REFERENTES CONCEPTUALES

Al considerar el abordaje del conflicto en la escuela, se pretende reconocer y valorar la forma en que diferentes sociedades, en diferentes momentos históricos, han hecho frente al conflicto observando a través de este una oportunidad para generar transformaciones encaminadas a la búsqueda de la paz, entendiendo esta como un proceso complejo de fortalecimiento de los vínculos sociales y mejoramiento permanente de las condiciones de vida de los sujetos que hacen parte de una sociedad.

A continuación se presentan algunas consideraciones sobre el proceso de desmovilización del bloque cacique Nutibara, en un primer momento se delimitará teóricamente en que consiste el concepto de transformación de conflictos, que surge como una nueva forma de comprender el conflicto, seguidamente se realizará un breve recorrido histórico por el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, a fin que sirva como marco de referencia para comprender cómo surge el bloque Cacique Nutibara del cual se delimitará su origen e impacto en la Ciudad de Medellín.

Realizada esta caracterización se procederá a describir a profundidad la experiencia de desmovilización del BCN en términos de un proceso de transformación de conflictos teniendo en cuenta los móviles que llevaron la misma, los agentes que tomaron parte en el proceso, el desarrollo del proceso de desmovilización y los principales resultados de la experiencia; con lo anterior se procederá a establecer los fundamentos legales y teóricos que sustentan la experiencia de desmovilización del BCN como un proceso de transformación de conflictos.

Como aspecto de síntesis se valorarán los elementos que hacen significativa esta experiencia y los aprendizajes que de ella derivaron. En un último apartado se desarrollarán algunas consideraciones sobre las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación –TIC- para abordar el conflicto en la escuela, partiendo de la premisa que a través de las TIC es posible acercar a los estudiantes a temáticas que son complejas, altamente significativas y con gran carga emocional para ellos de una forma más cercana a su realdiad.

Ahora bien, ¿qué se entiende cuando se habla de transformación de conflictos? El concepto “transformación de conflictos” es acuñado por el profesor Jhon Paul Ledereach durante la década de los 80´s como una forma de responder a las situaciones particulares que se presentaban en Centroamérica en términos del conflicto; contando ya con gran experiencia en torno a la resolución y gestión de conflictos se encontró con una realidad en la cual dichos conceptos generaban reticencias y contraflujos, de allí que buscara nuevas formas para comprender y abordar el conflicto como una posibilidad de cambio (Conforti, 2010).

Así, para Maiese & Lederach (2004) la trasformación de conflictos implica:

visualizar y responder…al flujo y reflujo del conflicto social como oportunidades de vida…para crear procesos de cambio constructivos…que reduzcan la violencia, incrementen la justicia en la interacción directa y en las estructuras sociales, y respondan a los problemas

reales en las relaciones humanas. p.4

Esta definición permite comprender que el punto focal de la trasformación está puesto en la capacidad de las partes para ver el conflicto como una oportunidad para desarrollar cambios constructivos; se adopta pues una mirada transformativa que busca comprender los procesos de conflicto en un patrón amplio de relaciones humanas, donde el conflicto es una oportunidad para crecer y aumentar la comprensión que se tiene sobre sí mismo y el otro como alteridad, logrando que los cambios constructivos partan del mismo conflicto enfocándose a la búsqueda de la paz, que no es un estado final o estático, sino un “continuo de evolución y desarrollo de calidad en las relaciones.” (Maiese & Lederach, 2004, p. 6)

En el caso colombiano, el conflicto ha tomado múltiples formas que, vistas en conjunto, dan cuenta de una situación social problemática de fondo, en la cual el conflicto no se transforma sino que se perpetúa acotando las problemáticas históricas del país. Esta situación hace necesario que los conflictos que se han sucedido en el país sean revisados a la luz de una nueva perspectiva, donde la “transformación de conflictos” como una forma de leer la realidad, sirva para generar transformaciones de fondo en las interacciones sociales, aportando así a la construcción de una paz que responda a las necesidades reales de las comunidades y no a los intereses particulares de determinados grupos hegemónicos.

Contextualización de la experiencia

Las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- fueron una organización paramilitar contrainsurgente con fines paraestatales que actuó en el territorio colombiano entre 1996 y 2006 con la finalidad de soportar la lucha del gobierno en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, el Ejército de Liberación Nacional –ELN- y el Ejército Popular de Liberación –EPL-. (Noreña, 2007) a este fin realizaron diferentes operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares y de Policía en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Santander, Tolima, Valle del Cauca entre otros.

Para comprender su configuración es necesario entender qué es el paramilitarismo; esta forma de facción armada tiene lugar en Francia como una forma de realizar operaciones militares de amplio alcance sin involucrar al ejército regular, con lo cual se garantizaba la no vinculación directa del estado en los crímenes cometidos, esta forma de estructura militar fue adoptada por los Estados Unidos quienes siguiendo una política de contrainsurgencia formaron militares de toda América Latina en la creación, capacitación y articulación de grupos paramilitares para hacer frente a los grupos de izquierda y extrema izquierda que estaban surgiendo en el continente durante la década de los 80 (Velásquez, 2007)

Siguiendo a Rivas & Rey (2008) las autodefensas como estructura paramilitar son grupos que ejercen violencia de corte conservador con el fin de mantener un orden sociopolítico establecido y no son en ningún caso ciudadanos organizados en contra de la criminalidad como se ha querido presentar la configuración de “Ejércitos Privados” al mando de grupos de ganaderos, comerciantes y grupos

significativos de ciudadanos que queriendo tomar el ejercicio del poder coactivo en sus manos han deslegitimado la soberanía nacional.

Los acuerdos de seguridad celebrados entre el gobierno colombiano y el norteamericano llevaron a una reestructuración de las estrategias militares definidas por los Estados Unidos en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional con la cual se pretendía combatir las fuerzas insurgentes al interior de los países latinoamericanos concentrando la actividad del ejército regular en la garantía del orden interno.

Velásquez (2007) y Molano (2006) concuerdan en establecer la misión Yarborough de 1962 como el primer embate del gobierno Norteamericano para hacer contrapeso a la amenaza comunista en Colombia. Preocupados por la extensión de la revolución castrista cubana por el continente el gobierno norteamericano envía al general William Yarborough con la misión de “crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista al igual que la organización de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo operaciones violentas contra la oposición” (Velásquez, 2007, p. 137).

Para el año de 1968 se utilizará por primera vez la palabra paramilitar en el contexto colombiano como una modalidad de Autodefensa Civil que, actuando con el apoyo del gobierno, recibía entrenamiento y armas por parte de la fuerza pública para hacer frente a la guerrilla (Molano, 2006), esta situación se tornó incontrolable ante el avance sistemática de la guerrilla por el territorio nacional llevando a que muchos campesinos, hacendados y ganaderos viesen la necesidad de proteger sus intereses particulares ante la aparente inacción del gobierno nacional.

Ya para finales de 1996 y principios de 1997 surgen las AUC como aglutinación de los diversos “escuadrones de la muerte” que existían en el país, para este momento las fuerzas militares cambiaran su estrategia contrainsurgente delegando a los paramilitares las acciones de eliminación de “trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes sindicales de izquierda, por ser, supuestamente, guerrilleros de civil que habían infiltrado las organizaciones sindicales, políticas, la iglesia, los gremios y las mismas instituciones estatales” (Velasquez, 2007 P. 139).

La penetración del narcotráfico en el conflicto generaría cambios profundos en las estructuras del país, llevando al establecimiento de lazos entre narcotráfico y paramilitarismo, pero más grave aún, se asistió a la desestructuración de los políticos y el estado, permitiendo la aglutinación de la delincuencia común, en detrimento del estado y a favor del narcotráfico dando origen a una forma más perversa – si es esto posible- del paramilitarismo en el país (Rivas & Rey, 2008). Esta situación fue posible gracias a que la lucha estatal contra la guerrilla y el narcotráfico había postergado el problema del paramilitarismo, dándoles a estos la certeza de poder ser un grupo anti-insurgente en todo el país, con estatus político en la medida que se oponían a las iniciativas de paz con la guerrilla y con participación política con la presentación de candidatos “encubiertos” a las elecciones municipales (Rivas & Rey, 2008).

Menguadas las fuerzas del paramilitarismo por las acciones conjuntas de las fuerzas del estado durante los primeros años del siglo XXI fue posible llegar a escenarios de desmovilización de los distintos bloques de las AUC, con las declaraciones de versión libre en el marco del proceso de Justicia y Paz de

los comandantes del grupo paramilitar comenzó a hacerse parcialmente público el escándalo sobre las relaciones de políticos, empresarios, terratenientes, religiosos y en general representantes de la mayoría de estamentos sociales del país con las AUC (Velásquez, 2007), visibilizando el fenómeno conocido en el país como “parapolítica” que al momento ha llevado a proceso disciplinario y penal a una cantidad significativa de alcaldes, gobernadores, magistrados, senadores y militares de alto rango.

Hasta aquí se ha realizado un recorrido por la configuración del paramilitarismo en el país que permite comprender el impacto que, en la sociedad en general, generó la escalada paramilitar por parte de las AUC; es necesario ahora delimitar el surgimiento del Bloque Cacique Nutibara cuyo campo de acción principal estaba localizado en la Ciudad de Medellín a fin de comprender la significatividad de la experiencia de transformación de conflictos a través de la desmovilización de este bloque paramilitar.

En la conferencia general de las AUC celebrada en 1997 se vio la necesidad de generar una estrategia de actuación que permitiera una mayor presencia en las ciudades, esto como respuesta a un supuesto aumento de guerrilleros encubiertos en las ciudades principales del país (Noreña, 2007); para la fecha el Bloque Metro de las autodefensas (que había sido creado por Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU-, con el fin de combatir el Bloque José María Córdoba de las FARC y el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN que actuaban en el Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá) había comenzado acercamientos con la banda delincuencial más poderosa en la Medellín del momento “La Terraza”, comenzando así su accionar en la ciudad.

En este punto “La Terraza” constituía el brazo armado de la denominada “Oficina de Envigado”, una institución narco-paramilitar al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano (Redacción, 2000), quien era conocido como “Don Berna” en el campo del narcotráfico o “Adolfo Paz” en el paramilitarismo, el mismo que había pertenecido a los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar) y uno de los principales enclaves de la DEA en la persecución del Zar de la Cocaína. Dicha banda era característica por los asesinatos selectivos y un alto grado de perfeccionamiento en el sicariato motorizado (Redacción, 2000).

Para el año 2001 Don Berna tendría una disputa con los líderes de “La Terraza” generando la escisión del brazo armado de la “Oficina”, motivo que lo llevará a acceder al accionar estratégico y operativo de las Autodefensas para proteger sus intereses en la ciudad, comienza conversaciones con Carlos Castaño y al tiempo “Don Berna” se adhería al proyecto político de las AUC dando lugar al surgimiento del Bloque Cacique Nutibara, como una estrategia para garantizar su actividad de narcotráfico y apoyar el accionar del grupo paramilitar en la Ciudad (Noreña, 2007)

En menos de dos años, el Bloque Cacique Nutibara marcaría profundamente la ciudad con una oleada de violencia sistemática, atroz y despiadada en contra de personas y movimientos culturales, sociales y políticos con ideas que consideraban “izquierdistas” y peligrosas para el sostenimiento del status quo del poder en la ciudad; hasta su desmovilización en diciembre de 2003 la organización paramilitar cometió centenares de asesinatos, desapariciones y desplazamientos intraurbanos forzados, así como algunos atentados terroristas.

De acuerdo con Amnistía Internacional (2005) Carlos Mauricio García Fernández Alias “Doble Cero” o “Rodrigo” comandante del Bloque Metro disentía del accionar de “Don Berna” y el BCN al considerar que la existencia de este aumentaba el poder del narcotráfico al interior de las AUC, en septiembre de 2002 “Doble Cero” retirará el Bloque Metro de las AUC llevando a un enfrentamiento abierto entre el Bloque Metro y el BCN y el Bloque Héroes de Granada, principales facciones de las AUC en Antioquia.

El violento enfrentamiento entre los dos bloques que pretenden hacerse con el poder de la ciudad desencadenó la muerte de gran cantidad de combatientes y población civil en enfrentamientos con armas de gran calibre principalmente en las comunas 2, 8, 9, 13 de la Ciudad de Medellín. Amnistía Internacional (2005) sugiere además que a los integrantes de las bandas que realizaban actividades para el Bloque Metro se les dijo que “se unieran al BCN o que los matarían.” a lo que muchos de ellos aceptaron y trasladaron su lealtad al BCN.

El BCN, a diferencia de su actividad en las zonas rurales, la cual estaba condicionada a la tenencia de “contingentes adiestrados y fuertemente armados” (Amnistía Internacional, 2005, p. 26), actuaba en Medellín mediante las “bandas criminales”, las cuales ejercían autoridad en sus zonas de influencia bajo la licencia del Bloque.

Su accionar estaba focalizado principalmente en dos de las comunas de la ciudad, la comuna 13 San Javier y la comuna 8 Villa Hermosa en las cuales había fuerte presencia de milicias de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo –CAP- que actuaban principalmente en la comuna 13 y a los cuales se perseguía con especial encono por estar conformados por residentes de las mismas comunas que actuaban “de civil” y estaban fuertemente vinculados con procesos sociales (Barajas, 2012).

La importancia geoestratégica era otro factor fundamental en los focos del conflicto del BCN en Medellín; es importante recordar que el BCN surgió como una organización narco-paramilitar por lo cual el control de las rutas de ingreso y salida de la ciudad era fundamental para el ejercicio de su actividad delictiva. Por un lado, la comuna 13 permite el control del acceso a Medellín por el Occidente y Nordeste a través de la Vía al Mar y la Conexión Vial Guillermo Gaviria Correa, mientras la comuna 8 facilita el acceso y control de la Zona Industrial Interna de Medellín ubicada en el Oriente Antioqueño dada su colindancia con el corregimiento de Santa Elena.

Para el control territorial en la comuna 13 por parte del BCN jugó un importante papel la Operación Orión, que fue una operación conjunta llevada a cabo bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe durante los días 16 y 17 de octubre de 2002 y que, de acuerdo con las declaraciones de versión libre de algunos exjefes paramilitares, se llevó a cabo en conjunto con el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, el DAS y la Fiscalía contando con el apoyo logístico y de inteligencia del BCN. Este último sería el más beneficiado por dicha operación, en tanto las milicias de las FARC, el ELN y los CAP presentes en la zona fueron exterminadas dejando vía libre al BCN para ejercer control sobre la zona (Amnistía Internacional, 2005; CIDH, 2007; Medina, Posso, & Tamayo, 2011).

Al desaparecer el Bloque Metro el BCN había asumido el control absoluto de la ciudad a excepción de algunas zonas donde las bandas delincuenciales continuaban actuando sin ser subsidiarias de las autodefensas, a esto se le sumó el control del Oriente, Nordeste y Suroeste antioqueño regiones en las que actuaba el Bloque Metro y a las que debía ahora hacer frente el BCN, luego de su desmovilización estas zonas pasarían al control del Bloque Héroes de Granada que se desmovilizaría hacia mediados de 2005 (Barajas, 2012)

Realizando un balance general sobre los delitos cometidos por las AUC en Colombia es posible diferenciar tres momentos en su desarrollo, la presidencia de César Turbay Ayala (1978-1982) fue la persecución sistemática, el hostigamiento, la detención arbitraria, la tortura y los consejos verbales de guerra los que marcaron el derrotero delictivo de esta organización, para la administración de Belisario Betancur (1982-1986) se pasó a la utilización de la amenaza, el asesinato colectivo y las masacres, pasando luego a una práctica de la violencia caracterizada por la detención-desaparición y las masacres colectivas que caracterizaron la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994) (Velásquez, 2007)

A partir del año 1994 el marco legislativo colombiano abriría las puertas para la entrada en funcionamiento de las CONVIVIR (Molano, 2006); con la sentencia del decreto 2535 de 1993 en especial el título IX sobre servicios de vigilancia y seguridad se daría vía libre a la creación de cooperativas de seguridad y vigilancia creadas con el fin de proteger los intereses de los cooperados, en el caso de las CONVIVIR estas surgirían en Antioquia con un apoyo logístico y de dotación por parte de las FF.MM tornándose de acuerdo a algunos historiadores y analistas políticos como el principio del paramilitarismo en esta zona del país, bajo el arbitramento del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Esta situación complejizaría aún más el problema de las fuerzas paramilitares en el país, pues muchos de sus integrantes, en especial aquellos que no tenían antecedentes judiciales, pasarían a formar parte de las Cooperativas de Vigilancia –CONVIVIR- generando así un desescalamiento secuencial y legal de los miembros de las AUC, que continuaban con el modus operandi de la organización contrainsurgente pero amparados por las políticas de protección personal, vigilancia y seguridad emanadas del Gobierno nacional.

La anterior postura es reforzada por Amnistía Internacional (2005) quien expresa que, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, los paramilitares sometidos a investigaciones judiciales durante los procesos de desmovilización serían investigados por delitos comunes más no por las violaciones sistemáticas y premeditadas a los Derechos Humanos. Así “muchos de los que participaron en la ceremonia de desmovilización del 25 de noviembre de 2003, aunque posiblemente eran responsables de delitos graves, incluidas violaciones de derechos humanos, no serían sometidos a procedimientos judiciales.” (Amnistía Internacional, 2005, p. 33).

Hasta aquí se ha visto cómo en menos de una década, el accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia había sumido al país en una vorágine de violencia y temor permanente, en Medellín la tasa

de homicidios se había disparado a finales del 2002 a niveles que no se presentaban desde la agudización de la guerra contra Pablo Escobar a principios de la década de los 90; el gobierno, que hasta el momento había pasado por alto la problemática del paramilitarismo lo veía ahora como un flagelo que, aunque necesario en su momento, se le había salido de las manos y era necesario desmantelarlo haciendo acopio de las vías legales

Es así como para finales del 2002 se inicia un proceso de acercamiento entre la Comisión Facilitadora de Paz en Antioquia, el Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, y representantes del sector productivo a con el BCN quien en cabeza de “Don Berna” se prepararía para un proceso de desmovilización, que se realizaba en medio del conflicto y sería la primera experiencia de su tipo en el país, con lo cual los marcos jurídicos aún no eran claros y los procedimientos, así como sus resultados, han sido fuertemente debatidos por organizaciones de Derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

Descripción a profundidad de la experiencia

Llegados a un punto en el cual el conflicto paramilitar ya no cumplía a fines paraestatales sino a intereses particulares más vinculados al narcotráfico que a la vigilancia y seguridad, el estado y las AUC se vieron abocadas a comenzar acercamientos para la puesta en marcha de una proceso de desmovilización secuencial que permitiera dar fin a la escalada militar en el país; los acercamientos comenzaron a finales del 2002 y se consolidarían a finales del 2003 gracias a la concentración del accionar del BCN en los barrios más pobres de Medellín, presentándose la ciudad como el espacio óptimo para comenzar el proceso nacional de desmovilización paramilitar (Amnistía Internacional, 2005)

La desmovilización del BCN estuvo marcada por varias preocupaciones por parte de Organismos internacionales y los medios de comunicación, estas estaban encaminadas principalmente al hecho que solo un pequeño porcentaje del BCN se había desmovilizado por lo que algunos de sus combatientes habían sido “reciclados” por otros grupos paramilitares o se habían vinculado a las incipientes bandas criminales e igualmente preocupante el hecho de que las armas entregadas fueran significativamente inferiores al número de desmovilizados con el riesgo latente de un rearme de la agrupación.

Los móviles que llevaron a la desmovilización del BCN pueden ser complejos, se podría decir que el proceso se dio principalmente por el hecho que la cúpula paramilitar había realizado acercamientos con el gobierno nacional y necesitaban contar con una experiencia puntual que demostrara por un lado la voluntad del gobierno para un proceso efectivo de desarme, desmovilización y reinserción y por otro dar muestra de un compromiso real de las AUC para el cese completo de hostilidades (Barajas, 2012)

En cuanto a la fecha exacta en que el BCN comenzó el proceso de desmovilización aparecen varias hipótesis: algunos textos consultados mencionan tentativamente el 26 de julio de 1998 como el primer acercamiento para un proceso de desmovilización entre las AUC y el gobierno con la firma del Acuerdo de Córdoba o del Nudo de Paramillo; Alonso & Valencia (2008) acotan que el proceso comenzó realmente el 29 de noviembre de 2002 cuando el grupo paramilitar toma la decisión de

declarar un cese de hostilidades y realiza acercamientos con representantes de la Oficina del Alto comisionado para la Paz y la Iglesia Católica.

Otros autores como Sánchez (2007) Ramírez (2014) y Vélez (2013) sostienen que el proceso comenzó el 15 de junio de 2003 con la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito por parte del gobierno y las AUC. Es sin embargo el 25 de noviembre de 2003 cuando en acto público, televisado por señal nacional y con la presencia de representantes del gobierno nacional, departamental y municipal se realizaría en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Medellín la entrega simbólica de armas y el inicio de un proceso de “re-socialización” de una parte de los integrantes del BCN.

Para efectos de esta secuencia el proceso comenzó el 15 de junio de 2003 cuando el Alto Comisionado para la Paz, los líderes de los bloques Héroes de Granada y Cacique Nutibara y la Alcaldía de Medellín comenzaron diálogos tendientes a la desmovilización; posteriormente en la fase de coordinación y planificación del proceso, el Gobierno Nacional asumió la dirección de la desmovilización y reincorporación del BCN mientras la Alcaldía de Medellín acompañaba y apoyaba el proceso, esta última fue la encargada del desarrollo de las actividades puntuales para el regreso a la legalidad de los excombatientes (Alonso & Valencia, 2008)

El 25 de noviembre de 2003 la Alcaldía de Medellín dispuso una flota de buses para que dispersos por las comunas de la ciudad desplazaran a los 868 paramilitares que se desmovilizarían ese día hacia el Centro de Convenciones de la Ciudad donde esperaban representantes del gobierno nacional, el departamento y el municipio, Organizaciones internacionales y medios de prensa locales, nacionales e internacionales, los nacionales cubrirían en vivo la entrega de armas; de acuerdo con datos recibidos por la CIDH (2007), la Personería del Pueblo (2005) y Amnistía Internacional (2005) cuarenta y ocho horas antes de este evento se reclutaban jóvenes desempleados y de bajos recursos en los barrios de la Ciudad para incluirlos en las listas de desmovilización lo que da cuenta de una dosis de improvisación y falta de planeación estratégica en el proceso.

Una vez realizada la entrega de armas los desmovilizados fueron trasladados en los mismos buses hasta el Municipio La Ceja del Tambo en el Oriente de Antioquia hacia una sede vacacional de Prosocial que serviría como zona de concentración para los 868 desmovilizados que permanecerían allí durante tres semanas, tiempo en el cual se realizaron evaluaciones sicológicas, entrevistas con sociólogos, talleres de resocialización y se realizó la gestión burocrática necesaria para su reinserción en la vida civil. Trascurridas las tres semanas los mismos buses que los habían transportado desde Medellín los llevaron nuevamente a sus barrios de origen donde en algunos casos, ya sin uniforme, continuaron ejerciendo el control (Alonso & Valencia, 2008; Amnistía Internacional, 2005; Noreña, 2007; Vélez, 2013).

Luego de un año, la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- implementó una serie de encuestas a la comunidad encaminadas a determinar el grado de adaptación de los desmovilizados, la aceptación de los mismos en las comunidades, las dudas generadas por el proceso, los temores vigentes y la percepción general sobre el programa de desmovilización; con la primera encuesta se evidencia

que “los resultados en general muestran un alto porcentaje de aceptación y adaptación de la comunidad frente al programa.” (Noreña, 2007, p. 129).

Alonso & Valencia (2008) estiman de acuerdo con cifras obtenidas de la OEA que el costo para el proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción –DDR- de las AUC tuvo una inversión a diciembre de 2007 de 227.141 millones de pesos, recursos financiados por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín que impulsaba la propuesta a través del programa “compro la guerra” propiciado por la administración de Luis Perez Gutierrez (2001-2004) y continuado por Sergio Fajardo (2004-2008) (Noreña, 2007).

Los resultados del proceso de desmovilización no son, sin embargo, desalentadores en términos generales; de los más de 4.000 beneficiados por el Programa de Paz y Reconciliación hasta el 2008:

322 cursan tecnologías o están en la universidad, 221 estudian una carrera técnica, 979 validan su bachillerato y 274 validan su primaria […] 1.800 reinsertados que tienen empleo con contrato [...] y hasta el mes de diciembre de 2007, han sido asesinados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá cerca de 120 desmovilizados. (Alonso & Valencia, 2008, p. 20)

Esta cifra de asesinatos se corresponde a las actuaciones impropias de excombatientes que, luego de la desmovilización continuaron delinquiendo, así lo expresa Patricia Ramírez (2014) quien en el libro “Efectos de la (des)movilización paramilitar en la vida y el cuerpo de las mujeres en Colombia” expresa, de acuerdo a testimonios de mujeres de Medellín, que luego del proceso de desmovilización “los (des)movilizados y los paramilitares siguieron violando el derecho a la vida de las mujeres y las jóvenes en los barrios y veredas de corregimientos de este municipio” (Ramírez, 2014, p. 50)

En el mismo escenario, la Defensoría de Antioquia expresa que para el 14 de enero de 2004, pocos días después del retorno de los reinsertados del BCN a los barrios de la ciudad, se llevaron a cabo acciones militares tendientes a aumir el control territorial y social del barrio popular uno de la ciudad de Medellín, ordenando el desplazamiento forzado de al menos cien personas (Pérez, 2005; Ramírez, 2014)

Fundamentos teóricos y políticos de la experiencia.

La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara puede entenderse como un proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración, así entendido, el proceso se inscribe en un modelo internacional conocido por las siglas DDR que tuvo su surgimiento en el marco de la guerra fría con el fin de facilitar la transición a la paz, (Montañes, 2014) para entenderlo es necesario revisar por separado sus tres aspectos a fin de comprender la secuencialidad propia del proceso.

El desarme es el primer paso en el proceso de DDR, en él se siguen básicamente tres momentos, se realiza la recolección, el reconocimiento y documentación de las armas y posteriormente se procede a un programa de manejo responsable de armas donde estas son reutilizadas, destruidas o almacenadas por las fuerzas oficiales (Alonso & Valencia, 2008; Montañes, 2014) la importancia de esta parte del

proceso es el permitir la disolución de la unidad armada y disminuir de esta manera el número de combatientes.

La segunda etapa, la desmovilización, es el proceso formal y controlado por medio del cual se desmovilizan los combatientes activos de un grupo armado, la desmovilización se puede entender como el proceso contrario al reclutamiento y supone la desintegración, disminución de combatientes o reagrupación de un grupo armado (Montañes, 2014). De acuerdo con Alonso & Valencia (2008) esta etapa consta de varios momentos, se debe realizar inicialmente un proceso de planificación de cada aspecto de la desmovilización, se debe establecer un campamento y realizar el respectivo registro, se realiza el proceso de desarme en caso de no haber sido realizado con anterioridad y se genera el licenciamiento absoluto de los excombatientes para su reintegración a la vida social (Alonso & Valencia, 2008)

La reinserción, tercera etapa del proceso se debe entender como un proceso que antecede a la reintegración, proceso este que es de mayor duración, la aclaración es necesaria teniendo en cuenta que para Alonso & Valencia (2008) ambos procesos son sinónimos mientras Montañes (2014) siguiendo a Colletta, Eder, Oppenheim & Torre (2009) plantea la reinserción como un proceso a corto plazo, en el cual la intencionalidad está puesta en la consecución de un estatus civil, un empleo e ingresos que le permitan su sustento, es un proceso fundamentalmente económico y social, desarrollado a nivel local con la intención de ayudar transitoriamente al excombatiente y su familia a cubrir sus necesidades básica (Montañes, 2014).

Para el caso del proceso de DDR del BCN se planteó un modelo particular en el cual se postulaban 7 objetivos planteados en torno a ejes de desarrollo así: “Educación y capacitación, Acompañamiento Psicosocial, Salud, Seguridad, Comunicaciones, Monitoreo y evaluación, Verificación.” (Noreña, 2007, p. 120) con estos objetivos se pretendía garantizar la inclusión de los excombatiente en la vida civil y limitar el riesgo, siempre presente, de que volvieran luego del proceso a desarrollar su actividad delictiva.

El conflicto que se presenta tiene dos actores bien definidos al momento de la desmovilización, el gobierno y las AUC como grupo armado ilegal, sin embargo el límite entre ambos estamentos no estuvo siempre tan claro, como se mostraba en la caracterización las AUC eran el brazo armado del gobierno para realizar el “trabajo sucio” que no podía realizar las fuerzas regulares, así el conflicto Estado-AUC debe comprenderse como un conflicto de cambio de intereses y superación de la doctrina de seguridad nacional impuesta por los Estados Unidos.

Entendido así el conflicto no podía darse en condiciones que puedan denominarse como óptimas para garantizar la reparación de víctimas y la reconstrucción del tejido social; como elemento polemizador es necesario recordar que el político Álvaro Uribe Vélez que para el periodo 1995-1997 se desempeñó como Gobernador de Antioquia fue un defensor acérrimo de la Cooperativas de Seguridad –CONVIVIR- reglamentadas por el gobierno de César Gaviria y que, como expresa Molano (2006), fueron en realidad un refugio para el paramilitarismo, poniendo de relieve que durante el periodo de

consolidación de estas cooperativas se conocieron los índices más altos de homicidios.

El marco legal en el cual se desarrolló el proceso de desmovilización del BCN está marcado por la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002 y reglamentada esta última mediante decreto 128 de 2003, en ella se establece que:

Se podrá conceder la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria a favor de quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por delitos políticos y no hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoria toda vez que elijan participar de un proceso de desmovilización en forma individual o colectiva. (CIDH, 2007, p. 84)

Lo anterior significa que, teniendo en cuenta que los delitos imputados a la mayoría de los desmovilizados fueron por sedición y no se consideró que en ellos hubiera tenido lugar actos de ferocidad, barbarie o terrorismo estos son considerados delitos políticos, por lo cual la pena máxima ejecutoria es de hasta 8 años de cárcel, además se debe tener en cuenta que por los delitos cometidos los desmovilizados tendrían a lugar una serie de beneficios de indulto o cesación de procedimiento que les impedirían ser juzgados y procesados posteriormente por los delitos que dieron lugar al otorgamiento de beneficios.

La misma Ley 782 plantea que las AUC no necesitaban el reconocimiento de estatus político para iniciar diálogos con el gobierno como si lo hacía la Ley 418 de 1997, lo anterior implica que no se consideró necesario el reconocer el BCN como un grupo en estatus de “beligerancia”, “sedición” o “rebelión”, mecanismos que, en caso de ser usados para delimitar las acciones de las AUC, hubiera permitido el no juzgamiento de delitos en contra de los derechos humanos, así como aquellos relacionados a las actividades de narcotráfico llevadas a cabo por “Don Berna” durante su comandancia del BCN.

Otro de los marcos legales que delimitaba el proceso de desmovilización del BCN fue el decreto 3360 de 21 de noviembre de 2003, solo cuatro días antes del inicio del proceso, y en el cual se estipulaba que no era necesario que los combatientes ilegales a desmovilizarse fueran certificados por el Comité Operativo para la Dejación de Armas –CODA- del Ministerio del Interior, esta situación fue la que permitió al BCN presentar sus propias listas mediante los dirigentes del grupo (Noreña, 2007), permitiendo la inclusión de personal que no había participado en el conflicto y la no inclusión de combatientes que, habiendo cometidos delitos no contemplados en la Ley 728 de 2002 por lo cual podrían ser juzgados y purgar largas condenas.

Bajo este marco legal se sustentaría la desmovilización de poco menos de la mitad de los bloques y frentes de las AUC, posteriormente en el año 2005 se promulgaría la Ley de Justicia y Paz a fin de facilitar la dejación de armas de los bloques más amplios de las Autodefensas, esta ley fue revisada a profundidad por Organismos Internacionales que alertaron sobre las posibilidades que esta ley contribuyera a la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad cometidos por las AUC durante sus

actuaciones paramilitares.

Es importante también mencionar como antecedente legal de la desmovilización el Programa de Reincorporación a la Civilidad de Medellín conocido como “Compro la Guerra” que fue presentada al Concejo de Medellín como una política de seguridad y convivencia propuesta por el entonces alcalde de la Ciudad el Ingeniero Luis Pérez Gutiérrez, con esta propuesta se esperaba aportar desde los fondos municipales a los procesos de reinserción y reincorporación a la vida civil de los desmovilizados del BCN. La propuesta fue puesta a consideración del Concejo en septiembre de 2002 y aprobada a finales del mismo año (Noreña, 2007)

Un año después, esta iniciativa fue derrocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia argumentando que no era facultad del Concejo Municipal el aprobar la creación de este tipo de programas pues, luego de los acercamientos iniciales con el BCN el Gobierno nacional había asumido todo lo respectivo al proceso de reinserción (Redacción, 2003), sin embargo, al presentarse el fallo del contencioso durante el proceso de empalme administrativo entre Pérez y Fajardo este último utilizaría el modelo de “compro la guerra” para plantear un modelo de intervención a los desmovilizados que se adecuara a las posibilidades de la ciudad y las disposiciones del Gobierno Nacional (Noreña, 2007).

Que hace creativa y significativa la experiencia

La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara fue un proceso en el cual, a pesar de las contradicciones evidentes que se han desarrollado a lo largo del presente marco de referencia, permitió visibilizar oportunidades para un desescalamiento escalonado, secuencial y total de un grupo al margen de la ley con la intención de aportar a la construcción de la paz en la ciudad, si bien las condiciones en que se dio la desmovilización generaron y aún hoy generan dudas en Organismos Internacionales y Oficinas de Defensa de Derechos Humanos en el país, la disminución exponencial del índice de asesinatos en la ciudad fue evidente y altamente significativo en términos de impacto socialmente relevante del proceso (Betancur, 2010).

El proceso llevado a cabo en noviembre y diciembre de 2003 en Medellín fue un caso sui generis en el mundo en cuando el proceso de reintegración social se dio en medio del conflicto, sin que lo precediera un acuerdo de paz que cubriera la mayor parte de las facciones de las AUC y porque el programa se basa en beneficios individuales que, en ocasiones, generan problemas con las comunidades receptoras de los desmovilizados que en muchos casos han sufrido incluso más daños que los excombatientes (Sánchez, 2007).

Las acciones llevadas a cabo en la ciudad de Medellín se configuran pues en un paradigma que sirve como escenario para la construcción de modelos que permitan el logro de la paz en el país, si se tiene en cuenta que el conflicto continuó aún después de la desmovilización del BCN se comprende la importancia de que el proceso de reintegración fuera eficaz y respondiera verdaderamente a las necesidades tanto de los excombatientes como de las comunidades receptoras (Sánchez, 2007).

De igual manera si se tiene en cuenta que el conflicto en la Ciudad de Medellín se había

institucionalizado luego de casi 20 años de amenazas constantes, “la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara permite configurar la ciudad como un escenario propio para la implementación de diferentes alternativas de solución del conflicto.” (Noreña, 2007, p. 94) de esta forma se comprende que aunque el conflicto en Medellín no cesa aún hoy día, las experiencias tenidas desde principios del siglo XXI muestran como Medellín se convierte cada vez más en un referente internacional en la resolución de conflictos y la reconstrucción de tejido social.

En la ciudad se pasó de las bandas delincuenciales a los combos, estos combos serían el punto de partida para el establecimiento de las oficinas, núcleos operativos para el narcotráfico que, siguiendo la dinámica de violencia de la ciudad necesitaron del apoyo del paramilitarismo para continuar con su actividad delictiva; desmovilizados los paramilitares surgieron las denominadas Bacrim (Bandas Criminales emergentes) que han asumido el control de las actividades delictivas en la ciudad, utilizando modus operandi desconocidos hasta ahora por las autoridades y modificando las dinámicas de ilegalidad en la Ciudad.

Comprender la secuencialidad en las diferentes formas que ha asumido el conflicto en Medellín es posible generar marcos generales de pensamiento que faciliten el surgimiento de estrategias emanadas de las propias comunidades, tomando como referencia las experiencias pionera llevadas a cabo en la ciudad como una oportunidad para tomar parte activa en la resolución de los conflictos desde una escala cada vez más local, vinculando fuertemente a los comunidades y logrando una eficaz integración de estas en la formulación de marcos legales para un proceso de DDR de los grupos delincuenciales activos actualmente en la Ciudad.

Aprendizajes derivados de la experiencia.

La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara fue un laboratorio de política de paz en el país, fue el primer intento de desmovilización por parte de las AUC y su configuración como experiencia sui generis en el mundo en tanto se desarrollaba en el curso del conflicto y sin un acuerdo de paz precedente logró que fuese ampliamente estudiado y valorado para servir como punto de partida para la formulación de políticas posteriores en términos de construcción de la paz en el país; si bien la formulación de la Ley de Justicia y Paz recibió fuertes críticas por organizaciones Internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación, las modificaciones realizadas a dicha ley por la presión de la sociedad civil lograron articular de manera más integral la reparación a las víctimas.

Dentro de los aprendizajes obtenidos del proceso de desmovilización se puede mencionar la identificación de una política nacional exitosa en términos de la desmovilización de frentes armados y un modelo de inserción municipal dentro de dicha política realizado con mucho acierto; la administración de Sergio Fajardo, tomando como referencia las políticas llevadas a cabo por su antecesor en el marco de la desmovilización del BCN, realizó una relación estrecha con las autoridades de orden nacional y departamental en materia de seguridad (Giraldo, 2008)

Otro elemento a tener en cuenta fue la visibilización de la importancia de un modelo de seguridad que reforzara la confianza en la administración pública, deslegitimando el accionar de los grupos

paramilitares y legitimando el papel del Estado que debía superar la corrupción y el clientelismo (o al menos la percepción de estos) permitiendo el desarrollo de políticas públicas que facilitaran el control ciudadano de la gestión pública (Giraldo, 2008). En este punto jugó un papel fundamental el Programa de Paz y Reconciliación que durante la administración de Sergio Fajardo logró amplio prestigio en el país como programa líder para la reintegración a la sociedad civil de excombatientes, esto permitió un aumento en

la confianza de la ciudadanía en las intervenciones públicas orientadas a resolver uno de los problemas que más ha afectado a Medellín en los últimos lustros, como lo ha sido la existencia de actores armados que imponen poderes irregulares u órdenes alternativos en barrios y comunas populares.(Palou & Llorente, 2009, p. 34)

Estos esfuerzos para combatir la violencia sin embargo parecen haber quedado cortos ante la magnitud del problema del conflicto intraurbano en la ciudad, se demostró durante el proceso de desmovilización del BCN que intervenciones como la Operación Orión pueden generar un impacto importante a corto plazo, pero intervenciones de un orden más profundo de vinculación de los estamentos nacionales y locales como la desmovilización pueden permitir una reducción perdurable de la tasa de homicidios en la ciudad. (Medina et al., 2011)

Sin embargo es necesario tener en cuenta que en el país el crimen organizado ha logrado desarrollarse a tal punto que se reinventa permanentemente por lo cual es necesario que las intervenciones que se realicen permitan evitar las posibilidades de reactivación y rearme de estos grupos, para ello Medina, Posso & Tamayo (2011) apuntan a la despenalización del consumo y producción de drogas ilícitas como una estrategia que podría contribuir a debilitar fuertemente la principal fuente de financiamiento de estos grupos en la ciudad, reduciendo los focos del conflicto y permitiendo a la Administración local enfocar sus esfuerzos a recuperar el tejido social que ha desmembrado el conflicto.

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