Otros territorios: información y análisis sobre derechos y justicia

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INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA año 1 número 24 17 de septiembre de 2011 Un suplemento de Las prácticas religiosas en la Universidad Nacional cuestiona los principios de la autonomía y la libertad. A cincuenta años del laica o libre, en Salta se sigue otorgando supremacía a una expresión religiosa. Educación laica Educación laica Educación laica Educación laica Educación laica Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Qué pasa en la UNSa? ARIAS JUDICIALES Desaparición de María Cash A dos meses de la desaparición de la diseñadora porteña, no hay pistas sobre su paredero. Los antecedentes de las muertes de Diego Rodríguez Laguens y de Sebastián Bordón impiden descartar la hipótesis de la complicidad policial. Páginas 12 y 13

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EDUCACION LAICA ¿Qué pasa en la UNSa? Las prácticas religiosas en la Universidad Nacional cuestiona los principios de la autonomía y la libertad. A cincuenta años del laica o libre, en Salta se sigue otorgando supremacía a una expresión religiosa. CASO MARIA CASH A dos meses de la desaparición de la diseñadora porteña, no hay pistas sobre su paredero. Los antecedentes de las muertes de Diego Rodríguez Laguens y de Sebastián Bordón impiden descartar la hipótesis de la complicidad policial

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INFORMACIÓN Y ANÁLISISSOBRE DERECHOS Y JUSTICIA

año 1número 24

17 de septiembre de 2011

Un suplemento de

Las prácticas religiosas en la Universidad Nacionalcuestiona los principios de la autonomía y la libertad.A cincuenta años del laica o libre, en Salta se sigueotorgando supremacía a una expresión religiosa.

Educación laicaEducación laicaEducación laicaEducación laicaEducación laica

Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7

¿Qué pasa en la UNSa?

AR

IAS

JUDICIALES

Desaparición de María CashA dos meses de ladesaparición de ladiseñadora porteña, no haypistas sobre su paredero.Los antecedentes de lasmuertes de Diego RodríguezLaguens y de SebastiánBordón impidendescartar la hipótesisde la complicidadpolicial.

Páginas 12 y 13

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derechos humanos hoy/ educación universitaria laica

COMÚN, GRATUITA, OBLIGATORIA Y LAICA

EducaciónE. C.

otros territorios

información y análisis

sobre derechos y justicia

Producción: Colectivo editorial Otrosterritorios

Colaboradores: Elena Corvalán, Florencia Lance, Eloy López,

Germán Banek, Santiago Kalinsky, Stella Pérez de Bianchi,

Juan Barboza

Corrección: Marita Couto

Arte de tapa: Andrea Fernández

Ilustraciones: Andrea Fernández

Fotografías: Rolando Díaz

Comercialización: Norberto Barbieri

(0387) 154194417 / 0387 154138884

Suplemento de Nuevo Diario /otros territorios

17 de septiembre de 2011año 1 • número 24

[email protected]

La educación argentina

nació religiosa, católica para

ser más precisos. Así nos la

legaron los españoles que

trajeron consigo a

franciscanos, dominicos y

jesuitas. La escolaridad era una

herramienta más de las

utilizadas para lograr la

“pacificación” en estas tierras

de salvajes.

De la mano de la educación

se impuso la cultura del

colonizador: el español era

obligatorio, y la religión era

parte de la enseñanza. Bien

utilizado está el término.

Educar, dice el diccionario de

la Real Academia Española, es

“dirigir, encaminar, doctrinar”.

Más adelante, surgieron

pensadores y educadores de la

talla de Domingo Faustino

Sarmiento, tan destacado

cuando se trata de defender

otras posiciones menos

progresistas. Como muchos

otros educadores, Sarmiento

era partidario de la educación

laica, es decir independiente de

cualquier organización o

confesión religiosa.

Con el perfeccionamiento

de la organización republicana,

el Estado fue separándose de

la Iglesia y la educación pública

se hizo laica. Eso ocurrió hace

más de cien años. Fue todo un

debate, ya superado en casi

En sus comienzos en el país la educación fueeducación, para que fuera libre, no atada a

todo el país. No es el caso de

Salta. Salta tiene esas

características: discusiones

que pertenecen al pasado están

todavía vivas en ella o se

zanjan con un paso hacia atrás,

como ocurrió con la

imposición de la educación

religiosa en las escuelas

públicas.

Lo de la capilla de la

Universidad Nacional de Salta

se ubica en ese ámbito, de una

salida hacia atrás. Porque para

mantenerla allí se violan leyes

fundamentales. Claro que a los

autores de la última dictadura

cívico-militar eso no les

importaba, pero en

democracia esas cuestiones

deberían importar, aunque se

profese la religión católica.

Contrariamente a lo que

algunos creen, la concepción

de una educación laica no

atenta contra las religiones. El

laicismo en este caso responde

a la necesidad de asegurar la

libertad de conciencia, de

afianzar una forma de vida y de

gobierno democrático que

exprese el pluralismo social y

político del país y en el que se

respeten las garantías

individuales y los derechos de

todos sus habitantes, profesen

la religión que profesen. Esa es

la fundamentación de un

estado laico, como es el

argentino, y de una educación

Aquí brotó la Reforma

Universitaria que sacudió a

toda América Latina en 1918,

medio siglo antes del estallido

estudiantil de París y de

México. Gracias a la energía

que Córdoba desató, las cosas

han cambiado, y aunque

todavía queda mucho por

cambiar en el campo de la

educación y en todo lo demás,

no viene mal recordar que en

aquellos tiempos todavía la

cátedra cordobesa de Filosofía

del Derecho enseñaba un tema

llamado “Deberes para con los

siervos” y los estudiantes de

Medicina se recibían sin haber

visto jamás un enfermo. Los

profesores, venerables

espectros, copiaban a Europa

con algunos siglos de atraso, y

con orlas y con borlas

recompensaban los méritos de

quienes mejor repetían esas

lecciones ajenas.

Fue entonces que los

estudiantes cordobeses,

hartos, estallaron. Se

declararon en huelga contra

Las cosas por su nombre*los carceleros del espíritu y

convocaron a los estudiantes y

a los trabajadores de toda

América Latina a luchar juntos

por una cultura propia.

Poderosos ecos respondieron,

desde México hasta Chile, a ese

grito que en Córdoba resonó,

en aquel manifiesto fundador

que ya ha cumplido noventa

años de edad y no ha perdido

ni un poquito de energía

juvenil.

Suenan como de ahora

aquellas palabras que supieron

decir: Hemos resuelto llamar a

todas las cosas por el nombre

que tienen. Córdoba se redime.

Desde hoy contamos para el

país una vergüenza menos y

una libertad más. Los dolores

que quedan son las libertades

que faltan.

(*) Palabras de agradecimiento

pronunciadas durante la

entrega del Doctorado Honoris

Causa que la Universidad

Nacional de Córdoba le otorgó

el pasado 15 de octubre. 

EDUARDO GALEANO

otrosterritorios / 3

derechos humanos hoy/ educación universitaria laica

no es religiónlaica, como establece la

Constitución Nacional.

La primera universidad del

país, la que hoy es la

Universidad Nacional de

Córdoba, fundada en 1613,

también fue obra de los

religiosos. Los dominicos y

jesuitas la pensaron como

medio para formar al alto clero

y a la burocracia colonial. La

educación no estaba vista

como un bien al que pudieran

acceder todos. En 1918, con la

Reforma Universitaria, los

estudiantes cordobeses

cuestionaron y conmovieron

de raíz la organización

universitaria dada por los

jesuitas.

Recién en 1853, ya pasada

la Ilustración que concibió a

la educación con fines

prácticos y utilitarios, la

Constitución Nacional empezó

a delinear la concepción de una

educación pública: estableció

que el derecho de educar y

enseñar es responsabilidad de

los gobiernos provinciales.

En 1884, durante la

presidencia de Julio Argentino

Roca, se produjo un gran

debate sobre la educación y la

religión. El resultado fue la

sanción de la ley 1420, de

educación común, gratuita y

gradual. La ley se aprobó a

pesar de la oposición de la

Iglesia Católica. Es que la

iniciativa limitó la religión en

la educación pública.

“La instrucción primaria

debe ser obligatoria, gratuita,

gradual y dada conforme a los

preceptos de la higiene”,

sostenía el artículo segundo de

la normativa. A la presión de

la Iglesia se le respondió con

el artículo octavo

estableciendo: “La enseñanza

religiosa solo podrá ser dada

en las escuelas públicas por los

ministros autorizados de los

diferentes cultos, a los niños de

su respectiva comunión y antes

o después de las horas de

clase.” La concesión –que

dejaba la religión fuera

de la enseñanza oficial

pero la mantenía en las

aulas- no dejó conforme

a los religiosos que

aspiraban a conseguir la

obligatoriedad total de la

enseñanza religiosa.

Iniciando una zaga de

retrocesos inherentes, al

parecer, a los períodos de

dictadura, la educación

religiosa se reimplantó en

las escuelas públicas en

diciembre de 1943,

durante la

dictadura de

Pedro Pablo

Ramírez.

La enseñanza religiosa

recién fue derogada en 1954,

durante el conflicto entre Juan

Domingo Perón y la Iglesia

Católica, y tuvo un nuevo

capítulo de confrontación en

las luchas estudiantiles de 1958

conocidas como “laica o libre”.

En los comienzos de los

intensos años sesenta hubo

una nueva tendencia de

renovación en la educación: la

influencia de

religiosa. Sin embargo, pronto destellaron pensadores que reivindicaron el laicisimo en ladogmatismos. La situación en la Universidad Nacional de Salta.

Pablo Freire se hizo sentir y

empezó a fortalecerse la

concepción de una educación

problematizadora. El proceso

fue interrumpido por las

dictaduras de 1966 a 1973 y de

1976 a 1983. Fue al final de esta

última dictadura cívico-militar

cuando la intervención en la

Universidad Nacional de Salta

construyó la capilla en ese

ámbito de estudios que está

obligado a ser laico.

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derechos humanos hoy/ educación universitaria laica

Durante los últimos meses un importante sector de la comunidad de la Universidad Nacionalde Salta ha debatido sobre la inclusión de prácticas religiosas en las actividades oficiales.

UNIVERSIDADES NACIONALES, PRÁCTICAS RELIGIOSAS, PIRÁMIDE JURÍDICA Y AUTONOMÍA

PluralismoA partir de dicho debate, considero

interesante formular algunas reflexiones

y entonces pensar ¿qué principios rigen

en la iniversidad pública y qué normas los

reglamentan?

Para ello, recordé a Miguel Rojas Mix

quien sostiene que la educación pública

es la que responde a un mandato

constitucional, ejercita la autonomía,

brinda igualdad de oportunidades,

practica el laicismo, es pluralista y

desarrolla su calidad con pertinencia.

También recordé cuáles son las

normas que pesan sobre las autoridades

universitarias, de obligatorio

cumplimiento desde el punto de vista

institucional.

Y allí aparece, entonces, lo que los

abogados llaman “pirámide jurídica”, es

decir las leyes y normas que con distintos

grados de prelación rigen los actos de

todas las autoridades de las universidades

nacionales argentinas.

Para analizar la pirámide, debemos

comenzar por la Constitución Nacional

que al enunciar los derechos de los

habitantes de la nación argentina

enumera, entre otros, el de profesar

libremente su culto. Esto

significa, en pocas

palabras, que cada uno

de nosotros puede optar

por el culto que su fe y

su conciencia le

indique.

Siguiendo con la

C o n s t i t u c i ó n

Nacional veremos

que el artículo 75, en

STELLA PÉREZ DE BIANCHI* su inciso 19, establece que son

atribuciones del Congreso “el sancionar

leyes de organización y de base de la

educación… que promocionen los valores

democráticos y la igualdad de

oportunidades y posibilidades sin

discriminación alguna y que garanticen

los principios de gratuidad y equidad de

la educación pública estatal y la

autonomía y autarquía de las

universidades nacionales”.

Se observa que nuestra Constitución

expresa claramente la posibilidad de no

discriminación en el ámbito educativo;

cuando se consulta el diccionario para

conocer el significado del término

“discriminar” encuentra que es

“seleccionar excluyendo”; “dar trato de

inferioridad a una persona o colectividad

por motivos raciales, religiosos, políticos,

etcétera”.

Y justamente es “seleccionar

excluyendo” tomar posición a favor de

un culto desde las autoridades de una

Universidad Nacional.

Pero sigamos con la pirámide

jurídica; la atribución del

Congreso para

sancionar leyes se

transmite al

sistema universitario con la Ley de

Educación Superior número 24521, que

en su artículo 12 a) establece como

deberes de los docentes de las

instituciones estatales de educación

superior: “Observar las normas que

regulan el funcionamiento de la

institución a la que pertenecen.”

En este caso, la norma que regula el

funcionamiento de la UNSa es su estatuto

y ése es justamente el otro gran escalón

de nuestra pirámide. Estatuto que en sus

bases expresa:

“La Universidad es prescindente en

materia ideológica, política y religiosa,

entendiendo en los problemas sociales,

políticos e ideológicos, estudiándolos

científicamente. Es ajena a todo interés

sectorial o c o n c e p c i ó n

d o g m á t i c a .

Promueve la actitud

crítica, asegurando

en su seno la más

amplia libertad de

expresión”.

Y también es

parte de la

pirámide la

resolución 212/

07 del Consejo

Superior de la

Universidad que

establece la fórmula de

juramento para las

autoridades de la Casa, que

juran respetar la

Constitución Nacional, las

leyes del Estado, el estatuto de

la Universidad Nacional de

Salta y sus normas…

ANDREA FERNÁNDEZ

otrosterritorios / 5

derechos humanos hoy/ educación universitaria laica

Hasta aquí entonces las normas de la

pirámide. Normas que no son opcionales,

sino que son de cumplimiento obligatorio.

Por esto, no se pueden incluir prácticas

religiosas entre las actividades oficiales de

la Universidad.

Pero además, hay otros principios que

influyen sobre las prácticas universitarias

de las universidades públicas de

occidente.

Más de mil años han transcurrido

desde la creación de la Universidad de

Bologna y más de noventa desde la

Reforma Universitaria de 1918 en la

República Argentina. Desde entonces y

hasta nuestros días, en las iniversidades

públicas argentinas rige el principio de

autonomía universitaria, actualmente de

rango constitucional.

Para recordar ese principio, me

permito rescatar de la memoria aquél

párrafo que los jóvenes de 1918

proclamaron a “Los hombres libres de

Sudamérica” diciendo:

Hombres de una República libre,

acabamos de romper la última cadena

que, en pleno siglo XX, nos ataba a la

antigua dominación monárquica y

monástica. Hemos resuelto llamar a todas

las cosas por el nombre que tienen.

Córdoba se redime. Desde hoy contamos

para el país una vergüenza menos y una

libertad más. Los dolores que quedan son

las libertades que faltan. Creemos no

equivocarnos, las resonancias del corazón

nos lo advierten: estamos pisando sobre

una revolución, estamos viviendo una

hora americana.

Esa hora americana que inundó todas

las universidades de América, hoy está

más vigente que nunca y expresada en el

principio de la autonomía universitaria.

Autonomía que exige disponer de una

independencia moral y científica frente a

cualquier poder político y económico para

poder cumplir con los principios

estatutarios de la Universidad.

Autonomía que se define como la

facultad de la comunidad universitaria

para dirigir la propia institución, que

implica a su vez la posibilidad de preservar

a la Universidad de los enfrentamientos

políticos coyunturales, de las presiones

del poder político, de influencias

eclesiásticas, para que pueda cumplir su

función, que es la de formar profesionales

capaces de resolver los problemas del país,

actuando como artífices del proceso de

cambio permanente que exige toda

sociedad.

Como hombres libres de Sudamérica

debemos rescatar ese postulado y

practicarlo diariamente, en el aula con

nuestros alumnos, en el análisis crítico de

los problemas, en las actividades de

investigación y extensión, porque

sostenemos que trabajando con total

libertad intelectual y sin dogmatismos

seremos artífices de ese proceso de

cambio que nuestra sociedad exige.

*Ex Rectora de la Universidad Nacional

de Salta

Esa hora americana, que inundó todas lasuniversidades de América, hoy está másvigente que nunca y expresada en elprincipio de la autonomía universitaria.

6 / otrosterritorios

derechos humanos hoy/ educación universitaria laica

AUTORIDADES DE LA UNSa CONVOCAN A PARTICIPAR DE FESTIVIDADES RELIGIOSAS

“Visto que durante el

corriente mes se llevan a cabo

las tradicionales Fiestas del

Señor y la Virgen del Milagro,

que culminan con la histórica

procesión de sus Sagradas

Imágenes el día 15 y teniendo

en cuenta que la Universidad

participa también de esta

demostración de fe y

espiritualidad,

El rector de la Universidad

Nacional de Salta resuelve:

Artículo 1º.- Adherir a los

feriados fijados por el gobierno

de la provincia de Salta, con

motivo de los solemnes cultos

que en honor al Señor y la

Virgen del Milagro se realizan

en el mes de setiembre.”

Por segundo año, el rector

de la Universidad Nacional de

Salta, Víctor Hugo Claros, violó

la Constitución Nacional, leyes

nacionales y el propio estatuto

de la Universidad, que

establecen la prescindencia

religiosa de esta casa de

estudios. El texto que encabeza

esta nota es parte de la

resolución, 0621/11, del 8 de

este mes, que el rector firma

junto al secretario general,

Ricardo Manuel Falú, y el

secretario administrativo,

Miguel Nina.

Lo de Claros y los

secretarios actuales no es

único. Es la continuidad de una

tradición entre las autoridades

de la Universidad Nacional

salteña: la de adherir a las

festividades del Señor y la

Virgen del Milagro afirmando

que la Universidad “participa

también de esta demostración

de fe y espiritualidad”.

Lo destacable no está en la

adhesión a feriados

provinciales, algo que es de

práctica habitual en los

E. C.

Nacional ¿y católica?A más de cincuenta años de saldada la discusión sobre la educación, si laica o libre,la Universidad Nacional de Salta sigue sin darse un debate sobre la supremacía que

en su ámbito le otorga a una expresión religiosa.

Por segundo año, el rector de la Universidad Nacional deSalta, Víctor Hugo Claros, violó la ConstituciónNacional, leyes nacionales y el propio estatuto de laUniversidad, que establecen la prescidencia religiosa de esta casa deestudios.

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derechos humanos hoy/ educación universitaria laica

La construcción de una Capilla en la Universidad Nacional de

Salta merece un párrafo aparte. Denominada “María Madre de la

Sabiduría” fue promovida desde el rectorado del contador Gustavo

Enrique Wierna, aprobada por el Consejo Asesor de la Universidad

–donde no participaban estudiantes– y avalada por el Ministerio

de Educación de la Nación, a cargo del doctor Cayetano Liciardo.

La Universidad, que ya entonces contenía en sus estatutos el

principio de ser prescindente en materia política y religiosa fue

consagrada bajo el patrocinio de la virgen, como se describe en

párrafos del discurso del entonces rector Wierna: “La Comunidad

Universitaria –directivos, docentes, alumnos, administrativos,

personal de servicios y de obras públicas– cumpliendo un acto de

Fe, postrada ante ti, en este año Santo de 1.983, y en el día en que

celebramos tu asunción a los cielos, ofrecemos este Templo para tu

veneración…”.

Y agrega:

“Señora: En mi carácter de Rector de esta Casa de Altos Estudios,

en el día en que conmemoramos tu gloriosa asunción a los Cielos,

implorando la bendición del Altísimo, consagro a tu patrocinio la

Universidad Nacional de Salta.”

La religión católica adquiere, entonces, el carácter de religión

oficial, no solo por un templo sostenido desde la administración y

construido con presupuesto de la universidad, “materiales

sobrantes y con un saldo presupuestario de obras por

administración ya ejecutadas” Basta agregar que se disponía de un

cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva destinado a

cumplir las funciones de “Capellán de la Universidad”. Hay

estudiantes, que comentan con miedo lo que se supone que estaba

pasando, otros que cierran sus ojos. “Yo a la Universidad vengo a

estudiar”, una negación que en si misma denota un conocimiento:

algo saben, algo vieron, saben de docentes y compañeros que ya

no están, de compañeros expulsados. Están aterrorizados.

El control absoluto sobre los estudiantes queda evidenciado

también con la imposición de algunos rituales como la figura del

abanderado a cargo de un alumno que: “…posea condiciones

morales, espirituales, intelectuales y representativas del ser

nacional intachables.”, de acuerdo al ceremonial de la Armada

Nacional impuesto a esta Universidad por su comando en jefe.

*Extracto de un trabajo presentado en las VIII Jornadas de

Investigación y Docencia de la Escuela de Historia, realizadas en la

Universidad Nacional de Salta los días 13,14 y 15 de diciembre de

2007. Basado en el libro Medio siglo de docencia de Gustavo

Wierna. Imprenta de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas

y Sociales de la UNSa, 2005.

organismos nacionales

asentados en una provincia. En

Salta se hace también con otros

feriados, como el del 20 de

Febrero. Lo llamativo, y que ha

generado críticas de distintos

ámbitos, es que en el visto de

esa resolución se afirma que la

Universidad Nacional de Salta

“participa también de esta

demostración de fe y

espiritualidad”, en referencia a

la Fiesta del Señor y la Virgen

del Milagro, parte de la liturgia

de la Iglesia Católica. Es decir

que la Universidad se declara

católica.

El catolicismo en la UNSa,

que por definición debe ser

laica, es decir, respetar todas

las religiones por igual y por lo

tanto no adoptar ninguna, está

tan naturalizado que hasta

cuenta con capilla propia,

inaugurada durante la última

parte de la dictadura cívico-

militar.

La naturalización de la

práctica religiosa católica

dentro de los claustros

universitarios públicos es tal

que el año pasado Claros llegó

al extremo de convocar,

utilizando el correo oficial, a

una peregrinación desde la

capilla hasta la Catedral

Basílica. Dicen que para el

apoyo logístico se utilizaron

vehículos oficiales, y personal

de la Universidad. Esa

convocatoria generó un debate

que se extendió por las redes

sociales y trascendió el ámbito

provincial y nacional. Claros

recibió varias notas

recordándole que las

universidades públicas tienen

la obligación de ser

prescindentes en materia

religiosa.

Iglesia y dictaduraJUAN BARBOSA

Este año no se supo que el

rector convocara a la

peregrinación. Pero sí lo hizo

un vicedecano. También usó

el correo oficial para convocar

a la comunidad universitaria a

participar de una

peregrinación que salió, el 1 de

septiembre, de la capilla de la

Universidad.

El año pasado, en el marco

del debate desatado por la

decisión de Claros de

acompañar la rúbrica de la

tradicional resolución con la

convocatoria a la

peregrinación, se generó un

debate que impulsó la apertura

de una cuenta en Facebook:

Noala Religión Enla UNSa, en

la que se brindan argumentos

en contra de esta práctica.

Allí se difundió también un

petitorio, dirigido a Claros,

recordándole que la

Universidad “no tiene

patronos ni patronas” . “¿Qué

Universidad es ésta, nos

preguntamos, que sigue

imponiendo criterios de

supremacía de una religión

sobre otras y sobre la libertad

de pensamiento?

“La misma palabra

‘universitas’ nos habla de

universalismo y mencionarla

significa amplitud, diversidad,

debate… ¿Es que se ha resuelto

retrotraer la historia hacia un

pasado insoportable, donde el

dogma y las camarillas de “hoy

por ti y mañana por mí”, se

enquisten nuevamente?”, se

señala en ese texto.

Se añade también que una

vez superada la dictadura

militar la UNSa “avanzó en el

respeto de la libertad

religiosa”.

8 / otrosterritorios

derechos humanos hoy/ ambiente

Existe una rama de la economía

destinada a calcular el valor monetario de

los denominados recursos naturales de

nuestra Tierra. Esta rama se denomina

economía ecológica. Una vez más, y

debatido en mil espacios, rectifico que la

ciencia tiene un fuerte componente político

que se orienta a quienes han diseñado este

mundo capitalista en el que vivimos, y del

cual participamos todos, seamos urbanos,

originarios, campesinos y/o criollos.

Propongo debatir y analizar el discurso

“verde” que se propone desde distintos

ámbitos en relación del valor monetario

que se le asigna a los elementos que

componen a la Madre Tierra: animales,

plantas, tierra, agua y el complejo

ecológico que forman todos juntos. Me

refiero al análisis de los discursos más

El valor de laECONOMÍA ECOLÓGICA

ELOY LÓPEZ

[email protected]

visibles de las dos grandes franjas que se

disputan políticamente la forma de uso de

estos recursos. Por un lado, el discurso

verde fundamentalista que expone una

idea del hombre como parte de la Tierra,

con una actividad idealmente no intensiva

de los recursos naturales, en donde la

subsistencia sea el tópico por excelencia

de esta tendencia. Por otro lado, el otro

discurso verde, el de la responsabilidad

social de las empresas –y de muchos

políticos relacionados con ellas, quienes

través de leyes y/u omisiones permiten

hacer usos intensivos de la naturaleza– y

que, con el fin de seguir recaudando

capital, buscan sus soluciones ecológicas

para estos usos haciendo manejo de

montes, de bosques y de aguas;

obviamente, a través de financiamientos

caudalosos de esta responsabilidad social,

con el fin de parchar lo agotado.

Madre Tierra¿Se pueden medir en dinero los recursos de la

Madre Tierra? Efectivamente, sí. Una rama de la

economía se dedica a ello y discute sobre precios y

valores. Entre el progresismo y el fundamentalismo

verde, ¿queda otra alternativa?

Miles de años igual

Ambas posiciones tienen al hombre

como principal elemento desequilibrante

de la armonía en la Madre Tierra.

Históricamente los hombres, aún en los

estadios primitivos (en aparente armonía

con la naturaleza y entre nosotros) hemos

desarrollado manejo, hemos

domesticados especies de flora y fauna,

hemos canalizado agua y, a partir de ello,

se han generado diversidad de franjas

sociales con mayor o menor acceso a los

recursos y beneficios, de acuerdo al lugar

social donde tocaba transitar la vida. Por

ende, la Tierra soporta nuestras presiones

desde hace mucho tiempo.

otrosterritorios / 9

ambiente / derechos humanos hoy

Entonces, ¿es posible seguir midiendo

con un valor simbólico, monetario y

universal un pedazo de tierra, un paisaje,

un animal o una planta? ¿Es ético pagar

por la convivencia armónica con la

naturaleza o para reparar daños

irreparables? ¿Es lícito que algunas

personas se beneficien económicamente

sobre territorios naturales con protección

del Estado? ¿O sobre territorios pre-

existentes al Estado nacional, que son

propiedad de otras personas que

habitaron y habitan allí antes de la llegada

del Estado con sus formas privatistas?

Las personas tenemos diversas ideas

de precio y valor de los elementos

naturales de la Tierra. Los economistas

ecológicos se desvelan para formalizar

nuevos paradigmas de la sustentabilidad

de los recursos naturales. Las diferencias

entre estos conceptos son, en su mayoría,

de orden filosófico, donde valor no es

igual a precio, aunque en la práctica

pareciera lo mismo.

¿Quién se beneficia?

Para los economistas ecológicos, el

valor ambiental que tiene un área

protegida, por ejemplo, no debiera tener

precio monetario. Sin embargo, los

servicios ambientales que ofrece un área

protegida, ya sea el agua que protege en

sus cuencas o los paisajes naturales con

su flora y su fauna, se convierten

irremediablemente en dinero para

productores que aprovechan esa agua o

para empresas de turismo que “venden”

la naturaleza a compradores de sitios

turísticos. Así, se cierra el circuito

capitalista que detecta en cada tramo de

este ejercicio económico al que está

dispuesto a pagar por el servicio

ambiental para beneficiar a alguien. ¿A

quién? ¿A la naturaleza? ¿Al guía turístico

o productor? ¿A los pobladores pre-

existentes de esos sitios naturales? ¿A los

dueños privados de la empresa turística o

del campo productivo?

Finalmente, beneficien a quien

beneficien, presentados en estos

términos, los servicios ambientales

contemplados por la economía ecológica

están clasificados en valor monetario,

desde diversos puntos de análisis

filosófico y político: el de las grandes

corporaciones que invierten en

responsabilidad social para poder seguir

recaudando y usufructuando de estos

servicios ambientales; el de las

comunidades originarias que proyectan

acciones en el marco de esta estructura

capitalista de las inversiones en sus

territorios; el de la figura veinteñal que

persiguen los colonos o criollos para poder

alambrar un pedazo de tierra e invertir en

ganadería y productos alimenticios varios;

o los más visibles en esto de recaudar como

lo son la popular franja de los propietarios

privados que despliegan sus elementos de

la modernidad capitalista para levantar las

ganancias en base al uso intensivo de la

Tierra.

De una o de otra manera, estamos

supeditados a las externalidades (usando

un término de los economistas ecológicos)

en relación a la acción directa sobre los

elementos naturales por parte del

humano, tengan o no, mayor o menor

presión sobre la Pacha.

Las propuestas de soluciones

ecológicas a favor del ambiente, por parte

de progresistas y/o fundamentalistas, con

discursos verdes, no vienen siendo

compatibles con la realidad debido a la

proliferación de, por ejemplo: empresas

mundiales de agro-químicos para zonas

productivas, el bio-diesel como una

solución a la falta de combustible, los

alimentos transgénicos, la reforestación de

bosques solo para uso maderero, la

promoción del granero del mundo para

fundamentar el avance desmedido y

sectorizado de la frontera agrícola y de

tantas otras soluciones que obvian al otro.

Por otro lado, la carga humana sobre este

planeta es cada vez mayor, por lo que las

respuestas alimenticias deben ser

concretas para todos los sectores que están

invisibilizados en las estadísticas

mundiales, ya que efectivamente cada 15

segundos, muere un niño por falta de

comida.

Es necesario entonces, analizar bien

estos discursos, des-romantizar ideales de

sustentabilidad primitiva y desarrollar

acciones holísticas para forjar una idea

integral para construir un vivir bien en

nuestra Tierra. Los caminos de la

economía ecológica, por ahora, parecieran

llevarnos todos para un mismo lado.

QU

INO

. A m

í no me grite. S

iglo XX

I. 1975

10 / otrosterritorios

derechos humanos hoy/ ambiente

UN REPASO POR LA LEY DE BOSQUES, SUS OBJETIVOS Y SU APLICACIÓN

La norma exigía a las provincias que,

en el plazo de un año, realizaran un

ordenamiento de sus territorios, para

definir qué bosques deberían permanecer

en pie y cuáles podrían eliminarse para

dedicar la tierra a otros usos.

En Salta, el proceso que llevó a la

sanción de la ley de ordenamiento

territorial de los bosques nativos (ley

7.543) y a la firma de los decretos y

resoluciones que la reglamentan fue

notoriamente turbulento. Hubo intensas

campañas de opinión, solicitadas furiosas,

manifestaciones, funcionarios removidos

en plena tarea, organismos que se crearon

y se reestructuraron, y dos causas

radicadas ante la Suprema Corte de

Justicia de la Nación.

No fue así en todas las provincias.

Algunas, como Jujuy y Santiago del

Estero, ya contaban con un ordenamiento

territorial de bosques antes de que se

sancionara la ley nacional. Otras, como

Tucumán, realizaron un proceso mucho

menos conflictivo y cuestionado. En

Catamarca, por completar el panorama

del NOA, el proyecto de ordenamiento

estuvo empantanado entre la

Subsecretaría de Ambiente y la

Legislatura por más de dos años. Fuera

de la región se encuentra una diversidad

similar.

En cuanto a su contenido, las normas

aprobadas en cada provincia también

muestran diferencias importantes, que

iremos destacando en esta serie de notas.

El marco común para todas las

provincias está dado, precisamente, por

la ley nacional 26.331, conocida como Ley

de Bosques o Ley Bonasso, que es una ley

de presupuestos mínimos. Según el

artículo 41 de la Constitución Nacional,

corresponde a la Nación dictar las normas

de presupuestos mínimos de protección

ambiental que definen un piso de

protección al que las provincias deben

adecuarse. Para ello sancionan normas

complementarias, en este caso, las de

ordenamiento territorial de bosques

nativos.

La ley nacional define tres categorías

de conservación para los ordenamientos

territoriales: la categoría I (que en el mapa

de ordenamiento lleva el color rojo)

representa los bosques de alto valor de

conservación, que deben permanecer

intactos. La categoría II (amarillo)

designa los bosques de mediano valor de

conservación, que deben mantenerse

como tales pero que pueden ser

aprovechados con un manejo sustentable.

La categoría III (verde) se refiere a los

bosques de bajo valor de conservación,

que pueden ser desmontados siguiendo

las normas vigentes.

Las provincias han hecho diferentes

interpretaciones de esta pauta. Muchas

han definido subcategorías, de manera

que dentro de la categoría II, por ejemplo,

se imponen diferentes limitaciones de uso

según algún criterio como la pendiente del

terreno o la aptitud productiva del suelo.

En Santiago del Estero las limitaciones

difieren a su vez según la superficie total

de cada predio. En Tucumán, además de

las tres categorías correspondientes a

bosques, se incluye una categoría

complementaria para las zonas

adyacentes donde se prohíbe realizar

Cuatro años no es nadaEl próximo 28 de noviembre se cumplirán cuatro años desde que el Congreso

Nacional sancionó la Ley de Bosques, con el objetivo de promover la conservaciónde los bosques nativos y de poner límites a la expansión de la frontera agrícola.

actividades que afecten al bosque, salvo

que se realice previamente un estudio de

impacto ambiental.

La autoridad nacional encargada de

aplicar la Ley de Bosques es la Secretaría

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de

la Nación, pero este organismo no tiene

la potestad de modificar los

ordenamientos de las provincias. Sin

embargo, el ingeniero Eduardo Manghi,

coordinador de área en esa Secretaría,

señala que desde allí se realizan

“observaciones” para ir logrando un

criterio más homogéneo entre las

provincias y una mejor adecuación de los

ordenamientos provinciales a la ley

nacional.

“En un primer momento, se decidió

bajar un poco la expectativa, porque

ningún ordenamiento provincial

corresponde estrictamente a lo que exige

la ley”, explica el funcionario. Pero esto

implica un cierto riesgo jurídico, ya que

cualquier persona o institución que se

considere afectada puede recurrir a la

justicia, como sucedió en Córdoba, en

Corrientes y en Salta. Por esa razón, desde

la Secretaría de Ambiente buscan

impulsar una gradual convergencia de

criterios. “No se trata de desautorizar la

legislación provincial”, explica Manghi. “A

partir de lo existente se irá mejorando

gradualmente”.

Un fondo para los bosques

Una herramienta importante para esto

es el Fondo Nacional para el

Enriquecimiento y la Conservación de los

Bosques Nativos, creado también por la

ley 26.331. Este fondo se distribuye entre

LORENZO LANGBEHN

otrosterritorios / 11

derechos humanos hoy/ ambiente

las provincias que conservan sus bosques,

con un 70% destinado a compensar a los

productores que tienen bosques en sus

predios y un 30% a fortalecer las

estructuras estatales.

La distribución de ese dinero se decide

por consenso entre las provincias en el

ámbito del Cofema (Consejo Federal del

Medio Ambiente), con asistencia técnica

de la Secretaría de Ambiente, y ha dado

ocasión para establecer algunas pautas

comunes. Así, en octubre de 2010 las

provincias acordaron una “Guía de

procedimientos generales y contenidos

mínimos de los planes de manejo y

conservación” que se hizo sobre la base

de las reglamentaciones vigentes en

aquellas que tienen alguna

tradición forestal. Para acceder

a los beneficios del Fondo de

Conservación, las

provincias deben

enmarcarse dentro de

esa guía.

Sin embargo, la

dotación actual del

Fondo está muy por

debajo de lo que

estipula la Ley de

Bosques. Ésta indica

que debe

asignársele como

mínimo un 0,3%

del presupuesto

nacional, lo que

h u b i e r a

equivalido a más

de 800 millones

de pesos para el

p r e s u p u e s t o

2010. En su lugar, el Congreso, que en ese

presupuesto incluyó por primera vez una

partida destinada al Fondo de

Conservación, le otorgó solo 300

millones. Este retaceo logró, por una vez,

la unanimidad entre las organizaciones

ambientalistas y las asociaciones

agroempresariales que reclamaron por lo

insuficiente del monto asignado. Como se

sabe, el presupuesto 2010 ha sido

prorrogado para el presente año.

Más allá de lo que indican las leyes,

todas las provincias tienen serias

dificultades para implementar algún tipo

de control sobre el territorio, sea por falta

de voluntad política o por insuficiencias

técnicas y administrativas. También en

este aspecto las diferencias entre una y

otra son importantes. En los próximos

números haremos una recorrida por la

situación en varias provincias del NOA.

Más allá de lo que indican las leyes, todas las provincias tienen seriasdificultades para implementar algún tipo de control sobreel territorio, sea por falta de voluntad política o porinsuficiencias técnicas y administrativas.

AN

DR

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12 / otrosterritorios

judiciales/ la desaparición de maría cash

¿Dónde está?DOS ANTECEDENTES PARA PENSAR EL CASO DE LA DISEÑADORA PORTEÑA

María Cash llegó a Retiro el 4 de julio

pasado con sus bolsos y una esperanza a

cuestas. Su amigo, Juan Pablo Dumon, la

esperaba en Jujuy con la promesa de un

hospedaje y la posibilidad de conseguir

trabajo. Cash, de 29 años, no lo dudó:

cargó algunos diseños y emprendió el

viaje.

Casi 20 años atrás, en febrero de 1994,

el ingeniero forestal Diego Rodríguez

Laguens terminaba su trabajo en Los

Toldos, al noroeste de la provincia de

Salta. Antes de regresar a Santiago del

Estero, donde vivía con su novia. El joven

de 26 años debía pasar por Salta para

cobrar su sueldo. Nunca llegó a destino.

Sebastián Bordón había trabajado en

una pizzería durante todo 1997 para

pagarse el viaje de egresados con sus

compañeros de la Escuela 13 de Moreno,

provincia de Buenos Aires. El grupo se

alojaba en la localidad mendocina de

Nihuil para, desde allí, recorrer los centros

turísticos de la provincia. En una cabaña,

Sebastián sufrió un desmayo y en las

noches siguientes no pudo dormir. Un

médico diagnosticó un cuadro de

depresión y aconsejó que el joven regrese

a Buenos Aires.

Viajes interrumpidos

Una de las pocas certezas de la

investigación de la desaparición de María

Cash es que bajó del colectivo en Rosario

de la Frontera, sin que pudieran

determinarse hasta hoy las razones que

la llevaron a tomar esa decisión. Al

mediodía del 5 de julio, Cash se comunicó

con su amigo de Jujuy desde un locutorio.

Le dijo que no le gustaba el ambiente del

colectivo y le pidió que le comprara otro

pasaje.

La novia de Rodríguez Laguens

comenzó a preocuparse cuando Diego no

llegó a Santiago del Estero. Tras un par

de días de ausencia, se puso en contacto

con compañeros de trabajo en Salta, que

le confirmaron que Diego nunca había

llegado a cobrar su sueldo. Cuando

comenzó la búsqueda, la Policía insistía

en que el joven se había ido por propia

voluntad. Sin embargo, se pudo saber que

Rodríguez Laguens viajaba en el colectivo

rumbo a Salta, cuando comenzó a

comportarse de manera extraña, por lo

que tuvieron que bajarlo en la terminal de

la localidad jujeña de San Pedro. Allí

quedó a cargo de la Policía.

Pese a los consejos médicos que

indicaban que Sebastián Bordón debía

volver a Buenos Aires y a la repetición

de cuadros de ataque de pánico, las

docentes que acompañaban al

contingente decidieron continuar con las

excursiones. En el viaje de ida hacia Las

Leñas, el joven sufrió varios episodios

con extraños comportamientos. Durante

el regreso, Bordón comenzó a gritar que

lo querían matar. Las docentes

decidieron dejarlo en el destacamento

policial de Nihuil.

Mientras realizaban un paseo, la

Policía se presentó en el lugar y se llevó a

las docentes para declarar. Dijeron que

Sebastián se había escapado de la

comisaría.

Pistas que despistan

Poco se supo sobre el destino de

Rodríguez Laguens en los días posteriores

a su desaparición. Los familiares del

Ingeniero comenzaron a desandar el

recorrido del viaje de regreso. Un testigo

aportado por la Policía aseguró que lo

habían visto en la terminal de Tartagal,

con indicios de estar drogado y perdido.

El dato, del que más tarde se comprobaría

su falsedad, desviaba la investigación

hacia la provincia de Salta y apoyaba la

hipótesis de la pesquisa policial, que

indicaba que el joven se había escapado

por propia voluntad.

Luis Bordón, el papá de Sebastián, llegó

a Mendoza ni bien se enteró que su hijo

estaba desaparecido. Al llegar, la policía le

dijo que alguien lo había visto en una ruta

de San Luis, haciendo dedo. Desde el primer

momento, los familiares de Sebastián

denunciaron que no había un plan de

búsqueda por parte de la policía. Incluso,

su papá acusó al juez de la causa, Waldo

Yacante, de desviar la investigación. El

magistrado le respondió que seguramente

el joven estaría en otra provincia.

Los datos certeros respecto al

paradero de María Cash parecen

desvanecerse desde la filmación del 8 de

julio, en la estación de peaje de la ruta 34.

Desde entonces, aparecieron testigos que

la vieron en Santiago del Estero,

Catamarca, Tucumán, Jujuy, Santa Fe y

Formosa, todos ellos fuera de la provincia

de Salta y sin resultado positivo. En la

mayoría de las declaraciones aseguran

haberla visto desorientada, como si

estuviera drogada.

A dos meses de la desaparición de María Cash, aun no hay pistas firmes para darcon su paradero. Los antecedentes de las muertes de Diego Rodríguez Laguens y de

Sebastián Bordón impiden descartar la hipótesis de la complidad policial.

GERMÁN BANEK

[email protected]

otrosterritorios / 13

judiciales/ la desaparición de maría cash

Dos desenlaces trágicos y

una historia inconclusa

Rodríguez Laguens fue hallado por

azar. Mientras la familia lo buscaba en San

Pedro, una mujer que alojaba a su madre

recordó que había leído en el diario que

una persona con ese nombre había

muerto en un accidente de tránsito.

Habían pasado diez días desde su

desaparición.

Una vez que encontraron el cuerpo se

pudieron reconstruir sus últimos días.

Recién allí aparecieron los testimonios de

los pasajeros del colectivo que recordaron

que Diego había bajado de la unidad y

había quedado en poder de la policía

jujeña. Se comprobó que había sido

asentado como detenido, pero habían

borrado su nombre, para luego

sobrescribir el registro.

Luego de realizada la autopsia, se

determinó que los miembros de la policía

lo golpearon para robarle una

computadora portátil y una cámara de

fotos. Como consecuencia de una patada

en el rostro, los anteojos de Rodríguez

Laguens se rompieron, lo que le ocasionó

la pérdida del ojo. Como la policía ya no

podía hacer pasar esa herida como la

consecuencia de un intento de fuga, lo

mataron, lo siguieron golpeando y

crearon la escena del accidente. Tres

policías fueron condenados por homicidio

simple y siete personas, incluido el médico

legal, por encubrimiento.

El cuerpo de Bordón fue encontrado

en una barranca de Nihuil el 12 de octubre

de 1997, diez días después de su

desaparición. La autopsia determinó que

había muerto cinco días antes,

producto de una feroz golpiza. En el

juicio, quedaron descartadas las

hipótesis de un accidente y un

ajuste de cuentas por

narcotráfico. Cuatro policías

fueron condenados por el delito

de homicidio, mientras que un

cabo y una parapsicóloga

resultaron culpables de encubrimiento.

Desde la desaparición de María Cash

no hay rastros firmes que permitan saber

qué ocurrió con ella. Si bien cada caso es

único y tiene características que hacen a

su singularidad, la persistencia de ciertos

elementos y falencias en la investigación

en los casos de Rodríguez Laguens y

Bordón, que se repiten en la búsqueda

fallida de la diseñadora porteña, obligan

a permanecer atentos a la posibilidad de

algún tipo de participación policial.

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DR

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RN

ÁN

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La persistencia de ciertos elementos y falencias en lainvestigación en los casos de Rodríguez Laguens yBordón, que se repiten en la búsqueda fallida de la

diseñadora porteña, obligan a permaneceratentos a la posibilidad de algúntipo de participación policial.

14 / otrosterritorios

memoria/ juicio por la desaparición de miguel ragone

Garante de la impunidadLA CÁMARA DE CASACIÓN PENAL REVOCÓ EL SOBRESEIMIENTO DE RICARDO LONA

Está acusado de encubrir el secuestro y desaparición del ex gobernador. Ahora el fiscalconsidera que debe ser imputado por delitos más graves. El ex juez se vale de sus vínculos en

el entramado judicial para evitar ser investigado.

El ex juez federal Ricardo

Lona fue noticia en estos días

por una resolución de la

Cámara Nacional de Casación

Penal que lo ubica, otra vez, en

el ámbito de los imputados en

relación al secuestro y

desaparición del ex

gobernador Miguel Ragone, el

homicidio de Santiago Arredes

y las lesiones –para la

acusación fue un intento de

homicidio– de Margarita

Martínez de Leal.

Otra decisión judicial que le

cierra el paso a una de las

tantas bifurcaciones del

camino seguido por el ex juez

para intentar escabullirse de

quienes pretenden que

responda por su supuesta

participación en la represión

estatal.

En relación a Ragone,

merced a la resolución de

Casación, el ex juez está

nuevamente imputado por

encubrimiento y prevaricato

pero ya hay pedidos de las

querellas y del fiscal federal

Horacio Azzolín para que sea

investigado “como un ejecutor

más” de la estructura

represiva.

En su alegato en el juicio

que se está llevando a cabo

actualmente contra siete

acusados por el secuestro de

Ragone, el homicidio de

Arredes y la agresión a

Martínez de Leal, el fiscal

recordó que el propio Lona

reconoció no haber investigado

denuncias por apremios

ilegales y entendió que esa

tolerancia “terminó erigiendo

una especie de garantía de

impunidad para los delitos

cometidos por los miembros

de las fuerzas de seguridad.

Todo esto, en conjunto,

permite suponer una conducta

del ex juez que excede el mero

favorecimiento real por lo que

su intervención adquiere un

significado en relación al ilícito

cometido por otro lo que lo

pone directamente en la

estructura represiva como si

fuera un ejecutor más”.

Ricardo Lona fue juez

federal de primera instancia

durante la dictadura, ratificado

en democracia (en 1984) y

llegó a presidir la Cámara

Federal de Apelaciones de

Salta. Las causas contra él se

remontan a 2003, cuando el ex

diputado provincial Pablo

Ismael Outes, hijo de Pablo

Eliseo Outes, uno de los once

presos políticos asesinados

cerca de Palomitas el 6 de julio

de 1976, le promovió un jury de

enjuiciamiento acusándolo de

haber ordenado el traslado que

terminó en el fusilamiento de

los detenidos.

El juicio político,

sustanciado ante el Consejo de

la Magistratura,en Buenos

Aires, tuvo un trámite mucho

más rápido que las causas

penales que le siguieron. Sin

embargo, no fue destituido,

merced al voto salvador de

cuatro consejeros. Lona había

intentado evitar la vergüenza

de una destitución

presentando su renuncia, pero

el entonces presidente Néstor

Kirchner no se la aceptó.

Cuando terminó el proceso,

mantuvo su renuncia.

Ya como ex juez, tuvo que

afrontar los procesos penales.

Se mostró habilidoso para

sortear citaciones a

indagatorias y pedidos de

investigación. Es evidente que

en esa tarea le sirvió su amplio

conocimiento del

funcionamiento del Poder

Judicial Federal salteño, y de

sus integrantes.

Lona niega participación

en la represión. Sobre

Palomitas llegó hasta a

reivindicarse como quien

realizó los avances más

significativos en la

investigación del hecho, según

afirmó el 31 de julio de 2007,

cuando –tras dos años de

citaciones e incidentes- fue

indagado por la jueza ad hoc

Gladis Comas. Sin embargo,

nunca pudo explicar por qué

no investigó qué pasó con los

once detenidos asesinados, a

pesar de que varios de ellos

estaban a su disposición. La

causa recién se abrió siete años

después, cuando la Justicia

Federal de Rawson le remitió

la denuncia realizada por el

detenido político Daniel

Cabezas.

A Lona se le atribuyen

delitos de violación de los

deberes de funcionario

público, encubrimiento y

prevaricato en relación a los

secuestros y desapariciones de

unas veinte personas. Se le

reprocha no haber atendido

planteos realizados por presos

políticos durante la dictadura.

Respecto del secuestro de

Ragone está acusado por

encubrimiento y prevaricato.

En marzo de 2009 consiguió el

fallo favorable de la Cámara

Federal de Apelaciones de

Salta, que lo sobreseyó

interpretando que esos delitos

están prescriptos.

La Secretaría de Derechos

Humanos de la Nación,

representada por el delegado

local, Martín Ávila, apeló esa

decisión que ahora fue

revocada por la Sala II de la

Cámara Nacional de Casación

Penal que criticó errores de

forma de la resolución de la

Cámara salteña y sostuvo que

estos delitos son conexos a los

ELENA CORVALÁN

[email protected]

otrosterritorios / 15

memoria/ juicio por la desaparición de miguel ragone

principales y por lo tanto,

constituyen delitos de lesa

humanidad.

Aplicando el mismo

criterio, Casación revocó

también el sobreseimiento del

ex subjefe de la Policía salteña,

Virtom Mendíaz, acusado por

encubrimiento y omisión de

represión de delincuentes.

Partícipe necesario

Lona ya suma cuatro

pedidos para ser investigado

por delitos más graves que los

de encubrimiento y

prevaricato. El 30 de agosto

pasado, en su alegato ante el

Tribunal Oral en lo Criminal

Federal de Salta, el querellante

Martín Ávila pidió que se

ordene la detención e

indagatoria del ex juez “por la

participación que le cabe en

este proceso”.

Añadió que Lona cometió

“enormes irregularidades” en

relación a la causa Ragone”.

El pedido fue acompañado

por el fiscal Azzolín para quien

la intervención del ex juez en el

caso “descartando toda línea de

investigación posible en un

sumario en el que aparece

directamente involucrado

desde sus primeros momentos

parece exceder, si se analiza

globalmente la situación en

esos años, el mero

encubrimiento y el prevaricato

como viene imputado hasta

ahora”.

Lona, abundó el fiscal, “no

solo archivó Ragone de la forma

en que lo hizo, sino que igual

proceder se repitió en forma

sistemática en muchas otras

denuncias por desaparición de

personas que se realizaron”.

Recordó asimismo que el

propio ex magistrado reconoció

“haber recibido denuncias de

apremios ilegales que decidió

no investigar”. En el mismo

tono señaló “su (el de Lona)

aparentemente directo

involucramiento en el traslado

de los presos asesinados en

Palomitas y, en

contraposición, su férrea

investigación en las causas

iniciadas por infracción a la

ley 20.840 (sobre actividades

subversivas)”.

Los otros dos pedidos son

de más larga data. En agosto

de 2008 el abogado Gustavo

Ariel Ricciutti, representante

legal de Ruperta Rodríguez,

madre del desaparecido

Santos Abraham Garnica

Rodríguez, solicitó que el ex

juez federal fuera detenido e

indagado acusado por

desaparición forzada de

personas, encubrimiento,

prevaricato e incumplimiento

de los deberes de funcionario

público.

En septiembre de 2008

Ávila solicitó la detención de

Lona y que fuera investigado

como partícipe necesario de la

Masacre de Palomitas.

16 / otrosterritorios

Discriminaciónpor Oscar Miguel Victorio*

Tiene 15 años y cursa cuarto año de artes visuales en el Centro Polivalente

de Arte de Salta. El trabajo fue realizado en la materia bidimensión.