DISCURSO DE ACEPtACIóN DEL PREmIOACADEmIA DE CIENCIAS POLÍtICAS

y SOCIALES 2011-2012

Eduardo Meier*

* Abogado,UniversidadCentraldeVenezuela(1995).MásterOficialenEstudiosAvanzadosenDerechosHumanos (2010) y Máster en Derechos Fundamentales (2001), ambos de la Universidad Carlos III deMadrid,España.FueRelatorExternodelaSalaConstitucionaldelTribunalSupremodeJusticiay representante de algunas víctimas ante la CIDH. Es Consultor Nacional Independiente. Ha dictado clases de postgrado en la Universidad Metropolitana y coordinado talleres en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente realiza estudios de Doctorado y ha obtenido las prestigiosas Becas AECID-MAEC y Banco Santander-Universidad de Zaragoga. Ha publicado varios artículos en revistas arbitradas yespecializadasenCostaRica,México,Perú,Chile,EspañayVenezuela.

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Presidente y demás miembros de la Junta Directivade la Academia de Ciencias Políticas y SocialesIndividuos de Número Queridos familiares y amigos Señoras,Señores,

Recibir el premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales es un honor y una enorme satisfacción, pero es, principalmente, un compro-miso. Un compromiso derivado de dos razones fundamentales. En primer término, por la calidad intelectual y la solvencia investigadora de quienes han recibido este premio en el pasado. Comenzando por mi querido padre Henrique Meier Echeverría, mis buenos amigos Enrique Viloria Vera y CarlosWeffe,entreotrosbrillantesjuristas,quehoynosacompañan.Hanconcurrido igualmente a este premio eximios profesores que también nos han servido de ejemplo y de guía, como Humberto Romero Muci, Héctor Faúndez, Humberto Njaim, Antonio Canova, Allán Brewer Carías, Ramón Escovar León y Rafael Chavero, entre otros.Además, la cantidad conside-rable de trabajos presentados en las tres últimas ediciones del Premio, y la calidad de los mismos, como es el caso de las obras de Angélica Calzadilla y Jesús MaríaCasal, con mención de honor en esta última edición, consti-tuyenotrapruebadelaimportanciaysignificacióndelpremioysuefectoestimulanteparalainvestigacióncientífica.

La segunda razón que me obliga y compromete positivamente, es una especie de retribución a esta Academia, mi modesto aporte al análisis crítico yalasrigurosasreflexionespresentadasalpaísporestaCorporación,quesehapronunciadooportunamenteenlosúltimosaños,llamandolaaten-ción frente a los sistemáticos desafueros políticos y desaguisados jurídicos

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES N° 151 – ENERO-DICIEMBRE 2012Páginas: 65-69 ISSN: 0798-1457

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a que nos tienen acostumbrados los órganos del poder público, y sobre el consiguiente y progresivo desmantelamiento del Estado de Derecho y de la democracia, advirtiendo en numerosas ocasiones sobre las nefastas consecuencias de la deriva autoritaria del poder, especialmente de un poder judicial subordinado y comprometido con una facción política.

Estegalardónquehoyreciboconhumildad,eslaconfirmacióndequetodoslossacrificiosydesvelosnofueronenvano,perolomásimportantees que viene a reconocer y celebrar el esfuerzo silencioso de los juristas, que pretendemos buscar respuestas más allá de la frivolidad y del desprecio superlativo de quienes piensan el Derecho como un producto maleable pues-to al servicio la política (de un tipo de política y de un partido concreto),de quienes consideran que los derechos humanos y la democracia no son principios absolutos, y de quienes ven a la persona humana como simple integrante de una masa, un producto efímero de nula importancia, una cosa, un medio, y como tal susceptible de ser instrumentalizado al servicio de realizaciones que estiman superiores, como el Estado, la comunidad, el socialismo del siglo XXI, el proyecto o la revolución.

En esta última década hemos presenciado cómo el respeto por los derechos humanos y su protección judicial internacional, la primacía de la dignidad y de los derechos de la persona y el ejercicio del poder con sujeción al Estado de derecho, a los procedimientos democráticos y a la separación e independencia de los poderes públicos, se ha convertido en una positivación aparente en la Constitución que desde su aprobación en 1999, ha quedado como un incomodo folletín propicio a la demagogia del poder,alaretóricadecaraalasgaleríasyalainterpretaciónartificiosayconveniente de un poder judicial que ha manifestado toda clase de lealtades menoslalógicafidelidadalaConstitución.

Cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia realizaenelaño2008uninsólitocontrol de constitucionalidad sobre las decisiones de la Corte Interamericana, no ejecuta o desacata las sentencias estimatorias interamericanas y exhorta al Ejecutivo Nacional a la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; genera la privación presente y futura de derechos humanos en perjuicio de sujetos concretos y la frustración de la legítima expectativa de todas las personas que están bajo jurisdicción del Estado, de poner remedio procesal a actos estatales contrarios a derecho. Se trata de una posición insólita, y por ende política, porque en nuestro país no ha habido una resistencia histórica ni en los

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textos constitucionales contemporáneos, ni en las decisiones de la antigua Corte Suprema de Justicia, a la aplicación del Derecho internacional de los derechos humanos.

Estas prácticas judiciales nacionalistas y estatocéntricas no sólo son contrarias a la idea de democracia constitucional, sino contrarias a la idea misma de soberanía que hoy día descansa en la garantía sustancial de ac-ceso a la justicia internacional como realización concreta del principio de dignidad humana. No se trata de que el Estado en su venia proverbial se muestreobsecuenteypermitalavigenciaylaeficaciainternadelasnormasy decisiones internacionales, sino que en este ámbito el principio de apli-cación preferente de los derechos humanos formaría parte de esa “esfera de lo no decidible”, un auténtico “coto vedado” inaccesible a la voluntad de la mayoría, que ningún poder constituido puede desmantelar, ni jueces o tribunales supremos o constitucionales rebajar o eliminar. Incluso, un poder constituyente que pretenda suprimirlo sería paradójicamente anti-democrático, si entendemos que en el núcleo sustancial de la democracia están los derechos fundamentales y todas sus formas de garantía –incluida la derivada del Derecho internacional de los derechos humanos- como una esfera intangible, inmutable e indisponible a las coyunturas o preferencias políticas o circunstanciales.

De modo que la deliberada inefectividad del principio de protección preferente de los derechos humanos, por las prácticas ilegítimas de una Sala Constitucional, que viene obviando la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos de la persona y grupos humanos bajo su jurisdicción, confirmalaexistenciadefidelidadesimpropiasantesqueprocesoslógicos,estandarizados y sustentados sobre reglas o métodos jurídicos, apoyados enlafidelidadalaConstitución,alDerechointernacionaldelosderechoshumanos y en la supremacía de los derechos.

Estas prácticas ilegítimas que la Sala Constitucional ha trazado desde el año2000,seproducenparadójicamenteporelguardián de la constitución y a contrapelo de una Constitución pro homine, pro personae y atropocén-trica, esto es, que coloca a la persona, sus derechos y su dignidad en una posición preferente e impone, como criterios interpretativo y regulativo, la necesidad de buscar la solución posible más favorable a la persona humana, independientemente de que la tutela jurídica se encuentre en el ordenamiento internacional o en el ámbito interno.

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Ciertamente, todos los derechos humanos son universales en tanto que son indivisibles y en cuanto quedan excluidos de la esfera de la disponibi-lidad, tanto privada como pública, no pudiendo nadie privarse ni tampoco ser privado o menoscabado en los mismos. De allí su carácter inalienable, su inviolabilidad e inderogabilidad, que en el caso venezolano viene ex-presamente reconocido desde las normas de apertura de la Constitución de 1999.

Además, reforzando el argumento de la inderogabilidad de los derechos humanos en Venezuela, y concretamente, de la inadecuada, diríamos incluso, imposible, denuncia de la Convención Americana y la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana y del Sistema de Protección regional en general, hay que recordar que a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, se le impuso unos límites supraconstitucionales, que aún están en vigor al ser principios axiomáticos e inmanentes a la existencia del Estado venezolano. Estos límites fueron impuestos por la voluntad popular, al poder Constituyente que en su misión fundamental de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico para hacer efectiva una democracia social y participativa, estaba constreñido por unmarco supraconstitu-cional representado por: (i) “los valores y principios de nuestra historia republicana”; por (ii) “el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República”; por (iii) “el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre”; y por (iv) “las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos”.

De modo tal que el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos, como compromisos válidamente suscritos y asumidos porlaRepública(comoeselcasodelaConvenciónAmericana,ratificadapor Venezuela en 1977), así como el carácter progresivo e inderogable de los derechos fundamentales del hombre (cuyo cumplimiento asegura la Corte Interamericana), no sólo constituyeron presupuestos jurídicos y políticos votados y asumidos por la voluntad popular y dispuestos como condicio-nantes del proceso constituyente, sino que representan actualmente y en el futuro presupuestos irreversibles, valores democráticos y republicanos inderogables, cuya conexión con la dignidad humana y el desarrollo integral delapersonay,porende,delosfinescolectivos,impidensuprovisionalidady contingencia, y se imponen como cláusulas supraconstitucionales pétreas, inalienables, irrenunciables, permanentes e irreversibles.

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Ya para terminar. Debo reconocer a quienes han facilitado y contribuido con esta investigación y con la elaboración de este trabajo, a mis profeso-res de la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad Carlos III de Madrid, especialmente al Catedrático Fco. Javier Ansuátegui Roig, a la Uni-versidad de Zaragoza, en la persona del Catedrático Ángel Chueca Sancho. Asimismo,deboagradecerelapoyofinancierodelBancoSantanderydelaAgenciaEspañoladeCooperaciónInternacionalyDesarrollo,asícomoel extraordinario apoyo institucional de la Universidad Metropolitana.

Nopuedofinalizarsindedicarestepremioamifamilia,amishijos,a mis hermanos, tíos y primos y a mi querida abuela Violeta, a mi padre, amigo y jurista excepcional, a la familia de mi esposa, siempre tan generosa y especialmente a la memoria de mi muy amada madre Marlene.

Paraelfinaldejolomejor.TodoesteesfuerzoencomúnselodeboamiesposayextraordinariacompañeraThaigerClaret.Siempreestaréengratitud por su apoyo permanente en estas dos aventuras maravillosas que seformalizaronenelaño2006,ycuyosfrutos–productodelaconstancia,el primero y del amor, el segundo– ya son visibles: esta investigación que continúa y nuestro Arturo-Enrique que también vio la luz por primera vez en la ciudad de Madrid. Gracias a Dios. Gracias a todos los que han per-mitido la ampliación del horizonte de nuestras expectativas y capacidades personales y humanas, que es lo mismo que decir, allanar el camino al triunfo de la razón y a la primacía de la libertad sobre el error y la violencia. Muchas gracias.