17 de mayo de 2014 • Número 80

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

17 de mayo de 20142

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Suplemento informativo de La Jornada 17 de mayo de 2014 • Número 80 • Año VII

EL LAGO PERDIDO Y LAS ENSEÑANZAS DE DOÑA MAURICIA

Avecindados de antiguo en una cuen-ca lacustre, los chilangos fuimos por mucho tiempo gente del agua. Ahora las grandes aguas se fueron y sólo las

recordamos durante la temporada de lluvias cuando brotan a chorros por las alcantarillas como si el lago enterrado quisiera regresar y en los terremotos cuando el subsuelo lodoso multiplica la fuerza de los sacudones. Pero si no llueve y no tiembla, los defeños poco pen-samos en el lago perdido.

No así los pueblos del sur, que a pesar del histórico saqueo hídrico al que los sometimos, son aún pueblos del agua. Co-munidades rurales como las que persisten en Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Tlal-pan y Álvaro Obregón, que junto con las de Cuajimalpa y de municipios mexiquenses como Chalco y Tlalmanalco, son las que apagan nuestra sed captando las lluvias que ali-mentan la insondable maraña de caños y tuberías que abaste-ce a la gran ciudad.

Pueblos del sur a los que esta-mos matando porque ellos vi-ven del agua y nosotros se la robamos. Y el que cometemos es un hurto hídrico suicida, pues del agua que infiltran y conservan vivimos también nosotros, los sedientos chilangos de banqueta.

De eso hablaban hace unas semanas los campesinos del sur defeño en un Foro ce-lebrado en el plantel San Lorenzo Tezonco, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El maestro chinampero José Geno-vevo Pérez Espinosa, de Xochimilco, exaltaba las virtudes de un milenario sistema de cultivo que al principio sirvió para ganarle tierras al lago y que en su delegación y en la de Tláhuac aún persiste, mientras que Juan Carlos Loza Jurado, de Milpa Alta, hacía el elogio de la terrazas que permitieron a los del viejo Mala-cachtepec Momozco cultivar los cerros empi-nados reteniendo la tierra y el agua mediante escalones artificiales.

Pero estas maravillas apenas sobreviven, porque durante cinco siglos los nuevos avecindados en la cuenca hemos venido cometiendo un acuacidio.

Alimentada por los escurrimientos de la for-mación volcánica Ajusco-Chichinautzin, 700 mil años atrás la cuenca de México se volvió lago. Las orillas comenzaron a poblarse hace cinco mil, y hace menos de mil los xochimil-cas –una de las siete tribus provenientes de los míticos Aztlán y Chicomostoc que se había asentado en las riveras del sur– desarrollaron sofisticadas técnicas agrícolas. Al filo del lago hicieron chinampas: islotes de lodo cercados con árboles de Ahuejote con las que amplia-ban la superficie de cultivo y en las zonas de pendiente, para evitar que al desmontarlas el agua corriera y deslavara la tierra, construye-ron terrazas reforzadas con piedra volcánica.

Las chinampas son un sistema único en el mundo y pueden sostener entre tres y cinco ciclos agrícolas anuales con cosechas de hasta cuatro toneladas de cultivos como maíz, frijol, amaranto, chile, tomate, calabaza, chayote y quelites. La producción de la zona alcanzó su máximo entre 1400 y 1520, años en los que alimentaba a unas 170 mil personas sustentan-do las ciudades de los pueblos nahuatlacos, en particular la Gran Tenochtitlán. Los mexicas hicieron obras hidráulicas, como el albarradón,

que mantenía separadas las aguas dulces de las saladas, pero nunca rompieron el ciclo hídrico.

El acuacidio empieza en la Colonia, con las grandes obras de desecación y control de aguas. Malhadados emprendimientos que continúan durante el México Independiente. Con el siglo XX se inauguran el gran túnel y el canal que sacan las aguas de la cuenca al río Tequisquiac, con lo que los escurrimientos naturales que podrían darnos de beber son en-

viados al drenaje prima-rio. Se inician también los trabajos para capturar las aguas de los manan-tiales de Xochimilco y conectarlas a la red de agua potable de la ciu-dad. Magnas instalacio-nes que se inauguran en 1910. Finalmente, en los años 30’s se acelera, me-diante pozos profundos, la desmedida extracción de agua del subsuelo en proporciones mayores a las de su reposición.

Con esto se cierra el cír-culo vicioso y para el me-dio siglo han desapareci-

do por completo los lagos de Chalco, Texcoco, San Cristóbal y Xaltocan, y los humedales de Tláhuac y Xochimilco están prácticamente se-cos. Desastre que pretenden compensar devol-viendo a la zona aguas tratadas en las plantas de Cerro de la Estrella y de San Luis Tlaxial-temalco. Hoy lo que queda del vergel son unos 200 kilómetros de canales y algunas chinampas en que se siembran flores y hortalizas. El viejo esplendor se perdió y con él se extinguieron el pescado blanco y la almeja de Xochimilco mientras que el ajolote y el acocil agonizan.

Saldo, entre otras cosas, de la desecación es el desplome de la antes floreciente agricultura de la cuenca. Todavía a principios de los 80’s del pasado siglo la ciudad tenía unas 40 mil hectáreas en cultivo. Hoy quedan menos de 20 mil, de las que siete mil 500 son de avena forrajera; seis mil de maíz –de grano y elote-ro–; cerca de cuatro mil 500 de nopal verdura, y modestas extensiones de hortalizas, plantas de ornato y flores en las chinampas de Xochi-milco y Tláhuac.

En tres décadas la superficie sembrada se redu-jo a la mitad, lo que significa que cada año se pierden para el cultivo cerca de mil hectáreas, dos cada día. Y lo peor es que todas las semanas un campesino defeño decide dejar de sembrar. Día tras día, hora tras hora avanza el asfalto y retrocede el surco. Progresión suicida que ne-cesitamos parar cuando aún estamos a tiempo.

Pero los pueblos del agua no se dan por ven-cidos, como se vio en el Foro. Gracias a sus siembras y saberes el maestro José Genovevo pudo mandar a la universidad a sus tres hijos. Esta es la buena noticia. La mala es que los flamantes graduados le piden que venda o alquile la chinampa pues ellos no la piensan cultivar. Sin embargo, no todo está perdido. Baruc Martínez Díaz, el joven nahuatlato de Tláhuac, que inauguró el evento con un salu-do en su lengua, dice que cuando niño odiaba la agricultura de la que vivía su familia pues sus compañeros de escuela le hacían burla por “campesino”. Hoy Baruc está terminando su doctorado en historia por la UNAM… y está reaprendiendo a sembrar. Con título y todo, la gente del agua está regresando a la querencia.

Como es (mala) costumbre, las mujeres habla-ron solo al término del acto. Y lo hicieron para explicarnos que antes únicamente la familia se enteraba de lo que guisaban, pero que de un tiempo a esta parte formaron un grupo y salieron de casa para mostrarle al mundo todo lo que saben hacer. Y vaya si saben. Ese día unos comimos ahuahutli –hueva del mosco de los humedales secado al sol y preparado en pequeñas tortas– que nos sirvieron en salsa verde, mientras que otros saboreaban pato de lago en mole de San Pedro Atocpan, y de tapa-dera unos frijoles quebrados con xoconoxtle. Pura comida en peligro de extinción.

Al final, mientras escuchábamos al grupo ato-cpense Imaginación interpretar El querreque, con versos albureros y contra ellos entonados por la espléndida violinista y cantante Erén-dira Hernández, los uamilperos que el año pasado sembraron maíz, frijol y calabaza en el campus de San Lorenzo Tezonco, me pre-sentaron a doña Mauricia, la señora que les enseñó a sembrar.

Sembrar, cultivar la tierra. Un oficio que doña Mauricia conoce bien porque le ayuda a su marido en la milpa. Pero lo suyo, me dijo, lo suyo suyo es cocinar. Y mientras contaba orgullosa como desgrana las mazorcas, alista el nixtamal, prepara la masa en el metate, le pone su manteca y extiende en el comal tor-tillas hechas a mano –sin ayuda de la dichosa prensita de madera–, tuve una revelación, una iluminación como las de Rimbaud y Benja-mín: ahí estaba –pequeña y con delantal– la otra mitad del mundo, la mitad oculta e igno-rada, la mitad femenina de la milpa que mi an-drocentrismo milpero que había impedido ver.

Me explico. He dicho muchas veces que ha-cer milpa es un paradigma alternativo que destaca las virtudes de la diversidad sinérgica de haceres y saberes, una metáfora del buen vivir. A continuación y en su carácter de ale-goría, paso a describir el proverbial policulti-vo en que se hermanan maíz, frijol, calabaza, chile… El problema es que esto es apenas la mitad de la milpa. La mitad visible y recono-cida porque su protagonista es el varón. La otra mitad tiene como protagonista a la mujer –no porque sea lo suyo por naturaleza, sino porque eso le enseñaron a hacer– y empieza en la cocina donde los productos de la siem-bra se transforman en comida, y continúa con el cuidado de la salud, de la educación, de la limpieza, del vestido, de la vivienda… además de que ellas preservan la memoria y son las encargadas de dar a luz a los que nacen y de amortajar a los que mueren...

Entonces, si olvidamos la llamada economía del cuidado que en el hogar y el traspatio pro-longa y sublima los trabajos de la parcela, ha-cer milpa resulta una consigna patriarcal, un paradigma sexista.

“Si quieren, además de enseñarles a sembrar, les enseño a echar tortillas. A todos, les enseño: a ellas y a ellos”. Propone socarrona doña Mauricia.

“Se me enchinó el cuero”, me dice en corto el buen Itzám, uno de los más entusiastas impul-sores de una milpa uamera que ahora deberá ser completada con su mitad faltante. Y no es para menos: oculto, como el viejo lago un vertiginoso mundo de saberes y haceres –más que femeni-nos universales–, nos aguarda junto al fogón.

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPOTe invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a

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Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán fueron coeditores en el presente número del suplemento. Ella es coordinadora de proyectos especiales del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa. Él es coordinador del Programa de Inves gación Sierra Nevada de la UAM. Ambos son miembros del Grupo Promotor de la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida y editores de la revista Xan co.

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Nuestras culturas originarias han considerado sagrada la relación entre la comunidad, el agua y la erra, conceptos profundos que

siguen vigentes hasta la fecha en nuestra búsqueda por contar con agua de calidad para las generaciones actuales y futuras. Para mencionar algunos.

Tláloc (“Néctar de la erra”, de Tlalli, erra, y octli, néctar) era la representación, entre los nahuas, del ciclo ver cal del agua que empieza con la evapotranspiración, y pasa por las nubes para generar la lluvia.

Su dualidad, Chalchiutlicue (“La de las faldas de jade”) representaba el ciclo horizontal del agua sobre el territorio; regía los arroyos, ríos y lagos.

Entre los mayas, al ciclo de lluvia se le conocía como Chaac (o Chaahk).

Para los zapotecos era Cocijo (o Cociyo)

Los mixtecos lo llamaban Dzahui (o Savui).

Los totonacas lo llamaban Tajín (o Aktsini).

Hasta la fecha, entre los pueblos de Oaxaca, la culebra es la dueña del agua en el cerro, quien man ene contacto con la comunidad. Para los comcaac en Sonora, las lluvias son recibidas por el territorio, el cual es considerado su propio cuerpo. Los chinantecos y los cha nos en erran el cordón umbilical de los recién nacidos al lado de los manan ales. En la comunidad nahua de Chiepetepec, Guerrero, tres niños representan los tlaloques, ayudantes de Tláloc, en la ceremonia de pe ción de lluvias.

LOS CONCEPTOS SAGRADOS DEL AGUA EN LAS

CULTURAS ORIGINARIAS Lucero San Vicente y Pedro Moctezuma

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LA CAMPAÑA NACIONAL AGUA PARA TODOS, AGUA PARA LA VIDA Pedro Moctezuma Barragán Coordinador del Programa de Investigación Sierra Nevada de la UAM, miembro del Grupo Promotor de la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida y editor de la revista Xantico

México está en la encrucijada entre un modelo de desa-rrollo extractivista,

autoritario y privatizante al servi-cio de intereses foráneos, por un lado, y la gestión democrática y sustentable del agua en nuestro te-rritorio, por el otro. A esta opción vital le llamamos el buen gobierno del agua.

El buen gobierno del agua entraña construir voluntad política desde abajo para consensar una visión, dinámicas de planeación, cons-trucción de capacidades y proce-sos transformativos que, como la humedad, impregnen a nuestra Nación.

La Campaña Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida promue-ve el buen gobierno del agua por vías técnicas, legales y organizati-vas desde comités de cuenca y de-rechos humanos, organizaciones no gubernamentales, comunida-des y universidades de los cuatro puntos cardinales de nuestro país.

Para organizar la Campaña Na-cional, nos hemos dado a la tarea de crear grupos promotores de la gestión integral del agua en el te-rritorio. En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, en Chia-

pas, cuestionando una Ley estatal privatizadora, así como en tres estados del occidente: Jalisco, Co-lima y Nayarit, aglutinados regio-nalmente; en Quinta Roo, consti-tuyendo el grupo en un milenario cenote; en Sonora, uniendo exper-tos y pueblos originarios; en el Es-tado de México, con fuerte inicia-tiva de los sistemas comunitarios de Tecámac y Texcoco, así como de los vecinos de Chicoloapan.

En el Distrito Federal, víctima de un nuevo intento disfrazado de privatización del agua, la actividad surge en Iztapalapa, Tlalpan, Co-yoacán y Xochimilco para irse am-pliando por la Ciudad de México. La Universidad Autónoma Metro-politana, FANMex-Red Mexicana de Acción por el Agua, Greenpea-ce, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y otros grupos han puesto su crea-tividad e iniciativa para promover talleres y asistir en actividades va-rias a nivel nacional.

En Tabasco, con amplia partici-pación del Consejo de Cuenca Grijalva-Usumacinta, el Comité Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En Puebla, asediada por proyectos de muerte que tasajean todos los rincones del estado, el

Grupo Promotor tiene vínculos en la propia ciudad, Amozoc, Atlixco, comunidades de la Sierra Norte y San Martín Texmelucan.

Los Grupos Promotores, a lo lar-go y ancho de México arrancaron la campaña de firmas para pre-sentar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, con el áni-mo de hacer jornadas por el agua, discutir propuestas y encontrar soluciones.

Estos grupos están integrados por jóvenes ambientalistas, viejos lu-chadores sociales y organizaciones sociales, así como especialistas hí-dricos y miembros de la Red Temá-tica del Agua de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-cyt). Se pueden también ver los esfuerzos de la Campaña Nacional en San Luis Potosí, Baja California Sur, Coahuila, y Yucatán.

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) articuló la defensa del territorio contra la minería tóxi-ca en Caballo Blanco y los 122 proyectos de presas que buscan plagar Veracruz con la campaña por el derecho humano al agua; la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur), en Chilpancingo, y Agua Compartida para Todos, en Chilapa, Guerrero, aportan sus sa-beres y trayectorias. Para las próxi-mas semanas, está programada la formación de nuevos grupos pro-motores en Morelos, Guanajuato, Tlaxcala y Sinaloa. Otros estados como Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León y Durango han empezado a trabajar desde las comunidades y luchas sectoriales.

El Grupo Promotor de Zacatecas presentó la iniciativa de reforma de Constitución estatal que reco-noce el derecho humano al agua, a la par de una iniciativa multipar-tidista en torno a una propuesta de ley estatal para reconocer el de-recho humano al agua vía la ges-tión de cuencas y la participación ciudadana.

El trabajo de sensibilización logró evitar el albazo de la Co-misión Nacional del Agua (Co-nagua), que pretendía mantener vigente la autoritaria Ley de Aguas Nacionales, con la adición de nuevos capítulos para consentir concesiones de aguas nacionales para la fracturación hidráulica, los trasvases y la geotermia. Sote-rradamente buscaban aprobar una “Ley general de agua potable y sa-neamiento” restrictiva del derecho humano al agua por causas “so-ciales”, “públicas” y de seguridad nacional.

Se empiezan ya a articular cen-tenares de proyectos que buscan abrir brecha en cuestiones téc-nicas, legales y organizativas, así como de captación de agua de lluvia, reforestación, monitoreo de avenidas y contaminantes, potabi-lización del agua, instalación de bebederos en escuelas, capacita-ción en ecotecnias, etcétera.

El manejo del ciclo del agua en el territorio permitirá una nueva legi-timidad a favor de la sustentabilidad con equidad. Esta lucha implica ge-nerar voluntad política desde abajo con miras a lograr la visión común, la planeación y la construcción de capacidades desde la base.

Implica partir de nuestros espa-cios, apoyarnos en saberes y que-haceres populares para organizar cada colonia, cada microcuenca y cada comunidad. Supone llevar la información y propiciar la organi-zación en colonias, barrios y ejidos. Tocar puertas, animar iniciativas autogestivas valiéndonos de nues-tras propias fuerzas y recursos.

Esta lucha hace necesaria la ar-ticulación con vecinos, asambleas locales, regionales y nacionales y con redes de defensa ambiental existentes, y la vinculación con los movimientos sociales por el agua y el territorio para poner límites a los atropellos de las megaobras que, con el halo del progreso, pro-vocan la ruina de comunidades y medio ambiente con proyectos criminales (tanto por lo destructi-vo e ilegal de sus obras, como por la violencia con que se imponen),

apoyados en comités de derechos humanos y en organismos de de-fensa del agua y la tierra.

Significa fincar un nuevo derecho del pueblo en el territorio, exige consentimiento libre, previo e informado. Entraña hacer respe-tar los principios de prevención y precaución. Supone priorizar la soberanía nacional y el interés de l@s mexican@s por encima de las ansias de centros financieros forá-neos en crisis sedientos de lucro.

Ello compromete a lo mejor de no-sotros en el camino de una enérgi-ca y sabia acumulación de fuerzas y experiencias en la construcción de instancias del buen gobierno del agua. Que tomen y ejecuten decisiones, que vigilen, controlen y pongan fin al contubernio guber-namental con “los intereses” que sumen al país en el caos. El agua que fluye por los cauces de la pa-tria o que se anida en nuestro sub-suelo no será para éstos, será para nuestra patria sedienta de futuro.

El Segundo Congreso Nacional de Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2014 en la Universidad de Guadalajara, ade-más de evaluar los avances logra-dos, permitirá a los congresistas intercambiar experiencias sobre la construcción de fuerzas capa-ces de lograr el buen gobierno del agua usando un abanico de for-mas de lucha.

Para más información: www.aguaparatodos.org.mx

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C L G A I C C

Tema Iniciativa Ciudadana Propuesta Conagua Pertenencia de

las aguas La Nación. El Estado.

¿Quién tiene derecho al agua? Las actuales y futuras generaciones, y, por lo tanto, la naturaleza en primer lugar.

Los “sectores social y privado”. El “derecho humano al agua” se limitaría por razones de “interés social, orden público o seguridad nacional”.

Toma de decisiones sobre el agua

Regirían los Planes Rectores vinculantes, consensados por los Consejos de Cuenca ciudadanizados, desde lo local hasta el nivel de cuenca, en torno a metas nacionales.

El director general de Conagua sería transexenal, inamovible, con posible renombramiento.

¿De dónde vendría el agua?

Se restaurarían las cuencas y los fl ujos subterráneos por medio de cambios en patrones de consumo, producción y urbanización, junto con obras públicas y comunitarias para máximo aprovechamiento de aguas pluviales y residuales.

Megaproyectos concesionados (presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadores, tratadores) en torno a grandes y crecientes ciudades. Desalojo obligatorio de aguas pluviales.

Sistema de concesiones

Se recuperarían los derechos ancestrales de los pueblos originarios a sus aguas. El Consejo de Cuenca ciudadanizado determinaría dotación por habitante-día; volumen para soberanía alimentaria y usos no prioritarios, para recuperar equilibrio en 15 años. Concesiones para usos no prioritarios serían anualmente renovables dependiendo de disponibilidad y cumplimiento con normatividad y condicionantes.

Se conservaría el actual sistema de concesiones transferibles, de 20-30 años, de la Ley de Aguas Nacionales (causa de la grave sobreexplotación y acaparamiento hídrica actual), en el cual el Ejecutivo otorga volúmenes arbitrarios sin revisión pública, con reformas para permitir concesiones para fracking, trasvases y minería tóxica.

Mecanismo para garantizar agua y saneamiento a áreas sin servicio

El Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento para poblaciones sin acceso, para proyectos autogestivos.

Subsidios a organismos operadores.

Economía del agua El Derecho Humano al Agua vía política fi scal redistributiva, para obras públicas con bajos costos y mínimos requerimientos de energéticos.

Obras hidráulicas y servicios de agua y saneamiento con fi nes de lucro, y uso intensivo de energéticos sin control de costos. Acceso al líquido según capacidad de pago.

Organización de los sistemas de agua potable y saneamento

Comunitarios autogestionados o municipales ciudadanizados con representantes territoriales, transparencia y rendición de cuentas, y sin fi nes de lucro.

Preferentemente metropolitanos y privatizados.

Acceso equitativo a agua potable

Distribución equitativa de agua potable, monitoreada con macromedidores, sólo para uso doméstico y servicios públicos.

Mayores dotaciones a usuarios con mayor capacidad de pago (industriales y residenciales); “mínimo vital” para poblaciones vulnerables.

Tarifas Tarifas acordadas por asambleas de usuarios, según informes de gastos y presupuesto aprobados, ajustadas según valor del predial.

Tarifas garantizarían costo de inversiones y utilidades, con ajustes anuales obligatorios.

Prevención de daños

Obras y actividades potencialmente dañinas requerirían de consentimiento local y de Dictamen de Impacto Sociohídrico.

Protección de “Areas de Importancia Hídricoambiental”.

No se permitía uso del agua para fracturación hidráulica, minería tóxica ni el empleo de sustancias tóxicas industriales o agroquímicos.

No se podría autorizar nuevos proyectos de urbanización en cuencas en “extremo estrés hídrico”.

No se requeriría de evaluaciones de impacto ambiental para trasvases, desalinizadores, pozos ultraprofundos, geotermia, ni fracturación hidráulica. Seguiría pago de derechos por contaminar, y falta de medidas frente a agroquímicos.

Monitoreo e inspección

Concesionarios pagarían cuota para fi nanciar inspecciones ofi ciales, monitoreo ciudadano y Defensoría Socio Hídricoambiental (para demandas ambientales y de acción colectiva). Puntos de descarga serán accesibles al público. Medición en internet de volúmenes de entrada y salida.

Denuncias a la Conagua y/o a Profepa.

Sanciones

Concesionarios del agua perderían acceso si utilizan sustancias tóxicas o violan normatividad o condicionantes.

Remoción del cargo y aplicación de sanciones civiles y penales para funcionarios que incumplen.

“Las autoridades legislativas de la federación, estados y Distrito Federal deben emitir normatividad para sancionar a prestadores de servicios y funcionarios públicos que incumplen”.

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¿CÓMO GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA?Catarina Illsley Granich Grupo de Estudios Ambientales y Sociales, AC (GEA) catillsley@gmail.com

El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se anunciaron próximas inversiones de 250 mil

millones de pesos en macropresas, trasvases y desalinizadoras para hacer llegar el agua a todos los mexicanos. Esta visión, que asume el derecho humano al agua como dádiva del Estado a ser exprimido de un medio ambiente mezquino, para dotar el servicio a una pobla-ción pasiva, invisibiliza el vital pa-pel de las comunidades y sus eco-sistemas en la provisión de agua.

Las más grandes, complejas, efi-cientes y estables obras hidráulicas no han sido construidas por los humanos sino por la naturaleza. Los ecosistemas, en especial los sistemas montañosos y los hume-dales, captan, filtran y almacenan agua; sostienen complejos ciclos naturales que satisfacen necesida-des vitales, estéticas y espirituales; protegen contra desastres natura-les, y ayudan a estabilizar el clima.

El manejo campesino de los re-cursos naturales abarca el manejo del territorio para el abasto y ma-nejo de agua para consumo huma-no, para producción de alimentos de autoconsumo, para pequeña ganadería y manejo de bosques y selvas. Integra conocimientos y prácticas que favorecen la protec-

ción y restauración de los ciclos hi-drológicos en las cuencas, y por lo tanto, tendría que formar parte in-tegral de las estrategias para garan-tizar el derecho humano al agua.

Hoy en México, cerca de 30 por ciento del agua se capta en las cabeceras de cuencas hidrológi-cas, las cuales son habitadas por pueblos originarios clasificados de alta a muy alta marginación (Boege, 2008). Durante cientos y hasta miles de años, sus habitantes campesinos han desarrollado es-quemas de manejo complejos que permiten un aprovechamiento di-versificado de sus recursos, logran-do, entre otras cosas, mantener las funciones hidrológicas de sus ecosistemas. Sobran ejemplos de sistemas hidráulicos eficientes en el mundo prehispánico, desde el concepto de Altépetl (montaña de agua) hasta las chinampas, cam-pos elevados, chultunes, etcétera.

Para sobrevivir, desde siempre las comunidades han resuelto su abas-to de agua, generalmente sin pre-sencia activa del Estado: toman de-cisiones, generan acuerdos, ponen mangueras, perforan pozos, eligen semillas, crean instituciones y ma-nejan conflictos en torno al agua.

Cierto es que en muchos casos la dotación y calidad es insuficien-

te, y las condiciones para acceder al agua son penosas, sobre todo para las mujeres. Pero casi siempre hay una matriz de conocimientos y prácticas adaptada a las condicio-nes locales sobre la cual se puede construir una estrategia para ga-rantizar la dotación de agua para consumo humano y para la vida.

Se requiere impulsar políticas que integren la conservación y restau-ración de las funciones hidrológi-cas de los ecosistemas, sobre todo en las regiones proveedoras de agua, donde los ciudadanos sean actores plenos en la construcción del derecho humano al agua. Se requieren tecnologías de pequeña escala que ayuden a mantener el ciclo hidrológico y hacer más efi-ciente el manejo del vital líquido.

Múltiples experiencias muestran que el problema no es tanto de tecnología, sino de la falta de un proceso social para su generación o apropiación. Un gran número de proyectos han abandonado tecno-logías “apropiadas”: baños secos, cisternas cuarteadas, etcétera. No se trata de la inserción de tecno-logías, sino del involucramiento de las personas y las comunidades en la transformación de su presen-te y su futuro, en el cuidado de su entorno, en la creación de sus derechos.

Para que funcionen, las tecnologías tienen que ser definidas por medio de planes comunitarios y regionales integrales de desarrollo sustentable que pongan en el centro a las per-sonas y sus necesidades fundamen-tales, en un ambiente donde todos cumplan con los compromisos adquiridos. Los futuros tienen que ser integrados, y sus expresiones so-ciales y culturales respetadas. Las propuestas tienen que ser de bajo costo, basadas en el trabajo solida-rio de mano de obra local, y con uso preferente de recursos renova-bles y localmente disponibles, sobre todo energía limpia. Los proyectos

deberían aumentar la autosuficien-cia comunitaria, en vez de crear o amplificar las dependencias en sis-temas más allá del control local.

Podemos empezar a diseñar las obras locales que requerimos para el manejo adecuado, público y comunitario del agua en nuestros territorios. Existen las tecnologías, las metodologías y los recursos re-queridos. Ahora nos toca construir la voluntad política para reorientar los grandes montos destinados a megaobras dañinas y privatizantes que romperían los finos tejidos so-ciales, hídricos y ambientales.

Ecuador

LUCHA POR LA EL AGUA, LA VIDA Y LA DIGNIDADNayeli Moctezuma Pérez Maestrante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM

Se acerca la decisión legis-lativa de una nueva ley de aguas en Ecuador, marca-da por la lucha de los pue-

blos de este país por lograr el res-peto a los principios establecidos en la Constitución de Montecristi de 2008, la cual determina que el agua es un derecho humano, un bien nacional de uso público y un componente fundamental de la naturaleza con derecho a cumplir con sus ciclos vitales.

La lucha por el agua ha logrado aglutinar a una gran diversidad de sectores en Ecuador, porque impli-ca la defensa del territorio y de los pueblos, exige el equilibrio y la no acumulación y señala el camino al Sumak Kawsay, el Buen Vivir.

La ley propuesta por el gobierno de Rafael Correa centralizaba la toma de decisiones bajo la auto-ridad única de la Secretaría Na-cional del Agua, nombrada por el Ejecutivo. No contenía estrategias para superar el acaparamiento (el

uno por ciento de los sistemas de riego en Ecuador, que son de los hacendados, cuentan con el 64 por ciento del agua para este uso), ni para garantizar el respeto de los sistemas comunales (que implican a 86 por ciento de todos los siste-mas de riego). No protegía el agua frente a actividades extractivas y proyectos hidroeléctricos, ni ga-

rantizaba el derecho al consenti-miento informado de los pueblos.

La ley de Correa fue rechazada por la multitudinaria Marcha Plu-rinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos en marzo del 2012. Como resultado, se rea-lizan 22 consultas provinciales, y el tema está en la Mesa de Diá-

logo organizada por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Legislativa.

En todo este proceso, las organi-zaciones indígenas han defendido seis puntos irrenunciables:

1. Preservación y protección de fuentes de agua, zonas de recar-ga y ecosistemas vitales frente a toda actividad extractiva.

2. Consejo Intercultural y Plurina-cional del Agua, como autoridad máxima, constituido paritaria-mente entre el Estado y las co-munas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, pueblo montubio y afrodescendientes.

3. Gestión comunitaria y pública del agua.

4. Fondo Nacional del Agua, como parte del presupuesto general, a ser distribuido de manera oportuna, democrática, desconcentrada, intercultural

y plurinacional, a favor del uso doméstico, de la soberanía ali-mentaria y de la restauración ecológica.

5. Liberación del agua de la pri-vatización, mercantilización y acaparamiento, sin excepción.

6. Respeto a las decisiones de las comunidades: Que los pronun-ciamientos en la consulta pre-legislativa sean íntegramente in-cluidos en la nueva ley de aguas.

Si los plazos se cumplen, el pro-yecto de ley irá al pleno de la Asamblea en junio. Los pueblos han logrado consensos con los le-gisladores a favor de algunos de es-tos principios, y están preparándo-se para la vigorosa defensa de los faltantes: la protección de fuentes de agua frente a dinámicas mine-ras, la liberación de la privatiza-ción y la necesidad de contar con un consejo plurinacional del agua en vez de una autoridad única gu-bernamental.

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EL AGUA COMO DERECHO HUMANO Y BIEN COMÚNRodrigo Gutiérrez Rivas Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, y especialista en derecho constitucional y derechos humanos

Los derechos humanos, antes que normas jurídi-cas, son procesos históri-cos de lucha por medio

de los cuales grupos subalternos pugnan por universalizar el acceso a bienes o intereses fundamentales para la vida, frente a poderes fác-ticos que intentan convertirlos en privilegios o mercancías.

Es el caso del derecho al agua en México. Su ascenso a la Consti-tución no se explica sin las muje-res mazahuas, armadas con rifles de madera, rebelándose contra el saqueo y la discriminación que, en nombre del interés general, esconde el enorme trasvase Cut-zamala; sin el Consejo de Pueblos

de Morelos, que lleva años defen-diendo sus sistemas comunitarios de gestión del agua frente a la in-vasión de las inmobiliarias sobre sus territorios ancestrales; sin los hombres y mujeres del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), que frenaron con plantones y amparos la embestida gubernamental y de trasnacionales que intentó silen-ciar el río Papagayo con el muro de la presa; sin las miles de perso-nas que desde hace años, en todo el país, luchan desde sus pueblos, barrios y comunidades contra el saqueo, el acaparamiento, la contaminación, la privatización y la distribución no equitativa de nuestro bien común agua.

Esos esfuerzos, y el conocimiento adquirido por medio de ellos, han ido prefigurando el contenido del derecho humano al agua y su relación con la supervivencia de personas, culturas y naturaleza.

El contenido esencial del dere-cho al agua se ha desarrollado en distintas normas que pueden ser útiles para precisar sus alcances, y para crear un marco institucional de exigencia que obligue a las au-toridades a concretarlo (lo que en el contexto del México actual sólo se logra acumulando fuerza social).

Una de esas normas se encuentra en el párrafo sexto del Artículo Cuarto de nuestra Constitución, el cual establece que todas las personas en México tenemos el derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua para nues-tro consumo personal y domésti-co. Ese acceso debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Dicho párrafo también incluye la obligación estatal de garantizar que el acceso a este bien común sea equitativo, sustentable y que su gestión sea participativa. Se trata de un mandato contundente que obli-ga a relacionar el derecho humano al agua con la sustentabilidad y gestión participativa popular. Esto se traduce, entre otras cosas, en la obligación de respetar la larga tra-dición de gestión barrial o comuni-taria que existe en todo el país.

El derecho internacional, ahora vinculante gracias al Artículo Pri-

mero Constitucional, nos permite precisar los alcances de este dere-cho y cómo debería relacionarse con los principios de gestión sus-tentable y participación popular.

La Observación General número 15 nos da una interpretación pre-cisa del los artículos relevantes del Pacto Internacional de los Dere-chos Económicos, Sociales y Cul-turales (PIDESC). Según este Pac-to, los Estados firmantes quedan obligados a respetar “El derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que pue-dan afectar su ejercicio del derecho al agua debe ser parte integrante de toda política, programa o estra-tegia con respecto al agua (…) La obligación de respetar exige que los Estados partes se abstengan de (…) inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradi-cionales de distribución del agua”.

La Observación 15 establece un vínculo directo entre el derecho al agua y la sustentabilidad: “Los Esta-dos Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar porque las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre”.

“Esta exigencia implica: a) re-ducción de la disminución de los recursos hídricos por extracción insostenible, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hi-drográficas (…); c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que los proyectos de desarrollo no

obstaculicen el acceso al agua po-table; e) examen de las repercusio-nes de ciertas actividades que pue-den afectar la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales (…)”.

Estos mandatos son vinculantespara todas las autoridades, inclu-yendo el Legislativo, lo cual toma especial relevancia ahora que la Legislatura tiene la obligación constitucional de elaborar una nueva Ley General del Aguas, ley que tendrá que servir como garan-tía del derecho humano al agua en el país. Si bien el legislador tiene un margen de libertad para discu-tir su contenido, también tiene un conjunto de límites y orientaciones, como los que señalamos en los pá-rrafos anteriores.

Frente el requerimiento de elabo-rar un nuevo marco legal para la gestión del agua, un sector amplio de la sociedad mexicana –pueblos, barrios, colonias, campesinas y campesinos, indígenas, académi-cas y académicos– decidieron auto convocarse para discutir un pro-yecto ciudadano de Ley General de Aguas. Esta iniciativa propone instrumentos concretos para rela-cionar el derecho humano al agua con la sustentabilidad de las cuen-cas y el gobierno participativo del agua, en congruencia con el marco constitucional e internacional de los derechos humanos.

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BUSCANDO EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA EN LA CONSTITUCIÓN ESTATAL DE ZACATECAS

José Vela Frente Popular de Lucha de Zacatecas, CNPA

El primero de abril 2014, los diputados de oposición en Zaca-tecas presentaron una iniciativa de reforma al artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a fin de consagrar el derecho al agua como un derecho funda-mental y humano del ciudada-no en este estado. Tiene como finalidad la armonización legis-lativa con la reforma a la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y convertir el derecho humano al agua en

el eje y principio jurídico sobre el cual se elaborará la nueva Ley del Agua en Zacatecas.

Zacatecas comparte con es-tados del norte del país la ne-cesidad de un marco sólido favorable a la sustentabilidad y acceso equitativo, dado su clima semidesértico y sequias recurrentes, la sobre explota-ción de su acuíferos y el uso intensivo del agua por empre-sas trasnacionales mineras y cerveceras.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSReforma al Artículo 4 (8 de febrero de 2012)

• “Toda persona ene de-recho al acceso, dispo-sición y saneamiento de agua para consumo per-sonal y domés co en for-ma sufi ciente, salubre, acep|table y asequible.”

• “El Estado garan zará este derecho y la ley de-fi nirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equita vo y sustentable de los re-cursos hídricos estable-ciendo la par cipación de la Federación, las en- dades federa vas y los

municipios, así como la par cipación de la ciu-dadanía para la consecu-ción de dichos fi nes.”

• “3er Transitorio. El Con-greso de la Unión con-tará con un plazo de 360 días para emi r una Ley General de Aguas.”

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Tabasco

ENTRE LA UTOPÍA DEMOCRÁTICA Y EL DESDÉN OFICIAL Luis Rey Carrasco Linares Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo -Unidad Regional Universitaria Sursureste. Vocal titular del Sector Académico ante el Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta reykrras.chapingo@gmail.com

Aunque limitados en su al-cance por su carácter con-sultivo, los Consejos de Cuenca son instancias di-

señadas para la cogestión del agua. En el país operan 26 Consejos de Cuenca que la aún vigente Ley de Aguas Nacionales define como órganos colegiados de integración mixta entre representantes de los tres niveles de gobierno y la ciuda-danía, para contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos y restablecer el equilibrio entre su disponibilidad y aprovechamiento.

En el territorio que corresponde al Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta contrastan altos índices de marginación so-cial con una gran riqueza natural y cultural: concentra 30 por cien-to de los escurrimientos del país; 40 por ciento de su capacidad hi-droeléctrica y 64 por ciento de su biodiversidad, con menos de cinco por ciento de su territorio.

A pesar de una falta de impulso a nivel oficial, la sociedad se mueve y crea espacios de participación

y negociación. Muestras de esta vitalidad incluyen al Movimiento de Chiapanec@s en Defensa del Agua, que ha generado un referén-dum cuestionando la privatización del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Tuxtla Gutiérrez, y ha presentado una pro-puesta integral para lograr su buen funcionamiento como entidad pú-blica con participación ciudadana.

El movimiento comunitario en Chicomuselo (Chiapas) ha decla-rado sus territorios libres de presas y minería tóxica. Los pueblos rura-les y originarios de Tabasco están luchando contra la contaminación de sus aguas y la inundación perma-nente de sus tierras. En la cuenca Motozintla avanzan procesos ciuda-danos para la gestión del riesgo de desastres, y los Comités de Cuen-ca en los ríos San Pedro-Missicab, Almandros-Oxolotán y Chacamax y Valle de Jovel están realizando procesos de planeación y gestión de sus tierras y aguas.

Estos procesos sociales están ar-ticulados con redes de investiga-

ción-acción, como son la Red de Investigadores Sobre el Agua en la Frontera México-Guatemala-Belice (RISAF), el Proyecto Fondo Institu-cional del Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt)-Cuenca Grijalva y el Seminario Internacio-nal Grijalva-Usumacinta.

Muchos de los participantes en estos procesos convergen en la Asamblea General de Usuarios del Agua de Chiapas y Tabasco. Este espacio ha permitido una par-ticipación articulada, crítica y pro-positiva, para frenar imposiciones y lograr acuerdos. Como ejemplo, por medio del Seminario Internacional

Grijalva-Usumacinta, el propuesto Programa Hídrico Regional Vi-sión 2030 para la región (Conagua, 2012), está pasando por el tamiz de los conocimientos científicos y las experiencias y saberes locales.

Nuestra experiencia nos muestra que se requiere de espacios en donde los ciudadanos podamos participar directamente en la toma de decisio-nes sobre el agua en el territorio. Se requiere de consejos de cuenca que cubran territorios menos extensos. Se requiere construir su legitimidad desde lo local, abriendo las instancias de microcuenca a la participación de todos los habitantes, con represen-tantes elegidos directamente a nivel subcuenca y cuenca. Sus planes y acuerdos deben ser vinculantes. Y se requiere promover nuestra identidad como ciudadanos de las cuencas.

Ante el desdén oficial, en Grijalva-Usumacinta y en todo el territorio na-cional, los crecientes conflictos por el agua abren sus propios cauces de expresión y construyen la plataforma social para la resolución colectiva de los asuntos del agua en México.

Chiapas

VALLE DE JOVEL: POTENCIAL Y LÍMITES EN LA COLABORACIÓN CIUDADANOS-GOBIERNOTeresa Zepeda Coordinadora del grupo de trabajo de Capacitación y Organización del Comité de Cuenca Valle de Jovel, y coordinadora de Alianza Cívica Chiapas

Dada la importancia del agua en la vida, se re-quiere nuestra partici-pación para la gestión

integral de los recursos hídricos en el territorio que habitamos. La actual Ley de Aguas Nacionales especifica que la ciudadanía pue-de colaborar por medio de los Co-mités, Comisiones o Consejos de Cuenca. Estas instancias son órga-nos colegiados de integración mix-ta, para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por microcuenca, subcuenca y cuenca, respectivamente.

Los Comités de Cuenca permiten atender problemáticas muy especí-ficas a nivel local. Al 31 de diciem-bre de 2011, se habían instalado 41 comités en el país, según señala el Atlas Digital del Agua México (Conagua, 2012). De éstos, 15 se encuentran en Chiapas.

Valle de Jovel es una cuenca tributaria del río Grijalva, que comprende cinco municipios de Chiapas: Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Tenejapa y Zinacantán. La parte más alta se ubica a dos mil 880 metros sobre el

nivel del mar (msnm) y la más baja a dos mil 110 msnm. El Comité de Cuenca Valle de Jovel fue instalado el 5 de junio de 2007. Pasaron dos años para que fuese nombrada su gerencia operativa, la cual se encargó de convocar a los diferen-tes sectores de usuarios y organizaciones so-ciales para darle una estructura.

La redacción de su reglamento interno comenzó en 2008, y no terminó hasta febrero del 2012, en parte por la polé-mica de cuántos representantes de sectores debían ser incluidos. Finalmente, se acordó integrar a 16 representantes de sectores de la sociedad: académicos, cen-tros de investigación y culturales (uno); organizaciones civiles: de derechos humanos, ecologistas, de desarrollo social, de salud y de mujeres (cinco); usuarios para co-mercio y servicios, industriales y público urbano (tres); organismos operadores independientes (uno); patronatos de agua potable (uno);

organizaciones agrícolas (uno); ba-rrios y colonias de las zonas norte, sur, oriente y poniente (cuatro). De acuerdo con la Comisión Nacio-nal del Agua (Conagua), es el úni-co Comité de Cuenca que cuenta con un reglamento interno.

De diciembre de 2009 a mayo de 2010, se realizó un proceso par-ticipativo para generar el Plan de Gestión del Comité de Cuenca, el cual, con base en recorridos de diagnóstico y el análisis de infor-mación existente, propone las estra-tegias y acciones para lograr el fun-cionamiento óptimo de la cuenca.

Este espacio de coordi-nación entre gobierno y ciudadanía ha sufrido por no ser vinculante ni prioritario para las dependencias guberna-mentales, cuyos repre-sentantes han acudido a las sesiones como rutina de trabajo, sin dar segui-miento a los acuerdos. No han elaborado pro-gramas operativos inter-conectados para instru-mentar el Plan; tampoco ha habido los recursos financieros suficientes

para proyectos a mediano plazo.

Sin embargo, por iniciativa propia, los sectores sociales del Comité han desarrollado proyectos con impacto social, como el monito-reo de calidad del agua en la red de distribución de San Cristóbal de Las Casas. De junio a diciem-bre del 2012, se tomaron muestras en 16 sitios –manantiales, tanques elevados y pozo profundo–. Como resultado, los sectores sociales del Comité pidieron acciones correc-tivas y recomendaron ampliar los puntos de muestreo y los paráme-tros fisicoquímicos monitoreados.

También se acordó realizar un pro-ceso de validación de datos de las instituciones públicas encargadas con el monitoreo de calidad del agua, para posteriormente diseñar una Red de Monitoreo y Calidad del Agua. Desafortunadamente, los representantes gubernamen-tales empezaron a posponer las reuniones acordadas para este fin, hasta lograr desgastar la iniciativa ciudadana.

En el 2013 y lo que va de este año, el espíritu del desánimo y desin-terés se ha sentado en el Comité, derivado de la paralización insti-tucional que ocasionó el cambio sexenal de gobierno federal y esta-tal. A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales especifica que la Co-nagua “convocará a las organiza-ciones (…), ejidos y comunidades, instituciones educativas, (…) para que puedan participar en los pro-cesos de toma de decisiones en ma-teria del agua y su gestión”, existe un muro y silencio impenetrable, mientras que las aguas corren cuenca abajo, erosionando la tie-rra, desangrando y contaminando la Madre Naturaleza, y poniendo en riesgo nuestro mayor tesoro, la vida de nuestros ecosistemas.

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CUENCAS Y CIUDADESHelena Cotler Directora de Manejo Integral de Cuencas. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Rossana Landa Coordinadora, Programa de Conservación de Cuencas del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Campaña Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida Luisa Paré Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Sendas y Asamblea LAVIDA.Campaña Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida

Hoy en día México es un país urbano; el 72 por ciento de la población vive en ciudades, las

cuales consumen una gran cantidad de bienes (agua, alimentos, fibras, madera) producidos y transporta-dos desde ámbitos rurales. Generan enormes cantidades de desechos que contaminan ríos y arroyos e im-pactan ecosistemas. Requieren de servicios ambientales para prevenir inundaciones y erosión, así como para regular procesos hidrológicos.

En las décadas recientes las ciu-dades han crecido sin una planea-ción que asegure el abasto de estos bienes y servicios ambientales sufi-cientes a sus exigencias. Sin tomar medidas para un aprovechamiento eficiente, demandan la importación de agua vía trasvases, afectando el abasto a comunidades rurales y la sustentabilidad de otras cuencas.

Esta situación responde a un mo-delo extractivo de gestión de agua que considera a este recurso como infinito y desligado de la integri-dad y el funcionamiento de los ecosistemas circundantes. Así se ha alterado drásticamente el ciclo hidrológico, al disminuir la capaci-dad de infiltración, de recarga y de depuración por medio de sucesivas intervenciones con infraestructu-ra, sin las debidas consideraciones ambientales. Se extrae más agua de la que el ciclo hidrológico es capaz de proveer de manera sustentable.

Este modelo de extracción en tor-no a grandes urbes está ejerciendo presión en muchas cuencas del país, por ejemplo, en las subcuen-cas que conforman el Sistema Cutzamala para llevar agua a la Ciudad de México; sobre la cuen-ca del Pánuco para abastecer a la ciudad de Monterrey (proyecto Monterrey VI), y sobre las aguas del río Sonora y río Yaqui para la provisión de agua a Hermosillo vía el acueducto Independencia.

El modelo de extracción también implica la generación de dese-chos. Se estima que en México se da tratamiento a sólo 15 por ciento de las aguas residuales, por lo que cada año se descargan alrededor de 12 mil millones de metros cúbi-cos de agua contaminada a los dis-tintos cuerpos de agua (Arreguín, 2004). El tratamiento y reúso local de estas aguas reduciría gran parte de las presiones sobre el ambiente, tanto para la provisión del recurso como para la asimilación de los contaminantes.

Ante escenarios de incremento en la demanda de agua y ciclos hidrológicos cada vez menos pre-decibles debido al cambio climá-tico, se ha vuelto más complejo y urgente lograr una buena gestión de nuestras fuentes de agua, lo que conlleva una planeación de las actividades productivas y eco-nómicas. De allí la importancia de construir planes rectores que

guíen el desarrollo económico y el crecimiento de las ciudades sin de-trimento de los ecosistemas terres-tres e impulsando la participación y la equidad social.

Los ecosistemas se sostienen por la interacción continua de sus componentes en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto, es imposi-ble solucionar un problema eco-sistémico manipulando sólo un componente: el agua. Apremia un cambio de paradigma hacia una visión más integral. En este senti-do, un enfoque de cuenca (Cotler, 2007) nos permitirá entender las interrelaciones entre la población humana y los recursos naturales.

Las cuencas sanas, además de ser el territorio de quienes se organi-zan, viven y trabajan allí, permi-ten mejorar la disponibilidad de agua, respondiendo con esto al mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Constitución (la reforma al Ar-tículo Cuarto, en febrero de 2012) de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento; regular el flujo hidrológico y disminuir inundaciones por eventos hidro-meteorológicos extremos, y crear mejores condiciones para la adap-tación frente a sequías ocasiona-das por el cambio climático.

Pero este nuevo paradigma tam-bién requiere de una nueva ges-tión del agua que transite de un

modelo extractivo a uno susten-table, lo cual implica cambiar la lógica de uso del agua para prio-rizar las necesidades humanas básicas antes que las industriales-extractivas, identificando e inter-nalizando los impactos sobre el agua que cada actividad genera y reconociendo las interrelacio-nes que éstas mantienen en el territorio.

Para lograrlo se requiere de una gobernanza del agua con amplia participación ciudadana, activa, exigente, vigilante y responsable, y así superar una visión adminis-trativa y coercitiva basada en regla-mentos, que no son respetados por la misma autoridad y tampoco son asumidos como una responsabili-dad compartida.

Se requiere de una nueva institu-cionalidad que respete a las orga-nizaciones comunitarias, y espa-cios de participación social desde el nivel de barrio urbano o comu-nidad rural, de subcuencas y de cuencas. El enfoque de cuenca es necesario para superar las actuales descoordinaciones sectoriales y entre gobiernos municipales. Ade-más, este enfoque ofrece la opor-tunidad de acciones conjuntas en-tre gobierno y sociedad civil para elaborar e implementar soluciones eficientes, equitativas y sostenibles a los problemas hídricos y de de-sarrollo; de cuenca arriba hacia cuenca abajo en el sentido geográ-fico y, de abajo hacia arriba en el sentido socio ambiental, buscando resolver la mayoría de los proble-mas a nivel local.

Veracruz

LAVIDA: ORGANIZACIÓN CIUDADANA PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIOGerardo Alatorre Frenk

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) nació en agosto de 2010,

cuando se celebró en Xalapa el Primer Foro Estatal de Afectados Ambientales. Ahí reconocimos la extrema gravedad de los problemas ambientales, estrechamos vínculos entre los diversos grupos, asociacio-nes y ciudadanos, y establecimos compromisos para caminar juntos en la defensa de nuestro territorio, nuestro ambiente, nuestros recur-sos, nuestra salud y los derechos humanos de todos y todas. Nues-tras movilizaciones van más allá de la resistencia y la oposición: busca-mos, además, construir alternativas y cultivar el disfrute de la vida.

Se trata de una red de personas movilizadas, con un nodo central en Xalapa y nodos en distintas re-giones del estado en torno a grupos involucrados en luchas específicas.

Además LAVIDA cuenta con alia-dos: académicos, comunicadores, abogados, artistas, organizaciones estudiantiles y magisteriales, organi-zaciones cívicas y algunos legislado-res. En poco tiempo LAVIDA se ha convertido en referente para asuntos socioambientales en el estado.

Buscamos transitar hacia la susten-tabilidad, la justicia y la democra-cia participativa. Para ello acom-pañamos y buscamos fortalecer las luchas regionales frente al embate extractivista del gran capital, tejien-do enlaces en las escalas regional, estatal, nacional e internacional. Intentamos construir el futuro que queremos vivir en lo cotidiano, en las luchas de mediano plazo y en la política pública a escala nacional.

Veracruz y sus paradojas. Nuestro estado tiene un rico patrimonio biocultural, pero está sumamente lastimado. Aunque llueve copio-

samente y cuenta con caudalosos ríos, muchas comunidades care-cen de agua. Donde anteriormente había bosques y selvas, hoy vemos potreros, cañaverales, plantaciones, carreteras y fraccionamientos. La intensa actividad petroquímica, los numerosos ríos, la única planta nu-clear del país y el potencial eólico y de gas esquisto le dan al estado un lugar muy visible en las estrategias de producción de energía. Vivimos junto a un golfo que está acumu-lando energía térmica, con efectos devastadores para los habitantes de fraccionamientos que nunca debe-rían haber sido autorizados.

Ejes de trabajo. LAVIDA inició su labor en torno a los siguientes casos: la contaminación por Granjas Ca-rroll, de cerdos, en el valle de Perote; los proyectos hidroeléctricos sobre los ríos Bobos-Nautla y Blanco (Presa El Naranjal); las afectaciones a poblacio-nes nahuas de la Sierra de Zongolica

por la presa Proyecto Veracruz, y por proyectos de minería a cielo abierto, como Caballo Blanco; la defensa de humedales y la problemática de los asentamientos humanos en zonas inundables; la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, y las afectaciones por Pemex y otras industrias.

En tiempos recientes han venido sumándose nuevos ejes de movi-lización: el impulso a la iniciati-va ciudadana de Ley General de Aguas, como parte de la Campaña Nacional Agua para todos, Agua para la Vida; contra una presa so-bre el río Pescados-La Antigua, supuestamente para llevar agua a Xalapa; la defensa de los arrecifes y las dunas costeras ante proyectos portuarios; contra el hostigamiento a los activistas socioambientales y por la debida actuación de las auto-ridades judiciales en el caso de Noé Vázquez, de Amatlán de los Reyes, asesinado en 2013 en ocasión del

Encuentro Nacional del Movi-miento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder); las afectaciones por depósitos de coque en Jáltipan y el Puerto de Ve-racruz; la amenaza de la extracción de gas esquisto (shale) por fractura hidráulica (fracking), a la que está expuesto el 90 por ciento de nuestro estado, y el proyecto de trasvase de aguas del río Pánuco hacia Tamau-lipas y Nuevo León (Monterrey VI).

En última instancia, no se trata de una multitud de amenazas distintas, sino de un proceso de apropiación abusiva de territorios que afecta pueblos, culturas y economías loca-les. Asistimos a una presión sobre el agua: para llevarla a ciudades lejanas, para producir energía, para la mine-ría a cielo abierto, para el desarrollo industrial y agroindustrial y para la fractura hidráulica. Por ello, el agua es el elemento central en la lucha so-cioambiental veracruzana.

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Coahuila

PARTICIPACIÓN PRIVADA EN ORGANISMOS OPERADORES Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS)

La privatización de los siste-mas de agua y saneamien-to ha adoptado diversas formas pero presenta una

constante: el traspaso del control y la gestión de las operaciones a em-presas privadas, convirtiéndolas en fuentes de lucro para el capital.

Más de dos décadas de experien-cias acumuladas de privatización de los sistemas de agua en todo el mundo demuestran que los resultados obtenidos difieren mu-cho de los compromisos pactados entre los gobiernos y las empre-sas privadas: a) las empresas han invertido menos de lo esperado; b) los precios de los servicios han aumentado; c) el agua en muchas ocasiones es de mala calidad; d) se han dado muchos casos de corrup-ción; e) los sindicatos se han debi-litado; f) la rendición de cuentas se reduce y hay poca transparencia; g) la supervisión de las empresas privadas ha sido más difícil que la de los organismos municipales;

h) no se han aplicado sanciones ni rescisión de contratos por incum-plimiento; e i) al perseguir sus utilidades, las empresas ignoran aspectos sociales y ecológicos.

En muchos países los aspectos ne-gativos han dado lugar a la cance-lación de los contratos de privatiza-ción, y la remunicipalización ahora es una tendencia a escala mundial.

Uno de los casos más exitosos de remunicipalización es del siste-ma de agua de París, sede de las dos trasnacionales más grandes del sector agua, Suez y Veolia, en 2010. La nueva empresa pública –Eau de Paris– ha demostrado ser un proveedor eficiente, transpa-rente y responsable social, laboral y ambientalmente. En su primer año logró un ahorro de 35 millo-nes de euros, lo que permitió redu-cir las tarifas en ocho por ciento; además, ha otorgado dotaciones solidarias de agua a más de 40 mil hogares de bajos ingresos y ha es-

tablecido asociaciones de solidari-dad con varias ciudades de países en vías de desarrollo.

En América Latina se han dado va-rias experiencias de remunicipaliza-ción, la más conocida de las cuales es la de Cochabamba, Bolivia, en don-de los abusos (en especial el aumento de tarifas y la privatización del agua de lluvia) cometidos por la empresa Bechtel, a cargo del sistema de agua de 1993 a 2000, desataron una serie de protestas conocidas como “La gue-rra del agua”. El gobierno de Bolivia rescindió el contrato con Bechtel, a lo cual la empresa respondió con un proceso legal para reclamar 25 millo-nes de dólares de indemnizaciones por daños. Finalmente retiró la de-manda después de intensas protestas de los bolivianos y a nivel mundial.

En México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha promovi-do desde 2001, por medio de su programa Promagua, la partici-pación privada en los sistemas de

agua, mediante tres esquemas di-ferentes: concesiones, contratos de servicios y empresas mixtas.

En Saltillo se creó en 2001 la empresa mixta Aguas de Saltillo (Agsal) después de un oscuro pro-ceso de licitación.

A pesar de que Agsal presume ser una empresa de éxito, los usuarios han resentido los aspectos nega-tivos de la gestión de la empresa, entre otros: a) no se respeta el ca-rácter público del servicio y el dere-cho humano al agua; b) Aguas de Barcelona, dueño de 49 por

Distrito Federal

LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA A FAVOR DE TRASNACIONALESDelia Montero Profesora Investigadora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa Jaime Rello UPREZ

La privatización del agua ha avanzado en el Dis-trito Federal desde 1996, por medio de concesio-

nes a cuatro trasnacionales con li-gas con corporaciones mexicanas. Con una división de la ciudad en

zonas, se otorgaron contratos de concesión a cuatro empresas, los cuales vencen el próximo año:

1) Proactiva Medio Ambiente SAPSA, filial en México aso-ciada a ICA, de la trasnacional

francesa Vivendi-Veolia, que opera en 77 países;

2) Industriales del Agua de la Ciu-dad de México, filial en México asociada al Grupo Peñoles, de la trasnacional Suez, empresa francesa cuyo incumplimiento y malas cuentas han provocado la remunicipalización del agua en Buenos Aires, Argentina y Montevideo y Uruguay;

3) Tecnologías y Servicios del Agua, también perteneciente a Suez, y

4) Agua de México de United Utilities, la compañía británica más poderosa de Inglaterra.

Los contratos abarcaban tanto el sistema comercial (medidores, facturación y cobro) como obras de infraestructura y el programa de sectorización. Lo anterior con-dujo a constantes cortes de agua domiciliaria por toda la ciudad en violación de la Ley General de Salud.

Ahora, la privatización se profun-diza con Plan para el Agua de Fu-turo, anunciado por el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) el 26 de marzo. Mediante la descentralización del

Sacmex, a punto de aprobarse en la Asamblea Legislativa del Distri-to Federal, se busca concesionar la instalación de medio millón de nuevos medidores, cambios en la tubería y la facturación y garanti-zar pagos a las trasnacionales por cada metro cúbico que recuperen de fugas de las redes primaria y secundaria.

Además, Sacmex busca dar nue-vas concesiones por 15 años sin una evaluación pública de las

concesiones anteriores. En varias ciudades francesas, por ejemplo, se hacen contratos de tres o cuatro años previa licitación y antes del término son los usuarios quienes evalúan y deciden si se renueva el contrato o no. Concesiones a largo plazo no sólo debilitan la posibili-dad de presionar a las empresas por incumplimiento, sino que dejan al gobierno vulnerable a demandas exorbitantes en tribunales inter-nacionales en caso de que las em-presas sientan que sus utili-

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ciento de las acciones de Agsal, tiene el control adminis-trativo y técnico, y ha convertido el agua en un negocio muy re-dituable; c) las tarifas por consu-mo han sufrido siete aumentos indebidos—además de los men-suales por inflación: d) se han aplicado cobros indebidos y un gran número de cortes; e) se han violado la Constitución, y otros ordenamientos legales; f) la falta de potabilidad ha propiciado el consumo de agua embotellada; g) a pesar de la sobre explotación de los acuíferos, se suspendieron las campañas de ahorro; h) se ha presentado información falsa e incongruente, i) las autoridades municipales han hecho caso omiso de las quejas ciudadanas.

En Ramos Arizpe, población vecina de Saltillo, se aprobó a finales del 2012 –en forma atropellada e ilegal– la forma-ción de la empresa mixta Aguas de Ramos Arizpe (Agra), en la que Agsal participó con 48 por ciento de las acciones. Agra em-pezó a operar el uno de enero de 2013, y en poco más de un año sus abusos (principalmente cobros arbitrarios de adeudos, aumentos en las tarifas y cor-tes) provocaron un gran males-tar entre los ramosarizpenses, quienes realizaron manifesta-ciones y presentaron amparos y quejas. El clamor popular fue tan grande que el candidato a alcalde para 2014-2017, Ricardo Aguirre, prometió en su campa-ña remunicipalizar el sistema de agua, lo que se logró en forma definitiva el 11 de abril de 2014.

La privatización de los organis-mos operadores de agua se está expandiendo a otros estados del país, empezando por Puebla. Es necesario difundir las experien-cias de los usuarios, y encontrar alternativas para lograr una efectiva participación y control ciudadano sobre estos sistemas de los cuales nuestras vidas de-penden.

dades esperadas pudieran ser afectadas por cambios en la normatividad, o incluso por can-celación de sus concesiones por cualquier causa.

La infraestructura hidráulica de la ciudad con base en la cual estas empresas generarían sus ganancias ha sido financiada con los impuestos, y en el caso de las colonias populares, con el trabajo y las aportaciones de los propios usuarios.

Frente a la falta de información y confiabilidad en la calidad del agua distribuida y cobrada como “potable”, los habitantes de la Ciudad de México gastan anualmente más de cuatro mil millones de pesos en la compra de agua embotellada.

Todas las tareas que se busca concesionar pueden ser mane-jadas eficientemente por téc-nicos mexicanos al servicio de sistemas públicos, sin tener que garantizar el pago de utilidades a empresas extranjeras. Podrían aprovecharse programas como el Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM, que ha logrado innovaciones sorprendentes en materia de control de fugas, calidad de agua y técnicas para el ahorro en el consumo. En la Ciudad de México se abre un incipiente proceso de evalua-ción ciudadana desde el Progra-ma de Derechos Humanos del Gobierno del Distrito Federal, que exige una amplia evalua-ción de la población sobre la calidad, la disponibilidad, la accesibilidad y la no discrimi-nación por parte de las cuatro empresas, antes de tomar deci-siones en cuanto a la firma de nuevas concesiones en 2015.

Finalmente somos los usua-rios los que debemos decidir. ¿Frenaremos los habitantes de la Ciudad de México la ruta desventajosa que en el resto del mundo está siendo superada?

Estado de México

TECÁMAC: EXPERIENCIA CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLEJosé Ricardo Ovando Ramírez Comisionado de Prensa y Propaganda de la Secretaría de Acción Social del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, AC

Los más de dos mil 500 sis-temas ciudadanos de au-toabasto de agua potable que hoy operan en Méxi-

co, son el resultado de décadas de trabajo autogestivo comunitario, por un lado, y del descuido y falta de interés del Estado, por el otro.

En este espacio nos centraremos en los sistemas independientes de agua que hoy operamos en lo que fueron las riberas del lago Xal-tocan, siendo uno de cinco anti-guos lagos (con Chalco, Texcoco, Xochimilco y Zumpango) que ro-deaban la gran México-Tenochtit-lan. El Sistema Independiente de Tecámac tiene como origen varios sucesos de devastación ambiental que dejaron una huella profunda en la cuenca de México. El prime-ro fue la política de trasvase inau-gurada en la época de la Colonia (1608) con la perforación del túnel de Nochistongo, para prevenir las inundaciones que resultaron de la destrucción de las obras de inge-niería hidráulica indígena. Siguie-ron otras más faraónicas, como los túneles de Tequixquiac (1900 y 1942), el Sistema de Drenaje Profundo (1975) y, ahora, con un avance físico de 26 por ciento a un costo hasta la fecha de 22 mil mi-llones de pesos, el Túnel Emisor Oriente (TEO).

Con estas obras, la política indí-gena de aprovechar el agua de la cuenca en la misma cuenca fue imposibilitada y, con la excepción de Tláhuac y Xochimilco, el siglo XX fue testigo del trágico fin de su sistema de producción alimentaria y de vida lagunario.

A principios del siglo XX muchos pueblos ubicados en las riberas del lago de Xaltocan, Tecámac entre ellos, todavía pescaban y cazaban aves migratorias sobre los últimos remanentes lacustres. Pero la dese-cación final en la década de 1950 obligó a los pueblos ribereños a de-pender de los vasos captadores de agua de lluvia de origen indígena, los jagüeyes, hasta que aberrantes decisiones políticas fueron destru-yendo estos vasos captadores. En Tecámac, por ejemplo, el jagüey Tlatepingo, el más importante de la comunidad, fue destruido en los 60 s para construir una plaza de toros que ahora se inunda en cada temporada de lluvias.

Sin embargo, desde mediados del siglo pasado los siempre previsores pueblos de la región, con recursos económicos propios, empezamos a perforar nuestros primeros po-zos y a incrementar nuestras redes para cumplir con el crecimiento natural de la población.

A finales de los 90’s, nos fue im-puesta una nueva política de ur-banización salvaje sobre nuestras tierras forestales, agrícolas y de recarga de acuífero, y el gobier-no inició una guerra para tomar el control de nuestra agua para

beneficio de las empresas inmo-biliarias. Para defendernos, tuvi-mos que transformarnos de sim-ples comités ciudadanos de agua a asociaciones civiles para contar con la personalidad jurídica para emprender juicios ante los tribu-nales del Estado. En los estatutos hicimos explícito que nuestro sis-tema no tiene fines de lucro, sino sociales que incluyen la defensa ecológica del territorio y del agua.

Nuestra forma de gobierno se basa en los usos y costumbres reconoci-dos en el Artículo Segundo Cons-titucional y en el Código Civil. Realizamos asambleas del pueblo en donde tomamos decisiones para mejorar nuestros sistemas de agua, y en donde cada tres o cuatro años renovamos mesas directivas.

En Tecámac, nuestro sistema de planeación se basa, esencial-mente, en el mejoramiento de la infraestructura (pozos y redes). Las decisiones presupuestarias las toma el Consejo de manera democrática, gastando sólo lo que se ingresa por consumo y por la

instalación de tomas nuevas (que son nuestra única fuente de in-greso). Las tarifas se deciden en la asamblea general de usuarios aso-ciados. En toma domestica, por ejemplo, cobramos 150 por cien-to menos que las zonas en donde opera el organismo del gobierno municipal. Las tarifas diferencia-das por distintos usos nos han ser-vido para cobrar el consumo del vital líquido según la capacidad de pago. Aunque aproximada-mente 40 por ciento de usuarios asociados no pagan sus consumos, el sistema es autofinanciable.

Cada comisión que integra el Sistema de Agua presenta in-formes anuales en las asambleas de usuarios asociados, los cuales están a disposición de ellos siem-pre y cuando los soliciten por

escrito. No hemos permitido la injerencia del gobierno munici-pal en los asuntos internos de los sistemas ciudadanos, más ahora que aquél ha seguido una política de “divide y vencerás”. Pero tam-bién hemos emprendido acciones conjuntas, como cuando promo-vimos un juicio de amparo contra la ya derogada Ley del Agua para el Estado de México y Municipios (22 de julio de 2011) que preten-día desconocernos y despojarnos de nuestra infraestructura.

Para nosotros es claro que los gobier-nos del neoliberalismo, defensores a ultranza de la privatización de todo lo existente, nos ven como bichos ra-ros que no merecemos existir por re-presentar una forma de organización comunitaria que los ha desafiado al oponernos al reino del mercado y la globalización. Pero aun así, seguire-mos impulsando la tenaz resistencia y una alternativa viable frente a esas erróneas y criminales políticas hí-dricas iniciadas desde la época de la Colonia. De no ser así, estaremos todos condenados a sufrir estrés o, peor aún, infarto hídrico.

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GESTIÓN COMUNITARIA DE AGUA PARA RIEGO: RESILIENCIA FRENTE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALESJacinta Palerm Estudios del Desarrollo Rural (ISEI), Colegio de Postgraduados

Existe una continuidad del nivel organizativo de la comunidad desde la épo-ca prehispánica y la diás-

pora tlaxcalteca en la Colonia. Pasa por la contracción de los derechos de agua durante la segunda mitad del siglo XIX y por su recuperación con el reparto agrario, y pasa por la supresión de organizaciones de re-gantes en el marco de los distritos de riego y –en las décadas recien-tes– con las políticas neoliberales y legislación que tiende a desaparecer el nivel de gobierno comunitario.

Sin embargo, a pesar de su desapari-ción oficial y su supuesta sustitución por la expansión de la burocracia gu-bernamental, las organizaciones de autogestión de agua para riego persis-ten y surgen nuevas, con acuerdos ho-rizontales al margen de lo oficial. Más aún, se crean nuevos niveles organiza-tivos multicomunitarios de autoges-tión que abarcan espacios hidráulicos de más de diez mil hectáreas, y se generan organizaciones para negociar acceso al agua.

En suma, destaca la persistencia,resiliencia y efervescencia aglutina-dora de las organizaciones multico-munitarias no oficiales. El problema teórico radica en la capacidad de auto organizarse para administrar sistemas de riego medianos y grandes sin jerar-quía y burocracias, o aun en el caso de contar o requerir de burocracia, la ca-pacidad de controlarla efectivamente.

No obstante, la comunidad o los re-gantes de la comunidad han conserva-do la operación o distribución interior

del agua. La comunidad organizada es pieza fundamental para aquellas auto organizaciones que administran sistemas de riego medianos y gran-des, y otros recursos de uso común de mayores dimensiones. Además, la comunidad organizada con funcio-nes de operación o distribución del agua parece jugar un papel central en la dinamización de los arreglos mul-ticomunitarios basados en acuerdos horizontales.

En donde hubo una expansión de la operación burocrática-gubernamen-tal, ha habido resistencia o conser-vación de espacios de operación por los mismos usuarios en relación con los sistemas hidráulicos. A su vez, al desaparecer la administración cen-tralizada del distrito de riego, ha ha-bido procesos organizativos vigorosos y expansión de la operación por los mismos usuarios.

Los cambios en la legislación, a par-tir de 1992, tales como la individua-lización y la renta y compra-venta de derechos de agua, fragilizan la situa-ción jurídica de la comunidad y la ca-pacidad de defensa de estos derechos. Al mismo tiempo, la ausencia de un nivel de operación comunitario, o de algún equivalente local, posiblemen-te obliga a un modelo de gestión más burocrático, es decir con personal técnico contratado organizado jerár-quicamente en cadena de mando.

La comunidad organizada o la ac-ción colectiva no sólo fortalecen la economía de cada individuo gracias a la gestión colectiva de los recursos, sino también contribuyen a la defen-sa del recurso. Es decir, la comuni-dad organizada tiene más posibili-dades de defender colectivamente el recurso que el individuo.

El análisis de sistemas autogestivos de riego en México y en el mundo ha demostrado que la existencia de legislación estable y consistente a largo plazo que otorga un marco ju-rídico a las organizaciones de regan-tes favorece su existencia y fortaleza, mientras que su ausencia favorece la debilidad, la inexistencia y la in-visibilidad de estas organizaciones. Los marcos jurídicos basados en la tradición de autogestión parecen ser especialmente exitosos.

(Texto resumen de: 2013, Palerm, Ja-cinta; T. Martínez Saldaña (eds). An-tología sobre riego: Instituciones para la gestión del agua: vernáculas, alegales e informales, Biblioteca Básica de Agri-cultura/Grupo Mundi-Prensa).

GESTIÓN DE SISTEMAS DE AGUA DE USO DOMÉSTICO EN COMUNIDADES RURALESJacinta Palerm

Una conjunción de cambios en políticas públi-cas y en la legis-

lación crea una tormenta perfecta para desplazar o eliminar la gestión comu-nitaria de los sistemas de agua de uso doméstico: en 1981, la entrega a los estados y ayuntamientos de los sis-temas que operaba la fede-ración; en 1983, la reforma al artículo 115 constitucio-nal que obliga al munici-pio a atender el abasto de agua de uso doméstico; en 1992, una nueva ley agraria que resta atribuciones a los ejidos y comunidades agra-rias, y también en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, con un nuevo sistema de concesiones que permitió el desconocimiento de los derechos históricos de miles de comunidades.

El desplazamiento legal de la comunidad se ha hecho visible en conflictos entre al ayuntamiento y las comunidades por la gestión de los sistemas de agua de uso doméstico.

Sin embargo, las legislacio-nes estatales de Tabasco, Guanajuato, Chihuahua y

San Luis Potosí reconocen el papel de los comités ru-rales del agua, los cuales en Tabasco son llamados Uni-dades de Desarrollo Susten-table del Agua. El estado de Tlaxcala llega a reconocer la comunidad como un nivel de gobierno propio, vía la representación de los presidentes de los bienes comunales en el cabildo municipal.

La administración comu-nitaria del agua de uso doméstico en áreas rurales se relaciona con ciertas ventajas: bajo costo, efica-cia, equidad y legitimidad, y como una manera de superar problemas serios en la gestión por el muni-cipio o por el organismo operador, tales como altos costos por el personal con-tratado, lenta respuesta a desperfectos en el siste-ma, cobrabilidad y falta de legitimidad.

(De: 2013, Palerm, Jacinta; T. Martínez Saldaña (eds). Antología sobre riego: Insti-tuciones para la gestión del agua: vernáculas, alegales e informales, Biblioteca Bá-sica de Agricultura/Grupo Mundi-Prensa).

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Distrito Federal

LA LUCHA POR ACCESO A AGUAS TRATADASRebeca López Directora del Centro para la Sustentabilidad CENTLI, un proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana

Los deshielos del volcán Iztaccihuatl dan origen a los ríos Amecameca y La Compañía. Alimentaban

la zona chinampera del antiguo lago Chalco hasta que Porfirio Díaz concesionó estas tierras y aguas al hacendado Íñigo Norie-ga, quien mandó excavar un canal

(ahora llamado Dren General) para vaciar el lago a inicios del siglo XX.

Ahora las chinampas y canales de esta zona lacustre están cultivadas por los ejidos de Xico, Tláhuac, Tulyehualco, Tlaltenco y Mixquic, utilizando aguas de la planta de tra-tamiento Cerro de la Estrella. En

medio de grietas, hundimientos, inundaciones e invasiones de gru-pos armados, siguen produciendo.

Los representantes ejidales han buscado organizarse por medio de la asociación de ejidos de la zona lacustre y como parte de la Comisión de Cuenca de los ríos Amecameca y La Compañía. Par-ticiparon en la elaboración del Plan Hídrico de esta subcuenca, en el cual proponen rehabilitar las plantas de tratamiento La Lupita y El Llano y construir una plan-ta de tratamiento metropolitana para aprovechar los mil 500 litros por segundo de aguas residuales que son expulsadas vía bombeo, actualmente comprometidas al Grupo Carso vía la planta de tra-tamiento Atotonilco en Hidalgo.

Mientras logren acceso a las aguas que requieren, están ges-tionando la rehabilitación de los canales de Tláhuac y Xico y el saneamiento de los ríos Ameca-meca y La Compañía.

EL BUEN GOBIERNO DEL AGUA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIAFélix Venancio Ejidatario, integrante del Frente Emiliano Zapata para la Defensa del Ejido San Gregorio Atlapulco, promotor de la cultura chinampera y articulista de Crisol Mágico del Sur felixvenancio@gmail.com

El ejido del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochi-milco, con 476 hectáreas de agricultura canalera,

junto con sus más de ocho mil chi-nampas del mismo pueblo, forman parte del Área Natural Protegida Eji-dos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, la cual a su vez ha sido decretada Patrimonio Cultural de la Humanidad por “el valor excepcional y universal” del sistema chinampero prehispánico, que mantiene sus vita-les funciones agrícolas y ambientales hasta la fecha, en la buena compañía de serpientes, garzas blancas, pelíca-nos, patos y gallinitas de agua.

Estos ecosistemas dependen ahora de aguas tratadas, prin-cipalmente de la planta de tra-tamiento Cerro de la Estrella. Los volúmenes enviados son determinados unilateralmente por las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxi-co y la Comisión Nacional del Agua. Nosotros, los producto-res ejidales y chinamperos, no tenemos manera de incidir en estas decisiones, excepto por medio de protestas: el cierre de calles y la toma de oficinas gubernamentales.

Hemos sido especialmente afecta-dos por la construcción de la Línea

12 del Metro, que propició el relle-no de los canales de irrigación con escombros y severos recortes de agua para los canales y chinampas, lo cual ha implicado una enorme presión hacia la urbanización.

Estamos construyendo la Comi-sión de Cuenca de Xochimilco y sus efluentes, para lograr que la toma de decisiones sobre el acceso al agua para riego en la Ciudad de México sea horizontal y de-mocrática, desde una visión inte-gral sustentable, con perspectiva de género, rendición de cuentas,

equidad y respeto por los derechos humanos.

Necesitamos de una instancia vin-culante para lograr una soberanía alimentaria regional. Va a requerir no sólo nuestros esfuerzos organi-zativos, sino la intervención y el apoyo de universidades y de or-ganismos internacionales para no seguir siendo botín político de los gobiernos en turno. Así podremos trabajar con base en planes inte-grales de mediano a largo plazo, desde una cosmovisión propia de la comunidad.

Xochimilco

SAN LUCAS XOCHIMANCA LUCHA PARA RESCATAR SU PRESASandra Plata Comité de San Lucas Xochimanca y del Grupo Promotor Comisión de Cuenca Xochimilco y sus Afl uentes

San Lucas Xochiman-ca, lugar donde se ofrecen flores, es el primer pueblo de la

montaña en Xochimilco. La Presa San Lucas, de origen xochimilca-nahuatlaca (1200 a 1521 a. C.), corazón del lugar, fue rehabilitada por los pobla-dores originarios, quienes do-naron sus tierras y trabajo en el año 1945. Tiene 28 hectáreas de extensión y almacena mil 600 millones de litros de agua.

Desde su llegada a Xochiman-ca, los xochimilcas cuidaron el lugar donde confluían dos ríos, que hoy se conocen como río San Lucas y río Santiago.

Hasta mediados de los 70’s, el agua era todavía transparente y los pobladores podían nadar, jugar y consumir los peces y patos. ¡Un paraíso! Hasta los 80’s todavía había renacuajos, algunos peces, garzas, patos endógenos y migratorios, gan-sos, pájaros y gallinas de agua.

Hoy en día todo esto es histo-ria, ya que la Presa San Lucas sufre una grave contamina-ción debido a las descargas de aguas residuales que vierte el Reclusorio Sur al rio Santiago.

En abril de 2010, se formó el Comité San Lucas Xochiman-ca, entre una diversidad de po-bladores –movidos por el amor a su tierra y a sus costumbres y convencidos de que los cam-bios verdaderos se lograrán con la organización–, con el fin de rescatar la presa San Lucas.

El Comité organiza talleres, cursos, tendedero informativo, videos, conferencias, tareas de limpieza y foro del agua, enca-minados a despertar el interés de adherirse al trabajo y a tener confianza en los procesos co-

munitarios. Siempre con base en los principios de autogestión y transparencia, se brinda infor-mación, se generan propuestas y se vinculan con académicos y otras asociaciones civiles.

Un resultado de este trabajo es la recomendación 01/2013 de la Comisión de Derechos Huma-nos del Distrito Federal, boletín 48/13, dirigido a Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Sistema de Aguas del la Ciudad de México y Delegación Política Xochimil-co, por la contaminación del río Santiago con aguas residuales del Reclusorio Varonil Sur.

Debido a la resistencia que han tenido los integrantes del Comi-té San Lucas, y a la vinculación que se ha logrado con las uni-versidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autó-noma Metropolitana (UAM) y Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el 19 de abril del 2014, salió una nota en la sección Capital del periódico La Jornada, donde se da a cono-cer que el gobierno del Distrito Federal, destinará 311 millones de pesos para el rescate del río Santiago durante 2014-2017, para dar cumplimiento a la re-comendación. Se mantendrán vigilantes al proceso tanto ha-bitantes como académicos y técnicos, con la finalidad de incidir con propuestas que sean tomadas en cuenta en la forma de realizar el rescate.

Por lo pronto, esa noticia es un aliciente para seguir traba-jando por el rescate del vaso regulador, e invita a más co-munidades a la organización, como base en la lucha por el bien general, sin olvidar la sen-sibilización y el conocimiento de los derechos humanos.

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EN BUSCA DE MÁS ALIMENTOS CON MENOS AGUAIgnacio Sánchez Cohen Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIFAP). Representante de la Red Temática del Agua de CONACyT

Para lograr la soberanía alimentaria, México debe incrementar su efi-ciencia en el uso agríco-

la del agua. Aun cuando 77 por ciento de las aguas concesionadas son dedicadas a este uso, el país importa la mitad de los alimentos que consume. La eficiencia global del agua de riego es de sólo 40 por ciento, y gran parte del agua para uso agrícola proviene de presas y de la sobreexplotación de acuífe-ros en zonas semiáridas, lo cual deriva en crecientes procesos de desertificación.

Más de 85 por ciento de la irriga-ción agrícola ocurre con métodos tradicionales como melgas y surca-dos, con poca eficiencia. Existen también 14 millones de hectáreas de agricultura de temporal, en donde la productividad del agua es casi cuatro veces menor respecto dela superficie irrigada.

Las estrategias para mejorar la eficiencia en distritos y unidades de riego se han concentrado en los usuarios con mayor capacidad económica. Eso debe cambiar. Es necesario que los planes de mejo-ramiento del riego parcelario se adecuen a las diferentes posibili-dades o niveles de inversión, en el entendido de que la tecnificación del riego no obligadamente signifi-ca su aplicación vía tubería (como el goteo), sino que debe considerar técnicas tales como la nivelación de la parcela y el trazo de riego, así como la capacitación y transfe-rencia de tecnología a usuarios y uso de gastos unitarios de riego en función de las características del terreno.

Se requiere cambiar el paradig-ma en el uso agrícola del agua, empezando con una reducción en la demanda del líquido para co-rregir el sobredimensionamiento de los distritos de riego (creados en torno a presas), así como la so-

breexplotación de las reservas sub-terráneas. Además, se requiere de una transición hacia cultivos con menor demanda de agua, y una reorientación de las inversiones en infraestructura hidroagrícola en el país, para lograr un pleno apro-vechamiento de las abundantes aguas en el sureste.

En cuanto al tamaño de los me-canismos para administrar el agua para riego, existen 85 distritos de riego que atienden el 53 por cien-to de la superficie total irrigada (6.5 millones de hectáreas), mien-tras que el 47 por ciento restante corresponden a 39 mil unidades de riego.

Un aspecto fundamental es volver a responsabilizar al Estado, junto con los usuarios del riego, de la rehabili-tación de la infraestructura hidroa-grícola. Hay que reconocer que la transferencia de los grandes siste-mas de riego a los usuarios tal como fue implementada bajo la Ley de Aguas Nacionales –sin mecanis-mos de apoyo ni la responsabilidad de pagar por el agua desperdiciada– ha resultado en el derroche de 60 por ciento del agua de uso agrícola.

Asimismo, la dotación volumétri-ca a los usuarios del riego debe adaptarse en función de la dispo-nibilidad en los embalses, de la capacidad de las cuencas hidroló-

gicas y de los variantes regímenes pluviales, con base estrictamente en las recomendaciones y acuer-dos de los comités hidráulicos de los distritos de riego.

Es necesaria la revisión de con-cesiones y su adecuación con base en el uso y propósito del agua subterránea extraída. Para ello, es imperante la determinación de la huella hídrica de los cultivos, para privilegiar aquellos que represen-tan una mayor aportación a la ali-mentación de los ciudadanos.

El uso de las reservas de agua en el país para fines no esenciales debe-ría ser objeto de la más alta regula-ción administrativa, dados los enor-mes impactos ecológicos y sociales que esto conlleva. Y los ahorros que se obtengan por concepto de la mejora del riego parcelario no de-berían ser usados para incrementar la superficie irrigada, sino más bien para sobrellevar el déficit hídrico de otros sectores, como la pobla-ción en zonas urbanas y rurales.

A pesar de la complejidad y diver-sidad cultural, ambiental y econó-mica en el país, las estrategias de intervención por parte del Estado en lo relacionado con el recurso agua han sido predominantemen-te con visión mono angular, más que multidisciplinaria, y mono ob-jetivo, en lugar de considerar los objetivos múltiples en las cuencas hidrológicas.

El Plan Nacional Hídrico 2013-2018 contempla “fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua”, lo que implicaría la parti-cipación efectiva de la sociedad en las decisiones y la planeación del recurso hídrico en las distin-tas regiones hidrológicas del país. La participación del sector aca-démico-científico será de crucial imp ortancia en el diseño de me-canismos y estrategias para el uso racional del agua.

Evento: Diplomado Pers-pectivas Antropológicas sobre el Campo y la Ru-ralidad. Organiza: Instituto Nacional de Antropología e Historia, por medio de la Coordinación Nacional de Antropología. Lugar y fecha: Sala Guillermo Bonfi l Batalla de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH (Av. San Jerónimo Núm. 880, Col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200, México D.F.) Del 28 de mayo al 10 de diciem-bre de 2014. Informes: Sub-dirección de Capacitación y Actualización de la Coordi-nación Nacional de Antropo-logía del INAH (Av. San Je-rónimo Núm. 880, Col. San Jerónimo Lídice C.P. 10200, México D.F.) / Tel. 4040 54 00 Ext. 4251 y 4216 / capaci-tacion2@yahoo.com / www.antropologa.inah.gob.mx

Libro: Haciendo milpa. Di-versifi car y especializar: es-trategias de organizaciones campesinas. Varios autores. Editores: Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya (Circo Maya) / ITACA

Libro: El México bárbaro del siglo XXI. Coordinado-res: Carlos Rodríguez Walle-nius y Ramses Arturo Cruz Arenas. Editores: Universi-dad Autónoma Metropolita-na–Xochimilco / Universidad Autónoma de Sinaloa.

Documental: Sierra Nor-te por la vida: Resisten-cia contra los megapro-yectos de la muerte en la Sierra Norte de Puebla. Dirección. Jesús Ramírez Cuevas. Puedes verlo en: http://www.youtube.com/watch?v=uZYxTVbitWc

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AGUA PARA USO AGRÍCOLAVíctor M. Quintana S. El Barzón, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

La situación: demasiado y demasiado poco. El agua para uso agrícola presenta una paradoja:

en algunas regiones se sobreexplo-ta mientras que en otras se aprove-cha poco. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que una tercera parte de las cuencas del país tienen déficit hídrico. Por otro lado, la Secretaría de Agricul-tura (Sagarpa) apunta que 74 por ciento de la superficie agrícola es de temporal, expuesta a los avata-res del clima y por tanto sólo pro-ducen una cuarta parte respecto de las zonas con riego.

Proliferan los pozos y los aprove-chamientos ilegales de aguas su-perficiales. Numerosas concesio-nes exceden la disponibilidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suministra el servicio de energía a pozos ilegales que ex-traen el recurso sin ningún con-trol. Y muchas explotaciones agrí-colas y hortícolas consumen una

gran cantidad de agua sin que sus productos sean alimentos básicos o que generen empleos o algún be-neficio económico comunitario.

Acciones inmediatas a empren-der. Cuanto antes es necesario mantener y hacer valer la veda a aguas subterráneas decretada en marzo de 2013; lograr la clausura de los pozos y aprovechamientos ilegales e impedir que la CFE les suministre energía. Al mismo tiempo debe presupuestarse un programa multianual que con-temple inversiones para apoyar la tecnificación y eficiencia de los equipos de riego y de bombeo.

Reformas legislativas. Se requie-re reformar la Constitución para reconocer el agua como bien pú-blico, y debe eliminarse el con-cepto de “libre alumbramiento”. Las comunidades en sus diversas formas: pueblos indios, ejidos y mancomunes, deben tener uso prioritario.

La Iniciativa de Agua para Todos, Agua para la Vida ya incluye la mayoría de los siguientes aspectos: priorización del agua para la sus-tentabilidad, el consumo humano y la producción de alimentos bá-sicos sobre criterios mercantiles. Rediseño del sistema de concesio-nes para poner fin al acaparamien-to del agua. Nuevas concesiones deben obligar a la realización de obras de captación de agua y de mejoramiento agro-ambiental. Hay que elaborar normas que impidan recibir concesiones, sub-sidios, créditos, apoyos guberna-mentales a agricultores o ganade-ros con prácticas insustentables, derrochadoras o contaminantes.

Lo fundamental: el control so-cial y ciudadano. En la propuesta de Agua para Todos, los Consejos de Cuenca, de un tamaño menor y con representantes elegidos terri-torialmente, consensarían la pla-neación, asignación y supervisión de los caudales de agua para cada

uso. Es vital que estos Consejos sean dotados de autonomía presu-puestal y de gestión.

Para el riego con aguas del sub-suelo: Las concesiones deben limitar los volúmenes de extrac-ción a los ecológicamente aprove-chables en cada cuenca. Hay que diseñar mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión de per-foraciones y extracciones, involu-crando a la ciudadanía. Debe es-tablecerse un programa nacional para la recuperación de cubierta vegetal, así como la realización de investigaciones para documentar las conexiones entre los acuíferos.

Para el agua “rodada”, es nece-sario poner en marcha un pro-grama para el mejoramiento de los sistemas de canales y acequias a fin de disminuir evaporación u absorción. También debe po-nerse en marcha un programa multianual para hacer eficiente el riego y evitar las prácticas de inundación de surcos y exigir la construcción de drenes para re-cuperar el líquido sobrante. Los Consejos de Cuenca deben vi-gilar que en las asociaciones de usuarios de los distritos de riego haya democracia, transparencia, rendición de cuentas y equidad en la asignación de cuotas de agua. Es imperativo priorizar el acceso a las aguas superficiales por parte de las comunidades más pobres y realizar las obras de infraestructu-ra correspondientes.

Propuestas para conjugar la sobe-ranía alimentaria con la susten-tabilidad hídrica. A partir de las reformas legislativas ya descritas, es necesario construir con partici-pación ciudadana, de productores, técnicos, usuarios y dependencias de gobierno, el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Susten-tabilidad Hídrica, construido de abajo hacia arriba, a partir de la planeación de cada cuenca. Den-tro del Plan deben contemplarse medidas operativas para hacer realidad dicha soberanía y para determinar los cultivos más ade-cuados por cuenca y por región, de tal manera que el tipo de cultivos y la extensión de los mismos que pueden regarse sean definidos con base en las prioridades nacionales y necesidades locales. Debe también contemplarse un plan de acción emergente para prever y atender las contingencias generadas por el cambio climático que tanto afecta-rá a la zona norte del país, así como una intensa labor de investigación, desarrollo tecnológico apropiado, extensionismo y capacitación para formar a todos los actores que tie-nen que ver en el agua.

Sólo siguiendo pasos como éstos en podrá haber alimentos y agua para tod@s.

PRODUCTORES AVANZAN EN LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICOALIMENTARIA

Angely AmezcuaCoordinadora del Programa Agua y Energía, ANNAC Barzón

La Alianza Nacio-nal Agropecuaria, Comercializado-res y Consumido-

res (ANACC)-El Barzón trabaja para el uso eficien-te del agua y la energía como recursos indispensa-bles para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Promovemos los programas necesarios, así como la creación de un Fondo Nacional para ele-var la productividad en los cultivos básicos y estratégi-cos, aprovechar el agua de lluvia, reforestar, recuperar suelos, cambiar equipos electromecánicos y pro-mover energías limpias, priorizando siempre la restauración de cuencas hi-drológicas sobreexplotadas.

Es necesario crear un me-canismo con participación sociedad-gobierno para pre-venir y resolver conflictos, y garantizar el derecho hu-mano al agua junto con el derecho a la consulta previa e informada sobre proyectos turísticos, mineros, ener-géticos, etcétera. Exigimos la medición obligatoria de todos los aprovechamientos de aguas nacionales, con sanciones efectivas para el uso excesivo e indebido o la contaminación.

Con estos esfuerzos bus-camos hacer eficiente la agricultura de riego, equilibrar los acuíferos, reducir emisiones de ga-ses con efecto invernade-ro y disminuir los costos de producción. Así podre-mos aportar más y mejores alimentos a precios justos para la población.

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INICIATIVA CIUDADANA DE LA LEY GENERAL DE AGUAS: NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA SOCIO-HÍDRICO-AMBIENTALRaquel Gutiérrez Nájera Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Instituto de Derecho Ambiental

A más de 20 años de la Decla-ración de Río, el Principio 10, relativo a la participa-ción, la justicia ambiental

y el acceso a la información, es un referente obligado para la protección y defensa socio-hídrico-ambiental que plantea la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas.

Esta Iniciativa aspira a una ley que aborde el ciclo del agua de manera integral y que se priorice y respete el “agua para la vida”.

Como resultado de una reflexión colectiva, se proponen instrumen-tos nuevos de defensa y contralo-ría. Uno de los más importantes es el Dictamen de Impacto Socio-hídrico, que sería requisito para la autorización de nuevas concesio-nes de agua, y de obras y/o activi-dades sujetas a evaluación de im-pacto. Sería emitido por un panel de especialistas sin conflictos de interés, nombrados por el Consejo de Cuenca. Para lograr un dicta-men favorable para la autorización del proyecto u obra, se tendría que

demostrar que no pondría en ries-go el derecho humano al agua de las actuales o futuras generaciones. Este dictamen también requeriría constatar el consentimiento libre, previo e informado de la población local y del Consejo de Cuenca.

Las Áreas de Importancia Hídrica son las zonas de veda, de reserva y de protección; las zonas de recar-ga; las planicies de inundación; los sitios Ramsar (Humedales de Importancia Internacional espe-cialmente como Hábitats de Aves Acuáticas), y otros humedales y ecosistemas que realicen un pa-pel vital en el funcionamiento hidrológico de la cuenca. Serían delimitadas en el Plan Rector de la cuenca, y su protección y buen manejo serían obligatorios en los planes de desarrollo urbano y or-denamientos ecológicos.

Las concesiones de agua servi-rían también como instrumento de control y sanción, pues serían sujetas a renovación anual y a la comprobación de que el usuario

haya cumplido cabalmente con la normatividad ambiental y los con-dicionantes de su concesión.

La Declaración de Cuenca en Estrés Hídrico permitiría al Con-sejo de una cuenca que estuviera sufriendo problemas crónicos de escasez, inundaciones, contami-nación, sobreexplotación, grietas y/o hundimientos, declarar mora-toria a la autorización de nuevos proyectos de expansión urbana hasta que haya podido recuperar el equilibrio hídrico.

La Defensoría Socio-Hídrico-Am-biental sería el abogado de interés público, accesible a los ciudadanos afectados, pagado con recursos pú-blicos derivados de una tarifa apli-cada a concesiones a aguas nacio-nales para usos no prioritarios (fines de lucro), para la defensa y el aseso-ramiento de cualquier ciudadano y comunidades o pueblos indígenas, ejidos y colonos, que requieran una asesoría especializada gratuita para la defensa y protección de los recur-sos hídricos.

EL DERECHO AL AGUA Y EL PRESUPUESTO PÚBLICODiego de la Mora Maurer y Óscar Arredondo Pico Integrantes del Área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC

La gestión de los recursos públicos para garantizar el derecho humano al agua, establecido en el

Artículo Cuarto de la Constitu-ción, requiere de leyes, políticas, programas y acciones que se ape-guen a los estándares de derechos humanos. El Poder Ejecutivo, en los tres niveles de gobierno, nece-sita diseñar, implementar, fiscali-zar y evaluar sus políticas públicas conforme las obligaciones y los principios de derechos humanos.

Para el caso del derecho humano al agua, el análisis presupuestario ayuda a estimar si el Estado cum-ple con las obligaciones del artícu-lo dos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por México en 1981 y que a la luz de la reforma constitucional de ju-nio de 2011 forma parte de las nor-mas internacionales que tienen rango constitucional en el país:

1) Utilizar el máximo de los recur-sos disponibles (económicos, técnicos, etcétera) para garanti-zar el derecho al agua.

2) Avanzar en forma progresiva (asegurándose de cumplir, en

lo inmediato, con el acceso al núcleo básico del derecho) y sin regresiones.

3) No discriminar, por ningún motivo, al momento de planear, programar, presupuestar y ero-gar los recursos públicos.

A fin de estimar si México cum-ple con estos principios, quienes monitoreamos el presupuesto pú-blico investigamos si los aumentos para un derecho en particular son proporcionales a los aumentos glo-bales del presupuesto o cuánto se gastó en algún derecho compara-do con lo que se gasta en cuestio-nes superfluas como la publicidad oficial. También cuestionamos la distribución de los recursos según grupos de edad, regiones o género, entre otras.

El marco legal descrito arriba con-trasta con la realidad de las políti-cas de desarrollo que, en muchos casos, privilegian la inversión y el lucro por encima de los derechos humanos. Los grandes proyectos de inversión o “megaproyectos” (de generación de energía eléctri-ca, extracción mineral, desarro-llos turísticos o inmobiliarios e infraestructura vial, entre otros),

utilizan los recursos hídricos de manera intensiva y afectan la dis-ponibilidad y el acceso al agua po-table para el consumo humano y tienen repercusiones en el acceso a otros derechos humanos, como son el derecho a la salud, a la ali-mentación o a la vivienda.

Los recursos hídricos tienen que ser administrados pensando en

garantizar a toda persona el de-recho al acceso, disposición y sa-neamiento de agua para consumo personal y doméstico. Los poderes Ejecutivos y los Congresos nacio-nal y estatales tendrían que orien-tar el gasto público de tal forma que aseguren que todos tengan su-ficiente agua salubre, aceptable y accesible en cualquier condición. La ciudadanía es responsable de

exigir que los gobiernos actúen para garantizar sus derechos y pue-de utilizar el análisis de los presu-puestos para obtener información valiosa para exigir a los tomadores de decisiones que distribuyan los recursos públicos dando prioridad a la realización de derechos huma-nos por encima de otras considera-ciones.

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FONDO NACIONAL POR EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTONathalie Seguin Tovar Directora de FANMex-Red Mexicana de Acción por el Agua @fanmex , www.fanmexico.net

Oficialmente en Mé-xico, nueve millones de mexicanos no cuentan con ningún

acceso al agua, y de los que sí tie-nen acceso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce que el líquido no es necesariamente de calidad para consumo humano.

En cuanto al saneamiento las ci-fras son aún más preocupantes. La Conagua reporta que 9.8 millones de mexicanos no tienen servicio de alcantarillado. Pero el sanea-miento no implica “alcantarilla-do”, sino acceso a sanitarios dignos en el hogar y el entorno público, que no ponga en riesgo la salud de la persona ni el medio ambiente.

Para lograr el cumplimiento con estos derechos fundamentales, la propuesta ciudadana de Ley Ge-neral de Aguas (LGA) promueve

la creación de un Fondo Nacio-nal por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Este fondo auditable se destinaría para el fi-nanciamiento directo a comuni-dades para proyectos autogestivos y descentralizados del agua y sa-neamiento en zonas sin acceso. Es decir, proyectos que permitan el involucramiento de la comunidad en la elección, el diseño y la ope-ración de sus sistemas con el fin de lograr una buena apropiación de éstos y que den un servicio sos-tenible a largo plazo. Además, con tecnologías que buscan realmente una gestión sustentable al propo-ner alternativas con un enfoque de cierre de ciclos minimizando el uso de energéticos.

El Fondo serviría para lograr acción inmediata para superar prácticas discriminatorias y contar con el acceso equitativo al agua

de calidad y sanitario digno, sin disminuir las responsabilidades ni presupuestos ya etiquetados para estos fines de los tres órdenes de gobierno. Se formaría con recur-sos federales, estatales y municipa-les y mediante el cobro de un por-centaje de las utilidades percibidas por concesionarios de aguas na-cionales (para usos no prioritarios, es decir los que infieran un lucro). El cobro de utilidades se aplicaría también a concesionarios de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento concesionados bajo la Ley de Aguas Nacionales.

Cabe recalcar que otra de las pro-puestas importantes en la LGA ciudadana es el del reconocimien-to de los sistemas comunitarios como actores clave para la provi-sión de los servicios y la realiza-ción del derecho humano al agua y saneamiento.

COSECHA ESCOLAR DE AGUA DE LLUVIAJuan José Santibañez Coordinador del área de Estudios Rurales y Urbanos. UAM Iztapalapa

A lo largo del siglo XX el suministro de la crecien-te demanda de agua po-table para la Ciudad de

México se ha dado por medio de la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento, primero con la ex-plotación de aguas subterráneas, y después con grandes trasvases, con altos costos energéticos, sociales y ambientales. No obstante, en las zonas populares siguen padecien-do sin acceso a agua de calidad. En particular, la alarmante falta

de acceso al agua en la delegación Iztapalapa ha obligado a los direc-tivos a regresar a los alumnos a sus hogares; el motivo: la carencia de agua en los baños.

El agua del siglo XXI vendrá principalmente de la lluvia: esta premisa es más palpable en los es-pacios en donde la necesidad más apremia. Para aliviar la severa es-casez del agua en los centros edu-cativos, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad

Iztapalapa, ha habilitado sistemas de captación de agua de lluvia en nueve escuelas de la zona oriente de la metrópoli.

La Escuela Primaria Razón y Fuerza de la Revolución Mexica-na, situada en San Miguel Teoton-go, en el corazón de la Sierra San-ta Catarina, Iztapalapa, es uno de los nueve centros escolares selec-cionadas. En mayo de 2010 la falta de agua a lo largo de 17 días hizo tomar conciencia a los colonos de

la necesidad de una alternativa. Al año siguiente, la Caravana por el Agua Ce Atl, organizada por la UAM difundió la pertinencia de adoptar la captación y el acopio de agua de lluvia como una de las seis estrategias para la gestión integral de cuenca del Plan Hídri-co realizado por la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía.

En 2012, mediante convenio en-tre la UAM Iztapalapa y la Dele-gación se implementó un sistema de almacenamiento de agua de lluvia, colocando una serie de ca-nales de conducción en techos y pisos que interceptan las basuras mayores con rejillas, un fondo de piedras de distintos tamaños y un filtro de arena. Los 35 mil litros al-macenados son de una excelente calidad. Desde la cisterna se bom-bea el agua al techo de la escuela haciendo que el agua pase por un filtro de carbón activado biológi-camente. Esta captación cubre los usos para sanitarios y aseo de las instalaciones.

Cuando la variación diaria de las lluvias rebasa la capacidad de almacenamiento colocada en la escuela, los excedentes se condu-cen a un pozo de infiltración. Así

las lluvias extraordinarias permi-ten la recarga del acuífero, tal y como funcionaba históricamente el ciclo de lluvia e infiltración en esta zona.

Los nueve proyectos de capta-ción pluvial escolar han permi-tido cosechar más de cinco mi-llones de litros anuales, suficiente para el uso sanitario y la limpieza en época de lluvias, benefician-do así a unos 15 mil alumnos, profesores, trabajadores y padres de familia, y sirviendo como un ejemplo vivo del potencial de la lluvia como nuestra futura fuente de agua.

Las reformas recientemente apro-badas a Ley General de Infraes-tructura Física Educativa (artícu-los 7, 11 y 19) exigen la instalación de bebederos en todas las escuelas hasta nivel medio superior en el país, con un suministro continuo de agua de calidad. En el caso de pueblos indígenas y comunidades dispersos se adoptarán tecnologías sustentables. El presupuesto fede-ral está obligado a financiar la ins-talación de los bebederos en tres años. Esta obligación legal repre-senta una excelente oportunidad para que los alumnos, maestros y padres de familia en zonas sin acceso a agua de calidad se orga-nicen para lograr la conversión de sus escuelas en centros de al-macenamiento y potabilización de aguas pluviales, como parte de una estrategia compleja para ga-rantizar este fundamental derecho humano.

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Los retos: ordenar el uso de aguas subterráneas e inversiones

NUEVOS CONFLICTOS EN AGUAS TRANSFRONTERIZASLourde s Rudiño

El rezago en la entrega de aguas a Estados Unidos, por casi 400 millones de metros cúbicos, que pre-

senta hoy México en el marco del Tratado de aguas transfronterizas de 1944, hace avizorar un conflic-to inminente con ese país y, en su caso –tal como ocurrió al inicio de este siglo–, la toma de aguas de fuentes ajenas al Tratado, con la afectación social que ello supone.

El “Tratado de distribución de aguas internacionales de los ríos Colorado y Tijuana y Bravo des-de Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América hasta el Golfo de México”, suscrito por ambos países el 3 de febrero de 1944, re-gula el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana y establece que México debe asig-nar como mínimo a su vecino del norte 431 millones 721 mil metros cúbicos anuales de los afluentes del Río Bravo (esto representa una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal de ese Río procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondi-do, Salado y Arroyo las Vacas). Por su parte, EU debe asignar a Méxi-co entre mil 850 millones 234 mil metros cúbicos y dos mil 96 millo-nes 931 mil metros cúbicos al año de los afluentes del Río Colorado, por medio de la presa Imperial, ubicada en California.

El Tratado considera ciclos quinque-nales, lo cual quiere decir que si en un año hay faltantes de agua en las entregas entre países, los pendientes pueden cumplirse en los años poste-riores dentro de cada ciclo. El ciclo actual es el 34, cuya conclusión ocu-rrirá el 25 de octubre de 2015.

Así, dado el rezago que muestra México, de 389 millones de metros cúbicos (al mes de abril de 2014, de acuerdo con la Comisión Interna-cional de Límites y Aguas, CILA), en los 17 meses que restan al ciclo 34 el país estaría obligado a entre-gar a su vecino del norte poco más de mil millones de metros cúbicos con la tercera parte que llegue al Río Bravo de los afluentes afora-dos, lo que implicaría la necesidad de que se presente un escurrimien-to promedio anual de casi dos mil millones de metros cúbicos de ta-les afluentes. Pero las condiciones actuales de la cuenca son de un escurrimiento promedio anual de apenas 982 millones de metros cú-bicos, señala un reporte elaborado por Consejo Regional Agropecua-rio de Tamaulipas (CRAT).

¿Cuál es el motivo del rezago? El comisionado de la Sección Mexi-cana de la CILA (la instancia que administra el Tratado), Roberto

Fernando Salmón Castelo, afirmó en una reunión en el Senado el 23 de abril que el problema tiene su raíz en la “sobreexplotación deri-vada de un sobre-concesionamien-to”, además de un uso anárquico del líquido en las unidades de rie-go, derivaciones no autorizadas de agua y falta de medición y control.

En efecto, señala Jorge Luis López Martínez, presidente del CRAT, el inminente riesgo de caer en incumplimiento en el Tratado es resultado de una sobreexplotación de acuíferos, esto es de aguas subterráneas, que ocurre en la agricultura, en parti-cular en la cuenca del Río Conchos, en Chihuahua, lo cual ha generado cróni-camente, desde 1995, un déficit que llegó a alcanzar los 600 millones de metros cúbicos anuales.

Por ello, al inicio de los años 2000, con Vicente Fox estrenándose en la Presidencia de la Repúbli-ca, México presentaba un rezago de unos 400 mi-llones de metros cúbicos de un ciclo vencido y respondió a las presiones de EU “pagando” con agua que se tomó de afluentes no comprometidos en el Tratado, lo cual afectó el abasto para la irrigación agrícola de los distritos de riego 025 del Bajo Río Bravo y 026 del Bajo Río San Juan, de Tamaulipas. Más de 15 mil fami-lias productoras de sorgo, maíz y hortalizas fueron afectadas. “Que-daron sin una gota”, comenta Ló-pez Martínez. El hecho derivó en demandas judiciales emprendidas por los productores y el gobierno tamaulipeco que concluyeron con el pago de indemnizaciones con dinero del erario público.

El hecho también propició algo positivo: un trabajo de autorida-des y usuarios de agua –agrícolas y urbanos– de Tamaulipas, Chi-huahua, Coahuila y Nuevo León para generar un reglamento que ordene y distribuya el uso del agua de la cuenca del Río Bravo, el cual “lamentablemente, ha avanzado muy poco”, dice López Martínez.

Alfonso Cortez Lara, profesor-in-vestigador del Colegio de la Fron-tera Norte (Colef), precisa que las aguas subterráneas no están consi-deradas en el Tratado; sólo lo están las superficiales, pero es claro que hay una interconectividad entre los flujos de ambas aguas. Y las subte-rráneas, que son las más cuantio-sas e importantes a futuro, se están aprovechando de forma inadecua-da. “Los problemas que se han de-

tectado en los años recientes son de sobreexplotación en Mexicali, Baja California; en Yuma, Arizona; en San Luis Río Colorado, Sonora; en ambos Nogales…”.

El académico comenta que el asunto tiene que resolverse inter-namente en el país, así como del lado de EU deben enfrentar sus

propias ineficiencias, pero “he es-cuchado con cada vez más intensi-dad, y sobre todo en EU, el interés de estudiar las aguas subterráneas conjuntamente e implementar mecanismos binacionales para su gestión y manejo, para derivar lue-go en un tratado específico sobre esas aguas. La prioridad es alta, por las condiciones que tenemos de cambio climático”. Esto es un reto para gobiernos e instituciones académicas, pues no hay aún estu-dios amplios, integrales, sobre los volúmenes y ubicaciones de estas aguas. Estos estudios son más cos-tosos y difíciles que los de aguas superficiales.

Al respecto, el presidente de la Co-misión de Recursos Hidráulicos del Senado, Aarón Irízar, consi-dera que el tema de las aguas sub-terráneas –si bien es crucial, pues de los 653 acuíferos de México, 101 presentan sobreexplotación–, debería continuar manejándose al margen del Tratado de 1944, como un asunto interno. Aunque, explica, en agosto de 1973, en su acta 242, el CILA estableció pau-tas para estas aguas en las zonas transfronterizas., “y si la condición obliga a que se hagan más actas para proteger el tema de aguas subterráneas, no deben limitarse”.

Textualmente, esa acta 242 dice que “Mientras se llega a la cele-bración por los Gobiernos de Mé-xico y los Estados Unidos de un convenio de alcance general sobre

aguas subterráneas en las áreas fronterizas, cada país limitará el bombeo de las aguas subterráneas en su propio territorio dentro de los ocho kilómetros (cinco millas) de la línea divisoria entre Sonora y Arizona y cerca de San Luis a 197 millones 358 mil metros cú-bicos anuales (…) A fin de evitar problemas futuros, México y los

Estados Unidos se con-sultarán recíprocamente antes de emprender cual-quier nuevo desarrollo de aguas superficiales o de aguas subterráneas, o de emprender modifica-ciones substanciales a sus desarrollos actuales, que pudieran afectar adversa-mente al otro país”.

De acuerdo con Jorge Luis López, la tarea de poner orden en las aguas subterráneas implica: 1.- establecer el reglamento de la cuenca, “que no he-mos concluido aunque te-nemos años trabajando en esto, y que es tan sencillo como decir cuando haya poca agua, repartámosla y que nos falte agua a todos, y cuando haya mucha, to-

memos toda la que necesitemos”; 2.- la compra de derechos de con-cesiones por parte del gobierno federal (de la Comisión Nacional del Agua, Conagua); 3.- la reduc-ción del consumo agrícola, vía obras de modernización de la in-fraestructura de aprovechamiento, y 4.- el cambio de uso de suelo en zonas agrícolas de la frontera nor-te hacia la urbanización. Esto es, son acciones de política interna. Sobre este último punto Cortez comenta que en esta zona el agua se destina entre 76 y 86 por ciento a la agricultura, y si bien hay in-eficiencias tanto en el uso urbano como en el agrícola, en este últi-mo se nota más.

Comenta López Martínez: en el pasado “hubo todo un desorden en las concesiones (de la Conagua)”; en el marco del trabajo que reali-zan usuarios y autoridades “sí hubo un programa de gobierno, que compró del orden de 200 millones de metros cúbicos de las sobre-concesiones que tenemos en la cuenca, y eso sin duda ayuda, pero estábamos hablando de un déficit de unos 600 millones de metros cúbicos anuales y hoy ese déficit está arriba de los 300 millones. La sobre-concesión sigue siendo un problema crítico a la fecha.

“Estamos condenados a que si no hacemos más de lo que hemos hecho, vamos a entrar en una en-crucijada tremenda otra vez con Estados Unidos”.

Un punto clave y donde está el reto principal para dar un uso sus-tentable a las aguas subterráneas está en la modernización de la in-fraestructura agrícola, dice López Martínez. Se trata de nivelar tie-rras, modernizar la infraestructura propia de distribución y tecnificar el sistema de operación de los dis-tritos de riego, pues allí es donde se dan las mayores pérdidas. “Pero son inversiones tan cuantiosas que no las pueden pagar sólo los agricultores, requieren apoyo de recurso público”.

“Por ejemplo en el Bajo Bravo, dis-trito 025, hemos hablado que en el corto plazo las necesidades son superiores a los siete mil millones de pesos, pero las previsiones de presupuesto público que vemos a mediano plazo son apenas de mil 600 millones”.

Todas las fuentes entrevistadas coinciden en que el Tratado de 1944 debe permanecer sin cam-bio; en términos de intercambio de volúmenes de agua resulta benéfico para México, pero las actas que genera la CILA, y que hasta hoy suman 319, sí deben verse como instrumento para ade-cuar el Tratado a las condiciones específicas de cada región. De acuerdo con Alfonso Cortez, de lado mexicano la CILA negocia sólo por medio de su comisionado y muchas veces en sigilo (si acaso en la década reciente ha involu-crado a interlocutores interesados por el medio ambiente), mientras que del lado de EU el comisiona-do cuenta con la participación e interacción de representantes de la población usuaria del agua y hay mucha transparencia y opor-tunidad en la información (en ello tiene que ver el hecho de que en México el agua es propiedad de la nación y en nuestro vecino del norte son muchos los dueños pri-vados y hay mecanismos de mer-cado bien definidos).

Cortez Lara precisa que hay ejemplos de la posibilidad de que las actas adapten el Tratado a las realidades actuales. Es el caso de la 319, la cual estableció la deter-minación de asignar agua al delta del Río Colorado. “Aquí durante 20 años el agua no había llegado al delta, e igual pasa en el Bajo Río Bravo; se atiende a las ciuda-des, luego al campo, y del delta todos se olvidan. Con el acta 319 estamos comenzando a pensar en la naturaleza, en proteger nuestro medio ambiente”. Asimismo, el acta 318 permitió negociar la pos-posición de entrega de aguas de EU debido al daño que sufrió la infraestructura hidroagrícola de Baja California por el sismo su-frido por este estado en 2010.

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UN MÉXICO CON RÍOS LIMPIOS Y LIBRESOmar Arellano-Aguilar Unión de Científi cos Comprometidos con la Sociedad, AC

México está caracte-rizado por 50 ríos principales que ba-jan de las grandes

sierras con 337 mil millones de metros cúbicos de agua al año, y que presentan fuertes problemas de sobreexplotación y contamina-ción, en particular los ríos Grande de Santiago, Atoyac, Blanco, Tula, Coatzacoalcos, Lerma, Papaga-yos, Tecolutla, Bobos, Verde, Ya-qui y Colorado.

Estos ríos reciben 243 mil litros por segundo de aguas residuales municipales y 188.7 metros cú-bicos por segundo de aguas resi-duales industriales, casi la mitad sin tratamiento, y la otra parte sin vigilancia continua para verificar el cumplimiento de normatividad, la cual, por cierto, data de 1996. En 2010 más del 20 por ciento de las cuencas hidrológicas del país presentaba serias alteraciones eco-hidrológicas; en algunos ríos de México se han detectado más de mil sustancias químicas tóxicas.

Sin reconocimiento oficial, la si-tuación se agrava: los ecosistemas acuáticos se ven afectados, hay extinción de especies, se reduce la disponibilidad de agua limpia y se observan problemas de salud en las poblaciones colindantes.

La construcción de grandes pre-sas hidroeléctricas y el trasvase de agua entre cuencas sólo sir-ven para empeorar la situación de los ríos. Al disminuir su f lu-jo, se reduce su capacidad de autodepuración, se aumenta la evaporación, declina la biodi-versidad acuícola y se impide el transporte de nutrientes a las zo-nas costeras.

¿Cómo podemos revertir el daño? Primero, reconocer que los ríos forman ecosistemas que defi-nen la orografía y microclima de un sitio, así como la biodiversidad de una región y la productividad de los ecosistemas costeros. Los ríos son parte fundamental de la historia de los pueblos.

Segundo, crear una nueva forma de relacionarnos con el entorno a por medio de la conservación de los recursos. Las acciones comunitarias de autogestión y las redes de partici-pación ciudadana están generando proyectos alternativos de manejo sustentable y de monitoreo desde Baja California hasta Quintana Roo.

Tercero, definir un periodo de transición para lograr, en 15 años, el fin a la contaminación del agua por actividades agrícolas o indus-triales, y en ese marco establecer una lista prioritaria de sustancias para su prohibición inmediata y ampliar los parámetros utilizados para detectar la presencia de con-taminantes en descargas durante este periodo. El cobro de derechos por acceso a aguas nacionales para uso industrial debe cubrir el costo de inspecciones y análisis oficiales periódicos, así como para el moni-toreo ciudadano. Los que contami-nan deben perder sus concesiones. El público debe de tener acceso permanente a los puntos de des-

carga, y los datos sobre sustancias utilizadas por cada concesionario y los resultados de muestreos oficia-les deben ser difundidos en línea.

Cuarto, promover un plan de des-mantelamiento de presas y diques para restablecer el flujo y la diná-mica natural de los ríos como lo es-tán haciendo países como Estados Unidos y los de la Unión Europea.

Quinto, exigir que todo proyec-to de infraestructura que pudiera causar algún impacto al sistema hí-drico cuente con un Dictamen de Impacto Socio-Hídrico emitido por un comité científico-ciudadano in-dependiente, el cual garantice que el proyecto no propiciará daños.

Sexto, organizarse y actuar. Exis-ten alrededor de 300 organizacio-nes regionales que están respon-diendo ante la crisis hídrica del país. En una acción sin precedente, la campaña Agua para Todos, Agua para la Vida reúne a cientos de aca-démicos y estudiantes de las prin-

cipales universidades de México y al menos 49 organizaciones civiles. Han consensado una propuesta para una nueva Ley General de Aguas con el objetivo de cambiar el modelo de extracción y manejo de los recursos hídricos. Esta propues-ta prioriza la conservación de los ecosistemas, la soberanía alimenta-ria y la reducción significativa de la contaminación de los ríos.

EL CIADI: “DERECHOS” DE LAS CORPORACIONES CONTRA LOS DERECHOS HUMANOSEduardo Monroy y Jessica Jiménez Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa. Revista Xantico

El Centro Internacional de Arreglo de Diferen-cias Relativas a Inversio-nes (CIADI) ha cobrado

notoriedad por ser uno de los prin-cipales eslabones del sistema de protección de las inversiones del capital extranjero en el mundo. Este centro de arbitraje con fun-ciones de tribunal, pertenece al Grupo del Banco Mundial (BM). En él se dirimen los conflictos de los inversionistas extranjeros con los Estados; sólo las corporaciones están facultadas para demandar. El proceso inicia cuando el país anfitrión implementa una política que podría afectar sus ganancias esperadas según lo estipulado en algún Tratado Bilateral de Inver-sión o de Libre Comercio, por

ejemplo, en el caso de nuevas dis-posiciones de protección al medio ambiente.

Sudáfrica fue fuertemente de-mandada ante el CIADI en 2007 después de implementar políticas en pro de la población negra, que había sido marginada durante el apartheid. Argentina, tras la crisis financiera en 2001, se convirtió en el país más demandado ante el CIADI. México, pese a no ser firmante, es el cuarto país más de-mandado a nivel global debido a que reconoce a CIADI como árbi-tro en sus tratados bilaterales y de libre comercio.

En el CIADI los árbitros son al mismo tiempo juez y parte;

generalmente provienen de las mismas empresas que deman-dan. En más de 95 por ciento de los casos, el fallo es a favor de la corporación demandante. Si los países deciden salir del CIADI, son obligados a seguir respetando los fallos del tribunal hasta por 15 años más.

Los laudos decretados por los ár-bitros del CIADI utilizan instru-mentos como el embargo de los bienes del país en el extranjero, o de sus reservas internacionales en oro. La cesión de la soberanía de las naciones en el altar del li-bre comercio internacional es un tema altamente polémico, pero es práctica cotidiana en un escenario de extracción y mercantilización de los recursos naturales y de la propia vida.

En entrevista, Alberto Arroyo in-vestigador de la Universidad Au-tónoma Metropolitana, critica la firma de tratados y acuerdos que reconocen el CIADI. En primer lugar, cuestiona quiénes son los beneficiarios de la inversión ex-tranjera que estos acuerdos buscan atraer. Segundo, señala el caso de Brasil, país que no ha firmado nin-gún TBI y es el principal captador de inversión extranjera directa de América Latina, por encima de México, que ha firmado y se ha subordinado a los intereses de los inversionistas extranjeros.

Arroyo, miembro de la Red Mexi-cana de Acción Frente al Libre Comercio, habló sobre algunas estrategias que se puede impulsar para recuperar la soberanía cedi-da: “Una estrategia es iniciar una campaña a nivel local, nacional e internacional para cuestionar el poder de las corporaciones e im-pulsar un código vinculante que dé a los pueblos y a los gobiernos la capacidad de demandar a las tras-nacionales en un tribunal interna-cional por violación a los derechos humanos, así como por la deuda ecológica (daños irreversibles que han causado desde el pasado y hasta el futuro). “La violación de los derechos humanos debe ser causal de nulidad inmediata de un tratado”.

Por otro lado, se ha apelado a la defensa del territorio; los pueblos han defendido su derecho a la consulta previa, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La comunidad es la última línea de defensa del territorio ante los embates de las transnacionales y tiene que pelear bajo el amparo de la propiedad colectiva de la tierra, señala Arroyo.

“No cabe duda que entrar a un TBI sin medir las severas conse-cuencias es lo peor que pueden hacer los gobiernos”, manifiesta Javier Echaide, catedrático de la

Universidad de Buenos Aires. “Ar-gentina, que privatizó sus sistemas de agua, una vez comenzada la crisis de 2001 recibió un alud de demandas multimillonarias ante el CIADI. De concretarse la pri-vatización del agua en México se correría la misma suerte”.

En el mismo sentido, Arroyo agre-ga: “El agua como un derecho humano indispensable para garan-tizar la soberanía alimentaria de los países y la preservación de los ecosistemas debe quedar exenta de la lógica del libre mercado”. En el caso mexicano, la legislación permite concesiones con duración de hasta 30 años, garantizando el pago de utilidades esperadas en caso de la cancelación de la con-cesión por cualquier motivo, e incluyendo el incumplimiento por parte del concesionario.

Para lograr mayor control sobre las inversiones, Arroyo señala la impor-tancia de presionar para evitar la firma de tratados, acuerdos y conce-siones, especialmente los de largo plazo. También invita a participar en la campaña mundial a favor de un tratado internacional y mecanis-mos que obligarían a los Estados a responsabilizar a las empresas para sus acciones u omisiones que vulne-ren derechos humanos.

Para más información de la campaña: rmalc@rmalc.org.mx

17 de mayo de 201420

Elena Burns Coordinadora de proyectos especiales del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, miembro del Grupo Promotor de la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida y editora de la revista Xantico

Los organizadores del Con-greso de la Red Temática del Agua del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (Conacyt) ya habíamos determinado impulsar un proceso propositivo, cuando nos enteramos de que la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua exigía generar en 360 días una nueva Ley General de Aguas. Corría febrero de 2012, año de distracción legislativa. Después de una consulta rápida, decidimos asumir el reto: libres de las atadu-ras de la realpolitik, elaboraríamos la ley que México requiere, con base en las mejores ideas de las or-ganizaciones y de los académicos más experimentados.

Formamos diez mesas temáticas para iniciar el diseño y culminamos con el Congreso Ciudadano en di-ciembre 2012. Como primer paso, consensamos una Agenda Nacio-nal: garantizar en 15 años agua para ecosistemas, agua para tod@s; agua para la soberanía alimentaria, y fin a la sobreexplotación, a la destruc-ción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad a sequías e inunda-ciones causada por el mal manejo del agua y el territorio.

En cumplimiento con el manda-to constitucional de dar un papel a la ciudadanía junto con los tres órdenes de gobierno, nos enfo-camos en el diseño de instancias de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la defensa y contraloría, desde el nivel local hasta el nacional, y en los nuevos instrumentos requeridos.

En el ámbito territorial, vimos la necesidad, en primer lugar, de ga-rantizar los derechos de los pue-blos originarios sobre sus aguas y tierras. Además, se requeriría de Comités de Microcuenca de acceso abierto, para diseñar y realizar proyectos de gestión del

agua en el territorio. El consenti-miento libre, previo e informado de estos Comités sería requisito para la autorización de cualquier proyecto con un potencial impac-to hídrico en su territorio. Los Comités elegirían representantes (habitantes y especialistas) para las Comisiones de Subcuenca, las cuales estarían a cargo de la planeación y gestión, y para los Consejos de Cuenca, que pro-pondrían el presupuesto federal hídrico anual, así como la rea-signación de concesiones a aguas nacionales para lograr el acceso equitativo y sustentable.

Estas instancias generarían Planes Rectores, que definirían las obras, políticas y programas requeridos en cada cuenca para restaurar a los ecosistemas y los flujos superficia-les y subterráneos, como garante de agua de calidad ahora y a futuro. Por estar elaborados en torno al derecho humano al agua, esos Planes Recto-res tendrían que ser respetados por los planes de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos.

El Consejo Nacional de Cuencas, compuesto por representantes de los Consejos de Cuenca, tomaría decisiones en cuanto a: el pre-

supuesto anual, políticas y pro-gramas para lograr la soberanía hídrico alimentaria, la revisión de tratados con un potencial im-pacto hídrico y el nombramiento de la terna para el director gene-ral de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La Conagua ejecutaría los actos de autoridad requeridos para cumplir con los Planes Rectores y la reorienta-ción del sistema de concesiones, exclusivamente, y por lo tanto, no requeriría de sus actuales Orga-nismos de Cuenca.

Se vio la necesidad de fortalecer y priorizar los sistemas comunita-

rios de agua, y de ciudadanizar los Consejos Administrativos de los sistemas municipales y metropoli-tanos, garantizando en ambos ca-sos su no privatización. Se prohibi-ría el uso industrial del agua de los sistemas municipales o comunita-rios, fomentando su reciclaje y la política de cero descargas.

El agua tendría que recibir cinco por ciento del presupuesto federal, obligatoriamente para la ejecución de los planes consensados. Se esta-blecería un Fondo Nacional para ga-rantizar el financiamiento directo de proyectos autogestivos de comunida-des sin acceso a agua o saneamiento.

Se prohibirían los trasvases; se buscaría su gradual reemplazo por proyectos que permitieran la auto sustentabilidad hídrica de las ciudades, y se garantizaría la reparación de daños y restitución para los pueblos afectados por los trasvases existentes.

Se pondría fin a la contaminación del agua y cuencas, empezando con la prohibición inmediata de las sustancias tóxicas, y se financiarían inspecciones oficiales y el monito-reo ciudadano vía un aumento en los derechos cobrados para usos no prioritarios de aguas nacionales.

Se establecería una Contraloría Social del Agua, con unidades auto organizadas a nivel municipal, de cuenca y nacional. Esta Contralo-ría realizaría evaluaciones anuales de los funcionarios públicos, vigila-ría el funcionamiento democrático y transparente de las instancias de toma de decisión sobre el agua y las cuencas y realizaría monitoreos para garantizar el acceso sustenta-ble y el no acaparamiento.

Para reducir los volúmenes dedica-dos al uso agrícola y priorizar la so-beranía alimentaria, en cada cuen-ca se formaría un Comité para la Soberanía y Sustentabilidad Hí-dricoalimentaria, compuesto por consumidores, productores, espe-cialistas y comunidades excluidas y afectadas, para la reorientación de sus concesiones, sus aguas resi-duales tratadas y su infraestructu-ra hidroagrícola.

La elaboración de la Iniciativa Ciudadana ha servido como un proceso formativo, en donde es-tamos sentando las bases desde ahora para las instancias de pla-neación, gestión, defensa y contra-loría que nuestra propuesta prevé. En este momento, estamos reco-giendo las 110 mil firmas reque-ridas para su presentación como Iniciativa Ciudadana, junto con firmas para la Ley Minera ciuda-dana y la Consulta Popular contra la privatización de los energéticos. Como diría Guadalupe Victoria, lanzamos esta propuesta en pren-da, y vamos por ella.

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ante

Primer Congreso “Ciudadanos y la Sustentabilidad del Agua en México”