La Economía Argentina Se Encuentra Nuevamente Con Problemas de Federalismo Fiscal

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La economía argentina se encuentra nuevamente con problemas de federalismo fiscal. Con una inercia de déficit fiscales estructurales desde 2009, la Nación y algunas provincias debaten, una vez más, el financiamiento del gasto público. La demanda presentada por la provincia de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado Nacional, en agosto pasado, se enmarca en un contexto de debate en torno al financiamiento del gasto público. Córdoba reclama a la Nación 1.039 millones de pesos en concepto de transferencias de fondos adeudados por la ANSeS a la provincia, comprometidos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones cordobesa. La Nación argumenta que la provincia no cumplió con la adecuación de la Caja a algunos estándares jubilatorios nacionales, según el acuerdo de 2009. Y la Provincia afirma que paga el 82% móvil a sus jubilados, de donde surge el déficit, no como la Nación, que no llega a cubrir ese porcentaje con los jubilados nacionales. La Corte Suprema citó a ambas partes a una audiencia el 10 de setiembre, pero no hubo acuerdo. Por otra parte, el gobierno de Córdoba ha avanzado en el reclamo de la derogación de la quita del 15% de la masa coparticipable bruta con destino a la ANSeS. La Legislatura cordobesa aprobó por ley la des-adhesión de la provincia al Pacto Fiscal Federal de 1992. Este habilitaba el recorte del 15% de la coparticipación que reciben las provincias para financiar el sistema previsional, que perdía fondos por la creación del sistema de capitalización. Este recorte a los fondos coparticipables habría perdido sentido desde el momento en que, en 2009, con la nacionalización de las AFJP, los fondos pasaran íntegramente al Estado Nacional vía la ANSeS. Así, Córdoba se ha sumado a los antecedentes de las provincias de San Luis y Santa Fe, que habían hecho reclamos similares previamente, aunque sin la fuerza legal de sus legislaturas. La provincia de Corrientes también anunció que irá a la Corte Suprema en el reclamo por el 15%. Legisladores opositores de la provincia de Buenos Aires realizan los mismos planteos. El resto de las provincias, hasta ahora, no se ha manifestado. La puja distributiva entre la Nación y las provincias refleja, en el fondo, dos históricos y no resueltos modelos de país: el centralismo unitario y la expansión del Estado Nacional, versus el federalismo con el desarrollo del interior. Federalismo argentino 2012: ¿cómo funciona? El tamaño del Sector Público Consolidado (Nación-provincias-municipios) equivale al 47% del Producto Interno Bruto. Para cubrirlo, la presión tributaria consolidada continúa alcanzado récords, llegando a 36,2% del PIB. Si se estimara el impuesto inflacionario, llegaría al 39%. El resto del gasto es financiado con transferencias intra-sector público. La deuda pública no es un problema externo, pero habrá que ver qué impacto intertemporal tendrá la deuda intra-sector público cuando las fuentes de financiamiento se vayan agotando

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La economa argentina se encuentra nuevamente con problemas de federalismo fiscal. Con una inercia de dficit fiscales estructurales desde 2009, la Nacin y algunas provincias debaten, una vez ms, el financiamiento del gasto pblico.La demanda presentada por la provincia de Crdoba ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado Nacional, en agosto pasado, se enmarca en un contexto de debate en torno al financiamiento del gasto pblico. Crdoba reclama a la Nacin 1.039 millones de pesos en concepto de transferencias de fondos adeudados por la ANSeS a la provincia, comprometidos para financiar el dficit de la Caja de Jubilaciones cordobesa. La Nacin argumenta que la provincia no cumpli con la adecuacin de la Caja a algunos estndares jubilatorios nacionales, segn el acuerdo de 2009. Y la Provincia afirma que paga el 82% mvil a sus jubilados, de donde surge el dficit, no como la Nacin, que no llega a cubrir ese porcentaje con los jubilados nacionales. La Corte Suprema cit a ambas partes a una audiencia el 10 de setiembre, pero no hubo acuerdo.

Por otra parte, el gobierno de Crdoba ha avanzado en el reclamo de la derogacin de la quita del 15% de la masa coparticipable bruta con destino a la ANSeS. La Legislatura cordobesa aprob por ley la des-adhesin de la provincia al Pacto Fiscal Federal de 1992. Este habilitaba el recorte del 15% de la coparticipacin que reciben las provincias para financiar el sistema previsional, que perda fondos por la creacin del sistema de capitalizacin. Este recorte a los fondos coparticipables habra perdido sentido desde el momento en que, en 2009, con la nacionalizacin de las AFJP, los fondos pasaran ntegramente al Estado Nacional va la ANSeS.

As, Crdoba se ha sumado a los antecedentes de las provincias de San Luis y Santa Fe, que haban hecho reclamos similares previamente, aunque sin la fuerza legal de sus legislaturas. La provincia de Corrientes tambin anunci que ir a la Corte Suprema en el reclamo por el 15%. Legisladores opositores de la provincia de Buenos Aires realizan los mismos planteos. El resto de las provincias, hasta ahora, no se ha manifestado. La puja distributiva entre la Nacin y las provincias refleja, en el fondo, dos histricos y no resueltos modelos de pas: el centralismo unitario y la expansin del Estado Nacional, versus el federalismo con el desarrollo del interior.

Federalismo argentino 2012: cmo funciona?El tamao del Sector Pblico Consolidado (Nacin-provincias-municipios) equivale al 47% del Producto Interno Bruto. Para cubrirlo, la presin tributaria consolidada contina alcanzado rcords, llegando a 36,2% del PIB. Si se estimara el impuesto inflacionario, llegara al 39%. El resto del gasto es financiado con transferencias intra-sector pblico. La deuda pblica no es un problema externo, pero habr que ver qu impacto intertemporal tendr la deuda intra-sector pblico cuando las fuentes de financiamiento se vayan agotando (ANSeS, reservas del BCRA, Banco Nacin, etc). An con este endeudamiento, la Nacin termin 2011 con un dficit financiero de 30.662 millones de pesos.

Por el lado de las provincias, el dficit fiscal de 2011, de 12.000 millones de pesos, trepara a un resultado negativo con un piso de 30.000 millones en 2012, de los cuales ms de la mitad seran de provincia de Buenos Aires. Los gobiernos provinciales no cesan de colocar letras de corto plazo a altas tasas para hacerse de fondos para pagar salarios. Las dificultades para colocar deuda pblica externa se acrecentaron dado el contexto internacional y el auto-aislamiento global impulsado por el proteccionismo de la administracin nacional desde este ao.

En cuanto a la coparticipacin federal de impuestos, adolece de problemas estructurales, que las propias provincias aceptaron en esta dcada: incumplimiento del piso del 34% establecido por la ley 23.548, creciente peso de tributos nacionales no coparticipables (Derechos de Exportacin Cheque, Seguridad Social), detraccin de la masa coparticipable bruta del 15% para la ANSeS, que a su vez luego realiza prstamos a las provincias para que financien sus cajas de jubilaciones, y virtual reemplazo de los pisos legales por un incremento sostenido de las transferencias nacionales discrecionales, que, por su naturaleza, no tienen destino proporcional hacia todas las provincias.

Les queda el recurso de aumentar los impuestos propios. Por ejemplo, Buenos Aires y Entre Ros, siguindole Santa Fe, con el revalo del impuesto inmobiliario rural, y otras medidas tributarias.

La prestacin provincial de los servicios de educacin bsica y salud, junto a los gastos en seguridad, justicia y municipales, pone presin sobre las arcas provinciales. En un contexto de puja distributiva que comenz en 2006, los salarios suben y presionan las finanzas provinciales. Otro tema es la cuestionable calidad de los bienes pblicos provinciales ofrecidos en salud y educacin, claves en la formacin de capital humano y en la superacin de la pobreza estructural.

Como las provincias no cubren su presupuesto con impuestos propios, se produce un desequilibrio vertical: gastan ms que lo que recaudan, y dependen de las transferencias. En la medida en que stas sean automticas, la independencia entre jurisdicciones est garantizada. Pero desde 2003 las transferencias discrecionales han reemplazado en gran medida al sistema establecido por la ley.

El marco legal establece que las transferencias corrientes por coparticipacin sern automticas, siendo las ms relevantes. En la actualidad, las transferencias de capital (obra pblica) y las transferencias corrientes no automticas, discrecionales, han cobrado mayor importancia. La ley establece un piso de 34% en los fondos a transferir a las provincias con respecto a la masa tributaria total, pero en 2012 este monto llega al 24%. La diferencia se cubre con transferencias discrecionales y de capital, que, por su naturaleza y por la tradicin fiscal del pas, dependen de la relacin entre la Nacin y cada provincia en particular, generando menor independencia de los gobiernos subnacionales.

Bajo este esquema, donde las provincias ofrecen bienes pblicos de cuestionable eficiencia y dependen crecientemente del centralismo, se plantea el reclamo de la provincia de Crdoba. Cabe sealar que las provincias podran cubrir el 75% del dficit financiero de 2012 si recuperaran el 15% detrado de la masa coparticipable, hoy girado a la ANSeS.

Centralismo y federalismo, Estado y producciones regionalesEl sistema centralista es ms Estado, y por ende mayor concentracin de poder y de fondos en el gobierno nacional. El federalismo es ms independencia para los gobiernos subnacionales, siempre que se financien y realicen administraciones prolijas.

El modelo centralista enfrenta crecientes exigencias en trminos de sustentabilidad fiscal y externa, convalidando una inflacin del orden de 25% anual desde la poltica monetaria y fiscal, llegando al extremo de introducir un fuerte cepo cambiario, y con el resultado de una produccin nacional con creciente prdida de competitividad, en un esquema cerrado mercado-internista.

Con respecto a la produccin, la actividad central del interior son las producciones agropecuarias, las economas regionales y la agroindustria, competitivas y exportadoras. Desde los 2000, su aporte a la economa y a la sociedad argentina ha sido incremental. Estas cadenas productivas provinciales han sido las ms afectadas por la presin impositiva, regulaciones y prohibiciones de comercio en estos aos. Las justificaciones se han centrado en cuestiones de equidad redistributiva y seguridad alimentaria. Pero estos instrumentos slo han servido para financiar el gasto pblico muy por encima del gasto pblico social, objetivo original de las retenciones a las exportaciones en 2002. As, se repitieron polticas adversas a la produccin y slo favorables al financiamiento del Estado nacional, erosionando la base productiva de las provincias. La coparticipacin del 30% de las retenciones a la soja hacia las provincias y municipios tampoco ha sido un paso adelante en el federalismo.

Un menor crecimiento de las cadenas productivas del interior es equivalente a menos federalismo. Ms migracin rural-urbana desordenada, menor empleo local, menor produccin regional y menor recaudacin tributaria provincial y municipal, algunos de sus efectos.

Una redefinicin de la relacin entre la produccin del interior, la sociedad y sus representantes a nivel poltico parece necesaria para redefinir el federalismo en la Argentina. Con ello, los problemas fiscales seran menores. El desarrollo regional y un mayor y mejor empleo territorial, una realidad superadora del presente, reduciendo las tentaciones y los riesgos del centralismo.