Edicion Especial 203

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SUMARIO: Págs. FUNCIÓN JUDICIAL CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA PENAL: Recursos de casación, revisión y apelaciones en los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas: 601-2006 Arturo Virgilio Ojeda Briceño autor y responsable del delito de plagio, previsto en el Art. 188 del Código Penal ………………..…….. 2 234-2008 Arturo Hermenegildo Díaz Quinteros autor responsable del delito previsto y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ………..……… 4 250-2008 Segundo José Garcés Mosquera en contra de Antonio Benigno Brito Zuñiga y otros ……… 7 263-2008 Olga Teresa Beatriz Proaño Ariopajas y otros autores de la infracción tipificada y sancionada en el Art. 580 numeral 1 del Código Penal …… 8 264-2008 Luis Alfredo Demera Muentes en contra de Josefa del Carmen Demera Demera …………... 9 292-2008 Ernesto Rivadeneira García y otros autores del delito de peculado bancario ……………………. 10 307-2008 Flavio Enrique Barros Reinoso autor y responsable del delito de uso doloso de documento privado falso, tipificado y reprimido por los Arts. 341 y 340 del Código Penal …………………………………………….. 16 313-2008 Víctor Manuel Llanga Cruz en contra de Sadia Irene Montenegro Chanalata ….……………… 18 334-2008 Dr. Flavio Barros Reinoso autor y responsable del ilícito de uso doloso de documento privado falso, tipificado y sancionado por los Arts. 341 y 340 del Código Penal ………………………… 19 358-2008 Rosario Guadalupe Gavilánez Silva por el delito de injurias ……………………..………… 22 EDICIÓN ESPECIAL Año III Nº 203 Quito, Viernes 21 de Octubre del 2011 Valor: US$ 1.25 + IVA ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO BARREZUETA DIRECTOR Quito: Avenida 12 de Octubre N 16114 y Pasaje Nicolás Jiménez Dirección: Telf. 2901 629 Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 540 Distribución (Almacén): Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto Telf. 2430 110 Sucursal Guayaquil: Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto Telf. 2527 107 Suscripción anual: US$ 400 + IVA Impreso en Editora Nacional 50 ejemplares ‐‐ 48 páginas www.registroficial.gob.ec Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895
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Casaciones

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  • SUMARIO:

    Pgs.

    FUNCIN JUDICIAL CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

    PRIMERA SALA PENAL: Recursos de casacin, revisin y apelaciones en

    los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas:

    601-2006 Arturo Virgilio Ojeda Briceo autor y

    responsable del delito de plagio, previsto en el Art. 188 del Cdigo Penal .... 2

    234-2008 Arturo Hermenegildo Daz Quinteros autor

    responsable del delito previsto y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas .. 4

    250-2008 Segundo Jos Garcs Mosquera en contra de

    Antonio Benigno Brito Zuiga y otros 7 263-2008 Olga Teresa Beatriz Proao Ariopajas y otros

    autores de la infraccin tipificada y sancionada en el Art. 580 numeral 1 del Cdigo Penal 8

    264-2008 Luis Alfredo Demera Muentes en contra de

    Josefa del Carmen Demera Demera ... 9 292-2008 Ernesto Rivadeneira Garca y otros autores del

    delito de peculado bancario . 10 307-2008 Flavio Enrique Barros Reinoso autor y

    responsable del delito de uso doloso de documento privado falso, tipificado y reprimido por los Arts. 341 y 340 del Cdigo Penal .. 16

    313-2008 Vctor Manuel Llanga Cruz en contra de Sadia

    Irene Montenegro Chanalata . 18 334-2008 Dr. Flavio Barros Reinoso autor y responsable

    del ilcito de uso doloso de documento privado falso, tipificado y sancionado por los Arts. 341 y 340 del Cdigo Penal 19

    358-2008 Rosario Guadalupe Gavilnez Silva por el

    delito de injurias .. 22

    EDICIN ESPECIAL

    AoIIIN203

    Quito,Viernes21deOctubredel2011

    Valor:US$1.25+IVA

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  • 2 -- Edicin Especial N 203 - Registro Oficial - Viernes 21 de Octubre del 2011

    Pg. 359-2008 Vctor Leonardo Castro Castro por el

    delito de usurpacin ....

    23 362-2008 Mara Elena Sarango Sarango por

    injurias calumniosas ....

    25 378-2008 Elis Antonieta Cuesta Tern autora

    del delito tipificado y reprimido en el artculo 341 del Cdigo Penal .

    26 407-2008 Segundo Juan Herrera Narvez por el

    delito de usurpacin .

    28 99-2009 Alfredo Ortiz Cobos por el delito de

    injurias ...

    29 238-2009 Wilson Serafn Montesdeoca Pallango

    y otros por el delito de usurpacin ..

    30 241-2009 Jos Alberto Espn Gavilnez autor

    de delito injurias no calumniosas graves .

    32 257-2009 Ana Luca Ruiz Murillo como autora

    del delito de injurias calumniosas ..

    33 363-2009 Dolores Garca Garca autora

    responsable del delito de tentativa de trfico ilegal de migrantes, tipificado y sancionado en el Art. 440-A del Cdigo Penal .

    34 365-2009 Luis Hernn Daz Cajas y otro

    autores del delito tipificado y reprimido en los numerales 1 y 9 del Art. 450 del Cdigo Penal ....

    36 378-2009 Chirstian Steven Ponce Salas autor

    responsable del delito de asesinato puntualizado y sancionado en el Art. 450 numerales 1, 2, 5 y 6 del Cdigo Penal ..

    37 477-2009 Eduardo Vicente Unda y otros por el

    delito de usurpacin ....

    41 495-2009 Tito Agustn Bravo Tobar autor

    responsable del delito de robo agravado, tipificado y sancionado en los Arts. 550 y 552 inciso tercero del ordinal cuarto del Cdigo Penal

    43 574-2009 Bolvar Campaa Cobos autor del

    delito tipificado en el Art. 509 del Cdigo Penal y sancionado por el Art. 510 ibdem .

    45 672-2009 Wilson Adbn Snchez Manjarrez en

    contra de Arturo Elas Snchez Bastidas y otros.

    46

    Pg. 772-2009 Herminia del Roco Snchez en

    contra de Milton Rodrigo Vaca Snchez y otros .

    47

    No. 601-2006 PONENTE: Dr. Milton Pearreta lvarez, (Art. 185 de la Constitucin de la Repblica).

    CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL

    Quito, 15 de abril de 2009; las 10h00. VISTOS: El Tercer Tribunal Penal de Loja, dicta sentencia condenatoria contra el acusado Arturo Virgilio Ojeda Briceo, por considerarlo autor y responsable del delito de plagio, previsto en el Art. 188 del Cdigo Penal, y de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del Art. 189 del cdigo antes citado, se le impone la pena de ocho meses de prisin correccional; y, a Cristian Bernardo Terreros Merchn, se lo declara cmplice del indicado delito, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 47 del Cdigo Penal, se le impone la pena de 4 meses de prisin correccional, se los condena a dems a la indemnizacin de daos y perjuicios ocasionados por la infraccin. Los prenombrados acusados, en su oportunidad, interponen recurso de casacin, cuyo conocimiento, previo el respectivo sorteo, corresponde a la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Cumplidos los actos inherentes a la sustanciacin del recurso, para decidir se considera: PRIMERO: JURISDICCION Y COMPETENCIA: En virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1, Disposicin Transitoria Octava de la Constitucin de la Repblica del Ecuador publicada en el R. O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral sptimo de la sentencia interpretativa: 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 21 de diciembre del 2008; la Resolucin dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre del 2008; y publicada en el R. O. No. 511 del 21 de enero del 2009; y, el sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de jueces nacionales de esta Sala.- SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Examinado el procedimiento de la presente accin, no se advierte vicio u omisin de solemnidad sustancial que pudiera acarrear su nulidad, por lo que se declara la validez de esta causa. TERCERO: FUNDAMENTACION DEL RECURSO.- El acusado Dr. Arturo Ojeda Briceo, fundamenta su recurso manifestando que en la sentencia se ha hecho una falsa aplicacin de los Arts. 188 y 189 numeral 1 del Cdigo Penal, al declararle autor del delito de plagio, sin que conste en el proceso prueba clara, concreta y suficiente de que sus actos se subsuman al mencionado tipo penal. Igualmente, manifiesta, que existe falta de aplicacin del Art. 140 inciso segundo del Cdigo de Procedimiento

  • Edicin Especial N 203 - Registro Oficial - Viernes 21 de Octubre del 2011 -- 3

    Penal, pues la presunta certeza respecto a su responsabilidad penal, en el hecho que se juzga, se basa nica y exclusivamente en el testimonio del ofendido, el cual por s solo no constituye prueba, por lo que solicita se case la sentencia y se lo declare absuelto de responsabilidad penal. Por otro lado, el recurrente Cristian Bernardo Terreros Merchn fundamenta su recurso manifestando: Que en la sentencia se han violado las siguientes disposiciones legales: Art. 65 inciso cuarto; Art. 66 inciso 1 del Cdigo Penal, por falta de motivacin por parte del seor Fiscal; Art. 85 inciso primero del Cdigo de Procedimiento Penal ya que no se ha comprobado la existencia de la infraccin y menos su responsabilidad en el delito por el cual ha sido condenado; Art. 2 del Cdigo Penal; Art. 23 numeral 27; Art. 24 numerales 5, 6, 13 y 14, de la Constitucin Poltica de la Republica de 1998; por lo que solicita a la Sala que en estricta justicia y apego a las disposiciones constitucionales, acepten el recurso y lo absuelvan. CUARTO: DICTMEN FISCAL.- En contestacin al traslado que se le corri con el escrito de fundamentacin al Ministro Fiscal General del Estado, y de conformidad de lo dispuesto por el Art. 355 del Cdigo de Procedimiento Penal, este funcionario emiti su dictamen en el que en su parte medular seala textualmente: "Del anlisis de la sentencia impugnada, encuentro que los sentenciados basan sus alegaciones subjetivas a que el juzgador no hace una valoracin de las pruebas y no existe la materialidad de la infraccin y menos sus responsabilidades en el ilcito a ellos incriminados; el juzgador al aplicar la pena tipificada en el Art. 189 numeral primero del Cdigo Penal, hace una falsa aplicacin de esta norma, pero por la institucin reformatio in pejus, no se los puede agravar la pena a los acusados recurrentes, ya que la pena impuesta en el caso, es para el evento en que sin haber sufrido maltratos, la vctima haya sido puesta en libertad antes de iniciarse el procedimiento judicial, lo que significa que, la atenuacin de la sancin solo procede cuando el plagiario libera espontneamente a la vctima, y no como en el presente caso, cuando dicha liberacin se produce, como aparece de los considerandos de la sentencia, por la accin policial. Por consiguiente, considero que los escritos de fundamentacin slo contienen alegaciones imprecisas, que no tiene sustento en las tablas procesales, por lo que la casacin planteada por los recurrentes no puede prosperar. QUINTO: CONSIDERACIONES DE LA SALA.- 1). El recurso de casacin es procedente para examinar si en el fallo definitivo se ha violado la ley. El Juez de casacin al expedir la sentencia debe valorar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crtica, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 86 del Cdigo Adjetivo Penal. Adems de analizar que la sentencia sea fundada en derecho y para ello debe explicarse los hechos objeto de la adecuacin tpica, esto es, describirlos. Otra exigencia para que la motivacin sea legtima es que debe basarse en pruebas vlidamente introducidas en el juicio. Si bien es cierto que la valoracin de las pruebas y las conclusiones fcticas de la sentencia son inatacables en casacin, sta s controla el proceso lgico seguido por el Juez en su razonamiento, a fin de velar por la aplicacin de las reglas de la sana crtica en la motivacin de la sentencia. Otro requisito indispensable de la sentencia es que est debidamente motivada. La motivacin tiene dos aspectos por un lado le concede al juzgador libertad de apreciacin, pero por otro, est obligado a correlacionar lgicamente los argumentos que le

    llevaron a arribar a tal conclusin; 2). En el caso que nos ocupa el Tribunal juzgador, cumple con, todos los aspectos antes sealados al dictar su fallo, habindose comprobado la existencia material de la infraccin y la responsabilidad de los acusados en base a las siguientes aportaciones probatorias: a) Parte Policial firmado por el Sub. Oficial de Polica Segundo Evitelio Correa Jimnez, el mismo que en su testimonio de audiencia, se ratifica en su contenido, que en lo principal dice: Que el da y hora de los hechos, encontrndose como Jefe de Patrulla de Catamayo, en control de carreteras, desde la central de radio patrullas, le alertaron que se haba producido el secuestro de una persona, aproximadamente a las 21 horas, en la calle 24 de mayo de la ciudad de Loja, indicndole que se transportaban en una camioneta Silverado concho de vino y en un Jeep rojo, donde se encontraban 4 personas: el agraviado Jos Javier Guerrero, Gustavo Santana y Csar Sarmiento, a cada uno de los cuales se les encontr una pistola de 9mm, proyectiles y celulares, a Juan Castro Prez solo proyectiles calibre 38mm; que Guerrero estuvo desesperado, solicit ayuda para localizar al otro vehculo, y que al llegar a Catamayo ya se encontraban detenidos Ojeda Briceo y Terreros Merchn y el vehculo Silverado; b) Los testimonios de los policas: Pedro Pablo Jimnez Briceo, Guido Vicente Espejo, Oscar Matamba Murillo y Hctor Germn Yanza, actuantes del operativo concuerdan en manifestar que el da y hora de los hechos, Pablo Jimnez recibi una llamada de quien deca ser vecina del agraviado, dando a conocer las caractersticas del vehculo en el cual le trasladaban al plagiado desde la ciudad de Loja, por lo que da aviso a todas las centrales, e intervienen ellos en el operativo desde los diferentes sitios en que se encontraban, segn consta en el parte policial; c) Testimonio del perito Cap. Pal Aguilar, quien realiz los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, de las armas incautadas, ratificndose en el informe al momento de la audiencia, y aadiendo que las armas incautadas a los acusados Santana y Castro son las mismas que se las presenta en la audiencia, y explica que rastrillar o montar el arma equivale a ponerla en estado de disparar; d) El testimonio del ofendido Jos Javier Guerrero Guzmn es concordante con los testimonios anteriores, y en lo principal declara, que el 29 de marzo del 2005, se encontraba en su domicilio ubicado en las calles 24 de Mayo y Rocafuerte de la ciudad de Loja, que ms o menos a eso de Ias 20h00 la empleada de casa le comunica, que buscan a su hermano Carlos Guerrero o a l, que al salir se encontr con Arturo Virgilio Ojeda Briceo a quien conoca desde hace 10 aos atrs aproximadamente que ste le pregunt por su hermano, que lo tom del brazo y lo hal hasta cruzar la calle, donde aparece una persona y que por la fotografa reconoce a Gustavo Santana, quien rastrill una pistola, y la coloc en su costado izquierdo dicindole: ven chucha de tu madre, sbete al carro o te meto un tiro, y con Arturo Ojeda lo llevaron a una camioneta Silverado GMC, color concho de vino, lo pusieron al centro del vehculo que conduca Santana, luego apareci en la calle Rocafuerte otra persona, que la identifica en la fotografa, que se trataba de Juan Ricardo Castro Prez, quien recibi la pistola del conductor Arturo Ojeda, y se traslad a otro vehculo Jeep rojo, que en el trayecto pudo divisar a su prima Ximena Briceo que viajaba en un taxi, luego se entero que ella dio aviso a su familia; que al darse cuenta de un supuesto seguimiento, por parte del taxi, Santana dice que llame al suco y le comente que detenga al taxi, hablando con Arturo

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    Ojeda, pero que el taxi tom otro rumbo, que bajo amenazas indic el camino a Catamayo, y que antes de llegar a la urna de la virgen, se encontraron con el Jeep donde se cambiaron, y que quien lo encaonaba era Juan Ricardo Castro, adems reconoce a los acusados como sus plagiadores, presentes en la audiencia; que fue salvado por los policas que se encontraban en el peaje, quienes al verlo con pantaln de terno, camisa y chancletas, un polica que hoy conoce es el Sub. Oficial Segundo Viteri Correa, le dijo: me parece que a usted lo traen secuestrado, y a todos nos condujeron a la garita del peaje, donde se hicieron las preguntas de rigor, llevndolos detenidos a los acusados, y cuando le preguntaron si lo llevaban secuestrado, contesto afirmativamente; que Arturo Ojeda haba contratado a los secuestradores quien los haba trado desde Machala; e) Con el testimonio de la doctora Mercedes Guzmn, madre del agraviado, quien manifiesta que se preocup de su hijo el da de los hechos ya que fue avisada de que le buscaban y no regres, que recibi unas llamadas annimas que le decan "algo est sucediendo con su hijo". Esto coincide con el testimonio de su sobrina Ximena Briceo, quien le comunic que haba visto a su hijo con unos mal encarados. 3) El principal requisito para la configuracin del delito, es el dolo y concordantemente con lo que dispone el Art. 188 del Cdigo Penal, se puede colegir que la intencin dolosa del plagiador, es obtener una recompensa, una utilidad cuantiosa por el rescate, a cambio de liberar al plagiado. 4) Cabanellas lo define como "la sagaz y astuta precaucin con que cada persona debe defender su derecho y evitar todo detrimento y perjuicio que le amenace por engao de un tercero. Constituye la denominada habilidad, maa o experiencia la picarda sin maldad, si ello es concebible. El dolo del mpetu es el ideado y puesto en prctica de manera sbita, que se valora en lo moral y en lo penal sobre todo con cierta indulgencia que no alcanza a la perversidad puesta de manifiesto en el dolo de propsito. 5) En el Derecho Romano, al arresto momentneo de una persona sin secuestrarla se lo tomaba como un atentado a las atribuciones del soberano por que solo al prncipe corresponda la detencin y custodia de las personas y as pas esta institucin al derecho espaol. Ms tarde, cuando las constituciones de todos los pases consagraron la libertad individual, se establecieron en los cdigos penales, las figuras tpicas de esos delitos exceptundose desde luego, a la prisin por deudas que, perezosamente, fue saliendo de las leyes de los diversos estados, as como el expulsar a otro de la propia tierra, el encierro del padre al hijo, o del marido a la mujer. 6) En el caso que nos ocupa, se aspira simplemente a la devolucin del dinero por parte del plagiado, es ms el delito se lo comete en el centro de la ciudad, junto a la casa de la vctima, casi a vista y paciencia de los familiares y personas naturales que pudiera cruzar por la calle, luego se trasladan a La Toma a pedido del supuesto plagiado a ver a su hermano que se encontraba en Catamayo, se trasladan por el carretero principal, donde hay controles de polica, es decir, no prefieren desvos poco transitados, o algo por el estilo. Esto es lo que los tratadistas del Derecho Penal lo denominan dolo de mpetu, dolo bueno, dolo incidental, que persigue fin lcito, y por tanto atenuado (pero por camino equivocado). Por las razones que anteceden, HACIENDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIN Y LAS LEYES DE LA REPBLICA, esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de

    Justicia, de conformidad con el Art. 358 del Cdigo de Procedimiento Penal, desestima los recursos de casacin por improcedentes, y de oficio casa parcialmente la sentencia subida en grado, imponindole la pena de SEIS MESES DE PRISION CORRECIONAL, al acusado Arturo Virgilio Ojeda Briceo. En la especie que se juzga, y de los recaudos procesales se establece que el prenombrado acusado Dr. Arturo Virgilio Ojeda Briceo es un profesional del derecho, que sustenta a su familia con su trabajo honrado y a la vista de todos, esto demuestra que es un individuo positivo para la sociedad, y de buena conducta y que no es reincidente, razn por la cual se deja en suspenso la pena de prisin impuesta de conformidad con lo que dispone el Art. 82 del Cdigo Penal. De igual manera se casa parcialmente la sentencia a favor de Cristin Bernardo Terreros Merchn, a quien se le impone la pena de TRES MESES DE PRISIN CORRECCIONAL por su calidad de complice dejndose en suspenso la condena por las mismas razones invocadas anteriormente. Notifquese, devulvase y publquese. Fdo.). Dres. Hernn Ulloa Parada, Juez Presidente, Luis Moyano Alarcn y Milton Pearreta lvarez, Jueces Nacionales. Certifico. F.). Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator. Certifico: Que las seis copias que anteceden son iguales a su original. Quito, 14 de julio del 2009. f). Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

    No. 234-2008 PONENTE: Dr. Hernn Ulloa Parada (Art. 185 Constitucin de la Repblica del Ecuador).

    CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL

    Quito, 16 de marzo del 2009; las 10h00. VISTOS: El sentenciado ARTURO HERMENEGILDO DAZ QUINTEROS, interpone recurso de casacin contra la sentencia pronunciada el 31 de marzo del 2008 a las 08h15 por la Corte Superior de Justicia de Tulcn, mediante la cual se revoca la sentencia absolutoria dictada a su favor por el Tribunal Penal del Carchi, imponindole la pena modificada de ocho aos de reclusin mayor ordinaria, disponiendo el comiso especial de un bien inmueble de su propiedad ubicado en el cantn Mira, provincia del Carchi por considerarlo autor responsable del delito previsto y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas. En lo referente a los acusados Lucio Patricio Daz Quinteros, Nancy Maribel

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    Armas Pantoja y Lucio Plutarco Salazar Pantoja, al tenor de lo dispuesto en el Art. 311 del Cdigo de Procedimiento Penal, se confirma la sentencia absolutoria dictada en su favor por el Tribunal Penal del Carchi. Por su parte la Ministra Fiscal Distrital del Carchi, interpone recurso de casacin de la sustancia dictada por la Corte Superior de Justicia de Tulcn, al no estar de acuerdo con la sentencia absolutoria por ella emitida. Los recursos interpuestos fueron debidamente fundamentados por los recurrentes, habindose corrido traslado con el mismo al seor Ministro Fiscal General del Estado, interviniente, quien contest, de conformidad con lo que establecen los Arts. 354 y 355 del Cdigo de Procedimiento Penal. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: JURISDICCIN Y COMPETENCIA.- Esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casacin interpuesto de conformidad con la ley, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1; Disposicin Transitoria Octava de la Constitucin de la Repblica del Ecuador publicado en el R. O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral sptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R. O. No. 479 del 2 de diciembre del 2008; y, la Resolucin dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre del 2008 y publicada en el R. O. No. 511 del 21 de enero del 2009, y por el sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de jueces nacionales de esta Primera Sala de lo Penal. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente accin, no se advierte vicio u omisin de solemnidad sustancia que pudiera acarrear su nulidad, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO: FUNDAMENTACIN DEL RECURSO.- El Dr. Washington Pesntez Muoz, Ministro Fiscal del Estado, al fundamentar el recurso interpuesto por la representante Distrital de la Fiscala del Carchi, manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente: 1.- Que la Corte Superior, en el considerando octavo de la sentencia expresa que se encuentra probado la existencia material de la infraccin, con el testimonio rendido en la audiencia del juicio por la perito Dra. Wilman Yambay y los rendidos por los peritos doctoras Guillermina Gallo Zea y Mariana Torres, mediante deprecatorio, ante el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, quienes determinan que la sustancia incautada es clorhidrato de cocana. Que en cuanto a la responsabilidad penal de los procesados, la Corte Superior puntualiza que no se ha encontrado, estupefacientes, alguno en la vivienda de Arturo Diaz en la ciudad de Ibarra, ni en poder de Lucio Patricio Daz Quinteros, sino nicamente a ocho metros del patio de propiedad del prenombrado Arturo Daz Quinteros en Chinambi pero que en todo caso el lugar del hallazgo colinda con la propiedad del referido acusado y cuya vigilancia estaba a cargo de Lucio Plutarco Salazar Pantoja; por esta razn manifiesta que la Corte Superior de acuerdo a la sana crtica, estima que el saquillo que contena la droga efectivamente pertenece a Arturo Hermenegildo Daz Quinteros, la misma que el procesado ha tratado de camuflarla en un lugar aledao a su propiedad con el fin de engaar a la polica que tiempo atrs realizaba ya operativos de vigilancia, motivo por el cual revoca la sentencia absolutoria a favor de Arturo Daz Quinteros, imponindole la pena atenuada de ocho aos de reclusin mayor ordinaria y, en cuanto a los acusados Lucio Patricio Daz Quinteros,

    Nancy Maribel Armas Pantoja y Lucio Plutarco Salazar Pantoja, se confirma la sentencia absolutoria dictada a su favor por el Tribunal Penal del Carchi. 2.- Que la representante del Ministerio Pblico, Dra. Narcisa Tapia Guerrn, Ministra Fiscal Distrital del Carchi (e), alega en el escrito de interposicin de la casacin que, la Corte Superior de Tulcn ha analizado las pruebas solicitadas, practicadas e incorporadas en la etapa del juicio por el Agente Fiscal interviniente, sin embargo, no ha tomado en consideracin los elementos aportados al proceso en los que se ha demostrado con claridad que los procesados que fueron absueltos, han participado plenamente y con conocimiento del ilcito previsto y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, razn por la cual interpone este recurso por no estar de acuerdo con la decisin de la Corte Superior. 3.- Que se ha demostrado que la Corte de Justicia del Carchi al efectuar la valoracin de la pruebas actuadas en el proceso por tenencia de estupefacientes, en el caso de Lucio Daz Quinteros y Lucio Salazar Pantoja, en relacin con las normativas del Art. 62 ya citado, as como del Art. 43 del Cdigo Penal, ha violentado dichas normas, as como la de los Arts. 85, 86, 87 y 88 del Cdigo de Procedimiento Penal. De igual manera, agrega que se dispone de manera ilegal, la aplicacin de atenuantes a favor de Arturo Diaz Quintero, sin que auqel haya justificado atenuantes por lo que pide a la Sala que se considere a estos ltimos en calidad de cmplices; y, en cuanto a Nancy Maribel Armas Pantoja, no insiste en ninguna fundamentacin. Por su parte, el recurrente Arturo Hemeregildo Daz, al fundamentar el recurso de casacin interpuesto, hace, entre otras, las siguientes puntualizaciones: 1.- Que la investigacin de este caso se inicia con el parte informativo que consta a fojas 4, elaborado el 11 de diciembre del 2006, a las 14h00, por el Agente Antinarcticos Walter Guzmn, el mismo que indica que ese da y hora ha recibido una llamada al 1800DROGAS en la cual un ciudadano de manera annima manifest que el seor ARTURO DAZ QUINTEROS, es una persona que tiene varias propiedades en el sector de CHINANBI y que est dedicado al trasporte de sustancias sujetas a fiscalizacin, indic adems que posee varias propiedades es esta cuidad y que tambin se dedica a prestar dinero con altos intereses. Igualmente supo manifestar que en estos das ARTURO DAZ recibir la mercadera en sus propiedades ubicadas en el sector de CHINANBI y que estemos atentos. Que este parte es fraudulento, forjado en su totalidad ya que a fojas 886 a 920 se encuentran los registros de las llamadas entrantes, en el que constan que el 11 de diciembre del 2006, a las 14h00 no existe ninguna llamada entrante y que esta informacin fue pedida a Andinatel S.A. por parte del seor Fiscal interviniente. 2.- Que el pedido de allanamiento del domicilio realizado por el Fiscal de Ibarra en fecha 12 de diciembre del 2006 y ordenado por el Juez Segundo de lo Penal de Imbabura fue realizado por carecer de competencia, en razn de que el supuesto ilcito se cometi en el sector de Chinambi, cantn Mira provincia de Carchi, adems que, dicho allanamiento ilegal y arbitrario se realiz despus de 29 das de haberse ordenando. Dice el recurrente, cabe sealar que en mi poder y/o dentro de mi domicilio nunca se encontr alguna sustancia sujeta a fiscalizacin o peor elemento o indicio que me vincule con el delito que ilegalmente se me imputa, habiendo dentro del proceso justificado la procedencia de mi patrimonio. Posteriormente cuando el

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    seor Juez Cuarto de lo Penal avoca conocimiento de la instruccin fiscal en mi contra, ordena, as mismo de manera ilegal, mi prisin preventiva, as como de mi cnyuge, hermano y familiares cercanos. 3.- Tal es as que, a fojas 383, recin el seor Juez Cuarto de lo Penal de Imbabura al darle cuenta de su error, se inhibe del conocimiento de esta causa y remite todo lo actuado al seor Juez Cuarto de lo Penal de la provincia del Carchi, quien mediante providencia de fecha 14 de febrero del 2007 ordena que las evidencias sean puestas a rdenes de su autoridad, ms ocurre que, mediante oficio de fecha 16 de febrero del 2007, evidentemente forjado por el Dr. Gustavo Torres Anangon, Fiscal de Imbabura, comunica que adjunta el acta del CONSEP, de pesaje toma de muestras y destruccin de la sustancia estupefaciente. El recurrente dice: Seores Magistrados de lo anotado se colige que dicha sustancia fue dolosamente destruida con el objeto de que no sea trasladada hasta las oficinas del CONSEP de la provincia del Carchi, ya que las autoridades que conocan del hecho, tenan conocimiento de que sta no era una sustancia sujeta a fiscalizacin o que la misma estaba mezclada con grandes cantidades de otra sustancia que no constitua delito. Aquello se corrobora, segn expresa, con el informe qumico de la sustancia elaborada por la Dra. Wilma Yambal Vallejo que obra de fojas 831, 832 y 833, que dice: Las muestras detalladas en 2.1 de la instruccin fiscal No. 04-2007-RG contiene clorhidrato de cocana en mezcla.4.- Pide que se tome en cuenta los testimonios de los policas Wilson Ricardo Vinueza Ruiz y Paola Argentina Mafla Andrade, en el sentido de que al momento de mi aprehensin y la de mi cnyuge Nancy Armas, no se encontr droga alguna en mi domicilio. Que existen dos peritajes de reconocimiento de lugar, realizados por los Ing. Ernesto Clavijo Guerrero y Sergio Dvila Gmez Jurado que corren a fojas 729 y 741 a 753, respectivamente, en lo que unvocamente concluyen que el lugar exacto de los hechos, se encuentra fuera de la propiedad del Sr. Arturo Daz, separado por el camino pblico. 5.- Que las normas infringidas por parte de la Corte Superior de Justicia de Tulcn son: Art. 24 numerales 13 y 17; Arts. 192 y 194 de la Constitucin Poltica de la Repblica; y Arts.15, 79, 86, 87, 88, 90, 238, 250, 252, 304-A del Cdigo de Procedimiento Penal, motivos por los que pide a la Sala que confirme la sentencia absolutoria emitida por los jueces que confirman El Tribunal Penal de La Provincia del Carchi y se declare a mi persona inocente del delito de tenencia de sustancias estupefacientes que ilegalmente se me imputa, para de esta manera reparar en algo el agravio inferido. CUARTO: DICTAMEN FISCAL, A) El seor Ministro Fiscal interviniente, al contestar la fundamentacin del recurso de casacin realizada por Arturo Hermenegildo Daz Quinteros, manifiesta que: 1.- La conducta tpica descrita en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, reprime a quienes sin autorizacin legal o despacho de receta mdica previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tctico, deducible de una o ms circunstancias sustanciales estupefacientes o psicotrpicas en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier ttulo, o que est bajo su dependencia o control, delito que se considera demostrado conforme a derecho en el caso sub jdice, puesto que el hecho de que Arturo Daz haya intentado camuflar la droga

    en un sitio aledao a su propiedad, pero que por la corta distancia est evidentemente bajo su control, permite determinar la responsabilidad del acusado en la tenencia de estupefacientes como lo seala la Corte Superior de Justicia de Tulcn. 2.- Para que el recurso extraordinario de casacin prospere, se hace imprescindible que quien recurre por esta va demuestre los errores de derecho en los que ha incurrido el rgano que ejerce jurisdiccin, en cualquiera de las formas determinadas taxativamente en el Art. 349 del Cdigo de Procedimiento Penal; por tanto, este recurso especial, no est destinado para que se realice una nueva valoracin de la carga probatoria, actividad que en su momento fue debidamente evacuada por el Tribunal juzgador; si que las alegaciones efectuadas por el recurrente respecto a las pruebas actuadas y su apreciacin por el juzgador viabilicen y concreten cual es la violacin de la ley en la sentencia; puesto que de sus argumentos se puede apreciar un ataque permanente al acervo probatorio actuado y analizado por el Tribunal Penal del Carchi a la luz de la consulta absuelta por la Corte Superior de Justicia de Tulcn. Por lo expuesto, estima que la Sala debe declarar improcedente el recurso de casacin interpuesto por Arturo Hermenegildo Daz Quintero. QUINTO: CONSIDERACIONES DE LA SALA.- 1.- La casacin Penal es un medio extraordinario de impugnacin, de efecto suspensivo, contra sentencias en las que se hubiere violado la ley, ya por contravenir expresamente su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicacin de ella ya en fin, por haberla interpretado errneamente o como seala Fabio Caldern Botero en su obra Casacin y Revisin en Materia Penal que el recurso de casacin es un juicio tcnico jurdico, de puro derecho sobre la legalidad de la sentencia (errores in iudicando) o sobre el proceso en su totalidad o en diversos sectores del mismo (errores in procedendo); de ah que la casacin, como un juicio sobre la sentencia que es, no puede entenderse como una instancia adicional, ni cuando potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fcticos y normativos, sino como fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo; 2.- En el caso que nos ocupa, si bien la Sala est imposibilitada de reexaminar las pruebas, sin embargo tanto para determinar la existencia de la infraccin, as como los medios intelectivos por los cuales el juzgador llega al convencimiento de la responsabilidad del imputado, puede confrontar el anlisis fctico del fallo con las disposiciones legales que permiten una racional y lgica aplicacin de las normas que regulan la apreciacin de la prueba, pues, en este caso, el recurrente ha manifestado que adems de las diversas irregularidades que cometieron inicialmente el Fiscal y Juez de lo penal de la provincia de Imbabura, existen dudas sobre existencia de la infraccin, as como de su responsabilidad penal, por cuanto la supuesta sustancia estupefaciente, no ha sido encontrada ni en su domicilio, ni en sus propiedades; 3.- En efecto, de los testimonios de los investigadores y miembros de la Polica Nacional Wilson Ricardo Vinueza Ruiz y Paola Argentina Mafla Andrade, que intervinieron en la aprehensin del ciudadano Arturo Hermenegildo Daz Quinteros y su cnyuge Nancy Maribel Armas Pantoja, se ha establecido que que no se encontr droga alguna en el domicilio de Arturo Daz Quinteros y que el informe pericial al sitio en el que se encontr el saquillo con el clorhidrato de cocana en mezcla determina que el lugar exacto de los hechos, se encuentra fuera de la propiedad del Sr. Arturo Daz,

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    separado por el camino pblico. Resulta del todo inadmisible creer que, la Polica Nacional luego de un seguimiento a las supuestas acciones delictivas del imputado Arturo Daz Quinteros, no se haya podido aprehenderlo en delito flagrante, tanto ms como dicen de las llamadas annimas .que tampoco han sido confirmadas- obtuvieron la informacin completa de los lugares por donde ingresaba la droga a las propiedades del imputado y la forma en que este entregaba a sus proveedores en la provincia de Esmeraldas, esperando 29 das desde la orden de allanamiento a su domicilio, para finalmente proceder a su captura, sin evidencia alguna; 4.- El Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicrotpicas reprime a los que sin autorizacin legal, tendrn o posean sustancias estupefacientes en sus personas, ropas, vajillas, muebles, en su domicilio, en su lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier ttulo, o que est bajo su dependencia o control. La referida norma legal establece como uno de los supuestos fundamentales de la conducta tpica y antijurdica, en esta clase de delitos, la posesin o tenencia de la sustancia estupefaciente, ya sea en el cuerpo, en las cosas, en los muebles o inmuebles que uno posea o tenga a cualquier ttulo. Segn el Diccionario de la Lengua Espaola, la posesin es el acto de poseer o tener una cosa corporal con nimo de conservarla para s o para otro y tener, asir o mantener asida una cosa, sostener, sujetar, hiptesis jurdica en que deba subsumirse la conducta del imputado y que no aparece de autos; 5.- Los Arts. 85, 86, 87 y 88 del Cdigo de Procedimiento Penal establecen las normas fundamentales aplicables a la prueba la misma que sirve para establecer tanto la existencia de la infraccin como la responsabilidad del imputado. Toda prueba debe ser apreciada por el Juez o Tribunal, conforme a las reglas de la sana crtica. Las presunciones deben estar basadas en indicios probados, graves, precisos y concordantes; y, tales indicios deben ser varios, relacionados, unvocos y directos. No cabe, en el presente caso, condenar a una persona por meras elucubraciones, por llamadas annimas no confirmadas, as como tampoco por el hecho de que su movimiento de cuanta bancaria ha sido en cantidades notorias. La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendr de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales de all que, para ordenar el Tribunal debe tener la certeza de la existencia del delito y que de el procesado es responsable del mismo. Si no estuviere comprobado la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o si existiere duda sobre los hechos, o el procesado hubiere acreditado su inocencia dictar sentencia absolutoria, tal como disponen los Arts. 252 y 304-A. Respectivamente, del cuerpo de leyes antes citado; 6.- Tanto el Ministro Fiscal General del Estado, as como el Consejo de la Judicatura, deben observar la conducta tan fiscal y jueces de la penal de Imbabura intervinientes, quienes se abrogaron la competencia de la que carecan, sobre hechos y actos cometidos en la provincia del Carchi, lo cual abona a la inseguridad jurdica de los sujetos procesales; 7.- De todo lo analizado y expuesto, es evidente que se ha contravenido las normas aplicables a la valoracin de la prueba y se ha hecho una falsa aplicacin de las mismas, existiendo de parte de esta Sala, dudas con respecto a la responsabilidad penal del recurrente; por lo que, en este caso, debe aplicarse el indubio pro reo, principio

    universal que consta en la ltima parte del Art. 4 del Cdigo Penal. SEXTO: RESOLUCIN.- Con tales antecedentes, esta Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, HACIENDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIN Y LAS LEYES DE LA REPBLICA, de conformidad con lo que dispone el Art. 358 del Cdigo de Procedimiento Penal declara procedente el recurso de casacin interpuesto por Arturo Hermenegildo Daz Quinteros, a quien se absuelve; y, en consecuencia se declara improcedente el recurso presentado por el Ministerio Pblico, ordenando a la vez la cancelacin de todas las medidas cautelares que se hubieren dispuesto en su contra.- Notifquese y publquese. Fdo.) Dres. Hernn Ulloa Parada, Juez Presidente, Luis Moyano Alarcn y Milton Pearreta lvarez, Jueces Nacionales. Certifico f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator. Certifico: Que las cinco copias que anteceden son iguales a su original. Quito, 7 de septiembre del 2009. f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

    No. 250-2008 JUEZ PONENTE: Dr. Hernn Ulloa Parada, (Art. 185 Constitucin Poltica).

    CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL

    Quito, 5 de febrero del 2009; las 09h40. VISTOS: La Sala de lo Penal, Colusorios y Trnsito de la Corte Superior de Justicia de Chimborazo, ante quien subiera por apelacin, confirma la sentencia emitida por el Juez Primero de lo Penal de esa misma jurisdiccin provincial, en la que desechando la acusacin particular, propuesta por Segundo Jos Garcs Mosquera en contra de Antonio Benigno Brito Zuiga y Bolvar Benigno Brito Borja los absuelve, sentencia de la cual, el querellante interpone recurso de casacin. Siendo el estado procesal el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: En virtud de los dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposicin Transitoria Octava de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, publicada en el R. O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral sptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y `publicada en el R. O. No. 479 del 2 de diciembre del 2008; y, la Resolucin dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre del 2008, y el sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de jueces nacionales de

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    esta Primera Sala de lo Penal, avocamos conocimiento de la presente causa. SEGUNDO: El recurrente Segundo Jos Garcs Mosquera, al fundamentar el recurso de casacin, manifiesta: Que present acusacin particular contra Antonio Benigno Brito Ziga y Bolvar Benigno Brito Borja, como autores del delito de usurpacin, tipificado y sancionado en el Art. 580 numerales 1, 2 y 3 del Cdigo Penal, por un lote de terreno, del que se encontraba en posesin tranquila, con nimo de seor y dueo, como propietario de los derechos y acciones equivalentes a doscientos cincuenta metros cuadrados. Que el martes 8 de mayo del 2007, los acusados, destruyeron los linderos y sembros, con el fin de despojarle de la posesin y tenencia del inmueble referido.- Que dentro de la estacin probatoria justific el delito de usurpacin y la responsabilidad de los querellados.- Que la Sala de lo Penal al considerar que no se ha singularizado o determinado la exacta ubicacin de lo asignado al querellante por el Juez Cuarto de lo Civil, para que se pueda configurar el delito de usurpacin, ha violado por contravenir expresamente a su texto, las siguientes disposiciones jurdicas: Arts. 10 y 580 del Cdigo Penal.- Que para demostrar la usurpacin el ofendido no necesita de documento pblico que lo acredite como dueo y propietario pues la ley habla tambin de posesin. TERCERO.- En la casacin penal hay que tener en cuenta que lo que procede es el examen de la sentencia recurrida, para determinar posibles violaciones a la ley; sea por el querellante para demostrar la destruccin de los cercos, porque las fechas no corresponden a la que el recurrente dice que se produjeron los hechos y que los testigos carecen de idoneidad e imparcialidad.- QUINTO.- De lo anteriormente expresado, se deduce que en verdad existi destruccin de la cerca, pero no se ha podido determinar la fecha, ni la responsabilidad de los querellados, as tampoco se ha demostrado que en la sentencia exista violacin de las disposiciones legales que cita el recurrente en su escrito de fundamentacin. Por lo que, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, de conformidad con la disposicin del Art. 358, en su parte pertinente, del Cdigo de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casacin interpuesto por Segundo Jos Garcs Mosquera, disponiendo se devuelva el proceso a la Sala Penal de la Corte Provincial de Chimborazo, para que se ejecute la sentencia.- Sin costas ni honorarios que regular. La acusacin particular se califica que no es maliciosa ni temeraria y Notifquese y publquese. Fdo.) Dres. Hernn Ulloa Parada, Juez Presidente, Luis Moyano Alarcn y Milton Pearreta lvarez, Jueces Nacionales. Certifico f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator. Certifico: Que las dos copias que anteceden son iguales a su original. Quito, 14 de julio del 2009. f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre,

    No. 263-2008 JUEZ PONENTE: Dr. Milton Pearreta lvarez (De acuerdo al Art. 185 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador).

    CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL

    Quito, 18 de febrero del 2009; las 10h00. VISTOS: Los querellados Olga Teresa Proao Arriopajas y Luis Alfonso Ariopajas interponen recurso de casacin de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ambato, que al revocar la pronunciada por el Juez Primero de lo Penal de dicha jurisdiccin, impone a Olga Teresa Beatriz Proao Aiopajas, Luis Alfonso Ariopajas Villacs, Yolanda Coronel viuda de Ariopaja, Mario Ariopaja Coronel y Diana Bonilla Ariopaja la pena atenuada de un mes de prisin correccional, y al pago de daos perjuicios, como autores de la infraccin tipificada y sancionada en el Art. 580 numeral 1 del Cdigo Penal.- Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- JURISDICCIN Y COMPETENCIA: En virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposicin Transitoria Octava de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, publicada en el R. O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral sptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R. O. No. 479 del 2 de diciembre del 2008; y, la Resolucin dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre del 2008, avocamos conocimiento de la presente causa. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: La presente accin se ha sustanciado con apego a las normas procesales correspondientes, sin que se observe vicio u omisin de solemnidad sustancial alguna que pudiera acarrear su nulidad, por lo que se declara su validez.- TERCERO.- FUNDAMENTACIN DEL RECURSO: Dispuesto que ha sido la fundamentacin del recurso por la Sala, los recurrentes a fojas 6 del cuaderno de casacin, lo realizan en los siguientes trminos: 1) Que se ha violado expresas disposiciones contenidas en los artculos 580, numeral 1 y 597 del Cdigo Penal, toda vez, que no han incurrido en ninguno de los delitos contemplados en dichas normas, al haber demostrado en el juicio con documentos pblicos, ser los dueos de la propiedad objeto de esta accin y encontrarse en posesin de la misma; 2) Que los acusadores pretenden demostrar mediante los testimonios de Segundo Gilberto Ortiz Mayorga y Carlos Arcos Arcos, que los recurrentes estuvieron en el predio el da 14 de agosto del 2007, cuando en realidad, permanecieron en l, El da 13 de agosto del 2007; razn por la cual, estos testigos, nada dicen de cmo se entr al predio, ya que siempre lo han hecho; siendo los acusadores quienes jams aparecieron en el lugar; violndose de esta forma lo prescrito en el artculo 579 del Cdigo Penal; por lo que solicita a la Sala, casen la sentencia y los absuelvan.- CUARTO.- ANLISIS DE LA SENTENCIA: 1) El recurso de casacin segn la doctrina tiene como objetivo principal el control de la legalidad de las sentencias dictadas por los jueces de instancia, y este contexto, corregir los posibles errores in iudicando que la afecten; el Tribunal de Casacin, no puede reexaminar las constancias procesales que ya fueron valoradas, mucho ms

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    si el recurso no se refiere de manera concreta a violacin de la ley respecto de la valoracin de la prueba; 2) Para que prospere la casacin, es indispensable que la fundamentacin del recurso sea clara, precisa y lgica; para ello, el recurrente, debe sealar las normas de derecho que consideran han sido violadas por el juzgador en el fallo, y la forma cmo dichas normas han sido vulneradas, al tenor del artculo 349 del Cdigo de Procedimiento Penal; 3) En la especie, los casacionistas no han cumplido con los requisitos que exige este medio de impugnacin, limitndose nicamente a sealar que la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Ambato, ha vulnerado lo dispuesto en los Arts. 580, numeral 1 y 597 del Cdigo Penal; sin embargo, de conformidad con lo que dispone el artculo 358 del Cdigo de Procedimiento Penal, la Sala de Casacin, puede examinar la sentencia, sin que aquello signifique que se vuelva a valorar la prueba que efectu el Juez inferior; 4) La usurpacin es un modo de lesionar la propiedad despojndola a una persona de la posesin mediante el uso de la violencia, es una forma de alterar los trminos o lmites con la finalidad de ocupar de manera total o parcial un inmueble ajeno, o estorbarle la plena posesin de un inmueble a su dueo; 5) En nuestra legislacin el artculo 580 del Cdigo Penal en sus tres numerales seala las formas de usurpacin; y el numeral primero, que es precisamente por el cual fueron sentenciados los recurrentes, se refiere al uso de la violencia; entonces, corresponda a los querellantes en el juicio este elemento constitutivo de la usurpacin; 6) La Sala de la Penal de la Corte Superior de Justicia de Ambato, en el considerando cuarto de su resolucin, describe las pruebas de cargo y descargo para probar la existencia material del delito y la responsabilidad de los sentenciados; llegando a establecer, que efectivamente, los querellados ingresaron al inmueble materia de la presente accin, utilizando la violencia pues, han procedido a destruir parte de la cerca y la puerta de ingreso al predio, para luego proceder a arrancar y cortar los rboles frutales, los mismos que se encontraban en produccin, conforme consta de los informes periciales, de los cuales aparecen tambin, que los querellados han armado una carpa precaria; todo lo cual ha sido corroborado con los testimonios de los seores Segundo Gilberto Ortiz y Carlos Arcos Arcos, declaraciones que al ser concordantes, unvocos y relacionados han permitido a la Sala ad-quem, comprobar la materialidad de la infraccin y la responsabilidad de los acusados, encuadrando su conducta en el artculo 580, numeral 1 del Cdigo Penal.- Por lo expuesto, esta Primera Sala de lo Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de casacin interpuesto por Olga Proao Ariopajas, Luis Alfonso Ariopajas Villacs.- Devulvase el proceso al rgano jurisdiccional de origen para los fines de ley.- Notifquese y cmplase. Fdo.) Dres. Hernn Ulloa Parada, Juez Presidente, Luis Moyano Alarcn y Milton Pearreta lvarez, Jueces Nacionales. Certifico f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator. Certifico: Que las dos copias que anteceden son iguales a su original. Quito, 14 de julio del 2009. f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

    No. 264-2008 JUEZ PONENTE: Dr. Luis Moyano Alarcn (Art. 185 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador).

    CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA PENAL

    Quito, de marzo del 2009; a las 10h00. VISTOS: La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Portoviejo, el 24 de marzo del 2008, al resolver el recurso de apelacin interpuesto por el querellado Luis Alfredo Demera Muentes; revoca la sentencia condenatoria dictada en su contra por el Juez Sptimo de lo Penal de Manab, y en su lugar absuelve al acusado.- De esta resolucin, la querellante Josefa del Carmen Demera Demera, interpone recurso de casacin,. Siendo el estado procesal de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERA.- JURISDICCIN Y COMPETENCIA: En virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposicin Transitoria Octava de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, publicada en el R. O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral sptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R. O. No. 479 del 2 de diciembre del 2008; y, la Resolucin por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre del 2008, avocamos conocimiento de la presente causa. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: El presente juicio se ha sustanciado con apego a las normas procesales correspondientes sin que se observe vicio u omisin de solemnidad sustancial alguna que pudiera acarrear su nulidad, por lo que se declara su validez procesal.- TERCERO.- FUNDAMENTACIN DEL RECURSO: En cumplimiento de lo dispuesto en los artculos 352 y 353 del Cdigo de Procedimiento Penal, la recurrente fundamenta su recurso en los siguientes trminos: 1) Que la sentencia recurrida, viola el numeral 13 del artculo 24 de la Constitucin Poltica de 1998, por no hallarse debidamente motivada, sin que se observe una verdadera reflexin, lgica y jurdica sobre la cual se sustent la Sala para dictar su resolucin; existiendo incongruencia, entre la parte considerativa y resolutiva; 2) Que los seores ministros integrantes de la Sala, en forma equivocada explican que no existen el delito, as como no han valorado las pruebas presentadas por lo que, no se encuentra presente el otro elemento de la motivacin, esto es, la enunciacin de las normas o principios jurdicos en que se fundaron, as como, la pertinencia de su aplicacin a los hechos o presupuestos fcticos, lo que le impide conocer en derecho las razones que tuvieron los seores jueces para fallar erradamente lo que le impide hacer uso de su derecho a la tutela jurdica, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 24 numeral 14 de la Carta Poltica del Estado; 3) Que se ha violentado la seguridad jurdica garantizada en el artculo 23 numeral 26 de la Constitucin, entendida esta, como certeza que tienen os sujetos procesales en la aplicacin oportuna, eficaz y correcta de la ley, por parte de los juzgadores, para evitar la zozobra e incertidumbre y la errada aplicacin del ordenamiento jurdico; por lo que, el fallo impugnado violenta las normas que GARANTIZAN EL DEBIDO PROCESO, en la

  • 10 -- Edicin Especial N 203 - Registro Oficial - Viernes 21 de Octubre del 2011

    forma indicada y por tanto VIOLENTA tambin los Arts. 16, 18, 19, 272 y 273 del Cdigo Poltico, o la llamada Ley de Leyes (sic); 4) Que se ha violado el artculo 405 del Cdigo Sustantivo Penal, por haberse realizado una errada interpretacin del artculo 607 del Cdigo Civil, que hace referencia a los inmuebles Por su destino o adherencia; para ello, cita la resolucin dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, que analiza el referido artculo 405 del Cdigo Penal; publicada en la Gaceta Judicial No. 2 de la Serie XVII, en la Pg. 564; en sustento de la cual, se observa errada interpretacin dada a este caso por los ministros de la Segunda Sala de la Corte Superior de Portoviejo; 5) Seala el recurrente que no se ha efectuado una verdadera valoracin de la prueba, vulnerndose de esta forma los artculos 85, 86, 87, 88 del Cdigo Adjetivo Penal; entre ellas, el reconocimiento del lugar de los hechos de conformidad con lo que dispone el artculo 92 ibdem, cuando ha que dado demostrado en el proceso, la destruccin de su casa habitada, lo que conlleva violacin del artculo 79 del mismo cuerpo legal; 6) Que los seores ministros han interpretado erradamente el artculo 604 numeral 12 del Cdigo Penal, por consiguiente se ha realizado una interpretacin extensivamente del artculo 405 del mismo cuerpo legal. Termina la recurrente solicitando a la Sala case la sentencia impugnada condenando al acusado a la pena de conformidad con el inciso segundo del artculo 405 del Cdigo Penal.- CUARTO.- ANLISIS DE LA SALA: A fin determinar posibles errores de aplicacin de la ley en la sentencia al tenor del artculo 349 del Cdigo de Procedimiento Penal, en relacin a los cargos que formula el casacionista en su escrito de fundamentacin, esta Sala observa: 1) En los juicios de accin penal privada la accin persecutoria pertenece al querellante, el cual para ejercitar su derecho, debe presentar un libelo de querella que rena los requisitos formales previstos en el artculo 371 del Cdigo de Procedimiento Penal, entre ellos determinar con precisin la relacin circunstancial de los hechos, pues en base a estos hechos el acusado ejercer su derecho de defensa; 2) La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, seala como principal fundamento para aceptar el recurso de apelacin interpuesto y revocar la sentencia condenatoria pronunciada por el inferior, que la acusadora en su libelo de querella, acusa de la destruccin de bienes inmuebles, mientras que al formalizar la querella, solicita se le condene por el delito tipificado y sancionado en el. artculo 405 inciso segundo del Cdigo Penal, que sanciona la destruccin de bienes muebles con la agravante de haberse ejecutado en pandilla; lo que constituyen dos hechos distintos, que no guardan relacin entre s; es decir, que la querellante no ha dirigido en forma correcta su accin; 3) Para el efecto de encuadrar los hechos y la conducta punitiva del acusado al tipo penal, se debe tomar en cuenta los elementos constitutivos que configuran el delito.- En el caso sub iudice, la querellante sostiene que el acusado se halla inmerso dentro del delito sancionado en el artculo 405 del Cdigo Penal que dice: La destruccin o el detrimento de propiedades muebles de otro, ejecutado con violencias o amenazas, en su casa habitada o sus dependencias y concurriendo alguna de las circunstancias agravantes, ser reprimido con tres a seis aos de reclusin menor. La pena ser de reclusin menor de seis a nueve aos. Si el delito ha sido cometido en reunin o en pandilla. Esta disposicin, tiene los siguientes elementos configurativos: a) La destruccin de propiedad

    de muebles; b) La destruccin debe ser ejecutada con violencias o amenazas; c) Que la casa debe estar habitada; d) Que concurra una de las circunstancias agravantes del artculo 30 del Cdigo Penal; de modo que, en la querella, la acusadora, debi establecer con claridad, cual es el tipo penal que acusa, a fin de que tenga eficacia su acusacin; 4) El anlisis realizado por la Sala ad-quem, en el considerando tercero de su resolucin; es precisamente para determinar si los hechos narrados en la querella, se hallan inmersos dentro de la norma penal que acusa; lo que en otras palabras significa tipificar el delito; siendo correcta en ese sentido, la apreciacin de los juzgadores y que esta Sala tambin lo comparte.- Se aprecia que tales conclusiones han tenido como fundamento una motivacin acorde con el mandato constitucional contenido en el nmero 13 del artculo 24 de la Constitucin Poltica de 1998, actual artculo 76 numeral 7, letra e) de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, aprobada el 20 de octubre del 2008, en relacin con el artculo innumerado agregado a continuacin del artculo 304 del Cdigo de Procedimiento Penal, as como est claro que han hecho una interpretacin restrictiva de la ley, no habiendo duda alguna en cuanto a su aplicacin; de modo que, los cargos formulados por la recurrente no tienen asidero legal.- Por lo expuesto, esta Primera Sala de lo Penal, HACIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIN Y LAS LEYES DE LA REPBLICA, al tenor del artculo 358 del Cdigo de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casacin formulado por Josefa del Carmen Demera Demera.- Devulvase el proceso al rgano jurisdiccional de origen para los fines de ley.- Notifquese y cmplase. Fdo.) Dres. Hernn Ulloa Parada, Juez Presidente, Luis Moyano Alarcn y Milton Pearreta lvarez, Jueces Nacionales. Certifico f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator. Certifico: Que las tres copias que anteceden son iguales a su original. Quito, 7 de septiembre del 2009. f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

    No. 292-2008 JUEZ PONENTE: Dr. Hernn Ulloa Parada (Art. 185 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador).

    CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL

    Quito, 22 de enero del 2009; las 11h00.

  • Edicin Especial N 203 - Registro Oficial - Viernes 21 de Octubre del 2011 -- 11

    VISTOS: La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 16 de abril del 2008 conden a Ernesto Rivadeneira Garca, Francisco Rosales Ramos, Salomn Gutt, Rubn Ordez Villacrs, Jean Daniel Benoit, William de Rosa, Fernando Armendriz Saona y Renn Fabin Encalada Garrido, a la pena de ocho aos de reclusin mayor ordinaria a cada uno de ellos como autores del delito de peculado bancario, sentencia de la cual interponen recurso de revisin los seores Salomn Gutt, Fernando Armendriz Saona Francisco Rosales Ramos y Rubn Ordez Villacrs. Siendo el estado procesal el de resolver, para hacerlo se considera. PRIMERO: JURISDICCIN Y COMPETENCIA: En virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposicin Transitoria Octava de la Constitucin de la Repblica del Ecuador publicada en el R. O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral sptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R. O. No. 479 del 2 de diciembre del 2008; la Resolucin dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre del 2008; y, el sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de jueces nacionales de esta Primera Sala de lo Penal, avocamos conocimiento de la presente causa. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente accin, no se advierte vicio u omisin de solemnidad sustancial que pudiera acarrear su nulidad; por lo que este Tribunal declara la validez de esta causa.- TERCERO: FUNDAMENTACIN DE LOS RECURSOS DE REVISIN Y PRUEBA.- a) Los ex directores del Banco Popular Salomn Gutt, Francisco Rosales Ramos y Rubn Ordez Villacrs fundamentan su recurso de revisin manifestando que: 1. En el dictamen fiscal emitido por el doctor Jorge Cano Racines con fecha 22 de diciembre del 2003 se abstuvo de acusar a Salomn Gutt expresando lo siguiente: "en lo que tiene que ver con los sindicados Francisco Rosales Ramos, Salomn Gutt, Ernesto Rivadeneira Garca, Rubn Ordez, Jean Daniel Benoit y Fernando Armendriz Saona miembros del Directorio del Banco Popular del Ecuador, asistentes a la sesin de Directorio de 17 de junio de 1998, Patricio Serrano Len, Francisco Cordovez Acevedo y Esteban Lpez, ex funcionarios del Banco Popular del Ecuador, varios de ellos con niveles de direccin; a juicio de la Fiscala y sobre la base de los recaudos incorporados al cuaderno procesal, considero que no han participado en modo alguno en los hechos que se investigan por lo que esta Fiscala se abstiene de acusar a los prenombrados."; 2. Que la doctora Mara Cern de Navarro, Ministra Fiscal Distrital de Pichincha, el 18 de octubre del 2004, a las 18h00, en la sustanciacin del recurso de apelacin del auto de apertura al plenario presentado por los comparecientes manifiesta: "Aceptando los recursos de Daniel Benoit, Ernesto Rivadeneira Garca, Francisco Rosales, Salomn Gutt, Rubn Ordez y Fernando Armendriz por no existir prueba incriminatoria deberan abstenerse de acusarles; 3. Que en el decurso de la audiencia de juzgamiento el doctor Marcelo Torres, representante del Ministerio Pblico se abstuvo de acusarlos ante el Tercer Tribunal Penal de Pichincha; 4. Fundamentan su recurso en las causales 2 y 4 del Art. 360 del Cdigo de Procedimiento Penal y en lo atinente con la causal 2 manifiestan que aquella es procedente Si existen simultaneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito contra diversas personas, sentencias que

    por ser contradictorias revelen que una de ellas est erreda; el 4 de diciembre del 2007, a las 08h10, el Tercer Tribunal Penal de Pichincha dict sentencia en contra del sindicado Ivn Nichols Landes Guerrero declarndolo autor del delito tipificado y reprimido en el Art. 257 del Cdigo Penal, toda vez que en el proceso que se sigui contra Ivn Landes se ha expresado con lujo de detalle la inocencia de los recurrentes y cul fue l verdadero alcance de los hechos lo que evidentemente es contradictorio con lo que dispone la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 16 de abril del 2008. Y en cuanto a la causal 4, manifiestan que aquella procede: "Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el que se le conden", y al efecto sostienen que "el motivo de revisin que estamos estudiando no se trata del error judicial surgido el momento de establecer la existencia del delito, que es motivo diferente de revisin, sino nicamente del error judicial al momento de establecer la relacin causal entre el acto y el autor. El error judicial se refiere a la intervencin del acusado en el delito cuya existencia se ha declarado, pues nadie puede ser culpable de haber cometido un acto delictuoso si este no es "consecuencia" de su accin u omisin, como dice el Art. 11 CP, anteriormente citado"; b) Por su lado, Fernando Armendriz Saona en su recurso de revisin que obra de fojas 8341 a 8349, fundamenta su recurso en los mismos argumentos que lo hicieron los anteriores recurrentes, con el agregado de las causales 2, 3, 5 y 7 del Art. 385 del Cdigo de Procedimiento Penal de 1983; c) Entre las pruebas presentadas por los recurrentes constan las siguientes: 1. Del Acta de la Sesin del Directorio del banco Popular del Ecuador, de fecha 17 de junio de 1998, que consta incorporada al proceso principal, as como en el expediente del presente recurso de revisin (fojas 341 a 347), se establece que la intervencin de Fernando Armendriz en dicha sesin estuvo relacionada a la presentacin de informes respecto a los resultados econmicos que reportaron las actividades financieras del banco antes mencionado, con saldos al mes de mayo de 1998, informes sobre las operaciones de crdito e inversiones realizadas con una misma persona o firma vinculada y una exposicin respecto a la conveniencia de que se proceda a una emisin de obligaciones por parte del mismo Banco, mientras que en lo relacionado a los trminos y condiciones de una operacin de financiamiento propuesto por el West Merchant Bank a favor de Ceval Inc., no se observa del contenido de dicha acta que Fernando Armendriz haya tenido intervencin alguna en las deliberaciones o resolucin de este punto tratado en la sesin del directorio tantas veces referida y conforme incluso se hace conocer estos detalles en una certificacin otorgada al respecto por el Secretario General del Banco Popular del Ecuador y que consta a fojas 349 y 350 del expediente de revisin; 2. En la Nmina de directivos de la institucin financiera Banco Popular del Ecuador S. A., consta que Fernando Armendriz Saona ejerca el cargo de Gerente de Banca Corporativa Nacional y Director de Mercado de Capitales, segn datos registrados desde el 31 de diciembre de 1995 hasta el 30 de junio de 1999 (fojas 365 y 374 del expediente de revisin); 3. Segn certificacin conferida por el Secretario General de la Superintendencia de Bancos y Seguros, el seor Fernando Armendriz Saona no ha ostentado la calidad de Director principal o suplente del Banco Popular del Ecuador S. A., de acuerdo a la nmina de directivos de dicha institucin

  • 12 -- Edicin Especial N 203 - Registro Oficial - Viernes 21 de Octubre del 2011

    financiera registrada desde el 30 de abril de 1995 al 31 de diciembre de 1999; mientras que del contenido del certificado otorgado por el Registrador Mercantil del Cantn Quito, se infiere que Fernando Armendriz Saona no ejerci los cargos de Presidente Ejecutivo ni Representante Legal del Banco Popular del Ecuador, segn consta de los datos registrados desde abril de 1995 hasta septiembre de 1999 (fojas 375 a 377); 3. De los recaudos procesales se puede establecer que en lo relacionado con el procesado Fernando Armendriz Saona, se ha demostrado de manera inequvoca que no es responsable del delito por el que se lo conden, conforme a la causal 4 del Art. 360 del Cdigo de Procedimiento Penal en vigencia, y que no se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito al que se refiere la sentencia de la Sala de Casacin, de abril 16 del 2008, conforme a la causal 6 del Art. 360 ibidem, disposicin legal que tambin es aplicable a los procesados Salomn Gutt, Rubn Ordez Villacreses y Francisco Rosales Ramos, en aplicacin del Art. 327 del Cdigo de Procedimiento Penal, que dice: "Cuando en un proceso existan varios coacusados, el recurso interpuesto por uno de ellos, beneficiar a los dems, siempre que la decisin no se funde en motivos exclusivamente personales. Este beneficio ser exigible aunque medie sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de uno de los acusados", conforme el anlisis jurdico que se realizar ms adelante. CUARTO: DICTAMEN FISCAL.- El Director General de Asesora Jurdica, Subrogante del seor Ministro Fiscal General del Estado, en cumplimiento de lo previsto en el Art. 365 del Cdigo de Procedimiento Penal, ha emitido el dictamen fiscal, aduciendo que en cuanto a la impugnacin formulada por los seores Salomn Gutt, Francisco Rosales Ramos, Rubn Ordez Villacrs y Fernando Armendriz Saona bajo el argumento de que existen dos sentencias condenatorias que versan sobre el mismo delito y que son contradictorias entre s, advierte que tanto la sentencia de Tercer Tribunal Penal de Pichincha, expedida el 4 de diciembre del 2007, como la pronunciada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de abril del 2008, tiene como objeto y antecedente las operaciones financieras desarrolladas entre el West Merchant Bank y varias compaas pertenecientes al Grupo Financiero Banco Popular, como son Oxidene Group Inc., Ceval Inc., GFP Income Fund y el Banco Popular del Ecuador, y que tuvo como objetivo principal la concesin de financiamiento a favor de Cedal Inc., para que sta a su vez compre las participaciones accionarias que el Banco Popular del Ecuador mantena en Bancos Andino de Colombia y Fivenez de Venezuela, y que como consecuencia de tal operacin. y de las garantas ejecutadas por el West Merchant Bank, se ocasion una afectacin patrimonial en las inversiones que el Banco Popular del Ecuador mantena en el GFP Income Fund., considerndole autor del delito tipificado en el Art. 257 del Cdigo Penal a Ivn Nicholls Landes; mientras que la sentencia del 16 de abril del 2008 defini el conflicto sobre los mismos hechos, pero respecto a las conductas de Ernesto Rivadeneira Garca, Salomn Gutt, Rubn Ordez Villacreses, Jean Daniel Benoit, William De Rosa, Fernando Armendriz Saona y Renn Encalada Garrido, quienes fueron sancionados como autores del mismo delito de peculado previsto en el Art. 257 del Cdigo Penal. Por lo mismo, los pronunciamientos de condena son el resultado de procesos de juzgamiento interpuestos y tramitados contra diferentes acusados, sin que los trminos en que se definieron los

    conflictos en uno y otro caso representen conclusiones contradictorias o excluyentes entre s, pues vale aclarar que la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia expedida como fallo de casacin, revoc la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha de fecha 31 de agosto del 2006, cuyos argumentos para la declaratoria de no condena son los que corresponden a los consignados en el considerando quinto de la sentencia del 4 de diciembre del 2007 en la parte que hace referencia a los motivos que sirvieron de fundamento para la decisin judicial de absolver a los acusados Ernesto Rivadeneira Garca y otros. En mrito de las consideraciones que anteceden, el motivo de revisin que se fundamenta en la causal segunda del Art. 360 del Cdigo de Procedimiento Penal, deviene en improcedente y no admisible. Respecto a la impugnacin que se fundamenta en la causal cuarta del Art. 360 del Cdigo de Procedimiento Penal, los recurrentes Salomn Gutt, Francisco Rosales Ramos y Rubn Ordez Villacreses manifiestan que el juzgador incurri en error al momento de realizar el anlisis en la sentencia respecto a la adecuacim de la conducta que se les imputa a elloscuando actuaron como miembros del Directorio del Banco Popular del Ecuador, frente a la integracin jurdica del tipo penal del peculado, al inferirse en forma equivocada que dicha actuacin equivale a una supuesta disposicin arbitraria de fondos. Sobre estas argumentaciones los recurrentes no han respaldado sus posiciones de defensa mediante la presentacin o comprobacin de nuevos hechos, ya sea que stos no hayan sido conocidos al momento del juzgamiento, o que habiendo sido incorporados al proceso, no hayan sido estimados en forma alguna por el juzgador en el desarrollo y contenido de su pronunciamiento. La intervencin de los recurrentes como miembros del directorio del Banco Popular del Ecuador en la sesin del 17 de junio de 1998, y sobre la cual versa el objeto central del argumento de la impugnacin, fue precisamente materia de anlisis y estimacin en la actividad de valoracin de la prueba desarrollada por el juzgador en la parte motiva de la sentencia, en sus considerandos sptimo, noveno y dcimo primero de la misma, constituyndose entonces en un hecho y una cuestin que si fueron materia de debate en el proceso de juzgamiento, y sirvieron de antecedente y referente directos para la definicin del conflicto; y esto, independientemente de que la calificacin jurdica de esos hechos resulte correcta o desacertada, pues en este ltimo caso, el error en dicha calificacin que devendra en un quebrantamiento de la ley, es susceptible de impugnarse mediante casacin y no por va de revisin. De tal suerte que, la impugnacin interpuesta en estos trminos, deviene en improcedente y no admisible. Sobre la impugnacin con la que se deduce el recurso de revisin interpuesto por Fernando Armendriz Saona, se advierte lo siguiente: a) Del Acta de la Sesin del Directorio del Banco Popular del Ecuador, de fecha 17 de junio de 1998, que consta incorporada al proceso principal, as como en el expediente del presente recurso de revisin (fojas 341 a 347), se establece que la intervencin de Fernando Armendriz en dicha sesin estuvo relacionada a la presentacin de informes respecto a los resultados econmicos que reportaron las actividades financieras del Banco antes mencionado, con saldos al mes de mayo de 1998, informes sobre las operaciones de crdito e inversiones realizadas con una misma persona o firma vinculada, y una exposicin respecto a la conveniencia de que se proceda a una emisin

  • Edicin Especial N 203 - Registro Oficial - Viernes 21 de Octubre del 2011 -- 13

    de obligaciones por parte del mismo Banco; mientras que, en lo relacionado a los trminos y condiciones de una operacin de financiamiento propuesto por el West Merchant Bank a favor de Ceval Inc., no se observa del contenido de dicha acta que Fernando Armendriz haya tenido intervencin alguna de las deliberaciones o resolucin de este punto tratado en la sesin del Directorio tantas veces referida, y conforme incluso se hace conocer estos detalles en una certificacin otorgada al respecto por el Secretario General del Banco Popular del Ecuador, y que consta a fojas 349 y 350 del expediente de revisin; b) En la Nmina de Directivos de la Institucin Financiera Banco Popular del Ecuador S. A:, consta que Fernando Armendriz Saona ejerca el cargo de Gerente de Banca Corporativa Nacional y director de Mercado de Capitales, segn datos registrados desde el 31 de diciembre de 1995 hasta el 30 de junio de 1999 (fojas 365 a 374 del expediente de revisin); c) Segn certificacin conferida por el Secretario General de la Superintendencia de Bancos y Seguros, el seor Fernando Armendriz Saona no ha ostentado la calidad de Director principal o suplente del Banco Popular del Ecuador S. A., de acuerdo a la nmina de directivos de dicha institucin financiera registrada desde el 30 de abril de 1995 al 31 de diciembre de 1999; mientras que el contenido del certificado otorgado por el Registrador Mercantil del Cantn Quito, se infiere que Fernando Armendriz Saona, no ejerci los cargos de Presidente Ejecutivo ni Representante Legal del Banco Popular del Eecuador segn consta de los datos registrados desde abril de 1995 hasta septiembre de 1999 (fojas 375 a 377). El Ministro Fiscal Subrogante, seala adems, que los hechos y circunstancias antes mencionadas, que no fueron tomados en cuenta por el Juzgador en la fundamentacin y motivacin de su pronunciamiento de condena, permite establecer con claridad que la actuacin de Fernando Armendriz Saona en el curso de la sesin del Directorio del Banco Popular del Ecuador llevada a cabo el 17 de junio de 1998 no tiene una vinculacin directa ni especfica con los detalles, trminos y condiciones de la operacin de financiamiento propuesta por el West Merchant Bank a favor de Ceval Inc., y aprobada en resolucin del referido Directorio, decisin sta que tampoco le correspondi ejecutar al recurrente, habida cuenta que no ejerci cargo alguno que implique representacin legal de dicho Banco. Afirma que para efectos de establecer los niveles de responsabilidad en trminos jurdico-penales, es indispensable que se compruebe de modo directo y positivo que la conducta que se juzga en torno con este caso relativo con el delito de peculado, para que sea atribuible a un acto especfico del acusado, de manera que dicho acto tenga una vinculacin clara, inequvoca y directa con los hechos constitutivos del delito, y adems, que tal accionar se caracterice por su nivel de relevancia que permita identificrselo como efecto de incidencia consecuente con los resultados de la infraccin, precisamente en el grado de relacin de causalidad entre acto y autor en los trminos previstos por el Art. 11 del Cdigo Penal. Tambin sostiene "que de los nuevos hechos presentados en esta instancia y que no fueron estimados por el Juzgador en su sentencia de condena, se revela en forma fehaciente que el delito de peculado que fue objeto del proceso no resulta jurdicamente atribuible, en ningn grado de responsabilidad, a los actos que se imputaron contra el recurrente Fernando Armendriz Saona, desde luego que su intervencin como funcionario del Banco Popular

    no tuvo incidencia alguna, ni tampoco de carcter relevante o determinante en la resolucin que adopt el Directorio de dicho banco sobre la operacin de financiamiento propuesta por el West Merchant Bank. De tal suerte que, el recurso de revisin interpuesto por Fernando Armendriz Saona, bajo el argumento previsto en la causal cuarta del Art. 360 del Cdigo de Procedimiento Penal, esto es, cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el que se lo conden, en mi criterio es absolutamente procedente, y debe as declarrselo por la Sala en la sentencia que resuelve dicho recurso. Finalmente seala que la impugnacin que presenta Fernando Armendriz Saona bajo el fundamento previsto en la causal sexta del Art. 360 del Cdigo de Procedimiento Penal, amerita las siguientes reflexiones: Para que la existencia jurdica del delito quede comprobada conforme a derecho, esto es, en los trminos y requisitos que seala el ordenamiento jurdico tanto sustantivo como adjetivo, es indispensable que al proceso se incorpore y presente toda la informacin necesaria que acredite la concurrencia integral de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, pues la hiptesis y presupuestos de la norma no se cubren ni satisfacen con la comprobacin tan solo parcial de los elementos del tipo penal pues la hiptesis y propuestas de la norma no se cubren ni satisfacen con la comprobacin tanto solo parcial de los elementos del tipo. Uno de los elementos subjetivos y normativos del delito de peculado previstos en el Art. 257 inciso cuarto del Cdigo Penal, es el relacionado con la calidad o condicin del sujeto activo, y especficamente para el caso, cuando se involucra en los hechos que se juzgan a quienes ejercen la funcin de miembros o vocales de los directorios y de los consejos de Administracin de las instituciones del sistema financiero nacional privado, cuando se estima, y por supuesto luego se comprueba, que los actos por ellos ejecutados, aunque no impliquen ni representen manejo o disposicin de fondos, hayan representado una significacin idnea y determinante para contribuir con la ejecucin y resultados del delito, agregando que: "la ampliacin o extensin de estos presupuestos de la norma en cuanto se refiere al sujeto activo cualificado del delito de peculado, fue incorporada va reforma en la ley No. 99-26 publicada en el Registro Oficial No. 190, del 13 de mayo de 1999, y en consecuencia, solo a partir de esta fecha que marca la vigencia de dicha reforma legal es que impera la regulacin normativa de tipificacin penal en cuanto se refiere exclusivamente a las actuaciones que desarrollan los miembros de los Directorios de las instituciones del sistema financiero, cuando sus intervenciones impliquen una posicin tctica y jurdica de contribucin hacia la ejecucin del delito. Dicho lo anterior, debe deducirse necesariamente que los actos desarrollados ejerciendo la funcin de miembros de los Directorios de las Instituciones del sistema Financiero, y exclusivamente para ese mbito ejecutados con anterioridad al 13 de mayo de 1999, no pueden ser considerados como una conducta constitutiva del delito de peculado bancario, desde luego que, antes de esa fecha, esos actos especficos no formaban parte de los presupuestos y elementos subjetivos y normativos del tipo penal, y esto, independientemente de otros actos o conductas que fuera de ese mbito si son susceptibles de calificarse como adecuados a la hiptesis de la norma material contenida en el Art. 257 del Cdigo Penal, y que

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    fueren anteriores a la fecha referida. La conclusin que antecede se la infiere desde luego en atencin al principio de legalidad sustantiva que proclama al Art. 19, numeral 16, literal c) de la Constitucin Poltica de la Repblica del 1979, vigente a la fecha de los hechos objeto del juzgamiento, garanta constitucional del derecho al debido proceso que la reconocen tambin las constituciones polticas de 1998 en su Art. 24 numeral 1, y la actualmente vigente del 2008 en el Art. 76 numeral 3; como igualmente se recoge y proclama este derecho en el Art. 2 del Cdigo Penal, en el Art. 158 del Cdigo de Procedimiento Penal de 1983 y en el Art. 2 del Cdigo de Procedimiento Penal del ao 2000, en actual vigencia. Por lo expuesto, agrega es seor Fiscal Subrogante "como los actos y hechos imputados a los acusados Salomn Gutt, Francisco Rosales Ramos y Rubn Ordez Villacreses, relacionados a sus actuaciones como miembros del Directorio del Banco Popular del Ecuador, se sucedieron el 17 de junio de 1998 (antes de la reforma legal del 13 de mayo de 1999), y tomando en cuenta el efecto extensivo de los recursos en materia penal en los trminos previstos por la disposicin del artculo 327 del Cdigo de Procedimiento Penal, pues la causal sexta del artculo 360 del mismo Cdigo fue alegada y fundamentada expresamente por uno de los coacusados y recurrente en este mismo proceso de revisin, sin que la argumentacin de esta impugnacin obedezca a motivos exclusivamente personales, es mi criterio que la Sala debe declarar y calificar como procedente el recurso de revisin interpuesto por Salomn Gutt, Francisco Rosales Ramos y Rubn Ordez Villacreses, en fuerza de que por las consideraciones anotadas en el presente considerando de este pronunciamiento; no se ha comprobado conforme a derecho la existencia jurdica del delito de peculado bancario atribuido, por evidente error judicial, a dichos recurrentes.". QUINTO: APRECIACIN DOCTRlNARlA SOBRE LA REVISIN.- A) El procedimiento penal tiene como finalidad llegar a la imposicin de una pena respetando la verdad procesal, si esto es as resulta razonable la legitimidad de la sancin por un acto adecuadamente tpico y antijurdico. Frente a la posibilidad de un error judicial en la apreciacin correcta de los hechos, surge la necesidad de la reparacin mediante el mecanismo de un recurso de excepcin como es la revisin, asumiendo el riesgo de la vulnerabilidad de la cosa juzgada. La sentencia en firme es generalmente inatacable e impugnable cuando se han agotado los trminos para la interposicin de los recursos, o cuando habiendo sido interpuestos, el Tribunal de alzada ha ratificado la resolucin del Juez a quo. Para el profesor CLARIA OLMEDO en su Derecho Procesal Penal. Es objetable considerar a la revisin como un recurso en sentido estricto expresando que: "mejor parece considerarlo como una accin impugnativa que persigue la revocacin. de una sentencia firme y anulacin del proceso en que se pronunci, fundndose en circunstancias nuevas para la causa por ser recin conocidas o haberse presentado con posterioridad". Participamos en considerar a la revisin como un verdadero recurso, que permite rever una sentencia condenatoria que se encuentra en firme, y que no puede ser impugnada por medios normales; B) Al respecto, es necesario, en primer lugar insistir que de acuerdo con el tipo penal previsto en la norma sealada, el verbo rector del peculado es abusar de dineros pblicos o privados, y en general de efectos que los

    representen, piezas, ttulos, documentos o efectos mobiliarios que estuvieren en su poder en virtud o en razn de su cargo, bien sea por desfalco, disposicin arbitraria o cualquier otra forma semejante incluyndose los fondos de los bancos estatales y privados como es el caso. Por consiguiente, el peculado es una figura tpica dolosa, que exige el abuso de los recursos pblicos o privados, por ejemplo los captados del pblico, para disponer arbitrariamente de ellos, sea en beneficio propio o de un tercero, esto es, con el correlativo perjuicio a la entidad de derecho pblico, como lo determina el tipo penal y que constituye el bien jurdico protegido en la figura del peculado. En el presente caso, a quien se le atribuye el juicio de reproche (procesados), ni realizaron acto injusto alguno, ni tuvieron intencin de aprovecharse fraudulentamente de valores pertenecientes al Banco Popular. Segn lo seala Francisco Muoz Conde, en su obra "Teora General del Delito", pgina 182, "dolo es la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo del delito", de lo cual se desprende que el dolo se encuentra constituido de dos elementos, esto es, el elemento intelectual o conocimiento, es decir, el saber; y, el elemento volitivo o voluntad, esto es el querer, este conocimiento y voluntad hacen relacin o referencia a las circunstancias del tipo penal. En definitiva, la conducta de los procesados no es antijurdica porque al momento de los hechos y actos (17 de junio de 1998) no lesionaban ningn bien jurdico tutelado por el derecho penal, ni tpica porque no corresponde a los elementos del peculado, por lo que este Tribunal no puede realizar un juicio jurdico de reproche. La responsabilidad penal es personalsima, y a nadie puede condenarse por actos antijurdicos en los que no ha intervenido como equivocadamente ha procedido la Segunda Sala de lo Penal de la ex Corte Superior de Justicia, por lo que no se justifican los elementos del tripartito penal que son: conducta tpica antijurdica y culpable, elementos que en cambio, los juzgadores si encontraron en la conducta del ciudadano Nicols Landes y por las cuales fue condenado; C) Principio de legalidad: Proviene del Latn nullum crime, nulla poena, sine lege que significa: No hay crimen, ni pena sin ley previa; es decir primero se debe describir la conducta punible y prever la pena con la cual se castiga al que infringe la norma, evitando con ello la arbitrariedad y la injusticia. El principio en referencia guarda estrecha relacin con el artculo quinto de la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, que dice: La ley no puede prohibir sino las acciones daosas a la sociedad. Todo lo que es prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no manda por lo que es evidente que no se puede reprimir un acto por ms reprochable que fuere, si no est tipificado como delito, ni sufrir una pena que no est contemplada en la ley penal. Esta garanta es de carcter universal y en nuestra legislacin se encuentra debidamente desarrollada en el inciso primero del Art. 2 del Cdigo de Procedimiento Penal que precepta: "Legalidad. Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado como infraccin por la ley penal, ni sufrir una pena que no est en ella establecida. La infraccin ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecucin lo suprime del nmero de las infracciones y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedar extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse. Si

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    la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que rega cuando se cometi la infraccin, se aplicar la menos rigurosa. En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, como requisitos de prejudicialidad procedibilidad o admisibilidad, debern ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores". Pedro Pablo Camargo, en su obra El debido pr