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ResumenProgramático2014

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ResumenProgramático2014

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Uruguayno se detiene

Presentación

Pilar 1: Un país de derechos

I. EducaciónII. Sistema de cuidados III Salud IV Vivienda y Hábitat V. Convivencia y Seguridad Ciudadana VI. Política en materia de drogasVII. Cultura y Deporte VIII. Infancia y AdolescenciaIX. Juventud X. Envejecimiento y Vejez XI. DiscapacidadXII. AfrouruguayosXIII. Género XIV. Diversidad sexual XV. Memoria, verdad y justicia, reparación y garantías de no repetición

Pilar 2: Crecimiento y Distribución

I. Política macroeconómicaII. Política tributariaIII. Política de endeudamiento IV. Inversión y Gasto Público V. Política monetaria y cambiaria VI. La estrategia productiva VII. Micro, pequeñas y medianas empresasVIII. Economía Social y Solidaria (ESyS)IX. Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

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Pilar 3: Desarrollo inteligente, Innovación y Responsabilidad Ambiental

I. Innovación, Ciencia y TecnologíaII. Banca de DesarrolloIII. Agro IV. IndustriaV. Minería – Recursos Naturales no Renovables VI. Turismo VII. Políticas de Infraestructura1. Energía 2. Transporte y logística 3. TelecomunicacionesVIII. Sustentabilidad Ambiental

Pilar 4: Más descentralización, más ciudadanía y un Estado más cercano

I. Para avanzar en la descentralizaciónII. Para generar un Estado más cercanoIII. Medios de comunicaciónIV. Una concepción artiguista de la Defensa Nacional

Pilar 5: Un país integrado a la región y el mundo

I. Uruguay y el mundoII. Fortalecimiento de capacidades para el comercio e inversiones III. Uruguay y la regiónIV. Compatriotas en el exteriorV. Mejoras institucionales

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Presentación

El Frente Amplio asumió por primera vez el gobierno en el año 2005,

con un país devastado por la peor crisis económica y social de nuestra

historia contemporánea.

Recibimos el gobierno con uno de los niveles de endeudamiento per

cápita más altos del mundo, con un aparato productivo estancado, una

economía extremadamente débil, con la más alta desocupación en dé-

cadas, y con los índices de pobreza e indigencia en los niveles más altos

de la historia. Dos quintos de la población se encontraba en situación de

pobreza y más de 150.000 uruguayos estaban en situación de indigencia.

Luego de dos períodos de gobierno, Uruguay ha cambiado radicalmente,

y lo ha hecho para bien de todos: se redujo a la tercera parte la pobreza,

casi se eliminó la indigencia, el desempleo disminuyó a niveles históri-

cos, se mejoró la distribución de la riqueza, vivimos con más equidad y

mejora en todos los indicadores económicos y sociales.

Hoy Uruguay es otro Uruguay.

Esta nueva realidad nos permite soñar con un Uruguay aún mejor, y crear

las condiciones para que nuestro país entre en una dimensión de desa-

rrollo que nunca antes tuvo. Este sueño es con la mirada en el futuro y

con los pies en la tierra, y en base al sacrificio y al esfuerzo conjunto de

todos, es perfectamente alcanzable.

Uruguay debe prolongar el ciclo virtuoso de crecimiento con mayor

equidad que ha venido generando en los últimos años. Debe crecer más,

con el imperativo ético de hacerlo con mayor equidad y cohesión social.

Debemos tener presente que sólo aquellas sociedades que logran hacer

partícipes a todos sus miembros de los frutos del progreso son capaces

de sostener tasas de crecimiento por períodos prolongados. Pero es

igualmente cierto que sólo las sociedades que lograron crecer por períodos

prolongados han sido capaces de alcanzar mejoras sostenibles de su

cohesión social y han logrado asegurar condiciones de vida equitativas

entre sus habitantes.

Incrementar los niveles de prosperidad y desarrollo de nuestro pueblo, y

hacer posible la igualdad de oportunidades para todos y todas, implica un

esfuerzo que incluye además generar una democracia de mejor calidad,

más libertad y un mejor ejercicio de derechos.

La construcción de cohesión y justicia social demanda la legitimación

de un marco de convivencia que se reafirme permanentemente, aun en

estadios avanzados de desarrollo y equidad, ya que siempre existen

conflictos e intereses diversos en la sociedad. Las desigualdades

económicas se potencian y reproducen a partir de las desigualdades de

género y étnico-raciales, que dibujan una geografía de inequidades entre

áreas territoriales, intergeneracionales, entre otras. No hay desarrollo sin

abatimiento sustantivo de estas desigualdades. La justicia social requiere

igualdad, reciprocidad, y que el compromiso comunitario vaya más allá

de las lógicas de mercado y el individualismo, promoviendo valores de

cooperación e integración.

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Este resumen programático se nutre del Programa de nuestra fuerza política

y presenta esquemáticamente los principales compromisos de nuestro

futuro gobierno. El Programa fue elaborado con un nivel de participación

y legitimación política que no ostenta ninguna otra organización política

en nuestro país. El Frente Amplio no ofrece promesas, ofrece certezas,

cumplimos con los programas propuestos a la ciudadanía en el pasado.

Los compromisos honrados son nuestra carta de presentación.

Un tercer gobierno no es igual al primero ni al segundo. La realidad cambió

y también las prioridades y los desafíos.

Vamos por más, que entre todos es posible.

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Pilar 1:

Es evidente que el contexto social para el período 2015–2020 es muy dife-

rente que cuando el Frente Amplio accedió al gobierno. En los años trans-

curridos se alcanzaron mejoras sustanciales indiscutibles en los niveles de

ingreso de las familias y en la distribución de la riqueza nacional. El acceso

al empleo y a diversos servicios sociales, asociado al crecimiento de los

salarios y las jubilaciones en términos reales, y el fortalecimiento del siste-

ma de seguridad y protección social han tenido un potente impacto en la

mejora de la calidad de vida de toda la población, y muy especialmente de

aquellas personas de los estratos más bajos.

La finalidad política del Frente Amplio es asegurar el pleno ejercicio de los

derechos de todas y todos los habitantes del Uruguay en condiciones de

igualdad, en especial de aquellos que se encuentran o pueden sufrir situa-

ciones de vulnerabilidad social; garantizar igualdad de oportunidades en el

acceso a trabajo digno, servicios sociales universales y prestaciones socia-

les de calidad; y promover la integración social. Nuestro objetivo es un país

de derechos en el marco de una sociedad más justa y solidaria.

Ello requiere políticas para todos, en todos los rincones del país, recono-

ciendo a las ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a sus particularidades:

género, generacionales, raza, orientación sexual y discapacidad.

Vamos por más, que entre todos es posible.

Un país de derechos

Pilar 1: Un país de derechos

EDUCACIÓN

Desde el comienzo de su gestión de gobierno,

el Frente Amplio definió la educación como

un derecho, ubicando de vuelta a la educación

pública como pilar de nuestra democracia.

Este compromiso se reflejó en una asignación

de recursos inédita: el presupuesto educativo

creció más del doble en valor real. Se desarro-

llaron en el período un conjunto de iniciativas

para enfrentar el profundo deterioro en el que

se encontraba el sistema educativo.

Se amplió la cobertura de la educación ini-

cial, universalizándola a partir de los 4 años.

Se incrementó la matrícula en enseñanza

media (30.000 estudiantes más) y terciaria

(50.000 estudiantes más). Se crearon pro-

gramas de apoyo a la inserción educativa y al

aprendizaje (Aulas Comunitarias, Compromi-

so Educativo, etc.) y nuevas figuras y cargos

educativos para responder a nuevos desafíos

(maestros comunitarios, tutores, educadores

referentes). Se mejoró el salario docente, en

promedio, más del 50%. Se implementó el

boleto gratuito para los estudiantes de todo

el país. El Plan Ceibal fortaleció la inclusión

digital mediante una computadora con co-

nexión a internet por alumno y docente en

todos los institutos de enseñanza primaria y

media. Se realizó un plan de obras inédito en

los últimos cuarenta años y se crearon nue-

vas instituciones educativas, como el Institu-

to Nacional de Evaluación Educativa (INEE)

y la Universidad Tecnológica (UTEC). Creció,

se diversificó y se expandió territorialmente

la cantidad de opciones de formación univer-

sitaria y terciaria.

Pero somos conscientes de que aún falta mu-

cho por hacer para lograr un país educativo

que asegure educación de calidad para todos

y durante toda la vida. Por eso, se continua-

rán atacando las diversas formas de exclusión

educativas que hoy se hacen presentes, me-

jorando la inversión en educación y desarro-

llando un sistema educativo integrado desde

los 3 a los 18 años, dando continuidad peda-

gógica y de evaluación, facilitando el tránsito

entre ciclos educativos, utilizando estrategias

pedagógicas que fortalezcan el trabajo cola-

borativo y el trabajo por proyectos en todas

las etapas, estableciendo programas de apo-

yo al aprendizaje y mejorando la oferta edu-

cativa a nivel terciario en todo el territorio y

su vinculación con el mercado de empleo.

Para avanzar en educación inicial

y primaria:

• Universalizaremos la enseñanza ini-

cial para niñas y niños de 3 años, con centros

de educación inicial de 8 horas y a través de

diferentes formatos educativos.

• Desarrollaremos escuelas de peque-

ño y mediano porte que garanticen vínculos

interpersonales entre docentes, alumnos, fun-

cionarios y familias, y promuevan proyectos

pedagógicos adaptados a su contexto, en el

marco de la currícula nacional.

• Dispondremos la universalización del

aprendizaje del inglés para todos los niños,

utilizando los docentes existentes y la plata-

forma de inglés del Plan Ceibal.

Para avanzar en educación media:

• Ampliaremos el tiempo pedagógico

en todo el ciclo básico, ciclo de verano y apo-

yo personalizado a estudiantes a través de la

formación de equipos especializados, con én-

fasis en matemática y lenguaje.

• Ampliaremos la oferta de bachille-

ratos tecnológicos y desarrollaremos moda-

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lidades de estudio y trabajo en acuerdo con

empresas estatales y privadas

• Definiremos un examen de acredita-

ción de ciclo básico y bachiller general habili-

tado a todos los ciudadanos.

• Desarrollaremos una oferta ampliada

de educación para adultos preparatoria del

examen de acreditación en centros de prima-

ria y secundaria.

• Aseguraremos el acceso al Plan Cei-

bal de todos los estudiantes de ciclo básico.

• Estableceremos como meta nacional

que la totalidad de los estudiantes puedan

culminar el ciclo básico y que el 75% egrese

de la enseñanza media.

Para avanzar en educación superior

• Fortaleceremos el Sistema Nacional

de Educación Terciaria Pública (SNETP), es-

tableciendo fondos centrales para el uso con-

junto por parte de varias instituciones de edu-

cación superior.

• Fomentaremos mediante financia-

miento la creación de cinco campus regiona-

les de educación superior y terciaria integra-

da, con adecuada dotación de equipamiento

colectivo y servicios (ej., transporte).

• Financiaremos mediante fondos

centrales para el sistema educativo la contra-

tación en el interior del país de personas con

dedicación total por parte del SNETP, para

que sean utilizadas en conjunto por las orga-

nizaciones integrantes del sistema.

• Continuaremos potenciando el peso

de la educación técnica y tecnológica en el ni-

vel terciario, a través de modalidades como la

Formación Profesional Básica, los Bachilleratos

Tecnológicos y Profesionales y las tecnicaturas.

Para avanzar en formación docente:

• Promoveremos el desarrollo de una

carrera docente en condiciones de mayor es-

tabilidad y ascensos por concurso.

• Diseñaremos una política de postgra-

dos que impacte en la calidad de las prácticas

de enseñanza, e incluya líneas de investiga-

ción y extensión aplicadas.

• Estableceremos estímulos para que

los docentes no titulados puedan obtener la

titulación mediante programas presenciales

y/o a distancia.

Para avanzar a nivel educativo:

• Continuaremos con el proceso de me-

jora salarial, recuperación edilicia y transforma-

ciones institucionales mediante un incremento

presupuestal acorde a las nuevas realidades

educativas, pudiéndose exigir presupuestal-

mente ir hacia el 6% del PBI.

• Generaremos una Estrategia Nacional

de Respaldo al Aprendizaje que articule los

diferentes programas de apoyo a los estu-

diantes de los diversos ciclos.

• Crearemos un Sistema Nacional de Be-

cas integrando los diversos mecanismos existen-

tes con diversas modalidades de financiamiento.

SISTEMA DE CUIDADOS

Vamos a impulsar un modelo solidario de

cuidados a través de la creación y desarrollo

del Sistema Nacional Integrado de Cuidados,

que ampliará y completará la matriz de pro-

tección social, coordinado por el Ministerio de

Desarrollo Social. Pondremos en marcha una

transformación política, social y cultural en la

que el cuidado y el cuidar se entiendan como

derechos, y que asegure:

• el ejercicio del derecho al cuidado de

niñas y niños y de aquellas personas que se

encuentran en situación de dependencia per-

manente o transitoria;

• el ejercicio de los derechos y respon-

sabilidades de las personas que cuidan de

manera remunerada o no;

• el cambio hacia una cultura de la

corresponsabilidad en los cuidados entre Es-

tado, mercado, comunidad y familia, y entre

varones y mujeres.

Nos proponemos:

Un país que cuida y promueve el desa-rrollo de sus niñas y niños

• Ampliar las licencias por maternidad

y paternidad de acuerdo a las recomendacio-

nes de la OIT y extender el medio horario de

cuidados con corresponsabilidad de padres y

madres.

• Caminar hacia la universalización de

los cuidados en niños y niñas de 2 y 3 años, y

avanzar fuertemente en la atención de niñas

y niños de 1 año en situaciones de vulnerabi-

lidad social.

• Crear centros de cuidados para la

primera infancia en centros de estudios y de

trabajo, y promover el horario extendido a 8

horas, así como ampliar los servicios de cui-

dado a contra-horario escolar ya existentes.

Un país que promueve la autonomía de las personas dependientes por discapa-cidad y apoya a sus familias

• Asegurar la inclusión de los niños y

niñas con discapacidad en las prestaciones

previstas para el cuidado en la primera infan-

cia.

• Extender el programa de asistentes

personales, ya en marcha, para el apoyo a los

cuidados tanto fuera como dentro del hogar

en situaciones de dependencia severa.

• Regular y fortalecer los centros de

día existentes y crear nuevos, así como apo-

yar la creación de viviendas asistidas.

• Generalizar los servicios de telea-

sistencia en el hogar entre las personas con

discapacidad.

• Profundizar la adecuación normativa,

a la luz de la Convención sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad, principal-

mente en la revisión del instituto de la cura-

tela.

Un país que no deja en soledad a sus personas mayores

• Implementar un Programa Nacional

de Cuidados Domiciliarios para personas ma-

yores que, en situación de dependencia seve-

ra, viven solas o acompañadas de otra perso-

na.

• Impulsar la creación de centros de

día ubicados en municipios del país.

• Promover la construcción de dos

centros regionales de larga estadía en el inte-

rior del país.

• Avanzar en el nuevo modelo de regu-

lación y supervisión de residenciales y hoga-

res de larga estadía.

• Generalizar los servicios de teleasis-

tencia en el hogar entre las personas mayores.

SALUD

Las políticas de salud han sido una prioridad

sustantiva en los gobiernos del Frente Am-

plio. En 2007 se creó el Sistema Nacional In-

tegrado de Salud, que transforma la atención

en nuestro país, fortaleciendo el rol rector del

MSP y destacando a ASSE como prestador de

salud, con mayor cobertura, más prestaciones

y mejores servicios.

La creación del Seguro de Salud y del FONA-

SA ha permitido mayor justicia social (paga

más quien tiene más) y solidaridad entre ge-

neraciones y entre sanos y enfermos. Se am-

plió la cobertura de salud llegando a quienes

no la tenían y se redujeron costos de tiques y

órdenes, mejorando el acceso a los servicios

para amplios sectores. Se implementó el pago

por cumplimiento de metas como un fuerte

incentivo para mejorar las prestaciones.

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Se creó el Plan Integral de Atención a la Sa-

lud, que incluye todos los programas de salud

prioritarios. El control del niño/a y la embara-

zada, del adolescente y del adulto mayor son

hoy una exigencia para el sistema de salud.

La garantía de derechos sexuales y repro-

ductivos, las prestaciones psicosociales y de

psicoterapia, el Plan Nacional de Prevención

del Suicidio e implementación de políticas

integrales de drogas y de salud ocular, con-

solidando el Hospital de Ojos, han sido funda-

mentales para la mejora de las condiciones de

salud de la población.

Para avanzar en salud:

• Continuaremos jerarquizando la sa-

lud en la infancia y se abatirán aún más las ci-

fras de mortalidad infantil, bajo peso al nacer,

prematurez, anemia infantil y materna, malnu-

trición por desnutrición crónica y obesidad.

Se priorizará la promoción de un desarrollo

adecuado.

• Profundizaremos la atención a la sa-

lud en el medio rural.

• Ampliaremos la atención brindada a

la salud sexual y reproductiva y a la preven-

ción de enfermedades de transmisión sexual.

• Seguiremos profundizando la aten-

ción a la salud mental con énfasis en la afec-

tación de los trastornos mentales severos y

recurrentes, las problemáticas de violencia y

muerte violenta y el consumo problemático

de sustancias y las adicciones.

• Desarrollaremos la atención univer-

sal e integral a la salud bucal incluyendo la

promoción, prevención, tratamiento y reha-

bilitación, ampliando el cumplimiento de las

prestaciones incluidas en el Plan Integral de

Atención a la Salud.

• Continuaremos reduciendo progresi-

vamente los valores de las órdenes y tiques.

• Aseguraremos la disponibilidad de

personal de salud en cantidad, calidad y di-

versidad, así como su distribución adecuada

en el territorio.

• Profundizaremos el cambio de las

condiciones de trabajo del personal de salud

para lograr abatir el multiempleo, consolidar

el trabajo en equipos multiprofesionales y la

formación continua.

VIVIENDA Y HÁBITAT

Los gobiernos del FA han avanzado en ma-

teria de hábitat y vivienda mediante la utili-

zación de una batería de instrumentos tales

como: la priorización de los mecanismos de

autoconstrucción y las cooperativas; los pro-

gramas multisectoriales de inclusión socio

habitacional con enfoque integral; la acción

del MEVIR en el medio rural; las garantías y

subsidios de alquiler; la conexión a servicios;

la reestructura y refinanciamiento de deudas;

los créditos para refacción y mejoramiento de

viviendas; la recuperación y adjudicación de

unidades vacantes; los programas para pasi-

vos; la regularización y relocalización, en su

caso, de asentamientos; la búsqueda de di-

ferentes fuentes de inversión; los programas

para sectores de ingresos medios.

Para seguir avanzando en vivienda

y hábitat:

• Desarrollaremos un Plan Nacional de

Vivienda que atenderá de forma prioritaria a

las 38.000 familias más vulnerables que resi-

den en espacios donde hoy no cubren las ne-

cesidades básicas habitacionales.

• Extenderemos la Cartera de Inmue-

bles para Vivienda del MVOTMA para hacer

posible el acceso al suelo urbanizado de los

sectores de menores recursos y generaremos

medidas para intensificar el uso del stock

existente, tanto a nivel de suelo como de edi-

ficaciones.

• Elevaremos los topes de ingresos

para ser sujeto de crédito del Plan de Vivien-

da, considerando la integración del núcleo

familiar y tomando como parámetro el ingre-

so por persona. Se ajustarán las exigencias

de ahorro para facilitar el acceso.

• Evaluaremos los resultados de la Ley

18.795 (Vivienda de Interés Social) para ex-

tender el régimen de exoneraciones fiscales a

otros programas habitacionales.

• Ampliaremos y reforzaremos las lí-

neas de crédito para refacción y mejoramien-

to de vivienda.

• Estableceremos un sistema de al-

quiler con opción a compra para la franja de

población que tiene capacidad de pago sin

subsidio pero no de ahorro mientras paga

alquiler.

• Efectivizaremos la aplicación de la

Canasta Energética (conexiones internas,

tarifas, uso) para mejorar las condiciones de

habitabilidad de la vivienda y facilitar la per-

manencia.

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

El Frente Amplio priorizó la seguridad pública

en la gestión de gobierno, alcanzando y cum-

pliendo un acuerdo con todos los partidos

políticos que definieron una hoja de ruta para

la transformación en esta área. Se han proce-

sado cambios significativos en el sistema de

gestión policial, la dignificación de la Policía

Nacional a través de un aumento relevante

de salarios, mejora de equipos y tecnología.

Se promovieron nuevos instrumentos lega-

les para adaptarse a las nuevas realidades y

se avanzó en una política hacia las personas

privadas de libertad, destacándose la fuerte

disminución del hacinamiento en cárceles a

través de la construcción de nuevas plazas y

los programas de reinserción sociolaboral.

La Estrategia por la Vida y la Convivencia

representa un enfoque integral que orienta

las políticas de seguridad pública a partir de

tres ejes: el ejercicio de la autoridad –que im-

plica el uso de los instrumentos legales para

hacer efectivo el derecho a la protección de

las personas ante la violencia y otras formas

de abuso, dentro del marco de la Constitu-

ción y la Ley–; la práctica de la reciprocidad

–que supone el reconocimiento de derechos

y obligaciones– y el desarrollo de la convi-

vencia como garantía de una sociedad más

segura. El problema no es sólo el delito, sino

también la cultura de intolerancia, crispación

y violencia cotidiana que ha ganado espacios

en la sociedad uruguaya en las últimas déca-

das. A su vez, este enfoque presta especial

importancia a los niveles de violencia en el

espacio interpersonal y familiar, que inter-

pelan la convivencia y la seguridad de una

sociedad.

Para avanzar en el combate a

la delincuencia

• Profundizaremos el combate a la de-

lincuencia y trabajaremos con la misma firme-

za sobre las causas que la producen, promo-

viendo un Plan Integral de Convivencia y Se-

guridad que integrará políticas sociales, edu-

cativas, laborales, carcelarias; preventivas y

represivas, con el uso masivo de la tecnología.

• Enfatizaremos el combate frontal al

narcotráfico y la pasta base.

• Profundizaremos las políticas de

proximidad, priorizando la participación co-

lectiva institucional y social en el territorio,

jerarquizando los mecanismos comunitarios y

la resolución informal de conflictos.

• Desarrollaremos iniciativas de inter-

vención focalizada e integral priorizando los

territorios que concentran mayores niveles de

vulnerabilidad social y urbana con altas tasas

de delitos, orientándolas a construir ciudad y

ciudadanía a través de la profundización de

los programas sociales, planes de impacto de

infraestructura para la convivencia y un mo-

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delo de cercanía para garantizar la seguridad.

• Promoveremos acciones de fomen-

to de una cultura ciudadana que refuerce la

convivencia y el disfrute como un tema cen-

tral, particularmente en espectáculos cultura-

les y eventos artísticos y deportivos masivos.

• Fortaleceremos las Mesas Locales de

Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Po-

licía Comunitaria y el Centro de Asistencia a

Víctimas del Delito.

Para avanzar en el combate a la violen-

cia doméstica y de género

• Instalaremos un Sistema Integral de

Respuestas hacia un País Libre de Violencia

de Género y Generaciones, con prevención y

atención tanto a las víctimas como a los agre-

sores, integrando con igual énfasis los distin-

tos tipos de violencia de género: domésti-

ca, sexual, trata y tráfico, explotación sexual

comercial y no comercial de niños, niñas y

adolescentes, acoso sexual, violencia simbó-

lica, violencia contra los derechos sexuales y

reproductivos, violencia institucional, entre

otras, profundizando la coordinación, capaci-

tación permanente y financiamiento para una

aplicación efectiva de las medidas de preven-

ción ya legisladas.

• Promoveremos la investigación y ac-

tuación de los hechos de violencia doméstica

y de género a través de mejores capacidades

institucionales de las instancias judiciales, po-

liciales y de las fiscalías, destinando mayores

recursos humanos y financieros.

Para avanzar en la mejora de

la Policía Nacional

• Promoveremos una nueva Ley Orgáni-

ca Policial que haga énfasis en una Policía pro-

fesional y disciplinada, que actúe en beneficio

del Estado de Derecho, de las instituciones y

en defensa de la población.

• Profundizaremos la reforma organiza-

tiva de la Policía Nacional, orientada a la ges-

tión basada en el conocimiento y la inteligen-

cia aplicada, con auditorías como herramienta

de monitoreo y control de la calidad de los

servicios.

• Fortaleceremos el Sistema de Infoma-

ción de Seguridad Pública. Implementaremos

un sistema de información criminal y amplire-

mos las facultades del Ministerio del Interior

para el control y la información relacionada al

registro de armas de fuego.

• Implementaremos una reforma inte-

gral de los planes de capacitación de la Poli-

cía Nacional a través de una nueva currícula

educativa en todos los escalones de promo-

ción y formación policiales.

Para avanzar en el sistema carcelario

• Trasladaremos el sistema penitencia-

rio desde la órbita policial hacia la civil y se

consolidará un nuevo modelo de gestión de

prisiones, con una visión de inclusión y segun-

da oportunidad para las personas recluidas.

• Fortaleceremos los programas de

formación, trabajo, empleo y educación para

promover un modelo carcelario que contri-

buya a la reinserción social y laboral de las

personas, profundizando los acuerdos públi-

co-privados (PIT-CNT, UdelaR, CETP, etc.).

• Continuaremos con el fortalecimien-

to de la infraestructura carcelaria, actualizan-

do el diseño con espacios seguros que facili-

ten la aplicación de programas adecuados.

• Profundizaremos la intervención

post-penitenciaria, asociada al rol del Patro-

nato Nacional de Encarcelados y Liberados.

• Fortaleceremos los instrumentos que

permitan la aplicación de las medidas alter-

nativas a la prisión, realizándose las modifi-

caciones legislativas correspondientes.

POLÍTICA EN MATERIA DE DROGAS

En el año 2005 incorporamos una visión in-

tegral de las políticas que profundizó la pers-

pectiva de la gestión de riesgos en el campo

de la reducción de la demanda e incluyó una

mirada diferente sobre el control de la oferta.

Acentuamos y complejizamos la persecución

al narcotráfico, desde la persecución al mi-

cro-tráfico a mayores investigaciones y ope-

raciones contra la acción de organizaciones

criminales instaladas en el país pero respalda-

das con la logística e infraestructura de gran-

des capitales, y desarrollamos una decidida

política de prevención y lucha contra el lava-

do de activos. Otorgamos mayor relevancia

a la Junta Nacional de Drogas (JND) como

órgano rector de la política y la fortalecimos

significativamente con recursos presupuesta-

les, incorporando la perspectiva de los DDHH

como marco ético para normas y acciones en

materia de políticas de drogas.

Para seguir avanzando en política

de drogas:

• Consolidaremos la Red Nacional de

Atención y Tratamiento en Drogas (RENA-

DRO), generando dispositivos de control y

evaluación del cumplimiento de las metas y la

calidad de la atención de los servicios públi-

cos y privados.

• Fortaleceremos los dispositivos de

coordinación y articulación a nivel departa-

mental, municipal, local y barrial de la políti-

ca de prevención y tratamiento en drogas.

• Fortaleceremos las políticas de pre-

vención y represión al tráfico ilícito de dro-

gas y los delitos conexos, especialmente la

delincuencia organizada, delitos de “cuello

blanco”, tráfico de armas y personas, y lava-

do de activos.

• Diseñaremos nuevos mecanismos de

control y fiscalización de expendio de sus-

tancias psicoactivas en el marco de modelos

de regulación de mercados como alcohol,

marihuana y tabaco.

CULTURA y DEPORTE

La cultura uruguaya venía saliendo de una

situación de emergencia generada duran-

te décadas. Nuestros gobiernos lograron la

recuperación de infraestructuras culturales,

en particular en el interior, así como la finali-

zación de las obras del Auditorio Adela Reta

y la reapertura del auditorio Nelly Goitiño, la

creación de más 120 “Centros MEC” y la ins-

talación de Usinas Culturales territorializadas,

lo que entre otras realizaciones comenzó a

revertir la desidia en cuanto al desarrollo cul-

tural.

También a nivel del deporte ha habido avan-

ces sustanciales, logrando la universalización

de la educación física escolar; la expansión

en todo el territorio nacional de las políticas

deportivas generando nuevos escenarios, po-

tenciando torneos y competencias, y el forta-

lecimiento de las infraestructuras deportivas.

Para avanzar en cultura y deporte:

• Reforzaremos la infraestructura y la

oferta cultural en todo el país implementando

un Plan Nacional de Cultura, y proponiendo

una Ley Nacional de Cultura que sistematice

todas las normas jurídicas existentes.

• Concretaremos la profesionalización

de gestores y actores específicos de la cultu-

ra, con la Ley de Fondos de Incentivo Fiscal

para la cultura, el fortalecimiento del Institu-

to del Cine y Audiovisual (ICAU) y el Instituto

Nacional de Artes Escénicas (INAE).

• Promoveremos la exportación de

los productos artístico-culturales como una

muestra de valor agregado de exportación y

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el apoyo a los artistas nacionales mediante el

Fondo de Estímulo a la Creación y a la For-

mación Artística (FEFCA) y la difusión de los

valores culturales en ferias, bienales y even-

tos internacionales.

• Crearemos laboratorios de cultura

para formar artistas jóvenes que se focalicen

y especialicen en producciones para la infan-

cia, que se inserten en el territorio y se nutran

de trabajos y experiencias previas.

• Cambiaremos el modelo deportivo

hacia un modelo moderno y profesionalizado

del deporte de competencia; profesionaliza-

ción y reestructura de la gestión en las orga-

nizaciones federativas.

• Crearemos un Sistema Nacional de

Alto Rendimiento Deportivo.

• Promoveremos el acceso universal a

los diversos deportes, desarrollando progra-

mas y competencias nacionales con financia-

miento público-privado, dirigidos al conjunto

de las y los ciudadanos de toda edad, género

y condición, con particular énfasis en los jó-

venes.

• Extenderemos y perfeccionaremos el

modelo de Plazas de Deporte Siglo XXI y de

un nuevo Modelo de Gestión del Deporte Co-

munitario.

INFANCIA y ADOLESCENCIA

Al llegar el Frente Amplio al gobierno Uru-

guay mantenía una deuda histórica con sus

niñas y niños, que representan el núcleo de

población más afectado por la pobreza y la

exclusión. El conjunto de políticas desarrolla-

das ha tenido un impacto sustantivo, logran-

do que la pobreza infantil en menores de 6

años haya disminuido del 53,4% en 2006 al

24, 5% en 2012. Varias políticas sociales tam-

bién estuvieron directamente enfocadas a

esa población, entre las que se destaca el

aumento de la inversión educativa y el incre-

mento del 20% de la atención a niñas y niños

menores de 3 años de sectores populares a

través de los centros CAIF y centros diurnos

del INAU, así como el desarrollo del Programa

Uruguay Crece Contigo, orientado a la aten-

ción de embarazadas y niños en riesgo sani-

tario, que apoya a más de 6.500 niñas y niños,

promoviendo el desarrollo integral mediante

un vínculo de cercanía.

Se ha mejorado el sistema de adopciones, con

un aumento en 2013 del 40% de niñas y niños

integrados en familias adoptivas y el desarro-

llo del programa de Familia Amiga como re-

des de apoyo para cuidados transitorios.

También se ha fortalecido el sistema de aten-

ción de adolescentes infractores, logrando un

cambio estructural con la puesta en marcha

del Sistema de Responsabilidad Penal Adoles-

cente (SIRPA). Hay menos fugas, se mejoró la

infraestructura y se desarrollaron programas

de educación y trabajo, acompañamiento al

egreso, capacitación de recursos humanos.

Por primera vez se ha comenzado a trabajar

frente a los problemas de abuso, explotación

sexual y trata infantil y adolescente, gene-

rándose un sistema interinstitucional de ac-

tuación. Pero la mejora de la situación de la

infancia aún exige que sea considerada una

prioridad nacional.

Para seguir avanzando en infancia:

• Garantizaremos la atención a niñas y

niños de 0 a 3 años a través de acciones coor-

dinadas en salud, alimentación, cuidado, edu-

cación y trabajo.

• Aseguraremos el fortalecimiento del

vínculo de los niños, niñas y adolescentes con

el sistema educativo y sus logros, con pro-

puestas educativas adecuadas a la población

a la que se dirigen, con un aumento de los

tiempos pedagógicos, flexibles y compatibles

con las nuevas realidades familiares y sociales.

• Implementaremos programas espe-

ciales de prevención y atención de las con-

ductas de riesgo de los adolescentes: consu-

mo problemático de sustancias, accidentes,

intentos de autoeliminación, formas violentas

de resolución de conflictos.

• Erradicaremos las situaciones de

calle; el trabajo infantil, así como el trabajo

adolescente peligroso e informal. En los ca-

sos que corresponda, ayudaremos a compa-

tibilizar el estudio y el trabajo formal de los

adolescentes mayores de 15 años.

• Profundizaremos el enfoque socioe-

ducativo de responsabilización de los adoles-

centes infractores, desde una perspectiva de

derechos, priorizando las medidas socioedu-

cativas sin privación de libertad.

• Ampliaremos las experiencias de

inserción educativo-laboral como la de

INAU-SIRPA y el PIT-CNT con adolescentes

en conflicto con la ley.

• Profundizaremos las políticas de

prevención y atención en torno al maltrato,

abuso, explotación sexual y trabajo infantil.

JUVENTUD

Uruguay debe apostar por sus jóvenes, invir-

tiendo en políticas de juventud, promoviendo

cambios culturales para que el resto de la so-

ciedad no les tenga miedo, sino que piense en

ellos como posibilidad de desarrollo.

Las políticas en materia de educación, em-

pleo, deporte, salud y vivienda deberán

contemplar las realidades y necesidades

específicas de las y los jóvenes, para el cum-

plimiento de sus derechos, prestándose par-

ticular atención a las brechas entre varones y

mujeres jóvenes y las asociadas a la pobreza.

Nos proponemos:

• Promover políticas de participación

que fortalezcan el protagonismo, la moviliza-

ción y capacidad de incidencia del movimien-

to juvenil uruguayo.

• Desarrollar un Sistema de Infor-

mación para el acompañamiento de las

trayectorias educativas, un Sistema Integra-

do de Formación Profesional, una política

de Primera Experiencia Laboral Juvenil, la

universalización del sistema de tutorías, la

extensión de la orientación vocacional y del

programa Compromiso Educativo y Más

Centro en los centros educativos de educa-

ción media.

• Mejorar las oportunidades de inser-

ción y continuidad laboral bajo condiciones

de trabajo decente, a través de un Sistema

Integrado de Formación Profesional y la con-

solidación de la Política de Primera Experien-

cia Laboral Juvenil.

• Incorporar facilidades, criterios flexi-

bles y acciones afirmativas para jóvenes en el

conjunto de políticas habitacionales desarro-

lladas por el MVOTMA, el BHU y la Agencia

Nacional de Vivienda.

• Aumentar el número de Espacios

adolescentes en los distintos efectores de

salud. Policlínicas abiertas a los adolescentes.

Campañas de reducción de daños desde los

centros de salud fomentando el consumo

responsable.

ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ

El país avanzó en una nueva concepción del

envejecimiento y la vejez a través de la puesta

en marcha del Instituto Nacional de las Perso-

nas Adultas Mayores así como del primer Plan

Nacional en esta temática. Resulta estratégi-

co el enfoque de derechos, la ampliación de

la matriz de protección social y la priorización

de los colectivos más vulnerables.

23

Para seguir avanzando en temas

de vejez:

• Integraremos al Sistema Nacional de

Cuidados a las personas adultas mayores de-

pendientes.

• Avanzaremos en la eliminación de las

barreras físicas en el espacio público, en los

edificios y en el transporte público.

• Ampliaremos los servicios de abor-

daje integral del abuso y maltrato hacia las

personas mayores.

• Promoveremos el enfoque del enve-

jecimiento activo, fomentando el acceso a las

tecnologías así como el combate a la soledad

en la vejez, para lo que se garantizará una ta-

blet a cada jubilado/a del BPS.

DISCAPACIDAD

En Uruguay, las personas con discapacidad

son una de las poblaciones más expuestas a la

desigualdad social. Sin embargo en el período

2005–2013 se aprobaron un conjunto de leyes

que resultan en un avance al reconocimiento

de derechos y orientan la formulación de po-

líticas públicas Se destaca la aprobación de la

Ley 18.651, la Convención Internacional de los

Derechos de las Personas con Discapacidad –

Ley 18.418– y el Protocolo Facultativo de esta

Convención –Ley 18.776–.

Nos proponemos:

• Diseñar medidas de incentivo a la in-

clusión laboral y el cabal cumplimiento de la

cobertura del 4% de las vacantes del Estado

con personas con discapacidad.

• Garantizar la accesibilidad universal

de los servicios públicos a través de un Plan

Nacional de Accesibilidad con énfasis en el

transporte y la vivienda.

AFROURUGUAYOS

Se consolidaron formalmente asesorías hono-

rarias, direcciones, unidades y principalmente

herramientas para la transversalización en el

Estado de las políticas públicas en materia

de Derechos Humanos y afrodescendencia

así como se afirmaron los principios públicos

de combate al racismo y al sexismo, especial-

mente a través de la sanción de la Ley de ac-

ciones afirmativas para afrodescendientes.

Nos proponemos:

• Garantizar el acceso y la permanencia

de la población afrodescendiente en todos

los niveles educativos, principalmente incen-

tivando la permanencia en los niveles educa-

tivos técnicos y universitarios. En el mismo

sentido en lo referente a la salud y vivienda.

POLÍTICAS TRANSVERSALES

PARA LA IGUALDAD

GÉNERO

Se destaca la consolidación del Instituto de la

Mujeres como institución rectora de las polí-

ticas públicas para la igualdad entre las mu-

jeres y los hombres, y la creación del Consejo

Nacional de Género; la aprobación de un Plan

de Igualdad de Oportunidades y Derechos; el

avance de las políticas de prevención y aten-

ción a la violencia de género y la protección

de los derechos sexuales y reproductivos de

las mujeres y varones; las políticas de inser-

ción en el mercado de trabajo y de protección

en materia laboral.

Nos proponemos:

• Profundizar las políticas hacia la equi-

dad de género y ejercicio de derechos, pro-

moviendo una cultura de igualdad y no dis-

criminación, avanzando en acciones en los

ámbitos educativos, laborales, del deporte

y tiempo libre, garantizando los servicios in-

tegrales de salud sexual y reproductiva y de

prevención y atención a la violencia basada

en género.

• Incorporar al Sistema Nacional Inte-

grado de Cuidados un enfoque de equidad de

género, que permita equilibrar la dedicación

en las tareas de cuidados familiares a mujeres

y hombres y el desarrollo de condiciones de

trabajo decente para las y los trabajadores del

sector, mediante procesos de capacitación y

mejora de las condiciones laborales.

• Promover la participación política

paritaria de las mujeres como objetivo de

profundización democrática e impulsar la

ampliación de la vigencia de la Ley Nº 18.476

de participación equitativa de ambos sexos,

incluyendo al tercer nivel de gobierno.

DIVERSIDAD SEXUAL

Desde el triunfo del Frente Amplio en 2005,

existe una clara inclinación hacia la refor-

mulación de la legislación de familia en tér-

minos de reconocimiento y protección de la

diversidad. La aprobación de la Ley de Unión

Concubinaria, la Ley de Modificaciones a las

disposiciones relativas a la Adopción, poste-

riormente la Ley de Derechos Sexuales y Re-

productivos, y la reciente aprobación de la

Ley de Matrimonio Igualitario colocan al Uru-

guay a la cabeza de la región en términos de

consagración legal del amparo a la diversidad

de familias. Sumamos al balance la aproba-

ción de la Ley de Identidad de Género en el

camino hacia la eliminación progresiva de las

barreras que excluyen a la población trans de

los circuitos formales de empleo, educación,

salud, vivienda, etc.

• Desarrollo de políticas educativas y

culturales dirigidas a promover el respeto a la

diversidad sexual y garantizar el derecho a la

libre orientación sexual e identidad de género.

• Combate a las diferentes modali-

dades de abuso, maltrato y discriminación,

priorizándose los centros educativos y los

ámbitos laborales, desarrollando programas

de sensibilización y capacitación, y de apoyo

psicológico y social.

• Consolidación de un sistema gratuito y

eficiente de cambio de nombre y sexo registral.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

La gestión del FA en lo que refiere a la me-

moria, verdad y justicia respecto a los críme-

nes de la dictadura comenzó con la creación

de la Secretaría de Seguimiento de la COPAZ

en el ámbito del Poder Ejecutivo, que elabo-

ró un informe. La sociedad civil entró a los

cuarteles, se realizaron excavaciones y se ha-

llaron los restos de Ubagesner Chávez Sosa

y de Fernando Miranda. Al mismo tiempo, el

Poder Ejecutivo denegó el amparo en la Ley

de Caducidad, habilitando a que por primera

vez en la historia del país los mandos milita-

res responsables de dichos crímenes fueran a

prisión.

Paralelamente se impulsó la creación de la

Institución Nacional de Derechos Humanos

(INDDHH) y la Defensoría del Pueblo y se

promulgó la Ley nº 18026 de cooperación

con la Corte Penal Internacional tipificando

los crímenes de lesa humanidad.

En el segundo gobierno del FA se continuó

la misma línea y se encontraron los restos de

Ricardo Blanco Valiente y de Julio Castro; se

continuó trabajando en la organización del

banco genético de los desaparecidos; y dan-

do cumplimiento a la sentencia de la CIDDHH

en el caso Gelman, se creó una coordinación

interinstitucional con el MDN, el MINT, el MEC

25

y el MRREE. Desde la Presidencia se revoca-

ron los actos administrativos de los gobier-

nos anteriores que amparaban en la Ley de

Caducidad a los criminales de lesa humani-

dad. En materia legislativa, se aprobó una ley

restableciendo la pretensión punitiva del Es-

tado; dos de sus artículos fueron declarados

inconstitucionales por la Suprema Corte de

Justicia, contrariando normas nacionales e

internacionales sobre imprescriptibilidad de

crímenes de lesa humanidad.

Reconociendo los avances conseguidos,

los desaparecidos siguen siendo una he-

rida abierta para nuestra sociedad. De los

178 ciudadanos desaparecidos sólo se han

encontrado los restos de 25. El próximo

gobierno del Frente Amplio realizará todos

los esfuerzos a su alcance para dar con la

información y ubicar los restos de los desa-

parecidos.

Para avanzar en derechos humanos:

• Democratizaremos el sistema jurídi-

co, expandiendo la agenda con nuevos de-

rechos y garantizando el alcance de todos y

todas a los derechos ya conquistados, pro-

fundizando las políticas de acceso universal,

especialmente de los más vulnerables.

• Asumiremos por parte del Estado las

numerosas investigaciones pendientes, faci-

litando todos los archivos de la represión y

toda la información vinculada a las violacio-

nes de derechos humanos cometidas en el

marco del terrorismo de Estado.

• Fortaleceremos la institucionalidad

en materia de derechos humanos y profundi-

zaremos las prácticas de la memoria a través

de espacios museísticos en sitios vinculados

a la represión.

• Colaboraremos con la Justicia, aten-

diendo con la mayor celeridad posible sus

requerimientos en el marco de las causas por

graves violaciones a los derechos humanos.

• Implementaremos un programa de

acompañamiento y asistencia psicológica a

testigos y víctimas de violaciones a los Dere-

chos Humanos.

• Avanzaremos en el cumplimiento de

las obligaciones internacionales referidas a

los derechos humanos y en la aplicación de

los tratados correspondientes.

26

27

Pilar 2:

Crecimiento y DistribuciónLas políticas implementadas por los gobiernos del Frente Amplio permitieron

logros macroeconómicos relevantes y tuvieron un rol decisivo, junto con las

políticas sociales y laborales, en el aumento del empleo, en la mejora de las

condiciones de vida de la población y muy especialmente en la reducción de

la pobreza, la indigencia y la desigualdad social.

El PBI creció de 13,7 miles de millones de dólares (2004) a 55,7 (2013), pero

al mismo tiempo la pobreza que en 2004 rondaba el 40% del total de la

población, en 2013 se ubicó en el 12%; y la indigencia se redujo del 4,7% al

0,5%. Esto quiere decir que gracias al esfuerzo de todos los uruguayos y a

las políticas públicas desarrolladas, nuestra economía logró crecer al tiempo

que redistribuyó la riqueza generando mayor equidad.

Alcanzamos el récord histórico del promedio de la tasa de desempleo: 6%.

Creamos 35.000 nuevos puestos de trabajo por año. Pasamos de 1.272.150

trabajadores formales (2004) a 1.584.444 (2013). El salario real aumentó

45,4% entre 2004 y 2013.

Se han creado pues las condiciones para dar un renovado impulso al proceso

de desarrollo sustentable con mayor grado de libertad, igualdad y justicia.

El desarrollo productivo consiste en un proceso de transformación,

especialización y diversificación de las estructuras productivas.

La estrategia de desarrollo de largo plazo implica una fuerte apuesta a los

sectores con mayor potencial de incorporación de tecnología, trabajo e

inteligencia, mayor generación de puestos de trabajo decentes y de calidad,

cuidado del medio ambiente y dinamización económica y social del entorno.

29

Pilar 2: Crecimiento y Distribución

Se convocará a un diálogo para un gran

acuerdo económico y social

I. Política macroeconómica

Continuará garantizando condiciones de es-

tabilidad adecuadas a los objetivos de creci-

miento, la creación de empleo y la distribución

del ingreso. El cuidado de las cuentas públi-

cas ha sido un rasgo distintivo de la política

económica del Frente Amplio y lo continuará

siendo, en el entendido de que es una platafor-

ma indispensable para impulsar el crecimiento

con equidad.

II. Política tributaria

Debe mantener y profundizar los objetivos de

eficiencia, equidad y estímulo a la inversión

productiva y generación de empleo.

• Se disminuirá la carga tributaria glo-

bal, avanzando en la reducción de los impues-

tos indirectos para favorecer prioritariamente

a quienes más lo necesitan.

• Se remitirá al parlamento un proyec-

to de ley que dispondrá que el pago del IRPF

para aguinaldos y salarios vacacionales se

realice de manera separada al resto de las re-

tribuciones, generando así una mejora en los

ingresos de los trabajadores.

• El sistema tributario debe seguir

siendo consistente con los diversos mecanis-

mos de promoción de inversiones con que

cuenta el país, beneficiando el desarrollo de

emprendimientos generadores de empleo

de mayor calidad o privilegiando a grupos

vulnerables, de mayor valor agregado, de

innovación tecnológica, de mejor calidad de

procesos y productos, de producción limpia,

y de descentralización con énfasis en zonas

de menor desarrollo relativo.

• Se generalizará la base del Impuesto

a Primaria, aplicando este tributo a los pre-

dios rurales y manteniendo los mínimos exis-

tentes.

III. Política de endeudamiento

El servicio de la deuda pública deberá seguir

siendo administrado con los mismos criterios

de estos períodos de gobierno. Se procurará

continuar reduciendo las vulnerabilidades y

el costo del financiamiento.

IV. Inversión y gasto público

La política de gasto público es un instru-

mento poderoso para mejorar la eficiencia y

eficacia de la gestión pública. Se fortalecerá

el papel de las oficinas públicas dedicadas a

evaluar la calidad del gasto y de los proyec-

tos de inversión, y se extenderá el uso de in-

dicadores de desempeño y compromisos de

gestión como herramientas fundamentales

para lograr los objetivos deseados en mate-

ria de calidad y cantidad de servicios brinda-

dos a la población.

La evaluación de los resultados de los pro-

gramas constituirá un instrumento funda-

mental para la toma de decisiones respecto a

la asignación de nuevos recursos públicos.

El Estado deberá garantizar que los servicios

que brinda, mercados que regula, infraestruc-

turas, procesos en que interviene, aseguren

que los actores del sector privado encuentren

una palanca y no un freno para su desarrollo.

El Estado debe entrar decididamente en la

economía y gestión digital del siglo XXI.

V. Política monetaria y cambiaria

Las políticas monetaria y cambiaria también

serán compatibles con los objetivos inflacio-

narios y el mantenimiento de la competitivi-

dad de la producción nacional, así como con

las metas de largo plazo en cuanto a la pro-

moción de la inversión, del empleo y del cre-

cimiento sostenible, y con una eficiente admi-

nistración de las reservas internacionales y el

endeudamiento interno y externo.

• Se tomarán las medidas pertinentes

para controlar férreamente la inflación, man-

teniendo el rango meta entre 3% y 7% y ubi-

cándose en el eje del mismo en un plazo de 18

meses.

Por los impactos que tiene la inflación, so-

bre todo para la población con ingresos fijos

como salarios y pasividades, combatirla es

defender a los más desprotegidos.

VI. La estrategia productiva

El cambio estructural en curso se basa en la

dotación de recursos naturales como platafor-

ma, y en el surgimiento de nuevas actividades

que están en condiciones de crecer con una

perspectiva exportadora y de innovación. Se

procura reducir la exposición a mercados que

presentan los mayores problemas de acceso;

diversificar la estructura de bienes y servicios;

ampliar el porcentaje de esa estructura pro-

ductiva que encuentra oportunidades de cre-

cimiento en los mercados regionales e interna-

cionales; impulsar la transformación tecnoló-

gica de los sectores exportadores tradiciona-

les (especialmente de aquellos más asociados

históricamente a la ventaja en la dotación de

recursos naturales); y promover nuevas activi-

dades con perspectiva exportadora.

La potencialidad de introducir mejoras tecno-

lógicas está presente en todos los sectores,

pero hay que atender a aquellos que permiten

introducir las nuevas tecnologías, con mayor

agregación de conocimientos y eslabones

hacia atrás y hacia adelante en la cadena de

valor. Transitaremos hacia una economía es-

trechamente vinculada al desarrollo científi-

co-técnico, para avanzar en una industrializa-

ción en profundidad, con participación de las

universidades, la ANII y las EP.

Para alcanzar los resultados esperados se in-

tensificará el esfuerzo para desarrollar las in-

fraestructuras necesarias con una perspectiva

de mediano y largo plazo. Para ello se requie-

re el impulso de la logística y las infraestruc-

turas portuarias, así como de las plataformas

tecnológicas de proyección regional con base

en acuerdos de complementación productiva.

Por último, es imprescindible llevar adelante

inversiones potentes en I+D vinculando el co-

nocimiento con la producción y asociando las

empresas, el Estado y la academia. Las pers-

pectivas de desarrollo en áreas tales como la

minería y la extracción de petróleo requieren

preparar al país para esos desafíos.

VII. Micro, pequeñas y medianas

empresas

Se promoverá que estas empresas tengan una

actividad productiva permanente y sosteni-

ble, dispongan de recursos físicos y una ca-

lificada gestión humana acordes a los reque-

rimientos de desarrollo del país y que operen

bajo la figura de personas físicas o jurídicas

formalizadas, en actividades industriales, co-

merciales, de servicios o artesanales.

También se desarrollarán acciones de forma-

ción, capacitación y desarrollo empresarial

para apoyar a las Mipymes, desde los ámbi-

tos públicos, universitarios y de organismos

especializados.

31

VIII. Economía Social y Solidaria (ESyS)

La Agencia Nacional de Desarrollo contribuirá

a definir objetivos, líneas estratégicas e ins-

trumentos específicos para guiar la acción

política de la próxima administración de go-

bierno. Se procurará alcanzar un real avance

del sector en su conjunto dentro de la eco-

nomía y de la sociedad, contribuyendo a que

las unidades de la ESyS se consoliden y de-

muestren autonomía, viabilidad y capacidad

de crecimiento y desarrollo.

IX. Trabajo, empleo y relaciones

laborales

Los dos gobiernos del Frente Amplio desa-

rrollaron una verdadera reforma laboral. Esta

implicó diversos avances en materia de dere-

chos, reducción de la pobreza y disminución

de la desigualdad, así como una mejora de los

niveles de empleo y desempleo -que se ubicó

en mínimos históricos- y un aumento del sa-

lario real y el empleo formal. Se destaca una

amplia legislación laboral de protección y am-

pliación de derechos dirigidos tanto a traba-

jadores privados como públicos, con especial

atención a mujeres, jóvenes y jubilados. Se

destaca el diálogo social tripartito en materia

salarial -negociación colectiva-, como en ma-

teria de seguridad y salud en el trabajo.

El objetivo del Frente Amplio es la profundi-

zación de los avances para lograr más desa-

rrollo y equidad. En este sentido, se profun-

dizarán las políticas dirigidas a los colectivos

con mayores dificultades de empleo: mujeres,

jóvenes, hombres mayores, poco calificados,

en situación de pobreza, discapacitados, afro-

descendientes y personas trans.

Se visualiza con preocupación la brecha sa-

larial y techo de cristal por género y la incor-

poración de la mujer al mercado de trabajo,

así como la compatibilización entre estudio y

trabajo de los jóvenes.

Debe combatirse a la informalidad, que es he-

terogénea y que si bien ha sufrido una dis-

minución importantísima -20,3% en el primer

trimestre de 2014-, lesiona los derechos de los

trabajadores y genera situaciones de compe-

tencia desleal en el mercado laboral. Por ello,

se profundizarán herramientas como el Ámbi-

to por la Inclusión y Formalización del Traba-

jo; la fiscalización y la interoperabilidad de los

organismos del Estado.

Se fomentará el emprendedurismo, que ade-

más incida en la generación de trabajo decen-

te. Se brindará especial apoyo a compatriotas

que resuelven volver a radicarse en el país. Se

promoverán los temas de participación de los

trabajadores en la gestión empresarial y de la

autogestión en empresas recuperadas, conti-

nuando los avances logrados en este período.

En los gobiernos del Frente Amplio se actua-

lizó el listado de enfermedades profesionales,

se cuenta con una estadística de siniestrali-

dad y se reglamentó el Cit 161 –Servicios de

Salud en la Empresa–, entre otras normas es-

pecíficas. En ese sentido, se continuará per-

feccionando la política nacional en materia de

seguridad, salud y medio ambiente en el que

se desempeñan los trabajadores, para profun-

dizar el descenso de la siniestralidad laboral y

las enfermedades profesionales.

La formación profesional y la capacitación de

los trabajadores y empresarios tendrá un nue-

vo impulso, incluyendo valores como la cul-

tura del trabajo y el respeto a la organización

de trabajadores. En este sentido, se propon-

drán incentivos a las inversiones nacionales y

extranjeras que generen empleo de calidad y

alta calificación de trabajadores.

Se consolidará el Sistema Integrado de For-

mación Profesional, articulando los recursos

y esfuerzos de todas las instituciones públi-

cas de capacitación, a los efectos de ofrecer

una amplia cobertura para la calificación de

trabajadores y ex trabajadores desvincula-

dos del sistema educativo formal y prove-

nientes de sectores de menores ingresos.

Se profundizarán las acciones para prevenir el

trabajo infantil y la protección del adolescente

trabajador. También se ofrecerán mayores in-

centivos para la incorporación de las mujeres

al mercado de trabajo; se buscará erradicar

brechas salariales y barreras para su acceso a

cargos jerárquicos.

Se trabajará para eliminar todas las formas

de acoso y discriminación en el trabajo; en

particular hacia afrodescendientes, mujeres

y personas trans. Se llevarán adelante ac-

ciones afirmativas hacia estos sectores de la

población.

Constituye un objetivo destacado avanzar

en formas de conciliación de familia y tra-

bajo; cláusulas de género en la negociación

colectiva, compatibilidad entre cuidados pa-

rentales y trabajo, con énfasis en apoyar la

lactancia materna y cuidados en la primera

infancia. A su vez, se ampliarán los progra-

mas de conciliación entre trabajo y estudio

para los jóvenes.

Se llevarán adelante acciones para un desa-

rrollo más eficiente y ético del empleo en la

“función pública”. Se actualizará y fortalece-

rá la formación y capacitación de los funcio-

narios en todas las dependencias y niveles,

impulsándose la utilización de herramientas

como la planificación. Se velará por la perma-

nente ética y transparencia de la función.

33

35

Pilar 3:

Desarrollo inteligente, Innovación y Responsabilidad ambientalUruguay ha dado pasos importantes en la generación de condiciones para

avanzar hacia el desarrollo de una manera inteligente, innovadora y con el

debido respeto por la sustentabilidad de nuestro medio ambiente.

A partir de 2005 se ha dado un fuerte impulso a las políticas en materia de

innovación: 1. se creó el Gabinete Ministerial de Innovación; 2. se elaboró el

primer Plan Estratégico de CTI (PENCTI) para el período 2010–2030; 3. se

dio prioridad a fortalecer las capacidades institucionales creando la ANII

y redefiniendo el CONYCIT; 4. se implementaron programas con fondos

sectoriales para I+D en áreas estratégicas; 5. se generaron incentivos fiscales

(por ej. para biotecnología).

En materia de políticas sectoriales, nuestra matriz productiva se ha

potenciado, transformándose tecnológicamente en cuanto a los sectores

tradicionales, y a su vez se ha diversificado, con el surgimiento de nuevas

actividades que están en condiciones de crecer con una perspectiva de

innovación y exportadora hacia los mercados regionales e internacionales.

También hemos mejorado aspectos infraestructurales que le permitirán a

nuestro país una mucho mejor plataforma de desarrollo. Por ejemplo, con

una inversión público-privada del entorno de los 7 mil millones de dólares,

la matriz energética de Uruguay superó el 40% de fuentes renovables. Por

otro lado estamos llevando la fibra óptica a todos los hogares uruguayos,

haciendo de Uruguay el país con la conexión a internet más expandida y

rápida de la región.

Todo esto ha ocurrido mejorando las capacidades de control respecto al

cuidado del medioambiente. En materia de legislación se concretaron

significativos avances mediante la aprobación de la Ley de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Sostenible y la Ley de Política Nacional de Aguas.

Asimismo se destaca la implementación del Sistema Nacional de Áreas

Protegidas (SNAP), herramienta fundamental para la conservación de la

biodiversidad del país.

37

I. Innovación, Ciencia y Tecnología

Innovación como concepto global

En el camino al desarrollo, Uruguay deberá

apostar por mayor innovación y sofisticación

de sus sistemas, mercados y actores

económicos, impactando a través de fuertes

procesos de innovación en tres ámbitos

interrelacionados: sector privado, sector

público y sector social.

En lo referente al sector público, el concepto

de innovación no solamente debe abarcar a

las instituciones e instrumentos para apoyar

la innovación directamente, sino también

a los cambios que deben realizarse para

entregar a nuestros ciudadanos servicios e

infraestructura de calidad. El Estado deberá

garantizar que los servicios, mercados que

regula, infraestructuras y procesos en los

que interviene garanticen que los actores del

sector privado encuentren una palanca y no

un freno para su desarrollo.

Institucionalidad para la competitividad

y la transformación productiva: un

Estado funcional a los objetivos del

Uruguay Productivo e Innovador

Nuestro país ha avanzado mucho estos

últimos años en cuanto al fomento a la

innovación y el emprendedurismo, pero sin

dudas es un área donde el camino a recorrer

es enorme si queremos preparar al Uruguay

para dar un verdadero salto de calidad.

Pilar 3: Desarrollo inteligente, Innovación y Responsabilidad ambiental

Se fortalecerá la articulación entre los sectores

público y privado, que explica la limitada

aplicación de los conocimientos generados

en el ámbito científico en el sector productivo.

Creemos que la innovación no es un problema

meramente científico. Está fuertemente

vinculado al emprendedurismo y el desarrollo

de nuestras empresas, y por eso éstas deben

tener un rol más activo.

Con la definición y diseño de las políticas

establecido a nivel ministerial, y con el nivel

de coordinación en el Gabinete productivo

y de innovación, se hace necesario contar

con una respuesta ágil y transparente en

materia de implementación y ejecución de

esas políticas. Para ello se debe contar con

agencias capacitadas, ágiles, transparentes y

dotadas de recursos desde donde se ejecuten

las políticas.

El proceso de cambio y construcción

institucional que se viene procesando en

los últimos años impulsará la presencia

de agencias transversales directamente

vinculadas con las políticas de mejora de

competitividad en el país:

1- Instituto Uruguay XXI

2- Agencia Nacional de Investigación e

Innovación

3- Agencia Nacional de Desarrollo

Económico

4- Corporación Nacional para el

Desarrollo

5- Instituto Nacional de Empleo y

Formación Profesional.

6- Instituto Nacional del

Cooperativismo (INACOOP)

• Con esta base, crearemos un Sistema

Nacional de Competitividad, del que formen

parte los ministerios correspondientes y

las agencias, intentando cubrir el universo

de políticas activas del sector público

relacionadas con el desarrollo productivo,

y en conjunto con el sector privado para

impulsar aún más la innovación y el desarrollo

productivo en todo el territorio nacional.

• Se promoverá la masificación del uso

de las TICs de forma de lograr la promoción

a todos los niveles de la utilización de estas

tecnologías.

II. Banca de Desarrollo

La utilización eficiente del ahorro nacional es

un debe que requiere solución, por lo tanto

se fomentará la creación de una Banca de

Desarrollo, dentro del Banco de la República

o en un ámbito al que ésta se integre como

protagonista central. Será una herramienta

fundamental para promover y financiar

las energías renovables, tecnologías de la

información y comunicación, minería, turismo,

explotación de yacimientos de petróleo y gas,

y obras de infraestructura como el puerto

de aguas profundas y la construcción de la

planta regasificadora.

III. Agro

El principal desafío para mantener una

dinámica sectorial como la experimentada

en la última década es desarrollar políticas

de orientación de las estrategias productivas

agropecuarias, integrando la dimensión

ambiental en el diseño de los proyectos y

planes del sector, así como la adaptación

al cambio climático. De esta manera, se

procurará la implementación de prácticas

productivas sustentables, que promoverán la

protección de los sistemas naturales, ya que

estos son los que generan las condiciones

para el crecimiento. A su vez, los recursos

naturales identificados como bienes sociales

(suelos, cursos de agua, recursos genéticos)

al servicio del desarrollo sostenible serán

objeto de regulaciones soberanas, para

asegurar su uso sustentable y a través de la

gestión de riesgos, controlar, mitigar o reducir

los impactos asociados al crecimiento, la

concentración o extranjerización.

La visión estratégica de desarrollo requiere

el potenciamiento de políticas de desarrollo

rural inclusivo, para atender a la producción

familiar y asalariados rurales, sectores

estratégicos y tradicionalmente postergados,

mediante la colonización, el fortalecimiento

de las organizaciones sociales y facilitando

el ingreso a las cadenas de valor. Se

buscará mediante estas acciones la mejora

acumulativa de las condiciones de vida y de

trabajo de toda la población del territorio rural

y rururbana, con énfasis en los asalariados y

los productores familiares.

Otros desafíos relevantes son: la permanente

promoción y generalización del trabajo

de calidad, la gestión y manejo del agua

–especialmente del riego multipredial–,

el crecimiento agroindustrial con valor

agregado creciente, la búsqueda de un nuevo

equilibrio territorial a lo largo y ancho del

país en población y calidad de vida; todo

ello, en el marco de políticas e instrumentos

participativos.

Se profundizará y mejorará la oferta de bienes

públicos en: a) el acceso igualitario al sistema

público de enseñanza; b) ampliar y fortalecer el

sistema de innovación agraria y de desarrollo

rural, incluyendo a la investigación científica

39

y tecnológica; c) el sistema de Extensión

Rural; d) el acceso a nuevos mercados; y e)

el suministro de información de mercados,

tecnológica, etc.

Las políticas públicas estimularán las

inversiones con agregado de valor en las

cadenas agroalimentarias e impulsarán

el desarrollo de sectores intensivos en

conocimientos y sectores de media y alta

tecnología. Permitirán generar empleos

de mejor calidad y capturar el valor

generado en nuestro país por producción

de energías renovables, alimentos

procesados, biotecnología, electrónica y

telecomunicaciones.

IV. Industria

Uruguay consolidará durante las próximas

décadas una profunda transformación de su

estructura económica, social y productiva,

a través del fortalecimiento de sus cadenas

productivas e integrando técnica y

económicamente la producción agraria, la

minería, la energía y la industria farmacéutica,

biotecnología, naval, electrónica, diseño y

automotriz.

En este enfoque tendrán un papel relevante

el Gabinete Productivo y los Consejos

Sectoriales, trabajadores, empresarios,

academia y gobierno, quienes, en forma

conjunta, diseñarán planes de desarrollo

productivo al 2020 para las cadenas de valor

priorizadas.

Los principales objetivos serán:

• Sostener y promover el crecimiento

industrial y de infraestructura.

• Propulsar la articulación de la ciencia

y la tecnología con el aparato productivo.

• Potenciar la integración productiva

en el Mercosur.

La política comercial procurará diversificar

mercados y productos alineada con la

estrategia de cambio de matriz productiva.

El rol de las empresas públicas es clave en

el apuntalamiento del sector productivo

y tecnológico nacional. La definición de

grandes obras de infraestructura será

analizada desde esta perspectiva estratégica.

Se promoverá la Inversión Extranjera

Directa (IED) buscando el fomento de

encadenamientos en industrias y servicios de

base nacionales que incorporen crecientes

niveles de valor agregado y que contribuyan

a la generación de empleo calificado.

V. Minería – recursos naturales

no renovables

Nuestro país tiene una segura potencialidad

en recursos que hasta el momento no

participaban sólidamente en la matriz minera,

concretamente los minerales metálicos y

los energéticos (gas, petróleo, esquistos

bituminosos). Esta potencialidad asegura

que la minería dejará de ser una actividad

productiva marginal para consolidarse como

uno de los pilares del futuro Producto Interno

Bruto. Eso viabilizará la diversificación de

nuestra matriz productiva.

VI. Turismo

El turismo, como actividad económica, ha

contribuido a mejorar el bienestar general

de los ciudadanos del país, al descenso de la

pobreza y los niveles de desocupación, siendo

a la vez un vehículo para la capacitación, la

formación y la canalización de inversiones

que demandan más y mejores calificaciones

y regulaciones.

Los principales objetivos estarán

vinculados a:

• Desarrollar el turismo de calidad, el

cual constituirá un objetivo estratégico fun-

damental.

• Desarrollar el turismo y la recreación

para lograr el acceso de toda la sociedad, fa-

cilitando los desplazamientos y vinculándolos

a nuevos productos y destinos.

• Profundizar y actualizar de forma

participativa el Plan Nacional de Turismo

Sostenible 2020.

• Promover el turismo inserto y con-

sistente con el modelo de desarrollo sos-

tenible del país, que promueva la cohesión

social y la integración regional.

• Incentivar y capacitar a los peque-

ños actores y empresarios turísticos locales.

• Se expandirán los exitosos progra-

mas de turismo social, los que tendrán una

función sinérgica con otros programas: terce-

ra edad, quinceañeras, niños y niñas, jóvenes,

trabajadores y trabajadoras, ciudadanos de

bajos recursos, y otros grupos con baja per-

cepción o acceso.

VII. Políticas de infraestructura

La mejora de las capacidades infraestructu-

rales no solamente será un motor del creci-

miento de la economía y la competitividad de

las empresas, sino también un poderoso ins-

trumento de cohesión económica y social, de

vertebración del territorio, integración espacial

y mejora de la accesibilidad y la descentrali-

zación, contribuyendo así a la inclusión social.

Si nos planteamos como objetivo preparar al

Uruguay para dar un nuevo salto cualitativo

en su camino al desarrollo, debemos dotar al

país de las capacidades infraestructurales ne-

cesarias para que estas no sean un cuello de

botella sino un motor impulsor del desarrollo.

1. Energía

Por primera vez en nuestra historia Uruguay

cuenta con una política energética global con

una mirada de 20 años hacia el futuro que

integra una visión multidimensional del tema

energético.

Los objetivos y principios rectores de la po-

lítica energética a llevar a cabo el próximo

gobierno son:

• Soberanía y autosuficiencia energéti-

ca, con una apuesta firme a las energías au-

tóctonas y renovables.

• Diversificación de las fuentes de la

matriz energética.

• Inclusión social y acceso equitativo.

• Investigación, innovación y desarro-

llo nacional de las fuentes y los insumos ne-

cesarios.

• Integración regional y complementa-

riedad.

• Por otro lado, en el próximo período

se pondrá en funcionamiento la terminal re-

gasificadora de gas natural licuado y a partir

de ello se consolidarán los instrumentos para

el desarrollo de la cadena del gas natural en

nuestro país, tanto en el sector residencial

como industrial y del transporte.

• Asimismo, durante el próximo go-

bierno habrá culminado una etapa relevante

en la exploración de gas y petróleo, tanto en

nuestra plataforma como en tierra firme, por

lo que deberemos generar las condiciones

para una eventual explotación del recurso:

diseño institucional, definiciones ambienta-

les, definición de un mecanismo para que las

futuras generaciones también puedan bene-

ficiarse de los ingresos obtenidos durante los

años de explotación, etc.

41

2. Transporte y logística

Se promoverán acciones para consolidar a

Uruguay como Centro de Distribución Re-

gional y Hub Logístico de calidad (costo–

tiempo).

Con este fin se continuará promoviendo más y

mejores inversiones en el país, tanto públicas

como privadas, y asociaciones público-priva-

das, mejorando el control efectivo a estas, a

través del desarrollo de normativas claras que

permitan una mayor transparencia.

Los objetivos estratégicos estarán dirigidos

a establecer la complementariedad entre los

diversos modos de transporte, y generar un

efectivo sistema Intermodal que vincule las

carreteras, los pasos fronterizos, vías férreas

y fluviales, puertos y aeropuertos, e impulse

puertos secos, terminales multimodales y pla-

taformas logísticas. Para ello se priorizarán:

• Carreteras y caminos: Se realizará la

rehabilitación necesaria y el mantenimiento de

la red vial nacional y departamental, buscando

duplicar el actual nivel de inversión, principal-

mente en los corredores de producción.

• Desde ANP y DNH, se continuará for-

taleciendo el Sistema Nacional de Puertos

(S.N.P.) que trabaje de continuo en la mejora,

promoción y desarrollo de los puertos comer-

ciales, deportivos, turísticos y pesqueros, tan-

to estatales o en régimen de concesión.

• Puerto de Montevideo y Puntas Sa-

yago. Deben acelerarse las obras de infraes-

tructura necesarias. Se continuará con el dra-

gado para superar los 12 metros de profun-

didad, pensando siempre en alcanzar, en su

momento, los 14 metros. Se buscará mejorar

la productividad de los muelles. Se concre-

tarán nuevos accesos, tanto carreteros como

ferroviarios.

• Puerto de Nueva Palmira. Se impul-

sarán nuevos muelles y áreas de depósito. Se

concretarán propuestas de nuevas terminales.

Se tenderá a disminuir los tiempos de espera.

Se avanzará en nuevos accesos.

• Se promoverá el transporte flu-

vio-marítimo, profundizando el dragado del

canal Martín García, así como el dragado del

Río Uruguay hasta Paysandú y Salto, priori-

zando el canal hasta Fray Bentos.

• Se continuará con el desarrollo de

un Puerto de Aguas Profundas (PAP), como

plataforma logística tal como se ha progra-

mado, avanzando en etapas, sin que esto se

contraponga con lo mencionado para las de-

más terminales. Se pondrá particular atención

a los efectos medioambientales del empren-

dimiento y al modo de aminorarlos. Al mismo

tiempo deben definirse y concretarse los ac-

cesos terrestres.

• Transporte ferroviario: Se desarrolla-

rá fuertemente el transporte ferroviario, dan-

do un fuerte impulso en el área de carga. El

Estado asumirá el rol principal en la recupe-

ración de su infraestructura, como condición

para dinamizar el modo.

• Transporte carretero de cargas: Se

continuará avanzando en la profesionaliza-

ción del sector, a partir de un rol más activo

del Estado. Se planificará e implementará el

desarrollo de un Sistema Integral de Trans-

porte, como herramienta para la integración

de nuestro país con la región.

• Transporte de pasajeros: Se seguirá

priorizando el interés de los usuarios, tanto

con relación al costo como a la calidad de los

servicios. 

• Se pondrá en funciones el Consorcio

de Transporte Metropolitano   (ya aprobado)

para atender mejor los requerimientos de los

usuarios del área con los recursos materiales

disponibles. Se estudiarán nuevas alternativas.

• Se promoverá la regulación en todo

el país de los servicios departamentales e in-

terurbanos.

• Se defenderá el nivel de servicio del

transporte interdepartamental de corta, me-

dia y larga distancia e internacional, exigiendo

reciprocidad a los que llegan desde otros paí-

ses a Uruguay. 

VIII. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Tenemos que recurrir a nuestras fuentes de ri-

quezas para vivir y desarrollarnos. Es impres-

cindible para mejorar las condiciones de vida.

Será con avance científico y tecnológico; con

metodología y los mejores estándares; con ri-

gurosidad y conservación del medio ambiente

que debemos preservar para las generaciones

futuras.

Junto a los planes de desarrollo económico

y social, se diseñarán los correspondientes

planes de ordenamiento y gestión ambiental

del territorio, que generen las orientaciones y

medidas concretas para asegurar que los sis-

temas naturales sigan funcionando adecuada-

mente, que se genere un mejoramiento sos-

tenido de la calidad de vida de la población

y se profundicen los procesos de integración

social en el territorio y de redistribución de la

riqueza.

• Se avanzará en la asignación de recur-

sos destinados al fortalecimiento de las capa-

cidades de control, monitoreo y producción

de información ambiental y territorial, junto a

la promoción de la participación ciudadana.

• La gestión de la calidad de las aguas

es un desafío a enfrentar mediante un abor-

daje integral, teniendo en cuenta los aspec-

tos ambientales, sociales y económicos. En

ese mismo sentido es fundamental enfrentar

el reto de la contaminación derivada de todos

los tipos de emisiones y residuos así como el

tratamiento y disposición final de estos.

• Se promoverá la formulación de un

Plan Nacional Ambiental que profundice y

articule el conjunto de aspectos sectoriales

hoy dispersos en su concepción y gestión, de-

finiendo políticas explícitas, así como planes y

programas para su implementación articulada

y consistente.

• Se ponderará la efectiva incorpora-

ción de la dimensión ambiental y territorial en

los planes y programas de educación formal y

no formal.

• Se promoverá la aplicación de tecno-

logías sustentables en los distintos sistemas

productivos del país.

• Continuará la implementación del Sis-

tema Nacional de Áreas Protegidas.

• Se conformará el Sistema Nacional de

Gestión Integral de Residuos.

• Se consolidará el actual proceso de

formulación, implementación y seguimiento de

los instrumentos de ordenamiento territorial.

43

45

Pilar 4:

El Frente Amplio tiene un compromiso activo con la creación de un Estado

democrático, moderno, eficaz y eficiente, que se convierta en una estructura

al servicio del ciudadano, en una palanca del desarrollo productivo y en

un escudo de los débiles, y con la descentralización, entendida como la

transferencia de poder y atribuciones a las autoridades locales, que amplíe

las oportunidades de participación y distribuya la acción pública en todo el

territorio.

En estos dos períodos de gobierno se ha plasmado ese compromiso en

avances concretos.

El Estado ha entrando en un proceso de transformación que comprende la

creación de nuevos organismos respondiendo a nuevas realidades (como

Más descentralización, más ciudadanía y un Estado más cercano

el MIDES o la ANII), la generación de políticas que enfrentan problemas

pendientes (como las reformas tributaria y de salud), planes y programas que

satisfacen necesidades acuciantes (transferencias monetarias, asignaciones

familiares) y la integración de acciones públicas en el territorio (gabinetes

sectoriales, desconcentración de ministerios).

Avanzamos en la reforma y mejora de la gestión y el sistema de recursos

humanos. Desde 2009 existe un decreto que regula los compromisos de

gestión, y se aprobó, por primera vez en más de setenta años, un nuevo

estatuto del funcionario público, que regula el ingreso a través de un sistema

único y mediante criterios técnicos, establece un período de prueba y

determina el ascenso por concurso.

Se generaron espacios de negociación (como los Consejos de Salarios) y se

ampliaron y crearon espacios para la participación de la población, como lo

demuestra la participación de los trabajadores, empresarios y usuarios en

organismos como el BPS o en sectores como la salud y la educación.

La descentralización avanzó por la ampliación de los niveles de gobierno,

la articulación entre gobierno nacional y gobiernos departamentales con

acuerdos concretos y la ampliación de los recursos centrales volcados a los

territorios.

En un cambio histórico, en 2010 se eligieron por voto popular 89 municipios

que representan la presencia de un tercer nivel de gobierno y una ampliación

de la representatividad democrática en todo el territorio. Los ministerios

desarrollaron estructuras territoriales que abarcan por primera vez todo

el país, dando prioridad a que el Estado llegue a todos los ciudadanos, e

instalaron espacios de participación a nivel local para adecuar las políticas

públicas a las necesidades de cada medio.

47

Desde el gobierno central, se buscaron acuerdos con los gobiernos

departamentales que resolvieran de forma equitativa y con beneficios para la

población problemas históricos, como la creación del SUCIVE, que significó

que por primera vez en mucho tiempo exista una patente única a nivel

nacional, y permitió que 6 de cada 10 vehículos se beneficien con rebajas.

En el último quinquenio presupuestal el gobierno acordó una propuesta

consensuada con el Congreso de Intendentes donde se contempla la

entrega de fondos centrales conforme al cumplimiento de los Compromisos

de Gestión.

Pilar 4: Más descentralización, más ciudadanía y un Estado más cercano

I. Para avanzar en la descentralización:

• Profundizaremos y ampliaremos el

cambio de calidad histórico en la relación Po-

der Ejecutivo-Congreso de Intendentes, de-

sarrollando un nuevo acuerdo quinquenal con

los gobiernos departamentales, mejorando

los indicadores de distribución de los fondos

para mejorar su precisión y equidad.

• Ampliaremos el Fondo de Desarrollo

del Interior (FDI) y se incluirán compromisos

de gestión como contrapartida del uso de los

fondos, mejorando los criterios de evaluación

de los proyectos.

• Definiremos transferencias de recur-

sos económicos desde el gobierno central a

las ciudades capitales que presten servicios

al país en general.

• Consolidaremos la Comisión Secto-

rial de Descentralización, en tanto ámbito

especializado de interacción entre el Poder

Ejecutivo y los gobiernos departamentales,

para definir actuaciones en los territorios.

• Mejoraremos la legislación y regla-

mentación para fortalecer la institucionalidad

de los municipios, aumentando la capacidad

de gestión de las autoridades locales y su

poder de decisión sobre los distintos tipos

de recursos, consolidando la coordinación

vía el Plenario de Municipios.

• Fomentaremos la mayor asignación

de competencias locales a los municipios, y

los recursos presupuestales necesarios para

su ejecución.

• Reglamentaremos el uso de recursos

nacionales destinados a los municipios, ge-

nerando incentivos para que la gestión más

eficaz y eficiente obtenga estímulos concre-

tos en materia de disponibilidad de recursos

adicionales, y fortaleceremos los mecanis-

mos que aseguren la llegada efectiva de los

recursos a los lugares y poblaciones destina-

tarias.

• Los distintos ministerios y entes del

Estado realizarán, en el próximo Presupues-

to Nacional, una apertura presupuestal para

actividades de desarrollo vinculado con los

cometidos de nivel municipal.

• Avanzaremos en modificaciones le-

gales en materia de gobiernos departamen-

tales y municipales.

• Para alentar la regionalización, pro-

fundizaremos la utilización de los mecanis-

mos regionales previstos en la ley 18.093

como instrumentos de desarrollo regional y

de sustitución de aportes provenientes del

presupuesto nacional a las intendencias.

II. Para generar un Estado más cercano:

• Continuaremos avanzando en la mo-

dernización de la administración pública en

instalaciones, equipamiento, infraestructura,

comunicaciones y nuevas tecnologías.

• Crearemos un Sistema de Compras

Públicas que incluya la Administración Cen-

tral, Empresas Públicas y Gobiernos Depar-

tamentales y Municipales, convirtiéndolo en

un instrumento de desarrollo productivo y

social.

• Continuaremos la mejora de los sis-

temas y la gestión del Estado a través de la

concreción del gobierno digital, utilizando

49

plenamente las nuevas tecnologías de la in-

formación y la comunicación.

• Concretaremos la racionalización de

los trámites burocráticos, eliminando rigide-

ces, superposiciones y demoras que perjudi-

can a los usuarios, incorporando el expedien-

te electrónico y trámites y servicios on line.

• Instrumentaremos un sistema de

capacitación y educación permanente adap-

tado a las realidades de los diferentes ser-

vicios, acordando metas cuantitativas para

cada trabajador y fomentando la apertura a

la innovación y a la investigación.

• Promoveremos, en el marco de la ley,

la movilidad horizontal y vertical, comenzan-

do por las empresas públicas a fin de aprove-

char del mejor modo posible las disponibili-

dades de personal.

• Fortaleceremos las funciones de di-

rección y conducción incluyendo en forma

más amplia la fijación de metas por desem-

peño.

• Crearemos Centros Cívicos en todo

el territorio nacional, con énfasis en regiones

más alejadas, para reunir de manera eficiente

los servicios de atención al público de unida-

des de la Administración Central, Entes Au-

tónomos y Servicios Descentralizados.

• A nivel del Poder Judicial, generare-

mos las condiciones para asegurar la efectiva

aplicación de los nuevos códigos aprobados

y en trámite de aprobación; todo ello man-

teniendo el respeto por la independencia de

dicho Poder y las debidas garantías para los

jueces en el ejercicio de su función.

• Dentro del marco constitucional pro-

moveremos la reforma de la Ley Orgánica de

la Judicatura que establezca un sistema claro

y transparente de nombramientos, ascensos y

movilidad de los jueces, brindando garantías

de imparcialidad e independencia.

• Promoveremos la reforma del Minis-

terio Público y Fiscal de forma de garantizar

la carrera profesional de los magistrados fis-

cales, desde su convocatoria y selección, a su

capacitación y especialización por materia,

así como en lo referente al régimen de as-

censos y traslados y al régimen disciplinario.

• Apoyaremos la aprobación del nuevo

Código del Proceso Penal -actualmente en

debate en el Parlamento- y aseguraremos

su aplicación efectiva y eficiente, ya que se

trata de un instrumento imprescindible para

esta reforma. Se incorporará la figura del

querellante al proceso judicial de manera que

el denunciante sea parte del proceso, pueda

ser informado y actuar en la causa.

III. Medios de Comunicación

Los gobiernos del Frente Amplio han realiza-

do cambios inéditos en el campo de la liber-

tad de expresión, el derecho a la información

y la regulación de los medios de comunica-

ción, y lo han hecho en un sentido democra-

tizador a través de la aprobación de diversas

normas.

Las políticas de comunicación aprobadas

desde el Poder Ejecutivo incluyeron diversos

mecanismos y procesos de participación ciu-

dadana y han sido un punto de inflexión en el

país para garantizar la diversidad y la máxima

libertad de expresión. Entre ellas se destacan:

nuevos procedimientos para el otorgamiento

de frecuencias de radio y TV, que ya no se en-

tregan en forma arbitraria sino por concursos

públicos y transparentes, con control ciuda-

dano y audiencias públicas; reconocimiento

legal del sector comunitario con un centenar

de radios regularizadas; reparto equitativo

del espectro para el sector comercial, público

y comunitario; uso no político de la publicidad

oficial a diferencia de anteriores gobiernos;

lenta pero firme actualización tecnológica y

profesional de la radio y la TV estatal.

Todo ello se ha realizado en el marco de un

gobierno ampliamente respetuoso de la li-

bertad de expresión y de prensa, que ubica

a Uruguay en los primeros lugares en los ran-

kings de transparencia y libertad de expresión

de la región.

• Continuaremos protegiendo y pro-

moviendo el pleno ejercicio de la libertad de

expresión e información.

• Garantizaremos la diversidad y el

pluralismo en los medios de comunicación,

promoviendo y equilibrando la existencia de

tres sectores en la comunicación (público,

privado-comercial y social-comunitario), con-

firmando el establecimiento de reservas para

el sector comunitario.

• Fortaleceremos e impulsaremos la

diversificación de los medios de comunica-

ción públicos.

• Promoveremos y fortaleceremos los

medios de comunicación comunitarios.

• Apoyaremos e impulsaremos la pro-

ducción nacional audiovisual.

• Promoveremos la participación ciu-

dadana en la comunicación.

IV. Una concepción artiguista de la De-

fensa Nacional

La Defensa Nacional se debe basar en la con-

cepción y en los valores artiguistas, que nos

llevan a elaborar una nueva doctrina en mate-

ria de Defensa Nacional que destierre, defini-

tivamente, la Doctrina de la Seguridad Nacio-

nal. Es competencia de la sociedad en su con-

junto la defensa de la soberanía económica,

social, cultural, política y militar de la nación.

Se piensa en la perspectiva de ser víctima de

una agresión y jamás en la condición de agre-

sores o de aliados de agresores.

Nuestras Fuerzas Armadas son el elemento

profesional y permanente del factor militar y

deben tener por tanto la capacidad y la doc-

trina necesarias para integrarse con el pueblo

para una auténtica defensa militar, bajo el en-

cuadre y la conducción que el poder político

democráticamente elegido determine.

Aunque las posibles hipótesis de conflicto son

muchas, las principales se basan en las ame-

nazas extra regionales a nuestros recursos

naturales y estratégicos, sean del Uruguay o

compartidos con otros países de la región.

La integración de las FF.AA. se hará en el

marco de su nueva doctrina, con personal  al-

tamente calificado y dignamente remunera-

do. El número y formación de los efectivos, 

materiales, equipos y presupuesto asignados

surgirán de las exigencias planteadas por la

nueva Política de Defensa Nacional y su Políti-

ca Militar de la Defensa, siendo los necesarios,

suficientes y acordes al cumplimiento de las

misiones asignadas.

51

52

53

Pilar 5:

Un país integrado a la región y el mundo“En este mundo tan globalizado no hay destino en soledad. No hay país que

pueda subsistir sólo. Tenemos la necesidad y la aspiración de integrarnos

más aún, primero con nuestros vecinos y América del Sur y también con

nuestros hermanos de América Central y el Caribe, en la construcción de esa

Patria Grande que soñaron nuestros próceres…”

Tabaré Vázquez, discurso en San Luis, enero de 2014

Los gobiernos del FA han llevado adelante una política exterior en línea con los

objetivos de desarrollo económico, social, político y cultural comprometidos

con la ciudadanía. Las acciones realizadas han permitido que nuestro

país tome parte activa en los esfuerzos de la comunidad internacional en

búsqueda de la paz, de la autodeterminación de los pueblos, en defensa de la

democracia, en contra de la violencia, la guerra y toda forma de dominación

e imperialismo, por un nuevo orden económico más justo y equilibrado.

Uruguay es un país con voz propia, que cumple con sus obligaciones y que

promueve el diálogo como medio de solución de conflictos.

Nuestro país ha contribuido activamente a la consolidación de las instancias

regionales y continentales como el Mercosur, con su importancia estratégica,

UNASUR, como el espacio más ambicioso de concertación política de nuestro

subcontinente y CELAC para incluir a Centroamérica. Durante este período

se ha favorecido un bilateralismo activo que ha fortalecido el mecanismo

de las Comisiones Mixtas y las Reuniones de Alto Nivel, como forma de

consolidar y sistematizar las relaciones bilaterales políticas, comerciales,

culturales y de cooperación, en especial con los países de nuestro continente

Esta conducta y accionar político, sumados a la reconocida estabilidad

económica, política y social y la seguridad jurídica que brinda nuestro país

en crecimiento, han sido una base fundamental para las negociaciones

comerciales -imprescindibles en un mundo sembrado de barreras y

proteccionismo- desarrolladas por el Gobierno Nacional. Esta auténtica

política de Estado ha dado como resultado un notable incremento de nuestro

comercio exterior, la multiplicación de sus destinos, el aumento del volumen

físico, así como en precios. Los siguientes datos son expresivos: en dólares

corrientes, en 2004 las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron

los 4.395 millones, mientras que en 2013, aumentaron a 13.385 millones.

También hemos reducido la dependencia de la región; entre 2000 y 2004

las exportaciones al Mercosur representaron el 35% del total, mientras que

entre 2005 y 2003 representaron el 27%.

Este esfuerzo (que implica especialmente coordinar los recursos económicos

y humanos dispuestos para el comercio exterior) ha sido sostenido desde la

Cancillería y distintos organismos y ámbitos del Poder Ejecutivo: Gabinete

Productivo, los Consejos Sectoriales, la Comisión Interministerial para

Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX), el Instituto Uruguay XXI, así como

también desde el sector privado.

55

Se ha avanzado decididamente en la transformación institucional en

los ámbitos de la cooperación internacional a partir de las propuestas

programáticas formuladas por nuestra fuerza política. Es así que la creación

por ley de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)

pauta un punto de inflexión trascendente, entre otros objetivos, a la hora

del establecimiento de un verdadero Sistema Nacional de Cooperación

Internacional, que articule los diversos ámbitos desde donde se ejecutan

acciones en esta materia.

La Dirección General Para Asuntos Consulares y de Vinculación mejoró

la comunicación con la diáspora a través de diferentes medios entre los

que se pueden destacar las redes sociales, una nueva página en internet,

las videoconferencias, etc. La comunicación con quienes residen en el

“Departamento 20” es una de las prioridades de la Dirección de Vinculación

dado que permite recoger insumos para seguir mejorando las políticas

públicas dirigidas a nuestra diáspora y al mismo tiempo logra que las y los

compatriotas se sientan parte de nuestro país.

I. Uruguay y el mundo

• MERCOSUR: Negociación de acuer-

dos comerciales en el ámbito del MERCOSUR

con otros bloques y países, contemplando

formatos alternativos. Negociación de la ex-

tensión del Régimen de Admisión Temporaria.

• Promoción: Desarrollo de centros

de promoción de inversiones e inteligencia

comercial en los mercados estratégicos para

nuestro país, y localización de centros de

información en inversiones, comercio exte-

rior e inteligencia comercial en el interior del

país.

• Infraestructura de integración a la re-

gión y al mundo: Continuar con el desarrollo

del modo de transporte multimodal, seguir

consolidando la infraestructura portuaria y

vial. Implementación del Puerto de Aguas

Profundas en Rocha, alineado al desarrollo

de los modos antes mencionados.

• Marca País: Continuar con el fortale-

cimiento de la imagen y marca país.

• Propender a una mayor presencia de

países del Sur en la gestión de los organismos

multilaterales, y la búsqueda de instancias

institucionales que fortalezcan la democracia

en la gestión de los problemas económicos y

sociales que enfrenta la humanidad.

II. Fortalecimiento de capacidades para

el comercio e inversiones

• Se fortalecerá la institucionalidad en

lo referente a la inserción, promoción e inteli-

gencia comercial. Se diseñará un plan estraté-

gico para su ejecución, optimizando la articu-

lación de los recursos materiales y humanos.

• Se confeccionará un Mapa de Merca-

dos para clasificar los mercados meta según

su conocimiento, prospección, desarrollo,

consolidación y monitoreo.

• Se profundizará la implementación

de la Plataforma de Inteligencia Comercial, y

se continuará con la implantación del Siste-

ma Integrado de Comercio Exterior (SICEX)

y la Ventanilla Única de Comercio Exterior

(VUCE)

• Se apoyará la instrumentación de

proyectos de internalización de Mipymes y

formas de economía social a través de finan-

ciamiento, estrategia de marketing interna-

cional, promoción e inteligencia comercial.

• Se apoyará la internacionalización de

empresas lideradas por mujeres y jóvenes,

fomentando la cultura exportadora.

• Se priorizará la atracción de inversio-

nes que aumenten la oferta exportable, que

propendan a potenciar el desarrollo local en

el interior del país y que demuestren sosteni-

bilidad del medio ambiente.

• Se fomentarán las exportaciones

de servicios a través de los ajustes que sean

necesarios en la normativa y se focalizará en

servicios globales de exportación, (Tics, logís-

tica, administración y negocios, audiovisual).

III. Uruguay y la región

• Uruguay deberá participar activa-

mente en la UNASUR y contribuir a su conso-

lidación institucional y al diseño de un nuevo

modelo de relacionamiento regional e inter-

nacional.

• En el marco de la UNASUR se debe

tener una política proactiva de cooperación

con las conversaciones y los esfuerzos de

paz en la región.

Pilar 5: Un país integrado a la región y el mundo

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• Se propondrá adecuar la estructura

institucional del MERCOSUR a la nueva reali-

dad.

• Se procurará relanzar la institucio-

nalidad del MERCOSUR y restituir el respeto

a la normativa, mejorando el mecanismo de

solución de controversias que implica: 1) un

sometimiento a la normativa exclusivamente;

2) un tribunal de alzada para la correcta in-

terpretación de la normativa y su aplicación;

3) un sistema de penalización efectiva para

el cumplimiento de sus laudos o sentencias.

• Se seguirán impulsando las negocia-

ciones que vinculen al MERCOSUR cada vez

más con el mundo, para permitir a nuestro

país las mejores posibilidades de acceso a

los mercados que la búsqueda de su desa-

rrollo con equidad requiere.

• Se impulsará el avance en temas ta-

les como el de las asimetrías existentes, que

incluya el reforzamiento de los mecanismos

de financiación, re-direccionando parte del

financiamiento del FOCEM hacia prioridades

sociales y productivas.

• Es necesario concretar a corto plazo

el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR,

permitiendo la libre circulación de trabaja-

dores y la igualdad en el reconocimiento al

derecho y el acceso a la salud y la educación,

entre otros derechos básicos.

• Debe profundizarse el mecanismo

de las Comisiones Mixtas y las Reuniones de

Alto Nivel como forma de consolidar y sis-

tematizar las relaciones bilaterales políticas,

comerciales, culturales y de cooperación.

IV. Compatriotas en el exterior

• Se presentará una Ley de Sufragio en

el Exterior, propendiendo a la reglamentación

del artículo 77 de la Constitución de la Repú-

blica, y se avanzará en la solución de la agili-

zación de los trámites de identificación de los

uruguayos que residen en otros países.

• Se continuarán realizando Consula-

dos Móviles con el fin de seguir acercando el

Estado a nuestros compatriotas.

• Se adecuarán los servicios y progra-

mas que brindan las instituciones públicas

a los uruguayos que se encuentran en el

exterior o a aquellos que desean retornar, al

tiempo de exigir el mayor compromiso de los

jerarcas designados en dichos ámbitos.

• Se facilitará el acceso al mercado de

empleo a los compatriotas que retornan a

través de la Unidad de Coordinación de Mi-

grantes y Retornados.

V. Mejoras institucionales

• Se priorizará la gestión por resulta-

dos, incluyendo un renovado sistema de in-

formación sobre el gasto del MRREE para

asignar personal presupuestado en las misio-

nes, así como sobre las actividades que estas

desarrollan.

• Se analizará una revisión integral del

cuerpo normativo que rige las asignaciones

de gastos y beneficios de las representacio-

nes, y se actualizará el reglamento de califi-

caciones del personal no diplomático.

• Se implantará un sistema de gestión

documental electrónico que abarque la to-

talidad de las vías (expediente, nota, memo,

circular, resolución ministerial, etc.) y la tota-

lidad de las misiones.

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