorciado entre la austeridad en Brasil y México –que va a tumbar el crecimiento de

ambos países y quizás también su índice de precios–,

el estancamiento del G7 y el auge asiático. A todo

esto sumado le llama Mme. Lagarde haber

superado la crisis, en una interesante

innovación del uso de la palabra

“superar”. La crisis no es un punto

sino un proceso, y allí seguimos.



de modo que la cola se mueve a la misma velocidad que el perro. Y no se ha movido rápido ese perro en tres décadas, hasta que casi dejó de moverse.

¿Cómo hacerle entonces? Keynes estaba frente a balanzas fiscales relativa-

mente sanas. En la crisis de 1929 no hubo rescates fi-nancieros y eso fue duramente criticado. Lo que hubo fue un cierre del crédito interbancario que, aunado a la tendencia deflacionaria que venía desde 1928, llevó a la depresión. Esta vez tenemos rasgos deflacionarios y no hay crecimiento, pero no hay depresión. Lo que hay es un peso de la deuda pública monstruoso, sobre 100% del PIB para los países del G7 y no ha signifi-cado inflación, como suponían Hayek y Von Mises. Lo que sí es verdad es que esa deuda inmensa ha sido fabricada por los rescates bancarios de 2008 a 2010 y que ha ocurrido con las tasas de interés en cero. La historia cambiaría si la tasa subiera. Cada 1% de tasa de interés es 1% del PIB de traspaso de pago de deuda pública al sector privado que se va a contrapesar con una reducción simétrica del gasto público para evitar un aumento del déficit fiscal, el cual ronda, país más, país menos, el 5% del PIB. Si el déficit fiscal no genera inflación, no se comprende el empuje de austeridad. El efecto de la austeridad es todo lo señalado arriba en términos de deflación.

El drama latinoamericano es que la prensa y el sentido común están básicamente todos del lado del crecimiento exportador y el libre mercado, inclusive en los países progresistas. La formación de los eco-nomistas jóvenes está más cerca de la hipótesis de los mercados perfectos y del pensamiento de Lucas que de algo que tenga como centro el empleo, que es el problema medular ahora como en 1930. No hay un refugio teórico distinto para dar un salto adelante. En los años 50 del siglo pasado, cuando se desplomaron los precios de los commodities, Prebisch estaba aga-rrado de las ideas de Alejandro Bunge sobre indus-trialización e integración de mercados. Ahora lo que

Juana Azurduy (Bolivia)


sabemos es que esa industrialización acabó en alta inflación y cuellos de botella de balanza de pagos en los 70. Es decir por allí no está el camino.

Lo nuevo es que la idea de integración ha sido diseccionada en dos: los que están del lado de la inte-gración panamericana con Estados Unidos (y ahora el TPP), y los del MERCOSUR, de la integración regional. Pero estos últimos tienen países miembros con políticas económicas disímiles, entorpeciendo el proceso de la integración. Eso no tiene salida, lo que implica que el MERCOSUR seguirá atrofiado. A diferencia de los años 70 del siglo pasado, el problema no es la inflación con estancamiento, y de allí las po-líticas crediticias con metas inflacionarias en primer lugar, sino la deflación por caída del consumo en las economías ricas derivadas de políticas de austeridad y por la apreciación del dólar.

Quizás haya que pensar en políticas contradefla-cionarias que no estén relacionadas ni con el cierre del déficit fiscal ni con los ajustes del consumo. Mientras tanto el crecimiento anémico de América Latina se-guirá en un mundo divorciado entre la austeridad en Brasil y México ‒que va a tumbar el crecimiento de ambos países y quizás también su índice de precios‒, el estancamiento del G7 y el auge asiático. A todo esto sumado le llama Mme. Lagarde haber superado la crisis, en una interesante innovación del uso de la palabra “superar”. La crisis no es un punto sino un proceso, y allí seguimos.

Hay quienes afirman que se acabó el ciclo de la izquierda. El ciclo terminado parece ser más bien el del crecimiento exportador en América Latina, aunque las elites persistan y se sigan promoviendo las inversiones en recursos naturales exportables.

Hay quienes afirman que se

acabó el ciclo de la izquierda. El ciclo terminado parece

ser más bien el del crecimiento exportador en

América Latina, aunque las elites

persistan y se sigan promoviendo las

inversiones en recursos naturales

exportables.


Capitalismo en CrisisNº 58, Octubre de 2015 · Bogotá, Colombia Contenido

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El FMI y el Banco Mundial: llegó la hora del balance*

Eric Toussaint

Historiador. Doctor en Ciencias Políticas Universidad de Lieja y Universidad París VIII Portavoz de la red internacional del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM)

1) Desde su creación en 1944, el Banco Mundial (BM) y el FMI res-paldaron activamente todas las dictaduras y todos los regímenes corruptos aliados de Estados Unidos.

2) Pisotean la soberanía de los Estados violando en forma flagrante el derecho de los pueblos de disponer de sí mismos, sobre todo debi-do a las condicionalidades que imponen. Estas condicionalidades empobrecen a la población, incrementan las desigualdades, libran al país a las transnacionales y hacen modificar las legislaciones de los Estados (reformas profundas del código de trabajo, de los có-digos mineros, forestales, eliminación de los convenios colectivos, etc.), favoreciendo a los acreedores e «inversores» extranjeros.

3) A pesar de haber detectado desvíos masivos de dinero, tanto el BM como el FMI mantuvieron, e incluso aumentaron, el monto prestado a los regímenes corruptos y dictatoriales aliados a las po-tencias occidentales (como el emblemático caso del Congo-Zaire de Mobuto, después del informe Blumenthal de 1982).

4) Mediante su apoyo financiero, ayudaron a la dictadura de Hab-yarimana en Ruanda hasta el año 1992, lo que le permitió a este

* Traducido por Griselda Piñero y Raúl Quiroz



dictador quintuplicar los efectivos de su ejérci-to. Las reformas económicas que impusieron en 1990 desestabilizaron el país y exacerbaron las contradicciones latentes. El régimen de Habyarimana había estado preparando un genocidio desde los años 80, que finalmente fue perpetrado a partir del 6 de abril de 1994, causando cerca de un millón de muertos entre los Tutsis y los Hutus moderados. A continua-ción, el Banco Mundial y el FMI exigieron a las nuevas autoridades ruandesas el pago de la deuda contraída por el régimen genocida.

5) Apoyaron otros regímenes dictatoriales del campo contrario ‒como el de Rumania desde 1973 hasta 1982, y el de China a partir de 1980‒ para debilitar a la Unión Soviética antes de su implosión en 1991.

6) Sostuvieron las peores dictaduras hasta su derrocamiento. Por ejemplo: el significativo apoyo a Suharto en Indonesia desde 1965 hasta 1998, a Marcos en Filipinas desde 1972 hasta 1986, a Ben Alí en Túnez y a Mubarak en Egipto, hasta la expulsión de estos dictado-res en 2011.

7) Sabotearon activamente algunas experiencias democráticas y progresistas: desde las de Ja-cobo Arbenz en Guatemala y de Mohammad Mossadegh en Irán, en la primera mitad de la década de los 50, la de João Goulart en Brasil a comienzos de los años 60, hasta la de los san-dinistas en Nicaragua en los años 80, pasando por la de Salvador Allende en Chile entre 1970 y 1973. Por cierto, la lista es mucho más larga.

8) El Banco Mundial y el FMI exigen a los pue-blos, víctimas de tiranos que estas mismas instituciones financian, el reembolso de las

Digna Ochoa (México)


deudas odiosas contraídas por esos regímenes autoritarios y corruptos.

9) En forma similar, el Banco Mundial y el FMI exigieron a los países que habían accedido a la independencia, entre fines de los años 50 y co-mienzo de los 60, el reembolso de las deudas odiosas contraídas por las antiguas potencias coloniales para profundizar su colonización. En particular, ese fue el caso de Bélgica y su deuda contraída con el Banco Mundial para completar la colonización del Congo en los años 50. Recordemos que este tipo de transfe-rencia de las deudas coloniales está prohibido por el derecho internacional.

10) En los años 60, el Banco Mundial y el FMI sostuvieron económicamente a países como la República Sudafricana del apartheid y a Portugal, que continuaba manteniendo bajo el yugo sus colonias en África y el Pacífico, mientras que dicho país era objeto de un boi-cot financiero internacional decretado por la ONU. El Banco Mundial también apoyó a un Estado que había anexado a otro por la fuerza: la anexión de Timor Oriental por Indonesia en 1975.

11) En materia de medio ambiente, el Banco Mundial prosigue el desarrollo de una polí-tica productivista desastrosa para los pueblos y nefasta para la naturaleza. Sin embargo, consiguió que se le atribuyera la gestión del mercado de los permisos de contaminación.

12) El Banco Mundial financia proyectos que violan flagrantemente los derechos humanos. Entre los proyectos directamente apoyados por el Banco Mundial, se puede poner como emblemático el proyecto de «transmigración»

Desde su creación en 1944, el Banco Mundial (BM) y el

FMI respaldaron activamente todas

las dictaduras y todos los regímenes

corruptos aliados de Estados

Unidos. Pisotean la soberanía de los

Estados violando en forma flagrante

el derecho de los pueblos de disponer de sí mismos, sobre

todo debido a las condicionalidades

que imponen. Estas empobrecen

a la población, incrementan las desigualdades,

libran al país a las transnacionales y hacen modificar las legislaciones de los Estados, favoreciendo a los acreedores e «inversores»

extranjeros.



en Indonesia (años 1970-1980) que tenía componentes que pueden con-siderarse crímenes contra la humani-dad (destrucción del medio natural de poblaciones indígenas, despla-zamiento forzoso de poblaciones). Recientemente, el Banco Mundial fi-nanció íntegramente la mal llamada operación de «salidas voluntarias» en la República Democrática del Congo (RDC), un plan de despidos que vio-la los derechos de 10.665 empleados de Gécamines, una empresa minera pública situada en la provincia de Katanga. Estos ex empleados esperan todavía el pago de sus salarios atra-sados y las indemnizaciones previstas por el derecho congoleño.

13) El Banco Mundial y el FMI favore-cieron el surgimiento de factores que provocaron la crisis de la deuda que estalló en 1982. Resumiendo: a) el Banco Mundial y el FMI empujaron a los países a endeudarse en unas condiciones que llevaban al sobre-endeudamiento; b) presionaron, in-cluso forzaron, a los países a levantar los controles sobre los movimientos de capitales y sobre el cambio, acen-tuando la volatilidad de los capitales y facilitando de esa forma su fuga; alentaron a los países a abandonar la industrialización por sustitución de importaciones en provecho de un modelo basado en la promoción de las exportaciones.

14) Disimularon los peligros que ellos mismos habían detectado:

sobreendeudamiento, crisis de pago, transferencias netas negativas…

15) Desde el estallido de la crisis en 1982, el Banco Mundial y el FMI favorecieron sistemáticamente a los acreedores y debi-litaron a los deudores.

16) El Banco Mundial y el FMI recomen-daron, incluso impusieron, políticas que hicieron recaer el pago de la crisis de la deuda sobre los pueblos, privilegiando al mismo tiempo a los más poderosos.

17) Estas mismas instituciones prosiguieron con la «generalización» de un modelo económico que aumenta sistemática-mente las desigualdades entre los países, y en el interior de los mismos.

18) En los años 90, el BM y el FMI, con la complicidad de los gobernantes, exten-dieron sus políticas de ajuste estructural a la mayoría de los países de Latinoa-mérica, África, Asia y Europa central y oriental (comprendida Rusia).

19) En este último país, las privatizaciones masivas fueron realizadas en detrimento del bien común y enriquecieron de ma-nera colosal a un puñado de oligarcas.

20)Reforzaron las grandes empresas privadas y debilitaron tanto a los poderes públicos como a los pequeños productores. Agra-varon la explotación de los trabajadores y aumentaron su precariedad. Lo mismo hicieron con los pequeños productores.


21) Su retórica sobre la lucha por la reducción de la pobreza no termina de tapar una política concreta que reproduce y refuerza las propias causas de la pobreza.

22) La liberalización de los flujos de capitales que estas instituciones han privilegiado sistemá-ticamente, ha fomentado la evasión fiscal, la fuga de capitales y la corrupción.

23) La liberalización de los intercambios comer-ciales reforzó a los fuertes y aisló a los débiles. La mayor parte de pequeños y medianos pro-ductores de los países en desarrollo no pueden resistir a la competencia de las grandes empre-sas, ya sean del Norte o del Sur.

24) El Banco Mundial y el FMI actúan junto a la OMC, la Comisión Europea, Washington y los gobiernos cómplices para imponer una agenda radicalmente opuesta a la satisfacción de los derechos humanos fundamentales.

25) Desde que la crisis golpea a la Unión Europea, el FMI está en primera línea para imponer a las poblaciones de Grecia, Portugal, Irlanda, Chi-pre… unas políticas que ya fueron impuestas a las poblaciones de los países en desarrollo, a las de Europa central y oriental en los años noventa.

26) El Banco Mundial y el FMI, que pregonan la buena gobernanza en todos sus informes, abrigan en su seno comportamientos dudosos.

27) Estas dos instituciones mantienen a la mayor parte de los países en la marginalidad, a pesar de que esos países constituyen la mayoría de sus miembros, y privilegian a un puñado de gobiernos de los países ricos.

Es urgente construir una

nueva arquitectura democrática

internacional que favorezca una redistribución

de las riquezas y apoye los esfuerzos

de los pueblos en la realización de un desarrollo

socialmente justo y respetuoso de

la naturaleza.



28) En resumen, el Banco Mundial y el FMI representan unos instrumentos despóticos en manos de una oligarquía internacional (unas pocas grandes potencias y sus sociedades trans-nacionales) que refuerza el sistema capitalista internacional, destructor de la humanidad y de la naturaleza.

29) Hay que denunciar las nefastas acciones del Banco Mundial y del FMI con el objetivo de terminar con ellas. Las deudas de las que estas instituciones reclaman su pago deben anular-se, y estas instituciones deben ser llevadas ante la justicia.

30) Es urgente construir una nueva arquitectura democrática internacional que favorezca una redistribución de las riquezas y apoye los es-fuerzos de los pueblos en la realización de un desarrollo socialmente justo y respetuoso de la naturaleza.

Construir una nueva arquitectura internacional

Se debe optar por propuestas que redefinan ra-dicalmente las bases de la arquitectura internacional (misiones, funcionamiento…). Tomemos, por ejem-plo, la OMC, El FMI y el Banco Mundial.

La nueva OMC debería tener como objetivo, en el ámbito comercial, garantizar la ejecución de una serie de pactos internacionales fundamentales, comenzando por la Declaración Universal de los derechos humanos y todos los tratados fundamen-tales en materia de derechos humanos (individuales y colectivos) y de la naturaleza. Su funcionamiento debería ser supervisar y reglamentar el comercio de manera que sea rigurosamente conforme a las normas sociales (convenciones de la Organización Internacio-nal del Trabajo - OIT) y del medio ambiente. Esta definición se opone de manera frontal a los actuales

Las Adelitas(Mexico)


objetivos de la OMC. Pero, evidentemente, esta de-manda implica una estricta separación de poderes: está fuera de lugar que la OMC, como cualquier otra organización, posea en su seno su propio tribunal. Por lo tanto, hay que suprimir el Órgano de solución de diferencias.

La organización que reemplazará al Banco Mun-dial debería estar ampliamente regionalizada (varios bancos del Sur podrían estar vinculados entre sí), ten-dría por función otorgar préstamos a un interés muy bajo o nulo, y donaciones, que sólo podrían darse si se utilizaran bajo el respeto riguroso de las normas sociales y ambientales y, más generalmente, de los derechos humanos fundamentales. Contrariamente al Banco Mundial actual, el nuevo banco, necesario para nuestro mundo, no buscaría representar los intereses de los acreedores e imponer a los deudores un comportamiento sumiso frente al mercado rey, puesto que tendría como misión prioritaria defender los intereses de los pueblos que reciben los préstamos y las donaciones.

En cuanto al nuevo FMI, debería remitirse a una parte de su mandato para garantizar la estabilidad de las monedas, luchar contra la especulación, controlar los movimientos de capitales, actuar para prohibir los paraísos fiscales y el fraude fiscal. Para alcanzar este objetivo, podría contribuir con las autoridades y los fondos monetarios regionales a la colecta de diversos impuestos internacionales.

Todas estas alternativas requieren la elaboración de una arquitectura mundial coherente, jerarquizada y dotada de una división de poderes. La piedra angu-lar podría ser la ONU, siempre y cuando su Asam-blea General se convierta en una verdadera instancia de decisión. Esta condición implica la supresión del estatuto de miembro permanente del Consejo de Seguridad y, por consiguiente, del derecho de veto. La Asamblea General podría delegar misiones espe-cíficas en organismos ad hoc.

Es necesario que instituciones como el Banco Mundial

y el FMI tengan la obligación de

rendir cuentas ante la justicia

de jurisdicciones nacionales, que se exija la anulación

de las deudas que reclaman y que se

actúe para impedir la aplicación de políticas

nefastas que estas instituciones

recomiendan o imponen.



Otra cuestión que todavía hay que debatir, mucho y en todos lados, es la de un dispositivo internacional de derecho, de un poder judicial internacional (inde-pendiente de otras instancias de poder internacional), que complete el actual dispositivo constituido principalmente por el Tribunal Internacional de la Haya y el Tribunal Penal Internacional. Con la ofensiva neoliberal de los últimos treinta años, la ley del comercio fue dominando, en forma progresiva, el derecho público. Ins-tituciones internacionales como la OMC y el Banco Mundial funcionan con su propio órgano de justicia: el Órgano de solución de diferencias en el seno de la OMC y el CIADI en el Banco Mundial cuyo papel ha aumentado desmesuradamente. La Carta de las Naciones Unidas es violada regular-mente por los miembros permanentes de su Consejo de Seguridad. Se crean nuevos espacios «sin derecho» ‒los prisioneros sin derecho encarcelados en Guantánamo por

Estados Unidos‒. Este país después de ha-ber recusado el Tribunal Internacional de La Haya (en el que fue condenado en 1985 por una agresión a Nicaragua), rechaza el Tribunal Penal Internacional. Todo esto es extremadamente preocupante y requiere urgentemente iniciativas para completar un dispositivo internacional de derecho.

Mientras tanto, es necesario que insti-tuciones como el Banco Mundial y el FMI tengan la obligación de rendir cuentas ante la justicia de jurisdicciones nacionales, que se exija la anulación de las deudas que reclaman y que se actúe para impedir la aplicación de políticas nefastas que estas instituciones recomiendan o imponen.

Comandante Ramona (México)


Edito

rial

Tras las elecciones locales, transitar hacia la constituyente

Jairo Estrada Álvarez

Las múltiples informaciones sobre diferentes hechos que han acompañado el proceso electoral permiten afirmar que se ha

asistido nuevamente a una escenificación de la reproducción del régi-men de democracia gobernable que impera en el país desde hace varias décadas. Asimismo, que sus rasgos corruptos, criminales y mafiosos permanecerán en lo esencial incólumes, pese a importantes esfuerzos de sectores democráticos y de izquierda por avanzar en la construcción de opciones alternativas de gobierno y de representación en el nivel local, que no alcanzan en todo caso a afectar las formas de constitución polí-tica del poder en eso ámbito.

Y no puede ser de otra manera, pues estamos en presencia de con-figuraciones estructurales que, lejos de debilitarse, encuentran y desa-rrollan más bien nuevas modalidades y mecanismos de persistencia que dan continuidad a la dominación de clase en el nivel departamental y municipal. Realidad ésta, por cierto, muy preocupante, si se tiene en cuenta que el país transita con paso firme, en medio de inmensas dificul-tades, por el camino de la solución política del conflicto social y armado.

Sin desconocer la importancia de las problemáticas locales que afec-tan la vida cotidiana de la clase trabajadora urbana y rural, las cuales demandan propuestas de política y respuestas puntuales, debe afirmarse que la perspectiva de avanzar hacia un acuerdo final entre el Gobierno nacional y la insurgencia armada y el papel que habrán de desempeñar gobiernos locales y órganos de representación, como las asambleas de-partamentales y los concejos municipales en la implementación de los


Editorial

(eventuales) acuerdos de paz, no han hecho parte de las preocupaciones del debate electoral, desde luego con contadas excepciones.

Tal y como ocurre con la institucionalidad estatal existente en el nivel nacional, todo indica que también en el nivel local los impulsos transformadores que requiere la sociedad colombiana no provendrán de la institucionalidad local, departamental y municipal, surgi-da del proceso electoral. No hay evidencia que sugiera la posibilidad del desencadenamiento de efectos democratizadores desde esos ámbitos.

Así es que la discordancia que existe entre un proceso de diálogos y negociación con una indiscutible potencia transformadora, por una parte, y una organización institucional del poder, también en el nivel local, que se resiste a cualquier reforma, por la otra, será uno de los problemas centrales que tendrá que ser enfrentado en el escenario de un eventual posacuerdo y, sobre todo, en el proceso de implementación de lo pactado.

En ese sentido, pasado ya el proceso electoral ‒y sin desatender los pocos espacios alcan-zados por las fuerzas políticas progresistas y de izquierda que afirman estar comprometidas con la democratización real del país‒, los esfuerzos deberían concentrarse en contribuir a desatar la potencia transformadora de los acuerdos de La Habana y en aportar a las nego-ciaciones que adelantará el ELN. O mejor, primero, a comprender de una vez por todas que en el momento político actual no hay disección alguna entre las “agendas de la insurgencia armada” y las “agendas sociales”. Si se examina con juicio, se trata de aspiraciones del conjunto de las clases subalternas que, desde luego, responden a trayectorias históricas y a dinámicas particulares. Y, segundo, que las posibilidades de éxito dependerán en gran medida de los desarrollos que registren procesos de unidad sustentados en una renovada comprensión de la política y de lo político.

http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.co/2013/05/existe-el-matriarcado-y-el-patriarcado.htm


La situación menos deseada para el campo popular consistiría en que la firma de eventuales acuerdos de paz con las insurgencias lo encontrara sin definiciones importantes sobre la nueva perspectiva política que se ve sobrevenir. Se requerirá creatividad y audacia y, sobre todo, el retorno al debate programático, tanto en el orden táctico como en su dimen-sión estratégica. Los acuerdos parciales alcanzados en el proceso con las FARC-EP, los puntos pendientes en La Habana sobre el “Fin del con-flicto” y la “Implementación, verificación e implementación”, la agenda de diálogos anunciada con el ELN, otras propuestas programáticas de esas organizaciones, así como las múltiples elaboraciones de partidos y movimientos políticos y sociales del campo popular, poseen un inmensa riqueza para marchar en esa dirección.

En ese contexto, la perspectiva de un proceso constituyente y de una Asamblea nacional constituyente, como estación necesaria, adquieren un hondo significado, pues representan la posibilidad real de encuentro de fuerzas, procesos y dinámicas y, sobre todo, de ruptura de la organiza-ción y de los tiempos de la política institucional vigente, a fin de generar nuevas condiciones de posibilidad para propiciar una redefinición del actual campo de fuerzas. Cambiarlo es sobre todo un asunto de luchas sociales y de clases e implica asumir el compromiso de trabajar para producir las subjetividades necesarias. Uno de los legados que dejará la firma de un (eventual) acuerdo de paz con las insurgencias será la aper-tura de un arco histórico para el inicio de un ciclo de democratización real en los diferentes campos de la vida social. Para su materialización, será decisiva la dirección que se le logre imprimir al proceso político los próximos años.

Todo ello en el marco de un gobierno que aspira a darle continuidad a la dominación de clase sin mayores afectaciones y que no renuncia a una idea de paz como sometimiento, gratis fiscalmente y sin reformas, pero afectado en la perspectiva inmediata por los cambios en el entorno macroeconómico, que pueden generar tendencias a la crisis y acentuar la movilización y la lucha social.


Todos los números de la publicación se pueden consultar en

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DATOS IMÁGENESLas imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto.

*Bandera:https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo#Historia_del_feminismo

*Página actual:https://beautifulbizarre.net/2015/04/29/roger-ballen-raw-real-interview/

Nº 58 OCTUBRE / 2015 BOGOTÁ, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

Revista Izquierda, Edición 58.

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