DOCUMENTO DE PROPUESTAS URGENTES SOBRE RENTA BSICA, VIVIENDA, EXCLUSIN SOCIAL Y PLAN DE EMPLEORed de Solidaridad Popular (Cceres), Plataforma de Afectados de las Hipotecas (Badajoz) y Campamentos Dignidad de Extremadura

30 de julio de 2015El pasado 10 de julio un nutrido grupo de movimientos sociales de Extremadura (PAH, RSP, Plataforma de Parados y Paradas de Cceres, Plataforma de Indignados de Olivenza, Asociacin Regional de Defensa de lo Pblico y Campamentos Dignidad de Badajoz, Plasencia, Almendralejo, Don Benito y Mrida) mantuvimos una reunin con el gobierno regional. La delegacin de la Junta de Extremadura estaba encabezada por su Presidente, Guillermo Fernndez Vara, y formaban parte de ella el Consejero de Sanidad y Polticas Sociales, Jos Mara Vergeles, la portavoz del gobierno regional Isabel Rosia y la secretaria general de Vivienda, Maribel Moreno. En la reunin se abordaron cuatro puntos: situacin actual de la Renta Bsica, Plan de Empleo, Vivienda y Medidas contra la exclusin social. Desde los movimientos sociales expusimos nuestra visin y propuestas sobre estos cuatro temas, llegamos a acuerdos sobre algunas de las propuestas y quedaron encima de la mesa otras, recogidas en el Documento reivindicativo Pan, Trabajo, Techo y Dignidad que los Campamentos Dignidad presentaron a todos los partidos con anterioridad a las elecciones autonmicas. Uno de los acuerdos a los que llegamos fue mantener reuniones quincenales que permitan dar solucin a la angustiosa situacin que sufren miles de familias extremeas como consecuencia del alarmante bloqueo en la gestin de la renta bsica de insercin y de la amenaza masiva de desahucios de vivienda. A la luz del anlisis que compartimos en la mencionada reunin y teniendo en cuenta las necesidades ms urgentes de la poblacin extremea ms golpeada por el paro, la precariedad, la miseria y la exclusin social, presentamos las siguientes propuestas:1. Renta Bsica Ya, sin ms dilaciones ni obstculosEl gobierno saliente del PP ha estado durante dos aos burlando el cumplimiento de la Ley de Renta Bsica de Insercin, aprobada el 9 de mayo de 2013. Para constatarlo basta con poner en relacin dos datos que figuraban el documento, ya de por s poco creble, que la Junta de Extremadura nos entreg el pasado 10 de julio. En esa fecha seran 35.522 los extremeos y extremeas que habran solicitado la renta bsica de insercin y 12.110 las resoluciones favorables. Sin embargo, la Junta de Extremadura slo se ha gastado en este tiempo las 2/3 partes del presupuesto habilitado en los 3 ltimos ejercicios (424 millones de euros de un total de 632 millones de euros presupuestados). Con el estado de necesidad y miseria de miles de personas y familias extremeas, la Junta de Extremadura an tiene 208 millones de euros sin gastar de ese perodo. Y todo ello sin contar los 80 millones de euros que la Disposicin Adicional 14 de los Presupuestos de Extremadura correspondientes al ao 2012 prevea destinar para renta bsica de insercin. En plata: slo de la legislatura pasada se les adeudan ms de 100 millones de euros a las gentes ms pobres de Extremadura. Todo un escndalo que debera abochornar al gobierno saliente y a quienes han participado, por accin u omisin consciente, en este robo contra las personas que estn sufriendo ms la crisis. Los dos meses transcurridos desde las elecciones autonmicas no slo no han enmendado el desastre organizado sino que lo han ampliado a extremos rayanos en la prevaricacin administrativa. Ya no es que no paguen las resoluciones favorables desde el mes de enero, es que incluso han suspendido el pago a muchos de quienes estaban cobrando. El desprecio burocrtico a la gente es brutal. Se est humillando y mareando a la gente sin darle informacin sobre su peticin de renta bsica. Dos simples ejemplos: ahora se impide a los solicitantes que van a la Direccin de Poltica Social a requerir informacin sobre su solicitud que puedan entrar acompaados por otra persona, familiar o compaero del Campamento Dignidad; algo que se permita hasta el 24 de mayo. Y la ltima: ahora hay una nueva exigencia burocrtica: hay que solicitar por escrito que te reciban para informarte sobre tu solicitud. Queremos llamar la atencin sobre las consecuencias trgicas que puede tener esta orientacin burocrtica y de criminalizacin de la pobreza: el 1 de julio, una mujer de Mrida intent suicidarse ante la desesperante situacin econmica que vive junto a su familia. Acababa de salir de la Direccin de Poltica Social donde le haban comunicado que no se saba cundo cobrara la renta bsica de insercin. Quienes solicitan la renta bsica son personas, no nmeros ni expedientes. La pobreza no es un problema de orden pblico, sino de orden social, de pura injusticia.

En resumen, los problemas ms urgentes del actual sistema de gestin de la renta bsica son los siguientes:Colapso en el proceso de resoluciones y en el pago de las resoluciones favorables.

Previsible colapso a partir de septiembre en servicios sociales de base en renovaciones.Nula informacin sobre el estado de las expedientes a la gente.

Indefensiones de gente que quiere tramitar una peticin y no puede hacerlo porque el profesional de referencia no le tramita su solicitud.Criterios discrecionales en la ley 9/20014 que conllevan inseguridad jurdica, por no decir discrecionalidad y arbitrariedad. El famoso criterio del artculo 6 y 10 est causando estragos entre miles de personas: "Encontrarse en un estado de dificultad personal o social determinante de exclusin o riesgo de exclusin, que constituya una especial dificultad para su integracin en el mercado laboral y sea considerado como tal por los servicios sociales competentes".Plazos de convocatoria. Valga como ejemplo que entre el 15 de mayo y el 23 de junio no se ha podido solicitar la renta bsica de insercin. Y eso que segn los autores de la ley estamos ante una renta de carcter alimenticio.Ante la situacin que venimos describiendo proponemos dos bloques de medidas, antes y despus de finalizar el presente ao 2015.1.1 Medidas inmediatas de descongestin del sistema antes de finalizar el ao1.1.1 Antes del 15 de agosto, tal y como acordamos en la reunin del 10 de julio, se proceder al pago de todas las personas con resolucin favorable, propuesta de resolucin favorable o propuesta de exclusin favorable. Eso supone que, a esa fecha, deberan estar cobrando la renta bsica de insercin alrededor de 15.000 personas. Entre las personas a las que debe abonarse la renta bsica de insercin se incluyen tanto aquellas a quienes no se ha iniciado el pago, como aquellas otras a quienes se les ha interrumpido. Antes de esa fecha habrn de pagarse tambin los atrasos acumulados.

1.1.2 Antes del 15 de septiembre han de resolverse todos los expedientes pendientes en los que hayan transcurrido ms de dos meses desde la presentacin de la solicitud.1.1.3 Antes del 15 de septiembre, contratacin de profesionales de refuerzo en los servicios sociales de base y en los servicios centrales mientras dura el actual sistema para evitar el colapso de peticiones en el proceso de renovaciones. A medio plazo, consideramos que debe plantearse como objetivo la consolidacin de estas ampliaciones en los servicios sociales de base.1.1.4 Ejecucin del presupuesto acumulado y habilitacin de los crditos ampliables correspondientes. Los fondos presupuestarios destinados a la renta bsica de insercin no pueden estar sometidos a la incertidumbre permanente. Han de ser tan sagrados como el sueldo de los empleados y cargos pblicos. 1.1.5 Auditora ciudadana de la gestin de la renta bsica. Existen muchsimos indicios de que en la gestin de la renta bsica de insercin ha estado regido por una sistemtica prevaricacin administrativa. Los datos que la Junta de Extremadura nos aportaba el 10 de julio constituyen una huella ms de este proceso de revanchismo contra los ms pobres que hemos vivido. De las 14.000 solicitudes estancadas correspondientes a la Ley 3/2013, segn el informe del Director Gerente del SEXPE, de fecha 26 de agosto de 2014, hemos pasado a 1.811 solicitudes pendientes de resolver. Estamos ante una misteriosa evaporacin de solicitudes de las que alguien tiene que responder. Queremos que se abra una investigacin y, en su caso, se depuren las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Es ms que probable que la administracin extremea tenga que hacer frente a numerosos recursos por responsabilidad patrimonial. Quin responde del fiasco? Pueden ser las mismas personas y empresas que han participado de este proceso quienes gestionen en el nuevo perodo la renta bsica de insercin?1.1.6 Como manifestamos en la reunin anterior, en este perodo transitorio, mientras se desbloquea la gestin de la renta bsica de insercin y se pone en marcha una Ley de mnimos vitales, consideramos acuciante alguna medida de urgencia que podra ser una nueva convocatoria de las "Ayudas De Proteccin Urgente" para pagar recibos de luz agua, o vivienda (que podran ser como las AISES extraordinarias o como las ayudas que regulaba el DECRETO 10/2014, de 4 de febrero, pero menos restrictivas). El decreto 10/2014 estableca una tabla de ingresos que dejaba fuera a muchas personas y, como otro ejemplo de su carcter restrictivo y discriminatorio, no acoga a aquellas personas en situacin de ocupacin irregular de vivienda.Medidas de transparencia y proteccin de los derechos sociales

1.1.7 Es preciso dar un giro de 180 grados en la informacin y gestin de la renta bsica de informacin. Hay que desburocratizar la renta bsica y garantizar una informacin clara, rpida y til a las personas solicitantes. Algunas medidas que deberan adoptarse al respecto:

Puntos de informacin en las principales ciudades (Ayto-Junta) para facilitar informacin sobre cmo est cada peticin. Modificacin de la plataforma informtica para facilitar una informacin ms precisa del estado del proceso a todos los profesionales. Eliminar trabas de servicios de intervencin econmica y administrativa. 1.1.8 Informacin actualizada a los movimientos sociales del funcionamiento del sistema, con periodicidad quincenal. Establecimiento de un mecanismo estable de interlocucin. Adems se adoptarn medidas adicionales que refuercen la gestin transparente de la renta bsica tales como la publicacin de los datos a travs de la web de transparencia: nmero de solicitantes acumulados, por localidad y por fechas, resoluciones favorables, importes, motivo de las resoluciones desestimatorias, recursos presentados, resultados de los mismos, plazos, etc.1.1.9 Tutela y proteccin del solicitante de RBI. Con el actual sistema hay que crear mecanismos de control, tutela y seguimiento para garantizar que cualquier solicitante de renta bsica tenga garantizado su derecho de peticin de RB y evitar que un profesional se arrogue el derecho a decidir sobre la cuestin. 1.1.10 Plazos de convocatoria. Compromiso de eliminar el sistema de convocatorias. Mientras se deroga, establecimiento de una Convocatoria permanente. Es muy fcil: abrir la siguiente convocatoria el da siguiente al cierre de la anterior. 1.1.11 Evitar criterios discrecionales. En las resoluciones se utilizarn nicamente los criterios objetivos de la norma, en modo alguno se denegar una renta bsica utilizando argumentos subjetivos arbitrarios y discrecionales (el criterio de los artculos 6 y 10b). No a discriminaciones de edad, de estado civil, de barriada o de origen familiar. La poca del asistencialismo y del clientelismo ha de terminarse.1.1.12 Se fijar una fecha fija de cobro, hacindola coincidir con el cobro de los subsidios de desempleo (da 10 del mes). En la resolucin se fijar la fecha de cobro de la primera percepcin.1.1.13 Evitar una aplicacin restrictiva de la ley. No se podr incompatibilizar la renta bsica de insercin con salarios inferiores a la misma. No puede ser que un trabajo de 6 horas a la semana durante 4 meses sea incompatible con la Renta Bsica de Insercin.1.1.14 INEMBARGABILIDAD DE LA RENTA BSICA. La Renta Bsica es inembargable, pero hay numerosos casos de embargos practicados sobre ella como consecuencia de no especificar el concepto de su pago. Cuando el abono de la mensualidad anterior y la actual supone el pago de una cantidad superior al mnimo inembargable, incluso la administracin de justicia en Extremadura ha procedido a embargar sobre esas cantidades sin poder anular esos embargos y devolver las cantidades despus, ya que el concepto del pago reza nicamente Junta de Extremadura y, al no especificarse, no hay certeza sobre su inembargabilidad. Solicitamos que el concepto de pago sea Renta Bsica Junta de Extremadura para evitar estas confusiones, garantizando as en la prctica la inembargabilidad de la Renta Bsica.

1.2 Medidas estructurales: 1.2.1 86 millones de euros en concepto de Renta Bsica en los Presupuestos de la Junta de Extremadura para 2016. Guillermo Fernndez Vara se comprometi solemnemente a que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma contaran cada ejercicio con una cuanta reservada para la renta bsica de insercin, equivalente al menos al 05% del PIB regional actual. Con los datos correspondientes a la ltima anualidad (PIB 2014: 17.227 M.), esto supone que en el ejercicio prximo han de destinarse a renta bsica de insercin al menos 86.135.000 euros.1.2.2 Una nueva Ley de Renta Bsica. Proponemos que la elaboracin de una nueva ley de renta bsica con participacin de los movimientos sociales se inicie en enero 2016, de modo que pudiera estar ya en vigor antes de terminar el primer trimestre de 2016. Desde los movimientos sociales proponemos que con esa nueva regulacin se acoja al menos a todas las personas en paro sin cobertura o personas sin ingresos (1 fase de la ILP extremea por la Renta Bsica). 1.2.3 Plan de Empleo Pblico y Social. Junto al pago y extensin de la renta bsica planteamos la elaboracin de un ambicioso Plan de empleo pblico y social. Al final del documento incluimos algunas de las principales propuestas2. Ni un desahucio ms en Extremadura, la vivienda es un derechoMEDIDAS GENERALES2.1 La Administracin autonmica y la sociedad civil realizarn un seguimiento conjunto de la situacin habitacional extremea

Es necesario conocer la situacin habitacional extremea a travs de una auditora que esclarezca el nmero de viviendas deshabitadas en propiedad de las entidades financieras y fondos de titulizacin de activos (fondos buitres), una auditora de vivienda pblica autonmica y municipal a fin de conocer sus condiciones actuales y concretar la oferta de vivienda en rgimen de alquiler social, proveyendo de alternativas habitacionales a todos los casos extremos que las necesiten. Proponemos la creacin de un parque de vivienda pblico de alquiler social. Todo el parque de viviendas propiedad de la SAREB ha de ponerse a disposicin del alquiler social. Reclamamos solucin para la Corrala Solidaridad de Almendralejo y la Corrala Dignidad 1 de Mayo.2.2 Coordinacin de los servicios y administraciones pblicas en materia de vivienda y exclusin social en Extremadura

La Junta de Extremadura se coordinar con los servicios que se encuentran ya en activo para dar respuesta efectiva a las necesidades de Extremadura en materia de Vivienda y Exclusin Social: pondr los servicios de sus trabajadores destinados a esas materias en coordinacin con la actuacin de los servicios municipales con competencia sobre las mismas y con las Oficinas de Intermediacin Hipotecaria en funcionamiento, as como los Juzgados y Tribunales que ejercen su funcin en Extremadura, para garantizar una proteccin del derecho a una vivienda digna y adecuada de los extremeos y extremeas, previendo siempre una alternativa habitacional para casos de riesgo de desahucio de deudores de buena fe, quedando as situada en la media europea.Prohibicin de desahucios en la vivienda habitual y nica, ya sean pblicos o privados. Regulacin del alquiler social, no pudiendo cobrarse a los inquilinos de estas viviendas ms de una tercera parte de sus ingresos. En cualquier caso, las Administraciones garantizarn que ninguna persona se queda en la calle, habilitando la alternativa habitacional.2.3 Impulsar un turno de oficio especializado en desahucios: ejecuciones y lanzamientos La Junta de Extremadura entablara dilogos con los Colegios de Abogados de Cceres y de Badajoz para el establecimiento de una especializacin separada mediante curso habilitante a impartir desde los propios Colegios de Abogados con la acreditacin preceptiva, con el fin de garantizar el derecho a una justicia efectiva en una materia tan compleja, delicada y capaz de provocar menoscabo de derechos si no hay profesionales especializados en mediacin con entidades financieras y lanzamientos de toda naturaleza (hipotecarios, administrativos, arrendamientos) sobre inmuebles que constituyeren vivienda habitual y nica.

VIVIENDAS SOCIALES PROPIEDAD DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

2.4 Retirada de los ms de 1.300 expedientes de desahucios administrativos en las viviendas propiedad de la Junta de Extremadura.

Solicitamos que, de modo inmediato, la Junta de Extremadura cumpla escrupulosamente los acuerdos aprobados en Pleno por la Asamblea de Extremadura en fechas 26 de julio de 2012, 25 de abril de 2013 y 5 de marzo de 2015, lo que conllevara tambin la revisin de cada expediente con el fin de proceder a la extincin de los mismos determinando si los impagos han sido producidos por deudores de buena fe cuyas circunstancias personales, familiares o econmicas les han impedido afrontar el pago del alquiler social, auditando las deudas de las familias con viviendas sociales de la Junta de Extremadura. - La moratoria de alquileres sociales (o minoracin del 100%) debe prorrogarse. Debe evitarse los efectos negativos que estn teniendo sobre muchas familias al no poder hacer frente a los compromisos de pago de varias mensualidades atrasadas; de ese modo, la moratoria se convierte en una trampa y la familia termina ante el Organismo Autnomo de Recaudacin. Como criterio general se establecer el pago de una mensualidad atrasada por mes, siempre y cuando los ingresos superen el Salario Mnimo Interprofesional. Si las familias no tienen ingresos, obviamente estarn exentas de pago. Del mismo modo, consideramos que hay que revisar el decreto de minoraciones para adaptarlo a la situacin de incremento de las situaciones de paro, precariedad y exclusin social.- Consideramos que deben revisarse las deudas acumuladas de muchas familias que, en muchos casos, han ido creciendo artificialmente. Un ejemplo: la retirada de las minoraciones a inquilinos en situacin de exclusin social y la contabilizacin del 100% de la renta lo nico que hace es arrastrar a las familias a un callejn sin salida.

- Asimismo estimamos que deben regularizarse las llamadas ocupaciones irregulares que han crecido exponencialmente en los ltimos aos como consecuencia de la crisis econmica. No se puede penalizar la situacin de extrema necesidad.2. 5 Ampliar, recuperar y rehabilitar la red pblica de vivienda autonmica y su concesin en rgimen de alquiler social. Plan de desarrollo comunitario para las barriadas de viviendas sociales- Rehabilitar las viviendas vacas con desperfectos. Para desperfectos leves, las propias familias a las que se les adjudiquen las viviendas en rgimen de alquiler social pueden realizar la rehabilitacin, descontndose ese trabajo de su cuota de alquiler social.

- La Junta de Extremadura pujar en las subastas derivadas de procedimientos de ejecucin hipotecaria, primando aquellas que constituyeran vivienda habitual de los deudores, comprando la vivienda por el 70% de su valor de tasacin a efectos de subasta, como dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para ello, la Junta har un estudio de cada caso, con el fin de determinar si la adquisicin sera rentable. Reclamamos la regulacin del derecho de tanteo y retracto a favor de la Junta de Extremadura.

- Hay que salvaguardar el patrimonio pblico de viviendas sociales de la accin especulativa de los fondos buitres, impidiendo su venta a los mismos.

- Muchas de las barriadas de viviendas sociales estn completamente abandonadas por la Administracin. El deterioro de estos ncleos vecinales ha sido funcional a las polticas de segregacin y a la construccin del imaginario de los barrios conflictivos. Es imprescindible un plan de recuperacin y rehabilitacin de estas comunidades, garantizando cosas tan bsicas como los ascensores o la limpieza viaria. Proponemos la elaboracin de proyectos de desarrollo comunitario que impliquen la creacin de empleo, tejido asociativo y servicios pblicos en estas barriadas. VIVIENDAS PRIVADAS

HIPOTECAS2.6 Destinar viviendas deshabitadas a su uso en rgimen de alquiler socialDestinar por Convenio la cesin de uso de viviendas deshabitadas en propiedad de las entidades financieras a la administracin autonmica o a las administraciones municipales de Extremadura para la concesin de alquileres sociales con cuotas no superiores a un tercio de los ingresos familiares, o cesin de dichas viviendas al Fondo Social de Viviendas regulado en el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios.

2.7 No firmar contratos con entidades que desahucien o vulneren los derechos humanos de la gente en Extremadura

Proceder la revisin de los contratos firmados y vnculos con las entidades, con el objeto de extinguir toda relacin contractual con ellas, comenzando con las entidades que figuran como colaboradoras con los servicios de gestin tributaria y recaudacin de la Junta de Extremadura. Las entidades financieras que contraten con entes y empresas pblicas, as como con la propia Administracin, debern comprometerse a cumplir los estndares internacionales en materia de desahucios.

2.8 Cargas y embargos: unificacin de criterios en los rganos de la Junta Agilizar los mecanismos para facilitar la concesin de aplazamientos de deudas con la Administracin Pblica cuyos embargos imposibiliten la consecucin de acuerdos de reestructuracin de la deuda o dacin en pago cuando el resto de requisitos se cumplen, as como la liberacin de las VPOs por parte de la administracin que detente las competencias de Vivienda cuando as se le solicite para proceder a la dacin en pago, cumplindose de esta forma todos los requisitos establecidos en la ley.

Motivacin: En la prctica, encontramos gran disparidad en los criterios de las administraciones pblicas a este respecto. En los ltimos tres aos, la Consejera de Fomento y Vivienda conceda fcilmente la liberacin de las VPOs cuando as se le requera expresamente por el deudor a fin de realizar la dacin en pago en los servicios localizados en la ciudad de Badajoz y no las conceda nunca en los servicios localizados en la ciudad de Cceres, poniendo de manifiesto la necesidad de unificacin de criterios.

En el mismo sentido, la Oficina de Aplazamientos de la Seguridad Social en la ciudad de Badajoz concede los aplazamientos de las deudas con la Seguridad Social cuyos embargos pesen sobre la vivienda cumpliendo el resto de requisitos legales para reestructurar la deuda o proceder a la dacin en pago y, sin embargo, en otras ciudades no se concede cuando las circunstancias objetivas y subjetivas son las mismas. Requerimos una unificacin de criterios en favor de la legalidad. VIVIENDAS PRIVADAS: ALQUILER PRIVADO

2.9 Prever alternativa habitacionalEs necesario remarcar estos casos, al carecer de las garantas que suelen tener el resto y que conducen, igualmente, a situaciones de emergencia habitacional. La Junta de Extremadura deber prever, bien por s misma o bien coordinada con las administraciones provinciales y municipales, alternativas habitacionales para los desahucios derivados de impagos de deudores de buena fe en situacin de exclusin social, previendo alquileres sociales, in casu.Conseguir el derecho a la vivienda para toda la ciudadana, sin que se expulse a nadie y se eviten bolsas de marginacin, implica una profunda transformacin del marco jurdico y poltico. Estas son algunas de las propuestas que consideramos ms urgentes:

OTRAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA

2.10 La Junta de Extremadura arbitrar medidas para que los bloques o urbanizaciones abandonadas o inacabadas, como el de la Urbanizacin Los lamos en Mrida, pasen a manos de la administracin. Se contemplar la posibilidad de terminacin y rehabilitacin por parte de los adjudicatarios, descontndose los jornales de los alquileres o precio que se estipule. Proponemos que en los Presupuestos de 2016 se incluya ya una partida destinada a este fin.2.11 Viviendas vacas. Segn los datos oficiales del INE (2013) en Extremadura hay 118.197 viviendas secundarias (182% del total) y 105.173 viviendas vacas (el 162% del total). Badajoz es la provincia nmero 11 en el porcentaje de viviendas vacas. Es preciso adoptar medidas para incentivar que las viviendas vacas tengan un uso social o se pongan el alquiler. Para empezar, imponer una tasa a las viviendas desocupadas en manos de las entidades financieras. 2 Medidas contra la exclusin socialApuntamos algunas de las propuestas que nos parecen ms urgentes:

3.1 No a la pobreza energtica: Ley de Mnimos Vitales de Agua, Luz y Gas

Resulta especialmente alarmante el crecimiento de la pobreza energtica entendida como la dificultad para hacer frente a las facturas de suministros bsicos de electricidad, gas y agua. Los precios de acceso a estos suministros se han vuelto inasequibles para la poblacin. Desde el 2008, la luz ha subido un 60% y el agua un 66%. El crecimiento de esta situacin de emergencia social y la escasez de las ayudas que reciben las personas afectadas contrastan con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y empresas de suministros.

Se calcula que ms de 90.000 personas en Extremadura no tienen dinero para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. A la vez para otros 222.000 extremeos el gasto en energa es excesivo y les arrebata ms del 10% de sus ingresos mensuales. En total la pobreza energtica acosa a 331.000 extremeos, casi uno de cada tres. Por otra parte, se calcula que de las 7.200 muertes al ao en Espaa por pobreza energtica en invierno, 200 seran en Extremadura.

Por todo ello consideramos imprescindible una ley de Mnimos Vitales. Las administraciones pblicas debern garantizar el derecho al acceso a suministros bsicos de agua, luz y gas de las personas en situacin de vulnerabilidad mientras dure esta situacin y como mnimo durante 3 aos.Reclamamos que en los Presupuestos extremeos de 2016 ya se haga una previsin presupuestaria con los que se garantice a todas las personas unos consumos mnimos vitales de luz y agua.

3.2 Bancos de alimentos y fondos del FEGA. Mientras persiste la situacin de emergencia social es preciso que aumente ostensiblemente la cantidad y variedad de los alimentos que se proporcionan desde el Ministerio de Agricultura y Alimentacin. Se debe crear un mecanismo de coordinacin asociativo-institucional, en el que participen las organizaciones de distribucin, las entidades de reparto y las Administraciones. 3.3 Comedores escolares. Planteamos la adopcin urgente de tres medidas: - Garantizar la apertura durante el verano de un nmero mnimo de colegios con servicio de comedor escolar por cada localidad, as como en los dems perodos vacacionales.- Para el curso 2015-2016: Garanta de tres comidas (almuerzo, desayuno y merienda). Reforzar la alimentacin infantil en los colegios pblicos de educacin infantil y primaria que dispongan de servicio de comedor escolar. - Objetivo para los tres prximos aos: incrementar el nmero de plazas en comedores escolares hasta llegar, a lo largo de la legislatura al menos, al 25% de los alumnos de Infantil y Primaria. Eso supondra abarcar como mnimo a 25.000 nios y nias de Extremadura.

3.4 Garantizar la gratuidad de libros de texto y material escolar

En Extremadura, de los 147.816 alumnos y alumnas que componen la Educacin Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (es decir, sin contar los ms de 36.000 de Bachillerato y FP), slo estn becados 71.673. Y las becas de ayuda-medias por libros de texto son ya irrisorias: de los 119 euros de media por alumno/a en el 2009 se ha pasado a 36 euros en el ltimo curso. En aos anteriores esta evidente descompensacin entre el coste de los libros y la cuanta de las becas se solventaba en gran medida con los bancos de libros que han ido crendose en los centros escolares, medida imposible de adoptar en este curso por tratarse de libros nuevos. A este despropsito tan bien organizado hay que aadir el agravante de que las familias de los alumnos becados han de adelantar ese dinero que la Junta les devuelve en la primavera.Exigimos a la Junta de Extremadura el cumplimiento escrupuloso del mandato constitucional, garantizando la gratuidad de la enseanza bsica. Asimismo exigimos el fin de la poltica de despilfarro (621.000 euros destinados a los Premios Ceres, 1.200.000 euros al Consejo Consultivo, por poner dos ejemplos) y el destino de esas cantidades a atender las necesidades educativas y sociales.Proponemos:

- Incremento significativo para el curso 2015-2016 de los fondos destinados a gratuidad de libros de texto y material escolar en, al menos un 30%.- Dotacin para la creacin de bancos de material escolar en los centros educativos.

- Regulacin de Vales para el material escolar. Se tratara de una cantidad con destino finalista que se otorgara a todas las familias necesitadas (podra comenzarse por el alumnado beneficiario de las becas de libros de texto).

3.5 Respetar la institucin del rebusco jornalero y poner fin a la persecucin de la Junta de Extremadura3.6 Recuperar la universalidad de la atencin sanitaria, garantizando el acceso de toda la poblacin a la tarjeta sanitaria. La exclusin sanitaria de inmigrantes y de espaoles emigrantes viola la normativa europea y los derechos humanos ms elementales3 Plan de Empleo Pblico y SocialConsideramos que, durante este otoo o a ms tardar en el primer trimestre de 2016, debera elaborarse de forma participativa un Plan de Empleo Pblico y Social para Extremadura. Los movimientos sociales que suscribimos esta propuesta, con presencia organizada entre los colectivos de parad@s y precari@s, solicitamos participar en la elaboracin del plan y formar parte de la Comisin del Plan de Empleo.

stas son algunas de las propuestas que avanzamos:4.1 Plan de empleo pblico y social: garanta de, al menos, 25.000 contratos anuales a travs de los ayuntamientos extremeos, cofinanciados por la Junta de ExtremaduraLos 25.000 contratos anuales se distribuiran entre los ayuntamientos atendiendo a su poblacin y porcentajes de paro. Para determinar los sectores productivos o el tipo de empleos que se crearan y los criterios de seleccin se constituiran Comisiones de empleo en todas las localidades.

El Plan de empleo pblico o social a nivel regional fijar sectores estratgicos susceptibles de generar un nivel alto de empleo tales como planes de reforestacin, recuperacin del empleo pblico en sanidad o educacin, aplicacin de la ley de dependencia o la extensin de la red de guarderas.

4.2 Cambio del modelo productivo. Nueva orientacin de la agricultura, basada en el apoyo a jornaleros, pequeos agricultores y cooperativas. Potenciar la industria de transformacin agraria. Potenciar la produccin agraria local, por ejemplo primando las compras y suministros por parte de las administraciones.4.3 Restitucin de las plantillas recortadas de educacin, sanidad y servicios sociales.

4.4 Medidas de reparto del empleo.

-Prohibicin de horas extraordinarias en la administracin, en las empresas pblicas y en los pliegos de condiciones de adjudicacin de obras y servicios pblicos.

-Reduccin de la jornada laboral y traduccin en creacin de puestos de trabajo.

4.5 Polticas contra la precarizacin del trabajo:

-Abogar por la derogacin de la Reforma Laboral, supresin ETTs.

-Establecer clusulas sociales en las adjudicaciones o concursos con empresas.

-Garanta de derechos sociales para sectores precarizados como los becarios de investigacin.

-Controlar y reducir al mnimo las cadenas de subcontratacin.

-Acabar con el encadenamiento fraudulento de contratos.

-Reforzar la inspeccin de trabajo para eliminar los abusos patronales.

-Penalizar el despido improcedente con costes disuasorios y reconocer al trabajador el derecho a la readmisin.

-Reforzamiento y democratizacin de la negociacin colectiva.4.6 Eliminar los salarios de pobreza. Si la dotacin presupuestaria es para 1 trabajador a jornada completa durante 1 ao, impedir que se conviertan de modo sistemtico en 4 puestos de trabajo a media jornada durante 6 meses en la administracin. Con el sistema actual de subsidios por contratos a tiempo parcial se produce un perjuicio enorme a los trabajadores.

4.7 Establecer mecanismos que faciliten que las personas desempleadas a las que les falten perodos pequeos para poder percibir el subsidio de desempleo o la pensin puedan ser contratadas preferentemente.

4.8 Eliminar las polticas de culpabilizacin de los parados por parte del SEXPE. No al maquillaje estadstico de los datos de paro: por ejemplo, en lo relativo a los participantes en los cursos de formacin. Cuando un parado est haciendo un curso de formacin, sigue estando parado y adems no debe perder ni antigedad ni prestaciones.

4.9 Facilitar que los fondos destinados a los planes de empleo se puedan utilizar para crear empleo estable y aprovechar el suelo industrial que se ha ido creando a lo largo de los ltimos aos.

4.9 Dar valor al trabajo de cuidados de las personas, realizado fundamentalmente por las mujeres en las redes familiares, reconocindolo como imprescindible para la sociedad e interdependiente con el trabajo asalariado. Es necesario aumentar los servicios pblicos en este mbito y repartir equitativamente los trabajos entre hombres y mujeres.

4.10 La tierra de Extremadura al servicio del pueblo extremeo

Necesitamos empezar a abrir esa otra perspectiva, que se enfrente a la aberracin que supone alejar en lugar de acercar los alimentos entre la produccin y el consumo. O al sinsentido que representa desnaturalizar cada vez ms lo que consumimos. Algunas de las propuestas que realizamos para iniciar ese camino:

- Creacin de bancos de tierra y huertos sociales en todas las localidades vinculados a la creacin de economatos sociales y populares que garanticen la soberana y suficiencia alimentaria de la poblacin. En los bancos de tierra municipales se primar la produccin de cultivos sociales, generadores de mano de obra.

- Fomentar y facilitar las empresas familiares y el cooperativismo social.- Modulacin de las ayudas comunitarias y cambio del destino de las subvenciones a los grandes propietarios de la tierra en Extremadura. La cantidad anual que llega de la PAC para la agricultura extremea ha oscilado entre los aos 2011 a 2014 entre los 520 y los 540 millones de euros. Segn datos oficiales, alrededor del 90% de las ayudas de la PAC se reparten entre personas que no viven del campo y 37 beneficiarios cobran ms de 300.000 euros. El latifundismo no hace ms que crecer. Urge que estas cantidades millonarias se repartan de otro modo, por ejemplo, potenciando el cooperativismo de los pequeos campesinos y jornaleros.

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