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Los legisladores que se aprestan a alzar la mano para avalar las leyes secundarias en materia energética sin tener pleno conocimiento del asunto pueden tomar

como referentes para meditar su voto y evitar la ruina eco-nómica del país, los resultados negativos que el modelo privatizador que se busca implantar en México ha tenido en mercados eléctricos de países como España y Argenti-na, donde se han disparado las tarifas a la población, be-neficiando de manera exclusiva a las multinacionales.

Fermín Paz Lamigueiro, secretario general de la Aso-ciación Internacional por el Derecho a la Energía, y Gabriel Martínez, secretario de Organización de la Federación de

Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fe-tera), estuvieron presentes en el foro del Mercado Eléctrico Internacional en el marco de la reforma energética, organi-zado por el Senado de la República, para exponer ante los legisladores sus experiencias recabadas en las últimas dé-cadas en sus países de origen donde sus gobiernos adop-taron el modelo neoliberal privatizador en su sector eléctri-co, con pésimos resultados para la creación de empleos estables y bien remunerados así como para el desarrollo de sus economías. Haber entregado sus recursos energé-ticos a empresas privadas no se convirtió, en ambas nacio-nes, en la esperada palanca de bienestar a sus habitantes sino en fuente de desigualdad social.

Paz Lamigueiro ilustró sobre los estragos que la aper-

Mercado eléctrico de España y Argentina

Negocio demultinacionales

Siempre! 61 Aniversario 20 de julio de 2014 •

tura total del mercado eléctrico a particulares ocasionó a la economía de miles familias españolas, pues tanto los go-biernos de José María Aznar como de José Luis Rodrí-guez Zapatero otorgaron a los productores, transportado-res y comercializadores de energía una prima extra por el manejo del mercado eléctrico, lo que terminó por indexar costos estratosféricos a las tarifas eléctricas para la mayo-ría de la población.

Tanto en Argentina como en España, las premisas es-grimidas para abrir el mercado eléctrico de mayor eficien-cia, calidad en el servicio y competencia —similares a las contenidas en los borradores de las leyes secundarias— no han redundado en una baja en las tarifas. En la penín-sula ibérica, a pesar de que la oferta supera la demanda,

el oligopolio ejercido por no más de tres empresas, entre ellas Ibedrola y Endesa, que controlan el 60% del merca-do español, ha terminado por operar también las comer-cializadoras, que se llevan una importante tajada de las ga-nancias.

El gobierno español se comprometió a comprar la ener-gía generada por los particulares; además, y como ahora lo plantea la nueva Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la CFE, aceptó dividir la cadena de generación, transmisión y comercialización permitiendo un desmesurado incremen-to en sus costos de operación, lo que terminó por elevar la prestación del servicio, lo que socialmente ha provoca-do en el fenómeno conocido como la pobreza energéti-ca, donde la gente ya no puede pagar su recibo de luz.

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