Revista Izquierda No 36

Régimen político y discurso A sangre y fuego y las multitudes dignas Neoliberalismo rampante La política agraria de la reelec-ción santista · Capitalismo en crisis Consecuencias económicas de las decisiones de la Reserva Federal Estadounidense Subver-siones intelectuales Poder y metrópolis: “Las ciudades se con-struyen para la clase alta” Nuestra América A cuarenta años del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende: El reformismo en la vía chilena · En las minas de Potosí, el tesoro del mundo hoy olvida-do Cultura política Notas sobre los grupos fascistas en Colombia Editorial Las ambivalencias del Gobierno nacional frente a la ley 160 del 94

Nº 36 AGOSTO / 2013 BOGOTá, COlOmBiA iSSN- 2215-8332

Jairo Estrada Álvarez DirectorJesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción

Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332Nº 36, Agosto de 2013. Bogotá, Colombia

Todo el contenido de esta publicación puede

reproducirse libremente, conservando sus créditos.

Régimen político y discurso

4 A sangre y fuego y las multitudes dignasRicardo Sánchez Ángel

Neoliberalismo rampante

10 La política agraria de la reelección santistaJosé Honorio Martínez

Capitalismo en crisis

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Las consecuencias económicas de las decisiones de la Reserva Federal EstadounidenseDaniel Libreros Caicedo

Subversiones intelectuales

22Poder y metrópolis: “Las ciudades se construyen para la clase alta”David Harvey

Nuestra América

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A cuarenta años del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende: El reformismo en la vía chilenaVíctor Manuel Moncayo C.

36En las minas de Potosí,el tesoro del mundo hoy olvidado Marcello Musto

Cultura política

42Notas sobre los grupos fascistas en ColombiaJhon Florián Guzmán

Editorial

50Las ambivalencias del Gobierno nacional frente a la ley 160 del 94Carolina Jiménez M.

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A sangre y fuego y las multitudes dignas

Ricardo Sánchez Ángel

Doctor en HistoriaProfesor Universidad Nacional de Colombia

La combinación de represión con diálogo es una constante de la república señorial y burguesa ante la inconformidad e indig-

nación de las protestas de jóvenes y trabajadores de la ciudad y el campo. La represión ha sido sistemática e incluye asesinatos y masacres,

desapariciones y diásporas de millones de compatriotas, como ocurre en cada ciclo de la acumulación capitalista-violenta. En cambio, el diá-logo suele ser promesero y demagógico. Otra cosa es que la democracia existente, recortada y autoritaria, pero con importantes derechos, es principalmente conquista de los ciudadanos trabajadores y de los pensa-mientos republicanos.

La protesta de los labriegos del Catatumbo ha sido enfrentada a sangre y fuego por órdenes del Gobierno nacional. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón señalan que la protesta del Catatumbo está infiltrada por las FARC y el ministro del interior Fernando Carrillo dijo que “quieren incendiar el país”1. Por su parte, el director nacional de la Policía José Roberto León Riaño justifi-có la represión diciendo: “… donde se evitó una arremetida violenta que iban a realizar para incendiar Ocaña y tomarse el aeropuerto”. Y agregó:

1 “Quieren incendiar el país y no lo vamos a permitir”: Carrillo. Entrevista de Yamid Amat a Fernando Carrillo, ministro del interior. El Tiempo, julio 7 de 2013. http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12915465.html

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“hubo necesidad de actuar con contundencia”2. Por su parte, el general Alejandro Navas, comandante de la FF.MM. dijo: “nos corresponde acompañar las políticas del gobierno sobre las zonas de reserva campesina. Pero rechazamos que con acciones de hecho, o concesiones especiales, como lo que ocurre en el Catatumbo, donde se busca una zona de reserva con fines oscuros, que a la larga solo beneficiaría a los grupos violentos”3. ¡¡¡Leer para creer!!!

En este clima de histeria oficial se asesinó a los labriegos Leonel Jácome, Edison Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios. La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia declaró: “en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública”4.

El movimiento en el Catatumbo ha sido milita-rizado con consecuencias humanitarias graves y una solidaridad que, aunque importante, no ha sido la esperada. Las flamantes centrales sindicales, la CUT, CGT, CTC…, han brillado por su ausencia; tan sólo algunas manifestaciones simbólicas de la CUT5.

Gabriel Silva Luján, ex ministro de defensa del largo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, con conocimiento y responsabilidad en lo sucedido durante ese mandato, escribió con todas las letras: “A diferencia del gobierno anterior –donde la respuesta era invariablemente a sangre y fuego–, ahora se pri-vilegia el diálogo como el instrumento más idóneo para intentar desactivar los paros y las movilizacio-nes. Eso se ha hecho sin renunciar al uso prudente de la fuerza del Estado, cuando se hace inevitable

2 El Espectador, julio 12 de 2013.

3 “Hay fines oscuros en el Catatumbo”. Entrevista de María del Rosario Arrázola al general Alejandro Navas, coman-dante de las FF.MM. El Espectador, julio 21 de 2013.

4 El Tiempo, julio 11 de 2013.

5 Ver: Sánchez Ángel, Ricardo. La revuelta del Catatumbo. Un Pasquín, julio de 2013.

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Nº 36, Agosto de 2013 · Bogotá, Colombia Contenido

su utilización para proteger el bien superior de la seguridad y el bienestar de los demás ciudadanos”6 (Negrillas fuera del texto).

Lo que el ex ministro ha escrito es una confe-sión pública que el Fiscal General de la Nación, Dr. Eduardo Montealegre, debe asumir como tal y llamar a la ampliación de la misma en los procesos que se adelantan por crímenes oficiales, abuso de autoridad y represión. Sería una contribución a la verdad-verdadera.

La confesión pública del ex ministro Silva Luján –ayer uribista, hoy santista– muestra el fracaso de la llamada Política de Seguridad Democrática, otrora conocida como de Seguridad Nacional. Tal política se diseñó para acabar con la subversión guerrille-ra, y no lo logró. Para terminar con las mafias del narcotráfico, y no lo logró. Para enfrentar el crimen organizado, y no lo logró.

Lo que se realizó fue convertir el Estado en una institución de espionaje y persecución –el DAS es lo más ilustrativo–, reprimir la protesta social, crear un clima de señalamientos y atropellos, volver peligrosas las ideas democráticas y de izquierda, cerrar la socie-dad y derechizar la política y la cultura, además de debilitar el Estado laico.

Es también estrategia del gobierno generar miedo en las clases medias y altas. Una paranoia genera-lizada que elude las cuestiones de fondo. Y de paso demostrar a las clases altas que en materia de orden público en este gobierno se cumple con el legado del anterior: represión a las protestas.

El ministro Fernando Carrillo “teoriza” la postu-ra gubernamental con esta banalización: “Colombia ha vivido intensos días de agite social, aupado por organizaciones al margen de la ley y los extremos políticos, que han querido obtener réditos electorales. En el fondo de este fenómeno yace una apuesta por

6 Silva Luján, Gabriel. “Peligroso oportunismo”. El Tiempo, julio 8 de 2013.

Son importantes, valientes y justas las luchas en curso, pero su debilidad radica en no presentarse UNIDAS, con coordinaciones en las orientaciones a escala nacional, concretando un programa, sintetizando las distintas aspiraciones. Hay que asumir con claridad un horizonte político: son luchas al mismo tiempo sociales y políticas, de oposición a un gobierno, al igual que al capitalismo.



desestabilizar la democracia y generar una falsa percepción de debilidad institucional e ingobernabilidad”7.

Contrasta con la mirada paranoica del Gobierno la opinión del profesor de la Uni-versidad de Harvard, James Robinson, coautor del polémico best seller “Por qué fracasan los países”8̧ quien dice: “Pero estoy a favor de la protesta, creo que hay muchas razones legítimas para protestar en este país. La protesta es sana. Si uno ve la historia mundial se da cuenta de que muchas protestas han traído un cambio institucional en buenas direcciones. No veo nada de malo con los pa-ros. […] Lo que necesita este país es estabilidad, un contrato social que funcione. Tener a mineras como AngloGold Ashanti maxi-mizando la riqueza a través de la explotación del oro extraído en el Chocó no va a ayudar a lograr eso. Entiendo el argumento económi-co, pero pienso que el argumento político y social es mucho más importante para este país en tér-minos de tratar de encontrar un contrato social que funcione”9.

En el fondo, el asunto es el legado histórico de explotación y abandono, a sangre y fuego. Lo que hay que resolver es el cambio de estructuras, modelos, estilos, políticas, ya que están diseñadas con patrones de explotación colonial. La locomotora minera extractiva y el agronegocio tienen esa impronta. No sólo explotan y sobrexplotan a los trabajadores, sino que expolian la naturaleza. Esterilizan las reservas de bosques y aguas, los ecosistemas y las comunidades son pauperizados y destruidos.

Lo que está claro es la ilegitimidad e inmoralidad del modelo colonial de acumulación con su cortejo de violencias de todo orden. Lo dominante es injusto y por ello la rebelión de los labriegos y trabajadores, de las mujeres dignas y altivas, que son multitud, es justa y debe ser defendida. Sus derechos son los de la vida, la dignidad, las libertades y la justicia.

El paro minero en desarrollo ha sufrido la dura represión, las amenazas por doquier. Au-menta la militarización de las protestas y se hostiga a los activistas y dirigentes. El Gobierno

7 Carrillo Flórez, Fernando. “La primavera de la paz”. El Tiempo, julio 21 de 2013.

8 Acemoglu, Daron y Robinson, James. Por qué fracasan los países. Colombia: Ediciones Deusto, 2012.

9 “Protestar es sano para una sociedad”. Entrevista de Camila Zuluaga a James Robinson. El Espectador, julio 23 de 2013.

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del presidente Santos da palos de ciego. El éxito de la consulta del pasa-do 28 de julio en Piedras (Tolima), donde la ciudadanía votó en contra de la explotación de la multinacional AngloGold Ashanti, es un suceso favorable a la movilización ambiental.

Los compatriotas negros en Tumaco, Güapi y Quibdó han protes-tado bloqueando aeropuertos y carreteras. Para el próximo 19 de agosto

se anuncian tanto el paro agrario nacional, como el paro nacional de trabajadores de hospitales. La huelga en la Drummond ha comenzado con experiencia, dignidad y lucha. Esta movilización debe ser acompa-ñada por todos los trabajadores, subrayando la dimensión del conflicto que desnuda los intereses de la multinacional.

El magisterio burlado en sus acuerdos acude de nuevo a la moviliza-ción, y el movimiento estudiantil de colegios y universidades convocados por la MANE anuncian este segundo semestre continuas manifestaciones por una nueva ley de educación.

Son importantes, valientes y justas las luchas en curso, pero su de-bilidad radica en no presentarse UNIDAS, con coordinaciones en las orientaciones a escala nacional, concretando un programa, sintetizando

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las distintas aspiraciones. Hay que asumir con claridad un horizonte político: son luchas al mismo tiempo so-ciales y políticas, de oposición a un gobierno, al igual que al capitalismo.

Las estadísticas ilustran de manera fuerte, la afirmación de a sangre y fuego. Ana María Cano, comentando el informe del Grupo de Memoria His-tórica, dice: “Una generación completa, 220.000 co-lombianos asesinados: hombres, adultos, campesinos o comerciantes. 176.000 no combatientes, atrapados por bandos. 1.982 masacres en 30 años, con 11.751 víctimas (59% hechas por paramilitares y 17% por guerrillas). La muerte al por mayor. 23.154 asesinatos selectivos, el reclutamiento de 6.400 niños: la men-talidad de abuso generalizada. Y minas antipersonas: 10.189 amputados o muertos. Desplazamos 26 perso-nas por hora desde 1985. Los 27.023 secuestrados, la mayoría por las Farc. Y 25.000 desaparecidos (desde 1985) más que en las dictaduras del sur. 4’744.048 desplazados, récord infame”10.

Hay que poner fin, de manera radical, al insulto, a las acusaciones infundadas por los voceros estata-les. Son señalamientos incitantes para que la fuerza pública actúe a sangre y fuego. A su vez, la fuerza pública, que es de los colombianos y no de uso pri-vativo de los gobiernos ni para el abuso de autoridad, debe establecer un pacto público de no agresión a las protestas. Encontrará reciprocidad de parte de los humildes que luchan por la justicia y la dignidad. Lo que necesitamos es democracia segura, que incluya la reforma militar.

10 Cano, Ana María. “Esta guerra ajena”. El Espectador. Julio 26 de 2013. El informe del Grupo de Memoria Histórica, “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”, en http://bit.ly/1b52s0c

La fuerza pública, que es de los

colombianos y no de uso privativo de los gobiernos ni para el abuso

de autoridad, debe establecer un pacto público

de no agresión a las protestas.

Encontrará reciprocidad

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por la justicia y la dignidad. Lo que

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que incluya la reforma militar.


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La política agraria de la reelección santista

José Honorio Martínez

Profesor Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

El 9 de junio de 2013 se publicó en el periódico El Tiempo una entrevista al entrante ministro de Agricultura, Francisco

Estupiñan. La entrevista, titulada ‘Revolcón’ total en el campo, es muy significativa porque en ella se deja en claro que el compromiso funda-mental de la política agraria del gobierno de Santos reside en salvaguar-dar los intereses de los grandes empresas en el campo, así estos se hayan alcanzado mediante la matanza, el destierro, la desposesión y la burla de la legislación agraria.

Refiriéndose a los despojos y las titulaciones ilegales de tierras, dice el ministro Estupiñan: “Es el gran chicharrón que tenemos que arreglar con el apoyo del Congreso. (…) Hay que buscar una solución que garan-tice que los campesinos van a continuar siendo dueños de la tierra, pero también la continuidad de las grandes agroindustrias allí instaladas”. Así, la prioridad gubernamental, el “gran chicharrón”, consiste en lega-lizar la ilegalidad.

“Puesto que el Esclavo sólo trabaja para el Amo, para satisfacer los deseos del amo y no los suyos propios,

es el Deseo del Amo el que actúa en y por el Esclavo”. La dialéctica del amo y el esclavo en Hegel.



Lo expresado por el ministro tiene dos connota-ciones: por un lado, devela la mentira de una política que decía tener como objetivo central la defensa de las víctimas y los despojados y, por otro, instrumenta-liza la política agraria a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos.

Legalizando el despojo y la ilegalidadEl énfasis “legalizador” de la gestión del ministro

Estupiñan muestra que los tratos del Estado colom-biano con el capital se desenvuelven en una nueva etapa. Mientras que al gobierno de Uribe le corres-pondió desarrollar la fase cruenta de la matanza, el destierro y el despojo, al gobierno de Santos le corres-ponde la etapa de consolidación jurídica y territorial de la empresa de la desposesión.

El “gran chicharrón” que tiene por resolver el mi-nistro es el de garantizar la protección de los despoja-dores y sus “inversiones”. Para tal efecto, ha urgido al Congreso de la República la aprobación del proyecto de Ley 164 de 20121, el cual establece en su artículo 13 la modificación del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, que impedía el acaparamiento de baldíos.

El artículo 72 prohíbe la concentración de tierras baldías y la formación de latifundios como hicieron numerosas empresas en todo el país. Dice literalmen-te: “Ninguna persona podrá adquirir la propiedad so-bre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comu-nidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos

1 Restrepo, Juan Camilo, “Proyecto de ley sobre extranjeri-zación de tierras”, Prensa Rural, junio 11 de 2013.

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en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar”2.

Lo establecido en la ley fue burlado por numerosas empresas que hoy disponen de grandes extensiones de tierras. Frente a ello, el Gobierno propone cándidamente la legalización de los despojos y el acaparamien-to de tierras a partir del 5 de agosto de 1994. En otras palabras, las empresas que transgrediendo la ley concentraron vastas extensiones de tierras durante los últimos veinte años verán legalizada su criminal gesta de un plumazo.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno casi que cierra el círculo de la impunidad abierto con la Ley de víctimas, pues esta consagró que solamente serían reconocidos los despojos de tierras habidos después del 1 de enero de 1990. Si se toma en cuenta que esta iniciativa de ley dispone que los despojos ocurridos después de agosto de 1994 serán “arreglados”, solamente cuatro años y algunos meses quedarán a salvo del cobijo de impunidad que se tiende con las fechas que prescriben ambas leyes.

Para el ministro Estupiñan es imperativo: “buscar fórmulas de arreglo entre esos antiguos propietarios y los inversionistas”, pues “en ellas se hicieron grandes proyectos que han generado progreso, empleo, educación, vivienda”. De lo contrario, habría un “abandono de proyec-tos productivos y sobre todo ahuyentaría la inversión tanto nacional como extranjera en ese tipo de proyectos”. Sería sensato que el ministro mostrará cuántas escuelas, colegios, hospitales, acueductos, alcantarilla-dos, empleos formales y viviendas han propiciado las “inversiones” que quieren legalizarse, pues lo que las comunidades rurales han vivido son intensos procesos de violencia y desarraigo.

Las palabras del ministro revelan su profundo temor a que “los inversionistas” se vayan. Los “inversionistas”, que en gran parte de los

2 Disponible en: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ley_160_de_1994.pdf

http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/imagenes/noticias/1/COLP_LP_000307_c381f.jpg



casos son especuladores de los fondos de pensiones de los trabajadores y los recursos de los ahorradores y/o lavadores de capitales, no pueden irse. ¿Acaso se han ido de los países vecinos donde se establecieron condiciones soberanas a “la inversión”? El miedo del ministro puede interpretarse como la somatización del horror que tiene el capital “a la ausencia de ganancia o a la ganancia demasiado pequeña”.

Una de las fórmulas empleadas por el Gobierno para obligar a los despojados a llegar a “arreglos” con los despojadores ha sido la de introducir en la legislación agra-ria el concepto de “derecho de superficie”; frente a esta iniciativa la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre despla-zamiento forzado manifestó su rechazo, porque ella “desconoce el derecho de propiedad plena y de usufructo que tienen las víctimas del desplazamiento forzado”3.

A pesar de que la propuesta de “arreglo” es contraria a la idea de resarcir a las víctimas del despojo de tierras, el ministro es insistente en que las limitantes jurídicas podrían superarse. Según él “la Corte aceptaría la participación (de los campesinos) como tenedores de acciones, que sean inversionistas colocando la tierra, (…) Existe la posi-bilidad de que esos campesinos se asocien, aporten, arrienden sus tierras, no que las vendan, a esos proyectos y que trabajen en su explotación”. Lo que recalca el ministro Estupiñan, quien tiene una larga trayectoria como funcionario del sector financiero y ninguna en materia agraria, es que los intereses de “los inversionistas” son intocables, así hayan sembra-do la palma con sangre, como dijo uno de los jefes del paramilitarismo testimoniando sus crímenes.

¿Cómo puede catalogarse la política gubernamental de convertir a los despojados en socios y trabajadores de quienes los despojaron o se beneficiaron del despojo? La impúdica propuesta gubernamental tiene

3 La restitución de tierras y el modelo de desarrollo rural en un contexto de desplazamiento forzado, Bogotá, diciembre de 2012, p.16.

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como premisa que el campesinado en su precaria con-dición económica aceptará cualquier oferta que se le haga, no importa cuán ilegal, improcedente e inmoral sea. ¿En qué mentalidad cabe la idea de que los huérfa-nos, viudas y familiares de los masacrados sean ahora accionistas y/o trabajadores de las empresas que paga-ron o se beneficiaron del asesinato de los suyos? En vez de tramitar inmorales e ilegales “arreglos”, el ministro debería proceder a declarar, como lo dispone la ley, que las adjudicaciones de las que gozan tales empresas son “absolutamente nulas” y a revertir sin condiciona-mientos la tierra a los despojados y a la Nación.

¿Cocinando la reelección?Además de proponer la legalización del despojo,

el ministro Estupiñan anuncia la ejecución de otras iniciativas como la realización de un censo agrope-cuario y la actualización del catastro, al cabo de un año, y la construcción de 600 distritos de riego en los próximos tres años. Dichas iniciativas, respaldadas por el Banco Mundial, van dirigidas a complementar los planes para que el agronegocio y la minería reinen en el campo. La disposición de los acuíferos en función de la minería y el agronegocio es una decisión muy cuestionable, pues debería priorizarse las necesidades de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico que tienen las comunidades rurales del país.

Las expectativas fijadas por el Gobierno se mantienen en la lógica de valorización del territorio que requiere el capital para continuar reproduciéndose y, coyunturalmente, se enmarcan en la perspectiva de asegurar el control del aparato estatal para la facción de la burguesía representada por el presidente Santos. ¿Acaso es casual que la inversión pública en el campo se dinamice justamente en la actual fase preelectoral?

La generación de confianza entre los “inversionistas”, mediante la legalización del des-pojo y el repunte del empleo a través de la contratación de servicios y la ejecución de obras, le otorgarán una considerable ventaja al candidato-presidente Santos en las elecciones que se avecinan. Este contará además con el respaldo de los constructores y bancos beneficiarios del programa del millón de viviendas, de los socios de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) favorecidos con la reciente reforma a la salud, de “los ganadores” de las licencias para el usufructo del espectro electromagnético (4G), del militarismo blindado de impunidad con la ampliación del fuero militar y de los grandes medios de información dueños de la pauta pública.

Los aportantes a las campañas electorales tienen la certeza de que recuperarán los re-cursos “invertidos” por medio de beneficios arancelarios, exenciones tributarias, subsidios,



concesiones, pautas oficiales, licencias y contratos. En ello consiste actualmente la apuesta democrática.

Incluso hay oportunidades en que los fondos que aportan los empresarios a las campañas electorales provienen directamente del erario público, como fue el caso de la campaña para la reelección de Álvaro Uribe Vélez. El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien por estos días goza de una libertad infame, sabe mucho de ello, ya que fue el encargado de repartir los recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) entre terratenientes, los cuales ingre-saron posteriormente a la campaña de reelección presidencial de Uribe Vélez4.

Los antecedentes del gobierno de Uribe en mate-ria de reelección y los anuncios ministeriales presa-gian que “el gran chicharrón” del nuevo ministro será todo un banquete de campaña.

En conclusión La agenda anunciada por el ministro Estupiñan acelerará “la locomotora agraria”, con-

tribuirá a que el maquinista sea reelegido y profundizará la miseria de las comunidades rurales. Los “arreglos” legales propuestos denotan que el capital requiere ajustar permanen-temente los marcos normativos, pues la ley 160 que hoy se reforma fue por excelencia una ley neoliberal.

Al desastre social que causa la política agraria el campesinado continuará oponiéndose mediante la protesta; en lo que va del año 2013 se han movilizado intensamente cafeteros, cacaoteros, paperos y ahora, cocaleros. En la región del Catatumbo, el campesinado ha reclamado largamente el reconocimiento de la zona de reserva campesina y alternativas productivas viables; sin embargo, lo que ha recibido es la intensificación de la criminaliza-ción, las fumigaciones y una sanguinaria represión que en una semana causó 4 muertos y 16 heridos.

El tratamiento de guerra que está dando el Gobierno al legítimo movimiento popular del Catatumbo desdice ampliamente lo acordado en el primer informe conjunto de los diálogos de paz de La Habana. La brutal represión ejercida sobre la protesta campesina sigue demostrando que la paz del Gobierno nada tiene que ver con la construcción de justicia social.

4 Valencia, León, “Agro Ingreso Seguro, una plataforma política”, Semana No.1526, Julio 30 de 2011.

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Las consecuencias económicas de las decisiones de la Reserva Federal Estadounidense

Daniel Libreros Caicedo

Profesor del Departamento de DerechoUniversidad Nacional de Colombia

1. El final del ciclo del dólar barato

La desconexión transitoria de Latinoamérica de la actual re-cesión internacional –oficializada en el último trimestre del

2008–, obedeció, en gran medida, al incremento en los precios de las materias primas y alimentos en el comercio mundial, lo que ha posibili-tado el aumento de las exportaciones y la inversión extranjera directa en el contexto de un modelo dependiente de economía “reprimarizada”1. Pero este incremento tiene un límite en el tiempo por cuanto obedece, en lo fundamental, a la especulación de los grupos financieros en los mercados de capitales con los títulos que los representan y no a un cre-cimiento de la demanda internacional, que, por el contrario, se achata a consecuencia de la crisis2.

1 El 60% de la canasta exportadora latinoamericana se ubica en el área de las mate-rias primas y alimentos.

2 La especulación con los “comodities” fue propiciada por las propias autoridades nor-teamericanas desde el año 2000, cuando le quitaron a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), entidad encargada de controlar la especulación en el mercado de derivados financieros, la facultad de controlar los Over Counter Derivatives. “Las posiciones con este tipo de instrumentos financieros representaban menos de 500 mil millones de dólares. En la segunda mitad de la década se presentó una verda-


Capitalismo en Crisis

El otro factor relevante en la explicación de esa desconexión ha sido el desplazamiento de las inver-siones de portafolio de las metrópolis hacia la región en procura de la rentabilidad que obtienen con los diferenciales en las tasas de cambio y las tasas de interés. Este desplazamiento especulativo depende de que las autoridades monetarias norteamericanas mantengan el dólar barato con emisiones masivas –política denominada “QuantitiveEasing” (Q.E.), la cual vienen implementando desde marzo de 2009, cuando la Reserva Federal (FED) anunció la compra de hasta 1,7 Billones de dólares en títulos respalda-dos por hipotecas y deuda pública–. Actualmente, la FED sigue comprando títulos a razón de US$85.000 millones mes. Sin embargo, el Q.E. empieza a desva-necerse en el horizonte económico.

Efectivamente, el 25 de junio el Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal –que orienta las decisiones de la FED– confesó en un comunicado público que los días del Q.E. estaban contados. Las previsiones apuntan a que seguiremos “reduciendo progresivamente el ritmo de las compras durante el primer semestre de 2014 y daríamos por

dera explosión en el crecimiento de los mismos, alcanzando una cifra de 13 millones de millones de dólares en el pico de los precios de las materias primas en el verano del 2008…”. Munévar Daniel, “Alza en los precios de los alimentos. Una mirada desde América Latina”, cadtm.org/Espanol, abril de 2011. El último ejemplo escandaloso de especulación con comodities ocurrió a mediados de abril con los precios del oro en la bolsa de Londres, cuando descendió US$200 en tan solo un fin de semana, la peor caída en treinta años y el mayor índice de volatilidad desde que existe este segmento de mercado. John Kemp, analista de Reuters ha calculado sobre la base de contabilizar los promedios normales de las transacciones en oro, que un resultado de ese calibre solo puede ocurrir “una vez cada 500 millones de días tran-sables, o dos millones de años. Tomas Pascoe. “The Gold Price crash is further evidence of market rigging”, en http://blogs.telegraph.co.uk/finance/thomaspascoe/100024081/the-gold-price-crash-is-further-evidence-of-market-rig-ging/, The Telegraph, abril 16 de 2013.

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finalizado el programa a mediados de año”3. Este fue el anuncio al mundo de los negocios bursátiles de que el ciclo del dólar barato estaba llegado a su final.

2. El Fracaso de la política de expansión monetaria en la gestión de la crisis económica internacional

La reacción en los mercados fue inmediata, abriendo una fase aún mayor de inestabilidad en el conjunto del sistema financiero interna-cional4. Pero, ¿cuáles fueron las razones que explican el giro de la FED? Estas deben encontrarse en las contradicciones del neoliberalismo, en una gestión económica del gran capital que preserva la ganancia de los grandes inversionistas sobre la base de contraer los salarios y los ingresos de la población, lo que impide aumentar la demanda y la tasa de acu-mulación.

Cuando la FED anunció hace varios años el Q.E. argumentó que una tasa de interés baja (se encuentra en niveles cercanos a cero) posi-bilitaría la recuperación de la inversión y el consumo. Sin embargo, el crecimiento del PIB estadounidense solamente fue del 1.8% en 2011 y del 2.2% en 2012 y las inversiones de familias en acciones en el lapso 2009-2012 tan solo aumentaron un 0.3% del PIB5.

3 “Sin Quantitative Easing… ¿se acaba el mundo?”, en http://www.fundspeople.com/noticias/sin-quantitative-easing-se-acaba-el-mundo-95653, Funds People, 26 de junio de 2013.

4 “Los operadores y los inversionistas emprendieron la retirada de títulos del Tesoro estadounidense, los cuales extendieron sus pérdidas del miércoles para llegar a un nivel mínimo de 22 meses, con el rendimiento del bono a 10 años por encima de 2,4%. Las acciones estadounidenses también se transaron en territorio negativo. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 353,87 puntos, o 2,3%, a 14758,32, la peor caída porcentual desde noviembre de 2011 para las acciones líderes. El índice Standard &Poor's 500 declinó 40,74 puntos, o 2,5%, a 1588,19. El Compuesto Nas-daq descendió 78,57 puntos, o 2,3%, a 3364,63…” “La Fed Sacude los Mercados”, en wsj.com/.../SB1000142412788732457790457855749194859786..., The Wall Street Journal, junio 20 de 2013.

5 Martin Feldstein, asesor del Partido Republicano, calcula este dato sobre la base de los propios informes de la FED para argumentar el fracaso del Q.E. Ver; “The Federal Reserve's Policy Dead End”, The Wall Street Journal, mayo 10 de 2013. Debe añadirse que esta política monetaria expansiva la vienen implementando los bancos centrales de los países metropolitanos. En el año 2011 estas intervencio-nes sumaron US$18 billones. El Banco de Pagos Internacionales (BIS), que coordina las actividades de los mismos, se opone a la continuidad de esta política: “En los cinco años que lleva la crisis (…) las autoridades monetarias se han sobrecargado interviniendo en el mercado ante la incapacidad de los gobiernos para abordar los obstáculos estructurales que dificultan el crecimiento”, refirieron. Esta situación se


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Lo que si ha quedado en evidencia con este accio-nar de las autoridades monetarias norteamericanas es el poder político de los grupos financieros trans-nacionales. Por cuanto la FED, el principal actor de la “operación de salvamento” de los bancos en los turbulentos meses de finales de 2008, al mismo tiempo les reconoce intereses sobre las reservas que le depositan, por lo que no requieren ofrecerlas al sector privado. Esta política monetaria corporativa se encuentra en una encrucijada.

Analistas de J.P. Morgan en el informe de la última semana de junio 6 lo reconocen. Así la FED cumpla con el calendario sugerido por el Comité Federal de Mercado Abierto, finalizando con el Q.E. a mediados del año entrante, anotan, las reservas de los bancos llegaran a US$ 2.5 billones y un incremento neutro de las tasas de interés de referencia (calculado en el 4% sobre una inflación del 2%) significaría un au-mento en los pagos de US$ 100.000 millones contra esta reservas, abriéndose la posibilidad de que la FED empiece a registrar ingresos netos negativos. Luego, discuten sobre el escenario contrario, el de preservar a la baja las tasas de interés, anotando que tampoco es muy favorable por cuanto habría presiones hacia la inflación. Opinan que “cuanto mayor sea el balan-ce de la FED, más caro resultará mantenerlo y más trastornos causará una futura reducción”. Concluyen que el Q.E. debe finalizar. Previamente y entre líneas habían descartado la posibilidad de que la FED re-dujera sus depósitos vendiendo bonos para mejorar el balance, por cuanto la consecuencia sería un aumen-to de los tipos de interés de largo plazo sacrificando

refleja en que el sector financiero se dirige hacia el mismo perfil de alto riesgo que tenían antes de la crisis las finanzas mundiales…”, han advertido en un informe reciente. “Bajas tasas de interés sólo funcionan en EU”, en eleconomista.com.mx/.../bajas-tasas-interes-solo-funcionan-eu-the-econo, El Economista, junio 26 de 2013.

6 J.P. Morgan, “Asset Management”, en https://www.jpmor-ganfunds.com/guide‎, junio 23 del 2013.

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las inversiones de renta fija7. En este diagnóstico de los voceros del gran capital queda implícito que en el futuro próximo asistiremos a una desvalorización considerable de activos financieros. Sin embargo, por las enormes dificultades que genera la decisión va a diferirse tal y como lo evidenció.

La fuga de capitales en los mercados emergentes fue una de las consecuencias inmediatas de las decla-raciones de la FED, atizando devaluaciones, produ-ciendo declive en los títulos de deuda pública8 y en los precios de las “comodities”9. América Latina no es la excepción. El mercado de la deuda pública ha expe-rimentado un franco deterioro llegando a acumular una caída del 20% en el lapso abril-junio10. Lo propio ocurre con el mercado accionario. Según Bloomberg, y conforme a cuentas en monedas locales, hacia

7 Solamente con los anuncios de la FED el mercado de renta fija ha experimentado estragos. El caso más relevante es el de PIMCO, la banca de inversión que gestiona el mayor número de bonos en el mundo y que contabiliza el 90% de sus activos en inversiones de renta fija. En el mes de junio tres cuartas partes de los fondos cotizados en bolsa por esta compañía evidenciaron salidas de capitales y en dos de ellos (relacionados con negocios agrícolas) las pérdidas fueron del 40%. Nathaniel Popper, “As Bond Market Tum-bles, Pimco Seeks to Reassure Investor”, The New York Times, julio 1 de 2013.

8 “La deuda de los mercados emergentes aprende a vivir sin la Fed”, The Wall Street Journal en español, junio 30 de 2013.

9 A manera de ejemplo, “P&G, el fabricante de bienes de consumo más grande del mundo rebajó la semana pasada su pronóstico de ganancias por segunda vez en dos meses, en parte debido a las pérdidas cambiarias. Fibria Celulose S.A. de Brasil, el mayor productor de pulpa de papel, pidió a los bancos que alivien las restricciones relativas a los prés-tamos en dólares después de que el real tocó un mínimo en tres años”. Ibíd.

10 “Se complica el escenario para América Latina: caen los bonos y se van los dólares”, en http://www.iprofesional.com/notas/163782-Se-complica-el-escenario-para-Amri-ca-latina-caen-los-bonos-y-se-van-los-dlares, IProfesional, junio 26 de 2013.

La fuga de capitales en los mercados emergentes fue una de las consecuencias inmediatas de las declaraciones de la FED, atizando devaluaciones, produciendo declive en los títulos de deuda pública y en los precios de las “comodities”. América Latina no es la excepción. El mercado de la deuda pública ha experimentado un franco deterioro llegando a acumular una caída del 20% en el lapso abril-junio. Lo propio ocurre con el mercado accionario.


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finales de junio la bolsa de Chile había retrocedido en un 11,6 por ciento y la de México en un 14 por ciento; en Brasil el descenso va en 24,5 y en Perú ya supera el 26 por ciento. Las oscilaciones que ocurrieron durante el mes de julio no cambian la tendencia.

En Colombia, los indicadores en el área de las finanzas vienen igualmente descendien-do. A mediados de junio la Superintendencia financiera informó que las utilidades del sistema financiero se habían reducido por tercer mes consecutivo, obteniendo una ganancia de $7.82 billones, cifra que representa un porcentaje 59,13% inferior a la registrada en el mismo periodo en 2013, cuando los intermediarios financieros obtuvieron ganancias por $19,13 billones11. Es por ello que el Gobierno de Santos acaba de anunciar la privatización de ISAGEN para mantener reservas fiscales frente a los tiempos difíciles que se avecinan. La solución de las elites colombianas pasa por profundizar el neoliberalismo.

11 “Sistema Financiero gana $11.01 billones menos que en el 2012”. La República, junio 12 de 2013.

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Poder y metrópolis: “Las ciudades se construyen para la clase alta”

David Harvey

Profesor de Antropología y Geografía del Graduate Center of the City University of New York (CUNY) Director del Centro de Espacio, Cultura y Política

* Entrevista realizada por Christoph Twickel. http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/der-marxist-und-geograph-david-harvey-ueber-das-recht-auf-stadt-a-895290.html.

En la actualidad, y de forma creciente, la lucha de clases tiene lugar en las ciudades, afirma el teórico social

marxista David Harvey. En una entrevista con Spiegel online*, se refiere a cómo el desarrollo urbanístico jugará

un papel clave en los conflictos sociales del futuro.

Spiegel Online: ¿Por qué en la actualidad tendría un marxista que preocuparse más por las grandes ciudades que por la clase trabajadora?

Harvey: Es un hecho admitido que los marxistas tradicionales ven la vanguardia de la revolución en la clase obrera industrial. Sin embargo, en la medida en que esta está desapareciendo a raíz de la desindustrialización de Occidente, la gente empieza a comprender que los conflictos urbanos serán probablemente decisivos.



Spiegel Online: En Grecia, durante la crisis de la deuda, los salarios decrecieron y los bene-ficios sociales fueron reducidos. Mientras tanto, las huelgas generales no generaron la suficiente presión como para revertir los cambios. ¿Puede verse esto como eviden-cia en apoyo de su teoría de que el prole-tariado tradicional ya no puede paralizar un Estado?

Harvey: Sí. Hoy la clase trabajadora es parte de una más amplia configuración de clases en la que la lucha se centra en la ciudad. Yo reemplazo el concepto tradicional de lucha de clase por la lucha de todos aquellos que producen y reproducen la vida urbana. Los sindicatos deben mirar la existencia urbana cotidiana –clave para los conflictos socia-les futuros–. En los Estados Unidos, por ejemplo, esto ha llevado a la federación de organizaciones de trabajadores AFL-CIO a iniciar la colaboración con los trabajadores domésticos y los inmigrantes.

Spiegel Online: Una de las tesis básicas de su libro “Ciudades Rebeldes” es que el desarrollo urbanístico resuelve el problema del ex-cedente de capital. Se construyen calles y se desarrollan propiedades en base al crédito, y de esta forma se intenta eludir (evitar) la recesión.

Harvey: Así lo expresó recientemente, un informe del Banco de la Reserva Federal en San Francisco, afirmando que históricamente los Estados Unidos habían superado las re-cesiones construyendo casas y llenándolas de cosas. La urbanización puede resolver crisis, pero sobre todo es una forma de salir de las crisis.

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Spiegel Online: ¿Hay ejemplos actuales de esta estrategia?Harvey: ¿Dónde están creciendo más rápidamente las economías? En

China y Turquía. ¿Qué vemos en Estambul? Grúas por todas partes. Y cuando estalló la crisis en 2008, en un lapso de seis meses China perdió treinta millones de empleos producto de la caída de las importaciones de bienes de consumo hacia los Estados Unidos. Pero entonces el gobierno chino creó 27 millones de nuevos empleos. ¿Cómo? Los chinos utilizaron sus enormes excedentes comerciales para montar un programa gigantesco de desarrollo urbanístico y de infraestructuras.

Spiegel Online: ¿Acaso la existencia de un régimen autoritario, como en China, ayuda al desarrollo de una estrategia de crisis tan cortoplacista?

Harvey: Imagínese a Obama ordenándole a Goldman Sachs darle dinero a los desarrolladores: ¡Buena suerte! Pero cuando un banco chino recibe una orden del Comité Central del Partido Comunista les presta todo el dinero que deseen. El gobierno chino forzó a los bancos a proporcionar a los proyectos de desarrollo grandes sumas de dinero.

Spiegel Online: ¿Es este tipo de desarrollo urbanístico necesariamente algo malo?

Harvey: El desarrollo urbanístico es un canal a través del cual el exce-dente de capital fluye hacia la construcción de nuevas ciudades para las clases altas. Es un proceso poderoso que redefine lo que son las ciudades, y también quiénes pueden vivir en ellas y quiénes no. También determina la calidad de vida en las ciudades de conformidad con las estipulaciones del capital, y no de las de la gente.

Spiegel Online: Al mismo tiempo, en Estambul, la asociación de vivienda Toki ha construido varios grandes complejos de vivienda para los pobres. ¿Contradice eso su tesis?

Harvey: No, porque los residentes de los llamados Geçekondus, los asentamientos informales establecidos por lo menos en los arrabales de la ciudad, fueron trasplantados sumariamente a áreas de desarrollo a 30 kilómetros (19 millas) de las áreas del centro: una expulsión masiva.



Spiegel Online: En los Estados Unidos, la crisis de las (hipotecas) subprime se produce precisamente a raíz del intento de in-corporar las capas más bajas de la población a la propiedad de la vivienda. Se crearon productos financieros a diestra y siniestra para que hasta lo más pobres pudieran obtener préstamos.

Harvey: ¡Dar crédito!: Este grito de batalla permeó toda la agenda neoli-beral. Pero eso no es nada nuevo. Durante la era de McCarthy, después de la II Guerra Mundial, las clases gobernantes ya reconocían que la propiedad de la vivienda era muy impor-tante para la prevención de la agitación social. Por un lado, las actividades de la izquierda eran combatidas como actividades antinorteamericanas. Por el otro, se promovió la construcción con reformas financieras e hipotecarias. En los años cuarenta, la proporción de viviendas ocupadas por sus propietarios en los Estados Unidos estaba todavía por debajo del 40%. En la década de los sesenta, llegaba al 65%, mientras que durante el boom de bienes raíces en la primera década de nuestro siglo alcanzaba ya el 70%. Durante las discusiones de las reformas hipotecarias a finales de los años treinta, una frase clave era: “Propietarios endeudados no hacen huelgas”.

Spiegel Online: En su libro “Commonwealth”, los filósofos Michael Hardt y Tony Negri sostienen que la ciudad es una fábri-ca para la producción de bienes comunales. ¿Está usted de acuerdo?

Harvey: Mucho gira en torno a la definición de “urban commons”. El hecho de que las plazas centrales sean públicas es significativo en términos del derecho de la ciudad, como demostraron los movimientos OCCUPY en Nueva York y Londres cuando ocuparon parques privatizados. En este contexto, me gusta el modelo histórico de la comuna de Paris: La gente que vive en los arrabales regresa al centro de la ciudad para reclamar la ciudad de la que han sido excluidos.

Spiegel Online: ¿Deben los movimientos OCCUPY luchar para tener derecho a la ciudad? ¿Casa por casa, parque por parque?

Harvey: No, para eso se necesita poder político. Pero en la actualidad, la izquierda, desafortunadamente, se desentiende de proyectos


a gran escala que demandan políticas de Estado, entregando voluntariamente poder, a mi parecer.

Spiegel Online: Usted es un teórico social marxista. En su último libro se refiere al “arte de la renta”, es decir, cuando el capitalismo obtiene beneficios adicionales a propósito de discrepancias locales. ¿Exactamente qué quiere usted decir?

Harvey: Dicho de manera simple, un monopolista puede exigir una prima por un bien codiciado. Actualmente, las ciudades exigen primas publicitándose como culturalmente únicas. Después de la construcción en 1977 del Museo Guggenheim en Bilbao, ciudades alrededor del mundo siguieron el ejemplo y empezaron a desarrollar proyectos emblemáticos. La meta es poder decir: “Esta ciudad es única, y es por ello que usted tiene que pagar un precio especial para estar aquí”.

Spiegel Online: Pero si cada ciudad tuviera un Museo Guggenheim o una filarmónica, como la que se está construyendo en Hamburgo, ¿no se produciría una especie de efecto inflacio-nario en relación a esos proyectos insignia que los llevaría al fracaso?

Harvey: Ya la burbuja estalló en España. Y muchos de los enormes proyectos están a medio terminar. Incidentalmente, aconte-cimientos importantes como los juegos olímpicos, la copa del mundo de fútbol y los festivales musicales sirven al mismo propósito. Las ciudades tratan de asegurarse una posición privilegiada en el mercado, como un vino raro de una excep-cionalmente buena cosecha.



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A cuarenta años del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende:El reformismo en la vía chilena*

Víctor Manuel Moncayo C.

Profesor emérito Ex Rector de la Universidad Nacional de Colombia

Advertencia

Acudimos hoy a una conmemoración. Pero no se trata de una conmemoración cualquiera sino de una conmemo-

ración política, que impone un tratamiento específico. Siendo el hecho recordado la liquidación de la experiencia conocida como la “vía chilena al socialismo” y la irrupción de un régimen político excepcionalmente represivo, las consideraciones que aquí debemos hacer no pueden limi-tarse a describir las bondades y realizaciones del gobierno de la Unidad Popular aplastado, ni tampoco, como lo haría un buen liberal, a pronun-ciar las más vehementes imprecaciones por la democracia y la libertad perdidas.

Si queremos realmente otorgarle significación a este foro dejemos a un lado, así sea momentáneamente, toda referencia sentimental y

* El presente texto corresponde, en líneas generales, a la exposición hecha por el autor en el mes de septiembre de 1974, dentro del marco de una mesa redonda organizada en la Universidad de los Andes, con motivo del primer aniversario del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende. Aunque hoy la realidad capitalista es otra y las alternativas a ella son muy diferentes, este breve recuerdo de la derro-ta de la Unidad Popular chilena sigue siendo pertinente como experiencia.


Nuestra América

emotiva que provoque en nosotros tanto el heroico sacrificio de quien acaudilló con ejemplar consecuen-cia la Unidad Popular, como la sanguinaria oleada represiva adelantada por la banda de Pinochet, y dediquémonos a analizar objetivamente el proceso para de allí derivar enseñanzas positivas que guíen la lucha revolucionaria.

El programa de la Unidad PopularComo todos sabemos, el gobierno que se instaura

en Chile en noviembre de 1970 representa la ocupa-ción de una de las ramas de la estructura jurídico-política por una coalición de partidos y grupos de izquierda, cobijados por la denominación Unidad Popular, en el interior de la cual son hegemónicos dos partidos que se reclaman de la clase obrera: el partido comunista y el partido socialista.

El programa de la Unidad Popular puede resu-mirse sintéticamente en este párrafo:

“Las fuerzas populares unificadas buscan como objetivo central de su política reempla-zar la actual estructura económica poniendo fin al poder del capital monopolista nacional

y extranjero y del latifundio, con el fin de comenzar la construcción del socialismo”.

Como puede apreciarse muy claramente el propó-sito fundamental del programa está edificado sobre una particular comprensión de los fenómenos de clase y de la lucha de clases en la formación social chilena.

Al dirigir los esfuerzos contra el sector monopo-lista nacional o extranjero y contra el latifundio, si-multáneamente se valoriza como apoyos potenciales o reales a las formas no monopólicas del capitalismo y se pretende simplemente la liquidación del latifun-dio, como una forma atrasada de producción con res-pecto al capitalismo. En este sentido es un programa

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antiimperialista, antimonopólico, antifeudal y democrático, pero no es un programa anticapitalista y socialista.

El programa pretende, además, establecer y mantener una alianza de clases entre proletariado, campesinado, sectores capitalistas no monopó-licos y la mediana y pequeña burguesía, alianza que se quiere enfrentar al bloque constituido por el imperialismo, el gran capital monopólico o gran burguesía y la clase terrateniente.

He allí un punto esencialmente discutible y que es precisamente el que hoy opone a las corrientes revolucionarias en los países latinoa-mericanos y, muy particularmente, en Colombia. Parece ser que aún siendo posible distinguir teóricamente fracciones burguesas más vincu-ladas o ligadas al imperialismo, y fracciones cuyos intereses inmediatos podrían ser no complementarios sino concurrentes con los del capital imperialista y los del capital nacional a él vinculado, el peso específico de estas últimas fracciones (llamadas burguesía nacional), en el caso de que pudiera pensarse en su real configuración, carece del alcance suficiente para plantear con apoyo en ellas un desarrollo capitalista independiente, pues de todas maneras están unidas por lazos económicos al capital imperialista y la burguesía nacional asociada. Igual consideración podría hacer-se respecto de los sectores de clase que, en virtud de la introducción de relaciones capitalistas en el campo, sustituirían a la clase te-rrateniente. Sus intereses estarán más ligados al capital monopólico e imperialista que a los de las cla-ses explotadas.

En síntesis, las clases dominan-tes son tanto las fracciones mono-pólicas extranjeras y nacionales, como las demás fracciones capi-talistas, industriales o agrarias, así entre ellas existan diferencias o contradicciones secundarias, pues éstas no revisten tal carácter como


Nuestra América

para poder distinguir correctamente algunos sectores de la burguesía agraria o industrial con los cuales fuera posible establecer alianzas o de los cuales se pudiera obtener apoyo a cambio de su protección.

De ser ello así, es evidente que el programa de la Unidad Popular no podía ser asimilado por el capitalismo, sino todo lo contrario. En esto se diferencia principalmente la política de la Unidad Popular de las orientaciones nacionalistas de ciertos gobiernos latinoamericanos que han podido fácilmente adaptarse a la estructura capitalista tanto nacional como internacional. El nuevo gobierno de la Unidad Popular y su programa constituyen, entonces, una amenaza para la seguridad de las clases dominantes, la cual va a impedir o a obstaculizar el funciona-miento del sistema capitalista.

Ahora bien, el programa plantea o insinúa, igualmente, la iniciación de la transición al socialismo:

“El proceso de transformación de nuestra economía comen-zará con una política proyectada para constituir un área dominante del Estado, compuesta por las empresas que

ya pertenecen a él más aquellas que serán expropiadas. La primera medida será la nacionalización de aquellas riquezas

básicas como la extracción del cobre, hierro, nitratos y otros que ahora están bajo control de los capitales extran-jeros y de monopolios internos. Por lo tanto, este sector

de actividades nacionalizadas incluirá las siguientes:

1. La extracción en gran escala de cobre, nitratos, yodo, hierro y carbón.

2. El sistema financiero del país, en particular los bancos privados y las compañías de seguros.

3. El comercio exterior.4. Las grandes empresas y monopolios en el campo de la distribución.5. Los monopolios industriales estratégicos.6. En general aquellas actividades que determinan el desarrollo eco-

nómico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica, el transporte aéreo, ferroviario y marítimo, las comunicaciones, la producción, refinanciación y distribución del petróleo y sus derivados, incluyendo el gas líquido, el acero, el cemento, los petroquímicos y los químicos pesados, la celulosa y el papel.”


Tales son las medidas fundamentales propuestas, pero su realización ha de hacerse dentro de la estructura jurídico-política vigente. En otros términos, el programa nada plantea sobre el problema esencial de la transición, como es el de la destrucción y cambio del aparato de Estado. El programa queda prisionero dentro de las estructuras existentes y ade-cuadas a los intereses del capital.

Esa es una grave circunstancia. Implica que en la transformación de las relaciones de producción, el proletariado debe plegarse a las trabas impuestas por la clase dominante al desarrollo de la sociedad y limitarse simplemente a modificarlas progresivamente. Supone estimar el sistema jurídico-político como algo neutro e independiente de la dominación de clase, de tal manera que cualquier clase o fracción puede ejercer su dominación, independientemente del marco jurídico e institucional existente. Ese es el claro contenido de lo que en el interior del marxismo se ha conocido como el reformismo.

La vía economicista al socialismoPero la lógica reformista está orgánicamente combinada con una

posición economicista, por cuanto se espera que los cambios superes-tructurales necesarios y acordes con las transformaciones emprendidas se obtengan como consecuencia de la política económica. En efecto, los profundos cambios estructurales anunciados en el programa están



acompañados de una política económica a corto plazo cuya misión es sustentar y ampliar la base de apoyo político al régimen, a fin de que en un futuro próximo se presenten condiciones más favorables para las reformas económicas de fondo y para las correlativas a nivel jurídico-político. Más concretamente: se espera obtener un rápido crecimiento económico, que contribuya al bienestar general, para que así la opinión juzgue bien al Gobierno Popular y en las elecciones siguientes le otor-gue amplia confianza, permitiéndole a la Unidad Popular ocupar los restantes aparatos estatales como la rama legislativa y la jurisdiccional y eliminar definitivamente los obstáculos políticos a las reformas.

Esa política a corto plazo1 no es otra que la de reactivar la economía, situada en el momento del triunfo electoral en el más bajo nivel de de-presión, mediante la redistribución del ingreso, a fin de que el aumento del poder de ingreso estimule el aparato productivo y acreciente la oferta de bienes. Para estos fines hay tres factores positivos:

• Existe una capacidad industrial ociosa que asciende al 40%.• Hay importantes stocks de bienes acabados y de bienes interme-

dios, acumulados por la depresión.• Hay una buena disponibilidad de reserva de divisas (aproxima-

damente 1/3 del valor total de las importaciones).

La redistribución del ingreso se realiza a través de estos mecanismos:

• Aumento del gasto público (en 1971 aumentó en 43%)• Reajuste de salarios.• Control de precios.• Inversión pública en programas tales como vivienda, trabajos

públicos, salud, etc.

La política económica a corto plazo es contradictoria con las reformas estructurales planteadas, pues éstas están formuladas sin desconocer ni superar las leyes del mercado capitalista.

1 Amplios y documentados análisis sobre la política económica del Gobierno de la Unidad Popular, los cuales simplemente se sintetizan en este escrito, en MARINI, Ruy Mauro y SEPULVEDA, Christian: La politique economique de la “vie chilienne; SA-DER, Eder: “Chile: la transition manquée”, en Revista Critiques de l´Economie Politique, No 16-17, y ROSSI, Carlos: “Notas sobre la política económica de la Unidad Popular en Chile”, en ¿Por qué cayó Allende?, Rodolfo Alonso Editor, Buenos Aires, 1974.


Los factores positivos ya enumerados hacen que la política económi-ca inmediata alcance un nítido éxito en el primer año de gobierno de la Unidad Popular:

• Cerca del 50% de reajuste en los salarios.• Inflación limitada al 20%, gracias al control de precios.• Reactivación de la producción de bienes de consumo.• Crecimiento industrial de 12,1%.• Disminución del desempleo de 7,2% a 3,9%.

A esos resultados se suma el avance registrado en las elecciones de abril de 1971, el cual implica una elevación porcentual de 36,3 a 50,9. Es el momento más favorable dentro del itinerario de la Unidad Popular, que en opinión de algunos2 hubiera sido la coyuntura apropiada para va-riar la línea de subordinación al aparato jurídico-político vigente, provo-cando un plebiscito a propósito de la modificación del Parlamento para constituir, en su lugar, la Asamblea Popular prevista en el programa.

La Unidad Popular interpreta de manera diferente esos alcances y estima que son sólo el comienzo de otros mejores que ofrecerán opor-tunidades más óptimas para una radicalización. Pero la realidad ha de presentarse bien distinta. El éxito es precario, los factores positivos desaparecen:

• La capacidad industrial ociosa resulta ser menor de la estimada.• El equipo antiguo por ser menos eficaz conduce a un descenso en

la productividad y a una elevación de los costos.• Las reservas de divisas se reducen por la limitación de los créditos y

la incorporación de capitales a corto plazo como consecuencia de la presión imperialista, por la baja del cobre en los mercados internacio-nales y por la necesidad de importar alimentos a raíz de la recesión en la producción agrícola producida por la reforma agraria.

De otra parte, la misma política económica a corto plazo había pro-vocado estos fenómenos:

• La redistribución del ingreso no se había hecho sobre la base de una real transferencia del ingreso de las clases privilegiadas a

2 SWEEZY, Paul M: “Chile: La cuestión del poder”, en Monthly Review (en castellano), Año 1, No. 7, octubre de 1973.


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las clases populares. Por esta razón, el poder adquisitivo se elevó para todas las clases y la actividad capitalista se desplazó de la esfera productiva a la de la distribución, donde la rotación del capital es más rápida, iniciándose así un desfase entre la esfera productiva y la esfera monetaria.

• Como no hubo cambios superestructurales que desplazaran a las clases dominantes de los restantes aparatos estatales, la burguesía conservaba su poder y lo utilizaba para sabo-tear las medidas de la Unidad Popular: retiro de depósitos, fuga de capitales, sabotaje de la producción agrícola, etc.

Ante esa situación se imponía un viraje de la polí-tica económica, para encarar la toma del poder real. Pero la respuesta es otra: hay que librar la batalla de la producción capitalista.


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En las minas de Potosí,el tesoro del mundo hoy olvidado

Marcello Musto

Profesor de teoría política York University, Toronto

La riqueza de Potosí, ciudad de Bolivia, empezó a conocerse en 1545, cuando un grupo de conquistadores españoles se instaló

para explotar el tesoro conservado en su subsuelo. En pocas decádas la ciudad creció enormemente y, ochenta años después de su fundación, era, con sus 160.000 habitantes (más que París, Roma, Londres y Sevi-lla), el centro más poblado y rico de América.

Su fama recorrió el mundo entero. Se calcula que alrededor de 50.000 toneladas de plata fueron extraidas de sus minas, tantas, que habrían bastado para construir un puente hasta España. Fue la mina de plata más grande del mundo y produjo una cantidad enorme de riqueza que llegó a Europa, a lomos de llamas hasta las costas chilenas, y de aquí transportada en las bodegas de los galeones ibéricos. Para los señores de Potosí todo era de plata, y el nombre de la ciudad devino sinóni-mo de lujo: “vale un Potosí” escribió Miguel de Cervantes en el Don Quijote de la Mancha. Por contra, las comunidades indígenas fueron esclavizadas y cuando decenas de miles de nativos comenzaron a morir por las condiciones inhumanas a que eran sometidos en las minas, los colonizadores empezaron a importar esclavos, más de 30.000, de Áfri-ca. El número exacto del total de muertos causados es incalculable. A buen seguro, la llegada de “la civilización europea” significó saqueo y genocidio. Tras dos siglos de explotación, la plata comenzó a escasear, quien pudo abandonó Potosí y la zona entera cayó en el olvido. En 1987,


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la ciudad fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pero, como ha escrito Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, aquí no quedaron más que los fantamas de la riqueza de antaño.

La montaña devoradora de hombresCaminando por las calles de Potosí se advierte

constantemente la presencia, inquietante como su historia, y de cualquier rincón despunta la cima de casi 4.800 metros. Es el Cerro Rico, la montaña de-voradora de hombres. Es imponente, rojizo, lleno de agujeros y poblado de figuras, a su vez diminutas, que se afanan en agujerearlo y van arriba y abajo transportando sus piedras preciosas a camiones.

La zona alta de la ciudad es territorio de los traba-jadores. Cerca de 6.000 mineros, la cifra oscila según la coyuntura económica ligada al precio de los meta-les, acampan alrededor de la cima y todavía viven de sus restos. No tan solo plata, sino zinc, cobre, plomo y estaño. Trabajan de modo artesanal, con instru-mentos pobres y rudimentarios, que evocan saberes antiguos. Su trabajo es, quizás, el más terrible del mundo. No sólo por que es extenuante, sino por que mata. De improviso, puesto que no hay seguridad y no hay más remedio que confiarse a Tío, la divinidad a la que los mineros ofrecen constantemente dones para ser protegidos y asisitidos por la fortuna. Y len-tamente, puesto que en las fauces del cada aliento es un paso hacia la silicosis.

Las mujeres no son bienvenidas en las visceras de la montaña, donde sólo pueden acercarse las palliri, las viudas de los mineros, quienes, para sobrevivir, tienen derecho a recoger las piedras que ocasional-mente caen de las carretillas que las transportan de la entrada de la mina a los camiones. Las mujeres están en el mercado, donde, junto a los otros trabajado-res, van a comprar no sólo sus utensilios necesarios, sino también hojas de coca, elemento indispensable para trabajar una jornada entera a aquellas alturas, ht

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cigarrillos artesananles, que contienen eucalipto y ayudan a la respiración, y alcohol puro (96º), que se consume durante las pausas del trabajo y permite resistir en aquellas condiciones extremas.

La puerta del infiernoVisito algunos de los más de 500 agujeros abiertos

a la lo largo de los siglos en el Cerro Rico, acompa-ñado de un guia y de algunos mineros. A pesar del fuerte calor que hace fuera, después de centenares de metros, la temperatura desciende bajo cero. Diversas estalactitas obstaculizan el camino, mientras el agua, en algunos puntos, llega hasta los tobillos y entra en la botas andrajosas. Prosiguiendo, las zonas de más fácil recorrido, que se encuentran al inicio, se alternan con otras en que es necesario andar casi de rodillas, pues la galerias, de poco más de un metro de alto, se vuelven cada vez más pequeñas y angostas. Si uno se detiene, es presa del desaliento. Excepto la débil claridad emitida por la lámpara del casco, alrededor hay oscuridad total, y estamos inmersos en un silencio absoluto tan solo interrumpido por el paso de vagonetas, de una tonelada de peso, cargadas de los minerales extraidos y arrastradas, a lo largo de rieles prácticamente inservibles por el paso de los años, por cuatro trabajadores a la vez. En estos casos hay que estar atentos, buscar pasillos laterales y apre-tar el cuerpo contra la pared, cuanto se pueda, para facilitar el paso.

Seguimos caminando y en pocos minutos la temperatura aumenta vertiginosamente. Ahora es superior a cuarenta grados. La excursión térmica es mortífera. La tierra bajo los pies no está mojada, sino que es árida. El aire se vuelve pesado, falta el oxígeno. Hay polvo por todas partes: se respira, y te entra en los ojos. Hay que seguir, avanzar algunas decenas de metros hasta el fondo, desde donde, ahora, se escu-chan fuertes ruidos. Aquí están los picadores, los que tienen el trabajo más difícil: agujerear la pared con el barreno y romper la roca con dinamita artesanal.

Frente a esta realidad, y considerados los daños ambientales y la rapiña de los recursos no renovables, es de esperar que Bolivia transite, sin titubeos, por el camino de las nacionalizaciones. Para poner fin a una economía semicolonial y pasar a una fase de modernización ecológicamente sostenible y respetuosa con las decisiones de las comunidades indígenas que viven en sus territorios.


Nuestra América

Trabajan semidesnudos, en condiciones terribles. Algunos utilizan au-ténticos ascensores hacia el infierno, descienden penosamente hasta 240 metros de profundidad, por túneles diminutos del tamaño de su propio cuerpo. En busca de una veta de zinc, estaño o plomo. Para llevar a la superficie todo lo posible y obtener la paga semanal.

De regreso, el camino es largo. El frío penetra en los huesos y se siente aún más que a la ida. Y cuando, finalmente, se vislumbra una luz lejana, la idea de la salida es un retorno a la vida. Parece que hubiera pasado una eternidad, pero el reloj está allí para recordar que han pasado sólo tres horas. El fuerte sol ilumina y calienta, mientras llegan otros mineros que se disponen a inicar su turno. Al mirar sus rostros, afables pero endurecidos por el trabajo, no puede uno dejar de preguntarse cómo es posible transcurrir cada día en aquel infierno durante 30 años.

Una economía semicolonialDurante décadas, el número de mineros bolivianos ha ido reducién-

dose significativamente, alcanzando actualmente los 70.000, el 1,5% de la población activa. Con todo, considerando que producen el 25% de las exportaciones del país, que gracias a los mineros1* otros 300.000 traba-jadores trabajan en el transporte, producción de maquinaria y comercio y que constituyen uno de los sectores más combativos del proletariado,

1 * "essi" - en el original se refiere a los mineros.

http://www.flickr.com/photos/marcha-patriotica/. Fotografía: Cannela María


se entiende que aún representen un componente esencial de la vida eco-nómica y social del país más pobre del subcontinente.

A pesar de que Bolivia es el séptimo productor mundial de plata y plombo, su economía se caracteriza por la falta de medios de substencia adecuados. El 90% de los mineros trabajan, sin derechos ni seguridad social, en cooperativas. Sin embargo, estas realizan sólo el 20% de las extracciones y el sector está fuertemente controlado por las multinacio-nales extranjeras: la empresa japonesa San Cristóbal no sólo gestiona el 85% del mercado del plomo, sino que, junto a la suiza Sinchi Wayra, el 85% del zinc y, siempre con la Sinchi Wayra y con la estadounidense Panamerican Silver, también el 75% de las extracciones de plata.

Esta presencia no ha significado mejora alguna en la exploración, prueba de ello es que la mayor parte de las minas explotadas son las mismas que las del periodo colonial. Nada ha cambiado respecto a las infraestructuras, ya que el transporte de los minerales tiene lugar por la vieja red ferroviaria construida en 1892. Todavía menos se ha progresado respecto a la autonomía, pues Bolivia tan solo procesa una parte minús-cula de plata y plomo y ni un gramo de zinc. Está obligada a limitarse a la mera exportación de materias primas hacia los mismos países donde tienen su sede las empresas multinacionales que controlan el mercado.

Al país no le quedan más que las migajas de los numerosos millones de dólares de las ganancias anuales provenientes del sector, en buena medida por que las empresas extranjeras pagan el 8% de impuestos, cifra no sólo inferior al 56% que pagaba la compañia del Estado, Comibol, sino también al 13.5% que pagaban los tristemente famosos “barones del estaño” en los lejanos años treinta.

Frente a esta realidad, y considerados los daños ambientales y la rapiña de los recursos no renovables, es de esperar que Bolivia transite, sin titubeos, por el camino de las nacionalizaciones. Para poner fin a una economía semicolonial y pasar a una fase de modernización ecoló-gicamente sostenible y respetuosa con las decisiones de las comunidades indígenas que viven en sus territorios.


Nuestra América



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Notas sobre los grupos fascistas en Colombia

Jhon Florián Guzmán

Profesor universitario

El escalonamiento de la violencia de los grupos fascistas y ultranacionalistas, junto con el exitoso reclutamiento de jó-

venes en sus filas, no es marginal, ni es simple producto de la malsana apropiación de una ideología ajena y anacrónica. Abandonar toda ca-racterización arrojándolos al rincón de los desadaptados es un error que subestima un fenómeno que se entremezcla con las peculiaridades his-tóricas nacionales y una ideología totalitaria. Una errada caracterización simplemente provocará reacciones ineficaces, mientras se incrementan las hostilidades contra la comunidad LGBT, indigentes, drogadictos, prostitutas, inmigrantes, defensores de DD.HH y miembros de otras tribus urbanas. El simple hecho de que estos grupos hayan logrado elevar su número es señal de la capacidad para responder a las hondas preocupaciones de jóvenes entre 17 y 28 años sobre su entorno y su papel en él.

El mensaje totalitarioEl mensaje fascista no puede ser leído como un cuerpo de ideas va-

lioso por su texto, sin mayor consideración de su contexto. Éste está rodeado de una simbología, de dogmas y de una organización política y económica que cohesiona su praxis en contra del desorden, la corrup-ción social y moral y la ausencia de un Estado fuerte y autoritario. La fuerza de su mensaje está en el totalitarismo de sus organizaciones cuyo rol es absorber todos los aspectos de sus vidas. Los sujetos disuelven su


Cultura política

individualidad en la llamada “comunidad del pueblo” con similares gustos musicales1, creencias religiosas y concepciones estéticas y éticas (Mateo Ferrer, 2003).

Por su parte, el fascismo como régimen político, no está circunscrito a la personalidad de líderes ca-rismáticos y providenciales como Hitler, Mussolini y Franco, ni está limitado al exclusivo mundo político-estético-organizativo. Fue una forma excepcional del Estado capitalista, históricamente determinada por la reacción de la burguesía industrial-nacional contra sus antagonistas domésticos y extranjeros (Borón, 2003). Tras la subsunción del individuo en la totalidad de la organización se encontraba el es-fuerzo por crear unas masas fieles y cohesionadas a favor de un nuevo pacto hegemónico, cuyo objetivo fue emprender un vasto conjunto de reformas para absorber los capitales medios y pequeños en manos de inmigrantes y judíos, y reemplazar con un selecto grupo de grandes empresarios y banqueros la antigua y desacreditada clase de dirigentes políticos.

Esta caracterización sobre el auténtico fascismo es imposible de ser extendida a un régimen político en el Tercer Mundo, por lo que los grupos que se reclaman nazis, fascistas o ultranacionalistas quedan aparen-temente huérfanos de cualquier respaldo y articula-ción, o por lo menos en su manifestación clásica. Es improcedente calificar a estos grupos como fascistas en Colombia dado que no existe burguesía cuyo des-tino coincida con un interés nacional2. De acuerdo con Martínez (2013), la acumulación históricamente determinada en Colombia ‒patrón de acumula-ción‒ se define reprimarizadora y financiarizadora, por lo cual la valorización del capital se funda sobre

1 Entre las tendencias musicales más reconocidas se en-cuentran el black metal nacionalsocialista, punk nazi, rock contra el comunismo (RAC: Rock Against Communism) y la música White Power.

2 Entre los pocos grupos de izquierda que considera que debe defenderse la burguesía nacional destaca el MOIR (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario)

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actividades económicas que son complementarias de las del capital transnacional. La burguesía nacional está resignada a su carácter parasitario en relación con los grandes procesos de valorización de capital.

Sin embargo, viejas ideas toman vida cuando son adaptadas y funcionales a un proyecto de clase. La fuerza del mensaje totalitario cobra importancia en un escenario de fragmentación del tejido social, corrupción, frustración, resentimiento y desprecio de las ideas de izquierda por su vínculo con la guerrilla. Estos grupos no crecen sólo en virtud de la fuerza de sus argumentos en una población vulnerable y margi-nada, sino que han sido arropados por organizaciones católicas y cristianas ultraderechistas, financiados y entrenados por grupos paramilitares y más reciente-mente se agazapan bajo la respetable denominación de víctimas de la guerrilla (Coronell, 2013). Esta triada los arropa con prestigio moral, dinero, conoci-miento militar y empatía social: mezcla tóxica para la convivencia pacífica y democrática en el país.

Dios y patriaLa cercanía con organizaciones católicas y cristia-

nas se debe al protagonismo que han ganado los gru-pos “fascistas” y ultranacionalistas en la lucha contra el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción de parejas LGBT, la eutanasia y la legalización de la do-sis mínima. De igual manera proponen en conjunto medidas severas para combatir la corrupción social, entre ellas la judicialización de los menores de edad cuando cometen delitos graves, la pena de muerte, la cadena perpetua para violadores, la ampliación del fuero militar y la derogación de los excesos garan-tistas de la Constitución de 1991. No son pocos los grupos católicos que coinciden en acelerar la creación de frentes de lucha contra el programa liberal de va-rios de los gobiernos en la región, y encuentran en los grupos “fascistas” y nacionalistas de extrema derecha una reserva de cruzados para el combate.

No debe subestimarse el potencial de estos grupos apologistas de la violencia, articulados a la urgencia de una ultraderecha que aguarda a la desaparición del otro para la consolidación de su proyecto político y económico. Estos grupos no son desadaptados y marginales, sino que son una prolongación siniestra de un proyecto de clase, una extraordinaria adaptación de la ultraderecha colombiana.


Cultura política

Una de las entidades religiosas más cercanas al activismo político simpati-zante con los grupos ultranacionalistas, anticomunistas y “fascistas” es la Sociedad Colombiana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP). De hecho se reconocen como “el mayor movimiento cívico-cultural anticomunista de inspira-ción católica del mundo”3. Su prédica reac-cionaria contra cualquier reforma agraria en América Latina fue defendida con sendas campañas contra el marxismo y la teología de la liberación durante los años setenta en Perú, Chile y Brasil (Zanotto, 2003), mientras que en Colombia a finales de los años ochenta, sobresalió como promotora de una propuesta jurídica que buscaba tanto la legalización del paramilitarismo como la unión de los hacendados entorno a una acción ideológica y publicitaria contra

3 Página de Internet www.pliniocorreadeolivei-ra.info Consultado el 12 de junio del 2013.

el “agrorreformismo confiscatorio”. La di-fusión del mensaje fue suscrito por grupos políticos influidos o totalmente cooptados por los paramilitares durante los noventa, incluyendo el Movimiento de Reconstruc-ción Nacional (MORENA), tan íntimo de los neonazis en Colombia.

Anticomunismo y paramilitarismoEl vínculo entre paramilitares y grupos

“nacionalsocialistas” y “fascistas” no es reciente. Este nexo viene desde finales de los años ochenta, cuando grupos de para-militares del Magdalena Medio, fundaron MORENA para combatir desde una tri-buna política las diferentes expresiones del comunismo. Fue una respuesta armada de balas y votos contra las perversas prácticas institucionalizadas por la guerrilla en la zona (secuestro, boleteo, extorsión y ajus-ticiamiento) (Revista Semana, 1989). Tras del programa anticomunista, fascista y nacionalista de MORENA estaba la pluma

http://www.flickr.com/photos/marcha-patriotica/. Fotografía: Cannela María


de Armando Valenzuela Ruíz, quien, además de ser uno de los tres fundadores del primer ensayo político electoral del paramilitarismo, fue creador de uno de los grupos neonazis más importantes del país. Es por ello que este grupo lo considera “la figura más saliente e incontaminada de la generación del medio siglo en Colombia” e igualmente “padre y fundador de Tercera Fuerza” “baluarte para la lucha nacionalista”4.

Los otros dos fundadores de MORENA fueron Iván Roberto Duque y Fernando Vargas Quemba. Du-que fue posteriormente conocido por su alias "Ernesto Báez", jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar y vocero político de las Autodefensas Unidas de Colom-bia junto con Carlos Castaño; mientras que Vargas Quemba, preside una fundación familiar para la defensa de las víctimas de la guerrilla en Colombia (Coro-nell, 2013). Trágica paradoja en la que los victimarios tienen francas oportunidades para reclutar a las víctimas del conflicto y prender con mayor combustible humano el actual conflicto armado en las ciudades.

ConclusiónEl crecimiento de los grupos “fascistas” y ultranacionalistas en Co-

lombia, en particular en Bogotá, Medellín y Cali ‒y hasta en ciudades pequeñas como Popayán‒, responde a la radicalización de las ideas conservadoras, la acumulación de frustraciones y el desprecio de las ideas de izquierda. Grupos como Tercera Fuerza, Alianza Social Pa-triotas, Unión Nacional Socialista de Colombia (UNSC) y Comando Radical Nacionalista (Rugeles, 2013) acogen a través del totalitarismo la insatisfacción que la izquierda y derecha democráticas no han podi-do canalizar, con un costo muy alto para la democracia, ya que estas manifestaciones promueven la exclusión del “otro”, hasta el punto de

4 Página de internet www.tercerafuerzanacion.org/biografias.html Consultado el 12 de junio de 2013.

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Cultura política

organizar la desaparición de sus adversarios. La efectividad del mensaje totalitario es potenciada por el abrazo de la ultraderecha religiosa, políti-ca y paramilitar colombiana, hasta el extremo de constituirlos en grupos armados, embestidos con legitimidad y tribunas para su apología del odio nacional, racial, político y religioso.

Aunque una sociedad que aspire a la democracia debe velar por la libertad de expresión, esta no puede ser una garantía infinita. La libertad

de expresión no puede confundir-se con libertad de discriminación. De acuerdo con el artículo 13 de la Carta de la Convención Ame-ricana de Derechos Humanos, suscrita por Colombia en 1969, “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cual-quier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, reli-gión, idioma u origen nacional.”

Es un error no combatir los mensajes de estos grupos simple-

mente alineándolos al pesado muerto del nazismo y el fascismo. Hay que escrutar sus vínculos con el bloque social hegemónico ya que viejas ideas pueden cobrar vida si son oportunas y toman cuerpo a través de la defensa de un proyecto de clase. Por esta razón, no debe subestimarse el potencial de estos grupos apologistas de la violencia, articulados a la urgencia de una ultraderecha que aguarda a la desaparición del otro para la consolidación de su proyecto político y económico. Y si bien estos grupos no están amalgamados con la defensa de una burguesía indus-trial y nacionalista, como en el fascismo clásico, tienen el respaldo para reclutar apoyos que, en última instancia, garantizan la sobrevivencia de un patrón de acumulación reprimarizador y financiarizador. Estos gru-pos no son desadaptados y marginales, sino que son una prolongación siniestra de un proyecto de clase, una extraordinaria adaptación de la ultraderecha colombiana.


Trabajos citados

BoRóN, A. (2003). Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.

CoNTi, R. (18 de 01 de 2013). “A propósito de los neonazis”. Prensa Rural .

CoRoNELL, D. (11 de 05 de 2013). “La huella nazi”. Revista Semana.

EL ESPECTADoR. (17 de 05 de 2013). “Neonazis dicen que “sería genial” que los patrocinaran paramilitares”. El Espectador.

ESPiNozA, J. (09 de 06 de 2013). “Neonazismo en Colom-bia”. RCN Radio .

MARTíNEz, A. (2013). “Los ejes de la acumulación de capital en Colombia”. Revista Izquierda , 16-23.

MATEo FERRER, M. (2003). “Los fundamentos estéticos del nacionalsocialismo”. Acta Poética .

PAREDES, D. (2009). “De la estetización de la política a la polítización de la estética”. Revista de Estudios Sociales. No 34 , 91-98.

REviSTA SEMANA. (11 de 09 de 1989). “MORENA se desta-pa: La extrema derecha pide pista electoral”.

REviSTA SEMANA. (08 de 07 de 2011). “Somos de derecha; pero ni fachos, ni godos, simplemente nacionalis-tas”.

RUgELES, g. (08 de 06 de 2013). “Radiografía del Neonazis-mo”. El Espectador .

zANoTTo, g. ( 2003). É o Caos: A luta anti agro-reformista de Plínio Corrêa de Oliveira. Florianópolis: Tesis de maestría en historia cultural de la Universidad de Santa Catarina.


Cultura política



Las ambivalencias del gobierno nacional frente a la ley 160 del 94

Carolina Jiménez M.

Las actuales disputas por la tierra no constituyen un elemento novedoso de la conflictividad en Colombia. Todo lo contrario,

éstas han sido un eje importante de la lucha social en el país a través de la historia. En efecto, el tema del acceso a la tierra y su democratización por la vía de una reforma agraria ha ocupado buena parte de la agenda social a lo largo del siglo XX. No obstante, pese a las importantes luchas gestadas desde el movimiento campesino y otros sectores sociales popu-lares, la inequidad en el acceso a la tierra sigue constituyéndose como una de las problemática centrales que se viven en el país, y que incluso bajo las actuales modalidades de organización empresarial del mundo de lo rural tienden a profundizarse.

En efecto, una lectura del comportamiento en la evolución de la es-tructura de propiedad de la tierra en Colombia de 1984 a 2004 evidencia un aumento en los niveles de concentración de la misma. Mientras en el año 1984 la superficie que concetraban el 0,5% de los propietarios era del 32,7%, para el año 2004 encontramos que el 0,4% de los propieta-rios tiene bajo su control el 62.6% de las tierras del país, situación que explica un GINI en tierras del orden de 0,86 (uno de los más altos en América Latina y el mundo). Aunado a estos niveles de concentración, resultan alarmantes los datos proporcionados por el INCODER sobre conflictos de usos del suelo: mientras en el país existen 22 millones de hectáreas aptas para agricultura, tan solo 5 millones tienen esta orien-tación, lo cual explica los elevados niveles de importación de alimentos

Edito

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Editorial

presentes en el país y la crisis alimentaria en muchas regiones. Por su parte, los territorios ganaderos con una vocación sustentable del orden de 15 millones de hectáreas ocupan hoy entre 35 y 40 millones de hectá-reas, en su mayoría de latifundistas que soportan su riqueza en las rentas generadas por la tenencia de la tierra.

Las alarmantes cifras descritas dejan entre ver que la construcción de la paz pasa necesariamente por las transformaciones democráticas en el mundo rural. De ahí que el primer punto de negociación en la agenda entre las FARC-EP y el Gobierno nacional hubiese sido precisamente el de la política de desarrollo rural. Sin embargo, pese a este reconocimien-to, el tratamiento que le ha dado en las últimas semanas la administra-ción de Juan Manuel Santos a la titulación y posesión de tierras baldías para la explotación agropecuaria, así como su renuencia a reconocer las Zonas de Reserva Campesina como una alternativa para democratizar el mundo rural, la cual se hizo manifiesta en el tratamiento dado a la resistencia y lucha del Catatumbo, generan una serie de interrogantes y ponen un manto de duda sobre qué tanto se puede generar una trans-formación en modelo de desarrollo rural, en especial, uno que persiga la democratización del acceso a la tierra y la formalización de la propiedad del pequeño campesino.

En efecto, el debate hoy en ciernes en el país sobre los baldíos tomó especial fuerza gracias a las investigaciones que demuestran que en la Orinoquía por lo menos 140 mil hectáreas de tierras fueron adquiridas de manera ilegal por agroempresarios nacionales y extranjeros, quienes las compraron a precios irrisorios a los campesinos y a través de las más sofisticadas maromas jurídicas, como quedó demostrado en el caso de Riopaila, mientras que los argumentos esgrimidos por la firma de aboga-dos Brigard y Urrutia pretendían legalizar la ilegalidad de su actuación. Así, la compra y acaparamiento de baldíos ha generado una importante discusión sobre qué tanto se puede avanzar en la democratización del mundo rural.

Al respecto, resulta bastante desolador el tratamiento que el Gobier-no nacional le ha dado al tema. En efecto, para la administración de Santos es claro que se debe buscar la manera de resolver el limbo jurídico en que se encuentra la inversión rural en el país para permitir tanto que los actuales inversionistas puedan continuar explotando esas tierras, como para que no se desestimulen nuevas inversiones que, a su entender, son estratégicas para impulsar el desarrollo económico en Colombia.

Entre otras propuestas se ha conocido que se buscaría una figura tipo leasing o contrato temporal (aproximadamente de 30 años, con


posibilidad de renovación), la cual permitiría que las inversiones en los predios asumidos de manera ilegal puedan seguir su curso normal, esto porque muchos de ellos −al decir del gobierno− cuentan con importan-tes desarrollos productivos de largo plazo, como la palma y el caucho. También se ha hablado de que el proyecto de ley que presentaría el go-bierno al Congreso la próxima semana para generar un marco jurídico que regule la entrega de las Unidades Agrícolas Familiares y adjudicacio-nes de baldíos, estimularía la coexistencia de la gran industria agrícola con el modelo agrícola campesino. La razón de ello estriba en que para el gobierno es claro −y así lo ha señalado el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán−, que el crecimiento del sector rural depende de las importantes inversiones y del despliegue de los megaproyectos industria-les, ya que, en su concepto, son los mayores generadores de empleo rural y los únicos en capacidad de elevar la productividad científico-técnica de las tierras.

Así las cosas, lo que se pone en evidencia es que se buscará la forma de legalizar el despojo y la violación de la norma (Ley 160 de 1994), en la cual se establece taxativamente que “ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas” (Artículo 72). Esta situación contrasta ampliamente con el manejo dado por el Gobierno nacional a las aspiraciones legítimas del campesinado del Catatumbo, en donde se ha negado a reconocer la constitución de una Zona de Reserva Campesina, y por el contrario ha estigmatizado al movimiento seña-lándolo como infiltrado por las FARC, por ser ésta la zona chequera de ‘Timochenko’, como lo manifestó el ministro Pinzón.

En este entendido, es evidente que para el Gobierno nacional re-sulta más importante la seguridad jurídica de los grandes propietarios nacionales y extranjeros, así actúen por fuera de la norma, que la de miles de familias campesinas, cuyas legítimas aspiraciones no son lo suficientemente consideradas por el Estado colombiano para impulsar un reordenamiento territorial realmente democrático e incluyente, pese a que sus propuestas responden a los dispuesto en la misma ley objeto de controversia, que en sus artículos 79-84 reconoce claramente las Zonas de Reserva Campesina.


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DATOS IMÁGENES Las imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto.*Portada:http://ginaescheback.blogspot.com/2013/07/documental-los-hijos-del-catatumbo.html

*En esta página:http://www.flickr.com/photos/marcha-patriotica. Fotografía: Cannela María

Nº 36 AGOSTO / 2013 BOGOTá, COlOmBiA iSSN- 2215-8332

Revista Izquierda No 36

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