1

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EL ABORTO EN PAÍSES DEL CARIBE HISPANO1

Alice E. Colón Warren

El aborto realizado en condiciones inseguras se ha reconocido como un problema grave de salud pública a

escala internacional.(United Nations, 1994; United Nations, 1996; World Population Foundation, 1999; United

Nations, 1999) Aún así, su práctica continúa sumida en polémicas y silencios que impiden que millones de las

mujeres que lo realizan anualmente en el mundo lo hagan legalmente y con garantías de un servicio salubre y

adecuado.(Indriso y Mundigo, 1999) Tras los argumentos morales, de salud, o legales, los debates en torno al aborto

recogen de manera emblemática las posiciones en lucha sobre las relaciones de género, la situación social de las

mujeres, la familia y la sexualidad. Las políticas en torno al aborto se encuentran inmersas, además, en las visiones

más amplias sobre la división de esferas sociales, la articulación de los derechos con relación a los ámbitos públicos

y privados y la reproducción como un asunto de género, social y de política pública. (Viveros Vigoya, 2001;

Petchesky, 1990; Silva Bonilla et. al., 1990; Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999)

La comparación de las prácticas, debates y políticas públicas en torno al aborto en diferentes países del

Caribe Hispano-Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba- es en este sentido particularmente

interesante por constituir casi un “experimento social” tanto en términos de sistemas económico- políticos, como

sobre la condición de legalidad y el acceso al aborto inducido. Son sociedades que presentan una tradición cultural

similar en cuanto a sus raíces latinoamericanas y su predominio de la religión católica, con sus visiones particulares

sobre la sexualidad y el doble patrón sexual, que inciden sobre las posiciones en torno al aborto. Esta tradición

cultural común, sin embargo, se da junto a una diversidad de sistemas económicos y de gobierno, así como de

políticas diferentes con relación al aborto.

Colombia y República Dominicana son repúblicas independientes con economías de mercado capitalistas,

1 Publicado originalmente como ensayo introductorio del libro SILENCIOS, PRESENCIAS Y DEBATES SOBRE EL ABORTO EN PUERTO RICO Y EL CARIBE HISPANO, editado por Alice Colón y Elsa Planell, el cual se encuentra en imprenta como parte de la serie de cuadernos del Proyecto Atlantea de la Universidad de Puerto Rico, 2001. Agradezco la colaboración de la Sala de Documentos y Mapas de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico en la búsqueda de referencias para este artículo.

2

en donde el aborto es ilegal. Los Códigos de Colombia (1980) y República Dominicana (1946), de hecho, resultan

entre los más restrictivos en América Latina al declarar el aborto ilegal en todas las circunstancias, aunque también

contienen cláusulas que en la práctica lo han permitido para salvar la vida de la mujer. A pesar de la penalización, no

obstante, a Colombia se le ha reconocido por la presencia de servicios de aborto, debido a una implantación bastante

laxa de la legislación que lo prohibe, y en República Dominicana el aborto terapéutico también se practica por parte

de médicos que incluso lo han considerado legal. (United Nations, 1992 ; Frejka, Atkin y Toro, 1989; Viveros

Vigoya, 2001, Paiewonsky, 1988) Aún así, aunque la persecución y condena de casos por abortos parece ser

mínima, la ilegalidad los mantiene un clima de criminalización y clandestinidad .

En Puerto Rico, por su parte, el aborto es legal a partir de su relación colonial con los Estados Unidos, pero

éste continúa estigmatizado y no se ofrece por el Estado como un servicio de salud pública. (Colón, Dávila, Fernós y

Vicente,1999) Cuba presenta, a su vez, la experiencia de un Estado socialista que ha legalizado el aborto como un

servicio de salud pública, y donde la problemática en cuanto a éste se plantea en términos de la incidencia y

salubridad de su práctica en comparación con otros métodos de regulación de fecundidad. (Álvarez Vázquez, 2000;

Álvarez Vázquez et. al., 1999)

Los trabajos por Esther Vicente (2001) , Dinnys Luciano Ferdinand (2001), María Dolores Fernós (2001),

Ana Luisa Dávila (2001), Luisa Álvarez Vázquez (2001) y Mara Viveros Vigoya (2001), en los cuales

concentramos en este ensayo, dan cuenta de esta diversidad, así como de diferentes dimensiones que se presentan en

la discusión y análisis del aborto. Entre éstas se discuten su frecuencia y cómo varía entre sectores de mujeres, la

relación entre el aborto y la anticoncepción, el aborto como un problema de salud pública, los valores e intereses

subyacentes en los debates relacionados con la práctica, y su defensa como un derecho personal y social, así como

una condición para la ciudadanía de las mujeres, es decir, de las humanas. Ofrecen así la posibilidad de una

discusión rica sobre los términos de los debates y políticas en torno aborto y sus implicaciones para las relaciones de

género y socio-políticas más amplias.

Frecuencia del aborto y su diversidad entre sectores de mujeres

3

El silencio y el estigma con relación al aborto impide que conozcamos la magnitud exacta de su práctica en

el Caribe, así como en gran parte del mundo. (Indriso y Mundigo, 1999) Según puntualiza Álvarez Vázquez (2001),

la ilegalidad del aborto dificulta en la mayoría de las sociedades el ofrecer cifras precisas sobre su frecuencia y cómo

ésta varía entre diferentes conjuntos de mujeres. El trabajo de Dávila (2001), por su parte, nos indica que el clima de

clandestinidad en el cual se sume aún siendo legal, también le impide a muchas mujeres el ofrecer información

confiable sobre este comportamiento, considerado tabú y negativo, incluso a través de encuestas que ofrecen

garantías de confidencialidad. El hecho de que no se ofrezca como un servicio de salud pública y su realización en

facilidades privadas, por otra parte, añaden a la dificultad de su registro, sobre todo cuando no ocurre en clínicas

identificadas como proveedoras de este servicio, sino en oficinas de médicos particulares.

Una investigación en Colombia, en la cual las mujeres contestaron a solas los cuestionarios sobre su

práctica abortiva, parece haber arrojado resultados más precisos. (Zamudio, Rubiano y Wartenberg,1999) Se puede

afirmar, sin embargo, que en América Latina, únicamente Cuba, con su oferta de servicios en centros de salud

estatales, permite las condiciones para un registro más amplio y la apertura para obtener la información más exacta

sobre las prácticas reproductivas y el aborto. (Indriso y Mundigo1999; Frejka, Atkin y Toro, 1989; Álvarez

Vázquez,2001) Este desconocimiento no sólo impide que la sociedad responda a la necesidad de este servicio y a

las condiciones relacionadas con el aborto entre diversos sectores de las mujeres, sino que esconde su generalidad y

refuerza para cada una el sentido de aislamiento y de clandestinidad.

A pesar de no contar con información cuantitativa detallada al respecto, como bien indican Fernós (2001) y

Álvarez Vázquez (2001), el aborto aparece como una práctica generalizada a través de la historia de nuestras

sociedades. Con las cualificaciones señaladas, la frecuencia del aborto registrada en documentos comparativos

alrededor de los años noventa era superior en Cuba, pero aparecía elevada también en Colombia y República

Dominicana, aunque menor en Puerto Rico. Si bien en Cuba se contabilizaban hasta 400 abortos o más por cada

1000 embarazos, las cifras eran superiores a los 250 en Colombia y en República Dominicana, mientras en Puerto

Rico se estimaban alrededor de los doscientos (200). (Naciones Unidas,1995) Las tasas anuales por cada 1000

mujeres en edad reproductiva aparecían aún más similares, con cálculos que reflejaban un descenso hasta niveles de

entre 40 a 50 en Cuba, mientras parecía aumentar a 35 en Colombia y hasta a 44 en República Dominicana. Las

4

cifras contrastan con los estimados de 20 abortos anuales por cada 1000 mujeres en Puerto Rico. (Naciones Unidas,

1995; United Nations, 1992;Valdés y Gomáriz, 1995) Como bien discute Dávila (2001), el dos porciento de mujeres

en este país, y hasta el porcentaje superior (alrededor de 16%) de las puertorriqueñas en Nueva York, que aceptaron

haberse inducido un aborto en las encuestas analizadas por esta autora, nos parecerían en este sentido un subregistro.

Diferentes autoras han destacado la necesidad de que las discusiones se enfoquen sobre las condiciones en

que se realizan las prácticas reproductivas, más que en las decisiones específicas en cuanto a la regulación de la

fecundidad. (Petchesky, 1990; López, 1994) Según nos señala Ivonne Gebara, una religiosa brasileña, “las mujeres

nunca abortan solas”, sino en un contexto que lo restringe, permite o propicia, en comparación con las opciones de

evitar un embarazo o llevarlo a término. (Campaña 28 de Septiembre, 1999?) Nuevamente los problemas de registro

mencionados limitan los análisis, pero las discusiones sobre las características de las mujeres que han recurrido al

aborto nos sugieren algunas hipótesis y preguntas acerca de las condiciones que inciden en su práctica en los

distintos países.

En Cuba, donde el sistema económico político ha tendido a reducir las desigualdades sociales y económicas

y su impacto en el acceso a los servicios, son la edad, junto a los factores asociados a la relaciones de pareja y a las

estructuras familiares las que, de acuerdo a Álvarez Vázquez (2001), pesan más en la práctica del aborto. Han sido

las mujeres jóvenes (hasta 20-24 años), las solteras, las que no convivían con su pareja o vivían en uniones

consensuales o inestables, las que más han propendido a abortar, aunque el aborto es frecuente a través de todos los

conjuntos de mujeres. Otros factores e indicadores del nivel socioeconómico, como el nivel de escolaridad, el

empleo o el hacinamiento, aunque con algún impacto, parecen menos importantes o claras. (Vea también Álvarez

Vázquez et.al, 1999)

La juventud de muchas de las mujeres que recurrieron al aborto sugeriría que se trata de un medio de

posponer la maternidad en una etapa de la vida en la cual todavía no se han definido las relaciones maritales, como

tampoco probablemente las situaciones de trabajo, profesionales y de otro tipo. No deja de ser interesante, sin

embargo, que la presencia de una pareja estable parece ser una condición en la decisión de tener un hijo o hija. Nos

5

parece significativo el comentario de la autora con respecto a que parece más aceptable un aborto que tener un hijo o

hija sin padre. (Álvarez Vázquez, 2001) Cabría explorar en este sentido las construcciones de las relaciones de

género que pueden expresarse a través de esta tendencia, incluyendo en qué medida pueden darse expectativas

tradicionales de relaciones legitimadas para asumir la maternidad, o, por otro lado, el reclamo de no

responsabilizarse solas por un hijo o hija, esperando estar en una situación de pareja que permita compartir esta

función social y familiar.

La información para los otros países no es exactamente comparable, pues corresponde a la totalidad de la

práctica abortiva de mujeres encuestadas en el caso de Puerto Rico y Colombia, y sólo a la experiencia de mujeres

que se han practicado abortos en el caso de República Dominicana, no a tasas comparativas en un período particular

como es el análisis sobre Cuba. Al analizar la práctica del aborto entre las puertorriqueñas, Dávila (2001) observa un

patrón en el cual aquéllas que han recurrido a éste son mayores (30-39 años), separadas o casadas, y con experiencia

laboral, mayormente en servicios o profesiones. Las puertorriqueñas en Nueva York que habían recurrido al aborto

tendieron a ser más jóvenes (20-29 años) pero no presentaron en otros aspectos una composición muy distinta.

En el caso de Puerto Rico, donde el acceso al aborto está condicionado por consideraciones económicas y

se ha evidenciado un incremento moderado en el empleo de las mujeres de niveles escolares superiores, se sugiere

un cuadro de mujeres adultas- no necesariamente de estratos económicos inferiores- que han completado el número

de hijos e hijas deseado o el que pueden mantener, enfrentándose a múltiples responsabilidades como empleadas, y

en el caso de las separadas, probablemente como jefas de familia. Estas condiciones parecerían confirmarse en

estudios sobre mujeres que se han practicado abortos y sus razones aducidas para realizarlos, entre las que

predominan la carencia de recursos, las dificultades para asumir las responsabilidades de un hijo o hija, y los

problemas del cuido de la niñez. (Pacheco, 1990; Avilés y Azize, 1992; Naciones Unidas, 1995)

No parece el cuadro de la joven soltera que recurre al aborto para evitar un embarazo concebido fuera del

matrimonio, aunque esta situación también se ha evidenciado (Pacheco, 1990) y puede permanecer más escondida

en la medida que sea más frecuente en estratos superiores y se realice en oficinas de médicos particulares. De hecho,

a pesar de haberse encontrado niveles similares de actividad sexual entre jóvenes de diferentes niveles

6

socioeconómicos, la mayoría de los nacimientos a adolescentes parece darse en estratos inferiores, lo que sugeriría

una mayor práctica anticonceptiva o de abortos entre las de estratos superiores. (Colón, Fernós, Dávila y Vicente,

1999)

Los estudios en República Dominicana, por otra parte, parten de información obtenida a través de mujeres

que se han realizado abortos en hospitales públicos, lo que sesga las observaciones hacia la situación de los sectores

populares urbanos o campesinos. (Paiewonsky, 1988) En estos, el cuadro sugerido es uno de predominio de mujeres

casadas con hijos e hijas, más jóvenes que las puertorriqueñas (20-29 años) en la Isla, las cuales buscan evitar

nacimientos ante una paridad considerada posible en términos responsables o satisfecha. No se observan entre estas

mujeres diferencias por escolaridad o empleo, lo que sugiere condiciones y presiones económicas generalizadas, que

tampoco afectan exclusivamente a las familias con jefas mujeres. También en República Dominicana, sin embargo,

se ha evidenciado el aborto entre jóvenes solteras, presumiblemente sin hijos o hijas y de estratos superiores, que

acuden a médicos en la práctica privada con el objetivo de posponer la maternidad. (Paiewonsky, 1988; Paiewonsky,

1999)

En Colombia, se delínea más claramente una práctica mayor del aborto en ambos extremos de la estructura

socioeconómica (en términos de clase y escolaridad), más probable en casos de embarazos entre jóvenes de estratos

superiores. La frecuencia mayor se dio entre mujeres con experiencia laboral y, como en Puerto Rico y República

Dominicana, adultas jóvenes (20-30 años). En los estratos inferiores se dio en embarazos posteriores, lo que sugiere

una paridad considerada la posible o satisfecha, mientras en los estratos superiores se dio como medida de posponer

la maternidad ante un primer embarazo, o como medio de mantener un número menor de hijos e hijas.

(Zamudio,Rubiano y Wartenberg, 1999)

A partir de su responsabilidad por la maternidad, existe una diversidad de situaciones en las cuales las

mujeres acuden al aborto: las jóvenes que no se encuentran en una relación de pareja considerada necesaria para

continuar un embarazo, o que buscan posponer la maternidad hasta tener la posibilidad de establecer su propio

proyecto de vida; adultas empleadas con múltiples responsabilidades, jefas de familia, así como mujeres casadas

con una paridad satisfecha o ante condiciones sociales y económicas problemáticas. Diferentes presiones pueden

7

encontrarse subyacentes a estas situaciones, tales como los embarazos producto de relaciones sexuales forzadas, el

estigma ante relaciones sexuales no legitimadas, la dificultad de asumir la crianza sin pareja, las presiones de tiempo

y energía ante una multiplicidad de roles y funciones, y recursos económicos insuficientes. El aborto aparecería

como un ejercicio de responsabilidad y autonomía moral frente a estas circunstancias; una decisión a través de la

cual se busca asumir el control de su propia vida y bienestar, así como el de quienes se encuentran o se encontrarían

a su cargo.

Anticoncepción y aborto

Los trabajos de Luciano Ferdinand (2001) y Álvarez Vázquez (2001) consideran, en este sentido, la

necesidad del aborto y su compleja relación con la anticoncepción. Estos trabajos, como otros en Puerto Rico y

Colombia (Naciones Unidas, 1995; Zamudio,Rubiano y Wartenberg, 1999; Paiewonsky,1999 ) indican una

necesidad insatisfecha de anticonceptivos, fallas en los métodos, desconocimiento de su uso adecuado, patrones de

uso no preventivo e intermitente, o el uso de métodos tradicionales y menos eficaces, entre las mujeres que

recurrieron al aborto. Estos hallazgos sugieren que un acceso adecuado a anticonceptivos eficaces y seguros para la

salud, junto a una educación más adecuada sobre su uso, podrían contribuir a reducir embarazos no deseados y la

necesidad de recurrir a abortos.

En la República Dominicana, Paiewonsky (1999) ha relacionado la práctica anticonceptiva menos eficaz

con la tendencia creciente a recurrir a la esterilización como medio final de controlar la fecundidad. Para los años

noventa ésta ascendía a alrededor de cuarenta porciento de las mujeres unidas en el país y parecía común también

entre las dominicanas en Estados Unidos. (Valdés y Gomáriz, 1995; Jntl Forte y Judd, 1998 ; Luciano Ferdinand,

2001) El patrón de completar jóvenes el número de hijos e hijas deseado y luego esterilizarse, conlleva en el proceso

un riesgo mayor al aborto si el embarazo ocurre en un momento problemático. Una práctica anticonceptiva adecuada

y consecuente dirigida a espaciar los embarazos y a regularlos a lo largo de la vida reproductiva de las mujeres

podría en este sentido reducir la incidencia tanto del aborto como de la esterilización.

El patrón de recurrir a la esterilización ha sido por décadas característico de un amplio sector de las

puertorriqueñas y entre las puertorriqueñas en Nueva York, superior al 40 % de las mujeres unidas desde los años

8

ochenta. (Dávila, 1990, Dávila,1998; Salvo, Powers y Santana Cooney,1992) Dávila (2001), no obstante, observa

que son más los casos de aborto entre las puertorriqueñas en ambos lugares que no se habían esterilizado, lo que

sugiere que en este caso la esterilización no ha implicado, en términos de frecuencia total, una mayor práctica

abortiva.

Aunque todavía con una incidencia inferior, la esterilización aparecía asimismo en aumento en Colombia y

Cuba, donde ascendía a una quinta y una cuarta parte de las mujeres unidas respectivamente. Sólo en Cuba no

aparecía como el método más frecuente de controlar la natalidad, excepto en las edades reproductivas mayores,

cuando ya se han utilizado otros medios de regular la fecundidad a través de la vida fértil, incluyendo el aborto.

(Valdés y Gomáriz,1995; Naciones Unidas, 1995) Sería, pues, interesante explorar de forma más profunda la

relación de la esterilización y otros medios de controlar la natalidad con la práctica del aborto en nuestros países.

No obstante, según discute Luciano Ferdinand (2001), ciertamente la ecuación no es tan sencilla como

pretender que el acceso a anticonceptivos y la información adecuada sobre su uso minimizaría la práctica del aborto.

En los países en que se han desarrollado las condiciones que motivan a las mujeres a reducir su número de hijos e

hijas, como se sugiere por la reducción de la fecundidad en los aquí analizados2, estas recurrirán a ambas vías para

lograrlo. (Paiewonsky, 1988) En Cuba, por ejemplo, encontramos tanto las proporciones más elevadas de uso de

anticonceptivos como las tasas más elevadas de aborto, así como el uso de ambos métodos entre una mayoría de las

mujeres.3 (Naciones Unidas, 1995; Valdés y Gomáriz, 1995; Dávila,1998; ECLAC,CARICOM UNIFEM,1994;

Álvarez Vázquez, 1999; Álvarez Vázquez, 2001) Asimismo, entre las dominicanas que abortaron se encontró un uso

de anticonceptivos superior al del total de mujeres unidas en el país. (Paiewonsky,1999)

En situaciones en que el acceso a anticonceptivos se ofrece posterior a la tendencia a reducir la fecundidad,

2 De acuerdo al documento comparativo más reciente que tenemos accesible, entre 1950 y 1990, la tasa total de fecundidad en Colombia descendió de 6.8 a 2.7 hijos por mujer, de 7.4 a 3.3 en República Dominicana, y de 4.1 a 1.9 en Cuba. (Valdés y Gomáriz,1995) En Puerto Rico descendió de 5.4 en 1950 a 2.1 en 1994. (Vázquez Calzada,1988; Departmento de Salud, 1994)

3Los cálculos más recientes a los que hemos tenido acceso sugieren hasta un 88% de mujeres unidas en Cuba, en comparación con 78% en Puerto Rico, 66% en Colombia y 64% en República Dominicana (Naciones Unidas, 1995; Valdés y Gomáriz, 1995; Dávila,1998; ECLAC,CARICOM UNIFEM,1994; Luciano Ferdinand, 2001)

9

puede reducirse la incidencia de abortos, que antes constituían un medio predominante para regular la prole. Si, por

otro lado, la tendencia a reducir la fecundidad se da junto al acceso a la anticoncepción, las mujeres harán uso de

ambos medios y se observará un incremento paralelo en los abortos y en el uso de otros medios de control de

natalidad. Aún en países industrializados con acceso amplio a los anticonceptivos se observa un uso amplio del

aborto como medio de regular la fecundidad.(Paiewonsky, 1988)

Según indicamos, el aborto es una necesidad para las mujeres sobre todo en condiciones socioeconómicas y

de relaciones de género que restringen sus prácticas sexuales y reproductivas. No hay duda de que la necesidad del

aborto se extiende más en condiciones que limitan el acceso a anticonceptivos y a la educación adecuada sobre su

uso, las cuales en la mayoría de nuestros países afectan sobre todo a las mujeres de menos recursos. En este sentido

resultan preocupantes las reformas de salud que se encuentran en proceso en República Dominicana y en Puerto

Rico, a través de las cuales el Estado ha reducido su responsabilidad de ofrecer los servicios de salud y los

anticonceptivos como servicio público. Así también, habría que considerar las limitaciones que se han impuesto

debido al período especial en Cuba, a pesar del énfasis en la salud pública en ese país. (Paiewonsky,1999; Colón,

Dávila, Fernós y Vicente, 1999; Álvarez Vázquez,2001; Aguilar, Popowski y Verdeses, 1996)

Las condiciones de desigualdad de género, por otro lado, dificultan que las mujeres negocien con los

hombres la responsabilidad por su comportamiento sexual y reproductivo. El peso de asumir la regulación de la

fecundidad recae fundamentalmente sobre las mujeres, mientras, por el contrario, el control de la sexualidad lo

ejercen los hombres, con la posibilidad de relaciones impuestas, de incestos y de violaciones. El poder controlar la

natalidad, y en particular, el recurrir a métodos anticonceptivos utilizados por los hombres en nuestras sociedades se

hace así difícil para las mujeres. (Paiewonsky,1999; Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999) De hecho, no más de

6% de las mujeres unidas en Puerto Rico, menos en los otros países, se servían del condón masculino como medio

de control de natalidad.(Dávila, 1998; Aguilar, Popowski y Verdeses, 1996; Valdés y Gomáriz, 1995)

Asimismo, los métodos hormonales y dispositivos intrauterinos, los más eficaces y utilizados además de la

esterilización en nuestras naciones, pueden provocar problemas de salud que han llevado a que las mujeres resistan

su uso. (Álvarez Vázquez,2001; Paiewonsky,1999; Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999) Las compañías

10

farmacéuticas, por su parte, tan activas en este campo anteriormente, no han desarrollado y difundido en períodos

más recientes alternativas anticonceptivas eficaces y seguras para la salud de las mujeres o dirigidas a los hombres.

(World Population Foundation, 1999)

Aún cuando viviéramos condiciones de mayor equidad social y de género, por otro lado, es preciso

recordar que ningún método es cien por ciento seguro y que no estamos en todo momento en control de las diversas

situaciones que afectarán nuestra reproducción. Como bien señala Petchesky, mientras el embarazo ocurra en el

cuerpo de las mujeres, la posibilidad de regular la fecundidad a través del aborto continuará como una necesidad

para que éstas no se vean definidas por una maternidad forzada. (Petchesky, 1990)

Aborto y salud pública

En la medida en que las mujeres han recurrido y continuarán recurriendo al aborto como medio de enfrentar

embarazos en condiciones que consideran problemáticas, su práctica en condiciones inseguras, descrita por Fernós

(2001) de manera gráfica, constituye un riesgo para su salud y su vida y un problema de salud pública. Si bien las

tasas de mortalidad materna se relacionan con otros factores como el desarrollo, la calidad, la cobertura y la equidad

de los sistemas de salud, además de la prioridad asignada a la salud maternal e infantil, el aborto realizado en

situaciones de clandestinidad es una causa de muerte reconocida, incluso con la subestimación de los casos que

impone la ilegalidad de la práctica. (Valdés y Gomáriz,1995 ) Los trabajos de Fernós (2001) , Álvarez Vázquez

(2001) y Luciano Ferdinand (2001) describen el desarrollo de amplios programas de salud maternal e infantil en

Puerto Rico y Cuba, así como su prioridad entre los objetivos de los planes de salud más recientes en República

Dominicana, que con seguridad han propiciado la disminución de las muertes maternas en esos países.

Asimismo, la realización de abortos en condiciones legales y seguras es, sin duda, un factor adicional en las

diferencias en las tasas de mortalidad materna en Puerto Rico y Cuba, comparadas con las de Colombia y República

Dominicana. La mortalidad materna en Puerto Rico se redujo desde 416 por cada cien mil nacimientos en 1942,

previo a cuando Fernós indica que comenzaba en la Isla un periodo de tolerancia hacia el aborto, a 5.3 en 1979,

fluctuando a niveles superiores, entre 8 y 20, desde entonces.(Government of Puerto Rico, 1944; Departamento de

11

Salud, 1991, Departamento de Salud, 1994) En Cuba, ésta descendió de sobre 100 muertes por cada 100000

nacimientos vivos a 27 entre 1960 y 1990, aunque se había mantenido más elevada hasta la década de los

ochenta.(Álvarez Vázquez,2001; Valdés y Gomáriz,1995; United Nations, 1992) En Colombia, por otro lado,

diversos cálculos estimaban entre alrededor de 110 y 140 muertes por cien mil nacimientos, mientras en República

Dominicana los estimados fluctuaban hasta niveles alrededor de 70 y 90 en las décadas de los ochenta y los

noventa. (ECLAC, CARICOM, UNIFEM,1994; Valdés y Gomáriz, 1995; United Nations,1992;United Nations,

1991) En situaciones de abortos ilegales, éstas son muertes que se concentran entre las mujeres de los sectores

económicos de menos recursos, quienes ven limitado su acceso a servicios adecuados incluso en situaciones de

laxitud ante la práctica.

Políticas y legalidad del aborto

A pesar de los problemas presentados por la clandestinidad, en América Latina prevalece la ilegalidad y el

estigma ante el aborto. Sólo en Cuba el aborto es legal y se ofrece como un servicio de salud pública desde

mediados de la década de los sesenta, con condiciones de consentimiento de la mujer, así como de salubridad, sobre

todo a partir de las diez semanas de embarazo.(United Nations, 1992; Álvarez Vázquez,2001) La práctica del aborto

aumentó aceleradamente allí a partir de entonces, llegando a su punto máximo en la década de los ochenta. Como

indica Álvarez Vázquez (2001), ésta continúa elevada, sobre todo si se consideran los casos de regulación menstrual,

lo que ha provocado la preocupación de promover una práctica de prevención de embarazos que reduzca su

incidencia.

Desde la década de los setenta el contexto internacional incluía la movilización feminista y la liberalización

del aborto, junto a la incorporación creciente de las mujeres a la vida social y política de los países. Durante este

periodo el aborto se legalizó en Puerto Rico, y en Colombia y República Dominicana se comenzaron intentos de

reformas a las leyes para atemperarlas a lo que ha sido la práctica de, cuando menos, un sector de médicos e

instituciones.

Como discute Viveros Vigoya (2001), en Colombia se presentaron proyectos para reglamentar la

interrupción terapéutica del embarazo en 1975, para permitirlo en casos de violación, peligro de la vida de la madre

12

y de malformación del feto en 1979, y para legalizarlo totalmente en 1990. (United Nations, 1992) El tema fue

discutido además como parte de la reforma a la Constitución en 1991 que incluía entre sus propuestas la “libre

opción de la maternidad”, y alrededor de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 1994.

También en República Dominicana hubo intentos de reforma en 1975 para eliminar sanciones en casos de

aborto terapéutico, peligro de muerte de la mujer, casos eugenésicos o de violación e incesto. Se discutió en

declaraciones públicas por parte de organizaciones no gubernamentales como Pro Familia y por sectores médicos

durante la década de los ochenta, y ante la propuesta de despenalizar el aborto terapéutico en 1991.(Paiewonsky,

1988, United Nations, 1992; Luciano Ferdinand, 2001) Según discute Luciano Ferdinand (2001), hubo sin embargo,

una exclusión intencional del aborto terapéutico en la propuesta Ley General de Salud introducida a la Legislatura

en 1994.

A pesar del apoyo de algunos sectores médicos y de argumentos contundentes de salud en la discusión

pública, los intentos de liberalización del aborto han resultado infructuosos en ambos países. La ofensiva de la

Iglesia Católica y otros conjuntos conservadores ha evitado que cambie la ley y la situación de clandestinidad del

aborto, el cual continúa ausente de las políticas de salud. A niveles oficiales se ha mantenido una tendencia a

silenciar la discusión en torno al tema, aunque la persecución por la práctica no sea extendida. Viveros Vigoya

(2001) y Luciano Ferdinand (2001) señalan que el movimiento feminista, por su parte, en desarrollo desde las

décadas de los setenta y los ochenta, no ha logrado incorporar el asunto de forma consistente en el debate público,

sobre todo desde una perspectiva que lo asuma como un derecho de las mujeres y una condición para su autonomía

y equidad. El silencio y la no intervención permiten una mayor libertad y un riesgo menor a la salud y vida sobre

todo a las mujeres de más recursos, pero mantienen la clandestinidad que refuerza la visión negativa y la falta de

orientación necesaria sobre el aborto.

Puerto Rico, de hecho, presenta una historia particular de esa práctica de silencio oficial que Fernós (2001)

elabora llamándola “la política de mirar para el otro lado”. Prohibido en términos absolutos en tiempos de la

colonización por España, en el país se establece el aborto terapéutico con la imposición de la soberanía y las leyes

norteamericanas a principios del siglo XX. Junto a los programas de control poblacional que acompañaron las

13

estrategias de industrialización impulsadas en la Isla a mediados de siglo, se toleró la existencia de clínicas y

oficinas de médicos en donde se realizaban abortos, constituyéndose en meca de la práctica en el Caribe después de

la revolución cubana. La oposición de la Iglesia Católica, de conjuntos nacionalistas, e incluso de los más

importantes sectores médicos impidió una práctica más abierta, así como los intentos de reforma legal a principios

de los setenta. El aborto se legaliza por virtud de la decisión en el caso Roe v Wade por el Tribunal Supremo de

Estados Unidos en 1973, luego confirmada en las decisiones del Tribunal Federal en Puerto Rico Acevedo Montalvo

v Hernández Colón en 1973 y del Tribunal Supremo de Puerto Rico Pueblo v Duarte en 1980. (Colón, Dávila,

Fernós y Vicente, 1999)

Desde el mismo momento de la legalización se organizaron los conjuntos que se oponen al aborto. Estos

han desarrollado una ofensiva que ha incluido luchas legales recurrentes para restringir el derecho al aborto, como

fue el más reciente proyecto de ley que disponía una espera de 24 horas a las mujeres después de solicitarlo. (P. de la

C. 1775, Para crear la “Ley del Derecho de la Mujer a estar Informada”, 8 de mayo de 1998) Durante 1992 y 1993,

sufrimos, además, el hostigamiento y los bloqueos de las clínicas que ofrecen servicios de aborto en una escalada

violenta de esa ofensiva, que, afortunadamente no llegó a los extremos de agresión y muertes vividos en los Estados

Unidos. Grupos feministas y otros sectores progresistas respondieron a esta ofensiva con la organización de la

coalición el Grupo Pro Derechos Reproductivos, el cual desde entonces ha constituído un contrapeso en las

instancias oficiales y en la discusión pública en torno al aborto. Sin ser masivo, ni el único factor en contener el

efecto de las actividades de los conjuntos antiaborto, este grupo ha contribuído a defenderlo como una opción

legal.(Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999)

Los esfuerzos legislativos contrarios al aborto en Puerto Rico no han logrado alterar su legalidad, reiterada

por los tribunales en casos posteriores, como la reciente prohibición de manifestaciones que ocurran a una distancia

que impida acercarse a las clínicas que ofrecen el servicio. (Lydia Libertad, et. al. v Carlos Sánchez et.al., United

States District Court, District of Puerto Rico, May,1999) Como tendencia predominante, no obstante, lo polémico

del tema ha llevado a que los líderes cívicos, políticos y del Estado hayan preferido limitar la discusión del tema, lo

que resulta en una situación de tolerancia práctica, pero de estigma social. A pesar de la legalidad, las instancias

oficiales han continuado su práctica de aceptación tácita del aborto, pero sin defenderlo abiertamente, dejando morir

14

toda discusión o medida relacionada con éste cuando surge en el debate público. (Colón, Dávila, Fernós y Vicente,

1999) Los grupos feministas y defensores del derecho al aborto no han logrado aquí tampoco superar los juicios

negativos que se refuerzan a través del silencio.

El caso de Puerto Rico demuestra que la legalización no es una condición suficiente para una práctica

abierta del aborto y que este se reconozca como una opción reproductiva. Ofrecido sólo a través de servicios

privados, resulta costoso, inaccesible, o un sacrificio para las mujeres de menos recursos -pobres y jóvenes. En un

giro irónico, la propia legalidad ha generado ofensivas más violentas de los sectores antiaborto que en Colombia o

República Dominicana, modeladas a partir del activismo de estos conjuntos en Estados Unidos. Se mantiene, en

general, el clima de censura que incluso ha limitado la cantidad de proveedores del servicio. La práctica de los

proveedores existentes, por su parte, aunque eficaz, no responde en todos los casos al respeto, trato sensitivo y

orientación requeridos por las mujeres. (Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999)

Si bien las puertorriqueñas no tienen que lidiar con el peso adicional de saberse realizando un acto

criminalizado, comparten con otras latinoamericanas la censura moral que dificulta el proceso del aborto, aunque

éste constituya un alivio ante una situación difícil. Al igual que en el caso de Colombia (Viveros Vigoya, 2001), las

puertorriqueñas asumen una moralidad práctica y evalúan la decisión de abortar de acuerdo a sus necesidades

concretas y a lo que entienden más adecuado para una maternidad responsable. (Colón, Dávila, Fernós y Vicente,

1999) No predomina una condena absoluta hacia las mujeres que se realizan abortos, a pesar de que en las encuestas

como las analizadas por Dávila (2001) aparezca como aceptable sólo en situaciones extremas.

No obstante, aunque Luciano Ferdinand (2001) ofrece alguna evidencia de que ha aumentado la aceptación

del aborto en la población dominicana, la condena moral y social del aborto se mantiene por fuertes normas

culturales y religiosas, establecidas a través de estrechas relaciones comunitarias y familiares. Son visiones y normas

que imperan entre las puertorriqueñas y dominicanas incluso cuando viven en Estados Unidos, donde, junto a la

ofensiva de los grupos antiaborto, prevalece un ambiente de defensa más abierta del aborto. (Dávila, 2001;

Peterman, 1996, Jntl Forte y Judd, 1998) Aunque numerosas mujeres lo realizan, o asumen hacia las que lo hacen

una tolerancia práctica, se promueve el malestar, el aislamiento ante la decisión y los sentimientos encontrados ante

15

su ejercicio. Se reproduce el clima de doble moralidad en el cual el aborto se realiza, pero continúa como un

comportamiento negativo que debe esconderse y que puede no estar justificado para otras mujeres. No encontramos

así una defensa abierta de su legalidad. (Viveros Vogoya,2001;Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999)

Es por ello que hemos considerado importantes todas las formas que toman los juicios sobre el aborto en

nuestras conciencias: las más privadas que lo toleran a partir de una moralidad práctica, como las más generalizadas

que recogen el “deber ser” y que lo condenan excepto en casos extremos, como las expresadas en las encuestas

analizadas por Dávila (2001). Pues si bien la tolerancia constituye una afirmación de la necesidad del aborto, las

visiones públicas que lo condenan impiden que se reclame abiertamente como un derecho, haciendo más difícil su

acceso y la calidad de los servicios, además de su ofrecimiento como una responsabilidad de salud pública. (Colón,

Dávila, Fernós y Vicente, 1999)

Los argumentos y visiones sobre el aborto

Según indican las autoras, el silencio refuerza el estigma hacia el aborto y nos fuerza a plantearnos la

politización del tema, es decir, la necesidad de traer el asunto a la discusión pública. Romper el silencio en torno al

aborto es una condición importante para su legitimidad, sobre todo cuando se incorporan posturas que lo defienden

como un derecho de las mujeres.

Incluso si en Cuba se considera como la vía menos adecuada para planificar la familia, la aceptación del

aborto en ese país es mucho más extendida y su acceso y salubridad ofrece mayor seguridad ante la práctica.

(Álvarez Vázquez, 2001; Álvarez Vázquez et.al.,1999) Asimismo, sin ser la única condición, tal parece que el clima

de mayor apertura hacia el aborto en Estados Unidos sí ha tenido algún impacto entre las puertorriqueñas en Nueva

York. A pesar de predominar las opiniones contrarias al aborto en una mayoría de circunstancias, entre éstas se

evidenció una proporción más elevada de respuestas de tolerancia hacia el aborto que entre las puertorriqueñas en la

Isla. (Dávila, 2001) Entre las puertorriqueñas que abortaron en Estados Unidos entrevistadas por Peterman, el

compartir sus historias y visiones con otras mujeres, bien a través de actividades pro-opción o en redes de relaciones

16

más íntimas, abrió para algunas la posibilidad de elaborar una “historia colectiva” con la cual resistir y transformar

la “historia cultural” contraria al aborto. (Peterman, 1996) En nuestra investigación con grupos focales en Puerto

Rico, algunas de las participantes también expresaron abiertamente su alivio y satisfacción por haber podido

compartir una experiencia que hasta entonces habían mantenido oculta.(Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999)

La discusión pública del aborto, sin embargo, nos plantea, además, la necesidad de considerar los términos

a través de los cuales éste debe ser definido y defendido como derecho. Como bien analiza Viveros Vigoya (2001),

lo álgido de los debates en torno al aborto indica que se trata de un asunto que ha tomado carácter simbólico en la

definición del órden de género y de la sociedad. Tras los argumentos de carácter médico, legal o moral se encuentran

visiones sobre la situación social de los hombres y las mujeres, sobre la sexualidad, así como sobre la familia como

fundamento de la estabilidad y estructura social. Los argumentos son muy similares en nuestros países, según se

desprende del análisis de los casos de Colombia y Puerto Rico, lo que indica el carácter internacional, que con

variaciones, ha tomado el debate. (Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999)

En términos muy generales, los sectores antiaborto fundamentan sus argumentos a partir de la posición de

que la vida comienza desde la concepción, de lo cual derivan como corolario que el aborto es un crímen, comparable

al holocausto, el infanticidio o la eutanasia, y a través del cual el más poderoso es capaz de decidir sobre la vida de

los débiles. En nuestras sociedades, donde se han sufrido campañas de control poblacional de carácter

neomaltusiano, se identifica como parte de un proceso de genocidio de las poblaciones en condiciones de

subdesarrollo económico, así como uno de “imperialismo cultural”, y en el caso de Puerto Rico, también de

dominación política. En países en que se ha vivido de manera intensa el problema de la violencia, como de hecho

han sido Colombia y Puerto Rico, el aborto se identifica, además, como causa de ésta y de la desintegración social

imperante en nuestras sociedades, identificándolo como falta de respeto a la vida en abstracto.

Sin que al presente se destaquen de forma abierta las posiciones en cuanto a la situación social de las

mujeres, estos discursos se encuentran subyacentes al imponérseles la apertura a la maternidad y a la reproducción

como condición al ejercicio de su sexualidad. El control de la sexualidad y de la capacidad reproductiva de las

mujeres, y su definición primordial como madres se constituyen, a su vez, en el fundamento del órden

17

social.(Viveros Vigoya, 2001; Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1998) Son visiones que, como nos muestra Dávila

(2001), se cuelan incluso en la redacción de las preguntas en torno al aborto en encuestas de carácter científico

presuntamente objetivas.

Las posiciones pro-opción, por su parte, han destacado de forma extensa el problema de salud pública que

constituyen los abortos clandestinos e ilegales, junto a la inequidad social sufrida particularmente por las mujeres

pobres que se someten a los mayores riesgos ante prácticas inescrupulosas. Se señalan las condiciones de pobreza,

de inequidad social y de desigualdad de género en las cuales las mujeres deben asumir la maternidad, las cuales

pueden llevar a una mujer a optar por no continuar con un embarazo. Se ha considerado importante, por otro lado,

invocar la tolerancia hacia la diversidad de posiciones sobre la definición de la vida humana, para lo cual se hace

necesaria la separación de Iglesia y Estado y la pluralidad religiosa. (Viveros Vigoya,2001;Colón, Dávila, Fernós y

Vicente,1998; Colón, Dávila, Fernós y Vicente,1999)

Por sus particulares historias políticas, Puerto Rico y Cuba han tenido una trayectoria más prolongada de

dicha separación entre Iglesia y Estado, (Fernós, 2001; Stoner, 1991) aunque los grupos y argumentos religiosos no

han dejado de tener influencia en el primero, en particular en cuanto al asunto del aborto. El Concordato de la Iglesia

Católica y el Estado, por su parte, hacía más difícil la discusión del tema en Colombia. Contrario a la experiencia de

otros países, en ninguno de los que analizamos se habían destacado grupos de católicas (os) identificados

particularmente como promotores de los derechos reproductivos, como Católicas pro Derecho a Decidir, aunque en

los años más recientes el grupo ecuménico MENPRI (Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico) se ha

incorporado al Grupo Pro Derechos Reproductivos en Puerto Rico.

La definición del aborto como un problema de salud pública, por su parte, central en los reclamos en los

foros internacionales, y destacada en las discusiones en torno al tema en Cuba, continúa siendo fundamental, y

posiblemente el más dramático, en la lucha por la despenalización del aborto. (United Nations, 1994; World

Population Foundation, 1999) Es un reclamo básico que responde a la necesidad práctica de la seguridad y

sobrevivencia para las mujeres en la regulación de su fecundidad. La muerte y mutilación de miles de mujeres se

contrapone de manera imponente a los argumentos antiaborto más recalcitrantes. La despenalización del aborto por

18

razones de salud y condiciones sociales, a su vez, abre espacios de opción para las mujeres sin temor a la

persecución, así como para establecer alianzas y discutir definiciones alternativas.

Como indica Vicente (2001), las reformas impulsadas por los médicos en los Estados Unidos, por ejemplo,

abrieron el debate en torno al aborto que, tras la movilización de las mujeres, culminó en su legalización en ese país.

Asimismo, a diferencia de Colombia y República Dominicana, la oposición al aborto de la organización médica más

importante en Puerto Rico fue un escollo adicional a la reforma de las leyes en la Isla. Es posible incluso ampliar las

definiciones de estas condiciones de salud y sociales para hacer el aborto más accesible.(Frejka, Atkin y Toro, 1989)

De hecho, este fue el mecanismo que utilizó en 1980 el Tribunal Supremo en Puerto Rico al equiparar la definición

del término salud que justifica el aborto en el Código Penal de la Isla con lo establecido por el Tribunal Supremo

norteamericano en 1973, en un intento de aceptar la legalidad del aborto así impuesta sin propiciar polémicas

mayores. (Colón, Dávila,Fernós y Vicente, 1999)

Las justificaciones del aborto como condición de salud pública, no obstante, mantienen la decisión como

una que de forma implícita o explícita responde a los juicios e intereses de los médicos y de los técnicos sociales.

Observamos que éstos no necesariamente coinciden con los de las mujeres, como podrían ser los criterios de lucro o

de control poblacional. Se mantiene, además, la definición del aborto meramente como un problema, el mal menor

o un mal necesario, para muchas mujeres que, aunque lo realizan, no dejan de considerarlo un comportamiento

negativo. Si bien es cierto que es preferible no tener que recurrir a un aborto, éste permanece como el método que

permite el control de la capacidad reproductiva femenina en última instancia. Es preciso concebirlo en ese sentido

como una necesidad en términos positivos y una opción a la que tienen derecho, por sus propias razones, las

mujeres, sin que ello quiera decir que no existan para ellas consideraciones éticas, sociales y de salud en la decisión.

(Petchesky, 1990)

Para las feministas, como elaboran Viveros Vigoya (2001), Vicente (2001) y Luciano Ferdinand (2001), ha

sido por ello importante ampliar las definiciones y defensas del aborto para poner en primer plano los derechos de

las mujeres -de las humanas- y el control de la capacidad reproductiva como una necesidad para el pleno

reconocimiento de nuestra ciudadanía. Los argumentos han partido desde diversas perspectivas, incluyendo el

19

derecho a la intimidad, el reconocimiento de la capacidad de las mujeres como seres morales y autónomos, además

del control de la reproducción como fundamental para su equidad y participación social más amplia, para el ejercicio

pleno de su sexualidad y para la protección de su integridad física. Se trata del reconocimiento de la particularidad

del cuerpo de las mujeres y de su participación específica en la reproducción como elemento de la definición y

viabilización de su ciudadanía; un derecho que en este sentido no es igual al de los hombres, sino equivalente,

necesario para considerar la diferencia entre los géneros. (Cornell, 1992)

En esta definición, como sugeriría el trabajo de Vicente (2001), la legalidad que mantiene al aborto como

una opción exclusivamente privada tampoco es suficiente. Según discutimos en otro trabajo, el caso de Puerto Rico

demuestra cómo el mero derecho formal a decidir no garantiza que éste se ejerza teniendo el mayor número de

opciones posible y bajo las condiciones económicas, sociales y personales que ofrezcan las alternativas para decidir

tener o no un hijo o hija. La mera legalidad del aborto, por ejemplo, no garantiza el acceso y la calidad de los

servicios; no garantiza el apoyo social y los respaldos adecuados para que las mujeres nos sintamos cómodas al

realizarlo; no garantiza nuestra protección y la de los proveedores y las proveedoras de servicios ante la intimidación

y el estigma generado por los sectores antiaborto. (Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999) Se trataría de definir el

aborto como un derecho social, que no se limite a evitar la intervención en la decisión, sino que amplíe las

condiciones de acceso y legitimidad del servicio para las mujeres que así lo decidan. Cuba, en este sentido, presenta

la situación de más avanzada.

Según sugieren las autoras, la defensa del aborto como un derecho particular de las mujeres resulta

especialmente difícil, precisamente porque ésta, más que otras demandas, es profundamente transgresora de las

definiciones de género establecidas. Luciano Ferdinand (2001) indica que la salud reproductiva continúa enfocando

sobre las mujeres como reproductoras, poniendo énfasis en la planificación familiar y la salud maternal e infantil.

Hasta la violencia hacia las mujeres, que ha sido reconocida en las leyes y políticas públicas a partir de

cuestionamientos a la situación de desigualdad entre los géneros, (Luciano Ferdinand, 2001; Vicente, 2001; Colón

Warren y Alegría Ortega, 1998) puede reincorporarse, cooptarse si se quiere, si se reinterpreta como parte de las

visiones dominantes que identifican a las mujeres sólo como madres, o como víctimas pasivas, necesitadas de

protección. Incluso la defensa del aborto como un problema de salud pública puede redefinirse en estos términos.

20

Las feministas han tenido, de hecho, que continuar su lucha para evitar éstas redefiniciones. (Colón Warren, 1995)

La defensa del aborto como derecho de las mujeres, por su parte, destaca su capacidad y autonomía

personal, así como el derecho al ejercicio y disfrute de su sexualidad, libre de la imposición de la reproducción. Para

los opositores al aborto ésta se presenta así como la negación de la maternidad, de la naturaleza de las mujeres,

quienes en lugar de dadoras de vida, aparecen como asesinas. Constituye en este sentido una ruptura más fuerte con

las imágenes dominantes de la feminidad, y con la orientación al servicio y el control de la sexualidad como

subjetividad de las mujeres. Son estas visiones las que en las sociedades bajo el capitalismo avanzado han sido eje

de las políticas neoconservadoras que reducen los servicios sociales e impulsan la responsabilidad privada y familiar

por la reproducción social. (Petchesky,1990)

Algunas conclusiones

Se nos plantea el reto de desarrollar estrategias proactivas para impulsar la discusión pública del aborto y su

defensa más allá de un problema de salud pública. Es una estrategia que debe ser colectiva y responder a la realidad

particular de cada país, tomando en cuenta los momentos y argumentos más adecuados para adelantar la

despenalización y legitimación del aborto en sus términos más liberadores. En esta estrategia posiblemente se

requerirá toda la gama de argumentos en favor de esa legitimación, que pueden dirigirse a través de diferentes foros

y momentos a diversos conjuntos con posiciones y condiciones materiales distintas.

No sólo consideraciones tácticas y estratégicas, sino principios democráticos de respeto a la diversidad,

hacen necesario que se mantengan una variedad de visiones para esa defensa entre diferentes conjuntos. La posición

pro-opción que se fundamenta en el reconocimiento de esta diversidad sería en este sentido la más abierta y amplia.

Aquellos conjuntos que defienden la separación de la Iglesia y el Estado y la pluralidad religiosa e

ideológica podrían defender el derecho al aborto a través de estos principios. Aun en sociedades como las nuestras,

donde las iglesias, y en particular la Iglesia Católica, tienen un profundo arraigo, la apertura de las mujeres a la

anticoncepción en nuestros países demuestra que éstas se muestran dispuestas a actuar en contra de preceptos

21

religiosos cuando lo entienden correcto de acuerdo a sus conciencias. El apoyo de conjuntos religiosos que elaboren

visiones éticas, ontológicas y teológicas alternativas en defensa del derecho a decidir, pueden ofrecer en este aspecto

una contribución invaluable.

Asimismo, a las imágenes más fuertes de los sectores antiaborto podemos ciertamente contraponer las de

las mujeres víctimas de abortos en condiciones inseguras, para lo que sería importante recabar el apoyo de los

sectores en las profesiones la salud y de los encargados de la salud pública, quienes podrían estar más abiertos a los

argumentos en este sentido de los organismos internacionales.

Si tras los debates en torno al aborto subyacen las visiones dominantes sobre las relaciones de género, sus

defensas más profundas tendrían, por otra parte, que pasar por la redefinición de los derechos reproductivos, de la

maternidad y de la situación de las mujeres. Se ha observado que las posiciones de las mujeres ante el aborto tienen

como contexto sus visiones sobre la maternidad. La opción del aborto ha aparecido más problemática cuando se han

destacado la identidad de las mujeres como madres y los aspectos gratificantes de la reproducción y la crianza.

(Viveros Vigoya, 2001; Colón,Dávila, Fernós y Vicente, 1999; Luker,1984; Petchesky, 1990) La propia defensa de

los derechos reproductivos, por su parte, tal como encontramos en nuestra investigación sobre el aborto en Puerto

Rico, también se ha asumido por gran parte de las mujeres en diversos países a partir de su definición como madres-

fundamentado a través del derecho que les corresponde por ser ellas las que asumirán el embarazo y la crianza.

(Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999; Petchesky,1998)

La defensa del aborto y de los derechos reproductivos en este caso incorporaría un reclamo mínimo de que

éstas no sean concebidas como meras incubadoras del estadio fetal de una persona en potencia. Constituye un

reclamo de equidad, de apoyo a la maternidad como función social, y de las condiciones que las mujeres

considerarían necesarias para tener un hijo o hija, redefiniendo así la reproducción más allá de una función

biológica, de una obligación, naturaleza o instinto. Hemos planteado por ello la necesidad de una redefinición de la

maternidad que asuma la crianza como una función social compartida por hombres y mujeres y que reciba el apoyo

del Estado y las instituciones y organizaciones sociales.(Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999)

22

Más allá, se esbozaría una defensa del aborto en la cual la maternidad sea valorada pero sin constituirse en

la identidad única o primordial para las mujeres. Vicente (2001) argumenta en favor de una definición integral e

integradora que ofrecería espacios más amplios para la defensa de los derechos reproductivos -y del aborto- la cual

partiría del reconocimiento de las mujeres como personas multidimensionales, con derechos sexuales, y con

múltiples capacidades y posibles identidades. Según concluye Petchesky (1998), se requeriría una defensa de los

derechos reproductivos de las mujeres que no se fundamente sólo en su identidad como madres, sino en el cuidado,

integridad y disfrute de su propia persona, de su propio cuerpo, de su salud y de su sexualidad.

Esta defensa del aborto no puede darse como una demanda aislada, sino como parte de una agenda de

transformación de la situación social de las mujeres que les garantice la equidad de género y la equidad social para

optar por esa diversidad de posibles funciones e identidades. Esta equidad de género y social posibilitaría el aborto

como un derecho particular de las mujeres sin que condiciones de privación o de desigualdad social y económica las

presionen a ser madres o a evitar serlo, como tampoco a recurrir a la terminación de un embarazo o a cualquier otro

método particular de regulación de su fecundidad. El derecho al aborto tendría así que incorporarse a una agenda

amplia de derechos reproductivos como la descrita por Vicente (2001), que reclame medidas para abrir las

posibilidades y espacios en los cuales las mujeres puedan decidir tanto tener como no tener hijos e hijas, cuántos y

en qué momento de sus vidas.

23

REFERENCIAS

Aguilar, Carolina, Perla Popwski y Mercedes Verdeses (1996) Mujer, período especial y vida cotidiana, Temas, 5, marzo.

Álvarez Vázquez, Luisa (2001) El aborto: un problema de salud en Cuba?, en Silencios, presencias y debates

sobre el aborto en Puerto Rico y el Caribe Hispano, editado por Alice Colón y Elsa Planell, Río Piedras: Cuadernos del Proyecto Atlantea de la Universidad de Puerto Rico.

___________________ et. al. (1999) Abortion Practice in a Municipality of Havana, en Abortion in the

Developing World, Mundigo, Axel y Cynthia Indriso, eds., London, New York: World Health Organization, Zed Books.

Avilés, L.A. y Yamila Azize, (Colectivo Pro Mujer) (1992) La realidad del aborto en Puerto Rico, Cayey: Proyecto

de Estudios de la Mujer, Colegio Universitario de Cayey, Universidad de Puerto Rico Campaña 28 de Septiembre (1999?) Las mujeres nunca abortan solas. Colón, Alice, Ana Luisa Dávila, María Dolores Fernós y Esther Vicente (1999) Políticas, visiones y voces en torno

al aborto en Puerto Rico, Río Piedras: Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico. Colón, Alice, Ana Luisa Dávila, María Dolores Fernós y Esther Vicente (1998) Los intentos de deslegitimación del

derecho al aborto en Puerto Rico, Puerto Rico Health Sciences Journal, septiembre, 17 (3). Colón Warren, Alice e Idsa Alegría Ortega (1998) Shattering the Illusion of Development: The Changing Status of

Women and Challenges for the Feminist Movement in Puerto Rico, Feminist Review (59),verano. Colón Warren, Alice E. (1995) Investigación y acción feminista en el Puerto Rico contemporáneo. Notas desde un

punto en su intersección y movimiento temático, Caribbean Studies, 28 (1). Cornell, Drucilla, Gender, Sex and Equivalent Rights, en Feminists Theorize the Political, Judith Butler y Joan

Scott, eds., New York: Routledge. Dávila, Ana Luisa (2001) El aborto: ¿Cuándo algunas veces, cuándo casi nunca? ¿Cuál es el sentir de las

puertorriqueñas en la Isla y en la Diaspora al comienzo de la década de los ochenta?, en Silencios, presencias y debates sobre el aborto en Puerto Rico y el Caribe Hispano, editado por Alice Colón y Elsa Planell, Río Piedras: Cuadernos del Proyecto Atlantea de la Universidad de Puerto Rico

______________ (1998) (Investigadora principal) Puerto Rico. Encuesta de Salud Reproductiva, 1995-1996,

Resúmen de hallazgos, Escuela Graduada de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico.

______________ (1990) Esterilización y práctica anticonceptiva en Puerto Rico, 1982 Puerto Rico Health Sciences

Journal, 9 (1) abril. Departamento de Salud, Administración de Facilidades y Servicios de Salud (1991) Informe Anual de Estadísticas

Vitales, San Juan Departamento de Salud, Administración de Facilidades y Servicios de Salud (1994) Informe Anual de Estadísticas

Vitales, San Juan ECLAC,CARICOM,UNIFEM (1994) Achieving Social Justice, Equity and Development: A Review of the Status of

Women of the Caribbean Subregion in Preparation for the Fourth World Conference on Women, 1995, Subregional Conference preparatory for the Fourth World Conference on Women, Curaçao, Netherlands Antilles, Working Document, junio.

24

Fernós, María Dolores (2001) El aborto en la política de control poblacional en Puerto Rico, en Silencios, presencias y debates sobre el aborto en Puerto Rico y el Caribe Hispano, editado por Alice Colón y Elsa Planell, Río Piedras: Cuadernos del Proyecto Atlantea de la Universidad de Puerto Rico.

Frejka, Tomás, Lucille C. Atkin, Olga L.Toro (1989) Programa de investigación para la prevención del aborto

inducido en condiciones riesgosas y sus consecuencias en América Latina y el Caribe, México: The Population Council Regional Office.

Government of Puerto Rico (1944) Department of Health Annual Report of the Bureau of Registry and Vital

Statistics for 1944. Indriso, Cynthia y Axel I. Mundigo (1999) Introduction, en Abortion in the Developing World, Mundigo, Axel I. y

Cynthia Endriso, eds., London, New York: World Health Organization, Zed Books. Jntl Forte, Dianne y Karen Judd (1998) The South within the North:Reproductive Choice in the United

States´Communities, en Negotiating Reproductive Rights. Women´s Perspectives across Countries and Cultures, Rosalind P. Petchesky y Karen Judd, eds., New York: Zed.

López, Iris (1994) The Social Contruction of Reproductive “Choice”: An Ethnographic Study of Puerto Rican

Women and Sterilization in New York City, en Género y Mujeres Puertorriqueñas, Tercer encuentro de investigadoras, Intercambio-City University of New York-Universidad de Puerto Rico, Alice Colón, comp., Río Piedras: Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico.

Luciano Ferdinand, Dinnys (2001) Aborto y políticas públicas en la República Dominicana, en Silencios,

presencias y debates sobre el aborto en Puerto Rico y el Caribe Hispano, editado por Alice Colón y Elsa Planell, Río Piedras: Cuadernos del Proyecto Atlantea de la Universidad de Puerto Rico.

Luker, Cristine (1984) Abortion and the Politics of Motherhood, Berkeley: University of California Press. Naciones Unidas, CEPALAC, Centro Latinoamericano de Demografía (1995) Patrones reproductivos, estructura

familiar y trabajo femenino en América Latia y el Caribe: Resultados de Investigaciones (Actividad enmarcada dentro del Plan de Trabajo CELADE-UNFPA, 1992-1995).

Pacheco Acosta, Edna (1990) El aborto inducido en Puerto Rico, Tésis de maestría, Escuela Graduada de Salud

Pública, Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico. Paiewonsky, Denise (1999) Social Determinants of Induced abortion in the Dominican Republic, en Abortion in the

Developing World, Axel I. Mundigo y Cynthia Indriso, eds., London, New York: World Health Organization, Zed Books.

Paiewonsky, Denise (1988) El Aborto en la República Dominicana, Santo Domingo: CIPAF. Petchesky, Rosalind Pollack (1990) Abortion and Woman’s Choice, Boston: Northeastern University Press. Petchesky, Rosalind P. (1998) Cross-country Comparisons and Political Visions, en Negotiating Reproductive

Rights. Women´s Perspectives across Countries and Cultures, Rosalind P. Petchesky y Karen Judd, eds., New York: Zed.

Peterman, Jean P. (1996) Telling Their Stories: Puerto Rican Women and Abortion, Boulder, CO: Westview. Salvo, Joseph J., Mary G. Powers y Rosemary Santana Cooney (1992) Contraceptive Use and Sterilization among

Puerto Rican Women, Family Planning Perspectives 24, octubre. Silva Bonilla et. al. (1990) Maternidad forzada o maternidad voluntaria: el debate en torno al aborto, Río Piedras:

CERES, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico.

25

Stoner, K. Lynn (1991) From the House to the Streets, Durham, N:C: Duke University Press. United Nations (1992) Abortion Policies, A Global Review, Vol.1, New York: United Nations. United Nations (1994) Program of Action of the 1994 International Conference on Population and Development, 18

October, 1994, New York: United Nations. United Nations (1996) Report of the Fourth World Conference on Women, 1995, Platform, New York: United

Nations. United Nations (1999) The United Nations on the Implementation of the Cairo Program of

Action (U.N. Document A-S-21-5) Reproduced in Population and Development Review, Vol 25, num.3, sept.

United Nations (1991) The World´s Women 1970-1990. Trends and Statistics, New York: United Nations. Valdés, Teresa y Enrique Gomáriz, coords. (1995) Mujeres Latinoamericanas en Cifras. Tomo Comparativo,

Madrid, Santiago: Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales de España y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Vázquez Calzada (1988) La población de Puerto Rico y su trayectoria histórica, Río Piedras, Raga Offset Printing

Office. Vicente, Esther (2001) Derechos sexuales y reproductivos: Retos al discurso dominante sobre derechos humanos en

Silencios, presencias y debates sobre el aborto en Puerto Rico y el Caribe Hispano, editado por Alice Colón y Elsa Planell, Río Piedras: Cuadernos del Proyecto Atlantea de la Universidad de Puerto Rico.

Viveros Vigoya (2001) El aborto en Colombia: Debate público y dimensiones socioculturales (1975-1994) en

Silencios, presencias y debates sobre el aborto en Puerto Rico y el Caribe Hispano, editado por Alice Colón y Elsa Planell, Río Piedras: Cuadernos del Proyecto Atlantea de la Universidad de Puerto Rico.

World Population Foundation, Convenor (1999) Report of the NGO Forum on ICPD+5, 6-7 febrero. Zamudio, Lucero, Norma Rubiano y Lucy Wartenberg (1999) The Incidence, Social and Demographic

Characteristics of Abortion in Colombia, en Abortion in the Developing World, Indriso, Mundigo Axel y Cynthia Indriso, eds., London, New York: World Health Organization, Zed Books.

26

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EL ABORTO EN PAÍSES DEL CARIBE HISPANO

Alice E. Colón Warren Centro de Investigaciones Sociales

Universidad de Puerto Rico Río Piedras, Puerto Rico

Panel: Construcción y reconstrucción de identidades en la formación de las políticas públicas en América latina, el Caribe y U.S.A. (GEN08)

Preparado para presentación en la Reunión de la Latin American Studies Association, 2001 Washington D.C., 6-8 de septiembre, 2001