Otros territorios: análisis e información sobre derechos y justicia
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INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA Un suplemento de año 1 número 3 16 de abril de 2011 El derecho de ARIAS Un dictamen a favor de los pueblos originarios Comunidades de Salta y Jujuy presentaron una demanda para que se las consulte sobre la explotación de litio MEMORIA Inacción en el juzgado de Olivera Pastor Un informe fiscal lo acusa de demorar las causas contra represores Páginas 10 y 11 DECIR Páginas 6, 7 y 8 JUDICIALES Los beneficios de ser juez y parte La ex esposa de Sergio David lo acusa de no cumplir con la cuota alimentaria Páginas 14 y 15 DDHH HOY
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• DDHH HOY: Dictamen a favor de los pueblos originarios reconoce el derecho a participar y opinar en la explotación de litio. • MEMORIA: Un juzgado demora las causas por juicios de lesa humanidad en Jujuy y Salta. • JUDICIALES: El juez que no cumple con la cuota alimentaria de sus hijas.
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INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA
Un suplemento de
año 1número 3
16 de abril de 2011
El derecho de
AR
IAS
Un dictamen a favorde los pueblos originarios
Comunidades de Salta y Jujuypresentaron una demanda para que se
las consulte sobre la explotación de litio
MEMORIA
Inacción en el juzgado de Olivera PastorUn informe fiscal lo acusa de demorar las
causas contra represoresPáginas 10 y 11
DECIR
Páginas 6, 7 y 8
JUDICIALES
Los beneficios de ser juez y parteLa ex esposa de Sergio David lo acusa deno cumplir con la cuota alimentariaPáginas 14 y 15
DDHH HOY
2 / otrosterritorios
BUENAS Y MALAS NOTICIAS
Otros ganadoresCOLECTIVO EDITORIAL
OTROS TERRITORIOSrecordarlo, porque el hecho de
que Juan Manuel Urtubey
haya obtenido poco más del 57
por ciento de los votos obligaba
a traer a la memoria a aquel
otro gobernador, hasta ahora
el más votado de la historia
política salteña. En 1973
Miguel Ragone se impuso a sus
rivales con el 57 por ciento de
los sufragios.
Y así, de la mano de estas
elecciones Ragone alcanzó la
difusión nacional que no había
tenido con el inicio del juicio
oral y público contra ocho
represores acusados de haber
participado de su secuestro y
desaparición. Tretas de la
memoria, que busca,
y halla, los
intersticios para
colarse en el presente.
Y están los otros
ganadores, los
d e s p o s e í d o s ,
aquellos para los
que Ragone había
pensado en el
otorgamiento de
tierra, parte del
plan programático
de Héctor
Cámpora, que
r e i v i n d i c a b a
aquello de que la
tierra debía ser para el que la
trabaje.
En Coronel Juan Solá, más
conocido como Morillo, seis
organizaciones de campesinos
y una que reúne a 18
comunidades indígenas
lograron lo que nadie creía: se
enfrentaron y vencieron a un
viejo dirigente del
justicialismo, Atta Gerala. De
resultas, Morillo tendrá
intendenta, Marcela Carabajal,
que es maestra y es campesina,
de los que hace rato eligieron
trabajar junto a los pueblos
originarios. Este es tal vez el
hecho más significativo de los
comicios en Salta.
Las elecciones provinciales
pasaron, con los resultados ya
por todos conocidos. Quedan
ganadores y de los otros, a los
que no les fue tan bien.
Las elecciones del 10 de
abril dejaron buenas y malas
noticias. Las malas tienen que
ver con la insistencia del
conservadurismo, que sigue
despreciando las vidas que no
sean propias y vota a
candidatos a pesar de los
negociados con los gobiernos y
la explotación de personas.
Todo un tema que escapa al
espacio de esta editorial.
Del lado de las buenas,
creemos que entre los
ganadores hay que situar a la
memoria, que siempre
encuentra resquicios para
colarse. Como el que abrió con
su ejemplo Clotilde Suárez de
Ragone, que eligió ir a votar
como un homenaje a su
esposo, el desaparecido ex
gobernador Miguel Ragone.
También, porque el
gobernador reelecto eligió
dedicarle su triunfo a este ex
gobernador. Y además porque
los sucesos se empeñaron en
derechos humanos hoy / elecciones provinciales 2011
otros territorios
información y análisis
sobre derechos y justicia
/otros territoriosProducción: Colectivo editorial Otrosterritorios
Arte de tapa: Roly Arias
Ilustraciones: Andrea Fernández
Fotografías: Rolo Díaz
Comercialización: Noberto Barbieri (0387 154194417 / 0387 154138884
Suplemento de Nuevo Diario
16 de abril de 2011año 1 • número 3
Las organizaciones de
Pequeños Productores del
Chaco Salteño, Defendiendo lo
Nuestro, Unión y Progreso,
Unidos del Bermejo, la
Organización Campesinos
Unidos, Herencia Chaqueña y
la Organización Zonal Wichí
de la Ruta Nacional 81 se
unieron para presentar
candidatos y trabajar en la
campaña, “sin plata y en
alpargatas”, e hicieron valer
sus derechos.
Este y otros temas
importantes, como el derecho
de consulta a los pueblos
originarios, vamos a tratar en
este número.
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Los límites de lo posibleCampesinos e indígenas demuestran que se puede disputar, y ganar, también en el terreno
electoral. En Morillo, de la mano de una mujer, se escribe otra historia.
Una marca de estos tiempos de
discusión, de debates de ideas e ideales es,
por fin, volver a creer en la política. Tomar
conciencia que es ella la herramienta que
nos permitirá escribir una nueva historia
y sus interlocutores, los redactores del
nuevo amanecer.
Los jóvenes en Plaza de Mayo, en todas
las plazas, recordando al líder, reclamando
verdad y justicia cada 24 de marzo,
haciendo ejercicio pleno de la memoria,
son pruebas irrefutables de este acontecer.
Si hasta quienes aborrecen los procesos
populares y demonizan “la política“ –que
se entienda bien, la niegan como
herramienta porque detentan el poder–
están hoy inmiscuidos como nunca en una
lucha ideológica sin cuartel por volver a
recuperar el terreno perdido, que es sólo
eso, cierto terreno simbólico en la
construcción de relatos de la realidad.
Otro de los logros que va de la mano
de volver a creer en “la política”, es poder
día a día correr los límites de lo posible,
empujar el techo hacia arriba y las paredes
a los costados para cada vez ser más los
protagonistas dentro de esta patria grande
y en igualdad de condiciones.
Que mejor ejemplo de esto que aquí
les cuento, que lo sucedido este último
domingo en Morillo (Coronel Juan Solá),
en donde desde hace ya un tiempo,
criollos y wichí, hartos de la impunidad
que a ciertos personajes les da el poder,
decidieron no despotricar más, tomar las
herramientas que ofrece este nuevo
proceso político y salir a disputar el
terreno perdido gracias a siglos de “no te
metás”, “que sabés vos si ni siquiera fuiste
a la universidad”, de miseria, hambre y
soledad.
OPINIÓN / VOLVER A CREER
derechos humanos hoy / elecciones provinciales 2011
Ejemplo de coraje, unión y valentía,
pero además de esfuerzo por dejar de lado
prejuicios sobre el otro “indio” y el otro
“criollo”, para saberse parte de la misma
clase desposeída y humillada.
Pero estos atrevidos de la historia
fueron por más, no sólo a disputar
políticamente un espacio dominado por
un aparato temible, de un terrateniente
temible como Atta Gerala –amo y señor
de lo que se dice y hace… perdón, decía y
hacía en el norte olvidado de Salta–, sino
que se lo fueron a disputar con una mujer
en un terreno dominado por hombres. A
su vez, a través de la herramienta
partidaria que comanda otra mujer,
odiada y repudiada por estos señores
feudales porque los enfrenta sin
retroceder, pero encima es eso, mujeres.
Con el saber popular a su favor,
representantes como Alfredo Riera
–¿cuántos desalojos en su haber?, ¿cuánta
lucha?, ¿cuánta injusticia?, ¡cuánto
valor!– no desconocían que el tren de la
historia pasa una vez y que el poder no se
declama, se ejerce. Hoy en Morillo, se
comienza a escribir otra historia, la del
Frente para la Victoria con Marcela
Carabajal al gobierno y las organizaciones
sociales al poder.
Hace poco estuvo aquí en Salta esa
“mujer” y la escucharon decir “libertad
para la igualdad”, ellos la supieron
comprender.
NICOLÁS HIRTZ
4 / otrosterritorios
El 17 de diciembre de 2010
nueve familias fueron
desalojadas por orden de la
jueza Mónica Faber, de Salta.
Los policías que participaron
del operativo destruyeron dos
viviendas y 15 hectáreas de
cultivos.
El 17 de abril se cumplirán
cuatro meses de esperar por
una solución. La Comunidad
Originaria Diaguita Calchaquí
Las Pailas, en el departamento
Cachi, quiere una respuesta de
la administración de justicia. Y
espera –pide, exige- que esa
respuesta respete sus derechos
sobre el territorio que ocupan
ancestralmente.
DESALOJO DE DIAGUITAS EN LAS PAILAS
Cuatro meses de esperaUna jueza ordenó el desalojo de nueve familias. Les destruyeron los cultivos. Pero no se van, e
insisten en que le reconozcan la propiedad del territorio que reivindican para sí.
derechos humanos hoy / pueblos originarios / tierra
La espera se lleva a cabo
bajo la modalidad de asamblea
permanente, un estado que a
veces parece diluirse en las
dificultades para trasladarse y
movilizarse con pocos
recursos, pero que revive en el
testimonio de la carpa donde
la familia Cruz pasa sus días,
sosteniéndose con la ayuda
que recibe, mientras aguarda
un fallo que la devuelva a su
lugar, ese que fue destruido el
17 de diciembre, cuando se
concretó el desalojo de nueve
familias (39 personas)
ordenado por la jueza
Correccional de 8º
Nominación, Mónica Faber.
El 7 de este mes los
integrantes de la Comunidad y
de las comunidades vecinas,
realizaron una nueva
movilización, y distribuyeron
comunicados, una forma de
decir aquí estamos, aún hay
derechos que esperan ser
reconocidos.
“La historia sigue en la
justicia, la justicia ya todos
sabemos que es muy lenta por
lo tanto”, contó Ambrosio
Casimiro, convertido en vocero
de la Comunidad ante las
dificultades para comunicarse
con el cacique de Las Pailas,
Genaro Ismael Viveros.
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Las nueve familias
desalojadas se han acomodado
como pudieron: unas fueron
con parientes, otras “han
podido construir una
habitación y continuar viviendo
ahí”, y la familia Cruz, la más
numerosa, se quedó en una
carpa. Imposibilitados de
seguir criando, y destruidos sus
cultivos de habas, papas,
pimiento y maíz, los Cruz y los
otros desalojados viven de la
ayuda que les acercan
integrantes de la Comunidad.
“No pueden criar nada porque
la familia sigue quedándose
para resguardar el territorio. La
posesión siempre la tuvieron
pero estamos en una época en
que no se puede sembrar nada,
por lo tanto las tierras están
como quedaron después del
desalojo, Robles (Carlos
Alberto, el “terrateniente” que
les disputa las tierras) no
apareció”, contó Casimiro.
Los miembros de Las
Pailas, y de las Comunidades
El Algarrobal, La Aguada y Las
Trancas están un tanto
desilusionados de los
funcionarios provinciales: “El
Gobierno tampoco hizo nada.
La ministra (de Justicia) María
Inés Diez no cumplió”, sostuvo
Casimiro. En el comunicado,
afirman que la ministra “solo
ha enviado un equipo técnico
incapaz de resolver la
situación”.
“la historia sigue en la justicia,
la justicia ya todos sabemosque es muy lenta”
derechos humanos hoy / pueblos originarios / tierra
“Una vez mas queda en
evidencia el desinterés por
parte de la provincia en
reconocer a nuestros pueblos
originarios y nuestras
realidades territoriales”,
sostienen. Para los diaguitas, el
gobierno de Salta trata de
“encubrir” a los funcionarios
locales (también hay quejas
contra la intendenta de Cachi,
Fanny Guitián, porque no
cumplió con la asistencia social
prometida) y tampoco se están
reconociendo a sus
autoridades y pautas
culturales.
Por todo esto, ahora la
Comunidad está realizando
trámites para llevar su petición
al gobierno nacional.
6 / otrosterritorios
Comunidades indígenas de
Jujuy y Salta recurrieron a la
Corte Suprema de Justicia de
la Nación reclamando que se
hagan efectivos sus derechos a
la “participación y consulta” en
el proceso de exploración y
explotación de litio y borato en
las Salinas Grandes, que
comparten ambas provincias.
La demanda, presentada en
noviembre de 2010, es contra
los estados de Salta y Jujuy y
contra el Estado nacional. La
procuradora ante la Corte
Suprema, Laura Monti, ya
entendió que corresponde que
entienda el máximo tribunal
nacional, debido a que son
partes las dos provincias y el
Estado Nacional, y también
porque la ley general del
ambiente 25.675 dispone que
la competencia corresponderá
a los tribunales federales
cuando “el acto, omisión o
situación generada provoque
efectivamente degradación o
contaminación en recursos
ambientales interjurisdiccio-
nales”, se consigna en el
dictamen.
La procuradora reseñó que
en este caso las comunidades
indígenas “pretenden tutelar
mediante una acción de
amparo sus derechos a la
identidad y a la consulta
respecto del proceso de
exploración y explotación de
litio y borato sobre un recurso
natural de carácter
interjurisdiccional como lo son
las Salinas Grandes, que
constituyen un recurso natural
único”.
En el recurso de amparo se
solicita que se condene a Salta
y Jujuy a “tomar las medidas
que sean necesarias” para
permitir que las comunidades
afectadas puedan dar su
“consentimiento libre e
informado” sobre los “permisos
de exploración y explotación de
litio y borato en la zona de la
Sub-Cuenca Laguna de
Guayatayoc Salinas Grandes,
pertenecientes a ambas
provincias, en razón de la
omisión de consulta previa,
información y participación en
que incurrieron las autoridades
locales respecto de las
comunidades”.
La Argentina es la tercera
reserva mundial de litio, un
mineral muy apreciado, una
fuente alternativa de energía
que es utilizada actualmente
en medicina, en baterías y,
según se anticipa, se usará en
autos híbridos y eléctricos. En
marzo pasado Salta inauguró
la planta productora de
carbonato de litio más
importante “del mundo”.
Con 17.522 kilómetros
cuadrados, Salinas Grandes
abarca territorio de Jujuy y
Salta. En ese lugar viven 33
comunidades indígenas, ocho
de Salta. En la demanda,
encabezada por la Comunidad
Aborigen Santuario Tres
Pozos, de Jujuy, las
comunidades señalan que
estas salinas constituyen “un
ecosistema único que se
encuentra dentro de sus
propios territorios, el cual les
provee de los recursos
naturales de uso común que
son necesarios para su
subsistencia, como el agua y la
sal que les permite la vida, el
trabajo y la producción”.
LA CORTE DEBERÁ RESOLVER
Consultá,che
Comunidades de Salta y Jujuy
demandaron a ambas
provincias porque nos
las informaron ni consultaron
sobre la exploración
y explotación de litio y
borato en Salinas Grandes.
derechos humanos hoy / pueblos originarios / explotaciones mineras
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ENFRENTAN UNA ACTIVIDAD QUE MUEVE MILLONES
Proteger el territorio
derechos humanos hoy / pueblos originarios / explotaciones mineras
Las comunidades indígenas
que viven en el territorio de
Salinas Grandes, de los
departamentos Cochinoca y
Tumbaya en Jujuy, y La Poma
y Los Andes en Salta, vienen
oponiéndose a la explotación
de los recursos naturales de ese
lugar por considerar que
afectará su forma de vida
cultural, social y económica.
Dicen que se enteraron por los
diarios de los cambios que se
les venían encima, porque
nadie se acercó a informarles
de la novedad: el hallazgo de
litio en el subsuelo de la puna
salteña y jujeña.
“Todos los anuncios del
Gobierno, daban cuenta de la
importancia de este nuevo
emprendimiento para la
economía nacional e
internacional. Sin embargo,
nadie dijo nada de cómo esta
nueva explotación nos puede
afectar a las comunidades y a
nuestro territorio: a las salinas,
a las vertientes de agua, a los
pastos, a nuestros ganados, a
la Pacha, a nuestras
costumbres y creencias. En
síntesis: a toda nuestra vida”,
señalaron las comunidades en
un comunicado de la Mesa de
Pueblos Originarios de la
Cuenca de la laguna
Guayatayoc y Salinas Grandes
difundido en marzo pasado,
casi en paralelo con el
dictamen de la procuradora.
En ese escrito recordaron
que habitan “desde tiempos
ancestrales la cuenca de la
Laguna de Guayatayoc y
Salinas Grandes”, que todas
tienen reconocimiento jurídico
del Estado; son “descendientes
de los pueblos que
originalmente habitaron estas
tierras” y de sus abuelos
aprendieron a “cuidar y
proteger nuestro territorio”.
Recordaron también que
vienen “realizado permanentes
reclamos” para que les
titularicen las tierras que
habitan.
El año pasado comenzaron
a “ser testigos mudos de una
nueva actividad en la región,
nadie nos informó nada a pesar
de la vigencia de derechos que
exigen que nos consulten (...).
Nos enteramos por rumores y
por los medios de prensa, que
habían descubierto litio en el
subsuelo de los salares de la
Puna de Salta y Jujuy”. Y a
pesar de que la noticia despertó
el optimismo de las
autoridades provinciales de
Jujuy y Salta, para las
comunidades significó un
nuevo motivo de
preocupación, por la
posibilidad de que esta
actividad afecte negativamente
al ambiente y su modo de vida.
Las comunidades
decidieron presentar una
demanda contra Salta y Jujuy
y el Estado nacional, “por la
manifiestamente arbitraria e
ilegal autorización y/o
cualquier acto administrativo
dictado por las autoridades
respectivas de cada provincia,
que otorguen permisos de
exploración y/o cateo o
explotación de minerales, en el
territorio habitado por las
comunidades indígenas, sin
haber cumplido con las normas
del debido proceso y las
garantías necesarias que
permitan el acceso al trámite y
el ejercicio cabal de sus
derechos reconocidos en la
Constitución Nacional e
instrumentos internacionales a
la consulta previa, libre e
informada”.
Las comunidades solicitaron
a la Corte Suprema que
“disponga el cese inmediato de
los trabajos y/o actividades que
realicen las empresas mineras,
en la zona denunciada, hasta
tanto se establezcan los
mecanismos necesarios que
garanticen las reglas del debido
proceso”. También pidieron que
se les informe qué empresas
estaban llevando a cabo los
emprendimientos.
Las ocho comunidades de
Salta realizarán hoy una
asamblea en Matancillo, a
cuarenta kilómetros de San
Antonio de los Cobres. Entre
los temas, analizarán la
posibilidad de que más
comunidades de la zona se
organicen para resistir la
extracción de litio.
Comunidades de la Cuenca de Guatayoc y Salinas Grandes dicen que se enteraron por losdiarios de la exploración de litio, que modificará su forma de vida y usos.
la explotación de litio afectará
su forma de vida
cultural, social y económica
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La pelea de los pueblos
originarios que habitan Salinas
Grandes y la cuenca de la
laguna Guayatayoc es desigual.
Enfrentan un negocio
millonario, el de la explotación
de un mineral considerado
estratégico para la provisión de
energía alternativa, ahora que
las reservas de petróleo se
acaban.
La Argentina es la tercera
reserva mundial de litio, un
mineral que mueve millones de
dólares en el mundo, y con
posibilidades de encarecerse
aún más.
El jueves último la
Legislatura de Jujuy aprobó el
decreto 7592 del Poder
Ejecutivo que declaró a las
reservas minerales que
contengan litio un recurso
mineral estratégico “generador
de desarrollo socioeconómico
de la provincia de Jujuy”.
La Mesa de Pueblos
Originarios ha dicho que esta
derechos humanos hoy / pueblos originarios / explotaciones mineras
Los pueblos indígenas de nuestro país tienen derecho ala consulta sobre todas las actividades que puedan afectar,de un modo u otro, sus derechos o intereses. Esa consultadebe ser de buena fe, instrumentada medianteprocedimientos acordes al asunto y la cultura del puebloindígena que se trate, y tender a que exprese suconsentimiento libre, previo e informado sobre aquellasmedidas que los afecten o, en caso contrario, su rechazo.La consulta a los pueblos indígenas tiene una sólida baselegal establecida por el Convenio 169 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT), la Declaración deNaciones Unidas sobre los Derechos de los PueblosIndígenas, nuestra Constitución Nacional y la ConvenciónAmericana sobre derechos humanos, entre otrosinstrumentos internacionales de derechos humanos.El derecho a la consulta es una herramienta preciosa deprofunda raíz democrática. El viejo, autoritario y fascistaparadigma que intentaba asimilar a los pueblos indígenas alos valores occidentales ha sido dejado de lado desde lasanción del Convenio 169 de la OIT. Hoy ya no existendudas en el derecho internacional, ni en el nacional, de quelos pueblos indígenas tienen derecho a vivir conforme a suspautas culturales, a elegir sus propias prioridades dedesarrollo y a transmitir a las generaciones venideras sulegado cultural.De allí que la consulta se erija en un vehículo decomunicación intercultural con una doble función: por unalado, permite a los pueblos indígenas que manifiesten suopinión y el consentimiento (o no) libre, previo einformado, frente a las actividades que los afecten; y por elotro, potencia la prevención de daños a bienes culturalesde pueblos indígenas que, generalmente, son irreversibles.El derecho a la consulta ha sido reconocido recurrentementepor la Comisión Interamericana y la Corte Interamericanade Derechos Humanos en sus dictámenes y sentencias.Actualmente, nuestra Corte Suprema de Justicia de laNación Argentina tiene en estudio un caso sometido a suconocimiento por violación del derecho a la consulta en laexplotación minera en la cuenca de “Salinas Grandes”, en elque se espera una “recepción nacional” de los estándaresinternacionales en la materia.Las sociedades que se rigen por valores democráticos,como la de nuestro país, tienen el deber de encontrar elcamino para que las culturas de los diversos pueblos queviven en ella, muchos de ellos indígenas, puedan coexistirconforme a las pautas que las hacen únicas y distintivas.Este es el desafío democrático del siglo XXI. La consulta alos pueblos indígenas tiende a ese importante objetivo.
DERECHO DE CONSULTA
MATIAS DUARTEdeclaración se hizo sin realizar
la consulta a las comunidades
indígenas que se verán
afectadas por esta actividad.
El contexto comercial
parece no ser propicio a los
pueblos originarios. En mayo
de 2010 los consultores
económicos se entusiasmaban
con el hallazgo de litio en la
puna salteña y jujeña. Las
salinas de Bolivia (Uyuni,
todavía no explotado,
estimado en más de 500 mil
millones de dólares), Chile
(Atacama) y la Argentina
concentran el 85 por ciento de
las reservas mundiales del
mineral.
En febrero de 2010 la
Secretaria de Minería de la
Nación informaba que Salta y
Jujuy se iban a convertir en los
principales polos de producción
de litio a nivel mundial como
resultado de un programa de
exploración avanzada a cargo
de la empresa Li3.
Un recurso estratégicoHerramienta preciosa El litio es considerado el mineral del futuro. Se
usa en medicina y como fuente de energía.
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memoria / crímenes de lesa humanidad / represores de campo de mayo
Cuando el Tribunal Oral
Federal número uno de San
Martín, integrado por los jueces
Lucía Larrandart, Horacio
Segretti y María Lucía Cassain,
hacían conocer la sentencia
condenatoria a reclusión
perpetua contra los
genocidas Reynaldo Benito
Bignone, Luis Abelardo
Patti, Santiago Omar Riveros y
Martín “el Toro” Rodríguez; y a
seis años de prisión a Juan
Fernando Meneghini, se sintió el
enorme alivio de la sociedad y de
las familias víctimas del
terrorismo de Estado.
Ninguno de los
condenados tuvo un mínimo
de arrepentimiento por las
aberraciones cometidas y
justificaron todo a través de
seguir regando la teoría de los
dos demonios al demonizar,
valga la redundancia, a las
víctimas y al justi f icar el
delito.
Cada uno de los condenados
sacaron provecho del cepo de
impunidad que los mantuvo
libres hasta el histórico 14 de
abril de 2011. Patti fue
intendente de Escobar en la
provincia de Buenos Aires y
diputado. “El Toro” fue profesor
en Salta de la carrera de ciencias
políticas. Todos ellos fueron
beneficiados en la década
entreguista de los 90 que partió
de la impunidad hacia el remate
nacional.
Es imposible dejar de
mencionar la revolución en
derechos humanos que generó
Néstor Kirchner y, ahora,
Cristina Fernández tomándola
como política de Estado,
Un enorme alivioOPINIÓN / CONDENA PARA MARTIN RODRIGUEZ
MARTIN ÁVILA*
nulificando las horrorosas leyes
del perdón y sometiendo a un
juicio justo, constitucional, sin
jueces especiales a quienes
cometieron delitos de lesa
humanidad.
Quedan muy pocos resabios
de aquellos que siguen
defendiendo el terrorismo de
Estado y, en general, son
aquellos cómplices o parientes
de genocidas.
Desaparición forzada
El miércoles 13 de abril, un
día antes de la sentencia
condenatoria, el Congreso
aprobó la ley que tipifica el delito
de ‘desaparición forzada de
personas’, incorporándolo en el
código penal en el artículo 142:
Se impondrá prisión de diez a
veinticinco años e inhabilitación
absoluta y perpetua para el
ejercicio de cualquier función
pública y para tareas de
seguridad privada, al
funcionario público o a la
persona o miembro de un grupo
de personas que, actuando con
la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado, de
cualquier forma, privare de la
libertad a una o más personas,
cuando este accionar fuera
seguido de la falta de
información o de la negativa a
reconocer dicha privación de
libertad o de informar sobre el
paradero de la persona.
La pena será de prisión
perpetua si resultare la muerte
o si la víctima fuera de una
mujer embarazada, una
persona menor de dieciocho
años, una persona mayor de
setenta años o una persona con
discapacidad. La misma pena
se impondrá cuando la víctima
sea una persona nacida durante
la desaparición forzada de su
madre.
La escala penal (...) podrá
reducirse en un tercio del
máximo y en la mitad del
mínimo respecto de los autores
o partícipes que liberen con vida
a la víctima o proporcionen
información que permita su
efectiva aparición con vida.
Asimismo se incorpora en el
artículo 194 bis la posibilidad de
que, ante denuncia de la querella
o de oficio, podrá el juez apartar
de la investigación a la fuerza de
seguridad que supuestamente
estuviese implicada.
Por último, se prohíbe el
archivo de la causa tanto para el
juez que investigue como para el
fiscal:
El juez no podrá disponer el
archivo de las causas en que se
investigue el delito previsto en
el artículo 142 del código penal,
hasta tanto la persona no sea
hallada o restituida su
identidad. Igual impedimento
rige para el Ministerio Público
Fiscal.
La ley fue aprobada por los
157 miembros de la Cámara de
Diputados de la Nación el
miércoles pasado, incluidos los
de la oposición, quienes, más
allá de defender los intereses de
Clarín, ya no discuten los delitos
de lesa humanidad y su condena,
como consecuencia de una
política de Estado en Derechos
Humanos que no significa más
que elevar el piso de igualdad de
todos ante la ley, sin impunidad,
con Verdad, Memoria y Justicia
o, como dijo el Secretario de
Derechos Humanos de la
Nación, Eduardo Luis Duhalde,
querellante en dicha causa: “Con
impunidad y olvido no se
construye una sociedad
democrática”.
*Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación
10 / otrosterritorios
memoria / crímenes de lesa humanidad / jujuy
“Desde hace años” la Fiscalía Federal
de Jujuy viene haciendo requerimientos
por 70 imputados por violaciones a los
derechos humanos durante la última
dictadura cívico-militar cometidas contra
158 víctimas; hasta ahora solo diez han
sido procesados, y hay “una única causa
elevada a juicio” por un solo imputado
(Luciano Benjamín Menéndez). Las
demoras incluso han permitido la fuga del
ex jefe del Servicio de Inteligencia de
Jujuy, Juan Carlos Jones Tamayo. A esto
se suma que casi invariablemente la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta
rechaza los recursos con los que el fiscal
federal Domingo Batule intenta remediar
algunas acciones –o inacciones– del juez
de primera instancia.
Así lo detalla un informe de la Unidad
Fiscal de Coordinación y Seguimiento de
las causas por violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el terrorismo
de Estado, que depende de la Procuración
General de la Nación. El informe lleva la
firma del fiscal general Jorge Auat y del
coordinador de la Unidad, Pablo Parenti.
Es “inadmisible” la demora en el
proceso de juzgamiento de los crímenes
del terrorismo, sostiene la Unidad Fiscal,
para la que el hecho de que solo se haya
Denegación de justiciaUn juez acusado por obstrucción. De setenta imputados solo procesó a diez. Y solo una causa
fue elevada a juicio. Un informe fiscal habla de “irritante inacción”.
JUZGADO DE OLIVERA PASTOR
procesado a diez de los 70 requeridos por
la Fiscalía, el que unos 20 represores
hayan fallecido sin ser indagados, y la
existencia de una sola causa elevada a
juicio, y por único acusado y una sola
víctima, revelan “claramente la irritante
inacción del juzgado a cargo del juez
Olivera Pastor o, lo que es más grave aún,
una deliberada obstrucción al avance de
los procesos, a partir de una sistemática
negativa a implementar estrategias de
investigación razonables y funcionales al
principio básicos de celeridad procesal”.
Desde su creación, en 2007, la Unidad
Fiscal procuró poner en práctica una
política de persecución uniforme tratando
de reordenar el tratamiento de más de mil
causas conexas. Con este objetivo se
distribuyó una instrucción general para
que los fiscales pidieran la acumulación
aquellas causas que tienen alguna
vinculación.
De esta manera se logra una mayor
rapidez procesal, se evita a los testigos
tener que declarar reiteradamente y se
ayuda a comprender integralmente el
fenómeno del terrorismo de Estado. Al
contrario de esta tesitura, y a pesar de los
pedidos del fiscal, el juez Olivera Pastor
llevó a cabo “una continua
desmembración sustancial de las causas”.
“La jurisdicción de Jujuy exhibe un
gran déficit en la investigación y avance
de los procesos por los crímenes
cometidos en el marco del terrorismo de
Estado en esa provincia”, sostuvo la
Unidad Fiscal, que consideró que “se
impone con suma urgencia que el Poder
Judicial adopte las medidas necesarias
para revertir lo que prácticamente
importa una denegación de justicia de
decenas de personas que han sido
víctimas de hechos aberrantes”. Para la
Unidad Fiscal, el Juzgado de Olivera
Pastor “presenta un déficit crónico” que
manifiesta “la desidia, el desinterés, frente
a una demanda perentoria de celeridad en
los procesos”, por lo que consideró
necesario que la Comisión para la
Agilización de las causas de Lesa
Humanidad, creada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, “se constituya en
Jujuy para tomar conocimiento (…) de
estas graves circunstancias”.
“...en Jujuy se impone con suma urgenciaque el Poder Judicial adopte las medidas
necesarias para revertir lo queprácticamente importa una
denegación de justicia”.
otrosterritorios / 11
memoria / crímenes de lesa humanidad / salta
El informe de la Unidad Fiscal de
Coordinación también es crítico con la
actuación de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, que no ayudó a
remediar la situación de Jujuy.
En el informe se recuerda que el fiscal
Domingo Batule presentó “múltiples
apelaciones y quejas con motivo de las
reiteradas negativas a llamar a
declaración indagatoria a una cantidad
significativa de imputados” pero “la
Cámara Federal de Salta ha mantenido el
criterio de que la negativa a llamar a
indagatoria es una cuestión no apelable,
pese a que la fiscalía citó jurisprudencia
de otras Cámaras que han entendido lo
contrario, especialmente frente a
situaciones que pueden causar efectos
irreparables (como claramente sucede en
el marco de estas causas tan postergadas
y con imputados, víctimas y testigos de
avanzada edad)”.
La Unidad Fiscal señaló que el informe
fue elaborado con el fin de “confrontar el
falaz relevamiento presentado y difundido
Según recuerda el informe de la Unidad Fiscal de Coordinación,
“la falta de diligencia procesal del doctor Olivera Pastor
permitió” que el ex jefe de Inteligencia Juan Carlos Jones
Tamayo se fugara. La Unidad detalló que el juez prolongó
sucesivamente el plazo otorgado a Tamayo por la Cámara
Nacional de Casación Penal para cumplir con una caución real,
condición para su exención de prisión”. Olivera Pastor hizo
lugar a dos pedidos de la defensa y le dio casi un mes de libertad;
recién cuando se incumplió el último plazo, dictó una orden de
detención. Ante la insistencia del fiscal, el juez consultó a la
Policía si había ido a detener a Tamayo; por el informe de la
Policía supieron que hacía más de un año que Tamayo no vivía
en el domicilio registrado. Igual, el juez no declaró la rebeldía
enseguida, ni ordenó su captura internacional, “sino que se
limitó a notificar a la fiscalía del informe policial”. El 14 de
marzo pasado la fiscalía pidió que se lo declare rebelde, pero el
juez rechazó la solicitud; la fiscalía pidió también que se envíen
oficios a Migraciones y a la Policía Aeroportuaria. “A la fecha, no
hay resolución del juzgado en relación con este pedido”.
FUGA
El tiro por la culataCÁMARA FEDERAL DE APELACIONES
por el presidente de la Cámara Federal de
Salta, el juez Renato Rabbi-Baldi
Cabanillas, quien con un sofisma contable
pretendió soslayar la realidad palmaria
que se describe en el presente informe;
realidad que, por lo demás, es de
conocimiento público y que fue
comunicada por este MPF a los órganos
el informe fiscal confronta “el falazrelevamiento presentado por el
presidente de la cámara federal deSalta” que con un sofisma contable
pretendió soslayar la realidad del juzgadode Jujuy
de superintendencia, el 11 de febrero de
2009, hace ya más de dos años, y que ha
merecido también denuncias ante el
Consejo de la Magistratura”.
En 2009 el juez Carlos Olivera Pastor
debió responder ante la Comisión de
Agilización de las causas de Lesa
Humanidad por su inacción frente a los
pedidos de indagatorias del fiscal Batule.
Su excusa fue que no indagaba a los
imputados porque no tenía donde
detenerlos, una consideración que no
aplicó para otros casos de detenidos por
delitos comunes. En marzo pasado, frente
a los reclamos de organizaciones de
derechos humanos de Jujuy insistió en
que no tiene “suficiente personal para
cumplir con todas las obligaciones”.
12 / otrosterritorios
La violencia que no se ve es
la que más perdura porque es
socialmente aceptada. Esta
violencia simbólica debe ser
revelada. En estos días las
implicancias de esa simbología
se vieron desnudas ante el
reclamo del referente de la
ONG Defensa Indígena,
Vicente Rivero, quien en una
carta al Ministerio de
Educación solicitó el cambio
del nombre Campaña del
Desierto, que lleva una escuela
ubicada en la entrada de la
ciudad de Salta. La Campaña
del Desierto rememora la
acción del ex presidente Julio
Argentino Roca, que en 1879
desató una ofensiva contra
indígenas que estaban en
tierras patagónicas, y cuyos
resultados se enmarcan, al
entender de las comunidades y
de la revisión de la historia, en
un genocidio. Como prueba de
ese delito las palabras de Roca
al ordenar el rastrillaje
humano parecen suficientes:
dispuso a “seis mil hombres
armados con las más
modernas armas militares de
occidente contra indios que no
usan como armas más que
lanzas para defenderse”.
Rivero sostuvo que es
“indudable” que esta lucha,
claramente desigual, “fue un
genocidio donde morían
valientes guerreros que antes
habían tratado amigablemente
con San Martín y hasta habían
ayudado a la guerra de
independencia y habían
formado parte de sus filas”.
Estos eran tan “increíblemente
pacíficos… que el coronel
Federico Rauch degollaba por
docenas ‘para ahorrar balas’.
Las mujeres de estos cientos de
miles fueron violadas por los
soldados y hechas prostitutas.
Los niños eran regalados por
la Sociedad de Beneficencia a
las señoras de las familias para
que sean esclavizados como
‘criados’, solo algunos
sobrevivían después de varios
años en edificios húmedos,
maltratados, hambreados y
desabrigados”.
Un viejo reclamo
Directivos de la escuela
sostuvieron que en algún
momento se planteó cambiar el
nombre. Pero nadie supo
responder en qué quedaron
esas gestiones. Incluso
señalaron que es
“contradictorio” con el espíritu
de los nuevos diseños
curriculares, que hablan de
revalorizar a los pueblos
originarios. La contradicción es
mayor. El Reglamento General
de Escuelas de la Provincia
sostiene la necesidad de que los
establecimientos educativos
lleven “el nombre de próceres
argentinos, de personalidades
nacionales de consagrada
significación histórica y moral
o que se hayan distinguido por
sus virtudes, su ciencia, su
talento artístico, su
generosidad, su patriotismo,
sus realizaciones”. La ironía de
esta violencia, disfrazada de
‘contradicción’, no tiene final en
el nombre del establecimiento
que se ubica en el barrio
Autódromo. Pues en pleno
macrocentro salteño la escuela
fundada en 1889 (a diez años
de la masacre encabezada por
el ex presidente argentino) lleva
el nombre de Julio Argentino
Roca, sin que se conozca por
ello cuestionamiento formal
alguno. El genocida disfrazado
de prócer tiene su mejor
defensa en billetes argentinos
que lo erigen como un
¿patriota? al sindicarlo como el
“realizador de la Campaña del
Desierto”.
Perdón
“La Argentina debe pedir
perdón a los pueblos
originarios”. Las palabras del
historiador Osvaldo Bayer
apuntan a una deuda sin
saldar, y su propuesta respecto
a Roca (a quien califica de
genocida), va más lejos. Es
necesario bajar monumentos,
y sacar el retrato de los billetes
de 100 pesos. En Salta no
faltaron defensores del ex
presidente. Cuando se planteó
en el Concejo Deliberante
acompañar una iniciativa de
Proyecto Sur para cambiar el
Los innombrables
memoria / pensar nuestra historia
ESCUELAS Y GENOCIDAS
La violencia de reivindicar matanzas en establecimientos educativos.Roca, ¿puede estar en las aulas? La discusión planteada por una ONG.
LAURA URBANO
otrosterritorios / 13
Desde la indignación hasta las discusiones actuales respecto de las políticas estatales para
los pueblos originarios fueron las que primaron en un debate iniciado en Facebook,
primer lugar en el que se publicó la denuncia de la comunidad indígena sobre la escuela
Campaña del Desierto. “La obligación estatal de respeto a la identidad cultural de los
pueblos originarios de la República Argentina es uno de los principios que se viola
permanentemente en los billetes de 100 pesos de nuestra moneda nacional, donde
aparece de un lado Roca y del otro una imagen de la Campaña del Desierto, que fue uno
de los tantos genocidios llevados adelante en nuestra patria”, dijo Alejandro Arroz en ese
debate.
“Esta es una provocación más de los sectores de poder que continúan con el genocidio de
aborígenes a través de diferentes prácticas, principalmente quitándoles sus tierras y
medios materiales de subsistencia. Repudiable”, agregó Lucio Yazlle.
“Persisten en mantener el control de lo simbólico. En ese orden ninguna inocencia, el
nombre reivindica un genocidio y los que lo pusieron lo sabían, por eso lo pusieron!”,
sostuvo Roberto Amejeiras, al considerar que nadie pudo haberse hecho el distraído.
EN LAS REDES SOCIALES
memoria / pensar nuestra historia
retrato de Roca por el de Juana
Azurduy, en octubre de 2008,
la mayoría justicialista y
renovadora rechazó una
adhesión. En el Justicialismo,
según los archivos de Nuevo
Diario, el electo diputado
provincial Guido Giacosa
sostuvo que Roca “era un
humanista para los
parámetros de la época”.
Respecto a la Campaña del
Desierto, aseguró que se trató
de “una guerra contra un poder
ajeno a la Nación, no contra
compatriotas”, ordenada por el
Congreso de la Nación de
aquella época. “No fue una
cacería de indios”, sino contra
“los araucanos (provenientes
de Chile) que invadieron
pueblos muy pacíficos de la
Argentina y que no eran fáciles
de combatir”. Por su parte, la
entonces concejala renovadora
y actual funcionaria municipal,
Cristina Fiore, afirmó que “hay
que juzgar a los hombres según
su tiempo y su historia” y que
“uno puede coincidir o no, pero
su presidencia le legó mucho a
la Nación”, en referencia a la
Ley de educación 1420, los
ferrocarriles y la delimitación
del territorio nacional.
AN
DR
EA
FE
RN
ÁN
DE
Z
14 / otrosterritorios
judiciales / causas de familia
LOS BENEFICIOS DE SER JUEZ
Hacete amigo...La ex esposa del juez Sergio David afirma que el magistrado cuenta con privilegios a la hora de
litigar. Y que le debe más de 20 mil pesos por las cuotas alimentarias de sus hijas.
en 2004 y el 22 de marzo de
2006 la jueza resolvió que iba
a ser del 40 por ciento de la
totalidad de los salarios del
magistrado, pero no ordenó la
retención de haberes del padre,
una práctica habitual en estos
procesos. Este descuido
permite que el propio David
haga el cálculo de ese
porcentaje, y “siempre se
equivoca a su favor”.
En algún momento Nallim
comenzó a sospechar que
había diferencias en la cuota
a l i m e n t a r i a ,
entonces
pidió
que se le informara cuánto
ganaba su ex marido. Así
confirmo que, efectivamente,
había habido errores a favor de
David: por caso, en enero de
2006 depositó 176 pesos
menos; en febrero, 365 y en
marzo de 2006, se equivocó en
541,60 pesos.
A fines de 2009 la abogada
de Nallim, Verónica Huber,
inició una ejecución de
sentencia por más de 20 mil
pesos de diferencia por cuotas
alimentarias mal depositadas.
Como es habitual en un
procedimiento ejecutivo,
Huber pidió un embargo por
este monto, pero hasta hoy la
jueza no hizo lugar a la
solicitud.
Además, el hecho de que a
David se le permita hacer el
depósito de la cuota
alimentaria en la cuenta de
sueldos de Nallim (en lugar de
una cuenta judicial) provoca
que la mujer tenga que pagar
impuestos sobre la cuota
alimentaria, con lo que
también hay una reducción por
ese lado.
Para agregar otro eslabón,
este comienzo de año se
planteó un nuevo conflicto,
debido a que la mayor de las
hijas, de 18 años, se fue a
estudiar a Buenos Aires.
Nallim aseguró que su ex
marido primero obstaculizó
esta decisión de su hija y luego
“Él depositó siempre lo que
se le da la gana. Y la jueza lo
sabe”. Maida Nallim, ex esposa
del juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de 2º
Nominación de esta ciudad,
Sergio Miguel Angel David,
sintetizó con estas dos frases
los inconvenientes que afronta
en su intento por lograr
que el magistrado
deposite la cuota
alimentaria que
corresponde a las tres
hijas del matrimonio que fue.
Nallim lleva siete años de
trámite judicial y se muestra
harta de lo que considera un
desigual trato en la
administración de justicia. La
jueza a cargo del caso es
Martha Bossini de Aguilar, del
Juzgado de Familia de 1º
Nominación de esta ciudad.
Para Nallim, su ex
marido “actúa como
juez y no como parte”
en este proceso.
La demanda por la
cuota alimentaria
se inició
AN
DR
EA
FE
RN
ÁN
DE
Z
otrosterritorios / 15
DESOBEDIENCIA JUDICIAL
judiciales / causas de familia
Sergio David es el juez que intervino en el trámite judicial
de unas diligencias preparatorias iniciadas por Nuevo Diario
en 2007, con el propósito de determinar si había sido
discriminado en el otorgamiento de la pauta publicitaria del
gobierno de Juan Carlos Romero.
Si bien el juez dictó una orden para que el Gobierno
informara sobre la pauta publicitaria oficial desde 2003 a
febrero de 2007, luego no se preocupó de hacer cumplir su
propia orden, y los funcionarios de la Secretaría de Prensa y
Difusión nunca recibieron sanción alguna por su desobediencia
judicial.
En 2007 los abogados de Nuevo Diario plantearon que el
magistrado llegó a “una resignación inadecuada de la
jurisdicción (…) en beneficio del Poder Ejecutivo de la provincia
y de una empresa particular, de propiedad de la familia del
actual titular del Poder Ejecutivo (Juan Carlos Romero)”, sobre
cuya empresa familiar, Horizontes SA, editora del diario El
Tribuno, también pesaba un pedido de información sobre la
pauta publicitaria recibida.
Los antecedentes del juez parecen indicar que en el
tratamiento de esta causa fue fiel a sus orígenes. En el libro
Salta, el narcopoder, el periodista Sergio Poma da cuenta de
las presiones ejercidas en 1988 por el entonces diputado
provincial Emilio Cantarero, el ex senador nacional, el mismo
de las coimas en el Senado, que fue también funcionario del
Ejecutivo provincial, para que se designara a Sergio David en el
cargo que hoy ocupa.
“Roberto (Romero) (…) me pidió que te llamara por un
pedido para Segunda Nominación de Sergio David”.
“Escuchame Lalito, olvidate del Ejecutivo (en referencia al
gobernador Hernán Cornejo), te hablo en nombre de Roberto,
sacámelo, Lalo”, le dice Cantarero al entonces senador de la
provincia Arnaldo Estrada en una conversación que se cierra
con un pedido del interpelado para que el diputado también
transmitiera el pedido a los senadores Machuca y Liquín.
decidió, unilateralmente,
retener un tercio de la cuota
alimentaria, con el argumento
de que la joven es mayor de
edad y le corresponde a ella
recibir la cuota alimentaria y
por lo tanto la depositará en
una cuenta bancaria que dice
haber abierto a nombre de la
estudiante para este fin.
Con esta decisión, el juez
desobedeció la sentencia de
marzo de 2006, que le ordena
depositar a la madre el dinero
correspondiente a las cuotas
alimentarias de sus hijas.
Huber explicó que si David
quería cambiar las reglas de
juego establecidas en esta
sentencia debió hacer un
trámite solicitando lo que él
presentó como un hecho. Para
la abogada, correspondía que
la jueza le cerrara el paso con
un “concurra por la vía que
corresponde”, pero Bossini de
Aguilar se limitó a comunicar
a Nallim que David “no
considera pertinente” seguir
depositando la cuota
alimentaria de la hija mayor en
la cuenta de la ex mujer, y
recién cuando Nallim se opuso,
la magistrada recordó que
hasta que se resolviera esta
cuestión, correspondía que se
siguiera depositando la cuota
alimentaria como está
ordenado.
Sin embargo, la joven hija
de David y Nallim aún no
el juez David decidióunilateralmente retener un tercio
de la cuota alimentariacon el argumento de que lo iba a
depositar en otra cuenta
Antecedentes
percibió su cuota alimentaria,
porque el juez apeló y sostiene
que no debe depositar hasta
que se resuelva la apelación,
una postura con la que
disienten Nallim y su abogada.
David también intimó a
Nallim para que informe el
domicilio de su hija en Buenos
Aires, lo que fue rechazado por
la madre. Le recordó que la
joven es mayor de edad, que
ella no está autorizada a dar su
domicilio y que él tiene su
número de teléfono, con lo que
puede hacerle la consulta en
persona.
DISCUSIONES SOBRE LA FUNDACION DE JUJUY
por Eloy López
Colonizaciones y resistenciasColonizaciones y resistenciasColonizaciones y resistenciasColonizaciones y resistenciasColonizaciones y resistencias
Hace un tiempo que empezamos a re-informarnos y a repensarnos. Desde el regreso de la democracia para acá.
En estas líneas, propongo, entonces, volver a analizar el concepto “fundación” para poner sobre la misma línea el origen de lo
que quiero hablar o discutir. En este caso, y debido a la proximidad de la fecha, de las fundaciones que tuvo la provincia de Jujuy.
Y a exponer, brevemente, ideas de los que llevaron y llevan adelante la construcción de un pedazo de historia de esta parte de
nuestro país.
Siguiendo a las escuelas tradicionales de la enseñanza formal, la provincia de Jujuy tuvo tres fundaciones en distintos años y con
distintos protagonistas: la primera, el 20 de agosto de 1561, por disposición de Juan Pérez de Zurita, gobernador de Tucumán, en
donde actualmente se emplaza el barrio Ciudad de Nieva; la segunda, el 13 de octubre de 1575, por don Pedro Ortiz de Zárate, en
la unión de los ríos Grande y Xibi Xibi, lugar conocido como Punta Diamante; y el 19 de abril de 1593, en donde actualmente está
ubicada la plaza Belgrano, Francisco de Argañarás y Murguía realizó la tercera fundación con el nombre de San Salvador de
Velazco en el Valle de Jujuy.
Este tramo de historia muestra el lugar estratégico que tenía Jujuy en relación al comercio con el Alto Perú y otros centros de
colonización de la América. En el territorio residían grupos de la etnia omaguaca que ponían resistencia a estas fundaciones. Y
también, este tramo de la historia, marca un hito socio-geográfico: la separación de Jujuy y Salta en el año 1834, como parte de
la construcción de nuestro país.
Sin embargo, otros tramos de otras historias cuentan, en otros conceptos yen otras voces, que la fundación de Jujuy no fue más que un avasallamiento y unaexpropiación de territorios a comunidades originarias que residían en la zona con
su organización social y política. Existían ciudades complejas, con un desarrollo cultural propio y con producción diversificada
de productos que hasta el día de la fecha seguimos apreciando y admirando: ruanas, ponchos, cerámicas, instrumentos artesanales,
comidas, calzados, arquitectura, danzas y festejos como el Inti-raimi, la Pachamama y el AreteGuazu.La historia ha seguido se curso sobre estas dos realidades: la delos colonizadores y la de los que resistenesa colonización. La historia ha atravesado diversos
momentos de convivencia compleja, brutal y tozuda. Tan tozuda como
las diversas organizaciones que nuclean a trabajadores en blanco y en
negro, a las madres solteras, los desocupados y a otros resistentes,
a veces plenos y a veces desorientados, en los días que corren en la
provincia minera. Mientras, se sigue construyendo testarudamente
una nueva fundación de nuestra provincia
(y de nuestro país) que pelea para el cuarto inicio de otro pedazo
de historia.
