"Otros territorios: información y análisis sobre derechos y justicia"
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INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA
año 1número 8
21 de mayo de 2011
Un suplemento de
Violencia domésticaViolencia domésticaViolencia domésticaViolencia domésticaViolencia doméstica
Páginas 2, 3, 4 y 5
Un problema mundial que pocos quieren ver.La situación en Salta.
La oficina de violencia intrafamiliar.
AR
IAS
DDHH HOY
Se seca el PilcomayoLas consecuencias las pagan
los pescadores pobres
Fondos de la Ley de BosquesReclamos que no tienen
respuesta
Páginas 10 y 11
Páginas 6 y 7
MEMORIA
El juicio por la desariciónde Miguel Ragone
La actuación de la Triple Aen el NOA.
Los beneficios de laprisión domiciliaria.
Páginas 12, 13, 14 y 15
2 / otrosterritorios
UN PROBLEMA MUNDIAL
COLECTIVO EDITORIAL
OTROS TERRITORIOS
derechos humanos hoy / violencia doméstica
otros territorios
información y análisis
sobre derechos y justicia /otros territorios
Producción: Colectivo editorial Otrosterritorios / Colaboradores: Laura Urbano, Alba Silva, Eloy López, Elena Corvalán,
Florencia Lance, Martín Ávila / Arte de tapa: Roly Arias / Ilustraciones: Andrea Fernández / Fotografías: Hugo Tapia, Violeta Gil
Comercialización: Noberto Barbieri (0387 154194417 / 0387 154138884
Suplemento de Nuevo Diario
21 de mayo de 2011año 1 • número 8
crecimiento. Lo mismo ocurre
en la provincia, según datos de
la Corte de Justicia.
El reconocimiento de la
existencia de una violencia en
el seno familiar, dirigida en
gran mayoría hacia mujeres y
llevada a cabo en gran medida
por varones, llevó a que desde
la década del 90 comenzaran
a tomarse algunas medidas,
como el dictado de la Ley
La violencia doméstica es
uno de los principales
problemas en el mundo. Es
antiguo; tal parece, desde que
los seres humanos existimos
como tales.
A pesar de ello, recién en
2003 la Organización Mundial
de la Salud (OMS) le dedicó un
voluminoso informe. La
describió, la tipificó y la
exhibió como un problema que
aqueja al mundo entero, con
sus consecuencias para las
economías del mundo, un dato
no menor. La OMS señaló
también lo obvio, que la
violencia doméstica, familiar o
intrafamiliar, como se la llama,
se ensaña particularmente con
las mujeres, y con los niños en
segundo lugar.
Las víctimas se cuentan por
millones y hay quienes hablan
de un holocausto. En la
Argentina se estima que el 85
por ciento de las víctimas son
mujeres. Aunque las
estadísticas son parciales,
queda claro que en el país la
violencia doméstica sigue en
24417, de protección contra la
violencia familiar, que en
Salta tuvo su correlato en la
Ley 7403. Hoy existe una
Oficina de Violencia Familiar,
un equipo de especialistas
que trata de ayudar a las
víctimas.
Sin embargo, desde la
representación pública la
violencia (ni hablar de las
acciones privadas) doméstica
sigue siendo ninguneada. Tal
vez porque este tipo de
violencia tiene sus raíces en
otras rémoras. Tal vez eso
explique la manera en que la
expresión pública, la narración
pública de estos hechos, tiende
a ignorarlos, a invisibilizarlos
y hasta a justificarlos.
De eso, y de otras
cuestiones de interés, vamos a
hablar en este número.
Lo que nadie quiere ver
otros [email protected]
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otrosterritorios / 3
Golpes, insultos, maltratosSalta sigue la tendencia mundial: la violencia en las familias crece. La mayor parte de las
víctimas son mujeres. La mayor parte de los victimarios son hombres.
CADA VEZ MÁS HORAS CON PROBLEMAS
derechos humanos hoy / violencia doméstica
“Un claro sesgo”
En total, en toda la provincia, en 2009
se iniciaron 36.018 causas por hechos de
violencia familiar. Más del 78 por ciento
se concentró en la ciudad de Salta.
El informe del Poder Judicial detalla
que hasta los 18 años “la distribución de
sexo no tiene incidencia y afecta a los
menores por igual sin distinguir si se trata
de varones o de mujeres”. En cambio, a
partir de los 19 años, las estadísticas
demuestran “un claro sesgo hacia el
género femenino, con especial incidencia
Desde mediados de la década del dos
mil el Poder Judicial de Salta viene
intentando acciones para detener el
crecimiento de la violencia doméstica. Sin
embargo, la tendencia en alza sigue. Los
especialistas explican que el
sostenimiento de esta mala práctica se
debe en buena medidas a la persistencia
de la discriminación por género.
En 2010 el 3,39 por ciento de los
habitantes de Salta Capital tuvo este
problema en su seno familiar, según datos
de la Corte de Justicia.
Ese año la Corte registró 14.166 casos
de violencia familiar en esta ciudad,
cuatro mil más que los contabilizados en
2009. Por su densidad poblacional, la
ciudad de Salta concentra la mayoría de
estos hechos.
Como en años anteriores el Poder
Judicial determinó que “las mujeres son
mayoría entre las víctimas”; alcanzan el
67,37 por ciento de los casos. Entre
ellas “el rango etáreo más
perjudicado es el que va
entre los 22 y los y los 39
años donde se ubica más de la
mitad de las nueve mil 543
mujeres registradas en las
causas”.
En cambio, la porción de
víctimas varones adultos es
menor: solo el 1,39 por ciento del
total. El resto de varones víctimas,
el 31,24 por ciento, tienen entre
cero y 18 años. Los datos
demuestran que en Salta se sigue
el patrón mundial para este
flagelo: la mayor parte de las
víctimas son mujeres,
adultas, niñas y
adolescentes, y niños.
en los rangos entre 19 y 21 años (82 por
ciento de las víctimas son mujeres) y entre
los 22 y 29 años (78,4 por ciento). Hasta
los 49 años la porción de mujeres víctimas
supera el 70 ciento. Luego de esa edad se
mantiene por encima del 60 por ciento.
El 75 por ciento de los señalados como
victimarios son varones. La franja etárea
más agresiva se concentró a partir de los
40 años, cuando alcanzó el 77 por ciento:
“De cada cinco denunciados, cuatro
corresponden al sexo masculino”, precisó
el Poder Judicial.
el Poder Judicial de Salta viene intentandoacciones para detener el crecimiento de la
violencia doméstica. Sin embargo, latedencia sigue en alza.
El relevamiento también ratifica que
en la mayor parte de los casos los
agresores son parientes de las víctimas.
En el 43,5 por ciento de los casos se
trataba de un “cónyuge, ex
cónyuge, novio y pareja
del mismo sexo”. Un
16,4 por ciento eran hijos
o hijastros; y un 7,7 por
ciento eran padres o padrastros.
En cuanto a la distribución
geográfica, el informe precisa
que es mayor la incidencia de
la violencia doméstica en la
zona sudeste de la ciudad de
Salta.
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derechos humanos hoy / violencia doméstica
Un equipo para recibir denuncias
La experiencia es posible gracias a un
convenio de cooperación que firmaron
esta semana el presidente de la Corte de
Justicia, Guillermo Posadas, y el ministro
de Gobierno, Seguridad y Derechos
Humanos, Pablo Kosiner.
Con la finalidad de “seguir avanzando
en la atención interestamental de la
violencia doméstica”, el acuerdo abre la
puerta para que los equipos
interdisciplinarios de la Oficina de
Violencia Intrafamiliar (más conocida por
su sigla, OVIF) reciba denuncias, o
consultas, en las mismas comisarías.
La experiencia, piloto, se iniciará hoy
en la Comisaría 17, que comprende el
populoso barrio Solidaridad, informó la
secretaria de la Oficina, Claudia Quiroga.
La atención en la Comisaría será durante
todos los sábados, desde las 7 y hasta las
23. “Se elige Solidaridad porque dentro del
mapa es la zona de la que más denuncias
se reciben”, explicó la funcionaria.
La OVIF es parte del Poder Judicial de
Salta. Fue creada en noviembre de 2010
con la finalidad de facilitar el acceso a la
administración de justicia. “Es para
contar con una atención integral desde
que se presenta la denuncia”. Las
denuncias son recibidas por equipos
integrados por un abogado, una sicóloga
y un asistente social y, si el caso lo amerita,
la víctima es atendida por un médico.
Este equipo interdisciplinario da
contención y apoyo a las víctimas y
realizar el “primer informe preliminar de
riesgo” que es acercado al juez de Familia
de turno para que disponga las medidas
que considere pertinentes, de acuerdo a
la ley de protección a las víctimas de
violencia familiar, 7403, que establece
procedimientos sumarísimos.
Orientación
Desde que se creó, la OVIF intervino en
1377 casos, de los cuales aproximadamente
400 son denuncias. Es que en la práctica la
Oficina funciona también como un lugar de
consulta sobre los conflictos familiares y
recibe las visitas de mujeres que no saben
que están inmersas en una situación de
violencia pero son concientes que están ante
un problema.
ATENDERÁ TAMBIÉN EL BARRIO SOLIDARIDAD
La comisaría del barrio Solidaridad y una experiencia inédita. Un abogado, una sicóloga y unasistente social estarán ahí todos los sábados para atender casos de violencia familiar.
“Estamos para brindarle orientación,
información sobre los cursos de acción a
seguir, las diferentes alternativas que
tiene sobre la problemática que planteas”,
detalló Quiroga. De esta manera la
persona “se va sabiendo qué tiene que
hacer”, cuáles son los recursos con los que
cuenta.
La OVIF trata también de articular
acciones con otros organismos del Estado,
como el Programa de Violencia
Intrafamiliar de la Secretaría de
Promoción de Derechos.
Ni bien se creó, la Oficina recibió
mucha afluencia de gente, luego hubo una
baja de concurrencia para comenzar
después a subir. “Es muy fluctuante, muy
cíclico” el requerimiento de los servicios
de la OVIF, indicó la secretaria, quien
subrayó que este dependencia del Poder
Judicial “está para las personas y ojalá la
mayor cantidad de víctimas de violencia
familiar se vean beneficiadas con la
intervención del equipo
interdisciplinario”.
Destacó que el abordaje de la
problemática es distinto al que se ofrece
en las comisarías y es “en beneficio de la
víctima”.
Dónde se atiende/ La OVIF atiende todos los días sin excepción, de 6 a
23, en General Güemes 1551. Teléfonos 437 0484/85. Los sábados, de 7
a 23, atenderá también en la Comisaría 17 del barrio Solidaridad.
¿Quiénes pueden denunciar?/ Toda persona que sufriere por acción,
omisión o abuso, daño psíquico o físico, maltrato moral, financiero o
económico notoriamente ilegítimo, sexual y/o en su libertad, aunque no
configure delito, por parte de algún integrante del grupo familiar, podrá
denunciar estos hechos.(Artículo 1, ley de protección a las víctimas de
violencia familiar).
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derechos humanos hoy / violencia doméstica
El aumento de las causas judiciales por hechos de violencia
doméstica provocó que en todo el país los poderes judiciales
encaren cambios para tratar de dar respuesta a esta
problemática. En Salta el sacudón para iniciar una toma de
conciencia de este problema lo dio (entre otros tristes casos) el
asesinato de Rosana Alderete y dos de sus tres hijitos, en 2004.
La hija, todavía niña también, que logró salvarse a duras penas,
se convirtió en una acusación viviente para los organismos que
debían y no habían actuado en tiempo y forma.
En 2006 se promulgó la Ley 7403, de protección a las
víctimas de la violencia familiar. En 2008, en Rosario de la
Frontera, los superiores tribunales de justicia del NOA y los
jueces de familia de la región se comprometieron a atender la
violencia familiar “sobre la base de cuatro principios
fundamentales: prevenir, proteger, intervenir a tiempo y
reconstruir la vida de las víctimas”.
Este compromiso está de acuerdo a los lineamientos del Plan
Estratégico II del Poder Judicial, que se propone “cerrar la
brecha existente entre la demanda de la sociedad y el servicio
que realmente presta la justicia, asegurando una atención
adecuada, con calidad de servicio, celeridad, información
confiable y oportuna y amplia seguridad jurídica”. En mayo de
2010, la Corte emitió la acordada 10.630, de creación de la OVIF,
con el fin de dotar a los Juzgados de Familia “de los medios
imprescindibles que permitan garantizar a las víctimas un
efectivo acceso al servicio de justicia”.
Las víctimas siempreMARTÍN ÁVILA
Reacciones y acciones
Violencia contra la mujer/ Las Naciones Unidas definen la
violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado
en el género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o
la privación arbitraria de la libertad.
Qué es violencia/ La violencia contra la mujer puede
manifestarse de muchas formas. A través del abuso sexual,
físico o emocional por la pareja; el abuso físico o sexual por
familiares u otras personas; el acoso y el abuso sexual por
figuras de autoridad (como profesores, policías o empleadores);
el tráfico para trabajos forzados o explotación sexual.
son víctimasEn su programa Susana Giménez le pregunta a Victoria
Vanucci “¿qué hiciste para que te pegue el Ogro Fabiani?”.
Vanucci contesta: “no hice nada”. En Duro de domar debaten
el tema y las dos panelistas mujeres del programa parecen no
estar de acuerdo... Una de ellas dice que Susana Giménez tiene
responsabilidad en su rol de comunicadora, por lo que no puede
justificar la violencia culpando a la víctima. La otra panelista,
dice que la pregunta de Susana es la pregunta de una ex mujer
golpeada, porque «¡imaginate!, lo que ella habrá pasado con
Monzón» (y con otros). Un mismo hecho, dos miradas
diferentes. Interesante debate, pero más interesante aún es que
estos temas se debatan.
Un análisis de este tipo, debe siempre darse desde una
perspectiva de respeto a los derechos fundamentales de las
personas, pero sobre todo desde una perspectiva de género, una
mujer que sufre la violencia es siempre una víctima. No hay
nada que haya hecho o dicho que pueda justificar o habilitar el
maltatro. La mujer golpeada está, siempre, en inferioridad de
condiciones: físicas, psicológicas o económicas (o todas al
mismo tiempo).
Llamar la atención sobre esto es un deber de los que
trabajamos para el respeto y la defensa de los Derechos
Humanos. Como miembros de una sociedad debemos
comprender que no hay motivo o razón alguna que justifique
un hecho de violencia y que la lucha por la igualdad es tarea de
todos y todas.
Como hombres nos compete analizar lo que hemos hecho
hasta ahora y preguntarnos qué podemos hacer para ser mejores
compañeros, mejores padres y mejores personas. Al Estado le
queda una ardua tarea de mejorar la asistencia a las víctimas
de violencia, de promover la defensa de
los derechos de las mujeres y de
brindarles todos los medios necesarios
para que puedan construir su
autonomía y sostenerla. A
las mujeres les toca instar
el cumplimiento de sus
derechos, no cesar en la
lucha y saber que no están
solas, que pueden pedir y
aceptar ayuda a fin de
salir –de una vez y para
siempre– de una vida
caracterizada por la violencia
y la inequidad, con todo lo que
eso implica.
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derechos humanos hoy / ambiente
El río sin aguaEL PILCOMAYO SE SECA OTRA VEZ
El año pasado hubo una mortandad de peces. Mientras que las autoridades siguen entredichos, el Río de los Pájaros vuelve a secarse. Las consecuencias para los pescadores pobres.
El 14 de mayo, el aniversario
de la independencia del
Paraguay, le sirvió de excusa a
Daniel Nieli –y a través de él, a
los habitantes de Misión La
Paz– para intentar, otra vez,
llamar la atención sobre lo que
en la zona se vive como un
desastre ecológico: la falta de
agua en el cauce del río, que
mata peces y deja con hambre a
las comunidades originarias
ribereñas de Bolivia, Paraguay y
Argentina.
A más de 540 kilómetros de
Salta capital, Misión La Paz es
la localidad argentina más
cercana al puente internacional
sobre el Pilcomayo, que la
separa de Pozo Hondo.
Daniel le escribió una carta
al presidente Fernando Lugo.
Le pidió ayuda con el problema
de las aguas del Pilcomayo.
Una acción más de las que
vienen encarando desde que en
julio del año pasado se dieran
con el agotamiento del agua
que, aunque contaminada por
las extracciones minerales en
Bolivia, sabía proveer su
riqueza de sábalos gordos.
Dicen que el problema es que
los menonitas asentados en
Paraguay desvían el agua para
sus establecimientos de
ganadería intensiva.
Otros, como Pedro Lozano,
escribieron cartas al canciller
Héctor Timermann. Y el
diputado provincial Ramón
Villa mandó una nota al
Defensor del Pueblo de la
Nación.
En su afán por difundir la
situación recurren a las nuevas
tecnologías. Youtube ayuda a
mostrar la sequedad y la
mortandad. A mostrar que a
tanta gente le afecta, de Colonia
Crevaux y de María Cristina; de
Santa Victoria y de Boquerón, no
importa de qué lado de la
frontera se esté. Impacta el
montón de peces corroídos por
la putrefacción, impacta tanta
gente tratando de encontrar las
soluciones que se niegan a
llegar. Hay reuniones en
Argentina, y con Bolivia y
Paraguay, en el mejor ejercicio
de la política.
La cosa comenzó en julio de
2010 y, luego de que se habían
prometido soluciones, ahora se
esta repitiendo, otra vez el río se
está quedando sin agua, y los
peces están muriendo. “La gente
de acá se va hasta Formosa para
buscar pescado. Para comer”,
contó Hortensia Villa, wichi de la
Comunidad Kilómetro II, a la
vera de la ruta provincial 54,
entre Santa Victoria Este y
Misión La Paz. La semana
pasada su esposo, el maestro
bilingüe Amancio Martínez vio el
agua escasa y sábalos muertos.
“La situación es bastante
desesperante”, avisó Nieli, quien
encuentra el origen del
problema en las políticas de la
década del 90, “cuando el
Mercosur se entiende como la
entrega irrestricta de los
recursos naturales”.
En 1991 se realizó el proyecto
Pantalón, la construcción de dos
canales derivadores, a Argentina
y Paraguay, de las aguas del río,
para que se alimentaran en igual
proporción. Según indicaron
funcionarios paraguayos, este
país hizo una tarea de
manteniemiento de su canal, lo
que no ocurrió de este lado. Eso
llevó a que las aguas deriven
hacia ese lado.
A esta situación se añadió la
construcción de un canal
realizada por la comunidad
menonita. Nieli contó que en la
década del 90 del lado paraguayo
hubo un desplazamiento de
campesinos pobres para permitir
el avance de estos ganaderos
religiosos, instalados en el país
vecino desde hace unos sesenta
años “Estos menonitas hicieron
un canal y desvían el agua
apoyándose en el proyecto
Pantalón, que está cinco
kilómetros más abajo del actual
desvío”, explicó.
La falta de agua, y de peces,
que no pueden remontar el río
(y la posterior mortandad de
animales de los campesinos y
originarios), generó el año
pasado una movilización de las
poblaciones indígenas de los
tres países, dado que basan su
economía en la pesca.
Para Nieli, es llamativa “la
ausencia de acciones de fondo
que puedan solucionar de lleno
este problema”. El año pasado
los gobiernos de Argentina y
Paraguay acordaron, en el
marco de la Comisión
Binacional del Pilcomayo,
obras para profundizar el
cauce del río. Pero en
noviembre pasado otra vez el
agua comenzó a decaer del
lado argentino y ahora están
escurriendo hacia el lado
paraguayo.
otrosterritorios / 7
derechos humanos hoy / ambiente
La mayor de las tristezasCARTA ABIERTA AL PRESIDENTE FERNANDO LUGO
DANIEL NIELI* mejoramiento del ambiente”,
“…el delito ecológico será
definido y sancionado por la
ley. Todo daño al ambiente
importará la obligación de
recomponer e indemnizar.”
Este 14 de mayo le pido
humildemente señor
Presidente, que, además de los
festejos patrios, pueda ocupar
un espacio de su pensamiento
para la familia de Claudio
González, y ayudarnos a
encontrar Justicia.
Justicia y pensar en el
desastre ecológico que está
ocurriendo en estos mismos
momentos en el Río
Pilcomayo, y en las miles de
familias que en los meses que
siguen no van a tener nada
para comer debido a una obra
innecesaria
Porque de no ser así, como
dijo nuestro escritor Eduardo
Galeano “Ser independientes
es una tarea pendiente”.
Lo saludo atentamente.
*Comunidad Misión La Paz ,
Salta , Argentina
Ante todo quiero saludarlo,
a Usted, a su Gobierno y a todo
su Pueblo, que por
sentimientos Patrióticos
Latinoamericanos, también es
el mío.
Este 14 de mayo se
cumplirán 200 años desde
aquel 1811 en el que los
grandes libertarios declararon
la independencia del Paraguay;
hombres y mujeres del tamaño
de Fulgencio Yegros, Vicente
Iturbe, Pedro Juan Caballero,
José Gaspar Rodríguez de
Francia, entre tantos muchos
independentistas no pueden
quedar ausentes de tamaño
homenaje; como es injusto no
recordar a quienes día a día
lucharon y luchan para que la
independencia sea sostenida y
defendida.
También quiero señor
Presidente, aprovechar esta
ocasión histórica para pedirles
disculpas a todos los
ciudadanos paraguayos que
están en su país y a los que se
encuentran en cualquier parte
del mundo, por los terribles y
horrorosos hechos ocurridos
durante la vergonzosa guerra
de la triple alianza; 5 años de
genocidio por el que aún hoy
Argentina, Brasil y Uruguay
deberían expresar su más alto
repudio público.
Pero, señor Presidente,
nuestra alegría este 14 de mayo
dista de ser plena; existen dos
hechos que, por sí solos,
producen la mayor de las
tristezas; me refiero al desvío
del Río Pilcomayo en la zona
conocida como “el Pantalón”,
y al asesinato de Claudio
González sobre el Puente
Internacional Misión La Paz-
Pozo Hondo.
El primero de los hechos
produjo la mayor mortandad
de peces que se recuerde sobre
un río internacional; ya
durante el año 2010 esa obra
de canalización hizo que
padecieran hambre miles y
miles de pobladores de los
pueblos originarios de
Argentina, Bolivia y también
Paraguay; y ahora, mayo de
2011 la situación se repite con
mayor gravedad.
El segundo de los hechos
ocurrió el 20 de marzo de 2011,
cuando un poblador joven de
la Comunidad Indígena de
Misión La Paz fue asesinado a
golpes por parte de integrantes
de la Armada; y aunque ocurrió
sobre un puente internacional
que no tenía ningún control
por parte de Argentina o
Paraguay, el hecho al día de
hoy mayo de 2011, sigue sin
esclarecerse.
Si pensara en un indicador
claro de que la República del
Paraguay es independiente, lo
haría pensando en la
Constitución Nacional, por
ello, invoco a la Constitución
Nacional del Estado que usted
tan dignamente representa,
para recordar que en el
Capítulo ll artículo 15 dice
claramente que: “…nadie
podrá hacer justicia por sí
mismo ni reclamar sus
derechos con violencia”, y en el
Capítulo l artículos 7 y 8 dicen:
“Constituyen objetivos
prioritarios de interés social la
preservación, la conservación,
la recomposición y el
8 / otrosterritorios
derechos humanos hoy / protesta estudiantil
La Jefatura de Policía
aseguró esta semana que “no
realiza ninguna actividad de
vigilancia o seguimiento,
aludida y adjudicada errónea o
malintencionadamente a
nuestra institución”. La
desmentida se debe a que en la
protesta de los estudiantes del
Bachillerato Artístico Tomás
Cabrera tres hombres de civil,
pelo corto y gorrita, filmaban
a los estudiantes. Para los
manifestantes, eran policías.
“En el ámbito policial, no
existe ninguna actividad o
disposición alguna de
autoridad policial u organismo
Eso no se haceLA POLICÍA DIJO QUE NO ES VIGILANTE
Viejas y nuevas discusiones. Un comisario fue echado por reprimir a niños y adolescentes.El ministro de Gobierno aseguró que solo se hace inteligencia criminal. Una militante de
derechos humanos, ex presa política, dijo que la D2 no está desmantelada.
superior que haya ordenado
realizar seguimientos,
vigilancias o filmaciones a
personas, grupos o entidades
en particular”, añadió la
Jefatura en un comunicado
fechado el miércoles pero que
se difundió el jueves último,
horas antes de que el ministro
de Gobierno, Seguridad y
Derechos Humanos, Pablo
Kosiner, concurriera a dar
explicaciones en la Comisión
de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados. La Red
por la Defensa de los Derechos
Humanos había pedido que
fuera interpelado.
El incidente con los
supuestos policías que
filmaron a los chicos y chicas
del Tomás Cabrera ocurrió
cuando las actividades de
persecución política y
espionaje ideológico por parte
de la Policía están siendo
revisadas en el juicio oral y
público por el secuestro y
desaparición del ex
gobernador Miguel Ragone, en
el que está siendo juzgado el
comisario general (r) Joaquín
Guil, sindicado como el jefe del
área que perseguía a militantes
políticos y gremiales.
En el debate se pidió la
incorporación de documentos
de la Policía que demuestran la
existencia de áreas específicas
dedicadas a esta actividad:
Contralor General, el
Departamento de
Informaciones Policiales y la
Dirección de Seguridad. Todas
con acciones de inteligencia
sobre las actividades políticas y
gremiales. A pesar de que
sufrieron cambios en su
designación, esas áreas siempre
se conocieron en la jerga policial
como D2 (Departamento 2). En
2007 se supo que seguían en
actividad, cuando realizaron
tareas de seguimiento a
docentes, políticos y periodistas
vinculados a la protesta docente
que se llevó a cabo ese año,
durante la gestión de Juan
Carlos Romero.
“No se realiza inteligencia
política, el uso de la inteligencia
policial es para cuestiones
criminales”, sostuvo Kosiner en
Diputados al ser convocado para
informar sobre la represión a los
estudiantes. El diputado Carlos
Morello (Libres del Sur) insistió
en que se hizo una filmación de
las marchas y pidió que se
informe si está en manos de la
Policía y con qué objetos se hizo.
Los otros legisladores
adhirieron a su pedido.
El ministro insistió en que
no se practican tareas de
inteligencia sobre partidos o
militantes políticos. “No hay
ánimo de persecución. Tenemos
compromiso con la libertad de
expresión”, afirmó. El ministro
informó también de su decisión
de relevar al jefe de la Unidad
Regional Nº 1, Roberto Flores,
el funcionario que estuvo a cargo
de la seguridad en la protesta
estudiantil.
En otro punto de la ciudad,
a la tarde de ese mismo día,
Mirta Torres, de Familiares de
Detenidos Desaparecidos por
Razones Políticas, Gremiales y
Sociales, aseguraba, en el acto
recordatorio de los
desaparecidos de la
Universidad Nacional de Salta,
que la Policía viene realizando
tareas de control y espionaje
político desde la década del 50.
“Esa famosa D2, que aún no ha
sido desmantelada”, aseguró.
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derechos humanos hoy / campesinos
Ser o no ser indígenaEN EL PLANO DEL DERECHO, EN EL PLANO DE LA ORGANIZACIÓN
ALBA SILVA
Un fallo del Superior Tribunal de
Justicia de Córdoba absolvió a ocho
campesinos enjuiciados como
“usurpadores” de sus propios territorios
ubicados en el noroeste de Córdoba. El
alto tribunal, en lo que el movimiento
nacional campesino indígena (MNCI)
considera un “fallo histórico”,
antepuso los derechos posesorios de las
familias campesinas por encima de los
títulos de propiedad de un privado.
Sin dudas una medida inédita, que
pondría en un plano de igualdad los
derechos de los criollos con los de los
indígenas con la diferencia que los jueces,
para fallar en casos que involucran a los
originarios, cuentan con
la Constitución
Nacional, tratados
internacionales, el
Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de
los Derechos de
los Pueblos
Indígenas votada
en las Naciones
Unidas en el 2007.
Los campesinos,
en cambio, recién
están peleando una
ley en el Congreso
para impedir
desalojos y buscan la
manera de titularizar
los territorios de
ocupación por
generaciones los que,
justamente, están en la
mira de los
inversores.
La irrupción del campe-
sinado organizado en el escenario político
trajo esperanzas a un sector que
históricamente no había alcanzado a
establecer herramientas defensivas, a
excepción de la experiencia de las Ligas
Agrarias en los 70.
El Movimiento Campesino de
Santiago del Estero (MOCASE), que en
2010 cumplió veinte años, sirvió de
inspiración a productores pequeños,
agricultores familiares, cooperativistas de
todo el país que, tras la experiencia de los
90 y con el auge de la soja, encontraban
amenazada la posesión de sus campos por
desalojos que de un día para otro los
dejaban en las periferias de las ciudades.
En la agenda de los
distintas organizaciones
campesinas no sólo está
el tema de la
titularización de
las tierras sino también el
acceso al agua, que incluye la
lucha contra el envenenamiento
de los cursos, impedir desmontes por
fuera del ordenamiento territorial que la
ley de bosques dispone en cada provincia;
en definitiva, resguardar el derecho a un
ambiente sano que todo ser humano
posee y la consecuente reproducción de
la vida.
El 19 de abril pasado, día internacional
de la lucha campesina, el Movimiento
Nacional Campesino Indígena (MNCI)
presentó en el Senado de la Nación un
proyecto de ley para frenar los desalojos
de campesinos criollos en todo el país.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre ser o
no ser indígena en el plano judicial? Lo
explica la abogada Silvina Ramírez,
presidenta de la Asociación Argentina de
Derecho Indígena (AADI): “Es cierto que
los pueblos indígenas tienen mucha
normativa y los campesinos no, por eso
tenemos que hacer un análisis de doble
vía, por ejemplo, en Santiago del Estero,
los campesinos recuperan identidad
ancestral en una acción que puede ser
estratégica (es conveniente el paraguas
jurídico internacional), pero también
auténtica (están buscando realmente esa
pertenencia cultural)”.
“Esto se está dando a nivel mundial,
sobre todo con minorías nacionales que
después del desmembramiento de la
Unión Soviética buscan espacios de
pertenencia; por ejemplo los kurdos que
no tienen territorio, o los serbios. Lo que
hacen es intentar entrar en la categoría
pueblos originarios para aprovechar el
Convenio 169 y la Declaración de los
Derechos de las Naciones Unidas”.
“Para mí esto que mencionamos de los
países del Este europeo es una
complicación porque socava la
reivindicaciones de los indígenas. Veamos
cuál es el fundamento de los pueblos
originarios, el hecho de que estaban
asentados en los territorios antes de la
llegada de los conquistadores. Son
preexistentes” a todas las formaciones
históricas que en los distintos continentes
se dieron los colonizadores.
“Además están las particularidades
espirituales, de territorio, de lengua
compartida y pautas culturales que tienen
continuidad en el tiempo”, sostuvo
Ramírez al agregar que “en el caso de los
campesinos no es así, aún cuando hayan
llegado hace cientos de años no tienen
línea de continuidad histórica. Sí pueden
argumentar la necesidad de la protección
jurídica de la tierra, por ejemplo. Bueno,
está claro que el campesinado tiene que
avanzar en sus conquistas”, indicó
Ramírez en torno a un debate que se
impone y que involucra los derechos para
miles de familias de campesinos en todo
el país.
AN
DR
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FE
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10 / otrosterritorios
derechos humanos hoy / pueblos originarios
Resguardar derechos comunitariosOTRA DISCUSIÓN POR FONDOS PARA REFORESTAR
Fondos de la Ley de Bosques fueron entregados a empresarios que están en tierrasdisputadas con comunidades originarias. En la zona de Orán una comunidad kolla reclama
revisar la situación. Ambiente no contestó.
LAURA URBANO
Mientras que algunos políticos se
pelean por supuestas corrupciones en el
manejo de los fondos de la Ley de
Bosques, se sigue omitiendo el análisis
que apunta a la ilegitimidad de otorgar
esos fondos a quienes tienen conflictos
con pueblos originarios y, a pesar de ello,
reciben dineros destinados, en teoría, a
conservar bosques que siguen talando.
Estos casos no se mencionan. No se
denuncian si no surge de las
comunidades, o de partidos minoritarios
que no son escuchados por sus pares. En
enero último el Ministerio de Ambiente
recibió una nota en la cual se le pedía que
suspenda los permisos, con el propósito
de frenar la tala, extracción de madera
tirada o parada, desmontar, forestar o
criar ganados en tierras que reclama la
comunidad Kolla Finca San Ignacio, en la
zona de Orán. La cartera ambiental no
solo desoyó el pedido, sino que además
aprobó y depositó 146.740 pesos a los
titulares registrales de la finca, que son
señalados como quienes llevan a cabo esas
acciones contra la Comunidad.
En mayo la Comunidad pidió la
suspensión del pago de
estos fondos. Y está
en análisis
“jurídico y técnico por parte de (la
Secretaría de) Política Ambiental”,
informaron desde la cartera ministerial.
Sin embargo, no llegaron las
respuestas sobre los motivos por los que
se dieron fondos a privados que están en
tierras en disputa con los pueblos
originarios. Una de las razones, que
seguro se aducirá, es que no existe pelea
judicial alguna. Y es que aunque las
presentaciones se hicieron, el juez federal
de Orán, Raúl Reynoso, rechazó el año
pasado un recurso de amparo presentado
por la Comunidad con el fin de que se
respeten los derechos protegidos por ley.
A pesar de ese rechazo, la Comunidad
Kolla, ya en enero, describía en un largo
texto presentado al Ministerio de
Ambiente, que su hábitat “es sometido a
un constante proceso de destrucción,
desplazamiento y dispersión”. La historia
de esa forzada migración de la mayor
parte de la Comunidad se remite a más
de treinta años, momento desde el cual
distintos administradores de titulares
registrales que apenas son conocidos por
la Comunidad, ingresaron a estas tierras
invadiendo en nombre de su ley: el papel
que en la Dirección de Inmuebles los
sindica como propietarios. Los
cementerios, las casas, las mejoras, las
huellas de la escuela dentro de la
Comunidad, entre otros aspectos (sin
contar aquí las normativas que
reivindican los derechos de las
comunidades originarias), representan
una realidad ausente a los ojos de los
poderes del Estado.
la Comunidad kolla pidió a Ambiente quesuspenda los permisos para frenar la tala.
La cartera ambiental no solo desoyóel pedido sino que depositó
146.740 pesos a favor de la empresacuestionada.
otrosterritorios / 11
derechos humanos hoy / pueblos originarios
Invasores
Según cuentan los pobladores más
viejos de la Comunidad, que nacieron allí
y ahora tienen 85 años, el primero en
llegar al lugar fue Marcos Martinusi, en
1971. Instaló un aserradero y taló el
bosque durante dos años. Baleó animales
que criaba la Comunidad y, sobre la “base
de amenazas y miedos”, logró dispersar a
los comuneros, dijo el representante legal
de la Comunidad, Hernán Mascietti. En
1974 Martinusi se fue y dejó lugar a la
empresa PRECOR SA, con la
administración de Alfredo Martínez. Se
obligó a los kollas a trabajar por comida
bajo amenaza de echarlos del lugar. La
reforestación con pinos paraísos y álamos
avanzó, y los balazos contra los animales
también. En 1980 los kollas fueron
intimados a pagar por pastaje 50 pesos el
primer mes, 100 el segundo, 150 el tercero
“y así sucesivamente”. “Muchos se fueron
de la Comunidad. Después vinieron las
amenazas directas que se tenían que ir
porque les iban a balear todos los
animales”, por órdenes de los superiores
de Martínez. “A raíz de esta orden
mataron gran cantidad de ganado,
muchos se retiraron con lo poco que les
quedaba”. En 1991, llegó al lugar la firma
Serendiliti SRL, representada por
Eduardo Olivera hasta 1994, sin que
cambien las actitudes, similares a las del
administrador anterior.
En 1995 volvió PRECOR, representada
esta vez por Gonzalo Álvarez. Algunos
miembros de la Comunidad hicieron
trabajos para esta empresa y actualmente
siguen prestando servicios con recibos de
sueldo desde hace poco tiempo. En
diciembre de 2007 la empresa se
renombró como San Ignacio SRL y se
solicitó a la Comunidad que vendieran los
animales a la firma o los retirasen de estas
tierras. Ya en aquel momento solo
quedaban las familias Aguirre, Guerrero,
Vides, Vázquez, Velazquez, y Soto, con sus
viviendas de madera.
En 2008 ingresó la empresa Madera
del Zenta SRL que trabaja en sociedad con
San Ignacio SRL. “Las aéreas forestadas,
en su totalidad, eran partes desmontadas
por la misma gente para sus multicultivos
y el área donde está la empresa era el
según cuentan los pobladores más viejos,el primero en llegar fue Marcos Martinusi.
Baleó animales y, sobre la base deamenazas y miedos, logró dispersar a
los comuneros.
poblado donde más cercanas estaban las
casas unas de otras alrededor de la
escuela. Tuvimos que mudar la capilla y
la cancha hacia donde están ahora”,
indicaron los kollas en su relato al agregar
que todos los días, entran y salen
camiones sacando madera de sus tierras.
A la queja ahora también se agrega la que
se encuentran realizando quienes
conforman la Comunidad Kolla de San
Andrés.
12 / otrosterritorios
memoria / miguel ragone / el juicio por su desaparición
La revisión de los violentos
años setenta que posibilita el
juicio oral y público por el
secuestro y desaparición del ex
gobernador Miguel Ragone
está dejando en claro que en
Salta, y en la región, la Triple
A se manifestó a través del
autodenominado Comando
Libertadores de América, que
concentraba su fuerza criminal
en Córdoba, donde aún está
por realizarse (se espera que
este año) el juicio por los
crímenes cometidos por la
banda del comisario Vergez.
El Comando Libertadores
de América ha resonado en
más de una audiencia en la sala
de grandes juicios de la Ciudad
Judicial, en las afueras de Salta
Capital. “A mí me mandaban
cartas del Comando
Libertadores de América, que,
tengo entendido, era la filial de
la Triple A en Salta”, contó el
diputado nacional Marcelo
López Arias en su declaración
prestada el 16 de mayo. La
correspondencia contenía
amenazas.
Comando Libertadores de AméricaLA CARA DE LA TRIPLE A EN EL NOA
Surgió de fuerzas policiales y parapoliciales de Córdoba. Se espera que este año se haga eljuicio por los crímenes en ese ámbito. En Salta, se adjudicó el homicidio de Pedro Ureña, y
muchas personas recuerdan sus amenazas.
López Arias había sido juez
de instrucción y presidía el
Colegio de Magistrados. El 24
de marzo de 1976 renunció a
estos cargos, conciente de que
no había garantías para
continuar ejerciendo la
magistratura y de que su
propia vida corría peligro. Ese
día había sido detenido por
unas horas. Como abogado, se
hizo cargo del estudio de
Holver Martínez Borelli, ex
rector de la Universidad
Nacional de Salta, que había
tenido que partir al exilio.
También el testigo Gerardo
Bavio, que en 1973
acompañara la candidatura de
Ragone a la gobernación y
luego fuera intendente de la
ciudad de Salta, trajo a la
memoria al Comando
Libertadores de América,
aunque en un contexto más
general. Estaba memorando la
represión anterior al golpe de
Estado del 24 de marzo; se
calcula que la Triple A cometió
alrededor de 1.500 crímenes,
“hasta que a fines del 75
comienza a ser reemplazada
por comandos de las Fuerzas
Armadas. Aparece el Comando
Libertadores de América”,
recordó.
Bavio cree que él mismo
salvó su vida gracias a la
detención que sufrió. Primero
estuvo en el penal de Villa Las
Rosas y en diciembre de 1974
lo trasladaron a la cárcel de
Devoto. Recuperó la libertad
en febrero de 1975 y volvió a la
militancia, esta vez con el
gobernador de Mendoza,
Alberto Martínez Vaca; el de
Buenos Aires, Oscar Bidegain;
Jorge Cepernic, de Santa Cruz,
y otros dirigentes formaron el
Partido Auténtico con el
propósito de participar en las
próximas elecciones. Bavio lo
ve ahora como una actitud
“ingenua” de su parte. Ya el
golpe se cernía sobre el país.
En septiembre de 1975, vino
a Salta, junto a Cepernic y
Martínez Vaca, en un intento
por incorporar a Ragone pero él
ya tenía claro que era imposible
sostener al Partido Auténtico en
esta región, marcada por la
represión desatada,
ELENA CORVALÁN anticipadamente, con el
Operativo Independencia.
Esa fue la última vez que
Bavio vió a Ragone. Cuando el
médico fue secuestrado, el 11
de marzo de 1976, Bavio ya
estaba en México, exiliado
luego de recibir amenazas de la
Triple A. Recién regresó al país
a comienzos del 90.
Aunque no lo dijo en este
debate, también el periodista e
historiador Gregorio Caro
Figueroa sufrió las amenazas
del Comando Libertadores de
América. Según contó en una
nota publicada en mayo de
2007 en el portal iruya.com, en
1970, el periódico salteño
Democracia, en el que él
trabajaba, recibía “amenazas
telefónicas y escritas de la
extrema derecha del ‘Comando
Libertadores de América’”.
En Tartagal, en diciembre
de 1975, Nicolasa Esther
Tristán desesperaba tras la
desaparición de su marido,
Pedro Urueña, que había sido
secuestrado de su casa por
cinco hombres, cuando en una
de las llamadas telefónicas que
la amenazaban y le exigían un
rescate, le avisaron que le
habían enviado un sobre:
contenía un comunicado del
Comando Libertadores de
América que se adjudicaba el
secuestro y, ya, la ejecución de
su esposo, por “comunista
leninista”.
la revisión que posibilita el juicio por la desaparición
de Miguel Ragone está dejando claro que enSalta la Triple A se manifiestó a travésdel autodenominado ComandoLibertadores de América
otrosterritorios / 13
memoria / juicio por la desaparición de miguel ragone
El cuerpo de Urueña,
médico y militante
justicialista, fue encontrado,
dinamitado, el 17 de diciembre
de 1975, en el lugar que
señalaba el comunicado, en el
camino a Balbuena, a unos
setenta kilómetros de la ruta
nacional 34.
Por este crimen están
procesados, desde
noviembre del año pasado, el
general (r) Héctor Ríos
Ereñú, y el también militar
Luis Arnaldo Bruno. Ríos
Ereñú era jefe del
Regimiento de Infantería de
Monte 28, con asiento en
Tartagal. Como tal, estaba a
cargo de la Subárea 322-1.
El eje del mal
El Comando Libertadores
de América se fundó en
Córdoba, sede también del III
Cuerpo del Ejército, bajo cuyo
jurisdicción estaba toda la
región NOA, a los fines de la
lucha antisubversiva.
Se espera que este año se
lleve a cabo el juicio por los
delitos cometidos, antes del 24
de marzo de 1976, por militares
y policías que integraban el
Comando Libertadores. Se
trata de ciento seis crímenes,
si se acumulan las dos causas
en las que se investigan estos
hechos.
En una de estas causas,
cuyo proceso está más
David Leiva y Marcelo López Arias. Abogado y testigo Luqui de Pfister Frías y Roberto Perdía. En un cuarto intermedio
avanzado, está acusado el
militar Héctor Vergez, quien
lideró el Comando Libertadores
de América, que en Córdoba se
considera como una suerte de
“versión local” de la Triple A,
aunque también tuvo
participación en tota la región
bajo el mando del III Cuerpo del
Ejército. Eso es lo que se
desprende de la experiencia de
perseguidos políticos de Salta, y
la información que se ha logrado
reunir en distintas causas que se
tramitan aquí, como la causa
por Ragone.
De acuerdo a las constancias
presentadas en la denuncia
judicial realizada en febrero de
2007 por la CONADEP
Córdoba, el Comando
Libertadores de América
actúo “desde mediados del
año 1975 hasta el golpe de
Estado del 24 de marzo de
1976”. En aquella provincia el
grupo terrorista estaba
integrado por militares y
agentes del D2, el
Departamento de
Informaciones que también
tenía la Policía cordobesa.
Además del entonces
capitán Vergez, en la lista de
fundadores se cuentan
suboficiales del Ejército, jefes
y agentes de la Policía
cordobesa y civiles que están
adscriptos como “personal de
inteligencia” del Ejército.
VOLANTE/ El abogado David Leiva, querellante por la organización Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia de Orán, pidió al Tribunal Oral en lo Federal de Salta que se incorpore
como prueba un volante que, según dijo, fue rescatado de ser quemado en una
biblioteca de esta ciudad. El volante es de octubre de 1974. Es de un tal Comando
Antiimperialista Argentino y tiene una nómina de condenados a muerte por “actividades
antipatria”. Entre otros, figuran Miguel Ragone, Héctor Manuel Canto, Holver Martínez
Borelli, Enrique Pfister Frías. La Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) al principio fue
conocida como Alianza Antiimperialista Argentina.
14 / otrosterritorios
memoria / juicio por la desaparición de miguel ragone
El 7 de abril último el
coordinador del Programa
Verdad y Justicia, Juan
Guillermo Valera Laterrade,
recomendó al Tribunal Oral en
lo Federal, integrado por los
jueces Liliana Snopek, Carlos
Jiménez Montilla y Luis
Giménez, modificar de modo
“extremadamente urgente” las
condiciones de detención de
los imputados en la causa
Ragone.
El Programa, que depende
del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la
Nación, ya había hecho
manifestaciones verbales en tal
sentido en diciembre de 2010
y el 5 de abril de este año y por
escrito en un “informe de
riesgo” entregado el 1 de abril.
Los beneficios de ser represorEL TRIBUNAL NEGÓ LA PRISIÓN COMÚN PARA LOS ACUSADOS
Ni bien se inició el juicio, el programa Verdad y Justicia pidió que se levanten las prisionesdomiciliarias y las excarcelaciones, en resguardo de los testigos. Pero para el Tribunal no hay
riesgo alguno. Como ser represor y esquivar, una vez más, la prisión.
En la última presentación
argumentó que con el régimen
de prisión domiciliaria o
libertad “los procesados
pueden fugarse o perjudicar el
desarrollo del proceso
eliminando pruebas,
amedrentando testigos o
e x t o r s i o n á n d o l o s ,
aprovechando sus vínculos con
elementos que aún revisten en
las fuerzas de seguridad y en el
medio social”. En esta causa
están siendo juzgados el ex jefe
del III Cuerpo del Ejército,
Luciano Benjamín Menéndez;
el ex jefe de la Guarnición
Ejército Salta, Carlos Alberto
Mulhall; el ex jefe de la Policía
salteña, Miguel Raúl Gentil; el
ex director de Seguridad de
esta fuerza, Joaquín Guil; los
policías (r) Andrés del Valle
Soraire, Pedro y Raúl Herrera
y el civil Héctor Zanetto.
Entre los hechos
“demostrativos de que el
peligro anunciado es una
realidad”, el Programa recordó
las amenazas y acciones
intimidatorias que recibieron
algunos testigos, como Luis
Obrero Iñíguez, el secuestro
temporal de su pequeña hija;
y la presencia intimidatoria de
un ex policía que soportó el
abogado querellante David
Leiva el día antes del inicio del
juicio.
Además, el Programa
destacó el hecho de que
Joaquín Guil, que está siendo
juzgado en este proceso, “está
relacionado con una empresa
de seguridad privada en Salta,
que emplea numerosos
policías retirados, al igual que
el ahora imputado en otra
causa por crímenes de lesa
humanidad, Gustavo
Mosquera, con alrededor de
300 empleados de las mismas
características, con el
agravante, en el último caso, de
que su empresa es la
contratada por el Poder
Judicial provincial para la
custodia del edificio en el que
se desarrolla actualmente la
causa Ragone”.
La presentación no lo
refirió, pero el nombre de esta
empresa es Guardián SRL, que
efectivamente ganó la
licitación para proveer la
seguridad privada en la Ciudad
Judicial. Sus empleados están
presentes en las audiencias. A
Mosquera, que en la década del
70 se desempeñaba en la
Policía Federal de Salta y fue
director técnico del Club
Gimnasia y Tiro, se lo vincula
con estrechos vínculos con
Guil.
Para el Programa Verdad y
Justicia, estos hechos y datos
“tornan imprescindible la
prisión efectiva de los
encausados”, algunos de los
cuales, recordó, ya están
condenados a prisión perpetua
en otras causas. Es el caso de
Menéndez; Mulhall y Gentil.
A casa
Menéndez ya cuenta con
seis condenas a prisión
perpetua, a pesar de lo cual
sigue con el beneficio de la
prisión domiciliaria, que
cumple en la casa de un hijo en
San Miguel de Tucumán. Ni
siquiera abandonó la casa para
asistir al juicio por Ragone, que
sigue por videoconferencia.
Mulhall y Gentil fueron
condenados en diciembre del
año pasado por la matanza de
once presos políticos cerca de
la localidad de Palomitas,
hecho cometido el 6 de julio de
1976.
De ellos solo Guil conoció
la cárcel común. Fue en otra
otrosterritorios / 15
memoria / juicio por la desaparición de miguel ragone
etapa, en 1973, cuando en el
gobierno de Ragone fue
acusado por los apremios
ilegales y torturas cometidos
durante la dictadura de Juan
Carlos Onganía. Denunciado
por la Jefatura de Policía,
entonces a cargo de Rubén
Fortuny, el hombre fuerte de la
Policía de Salta fue detenido,
como parte de un grupo de más
de veinte oficiales, integrantes
de la conocida como “banda de
los comisarios”, por orden del
juez Mario Salvadores.
Los comisarios
recuperaron la libertad a fines
de 1973, cuando ya Fortuny
había sido asesinado. La
amnistía que dictó el gobierno
nacional les permitió volver a
la fuerza. Y Guil siguió sus
andanzas (antes y durante la
última dictadura cívico-
militar), que lo llevaron a
nuevas acusaciones por
violaciones a los derechos
humanos. Sin embargo, solo
estuvo detenido unos pocos
días, en 2007.
Primero fue retenido unas
horas apenas, en junio de
2007, cuando la jueza ad hoc
Gladis Comas lo indagó en
relación a la masacre de
Palomitas. Para entonces ya
había cumplido setenta años y
podía solicitar el beneficio de
la prisión domiciliaria, cosa
que hizo y obtuvo en pocas
horas. En noviembre de ese
mismo año el juez federal Abel
Cornejo lo mantuvo en prisión
durante varios días, por el
secuestro y homicidio del
militante Eduardo Fronda.
Luego volvió al calor hogareño,
bajo la custodia de su esposa.
Ninguno de los acusados
está en la cárcel porque
también Soraire fue
beneficiado con la prisión
domiciliaria. Y los otros tres,
los hermanos Herrera y
Zanetto, están excarcelados.
En una resolución del 19 de
abril, el Tribunal decidió
mantener estos beneficios
porque no se ha registrado que
Joaquín Guil está relacionadocon una empresa de seguridad privadaen Salta que emplea policías retirados,al igual que el ahora imputado por crímenes de lesahumanidad Gustavo Mosquera cuya empresa deseguridad custodia el edificio de Tribunales
los acusados hayan incumplido
los requisitos que se les exigen.
Además, “no se han logrado
establecer, con la certidumbre
que es necesaria, acciones en
detrimento de la integridad de
los testigos”. Consideró
también que se debían aplicar
los parámetros establecidos
por la Cámara Nacional de
Casación Penal para el
otorgamiento de la prisión
domiciliaria y la excarcelación
en delitos de lesa humanidad.
El Tribunal compartió que
los testigos están en situación
de vulnerabilidad, “en cuanto a
que los hechos juzgados
generan gran expectativa en la
sociedad salteña y en toda la
Nación” y teniendo en cuenta
que entre los testigos hay
víctimas de la dictadura y
familiares de víctimas. Pero
añadió que tomó los “recaudos
AMENAZAS A SNOPEK/ La presidenta del Tribunal Oral en lo Federal de Salta, Liliana
Snopek, fue amenazada en relación al proceso que se sigue por el secuestro del ex
gobernador Miguel Ragone. El dato se conoció en el marco de la presentación
realizada por el Programa Verdad y Justicia para que se revoque la prisión
domiciliaria o las libertades de los ocho acusados en este proceso. “El goce de la
libertad o la farsa de la prisión domiciliaria constituyen en este caso un privilegio
inaceptable que la responsabilidad derivada del artículo 79 del Código Procesal
Penal de la Nación obliga a eliminar, dada la peligrosidad” de los acusados, advirtió
el Programa Verdad y Justicia.
Recordó lo que ya se sabe: que los acusados tienen capacidad para “perturbar el
desarrollo del proceso”, para eliminar pruebas y para poner en riesgo a los testigos
(cuyas declaraciones pueden ser limitadas o impedidas), a los querellantes, el fiscal y
los propios jueces y los otros funcionarios judiciales. Y señaló que las amenazas a la
propia presidenta del Tribunal son una evidencia de esto.
necesarios” para evitarles
malos momentos. Entre esas
medidas señaló, precisamente,
que dio intervención al
Programa Verdad y Justicia
para que sean sus integrantes
quienes los notifiquen, en lugar
de policías; se evitan dar sus
datos filiatorios e interviene el
Programa Nacional de
Protección a los Testigos.
Mujer muerta, mujer buena
16 / otrosterritorios
LA MISOGINIA EN LA LITERATURA POPULAR
por Elena Corvalán
aprovecharlos hay que golpearlos”, recomiendan en Alemania.
“Una mujer, un asno y un nogal, dan más fruto cuando más les
pegas”, añaden en Inglaterra.
Y en Panamá aconsejan: “Al dar la bendición matrimonial,
al pie del altar, se les dice a los recién casados, dirigiéndose al
hombre: ‘Ahí te entrego esa mujer/ trátala como mula de
alquiler’”. “A las mujeres, pija y palo”, se dice en algunas partes
de la Argentina. Y en España: “El asno y la mujer, a palos se
han de vencer”.
“Espuela quiere el caballo, sea bueno o sea malo; una buena
mujer y una mala, por igual quieren palo”, afirma el proverbio
italiano. En Japón tampoco se quedan atrás: “Golpea a tu mujer
el día de la boda y tendrás un matrimonio feliz”, aconsejan. Los
rusos los superan: “Golpea a tu mujer con un martillo y
encontrarás oro”,
recomiendan. En
Polonia profetizan: “El
que bebe, engordará, el que
hace el amor, estará sano;
el que golpee a su esposa,
se salvará”. En
China son más
d e t a l l i s t a s :
“Puedes golpear a
tu mujer tanto como
gustes, siempre que la
vara no sea más
gruesa que tu
pulgar”.
La antología,
extensa –y
recomendable, por
lo esclarecedora-,
incluye también
este proverbio
alemán: “Hay muchas
mujeres buenas, pero
están muertas.”
En 1998 la escritora Ana María Shúa publicó una obra
imperdible: Mujeres, cabras y mulas, una antología que reúne
cuentos, poemas y refranes de transmisión oral con la sola
condición de “ser violenta y groseramente contrarios a la mujer”.
Shúa señala en el prólogo que estas obras “cumplen una
función didáctica y tienden a demostrar que la mujer es un ser
maligno en diverso grado”. La antología, que “expresa de manera
brutal y directa el odio y el miedo a la mujer”, reúne obras de
todas las culturas. La autora aclara que esta literatura da cuenta
de la misoginia presente en todos los estratos de la cultura, en
hombres y en mujeres, “influidas por muchos siglos de
propaganda en contra”.
Para la cultura occidental y cristiana la mujer es la portadora
de los males, la causante del pecado, como lo describe la Biblia
en el Génesis (incluido también en la antología). Luego de que
Adán probara la fruta prohibida y fuera con el cuento, “Yahvé
Dios le dijo a la mujer: ‘Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus
embarazos, con dolor parirás a tus hijos. Hacia tu marido irá tu
apetencia y él te dominará’.
“Y al hombre le dijo: ‘Por haber escuchado la voz de tu mujer
y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer,
maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él el
alimento todos los días de tu vida’.”
Quedó así habilitada, por la vía divina, la opresión de la
mujer. Declarada culpable, el propio Dios había dictado la
sentencia: ser dominada por el hombre.
Tal vez el relato bíblico explique el odio y el temor a las
mujeres expresado en la literatura popular. Como el que
expresan estas coplas populares argentinas reunidas en la
antología:
La mujer que sale mala,
no hay que andarle con tristeza;
con un palo bien grandote,
se le rompe la cabeza.
De la mujer celosa,
yo sé el remedio,
cortarle las orejas
como a los perros.
Otras obras universales recomiendan mejores curas.
“Darle una paliza a tu mujer de vez en cuando es algo
saludable. Si tu no sabes por qué, ella sí lo sabe”, sentencia
el proverbio árabe. “La mujer, el burro y la nuez, para
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