agravios fiscales

AGRAVIO.‐ Es ilegal la resolución contenida en el oficio 500‐23‐00‐02‐01‐2009‐011832; orden IPF4400001/08, emitida en fecha 14 de septiembre del 2009 por la Administración Local de Auditoria Fiscal de Culiacán, con Sede en Culiacán Rosales, Sinaloa, del Servicio de Administración Tributaria, por virtud de la cual se determina el crédito fiscal controvertido, al violar el artículo 5, 38, fracción IV, 55 fracción I, 56 del Código Fiscal de la Federación, 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los artículos 14, 16 y 31, fracción IV constitucionales.

Lo anterior, pues en la motivación de la liquidación se determina que el contribuyente no presentó su declaración anual estando obligado a ello, y sin embargo, no se aplicó el procedimiento de determinación presuntiva del impuesto sobre la renta a pesar de actualizarse el artículo 55, fracción I del Código Fiscal que se constituye como una facultad reglada y no discrecional, situación que le causa perjuicio al actor y trasciende al sentido de la resolución porque de haberse aplicado tal procedimiento, lo conducente era que efectuara en todo caso la liquidación considerando como base, el porcentaje de utilidad a que refiere el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, generando un impuesto menor, y por ende, es claro que la liquidación no se dictó aplicando las normas debidas, como lo prevé el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, situación por la cual es procedente declarar su NULIDAD LISA Y LLANA.

Así es, basta remitirnos a la foja 725 de la liquidación, situación que se repite en el resto de los considerandos de la misma y que por economía procesal no se referencia, pero que se solicita tener por transcrito, la autoridad establece:

“….por lo que esta Autoridad procede a determinar que el contribuyente visitado durante el ejercicio fiscal… omitió declarar ingresos por un importe de ... y estos se determinan como fundamento en los artículos… en relación con lo dispuesto en el artículo 59, primer párrafo, fracción III, artículo 62 primer párrafo fracción I y artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal vigente en… y en virtud de que los ingresos determinados por importe de … exceden el importe de $ 300,000.00, señalado en el artículo 117, fracción III, inciso e) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en… el contribuyente en el ejercicio fiscal de 2005 se encuentra obligado a presentar declaración anual, a continuación se describen los citados artículos:

(Esta situación como se menciona, es idéntica para los 2 ejercicios fiscales revisados de 2004 y 2005, que motivan la liquidación).

Como se observa, mediante una confesión expresa de la autoridad y de manera explícita, establece como motivación de su liquidación y la consideración de los ingresos presuntamente omitidos, la omisión obligación del contribuyente de presentar declaración anual, misma que por su parte, y de acuerdo a la propia motivación de las actuaciones controvertidas, no había sido presentada a la fecha de inicio de las facultades de comprobación (negando además en este momento, lisa y llanamente, haber presentado la declaración anual de los ejercicios fiscalizados).

Ahora bien, el artículo 55, fracción, del Código Fiscal de la Federación, señala:

Artículo 55.‐ Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:

I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Los dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social.

Razón por la cual, suponiendo sin conceder la procedencia de los argumentos de la autoridad, en todo caso, de la propia motivación se colige la obligación de que la demandada aplicara el contenido del citado numeral y procediera a efectuar una determinación presuntiva de la utilidad, en los términos del artículo 55, 56 57 del mismo Código y 90 de la Ley del impuesto sobre la renta, en la medida en que tales circunstancias actualizarían las causales para tal efecto, establecidas en la fracción I, del artículo 55 del Código de marras, relativa a la omisión de presentar la declaración anual de los ejercicios fiscalizados.

En ese tenor, no debe perderse de vista que tal y como lo ha sostenido al Segunda Sección de ese Tribunal, si bien el artículo 55 del Código Tributario establece que se “podrá” efectuar una determinación presuntiva en los diversos supuestos ahí señaladas, dicha expresión no debe ser conceptualizada como una facultad discrecional de a la autoridad, sino una reglada, en el sentido de que al ubicarse en tales situaciones, la autoridad no tiene una potestad arbitraria de determinar presuntivamente la situación fiscal del contribuyente, sino una obligación, ya que de lo contrario se trasgrediría dicho numeral.

El precedente de la Segunda Sección citado, es el siguiente:

No. Registro: 38,147

Precedente

Época: Quinta

Instancia: Segunda Sección

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 31. Julio 2003.

Tesis: V‐P‐2aS‐221

Página: 193

ESTIMACIÓN PRESUNTIVA. NO ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL SINO REGLADA DE LA AUTORIDAD.‐ El artículo 55, fracción I del Código Fiscal de la Federación, si bien refiere que las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, cuando se omita presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de comprobación y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate, no menos lo es que la expresión "podrá" no debe ser conceptualizada como una facultad discrecional de la autoridad, sino reglada, ya que en el caso de que se inicien las facultades de comprobación y algún contribuyente, se ubique en la causal de determinación presuntiva prevista en la fracción I del artículo en cita, es decir, cuando no haya presentado la declaración del ejercicio sujeto a revisión, es indudable que la autoridad no sólo tiene la facultad discrecional de determinar presuntivamente la utilidad fiscal, sino la obligación, pues considerarlo de otra forma se incurriría en violación al precepto legal de cuenta. (24)

Juicio No. 2461/01‐07‐01‐4/1196/02‐S2‐07‐04.‐ Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de enero de 2003, por unanimidad de 5 votos a favor.‐ Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.‐ Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.

(Tesis aprobada el sesión de 28 de enero de 2003)


Precedente

Época: Tercera

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.F. Tercera Época. Año II. No. 16. Abril 1989.

Tesis: III‐TASS‐865

Página: 23

DETERMINACION PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL.‐ ES UNA FACULTAD REGLADA Y NO DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD.‐ Con fundamento en el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación vigente en 1984, cuando en el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal la autoridad se de cuenta de que el visitado se encuentra en alguna de las causales de determinación presuntiva señaladas en el artículo 55 de ese Código, podrá notificar al contribuyente que se encuentra en posibilidad de que se le aplique la determinación presuntiva para que dentro de los quince días siguientes corrija su situación fiscal. Ahora bien, el término "PODRAN" no puede entenderse en el sentido de que el legislador otorgó a la autoridad la facultad discrecional de darle o no la oportunidad al contribuyente de que corrija su situación fiscal cuando exista la posibilidad de determinarle presuntivamente su utilidad fiscal. Ello en virtud del principio de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, principio que ha sido interpretado como la situación de igualdad de los contribuyentes frente a la norma jurídica que establece y regula un mismo impuesto. Además, del análisis hermenéutico del artículo 58 del Código Tributario, se desprende que el único caso que el legislador previó, para negar al contribuyente la oportunidad de corregir su situación fiscal, es aquel que tiene lugar cuando éste comete actos dolosos relacionados con la contabilidad fiscal, tendientes a evadir el pago de contribuciones, mas no cuando la autoridad, discrecionalmente se niega a otorgar esa oportunidad. Por otro lado, la política fiscal plasmada en la Exposición de Motivos del nuevo Código confirma el criterio señalado al proponer, genéricamente, el otorgamiento de esa oportunidad a los contribuyentes, pudiendo concluirse anticipadamente la visita y aplicando multas más bajas, cuando se cumpla con las obligaciones fiscales en un plazo de quince días.(24)

Revisión No. 2160/86.‐ Resuelta en sesión de 7 de abril de 1989, por mayoría de 4 votos y 3 en contra.‐ Magistrado Ponente: Alfonso Cortina Gutiérrez.‐ Secretario: Lic. Jorge A. Castañeda González.

Bajo tales circunstancias se constituye la violación argumentada en este concepto, ya que como se menciona, en el supuesto no consentido de que fueran válida la motivación de la resolución impugnada, tal situación actualizaría la hipótesis del artículo 55, del Código Fiscal y la autoridad debió instaurar el procedimiento de determinación presuntiva para determinar las pretendidas contribuciones omitidas, lo que no sucedió en la especie.

Lo anterior causa un evidente perjuicio, no sólo por el hecho de que se trasgreda flagrantemente dicha disposición legal, sino porque en todo caso, la instauración de dicha estimación presuntiva implicaría una estimación de la utilidad fiscal en los términos de los porcentajes establecidos en el artículo 90 de la Ley del impuesto sobre la renta, y a fin de que se fijara una base real al respecto de la cual se tasaran las contribuciones.

En efecto, tal como se ha determinado a través de diversos criterios de los tribunales, la actualización de las causales de determinación presuntiva de utilidad a que alude el Código Fiscal de la Federación, arrojan la obligación por parte de la autoridad fiscalizadora, de aplicar el factor de utilidad presuntiva de acuerdo a la actividad del contribuyente, a que alude el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que se constituye como una conclusión lógica, atendiendo precisamente a que la omisión en la presentación de la declaración anual, impide a la autoridad el tener un conocimiento pleno de su situación fiscal y por tanto, lo más acorde a tal situación no es limitarse a considerarle la totalidad de sus ingresos determinados –aún bajo la presunción del artículo 59 del Código Fiscal‐, sin que obviamente se le reconozcan deducciones, puesto que lo más lógico es que si un contribuyente tuvo mayores ingresos, debe tender mayores gastos o deducciones, y por ende, al no tener la información fidedigna de ello, lo conducente es determinarle su utilidad de manera presuntiva, considerando que en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establecen una serie de factores de utilidad, que acorde a la actividad del gobernado, harán mas proporcional, equitativa y probable omisión de contribuciones.

Es aplicable la siguiente tesis:


Precedente

Época: Quinta

Instancia: Segunda Sección

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 5. Mayo 2001.

Tesis: V‐P‐2aS‐34

Página: 58

PRESUNCIÓN DE INGRESOS Y PRESUNCIÓN DE UTILIDADES.‐ SUS DIFERENCIAS.‐ Del contenido de los artículos 55 y 59 del Código Fiscal de la Federación, se puede advertir que contienen procedimientos presuntivos diametralmente opuestos, en tanto que el artículo 55 contiene una atribución para determinar la utilidad fiscal de los contribuyentes, mientras que el artículo 59, contiene una atribución para calificar como ingresos acumulables del contribuyente los supuestos del referido numeral. Así las cosas, con el mecanismo legal de presunción del artículo 59 lo que se obtiene es la magnitud del ingreso presuntivo, es decir, la medida o tamaño del objeto gravado, lo que da lugar a la modificación de la utilidad o pérdida fiscal, en su caso, declarada por el contribuyente; por el contrario, el procedimiento presuntivo del artículo 55 no presume un ingreso, sino que presume directamente la utilidad fiscal en su totalidad, pues una vez ejercitada la presunción de los ingresos estimados, se pasa a aplicar directamente el porcentaje que corresponda del artículo 62 de la Ley Impuesto sobre la Renta, para así obtener la utilidad fiscal. (8)

Juicio No. 2930/98‐03‐02‐1/247/00‐S2‐08‐04.‐ Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 6 de noviembre de 2000, por unanimidad de 5 votos.‐ Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.‐ Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.

(Tesis aprobada en sesión del 6 de noviembre de 2000)

PRECEDENTE:

IV‐P‐2aS‐172

Juicio No. 100(14)169/98/568/98.‐ Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 2 marzo de 1999, por mayoría de 3 votos a favor y 1

más con los puntos resolutivos.‐ Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.‐ Secretario: Lic. Enrique Orozco Moles.

Dicho precedente es exactamente aplicable al caso concreto, a pesar que haga referencia al porcentaje de utilidad del artículo 62 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que con reforma a la citada ley, en el ejercicio del 2002, el referido artículo 62, pasó a ser el 92 de la actual ley.

En virtud de lo anterior se actualiza la causal de anulación de la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en la medida en que la resolución impugnada no aplicó las normas debidas, cuestión de fondo, que incide sobre la base del tributo liquidado y es razón por demás suficiente para decretar su NULIDAD LISA Y LLANA.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la orden de visita domiciliaria que antecede a la resolución impugnada, así como el procedimiento de fiscalización respectivo al violar el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 14, 16 y 31, fracción IV constitucionales.

Es así, ya que la liquidación controvertida se sustenta esencialmente en la determinación presuntiva de depósitos bancarios, de acuerdo a información que NO obtuvo de la revisión domiciliaria al contribuyente, sino de otra autoridad, como lo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin que en todo caso, la orden de visita en cuestión se hubiera fundado y/o precisado que el ejercicio de las facultades de comprobación, que también eran con relación a la fracción VII del artículo 42 del Código, sino que se limitó a las relativas a la fracción III del mismo numeral, situación que implica una indebida fundamentación de la orden de visita, o en todo caso, un exceso en el objeto de la misma, situaciones ambas que generan un absoluto estado de inseguridad jurídica en el contribuyente.

Así es, el artículo 42 del Código señala, en el párrafo primero:

Artículo 42.‐ Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la

comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

Es decir, que para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales y en su caso determinar las contribuciones omitidas, las autoridades cuentan con una gama de facultades, detalladas y especificadas en las diversas fracciones del mismo numeral, entre otras:

III.‐ Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

VII.‐ Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.

En este tenor, el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal Federal, establece como requisito de la orden de visita, especificar su objeto, que es a lo que en todo caso deberán limitarse las actuaciones de la fiscalizadora, y a establecer la completa y debida fundamentación de dicha actuación.

De ello se concluye la ilegalidad en este punto planteada, ya que de una remisión a la orden de visita en cuestión, esta Sala Fiscal se podrá percatar que la autoridad fue precisa al señalar que el ejercicio de las facultades de comprobación que se ejercitaría para determinar en su caso las contribuciones omitidas, era la de visita domiciliaria, establecida en la fracción III del artículo 42 del Código.

No obstante lo anterior, de la motivación de la liquidación controvertida y del acta parcial de hechos 4, se puede concluir que el conocimiento de los depósitos bancarios que posteriormente generaron la presunción de ingresos acumulables presuntivos y la determinación de

contribuciones pretendidamente omitidas, no se generaron con motivo de la revisión contable en el domicilio del contribuyente, esto es, con motivo de la visita domiciliaria, de la revisión de sus papeles o de la contabilidad encontrada en el domicilio en cuestión, sino que el conocimiento de estos hechos provino de ejercicio de otra facultad de comprobación, que no estaba contemplada en la fracción III del artículo 42 del Código, sino de la prevista por la fracción VII del mismo numeral, que al efecto señala la potestad para recabar de los funcionarios y empleados públicos, en este caso, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los datos que poseen con motivo de sus funciones, en este supuesto, de la información financiera y bancaria del contribuyente, como se muestra a continuación:

Artículo 42.‐ Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

III.‐ Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

(…)

VII.‐ Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.

De ahí la violación al artículo 38, fracción IV del Código Fiscal Federal, ya que es innegable que si deseaba extender el ejercicio de sus facultades de comprobación a recabar informes de autoridades y no así a limitarse a la verificación de la documentación contable obtenida en la inspección del domicilio, para tales efectos la autoridad así debió haberlo precisado en su orden, pero sobre todo, debió fundar dicha orden de visita en el artículo 42, fracción III, pero también en la fracción VII, a fin de no generar inseguridad jurídica en el contribuyente sobre los alcances de sus actos de inspección y fiscalización, o en todo caso, limitarse el objeto primigenio de la orden, esto es, constreñirse a realizar la visita domiciliaria y determinar contribuciones exclusivamente

con base en los hechos conocidos de la inspección en el domicilio fiscal del contribuyente, esto es, de la documentación e información ahí localizada o solicitada al gobernado, lo que tampoco sucedió en la especie, generando un total estado de incertidumbre jurídica en el gobernado.

No es obstáculo el hecho de que el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad pueda ejercerse conjuntamente, ni se sujeta a discusión el hecho de que la fiscalizadora cuente con facultades discrecionales para recabar tales informes de funcionarios públicos, en los términos de la fracción VII del artículo 42, del Código Fiscal, pero ello no la exime de precisar el objeto de sus facultades y constreñirse a ellas, ni su obligación de fundar y motivar adecuada y completamente los actos que trascienden a la esfera jurídica de los gobernados, en este caso, de fundar en la orden para el contribuyente, las fracciones referentes las facultades de comprobación a ejercitar, lo que no sucedió en la especie, situación que afectó las defensas de particular, porque sólo mediante la cita de los artículos y fracciones aplicables al ejercicio de facultades de comprobación, es que el contribuyente puede saber los alcances de las actuaciones de los visitadores, y en caso de excesos, reunir los medios de prueba suficientes para desvirtuar la legalidad de sus actuaciones, mismos elementos que en el caso concreto no se tuvieron.

Así mismo, la violación procesal trasciende al sentido de la resolución, porque derivado de la documentación e información, obtenida en el ejercicio de las facultades de comprobación de la fracción VII y no solamente de la fracción III, ambos del artículo 42 del Código Fiscal Federal, fue que se conoció el supuesto incumplimiento de disposiciones fiscales y se procedió a realizar la liquidación, en este asunto, referente a depósitos bancarios considerados ingresos presuntos, conocidos de informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En virtud de ello, es procedente declarar la NULIDADA LISA Y LLANA de la resolución controvertida, que se sustenta en dichos actos viciados de origen.

AGRAVIO.‐ Es ilegal el inicio de la visita domiciliaria, y por ende, la liquidación que ahora se impugna, por ser fruto de actos viciados, al violarse lo dispuesto por el artículo 44, fracción II del Código Fiscal Federal, en relación con la garantía de inviolabilidad domiciliaria del 16 constitucional.

Se sostiene dicha ilegalidad, porque al momento de constituirse por primer vez en el domicilio, no se requirió la presencia del “representante legal” del suscrito, ni se determinó su ausencia, a efectos de que se pudiera dejar citatorio para el día hábil siguiente y posteriormente, entender la diligencia con un tercero, considerando que tal requisito se encuentra previsto expresamente por el artículo 44, fracción II del Código en cita, y que no distingue su cumplimiento tratándose personas físicas o morales.

En efecto, el citado numeral establece:

Artículo 44.‐ En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:

II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.

Es decir que expresamente prevé el numeral en cuestión, que si al presentarse los visitadores en el lugar respectivo, NO ESTUVIERE PRESENTE EL VISITADO O SU REPRESENTANTE, es que podrán dejar citatorio para la espera al día siguiente y no si no lo hicieren, se iniciará con cualquier tercero.

Como se observa, el procedimiento regulado por el legislador es expreso en el sentido de que la ausencia del visitado o su representante, son los únicos casos en que se puede dejar citatorio para día hábil siguiente, y ante su ausencia de nueva cuenta, realizar la diligencia con un tercero, sin que para tales efectos distinga entre personas físicas o morales, sino que se refiere a ambas, cuando tengan el carácter de “visitado”, razón por la cual, no existía ninguna justificación para que el visitador no requiera la presencia del representante del visitado y que sólo ante su ausencia y la de dicho visitado, se proceda a dejar citatorio.


Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XVI, Julio de 2002

Tesis: 2a./J. 62/2002

Página: 377

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE SEÑALA QUE LOS VISITADORES DEJARÁN CITATORIO CON LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL LUGAR EN QUE DEBE PRACTICARSE AQUÉLLA, PARA QUE EL VISITADO O SU REPRESENTANTE LOS ESPEREN A HORA DETERMINADA DEL DÍA SIGUIENTE PARA RECIBIR LA ORDEN, CONTIENE UNA FACULTAD REGLADA.

El hecho de que el artículo 44, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establezca que en los casos de visita en el domicilio fiscal, si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que éstos los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita y, si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado, conduce a concluir que tal precepto contiene una facultad reglada, puesto que señala la conducta específica que debe seguir la autoridad ante la actualización de la hipótesis legal. Lo anterior es así, porque la emisión del citatorio es un acto vinculado a la norma que no deja margen alguno para la apreciación subjetiva de la autoridad sobre la circunstancia del acto y su ejecución, pues si se toma en consideración que el objeto del citatorio no se constriñe únicamente a citar al contribuyente para que reciba una "orden de visita domiciliaria", sino, fundamentalmente, para que el contribuyente o su representante conozca de manera cierta el tipo de diligencia administrativa que se realizará en su domicilio como excepción al principio de inviolabilidad domiciliaria, así como la serie de consecuencias en su esfera jurídica resultado de la auditoría fiscal que se practicará, es claro que la emisión del citatorio no sólo es un imperativo para la autoridad, sino que su emisión con los requisitos legales constituye una garantía de seguridad jurídica para el visitado, quien al tener conocimiento del tipo de diligencia, está en posibilidad de decidir si es necesaria o no su presencia en aquélla, lo que se corrobora con

los alcances que en el numeral citado se establecen ante la falta de atención del citatorio, toda vez que ello dará lugar a que la visita se realice inmediatamente con quien se encuentre en el lugar visitado.

Contradicción de tesis 34/2002‐SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, y Quinto y Primero del Décimo Sexto Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 62/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de junio de dos mil dos.

No obstante lo anterior, al remitirse al citatorio del 15 de mayo del 2008, que precede a la entrega de la orden de visita en cuestión, esa Sala Fiscal puede corroborar que el visitador se limitó a señalar que:

“Hecho lo anterior y habiéndose solicitado la presencia del contribuyente Lozoya Vaal Jesús Mario y preguntado si éste se encontraba presente, e C. María Luisa Val Rodríguez contestó de manera expresa que el contribuyente no estaba presente en virtud de que salió a cuestiones de trabajo y por lo tanto no podía entender esta diligencia y por esta razón se entendió con el C. María Luisa Val Rodríguez en su carácter de tercero, motivo por el cual, le dejé citatorio…”

Como se observa, los visitadores incumplieron con el artículo 44, fracción II del Código Fiscal, porque se limitaron a requerir la presencia del visitado, pero no así del representante legal, como expresamente lo dicta el numeral en cuestión, y por tanto resultaba ilegal que se hubiera dejado el citatorio y posteriormente haber realizado la entrega de la orden y el inicio de la visita, a través de un tercero.

Tal situación trasciende al sentido de la resolución, porque el actor, cuenta con representantes legales para atender sus diversos asuntos, como se acredita con la CARTA PODER que sea adjunta a este ocurso y por tal razón, es claro que se generó un absoluto estado de indefensión al inicio de la diligencia domiciliaria porque la autoridad no se sujetó al procedimiento legal para tales efectos

y por tanto el contribuyente no sabe a qué atenerse frente a tales actos, con la trasgresión concomitante a la inviolabilidad domiciliaria y la trascendencia al sentido de la resolución, porque como se expresa en esta última, la misma tiene como origen precisamente, la orden de visita domiciliaria en cuestión, cuya entrega como se ha demostrado, trasgredió los numerales jurídicos aplicables, razón por demás suficiente para declarar su NULIDAD LISA Y LLANA, al ser furto de actos viciados de origen.

DÉCIMO.‐ Es ilegal el procedimiento de levantamiento de acta final que antecede a la resolución controvertida y por ende, tal actuación no debe tener nacimiento a la vida jurídica, al violarse el artículo 46, fracción VI, y 46‐Adel Código Fiscal Federal en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales.

En efecto, ello es así ya que en el caso concreto, la autoridad citó 2 veces al contribuyente para el levantamiento de dicha acta final, sin que tal procedimiento esté previsto en el artículo 46, fracción IV del citado Código, situación que vicia el levantamiento del acta en cuestión y que genera que se produzca la consecuencia del artículo 46‐A, último párrafo, en el sentido de que no puede considerarse como levantada legalmente dicha acta y que por tanto, no se tenga por concluída la visita en el plazo legal.

Así es, de los artículos 14 y 16 constitucionales, se desprende la garantía de legalidad a favor de todo gobernado en el sentido de que únicamente pueden hacer lo que la ley expresamente les faculte.

Ahora bien, en el caso de las visitas domiciliarias, este principio de legalidad se hace aún más estricto, en cuanto que el artículo 16 constitucional proscribe como excepción a la garantía de inviolabilidad domiciliaria, el que las autoridades se sujeten irrestrictamente a las formalidades de los cateos y a las “leyes respectivas.”

Dichas “leyes respectivas” a que alude expresamente el artículo 16 constitucional, se ven concretadas, en el caso de la visita domiciliaria, en el artículo 46, fracción VI del Código Fiscal Federal, entre otras, que al efecto señala:

Artículo 46.‐ La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma.

Como se observa la facultad reglada no discrecional que se establece en dicho numeral, es que si al cierre de la auditoria, no se encuentra presente el visitado o su representante legal se le dejará citatorio para el día hábil siguiente y que de no estar en ese siguiente día hábil, la consecuencia es que se levante el acta final con quien se encuentre en el domicilio en cuestión.

A pesar de tal exigencia legal, en el caso concreto dicho procedimiento no se siguió a cabalidad, pues según se puede constatar de las constancias que se aportan como prueba, en fecha 13 de mayo del 2009, la autoridad al acudir al domicilio y al no estar presente el visitado, procedió a dejar citatorio para hora fija del día hábil siguiente, sin embargo el día hábil siguiente, sin razón justificada alguna, la autoridad no se apersonó en los términos del citatorio, cuando en todo caso, el procedimiento del artículo 46, fracción VI del Código de marras, establecía que el siguiente paso, era levantar el acta final con quien se encontrara en el domicilio respectiva, lo que no sucedió.

En lugar de ello, la autoridad volvió a dejar un segundo citatorio para el día hábil siguiente y fue hasta el día 15 de mayo del 2009, en que al no estar ya presente el visitado, derivado de la trasgresión a las formalidades de ley, se levantó el acta final con un tercero, sin que dicho procedimiento estuviera acorde con el texto del artículo 46, fracción VI en cuestión.

En efecto, dicho numeral no prevé de ninguna manera que en caso de dejar un citatorio para el día hábil siguiente y si los visitadores son los que no se apersonan al domicilio fiscal, la consecuencia es que estén facultados para dejar un segundo citatorio o tantos citatorios como arbitrariamente lo determinen, y en tal virtud es innegable que tal actuación carece de sustento jurídico y contraría de manera expresa el procedimiento de cierre de la visita previsto por la norma, generando que al no haber acudido los visitadores el día que previamente habían fijado, el visitado ya no estuviera presente en las ulteriores ocasiones y el cierre se llevara a cabo con un tercero.

Pero más aún, no existía justificación alguna para que el levantamiento del acta final hubiere sido en los términos del primer citatorio y en fecha 14 de mayo del 2009, como se había instruído, porque para tales efectos en la orden de visita domiciliaria se previó que el desarrollo de las diligencias podía realizarlas de manera conjunta o separada, las siguientes personas:

‐ Angélica Guadalupe García Mendoza

‐ Dora Herminia González Sánchez

‐ José Rosario Valdéz Valdez

‐ María de Jesús Salazar Félix

‐ Bertha Alicia Viscarra Paez

‐ María Isabel Garay Osuna

‐ Ángel Angulo Cazares

‐ Fernando López Rodríguez

‐ Jesús Armando González Valdivia

‐ María Leticia Mónica Melo Palacios

Y por ende, ante cualquier razón por la que alguno de los visitadores no pudiera realizar la diligencia el día 14 de mayo del 2009, como lo prevenía expresamente el citatorio del día previo y como lo alude en esos términos expresos el procedimiento de levantamiento del acta final del artículo 46, fracción VII del multicitado Código, cualquiera de los demás visitadores designados en la orden podía realizar tal diligencia y cumplir con lo que explícitamente ordena la ley, lo que no sucedió en la especie.

En tal virtud no existe justificación legal alguna para que la autoridad no hubiere cumplido con el procedimiento para el levantamiento del acta final, máxime cuando se insiste, este último no prevé que cuando el visitador no se apersone el día fijado en el citatorio previo para el levantamiento en cuestión, puede dejar arbitrariamente, cuantos citatorios desee, hasta que sea su voluntad arbitraria, finalmente levantar el acta final.

De acuerdo a lo anterior, el criterio de los Tribunales Federales es el siguiente:



Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito


XIX, Mayo de 2004

Tesis: VI.3o.A.183 A

Página: 1855

VISITA DOMICILIARIA. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CIERRE DEL ACTA FINAL" CONTENIDA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

El citado dispositivo establece: "La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: ... VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. ...". Así, la expresión "cierre del acta final" debe analizarse en su integridad para concluir que no se refiere al momento de conclusión del acta respectiva, sino al levantamiento del acta final con la que se cierra todo el procedimiento de visita, dado que la cita para el visitado o su representante SÓLO DEBE HACERSE UNA VEZ PARA TODOS LOS EFECTOS DEL ACTA FINAL DE LA VISITA DOMICILIARIA, de acuerdo con la intención del legislador. En ese sentido, para el levantamiento del acta final, si no se encuentra el contribuyente o su representante legal,

sí es indispensable el citatorio respectivo, justamente para llevar a cabo ese acto de conclusión del procedimiento fiscalizador, pero no es necesaria esa exigencia cuando al finalizar el acta correspondiente no se encuentre el contribuyente o su representante, porque sería una doble cita. De ahí que baste que ésta sea para que el interesado esté presente para el levantamiento del acta final de visita domiciliaria, para todos sus efectos legales, no así para su conclusión que se da momentos después.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 39/2004. Aceites y Proteínas El Calvario, S.A. de C.V. 11 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Ríos López.

Es decir, que en efecto, la citación para el cierre de la visita, que es el mismo que para el levantamiento del acta final, SOLO DEBERÁ REALIZARSE UNA OCASIÓN, para todos los efectos legales.

Es importante señalar que al momento de resolver sobre lo FUNDADO de la violación, no debe seguirse un mismo criterio de aplicación e interpretación de la norma, que para una NOTIFICACIÓN NORMAL, en donde no hay mayor trascendencia si el visitado no se presenta al a hora citada el día hábil siguiente y tranquilamente puede dejar un nuevo citatorio o cuantos citatorios lo desee, porque la Corte ha determinado que el procedimiento de visita domiciliaria es un procedimiento particular, que no sigue las reglas de una notificación fiscal general del artículo 134, y 137 del Código Fiscal, considerado que la notificación el acta final no se ubica en los supuestos de la fracción I del artículo 134, y por tanto, no pueden aplicarse los criterios o reglas de manera INDISTINTA en un u otro caso.


Precedente

Época: Tercera

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.F. Tercera Época. Año IV. No. 47. Noviembre 1991.

Tesis: III‐TASS‐2202

Página: 22

ACTA FINAL DE AUDITORIA.‐ FORMALIDADES PARA SU LEVANTAMIENTO.‐ Conforme a lo establecido en el artículo 46, facción VI del Código Fiscal de la Federación, debe considerarse que cuando el personal comisionado estime procedente terminar la visita, se levantará el acta final de auditoría, diligencia que debe entenderse con el visitado o su representante, por lo que en caso de su ausencia, la autoridad dejará el citatorio respectivo para una hora determinada del día siguiente, a fin de que el interesado tenga oportunidad de estar presente en ese acto, y solo en caso de que no se cumpla con la cita, los visitadores levantarán o iniciarán el acta final de auditoría ante quien estuviese presente en el lugar visitado, ya que de no hacerlo así, sería nulo lo actuado.(14)

Revisión No. 136/88.‐ Resuelta en sesión de 28 de noviembre de 1991, por unanimidad de 7 votos.‐ Magistrado Ponente: Gilberto García Camberos.‐ Secretaria: Lic. Lucila Padilla López.

De ahí que si como se ha indicado, el artículo 46 del Código Fiscal Federal no prevé una doble citación para el cierra de la visita, al suceder ello en la especie, genera un vicio del procedimiento que violenta directamente las garantías de legalidad e inviolabilidad domiciliaria en perjuicio de la actora.

Tal situación sin lugar a dudas, implica una trasgresión al artículo 46, fracción VI del Código Tributario, pero además, al último párrafo del correlativo 46‐A, que indica:

Artículo 46‐A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:

Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta

se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.

En ese tenor es claro que cuando dicho último párrafo del artículo 46‐A del Código Fiscal de referencia, se refiere al supuesto de que las autoridades “no levante el acta final de visita”, adquiere el mismo carácter que cuando lo hagan de manera ilegal, ya que el levantamiento de un acta final sin seguir las formalidades de ley, no puede tener efecto jurídico alguno, ni trascender a la esfera de derechos del contribuyente, porque de lo contrario se le estaría dando valor y eficacia a actos arbitrarios que están viciados de origen.

De ahí que la consecuencia no puede ser otra que considerar actualizado dicho último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal Federal, y tener por no levantada el acta final, para todos los efectos jurídicos conducentes, entre otros, que queden sin efectos la orden de visita domiciliaria y por ende, todo lo que en ella se sustenta como lo es la liquidación ahora impugnada, razón por demás suficiente para declarar su NULIDAD LISA Y LLANA.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la resolución contenida en el oficio 500‐23‐00‐02‐01‐2009‐011832; orden IPF4400001/08, emitida en fecha 14 de septiembre del 2009 por la Administración Local de Auditoria Fiscal de Culiacán, con Sede en Culiacán Rosales, Sinaloa, del Servicio de Administración Tributaria, por virtud de la cual se determina el crédito fiscal impugnado, al violarse el artículo 63, segundo párrafo del Código Fiscal Federal.

Ello es así, porque la autoridad fiscalizadora no cumplió con lo ordenado expresamente en el artículo 63, segundo párrafo del citado Código, de conceder al contribuyente 15 días “contados a partir de la fecha en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Culiacán, le proporcionaron la información y documentación que posteriormente sirvió de base para efectuar la liquidación de contribuciones en cuestión.

Así es, el artículo 63 del Código en cita, en su segundo párrafo, prevé un procedimiento especial para el caso en que las autoridades fiscales, solicitan a otros servidores públicos, documentos que tengan en su poder o conozcan con motivo de sus facultades, de la siguiente manera:

Artículo 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código, o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.

Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer tales expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente.

Como se observa, dicho procedimiento radica medularmente en que una vez que a las autoridades fiscales les sean proporcionadas documentos o expedientes de otras, obtenidos con motivo de sus facultades, deberán conceder a los contribuyentes un plazo especial de 15 días contados “a partir de que se les den a conocer tales documentos”, para que el contribuyente pueda manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente.

Ahora bien, en el caso sujeto a estudio, se hace constar en la propia liquidación, foja 361, que la autoridad obtuvo diversa documentación e información de otras autoridades, como lo es en caso concreto, una declaración informativa de sueldos y salarios que fue proporcionada por la Administración Local de Servicios al Contribuyente, a través del oficio 500‐23‐00‐02‐01‐2009‐003643, de fecha 17 de marzo del 2009. Así como la obtención de copia de los estados de cuenta bancarios e información de depósitos, obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según consta a foja 35, en el sentido de que en fecha 30 de septiembre mediante oficio 500 01 01 04 00 2008 32647, dicha Comisión, a través de la Subadministración de Análisis y Enlace.

No obstante ello, se niega lisa y llanamente que la autoridad cumpliera con el procedimiento del artículo 63, segundo párrafo, del Código en cita, en particular de dar a conocer al contribuyente, EN LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, esta última, para el gobernado manifestara lo que a su derecho convenía y que obrara tal situación en el expediente.

No es obstáculo de dicha ilegalidad el que la autoridad haga relación en su liquidación, que proporcionó copia de tales documentos en la acta última parcial, ya que por una parte, se trata de 2 plazos y procedimientos diversos, uno contenido en el artículo 46, fracción IV y otro en el 63, párrafo segundo que por tanto, deben respetarse en lo individual; pero además porque este último establece una facultad reglada para la contraria en cuanto que el plazo de 15 días a otorgar, tiene que ser contados desde la fecha en que la autoridad recibió la información y documentación, y el levantamiento del acta última parcial fue mucho después.

Además, los efectos del plazo de veinte días para desvirtuar el acta última parcial, en términos expresos del artículo 46, fracción IV del Código Fiscal son: “durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal.”, sin embargo el plazo del artículo 63, es para: “manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente”, es decir que su finalidad, función y regulación son diversas e independientes, y por ende, no puede tenerse por satisfecha una con el otorgamiento de la otra, ni viceversa.

En ese tenor, es que claro que al no respetarse los procedimientos normativos relativos con la obtención y aplicación de información que no obra en poder de la autoridad, en el sentido de otorgar un plazo de 15 días para que el gobernado manifieste lo que a su derecho convenga, se genera un estado de indefensión e inseguridad en este último, porque no sabe a qué atenerse frente a la actuación de la autoridad ni cómo combatir dichos actos, cuando no se le otorgan los medios de defensa y plazos adecuados e idóneos para ello, situación que además, trasciende al sentido de la resolución, porque fue precisamente derivado de esos estados de cuenta bancarios y de la declaración informativa de sueldos y salarios, que se finca toda la determinación de omisión presuntiva de ingresos de la autoridad, en particular de que los depósitos bancarios reflejados en dichos estados de cuenta, actualizan la causal del artículo 59, fracción III, del citado Código.

En tal virtud es procedente declarar la NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución controvertida, habida cuenta que la misma es fruto de actos viciados y de un procedimiento que no se siguió conforme a las formalidades esenciales.

AGRAVIO.‐ Es ilegal el citatorio de la entrega de la orden de visita domiciliaria, así como el levantamiento del acta parcial de inicio, que son origen y antecedente de la resolución controvertida, al violarse lo dispuesto por los artículos 38, fracción IV y 44, fracción II, 46, fracción I, del Código Fiscal Federal, en relación con la garantía de inviolabilidad domiciliaria del artículo 16 constitucional.

Ello es así, pues tanto el citatorio como el acta parcial de inicio, se llevaron a cabo con un “tercero”, sin que para tal efecto se circunstanciaran los datos relativos al mismo, en relación con el vínculo con el contribuyente, que ofreciera la garantía de que dicha persona informaría al suscrito sobre la clase de diligencia, situación que trascendió y afectó las defensas del contribuyente, en el sentido de que finalmente el inicio de la visita domiciliaria no se llevó a cabo con el actor.

En efecto, recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que en materia de notificaciones de actos de autoridad, para cumplir con el requisito de circunstanciación, a pesar que el texto de la norma no lo señale expresamente, por razones de seguridad jurídica, es necesario que se asiente en el acta respectiva, que al no encontrarse el contribuyente, la diligencia se deba entender con un “tercero”, entendido éste como la persona que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre el documento a su destinatario, para lo cual el notificador debe asegurarse de que ese tercero no está en el domicilio por circunstancias accidentales, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo), como se aprecia a continuación:


Jurisprudencia

Materia(s):Administrativa

Novena Época



Tomo: XXX, Julio de 2009

Tesis: 2a./J. 82/2009

Página: 404

NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO.

Para cumplir con el requisito de circunstanciación, es necesario que el notificador asiente en el acta relativa datos que objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en el domicilio señalado, que buscó al contribuyente o a su representante y que ante la ausencia de éstos entendió la diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre el documento a su destinatario, para lo cual el notificador debe asegurarse de que ese tercero no está en el domicilio por circunstancias accidentales, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo). Además, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón por la cual está en el lugar o su relación con el interesado, el diligenciario deberá precisar las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitablemente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

Contradicción de tesis 85/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del Octavo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 27 de mayo de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval.

Tesis de jurisprudencia 82/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de junio de dos mil nueve.

En ese tenor se concluye la ilegalidad manifestada, ya que es evidente que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado mediante jurisprudencia firme, tal exigencia para las notificaciones personales, pues con mayor razón resulta aplicable al caso de la notificación de una orden de visita domiciliaria, en que por el tipo de consecuencias jurídicas que trae consigo este tipo de diligencias en cuanto a la trasgresión al principio de inviolabilidad domiciliaria y que derivado de ellas puede generarse la determinación del incumplimiento de disposiciones fiscales, es indispensable de igual manera, que circunstancia el vínculo de dicho tercero, a efectos de acreditar si el mismo no estaba en lugar de manera accidental, sino que por sus características, informaría al contribuyente sobre la cita y tipo de diligencias que se realizaría, lo que no sucedió en la especie.

Es aplicable el siguiente precedente:


Precedente

Época: Quinta

Instancia: Segunda Sala Regional de Occidente (Guadalajara)

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 65. Mayo 2006.

Tesis: V‐TASR‐XXVIII‐1993

Página: 182

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.‐ PARA SU NOTIFICACIÓN RESULTAN APLICABLES, ADEMÁS DE LAS EXIGENCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 134 Y 137 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR TRATARSE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.‐ Definido el acto administrativo como "la declaración unilateral de la administración pública que produce

consecuencias subjetivas de derecho", debe concluirse que la orden de visita domiciliaria encuadra perfectamente en el concepto delimitado, al tratarse de la decisión de la autoridad administrativa, en ejercicio de sus atribuciones, sobre obligaciones de los particulares; es decir, constituye el acto mediante el cual, de manera unilateral la autoridad decide ejercer sus facultades de comprobación respecto de determinado sujeto (contribuyente), a fin de determinar si éste ha cumplido con sus obligaciones tributarias y las consecuencias que de dicha fiscalización deriven. Por ende, si el Capítulo II del Código Fiscal de la Federación establece las reglas que deben observarse para la notificación de los "actos administrativos", obvio resulta que éstas son aplicables para todos ellos, salvo que exista dispositivo legal que excluya su aplicación o que establezca requisitos adicionales, como en el caso de los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución. En este orden de ideas, al consignar el artículo 44, fracción II del ordenamiento fiscal que si al presentarse los visitadores al domicilio, no se encuentra al visitado o a su representante legal se dejará citatorio para determinada hora del día hábil siguiente, para ese efecto deben respetarse, además de los requisitos previstos en el numeral y fracción en cita, las formalidades establecidas en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, al no existir dispositivo legal alguno que excluya a la notificación de la orden de visita domiciliaria de su aplicación. (25)

Juicio No. 662/03‐07‐02‐8.‐ Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 09 de enero de 2006, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.‐ Magistrado Instructor: Salvador Rivas Gudiño.‐ Secretaria: Lic. Laura Cristina Castro Rodríguez.

Así es, al remitirse a las actuaciones en cuestión, podrá determinarse que se entendieron con sendas personas en su carácter de “tercero”, pero sin que en ningún momento se hicieran las precisiones de circunstanciación a que hemos venido haciendo referencia, y por tanto, ello condujo y causó perjuicio al contribuyente, en cuanto que el inicio de la visita, finalmente no fue realizada en presencia del visitado o del representante legal que el estimara designar.

Tal situación desde luego trasgrede los artículos 38, fracción IV y 44, fracción II, 46, fracción I, del Código Fiscal Federal, en relación con la garantía de inviolabilidad domiciliaria del artículo 16 constitucional y trasciende al sentido de la resolución, ya que como se aprecia en esta última, el origen de todo el procedimiento fiscalizador es aquél y por tanto, es innegable que tal liquidación resulta fruto de actos viciados de origen a los que no puede ni debe otorgárseles, valor jurídico alguno, razón suficiente para declarar su NULIDAD LISA Y LLANA.

Es aplicable el siguiente criterio:


Jurisprudencia

Materia(s): Común

Séptima Época


Fuente: Semanario Judicial de la Federación

121‐126 Sexta Parte

Tesis:

Página: 280

Genealogía: Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 47.

Informe 1979, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 39.

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.

Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 121‐126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121‐126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121‐126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121‐126, página 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

AGRAVIO.‐ Es ilegal el citatorio para la entrega de la visita domiciliaria de así como la resolución que es fruto y consecuencia y se impugna en este acto, al violar el artículo 38, fracción IV, 44, fracción II, del Código Fiscal Federal, en relación con el 16 constitucional.

Lo anterior es así toda vez que en el citatorio en cuestión, no se señala que la persona a quién fue dejado el citatorio, SE ENCONTRARA EN EL LUGAR EN DONDE DEBÍA PRACTICARSE LA DILIGENCIA, a fin de comprobar si en la especie se cumplió a cabalidad lo dispuesto en la fracción II del Artículo 44 del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, el citado numeral a la literalidad establece lo siguiente:

Artículo 44.‐ “En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:

II.‐ “Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita..”

De lo transcrito podemos señalar válidamente que si bien es cierto la autoridad hacendaria se encuentra facultada para realizar una intromisión legal en el domicilio de los contribuyentes so pretexto de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, también es cierto que dicha facultad no puede ser arbitraria, sino que debe someterse a los requisitos establecidos tanto en el artículo 16 constitucional como en la ley fiscal secundaria, como sucede en éste caso con el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación.

De esta manera, la fracción II del mismo artículo es determinante al exigir que si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, deberán dejar un citatorio para que dichas personas esperen a los visitadores al día siguiente para recibir la orden de visita, EXPRESAMENTE y solamente con la persona que se encuentre en dicho lugar y no en algún otro.

En este sentido, si el hecho de que el citatorio deba necesariamente ser entregado a la persona que en encuentre en el lugar en donde se lleva a cabo la diligencia es un requisito para poder en un momento dado hacer entrega de la orden a un tercero e iniciar el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad con la consecuente intromisión domiciliaria, a través de dicho tercero, era indispensable que en el citatorio se estableciera en forma expresa dicha circunstancia, pues solo mediante ello, se podía dar cumplimiento a lo ordenado por la fracción II del Artículo 44 del Código Fiscal, pero también a lo contenido en los artículos 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación así como los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, de los que de una interpretación conjunta y armónica se colige que todo acto de autoridad que cause molestia a los particulares debe estar debidamente fundado y motivado, a fin de otorgar seguridad jurídica a los gobernados.

Corrobora lo anterior el criterio normativo 11/2001/CFF, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de diciembre de 1995, que se encuentra en la Red informática del Servicio de Administración Tributaria, así como en la página oficial del SAT, www.sat.gob.mx , mismo que señala a la textualidad lo siguiente:

11/2001/CFF Requisitos de los citatorios. Su expedición tratándose de visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación.

El citatorio deberá contener los datos que a continuación se indican:

• Nombre y domicilio de la persona a quien se dirige la orden de visita. Tratándose de personas morales, siempre tendrá que dirigirse a su representante legal.

• Fecha y hora hábil en que se entrega, y en caso de que la diligencia de citación sea en día u horas inhábiles, especificar que se cuenta con el documento de habilitación correspondiente a que se refiere el artículo 13 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, acompañando copia del mismo.

• Número y fecha de expedición de la orden de visita.

• Que la cita es para la entrega de la orden de visita.

• Fecha y hora hábil en que deberá esperar el contribuyente o su representante legal para recibir la orden de visita y en caso de que la cita sea para día u horas inhábiles, especificar que se cuenta con el documento de habilitación correspondiente a que se refiere el artículo 13 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, acompañando copia del mismo.

• Nombre y firma de la persona que hace la entrega.

• Nombre y firma de quien lo recibe, así como sus datos de identificación, en los casos en que sea posible.

• Que al practicarse la diligencia se requirió la presencia del contribuyente o su representante legal, por lo que al no estar presente alguno de ellos, se dejó citatorio CON LA PERSONA QUE SE ENCONTRÓ EN EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

Así, en una interpretación del Artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación, el criterio normativo 11/2001/CFF, establece como uno de los datos que el citatorio de la entrega de una orden de visita domiciliaria debe contener, el señalamiento de que dicho citatorio se dejó con la persona que se encontraba precisamente en el domicilio fiscal del contribuyente y no en otro lugar.

No obstante todo lo mencionado, en el caso concreto, de la lectura del citatorio que preció a la orden de visita domicialiaria, no se establece que la supuesta persona a la que fue entregado el citatorio, se hubiera encontrado en el lugar de la diligencia, situación que evidentemente trasgrede los artículos 44 fracción II y 38 fracción III del Código de Marras, en relación con los artículos 14 y 16 de la constitución.

Ello surge de esta forma, pues la omisión de tal circunstancia en el citatorio impide a al suscrito conocer si en realidad el procedimiento de entrega de visita domiciliaria a través de un tercero, se ajustó a los requisitos que marca la fracción II del Artículo 44 del Código en cita, en cuanto a que el mismo, únicamente podía haber sido dejado con la persona que se encontrara en el domicilio de la diligencia.

En concordancia con lo anterior, si lo asentado en el citatorio da constancia de lo que sucedió durante la diligencia, es de entenderse que al no asentarse el hecho de que la persona a quién supuestamente fue entregado el citatorio para la entrega de la orden de visita se encontraba en el domicilio de la diligencia, tal hecho no sucedió, pues suponer lo contrario equivaldría a desconocer la seguridad jurídica de lo asentado en dicho documento.

Abundando, la única forma en que la autoridad, debido al principio de inviolabilidad domiciliaria del artículo 16 constitucional, podía introducirse en el domicilio de mi persona, virtud de la entrega de una orden de visita a un tercero, era mediante la realización de los requisitos para tal efecto, instaurados en el artículo 44, fracción II del Código Fiscal, por lo que si en dicha fracción se exige que la entrega del citatorio se haga a la persona que se encuentra en el domicilio de la diligencia, la autoridad debió, en caso de que así hubiera sucedido y en apego a los principios de seguridad jurídica del artículo 38 fracción IV del mismo Código, 14 y 16 constitucionales, asentar en el citatorio tal circunstancia, por que era en él el lugar y momento preciso para establecerlo, situación que al no suceder violenta los numerales jurídicos invocados y deja en evidente estado de indefensión e inseguridad jurídica al promovente y por lo cuál debe declararse la nulidad del procedimiento de verificación domiciliaría así como de los actos y resoluciones consecuentes, como lo es la que determina el crédito fiscal controvertido.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la orden de visita domiciliaria que antecede a la resolución controvertida, al violar lo dispuesto por el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 constitucionales, al no fundar debidamente su competencia TEMPORAL.

Es así, puesto que la autoridad sustenta su competencia en los artículo 42, fracción III, 43, 44, 45 y 46 “Código Fiscal de la Federación”, sin indicar respecto de qué ejercicio en vigor correspondían dichas disposiciones, es decir, si durante uno de los periodos revisados que es 2004 y 2005 o bien, respecto de aquel en el que se iniciaron las facultades de comprobación ‐2008‐, considerando por una parte que en aquellos ejercicios, dichos numerales tenían un contenido diverso, y que en todo caso, ni siquiera se sustenta en el artículo 6 del mismo Código para determinar el ámbito de aplicación temporal de la norma fiscal, situación que genera un absoluto estado de inseguridad jurídica y le impidió corroborar si a la fecha en que se emitió dicho acto, la autoridad tenía o no facultades para su actuación bajo los términos en que se dictó el oficio.

En efecto, de acuerdo a artículo 38, fracción IV del Código Fiscal, todo acto debe estar debida y completamente fundado y motivado en cuanto a las facultades, como a la competencia para ejercitarlas, situación que ya ha sido ampliamente interpretado por la Corte en el sentido de que dicha fundamentación de la competencia, debe ser de manera exhaustiva y completa.

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, es claro que la competencia de una autoridad, generalmente se determinar por materia, cuantía, grado, territorio, pero también por TEMPORALIDAD, en cuanto que dependerá el momento en que estuvieron en vigor las normas fiscales en que se sustenta, para saber si en dicho tiempo, la autoridad contaba o no con las atribuciones ejercitadas.


Tesis aislada


Novena Época



XVII, Abril de 2003

Tesis: I.4o.A.387 A

Página: 1090

INCOMPETENCIA. PUEDE ACTUALIZARSE EN RAZÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO PARA EJERCER UNA FACULTAD. La competencia se ha calificado tradicionalmente, en razón de territorio, materia, grado y cuantía. Sin embargo, cuando una autoridad tiene un límite temporal impuesto por la norma para ejercitar una facultad, puede hablarse de competencia en razón de tiempo, de manera que si ha transcurrido el indicado para ejercer esa facultad, se está ante un caso de incompetencia (equivalente al acto arbitrario), en términos de lo que establece el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 171/2002. Administrador de la Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, Unidad encargada de la Defensa Jurídica de las autoridades demandadas, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes. 7 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas.

Amparo directo 478/2002. Industrias DK, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Ahora bien, con respecto a la importancia de la temporalidad de las leyes fiscales en materia de normas de causación y del ejercicio de las facultades de comprobación, es destacada la siguiente tesis:


Séptima Época




Tesis:

Página: 331

Genealogía: Informe 1987, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 117.

IMPUESTOS. FACULTADES DE INSPECCION Y COMPROBACION DE LAS AUTORIDADES FISCALES. LEYES QUE REGULAN SU EJERCICIO. Cabría precisar los principios que desde el punto de vista de eficacia temporal son determinantes de la ley que rige al acto. Se ha dicho que por regla general los actos se rigen por la ley vigente al momento de su nacimiento; sin embargo, esta regla que aplicada a cuestiones sustantivas ha provocado numerosas controversias relacionadas con el fenómeno de la retroactividad, en cambio no sufre excepciones tratándose de cuestiones meramente procedimentales, porque entonces los actos de este género son indefectiblemente regulados por las leyes en vigor en la fecha en que se realizan, según criterio unánimemente sustentado por la doctrina y por la jurisprudencia. Esta distinción aplicada a las actuaciones desarrolladas por las autoridades fiscales en sus funciones de vigilancia, inspección y determinación de la situación del contribuyente, conduce a la conclusión de que los aspectos sustantivos tales como el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y demás obligaciones relacionadas con ellas y a cargo de los particulares, se deben enjuiciar a la luz de las leyes vigente en el período sujeto a revisión, mientras que las actuaciones y procedimientos empleados por el fisco para conocer la situación de los obligados y, en su caso, descubrir las irregularidades existentes, se norman por las leyes vigentes en la fecha en que se verifican esos actos. Para demostrar la

exactitud de este último aserto, es decir, que los actos de procedimiento desarrollados por el fisco con el propósito de indagar el cumplimiento de las obligaciones tributarias no pueden normarse por las leyes vigentes en los períodos sujetos a revisión sino por las que se están en vigor en la fecha en que esos actos se efectúan, basta considerar que las autoridades solo pueden obrar si existe una norma que les habilite a hacerlo, de allí que la competencia, las formalidades y los trámites no puedan fundarse en leyes de vigencia anterior puesto que para entonces carecen de eficacia como normas habilitantes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1457/86. Super Azteca, S. A. 13 de enero de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

De acuerdo a lo anterior, se genera la violación argumentada, ya que la autoridad es omisa en fundamentar completa y debidamente su COMPETENCIA TEMPORAL, con respecto a las normas del Código Fiscal Federal en que se sustentaba, puesto que se limitó a señalar que sus facultades eran con sustento en los artículos 42, fracción III, 43, 44, 45 y 56 del Código Fiscal Federal, pero sin que para tal efecto, señalar respecto de qué ejercicio fiscal estaban en vigor tales normas.

Lo anterior genera un absoluto estado de indefensión jurídica, considerando que dichas disposiciones legales han venido presentando una serie de reformas a su contenido, y por tanto su texto no fue el mismo en 2004 y 2005 que corresponde al periodo revisado, ni en 2008, relativo al ejercicio en que iniciaron las facultades de comprobación y que también fue revisado de acuerdo a ello, la autoridad debió ser contundente, a fin de fundar su competencia y ejercicio de facultades, indicando respectó de que ejercicio en vigor, eran las normas jurídicas en que se sustentaba, ya que de lo contrario se le impide a la contribuyente contar con los elementos de defensa mínimos para corroborar si en efecto, la actuación de la autoridad resulta legal o no.

Es importante señalar que para el caso, la autoridad ni siquiera se sustentó en el artículo 6 del Código fiscal Federal, a fin de tratar de desentrañar si las normas competenciales y de procedimiento que ejercitaban, debían corresponder al 2004 y 2005 o al 2008, correspondientes al ejercicio de causación, o al ejercicio en que se iniciaron las facultades de comprobación, respectiva, situación que como se indica, implica desde luego una incompleta fundamentación de la competencia, que afecta las defensas del contribuyente y trasciende al sentido de la resolución,

puesto que precisamente de dichos oficios ilegales, es que se determinó el crédito fiscal que ahora se impugna, razón por demás suficiente para declarar su NULIDAD LISA Y LLANA.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la resolución impugnada por la que se determina un crédito fiscal en contra de mi representada, al provenir de una visita domiciliaria cuya orden viola lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; 1º, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en relación con el artículo segundo transitorio de esta ley, al haberse fundado indebidamente en una serie de preceptos jurídicos, pero ninguno de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Efectivamente, la orden de visita que le es antecedente está indebidamente fundada, pues citó diversas normas jurídicas pero ninguna de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la cual contiene los derechos básicos del contribuyente y sus derechos relativos a la seguridad jurídica, de carácter económico y heterogéneos de defensa y por ello, era inexcusable que la orden dejara de fundarse en ella.

Así es, el artículo 1º de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, publicada en el Diario Oficial el día 23 de junio de 2005, es un ordenamiento jurídico de aplicación preferente, inclusive al Código Fiscal de la Federación, porque en él se contienen los derechos y obligaciones del contribuyente dentro de un proceso de comprobación, por ello, resulta ilegal que la orden de visita haya omitido las normas relativas, pues sólo mediante la cita de dicho ordenamiento, se hubiera brindado certeza al actor de sus derechos.

Esto es, a partir de que entró en vigor la referida ley, la autoridad estaba obligada a fundar todas sus facultades de comprobación en el citado ordenamiento, pues es específico para las facultades de comprobación y sólo en defecto de esta ley, podía aplicarse el Código Fiscal y demás leyes fiscales; sin embargo, indebidamente se fundó el acto en las segundas, omitiendo considerar las de la ley relativa, que son la base de los actos de comprobación.

Como podrá apreciarse, a partir de la entrada en vigor del renombrado ordenamiento (23 de julio de 2005) todo acto de comprobación, debe sustentarse en la referida ley, siendo indebido que se sustenten en cualquier otro ordenamiento legal, si no se apoyan en el instrumento legislativo denominado “Ley Federal de los Derechos del Contribuyente”

Así es, los actos relativos a las facultades de comprobación pueden sustentar su actuación en una serie de leyes y ordenamientos, pero indebidamente, dejó de considerar el contenido de la Ley Federal de los Derechos del contribuyente, el cual a partir del 23 de julio de 2005, es el pilar de las facultades de comprobación.

No omito señalar que esta ley Federal de los Derechos del Contribuyente tiene tanta importancia en el derecho mexicano que la autoridad debe citarla en todos los actos de comprobación y aún en aquellos que no lo son, pero que constituyen actos emitidos por autoridades fiscales, porque de lo contrario, haría nugatorios los derechos contenidos en sus diferentes preceptos.

Es aplicable el criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXV, Marzo de 2007. Pág. 1667, con el rubro:

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA SON APLICABLES A TODOS LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES FISCALES EN GENERAL Y NO SÓLO AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN INICIADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR. El artículo segundo transitorio de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente señala que sus disposiciones "sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento."; sin embargo, ello no significa que las normas contenidas en dicha ley sólo sean aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación que se inicien a partir de su entrada en vigor, pues su objeto es regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales (artículo 1o.), entre los cuales se encuentran los relativos a la obtención de las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables (artículo 2o., fracción II); y el de ser oídos en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas (fracción XI). Asimismo, contiene la obligación de las autoridades fiscales de prestar a los contribuyentes la asistencia e información necesarias acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal (artículo 5o.), tanto en los procedimientos de comprobación, como en el sancionador, además de que prevé diversas disposiciones relativas a los medios de defensa a

los que pueden tener acceso (capítulos III, IV y V). De lo que resulta que las normas que integran el precitado ordenamiento legal son aplicables a todos los actos de las autoridades fiscales en general. Considerar lo contrario, esto es, que las disposiciones de la ley en comento sólo son aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación iniciadas a partir de su entrada en vigor, haría nugatorias las normas contenidas en esa ley que se refieren a cuestiones diversas a su ejercicio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

VIII.3o.59 A

Amparo directo 475/2006. Antonio Reymundo Martínez. 23 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretaria: Lilian González Martínez.

El criterio citado en el párrafo anterior, es obligatorio para las autoridades fiscales porque fue el 22 de mayo de 2007, cuando se iniciaron de forma ilegal sus facultades de comprobación ‐según las constancias del expediente‐, fecha en la que se encontraba vigente el citado ordenamiento, el cual como se ha dicho, debe citarse en cualquier acto emitido por la autoridad fiscal, incluidos los que constituyen o no una facultad de comprobación.

En el caso en particular, resulta evidente que se dejó a la demandante en estado de indefensión, toda vez que entre los artículos que sirven de fundamento a la autoridad para emitir la orden de visita y su posterior resolución determinante, no se encuentran los numerales relativos a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, los cuales son el ordenamiento primario de toda facultad de comprobación.

Esto era indispensable, pues de lo contrario el actor nunca sabría el fundamento que contiene el derecho a 1.‐ ser informado y asistido. 2.‐ a ajustar las actuaciones a los lineamientos de las autoridades fiscales, 3.‐conocer los textos actualizados con las normas tributarias 4.‐ que la autoridad use lengua oficial o coloquial 5.‐la gratuidad en el uso de Internet y en los procesos generales y facilitar el acceso a las bases informatizadas del SAT, 6.‐a que se le suministre información sobre consultas y textos íntegros de resoluciones favorables, 7.‐ a conocer sus

obligaciones en el acto de comprobación 8.‐ No sabría del derecho a obtener devoluciones o, 9.‐que cuenta con derechos heterogéneos defensa.

De la misma manera, la indebida fundamentación no le permite saber 10.‐el estado en que se encuentran los procesos de comprobación, 11.‐ Derecho a la obtención de copias, 12.‐ Derecho a la intimidad, 13.‐Derecho al acceso del contenido de los documentos, 14.‐ Derecho a aportar documentos y alegaciones, 15.‐ a ser oído en el trámite de audiencia, 16.‐ a obtener copia sellada de los documentos que presente, 17.‐ a ser tratado con respeto, 18.‐ a que las actuaciones se lleven de la forma menos gravosa y onerosa, 19.‐ a tener acceso a los registros administrativos.

A su vez, esta indebida fundamentación provocó que se le negara conocer 20.‐el deber de sigilo de la autoridad, 21.‐ a conocer los datos que hayan sido declarados por un tercero 22.‐ conocer la identificación del funcionario y de la persona que tramita el procedimiento, 23.‐ así como el derecho a la imparcialidad del auditor, 24.‐ Derecho a formular quejas, sugerencias y exigir responsabilidades de la Administración Tributaria o 25.‐la obligación de la autoridad a resolver de forma expresa la situación fiscal del causante en los plazos establecidos en ley.

Así como 26.‐ servir con objetividad y 27.‐ resolver las cuestiones que se le planteen y 28.‐ que se valoren las pruebas que presente o 29.‐ conocer los planes internos (normatividad) ante la ignorancia de su contenido, 30.‐ saber cómo se confecciona el acto y 31.‐ motivar el plan de la autoridad, es decir, podría precisar el criterio o el nexo causal entre las directrices globales de la Administración tributaria y la inclusión, reflexión o repercusión que tiene en la selección del gobernado que constituyen parte de la motivación, entre otros.

En este contexto, se concluye que es procedente decretar la NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución impugnada, porque deviene de una orden de visita en donde “no” se citó de forma debida los fundamentos que le otorgan los derechos de seguridad jurídica, de carácter económico y heterogéneos de defensa, contenidos en la ley relativa, dejándole en estado de indefensión, al impedirle saber por qué no se fundó en dicho cuerpo legal cuando es un ordenamiento primario, debiendo anularse la resolución que se impugna conforme al artículo 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

AGRAVIO.‐ Las resoluciones relativas a los créditos fiscales descritas en el apartado de resoluciones impugnadas, emitidas por la Administración Local de Servicios al Contribuyente por las que se imponen multas a mi representada, son ilegales al violar lo dispuesto por los artículos 5, 38 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 constitucionales.

Lo anterior es así, al existir una indebida motivación de las mismas, ya que la razón por la que se imponen no se adecua al contenido del artículo 81, fracción XXVI del Código Fiscal Federal en que se sustentan, derivado de una aplicación estricta de dicha norma, como lo exige el artículo 5 del Código Fiscal.

Se afirma ello, pues en tales multas la razón de imposición es “por haber presentado la información a requerimiento de autoridad”; sin embargo, en el artículo 81 fracción XXVII del citado Código, los supuestos de infracción son: a) NO proporcionar dicha información en los medios electrónicos, formatos y plazos; b) presentarla incompleta o c) presentarla con errores, supuestos que a luz de la aplicación estricta, son diversos.

En efecto, de una remisión a las resoluciones controvertidas, se aprecia que su motivación y fundamentación es la siguiente:

“El Servicio de Administración Tributaria determinó por haber presentado la información mensual de operaciones con terceros correspondientes al mes de… a requerimiento acumulado de la autoridad número… que se notificó el…

OBLIGACIONES OMITIDAS O MOTIVOS INFRACCIÓN

Información de Operaciones Artículo 81, fracción XXVI del

con terceros Marzo 2009 Código Fiscal de la Federación.

En consecuencia se le impone la multa….”

Es decir, en términos llanos, que la multa se impone por haber presentado la declaración (DIOT) a requerimiento de autoridad, con fundamento en el artículo 81, fracción XXVI del citado Código.

De ahí la ilegalidad argumentada, ya que dicho numeral, a la letra dice:

“XXVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores.”

Es decir que los supuestos de infracción son:

A) No proporcionar la información mensual de operaciones con terceros (a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la LIVA), a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha ley.

B) Sí presentarla pero de manera incompleta.

C) Sí presentarla pero con errores.

Supuestos ninguno de los 3, que se adecua a la motivación de la multa, que consiste en “sí presentarlo pero a requerimiento de autoridad”.

Es importante destacar que en términos del artículo 5 del multicitado Código Fiscal de la Federación, las disposiciones que establecen infracciones y sanciones a los particulares son de APLICACIÓN ESTRICTA, esto es, que su aplicación debe ser de manera expresa y literal al supuesto normativo, y no así imponerse por analogía o aún por mayoría de razón.

En ese sentido, esa Sala coincidirá que son diversos la presentación de la declaración a requerimiento de autoridad; que los supuestos establecidos en la ley, y por tanto, que se violente el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación que exige que todos los actos de autoridad fiscal estén debidamente fundados y motivos.

En esta tesitura, por debida fundamentación, debemos entender la cita de los ordenamientos jurídicos en los que se sustente el acto de autoridad, y por motivación, las razones por las cuales se considera que el supuesto de hecho corresponde de manera precisa y exacta a la hipótesis legal, debiendo existir congruencia entre ellos, lo que sin embargo no sucedió en el caso concreto.

Tal circunstancia genera un absoluto estado de inseguridad jurídica e indefensión al particular, porque sólo mediante la correcta y adecuada fundamentación y motivación es que un particular tiene la oportunidad de preparar una adecuada defensa, basándose en hechos precisos para poder controvertirlos y que esos hechos se adecuen a la hipótesis de ley, lo que se insiste, no sucedió en el caso que nos ocupa.

En virtud de lo anterior resulta procedente declarar la NULIDAD LISA y LLANA de dichas resoluciones, en virtud de que la ilegalidad considerada se trata de una “indebida” motivación y no así de una “falta” de motivación, lo que actualiza la causal del artículo 51, fracción IV de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

AGRAVIO.‐ Es ilegal el requerimiento de obligaciones con número de control acumulado 401689X8000053, emitido en fecha 28 de agosto del 2009, por la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Zacatecas, que es origen y antecedente de las resoluciones impugnadas, al violentar los artículos 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 constitucionales.

Lo anterior, ya que dicho requerimiento tiene como origen hechos conocidos por la autoridad de acuerdo a los “registros” que tiene en su poder, sin que para tal efecto, se hubiera fundado en la facultad del artículo 63 del Código fiscal de la Federación para tales efectos, lo que violenta los

numerales jurídicos en cita, y genera que las multas que ahora se atacan sean fruto de actos viciados de origen.

En efecto, de una remisión al requerimiento de obligaciones en cita, se aprecia que la autoridad lo motiva en los siguientes datos:

“El Servicio de Administración Tributaria NO TIENE REGISTRADO el cumplimiento de la(s) obligación (es) que a continuación se señala(n):

(…)

Por lo que se requiere con fundamente en.. para que cumpla con las obligaciones señaladas…”

Como se aprecia, los hechos que motivan el requerimiento de obligaciones que es antecedente de las multas ahora controvertidas, se derivan o conocen por los “registros” de la autoridad, esto es, por la información que se encuentra registrada o en los archivos internos de la propia autoridad y que en análisis de los mismos, se tiene detectado que no se ha dado cumplimiento a las obligaciones de presentación de declaraciones ahí mencionadas.

De ahí la indebida fundamentación, ya que como ese Tribunal coincidirá, al remitirse a los artículos en los que sustenta su actuación la autoridad, únicamente cita el artículo 41, primer párrafo fracción III y 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, pero en ningún momento alude al artículo 63 del mismo ordenamiento, que al efecto señala:

Artículo 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código, o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.

Mismo numeral es el que en todo caso, podría ser el sustento de las actuaciones de la autoridad, porque el mismo refiere una facultad particular de esta última para que pueda motivar sus resoluciones o actos, de acuerdo a hechos que obran en sus expedientes o documentos que tengan en su poder, como sería en el presente caso, con la detección de que en la consulta de sus registros, no encuentra el cumplimiento de diversas declaraciones.

De ahí que al no sustentarse en las normas aplicables, dicho requerimiento trasgrede los artículos 38, fracción IV, del Código Fiscal Federal, 14 y 16 constitucionales, relativos a la obligación de fundar sus actos de manera completa y adecuada, lo que genera indefensión al gobernado, porque al no contener dicha fundamentación, no se sabe a ciencia cierta que artículos son considerados por la autoridad para emitir dicho requerimiento y cuales son los alcances de tales actuaciones, a efectos de preparar una adecuada defensa, reuniendo los medios probatorios para atacar dichos actos, y trasciende al sentido de la resolución, porque la multa se impuso precisamente porque el contribuyente sí presentó sus declaraciones, pero en a requerimiento de autoridad, por lo que si el requerimiento resulta ilegal por carecer una completa fundamentación, es claro que el mismo no puede trascender a la esfera jurídica del contribuyente, ni mucho menos ser la base u origen de las sanciones controvertidas, las cuales, por ende, resultan ilegales, siendo procedente declarar su NULIDAD LISA Y LLANA.

AGRAVIO.‐ Son ilegales las resoluciones impugnadas que en este acto se controvierten emitidas por la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Zacatecas, al violar lo dispuesto por el artículo 2 fracción XI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en relación con el artículo 14 de nuestra Carta Magna.

Se afirma lo anterior, toda vez que la autoridad demandada no otorgó la oportunidad a mi representada de ser oída durante el trámite administrativo, es decir, en forma previa a la emisión de la resoluciones por medio de las cuales se imponen los créditos fiscales que por ésta vía se

controvierten, en clara violación a lo dispuesto por el artículo 2 fracción XI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Para efecto de clarificar todo lo anterior, es que se trascribe la fracción antes aludida:

“Artículo 2o.‐ Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

(…)

XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas.”

De la fracción antes trascrita, se desprende claramente la intención del legislador de otorgar a los particulares el derecho de ser escuchado por la propia autoridad fiscal en forma previa a la determinación de créditos fiscales, ya que de no ser así, se dejaría a los patrones en un total estado de indefensión.

Continuando con la idea anterior, es que se niega lisa y llanamente que la demandada hubiese otorgado un plazo o la posibilidad de desvirtuar la determinación de la Administración Local de Servicios al Contribuyente en forma previa a la emisión de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales que por ésta vía se controvierten.

Resulta necesario que se otorgue el derecho a ser escuchado antes de la determinación de los créditos fiscales, toda vez que se pueden hacer valer argumentos y ofrecer pruebas que desvirtúen lo determinado por la autoridad, evitando con ello que la autoridad administrativa tenga que emitir las resoluciones sin sustento.

Lo anterior causa un claro perjuicio en contra de mi representada, toda vez que se le dejó en un total estado de indefensión e inseguridad jurídica, debido a que no se otorgó la posibilidad de hacer valer los argumentos que considerara pertinentes a efecto de desvirtuar las determinaciones de la autoridad en forma previa a la determinación de los créditos fiscales.

En virtud de lo anterior, es que resulta procedente declarar la NULIDAD de las resoluciones controvertidas emitidas por la Administración Local de Servicios al Contribuyente toda vez que son fruto de actos viciados, al no haber otorgado la oportunidad de ser oído antes de la determinación de los créditos controvertidos, en violación a lo dispuesto en el artículo 2 fracción XI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en relación con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la solicitud de información y documentación contenida en el oficio 500‐68‐00‐05‐2009‐9012 de fecha 20 de agosto del 2009, así como el procedimiento de fiscalización de los cuales es fruto y consecuencia la liquidación controvertida, al violarse los artículos 28, 38 fracción IV, 42, fracción II, 48 del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 constitucionales.

Lo anterior es así, porque de una correcta interpretación de dichas disposiciones, se aprecia que como parte de la revisión de gabinete, la autoridad NO estaba facultada para requerir al contribuyente que entregara su contabilidad y permanecer con ella en las oficinas de la demandada durante todo el transcurso de la revisión, ya que dichas leyes hacen una distinción muy clara entre la facultad para exhibir, esto es, para únicamente mostrarle dicha contabilidad en sus oficinas, y sólo respecto de “otros” datos, informes y documentos diversos a la contabilidad, sí requerir para que el contribuyente los proporcionara o entregara, razón por la cual es claro que la liquidación controvertida fue fruto y consecuencia de un procedimiento de fiscalización no previsto en la norma y por tanto, fue fruto de actos viciados.

Para llegar a la anterior conclusión, lo primero que debemos hacer es determinar si realmente dentro de una revisión de gabinete, la autoridad puede requerir para que se le entregue la contabilidad y conservarla en su poder, o no.

En ese sentido, veamos el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, que es el sustento jurídico de dichas revisiones:

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales estarán facultadas para:”

“II.‐ Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que EXHIBAN en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que PROPORCIONEN los datos, otros documentos o informes que se les requieran. “

Como se observa en dicho numeral, la ley hace una distinción al dividir la facultad para requerir al contribuyente para que “EXHIBA” en las oficinas de la autoridad, la contabilidad y luego, distingue el enunciado con el adjetivo “así como”, respecto de la facultad para requerir que “PROPORCIONEN” los datos, “otros” documentos o informes; otros datos, desde luego diversos a los mencionados con antelación, o sea, la contabilidad.

La afirmación anterior tiene sustento en el hecho de que si el legislador se interesó en hacer una distinción entre ambos supuestos de requerir la exhibición de la contabilidad, respecto de la de requerir se proporcionen otros documentos, datos e informes, es porque tanto gramaticalmente, como históricamente, el ejercicio de tales facultades y alcances, son diversas y con contenido también distinto.

En ese sentido, la interpretación “gramatical” del artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, arroja lo siguiente, según la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española precisa que:

Exhibir significa: “Manifestar, mostrar en público”.

Proporcionar, se entiende: “Poner en disposición las cosas”.

Sobre la palabra “disposición”, el propio Diccionario la menciona como: “Ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo o gravarlo. Valerse de algo, tenerlo o utilizarlo por suyo.”

En consecuencia resulta pues que el hecho de requerir la exhibición, implica únicamente el mostrar algo, presentar, enseñar; en tanto que el de proporcionar, invoca una facultad de mayor alcance, la de disponer o ejercer facultades de dominio o utilizar como suyo lo proporcionado, quedarse con ello.

En este sentido, al distinguir la propia fracción II del citado artículo que el ejercicio de las facultades de comprobación, en tratándose de la “contabilidad”, se circunscribirá al requerimiento para su “exhibición” y que solo para los demás documentos, datos o informes, se requerirá que sean proporcionados, es evidente que la autoridad al ejercer dicha facultad no puede ir más allá de lo prescrito por la ley.

En esa misma tesitura, el artículo 48 del Código Fiscal Federal, en su primer párrafo, al desarrollar el correcto procedimiento y alcances de las facultades de comprobación relativas a la revisión de gabinete o escritorio, indica:

Artículo 48.‐ Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

Es decir, que la facultad de comprobación de la revisión de gabinete, sólo permite requerir o solicitar al contribuyente que “pidan la PRESENTACIÓN de la contabilidad”, y si nos remitimos al significado gramatical de la palabra “presentación”, encontraremos en reiteración con los alcances del artículo 42, fracción II, del mismo Código Fiscal, que únicamente implica “ponerlo en presencia de alguien”.

Con ello es claro que debe prevalecer el principio general de derecho que indica: “donde la ley distingue, se debe distinguir”, y por tanto, si dentro del texto de las normas que regulan el procedimiento de revisión de gabinete se distingue la posibilidad de requerir sólo para que se muestre, exhiba o presente la contabilidad en las oficinas de la autoridad y que respecto de los demás documentos, informes o datos, sí se faculte requerir para que se proporcionen o entreguen y obren en poder de la autoridad los mismos para su revisión, a ello se debió sujetar la autoridad.

Lo anterior es así, porque no debe perderse de vista que en esencia, los libros y demás elementos de la contabilidad de los comerciantes son la historia exacta y minuciosa de sus negocios y como tales, la ley debe reconocer su propiedad y facultad de disponer en todo momento de ellos, así como su secreto, con la finalidad de permitirles con base en todo lo anterior, la toma de sus decisiones financieras (finalidades todas ellas que se desprenden de las tesis que se transcriben al final de este concepto de nulidad) y por tanto, tal situación explica el porqué la propia ley limitó el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades respecto de tal contabilidad, en particular en la revisiones de gabinete, para sólo exigir que se les presente en sus oficinas, que se les exhiba o muestre, y con ello INSPECCIONARLOS, pero no para secuestrarla y quedarse con ella aún para su análisis, lo que dicho sea de paso, no se permite en ninguna de las otras facultades de comprobación de la autoridad, verbigracia, en la visita domiciliaria en que de acuerdo al artículo 45, último párrafo del Código Fiscal Federal, queda prohibido recoger la contabilidad del domicilio fiscal del contribuyente.

Lo anterior máxime cuando si la razón para ello fuera el análisis fiscal, la autoridad podía solicitar únicamente FOTOCOPIAS de dicha contabilidad, como parte de los otros datos o documentos que requería, pero se insiste, de ninguna manera exigir que se entregaran los registros y documentación contable y conservarlas en la disposición y poder de la autoridad durante la revisión, porque la finalidad de las facultades de comprobación de la autoridad, es sólo conocer si han cumplido o no con las disposiciones fiscales, para lo cual no es indispensable secuestrar la contabilidad del contribuyente y privar al comerciante de su uso y disposición, sino que basta que ante la misma autoridad se le exhiba en sus oficinas esta última para su inspección, y si requiere alguna documentación –fotocopias‐ información o datos adicionales, sí ordenar su entrega.

A pesar de ello, la autoridad sí requirió que se entregara la contabilidad, se le entregó y la conservó en su poder durante la revisión, según se aprecia del reconocimiento expreso que realiza en foja 115 y siguientes del oficio de observaciones en donde acepta que le fue proporcionada –entregada‐ diversa contabilidad del contribuyente como el libro mayor analítico impreso, libro diario, balanzas de comprobación, CONSECUTIVO DE FACTURAS, pólizas de diario y pólizas de

ingresos amparadas con la documentación comprobatoria, pólizas de cheques, y diversos papeles de trabajo, que son parte todos de la contabilidad en los términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y que a través del mismo oficio de observaciones y una vez concluída la revisión, pretendió DEVOLVERLOS al contribuyente.

En ese sentido es clara la ilegalidad y la violación a los numerales jurídicos en cita, en particular al principio de legalidad que señala que la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley expresamente le faculte, y además, la violación al artículo 50 del Código Fiscal Federal que señala que la liquidación que al efecto se notifique al contribuyente debe ser derivado de los hechos que conozca, LEGALMENTE por supuesto, derivados de la revisión de gabinete.

Y por tanto, si los hechos conocidos por la autoridad que motivan la liquidación controvertida, fueron producto de un procedimiento de fiscalización que no tiene sustento en la ley, porque en ninguna parte del procedimiento de revisión de gabinete se autorizaba a la autoridad a requerir la entrega de contabilidad y a conservarla en su poder, es claro que tal situación trasciende la sentido de la resolución y genera la ilegalidad de dicha liquidación por ser fruto de actos viciados de origen, situación que sin lugar a dudas le genera un claro sentido de indefensión, porque este principio implica que en todo momento se le deben otorgar a un gobernado los elementos mínimos para defenderse frente a los actos de autoridad, y por tanto, si los actos de autoridad no tienen sustento en un procedimiento de ley, esto es, que son ilegales, es claro que el suscrito no sabe a qué a tenerse frente a dichos actos, ni mucho menos, reunir los medios de defensa adecuados e idóneos para desvirtuarlos, máxime cuando además, se está disponiendo de bienes de su propiedad –la contabilidad‐ sin saber qué uso arbitrario se le pudo dar a ello, y sin poder utilizarla para la toma de decisiones financieras en el manejo de su negociación, cuando ninguna ley le facultaba a la demandada para ello, esto es, que al no saber a qué atenerse frente a dichos actos arbitrarios porque no están previstos en la ley, ¿cómo defenderse?.

Es importante resaltar que, según se aprecia de la foja 8 y siguientes de la liquidación, la autoridad utilizó la contabilidad obtenida ilícitamente, para de ahí desprender los hechos en que se sustentaron la determinación de ingresos omitidos y deducciones rechazadas, así como los restante rubros de la liquidación, por lo cual es claro que tal vicio trascendió al sentido de la resolución, razones todas para declarar la NULIDAD LISA Y LLANA del citado crédito fiscal, por ser fruto de actos viciados de origen.

Respecto de los alcances históricos de las facultades de comprobación de las autoridades, sobre la contabilidad de los contribuyentes, en el sentido de sólo requerir para su EXHIBICIÓN, PRESENTACIÓN o mostrarla a la autoridad, resulta importante observar lo siguiente:

Quinta Época

Registro: 353170



LXX

Materia(s): Civil

Tesis:

Página: 1741

LIBROS DE LOS COMERCIANTES, EXHIBICION DE LOS.

Los libros de los comerciantes son la historia exacta y minuciosa de sus negocios, y como obra suya, la ley les reconoce su propiedad y les garantiza su secreto. Ahora bien, el legislador ha sido en extremo precavido para asegurar el sigilo de la contabilidad, pues no obstante que estableció diversas normas a las que debe sujetarse el comerciante en relación con los libros que debe llevar, prohibe expresamente toda pesquisa de oficio para inquirir si llevan o no libros arreglados. Sin embargo, y con carácter de excepción, en los artículos 43 y 44 del Código de Comercio, se impone a los comerciantes la obligación de comunicar y exhibir sus libros, obligación que tiene su fundamento jurídico en que, si bien en conjunto son propiedad de quien los lleva, los asientos en particular son dominio de todos los que han participado en el negocio a que se refiere. Estas ideas permiten aclarar el texto del artículo 44 transcrito, en el sentido de que la exhibición sólo está autorizada respecto a los libros que pertenezcan a uno de los colitigantes, porque como se ha dicho por un tratadista "en los libros de propiedad de un extraño, no hay aquella comunidad de los asientos, fundamento de la obligación de exhibirlos".

Amparo civil en revisión 2590/40. "Dulce", S. A. 29 de octubre de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Relator: Gabino Fraga.

Séptima Época

Registro: 250085


Tesis Aislada




Tesis:

Página: 95

Genealogía:

Informe 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 17, página 85.

LIBROS DE CONTABILIDAD. CUANDO SE OFRECEN COMO PRUEBA ANTE LA AUTORIDAD FISCAL ADMINISTRATIVA SIN EXHIBIRLOS, DICHA AUTORIDAD DEBE REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE LOS PRESENTE.

Si la causante ofreció como pruebas los libros de contabilidad de la empresa, sin haberlo exhibido o presentado ante la autoridad fiscal correspondiente (Dirección General Técnica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), ésta, en lugar de resolver el recurso de revocación relativo expresando que las referidas pruebas no fueron presentadas, sino que simplemente fueron ofrecidas, debió requerir a dicha causante para que presentara los libros aludidos. Esto es así, porque si bien los libros de contabilidad de una empresa pueden considerarse genéricamente como documentos, éstos, dada su naturaleza, utilidad o destino, no son documentos de los que puedan ser acompañados al escrito en que se solicitó la revocación relativa, pues tales libros no pueden salir de la empresa, ya que están destinados al registro constante y cotidiano de las operaciones contables del establecimiento de que se trate. Tal es el espíritu del artículo 84, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en que se establece de manera restringida y solamente en casos muy especiales, las ocasiones en que los libros de contabilidad podrán recogerse por la autoridad visitante. Consecuentemente, los libros de contabilidad de una empresa no deben ser considerados o tratados como documentos en general, sino que debe dárseles, al ser ofrecidos como prueba, un tratamiento especial, consistente en requerir a la recurrente para que exhiba dichos libros o bien, en su caso, proveer lo conducente a efecto de que una persona con fe pública examine los multicitados libros, en el domicilio de la empresa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 616/82. Magnamex, S.A. 13 de octubre de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: José Luis Rodríguez Santillán.

Novena Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.


Tomo: XIV, Octubre de 2001

Tesis: VI.2o.A.12 A

Página: 1103

CONTABILIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

La contabilidad, conforme al Diccionario Jurídico Espasa (Fundación Tomás Moro, página doscientos treinta y siete, 1991) "Es un instrumento auxiliar del comercio que permite conocer la marcha de las operaciones mercantiles, la situación de los negocios, el rendimiento de los mismos y la previsión de futuros resultados de la actividad comercial. El interés de los acreedores, del propio Estado (impuestos) y las congruentes exigencias de orden público (supuesto de la quiebra) condujeron a declarar obligatoria la contabilidad diaria de las operaciones mercantiles y a regular esta materia con normas jurídicas de carácter necesario. ...", concepto que aunado al contenido del artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, permite concluir que la documentación comprobatoria de los asientos respectivos que aparecen en los libros que al efecto llevan los contribuyentes, y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales, forman parte de aquélla, sin que obste que el precepto en mención no enumere detalladamente, como si se tratara de un catálogo, los documentos que forman parte de la contabilidad de un contribuyente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 7/2001. Arnulfo Ayala Ayala. 1o. de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Elsa María López Luna.

Corrobora lo anterior el hecho de que ni aún en el caso de las visitas domiciliarias se permite recoger la contabilidad, con mayor razón en la revisión de gabinete, que se trata de una inspección menos especializada, tal y como se aprecia a continuación:


Novena Época

Instancia: Pleno


II, Diciembre de 1995

Tesis: P./J. 52/95

Página: 183

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTICULO 45 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN LA PARTE EN QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES A RECOGER LA CONTABILIDAD PARA EXAMINARLA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL, ES INCONSTITUCIONAL.

Las visitas domiciliarias que el artículo 16 constitucional permite efectuar a las autoridades administrativas, deben verificarse única y exclusivamente en el domicilio del visitado y la función del visitador debe limitarse a inspeccionar los papeles y libros que requiera, sin poder sustraerlos del domicilio en que se actúa, puesto que ni del texto de la disposición constitucional, ni de su interpretación jurídica, puede concluirse que dicho precepto autoriza a los visitadores a sustraer la documentación que estimen necesaria. Por tanto, el artículo 45 del Código Fiscal citado, en la

parte en que autoriza a los visitadores a recoger la documentación que se inspecciona y llevarla a las oficinas fiscales, viola el artículo 16 constitucional.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la solicitud de información y documentación contenida en el oficio 500‐68‐00‐05‐2009‐9012 de fecha 20 de agosto del 2009, así como el procedimiento de fiscalización de los cuales es fruto y consecuencia la liquidación controvertida, al violarse los artículos 28, 38, fracción IV, 42, fracción II, 48 del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 constitucionales.

Se afirma ello, pues durante dicha revisión de gabinete la autoridad recogió los ORIGINALES de los estados de cuenta bancarios de la cuenta 502746842, que posteriormente fueron el sustento para presumir diversos ingresos gravados, sin que al efecto, exista constancia de que fueran devueltos dichos documentos para preparar una adecuada defensa tanto durante el mismo procedimiento fiscalizador, como en esta etapa contenciosa, situación que genera una violación a las normas en cita y un absoluto estado de indefensión e inseguridad jurídica, razón por la cual el crédito controvertido es claro fruto de actos viciados.

En efecto, basta que esa Sala se remita al escrito libre con número de folio de presentación ante la autoridad demandada 3939, con sello de presentación del 09 de septiembre del 2009 por parte de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Zacatecas, así como la firma de recepción del funcionario público de oficialía de partes denominada “Mayra Ibeth García Moreno”, para notar que pese a que inicialmente la autoridad únicamente había requerido los originales para cotejo y copia simple de diversos estados de cuenta bancarios del contribuyente, en ese momento, procedió a recepcionar, según se aprecia del punto 12, seguido del cálculo anual de impuesto sobre la renta y conciliación entre resultado fiscal y contable, los:

“ORIGINALES DE ESTADOS DE CUENTA NÚMERO 502746842”

Sin embargo, en las constancias de devolución de los documentos presentados ante la autoridad, en particular a foja 118 del oficio de observaciones, en ningún momento se establece que se

hubieran devuelto dichos ORIGINALES, sino únicamente se entregaron copias fotostáticas de los estados de cuenta respectivos.

En esa tesitura se instaura un flagrante estado de indefensión e inseguridad, así como una indebida fundamentación y motivación de las actuaciones de la autoridad al carecer de sustento jurídico alguno, ya que a efectos a preparar una adecuada defensa, la autoridad debió devolver a cabalidad e integridad toda los elementos que le fueron proporcionados y con base en la cual, precisamente, determinó el crédito fiscal que ahora se controvierte, lo que al no suceder vicia todo el procedimiento de fiscalización y genera la ilegalidad de la resolución que es fruto de dichos actos.

De acuerdo a lo anterior se vulnera el contenido de los artículos 38, fracción IV, y 48 del Código Fiscal Federal, en relación con los artículos 14 y 16 constitucional, que establecen como parte del procedimiento de fiscalización, la oportunidad de que el contribuyente prepare una adecuada defensa para desvirtuar los hechos consignados en el oficio de observaciones y la liquidación y que en el caso concreto no pudo suceder derivado, como se señala, de que los originales de los estados de cuenta bancarios del contribuyente permanecieron en su poder y no fueron devueltos, pese a existir constancia de su recepción por parte de la oficial de partes de la demandada, según se aprecia de lo asentando en el acuse de recibo del escrito libre en cuestión, cuya autenticidad al no ser objetada por parte de la autoridad demandada, hace prueba plena de ese hecho, razón por la cual es procedente declarar la NULIDAD LISA Y LLANA de la liquidación respectiva.

Lo anterior, pues ese vicio procesal como se ya indicó, le deja en estado de indefensión –puesto que los documentos que pueden hacer prueba plena para desvirtuar los hechos consignados como omisiones por la autoridad en sus actuaciones, sólo son LOS ORIGINALES, ya que las fotocopias no tienen un valor probatorio pleno y por tanto, sin esos originales no se le permite al contribuyente preparar una adecuada e idónea defensa.

Además, trasciende al sentido de la resolución, porque justamente derivado del contenido de dichos estados de cuenta bancarios, determina los ingresos acumulables y valor de actos o actividades gravados, que finalmente son la parte esencial de la determinación del crédito fiscal, como se observa de la siguiente transcripción de la liquidación, en donde se aprecia que tanto para determinar los ingresos presuntivos de 168,093.18; para el rubro de “otros ingresos omitidos” por $ 600, 809.00; para el rubro de valor de actos o actividades gravadas a la tasa del 15% determinados presuntivamente, por señalar sólo algunos; y por consecuencia las multas y accesorios que se derivan de ello:

“La cantidad de $ 168,093.18 correspondiente a ingresos acumulables determinados presuntivas por depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad por no estar registrados ni amparados con documentación comprobatorio, se obtuvo de confrontar los importes consignados como depósitos en los estados de cuenta bancarios de la cuenta “ENLACE GLOBAL C/CH, número 00502746842…”

Página 73 a 75:

“Otros ingresos omitidos.

La cantidad de $ 600,809.00 correspondientes a otros ingresos omitidos se conoció del estudio y documentación comprobatorio proporcionada por la contribuyente revisada mediante escrito libre sin fecha, recibido por la oficialía de partes de esta administración el 09 de septiembre del 2009…”

(…)

Ahora bien, del estudio y análisis efectuado a los estados de cuenta de valores número 0050274682 aperturada en BANCO MERCANTIL DE NORTE… se observa un saldo inicial al ejercicio fiscal de 2008 en cantidad de… y un saldo al cierre del ejercicio en cantidad de..$ 600,809.00 a un incremento en la cuenta de inversión de valores.

(…)

Conforme a lo anteriormente señalado se conoce que por el ejercicio fiscal 2008 sujeto a revisión el contribuyente incrementó la cuenta de inversiones en valores por la cantidad de $ 600,809.00, lo que corresponde a un incremento en su patrimonio por la misma cantidad…

Por lo anteriormente expuesto, la cantidad de $ 600,809.00 corresponde a otros ingresos omitidos es considerada como ingreso de conformidad con lo señalado en los artículos 166, primer párrafo y 167, primer párrafo fracción XV ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio sujeto a revisión…”

Foja 87:

“La cantidad de $ 168,093.18 correspondientes al valor de actos o actividades gravados a la tasa del 15% determinados presuntiva por depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a contabilidad por no estar registrados ni amparados con documentación comprobatorio, se obtuvo de confrontar los importes consignados como depósitos en los estados de cuenta bancarios de la cuenta “ENLECE GLOBAL C/CH, número 00502746842…”

Razón por la cual es innegable que tales rubros de la liquidación determinados con base en los estados de cuenta bancarios en cuestión, son fruto de actos viciados y por ende, es procedente declarar su NULIDAD LISA Y LLANA.

Es aplicable:

Séptima Época

Registro: 252103


Jurisprudencia



Materia(s): Común

Tesis:

Página: 280

Genealogía:

Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 47.Informe 1979, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 39.

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.

Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AGRAVIO.‐ Es ilegal el procedimiento de visita domiciliaria que antecede a la resolución controvertida, así como la liquidación controvertida que es fruto y consecuencia de este último, al violarse los artículos 10, 38, fracción IV, 44, 46 y 46‐A del Código Fiscal de la Federación, en relación con la garantía de inviolabilidad domiciliaria del artículo 16 constitucional.

Se afirma lo anterior, ya que la autoridad no levantó legalmente el acta final de la visita domiciliaria, pues realizó la diligencia en un domicilio fiscal anterior ubicado en Sierra Pintada número 101, interior 402; al respecto del cual varios meses antes de cerrarse la auditoria, se había presentado ya un cambio de domicilio al nuevo ubicado en Sierra de los Pinos 103 interior 5, por lo tanto, si en los términos expresos del artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la

Federación, la continuación de la visita domiciliaria en el domicilio fiscal anterior sólo podía suceder cuando “el contribuyente conservarla el local del domicilio anterior”, o bien cuando se “verificara estar en los supuestos del artículo 10 del Código Fiscal Federal”, es claro que la autoridad debió acreditar en el acta final uno u otro supuesto para que fuera válido el levantamiento de esta última justamente en el domicilio fiscal anterior, lo que al no suceder en la especie, vicia el cierre de la auditoria y por ende, legalmente dicho levantamiento del acta final carece de eficacia y validez jurídica, siendo inexistente para los efectos del último párrafo del artículo 46‐A del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior máxime cuando la razón por la cual llevó a cabo el cierre del acta final en el domicilio fiscal anterior, fue –según consta en el acta final‐ porque la visitadora supuestamente verificó la situación fiscal del nuevo domicilio fiscal y observó que se tenía como “no localizado”, situación que es ilegal porque NO ESTA PREVISTA en el artículo 44, fracción II del Código Fiscal Federal como causal para continuar la visita en el domicilio fiscal anterior, y porque además, las “constancias de verificación ocular del Registro Federal de Contribuyentes”, resultan insuficientes para tener por no localizado al contribuyente, al carecer de una completa y debida circunstanciación.

Pero para acreditar lo mencionado, en primer término es indispensable remitirse al artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, que establece para este tipo de situaciones diversas reglas, como se observa:

Artículo 44.

Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior.

Del numeral en cuestión se desprende lo siguiente: que ante la PRESENTACIÓN DE UN AVISO DE CAMBIO DE DOMCILIO FISCAL después de iniciada la visita domiciliaria, la visita puede llevarse a cabo en el nuevo domicilio o:

A) En el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, haciendo constar tales hechos en el acta que se levante.

B) En el anterior, cuando se verifique alguno de los supuestos del artículo 10 del Código Fiscal.

En ese tenor, es claro que si mi representada, al inicio de la visita domiciliaria tenía como domicilio fiscal el ubicado en Sierra Pintada número 101, interior 402 (domicilio fiscal anterior); sin embargo como se acredita con el AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL que se adjunta, antes del levantamiento del acta final ,mi representada presentó dicho trámite a fin de ubicarlo en la calle Sierra de los Pinos 103 interior 5 (domicilio fiscal nuevo), si la autoridad quería continuar las actuaciones de la visita domiciliaria en el domicilio fiscal anterior, para tales efectos debió acreditar expresamente la actualización de alguno de los 2 supuestos a que hemos hecho mención, contenidos en el artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de que dicha actuación no fuera ilegal.

Sin embargo, como podrá corroborarse de una lectura al acta final aludida, levantada en el anterior domicilio fiscal, la autoridad incumplió con ello.

Es así, pues de ninguna parte del acta fiscal se aprecia que la autoridad hubiera justificado que el contribuyente había conservado el local del domicilio fiscal anterior, ni que en ese momento, en dicho lugar, se estuviera dando alguno de los supuestos del artículo 10 del Código Fiscal Federal, como sería el lugar en donde se llevar al dirección efectiva de la negociación o algún otro supuesto de este último artículo.

Además, en términos del artículo 68 de Código Fiscal de la Federación, se niega lisa y llanamente que mi representada se ubicara en los supuestos del artículo 44, fracción II del mismo Código para levantarse el acta final en el domicilio fiscal anterior.

En ese sentido, es innegable que la autoridad omitió acreditar, como lo exige el propio artículo 44, fracción II del Código Fiscal Federal, en relación con la obligación genérica de circunstanciación del artículo 46, fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, el porqué llevó a cabo el cierre de la auditoria en el domicilio fiscal anterior, en particular la actualización de los 2 SUPUESTOS que el propio numeral establece para tales efectos

De esta forma, se violenta el artículo 44, en relación con el artículo 46 del Código Fiscal Federal, que como se ha dicho, establecen las reglas en donde se deberán realizar las diligencias de la visita domiciliaria, y en particular las formalidades para el levantamiento del acta final, entre las que debe incluirse, de una interpretación conjunta y armónica de tales disposiciones, el que dicha acta final se levante en el domicilio fiscal del contribuyente QUE SEA EL PROCEDENTE, esto es, en el que deba tenerse para tales efectos de acuerdo a las disposiciones fiscales, lo que como se ha dicho, no sucedió en la especie.

Tal violación procedimental trasciende en el sentido de actualizar el contenido del artículo 46‐A, último párrafo del Código Fiscal que indica:

Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.

De esta forma, una correcta interpretación de este último párrafo del artículo 46‐A del Código, debe llevar a concluir, que cuando la norma indica que “cuando las autoridades no levante el acta final de visita”, debe entenderse que el “levantamiento” en cuestión debe hacerse cumpliendo con los requisitos legales, ya que es un hecho notorio que cualquier acto de autoridad que no cumple con estos últimos requisitos, no tiene validez, existencia ni eficacia jurídica o trascender a la esfera de derechos y obligaciones de un particular, y por ende, tampoco sería dable jurídicamente que se le considerara como tal, para tener por concluía la visita domiciliaria en tiempo y forma según el citado artículo 46‐A.

Esto es, que mientras la autoridad fiscal no levante un acta final con los requisitos de ley, en este caso, realizar la diligencia en el domicilio correcto, tal actuación no puede tener ninguna validez jurídica y trascender a la esfera jurídica del gobernado, y por tanto, ante la irregularidad evidenciada en este concepto, lo procedente es tener por actualizada la consecuencia jurídica del último párrafo del artículo 46‐A del Código Fiscal de la Federación y dejar sin efectos la orden de visita y las actuaciones que se derivan de esta última, como es en el caso concreto, la liquidación de contribuciones que ahora se controvierte, razón por la cual es procedente declarar su NULIDAD LISA Y LLANA.

A lo anterior debe agregarse que la razón por la cual llevó a cabo el cierre del acta final en el domicilio fiscal anterior que consta en el acta final, resulta contraria a derecho.

Ello, porque la visitadora justifica tales actuaciones en cuanto que supuestamente verificó la situación fiscal del nuevo domicilio fiscal y observó que se tenía como “no localizado”, situación que es ilegal porque NO ESTA PREVISTA en el artículo 44, fracción II del Código Fiscal Federal como causal para continuar la visita en el domicilio fiscal anterior, y porque además, las “constancias de verificación ocular del Registro Federal de Contribuyentes”, resultan insuficientes para tener por no localizado al contribuyente, al carecer de una completa y debida circunstanciación.

Así es, como ya lo hemos visto, el artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación prevé y limita los casos para llevar a cabo diligencias en el domicilio fiscal anterior, a los supuestos que hemos observados, en los que no se incluye que el contribuyente aparezca como “no localizado” ante el registro federal de contribuyentes, y por tanto, tal situación expresada en foja con folio RIM6100026/08‐03‐01 del acta impugnada, no hace sino corroborar la irregularidad que hemos evidenciado.

Pero aun suponiendo sin conceder lo contrario, es claro que los documentos que la autoridad acompaña como parte integrante del acta final, relativos a la verificación ocular del registro federal de contribuyentes número de control 73032902239216 y número de operación 2938725, resultan insuficientes por ilegales para justificar la supuesta “no localización” del contribuyente.

Se afirma así, porque de su contenido se aprecia una indebida e incompleta circunstanciación respecto de los siguientes elementos:

1.‐ El nombramiento y designación del C. Adan Isael Muñoz Leyva como pretendido verificador instruído por el Administrador Local de Servicios al Contribuyente, carece de validez jurídica porque resulta evidente su “autodesignación” al aparecer su nombre con un tipo de letra diversa (bolígrafo) a la de computadora que ampara la firma del Administrador, lo que genera un absoluto estado de inseguridad jurídica y una violación a las garantías de legalidad de los artículos 14 y 16 constitucional, puesta ante dicha diferencia de letras no se otorgan elementos al contribuyente para tener la certidumbre de que quien efectuó la orden de verificación (Administrador Local de Servicios al Contribuyente) fue la misma persona que designó a Muñoz Leyva para tales efectos y por tanto si esa persona estaba facultada para efectuar la verificación del domicilio, lo que vicia los resultados de esta diligencia.

2.‐ La autoridad aduce que en fechas 20 y 23 de febrero del 2009 acudió al domicilio ubicado en Sierra de los Pinos y nadie atendió en el domicilio, sin embargo únicamente levanta acta de fecha 23 de febrero del 2009 y no así del día 20 de febrero en que supuestamente acudió a tal diligencia de lo que solo aparece un “aviso” que no contiene los requisitos legales para estimarlo como un “acta de verificación”, lo que genera un absoluto estado de indefensión e incertidumbre sobre la veracidad, legalidad y conclusiones de la supuesta visita del día 20 de febrero al domicilio fiscal respectivo.

3.‐ En las actas no se circunstancia como fue que el verificador se cercioró de haberse constituído en DOMICILIO CORRECTO, a fin de generar los elementos mínimos para que el actor pudiera constatar si en efecto, había acudido al lugar idóneo.

4.‐ En las actas únicamente se establece que se visitó el domicilio y “no atendió nadie en el domicilio, no se comunicaron a mi celular, se marcó al teléfono 9120708 y no contesta nadie”, sin embargo, no se circunstancia si llamó a la puerta, tocó el timbre, preguntó con un vecino, se asomó al interior del domicilio, grito y requirió a alguien dentro del domicilio, o cualquier otra situación por la cual pudiera concluirse que ante ellas, “nadie atendió en el domicilio”, como lo concluye, además de que para la constatación de que un contribuyente se encuentra o no localizado, es irrelevante por no preverse en la legislación fiscal, que no se efectuara una llamada telefónica o bien que no contestaran un número telefónico, razón por la cual es claro que con los elementos que se asientan en el acta no se otorgan las constancias mínimas de razón, tiempo, modo y lugar, que conlleven la certidumbre de tales conclusiones, y por tanto, se violentan los principios de fundamentación y motivación, seguridad jurídica, certeza, defensa y demás que se advierten de los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 134, 137 y demás del Código Fiscal Federal, que se prevén para este tipo de diligencias de carácter personal, con lo cual,

es innegable que los resultados de tal verificación carecen de legalidad y no pueden trascender a la esfera jurídica del contribuyente, sobre todo con la finalidad de no llevar a cabo la el cierre de la visita domiciliaria en el nuevo e idóneo domicilio fiscal del contribuyente, sino en uno anterior, lo que corrobora la ilegalidad argumentada en este concepto.

AGRAVIO.‐ La resolución contenida en el oficio 500‐11‐00‐02‐02‐2009‐14145, orden RIM6100026/08, emitido en fecha 21 de diciembre del 2009 por la Administración Local de Auditoria Fiscal de Aguascalientes, del Servicio de Administración Tributaria, por virtud del cual se determina en contra de mi representada el crédito fiscal impugnado, es ilegal al violar los artículos 29 y 29‐A, así como el 31, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 29, 30 y 31, fracción III, de la ley del impuesto sobre la renta, y 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 14 y 16 constitucionales.

En efecto, dicha liquidación es contraria a derecho porque se sustenta en el rechazo de IVA acreditable que según la autoridad no reúne el requisito de acreditamiento de ser “estrictamente indispensable para el impuesto sobre la renta”, porque la factura respectiva, emitida por el proveedor “Consultores Roma, S.A. de C.V.” no tiene los requisitos de ley, en la medida en que aduce haber llevado a cabo una visita con ese proveedor que no fue posible desahogar porque el domicilio fiscal estaba “desocupado”, lo que además se corroboró de un análisis a diversas actas de hechos y verificaciones oculares y consulta al expediente y consulta a la “cuenta única nacional” que establece que tal proveedor no ha presentado sus declaraciones y pagos desde que inició actividades y por tanto, el fisco no ha percibido el impuesto causado, concluyendo que la operación no pudo llevarse a cabo, razones todas que son IRRELEVANTES, apreciadas incorrectamente e indebidas para efectos de rechazar el IVA acreditable del actor.

Lo anterior, porque el artículo 29 y 29‐A del Código Fiscal de la Federación no exigen como requisito de deducción o acreditamiento que cuando la autoridad posteriormente haga ejercicio de sus facultades de comprobación y no localice por haber desocupado su domicilio fiscal los proveedores, se rechazarán aquellas y por tanto, si en su concepto el proveedor “Consultores Roma, S.A. de C.V.” había desocupado su domicilio fiscal y además no había presentado sus declaraciones de pago respecto del impuesto al valor agregado que le traslado a la actora y que efectivamente le fue pagado; tal situación únicamente incumbe al Fisco Federal y a Consultores Roma, S.A. de C.V., y por tanto, la autoridad tiene sus facultades legales expeditas tanto en la

materia fiscal como en la penal, para determinar algún incumplimiento a las leyes fiscales por parte de dicha empresa Consulta Roma, S.A. de C.V., pero de ninguna manera rechazar el gasto que efectivamente fue pagado y realizado con dicha empresa, como lo realiza en el caso concreto, lo que genera la ilegalidad de tales actuaciones.

Así es, al acudir a foja 16 y siguientes de la liquidación, esa Sala Fiscal podrá darse cuenta que en esencia, el crédito fiscal parte de 2 argumentos: el primero, que la factura del proveedor mencionado no tiene el requisito de estar descrito el servicio prestado a mi representada (lo que fue controvertido en el anterior conceptos de nulidad) y segundo, que así mismo, el proveedor Consultores Roma, S.A. de C.V. no se localizó en el domicilio fiscal asentado en sus comprobantes fiscales ni ha pagado el impuesto trasladado al fisco federal y por tanto, a su parecer, el IVA respectivo no es trasladable.

Respecto de esta segunda causa de rechazo, sus consideraciones son ilegales por lo siguiente:

Indica en foja 19:

“Así mismo, esta Administración Local de Auditoria Fiscal de Aguascalientes, con fundamento en … consideró el resultado de la práctica de la visita domiciliaria número… de fecha 09 de septiembre del 2008… en relación con las operaciones de tercero que ha llevado a cabo con la contribuyente Consultores Roma, S.C… en virtud de que dicho contribuyente no se localizó en su domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, toda vez que el personal designado para desahogar la diligencia al acudir al domicilio fiscal conoció que ésta última no se encuentra en dicho domicilio ya que el mismo se encontró desocupado, es decir, lo que implicó que el sitio se observó libre, sin cosa alguna dentro de él, hecho que se hizo constar en el acta de hechos de fecha 10 de septiembre del 2008.

(…)

De lo anteriormente expuesto se desprende que de acuerdo a las actas de hechos y verificaciones oculares aludidas anteriormente esta Administración Local de Auditoria Fiscal de Aguascalientes, conoció que el proveedor de la contribuyente… no tiene su domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, lo que impidió verificar las supuestas operaciones realizadas con los mismos; en este orden de ideas resulta improcedente el acreditamiento del impuesto al

valor agregado que deriva de un traslado por dicho proveedor, en virtud de que el impuesto al valor agregado deriva de un contribuyente no localizado, ya que si no se localiza al contribuyente en el domicilio fiscal y el cual se encuentra contenido en el comprobante (factura) que le fue expedida a la contribuyente visitado, como es que se tuvo operaciones con dicha persona; ya que es obvio que no se puede expedir comprobantes fiscales en operaciones con dicho contribuyente en virtud de que no se localiza en el domicilio fiscal… ya que sólo a través del control de dicha información se puede tener por un lado la certeza del documento con el que pretende llevar a cabo el acreditamiento, no es apócrifo, es decir, que efectivamente ampare la realización de un acto de naturaleza mercantil, ya que no al no estar en el domicilio fiscal señalado en la factura, cómo es posible que le haya prestado un servicio y por otro lado que el fisco ha percibido en su momento el pago de un tributo cuyo importe pretende acreditar.

En relación a lo anterior, cabe señalar que si bien es cierto que la obligación de cumplir con la presentación de los avisos al Registro Federal de Contribuyentes recae sobre el contribuyente que los expide y no así de quien los recibe, también es cierto que el fisco federal tiene la facultad para verificar la certeza de las operaciones realizadas y en ese orden, de la adminiculación de los documentos analizados y de los hechos señalados, esta autoridad adquiere convicción distinta acerca de éstos y por ende, resulta procedente rechazar el impuesto al valor agregado en cantidad de $ 90,000.00 correspondiente al periodo revisado, ya que el mismo no se ha percibido , precisamente porque la persona moral que expide dicho comprobante no se encuentra ubicada en el domicilio manifestado en los comprobantes fiscales expedidos.

(…)

Ahora bien, aún y cuando no es obligación del contribuyente cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones de sus proveedores, esta Administración Local de Auditoria Fiscal de Aguascalientes está facultada para verificar la procedencia del impuesto al valor agregado, por lo que procedió a consultar y analizar la información contenida en el sistema institucional denominado “cuenta única nacional”, conociéndose que la contribuyente Consultores Roma, S.C. no ha cumplido con la obligación de presentar declaraciones de impuestos a que está obligada desde la fecha en que iniciaron actividades y hasta la fecha de la presente resolución y no realizó pago alguno…”

(…)

De acuerdo a lo anteriormente fundado y motivado, esta autoridad le rechaza el impuesto al valor agregado en cantidad de $ 90,000.00 que le trasaldaron a la contribuyente SERVICIOS CORPORATIVOS PARA LA ALTA DIRECCIÓN la contribuyente Consultores Roma S.C…. toda vez que el fisco no ha percibido el impuesto al valor agregado presuntamente causado por sus proveedores, por lo que se advierte una clara situación de inequidad tributaria.”

Argumentos que de la simple lectura antes realizada, podrá coincidirse que carecen de sustento jurídico.

En primer lugar es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado mediante jurisprudencia firme que para efectos de la deducción o acreditamiento y en general para cumplir con el artículo 29‐A del Código Fiscal de la Federación, respecto del cercioramiento de que los comprobantes fiscales contengan los requisitos legales ahí señalados, EL CONTRIBUYENTE SÓLO ESTA OBLIGADO A VERICAR DE QUE LA FACTURA CONTENGA LOS DATOS, ESTO ES QUE ESTÉN IMPRESOS EN LOS DOCUMENTOS Y NO LA COMPROBACIÓN DE LOS DEBERS FISCALES DE PROVEEDOR, como se muestra a continuación:

Novena Época

Registro: 176363


Jurisprudencia


XXIII, Enero de 2006


Tesis: 2a./J. 160/2005

Página: 762

COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN.

El artículo 29‐A del Código Fiscal de la Federación establece los requisitos formales que deben reunir los comprobantes fiscales, respecto de los cuales, en términos del tercer párrafo del artículo 29 de ese ordenamiento, el adquirente de bienes o el usuario de servicios tiene la obligación de verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad; asimismo, por lo que hace a los datos a que se refiere la fracción I del artículo primeramente citado, relativos al nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expide el comprobante, el usuario del documento debe cerciorarse de que dichos datos se contengan en él, ya que de ello deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo. Ahora bien, dicho cercioramiento únicamente vincula al contribuyente, a favor de quien se expide el comprobante, a verificar que esos datos estén impresos en el documento y no la comprobación del cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor, pues su obligación se limita a la revisión de la información comprendida en la factura, nota de remisión o comprobante fiscal de caja registradora.

Contradicción de tesis 164/2005‐SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 25 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 160/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil cinco.

De acuerdo a lo anterior, todos los argumentos de la autoridad demandada resultan indebidos y exorbitantes, porque rechaza la factura por el hecho de que ésta contiene un domicilio fiscal, pero al practicar una visita domiciliaria en ese domicilio fiscal estaba desocupado el domicilio, ya que mi representada sólo estaba obligaba a verificar que la factura tuviera IMPRESO el domicilio fiscal, pero no así es responsable sobre el hecho de que le proveedor hubiera o no desocupado su domicilio fiscal y por tanto, al no ser una exigencia o requisito del acreditamiento y deducibilidad esta última, resulta ilegal que el rechazo se sustente en la misma causa. Esto es, la “no localización del contribuyente” en su domicilio fiscal, no está prevista en ley fiscal como una causal de rechazo

de la deducción o acreditamiento y en ese tenor la determinación en ese sentido por la contraria, se encuentra indebidamente fundada y motivada.

Igual cuestión sucede con el argumento del entero o no de dicho impuesto al fisco federal por parte de “Consultores Roma, S.C.”, ya que conformidad con el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la obligación de la actora únicamente consiste en pagar al proveedor el TRASLADO del impuesto, y con ello se genera su derecho al acreditamiento del impuesto respectivo, y no así a pagarlo por sí mismo sino que esta obligación corre a cargo del causante, que para esta operación es “Consultores Roma, S.C.” , y por tanto, si dicho proveedor pagó o no el impuesto, es una situación que el fisco federal debe determinar y sancionar para con el proveedor, pero no con el actor.

En ese sentido, la autoridad cuenta con sus facultades expeditas en materia fiscal e incluso PENAL si ha considerado que de forma defraudatoria Consultores Roma, S.C. ha omitido el pago del impuesto y desocupado indebidamente y sin presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal, en perjuicio del fisco federal, pero tal situación al no ser imputable a mi representada, no puede ser una causa válida para afectarle y rechazar el impuesto al valor agregado acreditable en los términos realizados.

Lo anterior, ni siquiera bajo la conclusión infundada de la demandada de que si el proveedor había desocupado su domicilio fiscal, “cómo es que se tuvo operaciones con dicha persona, ya que es obvio que no se puede expedir comprobantes fiscales en operaciones con dicho contribuyente en virtud de que no se localiza en su domicilio fiscal”, ya que ello parte de premisas lógicas que son incorrectas, esto es, de sofismas que no pueden arrojar una conclusión válida.

Es así, porque para arribar a tal conclusión, la autoridad parte de hechos incorrectamente apreciados, el primero porque las fechas que aparecen en la tabla de la foja 17 de la resolución impugnada, relativas a las operaciones respectivas, son de Enero y Febrero del 2008; empero la visita domiciliaria practicada al tercero Consultores Roma, S.C. fue el 9 de septiembre del 2008, y por tanto, si la supuesta desocupación del domicilio fiscal fue POSTERIOR a la fecha de la operación SÍ era totalmente factible haberse realizado las operaciones fiscales en el domicilio fiscal.

El segundo, porque la prestación del servicio y el cobro respectivo, no necesariamente debe hacerse en el domicilio fiscal del contribuyente, sino en las propias instalaciones del cliente y por

tanto, el que esté o no desocupado el domicilio fiscal –lo que no puede lógica ni correctamente llevar a la conclusión de que ese hecho prueba que la operación no sucedió o hay dudas sobre su realización y legitimidad, máxime cuando la autoridad pierde de vista que el actor presentó durante el curso de la revisión, el contrato de prestación de servicios, que como acuerdo de voluntades de acuerdo a la ley de la materia, es justamente el elemento determinante para la creación de consecuencias jurídicas y trascedentes en el mundo del derecho, y por tanto la operación respectiva se amparaba en un acuerdo de voluntades, en un instrumento contractual del que se derivaba un cobro por parte del proveedor y que era acreditable al haberse efectivamente depositado en su cuenta fiscal y en ese momento también era acreditable, situaciones todas ellas que nunca puso en litis la autoridad en su liquidación y que indebidamente aparta al momento de determinar la situación fiscal del contribuyente.

Por ende, la presentación de tales avisos de cambio de domicilio, pago del impuesto trasladado, estar presente en el domicilio fiscal al momento en que la autoridad ejerza facultades de comprobación con un proveedor Consultores Roma, S.C. es responsabilidad y afecta y trasciende jurídicamente solamente en una relación fiscal que incumbe tanto a ese proveedor como al fisco federal y de la cual pueden surgir una serie de resultados y efectos o trascendencias fiscales que en su caso, podrán ser determinadas en aquella relación tributaria, pero que de ninguna manera pueden servir de sustento jurídico válido para la relación tributaria de mi representada, en tanto que la ley no lo prevé ni lo pone como requisito para hacer procedente una deducción o acreditamiento.

Por lo tanto, no es legal ni debido el rechazo del IVA acreditable por el hecho de que el proveedor haya o no desocupado su domicilio fiscal y haya o no pagado él el impuesto trasladado, lo que al no ser estimado por la autoridad fiscal vicia la liquidación y actualiza el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que al ser un tema de fondo, hace procedente declarar la NULIDAD LISA Y LLANA de tal resolución, que se sustenta esencialmente en tales consideraciones para determinar el supuesto impuesto omitido y sus accesorios legales.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la orden de visita domiciliaria que es el origen y antecedente del crédito fiscal controvertido, al violarse el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 constitucionales.

Ciertamente, dicha orden es contraria a derecho, por no estar EXHAUSTIVAMENTE fundada la competencia precisamente de la Administración Local de Auditoria Fiscal de Aguascalientes, y no otra, para designar a los auditores, verificadores o visitadores que intervinieron en la misma, en cuanto que no citan el artículo 9, fracción III, IV, y 10 fracción I, IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que contenían en lo especial tal facultad y que por tanto, resultaban las normas indispensables para tal efecto, en adición a las indicadas en el texto de la orden, que por tanto resultaban insuficientes.

En efecto, dichos numerales señalan como competencia de los Administradores Locales, lo siguiente:

Artículo 9.‐ Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

III.‐ Nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción o radicación, comisionar, reasignar o trasladar y demás acciones previstas en los ordenamientos aplicables, a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores que conforman las unidades administrativas a su cargo.

VII.‐ Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo, a fin de habilitarlos para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de sus facultades y autorizar la emisión de gafetes de identificación.

Artículo 10.‐ Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas, así como los Coordinadores, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I.‐ Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII y XLVIII del artículo anterior.

IV.‐ Nombrar, remover o comisionar a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo.

Mismas normas que son las ÚNICAS dentro del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que establecen la facultad de los Administradores Locales, para poder nombrar, comisionar a sus servidores públicos, verificadores, o cualquier otro nombre con el que se les designen, que estén adscritos a sus unidades administrativas y habilitarlos para la práctica de los actos relacionados con el ejercicio de sus facultades, mismas normas que por tanto, debieron ser citadas en la orden de visita domiciliaria, para fundar completamente la competencia de la autoridad para designar visitadores para que realizar la vista practicada al suscrito.

Lo anterior, pues en primer lugar debe distinguirse la obligación de la autoridad de fundar 2 cuestiones: la facultad en ley ejercida, y segundo, la competencia material para ser dicha autoridad y no otra quien la ejerza.

A este respecto, si a través de una orden de visita domiciliaria la autoridad comisiona o designa a varios servidores públicos para realizarla a los que denomina “visitadores”, existe la obligación de fundar la facultad respectiva pero también la competencia para realizar tales actos.

En ese tenor, en la orden de visita domiciliaria se hizo mención a los artículos 42, fracción III, del Código Fiscal Federal, en relación con el 19, primer párrafo, fracción I y 17, primer párrafo fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en esos numerales se establece sólo la facultad para ordenar y practicar visitas domiciliarias, y a su vez para que la Administración Local de Auditoria Fiscal ejerza tales competencias y si bien intrínsecamente pudiera conllevar a su vez una atribución no expresa, sino implícita para designar visitadores para practicar la visita, bajo el principio “el que puede lo más puede lo menos”, también es cierto que en materia de competencia existe otra principio general de derecho: la norma especial prevalece sobre la general.

Esto significa que si dentro del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, hay normas especiales que otorgan competencia a los Administradores Locales para designar

visitadores o servidores públicos adscritos a esa unidad administrativa para el ejercicio de sus encomiendas, estas normas especiales prevalecen sobre las generales.

Es decir, que en el caso concreto, los artículos 9 fracción III, IV, y 10 fracción I, IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, respecto de la COMPETENCIA para NOMBRAR a sus servidores públicos y verificadores adscritos es la norma especial, que prevalece sobre la regla general de la competencia de los Administradores para ordenar y practicar visitas domiciliarias y por tanto implícitamente también para nombrar de igual manera visitadores, razón la cual una completa fundamentación debió implicar la CITA DE TODAS ESTAS NORMAS, tanto las del artículo 9 y 10 antes citadas, como las del 19 fracción I y 17, fracción III del Reglamento Interior, porque sólo mediante AMBAS normas se establecía de manera exhaustiva, la fundamentación de la competencia para ese acto administrativo en particular.

En ese tenor, no debe olvidarse que los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de nuestro país, en materia precisamente de fundamentación de competencia administrativa, a eso obligan, a que se cite de manera exhaustiva y que no genera lugar a NINGUNA DUDA o INTERPRETACIÓN, la existencia de facultades y competencia de una autoridad para realizar sus actos y poderle afectar, máxime si en el caso concreto, esa facultad se trata de una trasgresión a la garantía de inviolabilidad domiciliaria, porque permite a terceros extraños al particular, acceso a su hogar o domicilio fiscal, y que por tanto, los requisitos respecto del nombramiento de tales visitadores, deben llevarse a extremos de no permitir ninguna ambigüedad que genera cualquier mínima afectación a la seguridad jurídica de los particulares.

Las jurisprudencias sobre los anteriores requisitos de la fundamentación de la competencia señalan:

Novena Época

Registro: 188432


Jurisprudencia


Tomo : XIV, Noviembre de 2001


Tesis: 2a./J. 57/2001

Página: 31

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.

De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

Contradicción de tesis 94/2000‐SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos.

Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno.

Novena Época

Registro: 177347


Jurisprudencia


Tomo : XXII, Septiembre de 2005


Tesis: 2a./J. 115/2005

Página: 310

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.

De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia

constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise EXAHUSTIVAMENTE su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Del texto resaltado se concluye lo siguiente:

1.‐ La obligación de fundamentación competencial lleva una idea de a) exactitud; b) precisión (según la jurisprudencia 2a./J. 57/2001) y c) claridad, certeza y EXHAUSTIVIDAD (según jurisprudencia 2a./J. 115/2005).

2.‐ Se debe evitar albergar cualquier clase de ambigüedad; debe haber una “exacta individualización”, pues lo contrario arroja la carga de la prueba de averiguar si la autoridad tiene competencia por grado, materia, territorio o cuantía, para actuar en una determinada forma.

En este punto es conveniente precisar que el término “exhaustividad” o “exhaustivamente”, proviene gramaticalmente de “exhaustivo” y según el Diccionario de la Lengua Española significa:

exhaustivo, va.

(Del lat. exhaustus, agotado).

1. adj. Que agota o apura por completo.

Es decir, que para cumplirse debe AGOTARSE por completo, en este caso citar por completo agotando cualquier artículo que refiere tal competencia.

Con base en lo anterior debe concluirse que para poder fundar completamente la competencia de la autoridad para nombrar a servidores públicos adscritos a su Administración para realizar la visita, se debieron citar además de las normas indicadas en la orden impugnada, los artículos 9, fracción III, IV, y 10 fracción IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, lo que no sucedió en la especie, en franca violación al artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

No es obstáculo de lo anterior, que en la forja 2 de la orden se señale lo siguiente:

“… visitadores adscritos a esta administración quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separadamente de conformidad con el artículo 43, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.”

Lo anterior, porque dicha facultad indica que los visitadores previamente nombrados puedan a su vez, actuar en forma conjunta o separadamente en la visita, pero al respecto de lo cual, se debió agotar la fundamentación de la competencia de la Administración Local de Auditoria Fiscal y no otra, para ejercerla en contra de mi representada, toda vez que si bien de acuerdo diversos criterios jurisprudenciales el artículo 43, fracciones II, segundo párrafo, maneja parte de la competencia para llevar a cabo tales actuaciones, es eso, sólo una parte y porque como lo hemos evidenciado, ello está además en el artículo 9 y 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que le otorgaría tales potestades en concreto a la Administración Local

de Auditoria y no a cualquier autoridad fiscal en los términos redactados por el artículo 43 del citado Código.

Por lo tanto la cita del artículo 43, fracción II , del Código Fiscal Federal, sí es necesaria para fundar la orden, pero no es suficiente, máxime cuando dicha norma debe ir acompañada del otras normas del Reglamento Interior, que indiquen qué autoridad fiscal de todas las del SAT es la que puede hacer la designación de los visitadores, y por tanto, no se eliminaba la obligación de citar los artículos 9, fracción III, IV, y 10 fracción IV del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que además establecen una norma de competencia especial para los Administradores Locales para nombrar a sus verificadores o servidores públicos adscritos, y no un norma general para cualquier autoridad fiscal, como lo prevé el artículo 43, fracción II, párrafo segundo, del Código Fiscal, como lo citó la autoridad en su orden, y por tanto, su invocación no colma la obligación de fundar exhaustivamente la competencia de una autoridad fiscal para afectar a los particulares.

En virtud de lo anterior, si al momento en que se inicio la visita no se dio a conocer al particular la competencia para nombrar visitadores, el contribuyente no supo en ese momento si quien se introducía a su casa tenía suficientes facultades y eran válidas sus actuaciones, generándose con ello un total estado de indefensión, que además trascendió al sentido de la resolución, porque justamente con motivo de las actuaciones de esos visitadores, se conocieron los hechos que finalmente son el origen y antecedente del crédito fiscal que ahora se controvierte, el cual sin lugar a dudas es fruto de actos viciados de origen, y por tanto es factible declarar su NULIDAD.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la orden de visita domiciliaria que es el origen y antecedente del crédito fiscal controvertido, al violarse el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 constitucionales.

Lo anterior, pues la autoridad no cita el artículo 8, fracción III de la Ley del Servicio de administración Tributaria, para fundar de manera exhaustiva su competencia.

En efecto, el citado numeral indica:

Artículo 8o. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria contará con los órganos siguientes:

I. Junta de Gobierno;

II. Jefe, y

III. Las unidades administrativas que establezca su reglamento interior.

Por lo tanto, es innegable que si conforme a la jurisprudencia 2ª/J. 115/2005 que al final se transcribe, la fundamentación de la competencia de la autoridad debe ser exhaustiva, entendiéndose por ello, el agotar la mención de las normas jurídicas relacionadas con el ejercicio de las facultades de la autoridad, ese requisito de exhaustividad, sólo podía ser cumplido mediante la cita del artículo 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que es la norma que prevalece en términos del artículo 89, fracción I, constitucional, sobre cualquier reglamento y que permite al contribuyente constatar si las normas del Reglamento Interior, están a pegadas a la ley o van más allá.

Así, el contenido del Reglamento Interior del SAT, se somete jerárquicamente a la Ley del SAT, y por tanto, la exhaustividad en la fundamentación no puede sino implicar el que la autoridad cita tanto las normas de la Ley, como las del Reglamento respectivo para no dar lugar a duda en el particular sobre la validez de las actuaciones respectivas, y en particular de que el SAT pueda constar con unidades administrativas adscritas que le puedan ayudar en el ejercicio de sus potestades, en concreto por la Administración local de Auditoria Fiscal de Los Mochis, que es quien emite la orden de visita en cuestión.

No considerar lo anterior, sería no respetar este requisito de EXHAUSTIVIDAD e iría en contravención al texto de la jurisprudencia que se indica:

Novena Época

Registro: 177347


Jurisprudencia


Tomo : XXII, Septiembre de 2005


Tesis: 2a./J. 115/2005

Página: 310

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.

De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se

cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise EXAHUSTIVAMENTE su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Contradicción de tesis 114/2005‐SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil cinco.

Porque como se ha dicho en este documento, la palabra “exhaustivo” tiene como alcances según el Diccionario de la Lengua Española el “agotar por completo”, y esto último no es otra cosa que el citar todas y cada una de las normas aplicables al caso concreto.

De ahí que si el artículo 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, era una norma aplicable para determinar que este último organismo desconcentrado puede contar con unidades administrativas adscritas como la Administración Local de Auditoria Fiscal , que ordenó la visita, debió ser citada como parte de la competencia y no fue así, generando incertidumbre, sobre el tema en cuestión, y en particular, sobre si las normas del Reglamento Interior citadas en la orden de visita, tenían un fundamento en la Ley de la materia y por tanto, si no eran violatorias del artículo 89, fracción I constitucional, lo que al desconocerse al momento en que se emitió la orden de visita en cuestión, generó su ilegalidad y lo que de ella es fruto y consecuencia, como es el crédito fiscal que ahora se impugna.

Corrobora la anterior ilegalidad, el reconocimiento tácito que efectúa la autoridad, sobre la necesidad de fundamentar exhaustivamente su competencia, a través de la cita del artículo 8, fracción III de la Ley en cuestión, cuando para tales efectos, sí lo cita en la resolución impugnada, pero incorrectamente no lo hace en la orden de visita, al momento de iniciar la revisión, razón por la cual es dable declarar la NULIDAD del crédito fiscal a favor del suscrito.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la liquidación contenida en el oficio 500‐36‐00‐02‐2010‐0689 emitida el 29 de enero del 2010 por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Los Mochis, por la que se determina un crédito fiscal en contra de mi representada en cantidad de $ 1’068,636.27 (UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.), al violar lo dispuesto por el artículo 28, 59 y 38 fracción IV, ambos del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos 1, 17, 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 34 del Código de Comercio, 9, 213 y 219 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Es así, pues dicho crédito tiene como origen la determinación de la demandada de que diversos depósitos bancarios de la promovente, en cantidad de $ 300,000.00 registrados contablemente como aportaciones futuras de capital, al no contar supuestamente con el “soporte documental” se debían, “salvo prueba en contrario”, considerar como gravados; misma situación que resulta improcedente porque mi representada, SÍ CUENTA CON EL SOPORTE CONTABLE Y DOCUMENTAL idóneo para acreditar dichos importes como no gravables, según se demuestra con el libro de actas de asamblea y sobre todo el libro de accionistas que se adjuntan; que al tratarse la actora de una sociedad de “capital variable”, no requiere protocolización ni formalidad alguna más que su existencia en libros y registros.

En efecto, al acudir esa Sala Fiscal a las fojas 4 y 5 de la liquidación controvertida, apreciamos lo siguiente:

“A) INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS.

De la revisión practicada por el visitador a … se comprobó que esta contribuyente omitió declarar ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta por un importe de $ 300,000.00, los cuales se determinaron con base en la comparación realizada por el visitador entre las cifras determinadas contra las declaradas como declaradas, como se indica a continuación:

(…)

Los ingresos acumulables omitidos en cantidad de $ 300,000.00 se conocieron del análisis practicado a la contabilidad del contribuyente visitado CONSTRUCTORA MAIKA, S.A. DE C.V. en la cual se pudo observar que tiene registradas operaciones como pasivos en la cuenta por concepto de futuras aport. a capital con número de cuenta 3110, mismo importe que se considera como ingreso omitido contabilizado como pasivo en dicha cuenta como sigue:

INGRESOS OMITIDOS CONTABILIZADOS COMO PASIVOS (CUENTE 3110 FUTURAS APORT. DE CAPITAL).

Los ingresos omitidos contabilizados como pasivos de las cuales no soportó fehacientemente con documentación comprobatoria en cantidad de 300,000.00 se conocieron del análisis practicado a la contabilidad del contribuyente visitada…

Ahora bien, dichos depósitos se encuentran registrados en la cuenta 1110 de Bancos subcuenta 012 Banorte 181858373 las cantidades antes detalladas por concepto de futuras aport. De capital derivándose de depósitos realizados en la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A. suscrita a nombre del contribuyente CONSTRUCTORA MAIKA, S.A DE C.V. con número… por lo que el contribuyente no soportó con documentación comprobatoria que acredite fehacientemente el origen de dichos depósitos así como la procedencia de los mismos… es que la autoridad salvo prueba con contrario al no comprobar fehacientemente la contribuyente visitada que efectivamente corresponden a aportaciones de capital, es por lo que se procede a considerar como ingresos omitidos la cantidad de $ 300,000.00…”

Por lo tanto resulta claro la irregularidad en la contabilidad de la contribuyente visitado CONSTRUCTORA MAIKA, S.A. DE C.V. por no contar con el soporte documental para el registro de las supuestas futuras aportaciones de capital recibidos evidenciándose así que dichas aportaciones no se llevaron a cabo...”

(

(El resaltado es nuestro)

Esto es, que la autoridad determina 300,000 pesos como ingresos acumulables y posteriormente como utilidad presuntiva y valor de actos y actividades (lo que no se transcribe en obvio de repeticiones, pero que se tienen invocada como si fuera a la letra), que conoció de depósitos bancarios en una cuenta de Banco Mercantil del Norte, S.A. que mi representada tiene registrados en su contabilidad como “futuras aportaciones a capital”, y que sin embargo, en razón de la autoridad, no comprobó con la documentación respectiva dicho registro contable y por tanto, por con contar con ese soporte, se considera que esas aportaciones no son tales, sino ingresos acumulables, salvo prueba en contrario.

En ese tenor, al no existir impedimento jurídico para que mi representada pueda presentar en esta instancia las pruebas o documentos que estime convenientes para desvirtuar tales hechos (como se acredita con la tesis del Pleno de la Corte: P. CXXIX/96, que se trascriben al final), en este momento se acompañan los libros contables y mercantiles que dan cuenta del origen y que se constituye como la documentación que jurídicamente comprueba de manera idónea que no se trata de un ingreso o valor de actos o actividades y utilidad gravable presuntivamente, sino por el contrario y en correlación con lo manifestado durante el curso de la visita domiciliaria, cantidades que ingresaron a las cuentas de la empresa ,justamente relacionadas con aportaciones a capital, que por tanto, no son objeto a los elementos de los hechos imponibles de los impuestos sobre la renta y valor agregado en los términos que, salvo prueba en contrario, lo afirma la autoridad en su liquidación.

Efectivamente, tal como lo han establecido diversos criterios de ese Tribunal Fiscal, como el que a continuación se transcribe, cuando el gobernado aporta como prueba al juicio contencioso administrativo el libro de actas en donde consta el aumento de su capital social y éste tiene como propósito acreditar el origen de diversos depósitos bancarios, debe tenerse por desvirtuada esta presunción legal porque dichos libros constituyen parte de la contabilidad del contribuyente en los términos del artículo 28, fracción III del Código Fiscal de la Federación en relación con el diverso 34 del Código de Comercio, de tal manera que las cantidades debidamente registradas por este concepto no son gravables para efectos del impuesto sobre la renta, ni del impuesto al valor agregado, en razón de que no se da ninguno de los hechos generadores de estas contribuciones, ya que dichos ingresos tienen como origen la aportación de los socios de la empresa, para quienes constituye un derecho inalienable realizar los acuerdos que estimen pertinentes para el debido funcionamiento de la misma, por lo que si bien el aumento de capital efectivamente es un ingreso que impacta la economía de la empresa y le permite tener liquidez, éste se aparta de la naturaleza de las contribuciones y, en consecuencia, durante el procedimiento de fiscalización la autoridad no puede con base en los mismos determinar un crédito fiscal y, por el contrario, se encuentra obligada a valorar el impacto fiscal que dicha operación tuvo para con base en ello determinar la real situación del contribuyente:


Aislada

Época: Quinta

Instancia: Segunda Sala Regional Hidalgo ‐ México

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 51. Marzo 2005.

Tesis: V‐TASR‐XII‐II‐1512

Página: 184

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL REGISTRADO EN EL LIBRO DE ACTAS DE UNA EMPRESA, ES PRUEBA IDÓNEA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INGRESOS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.‐

Es de explorado derecho que las autoridades fiscalizadoras están facultadas para determinar que los depósitos en la cuenta bancaria de un contribuyente que no se encuentren registrados en su

contabilidad constituyen un ingreso gravable, de conformidad con la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, cuando el gobernado aporta como prueba al juicio contencioso administrativo el libro de actas en donde consta el aumento de su capital social y éste tiene como propósito acreditar el origen de diversos depósitos bancarios, debe tenerse por desvirtuada esta presunción legal porque dichos libros constituyen parte de la contabilidad del contribuyente en los términos del artículo 28, fracción III del Código Fiscal de la Federación en relación con el diverso 34 del Código de Comercio, de tal manera que las cantidades debidamente registradas por este concepto no son gravables para efectos del impuesto sobre la renta, ni del impuesto al valor agregado, en razón de que no se da ninguno de los hechos generadores de estas contribuciones, ya que dichos ingresos tienen como origen la aportación de los socios de la empresa, para quienes constituye un derecho inalienable realizar los acuerdos que estimen pertinentes para el debido funcionamiento de la misma, por lo que si bien el aumento de capital efectivamente es un ingreso que impacta la economía de la empresa y le permite tener liquidez, éste se aparta de la naturaleza de las contribuciones y, en consecuencia, durante el procedimiento de fiscalización la autoridad no puede con base en los mismos determinar un crédito fiscal y, por el contrario, se encuentra obligada a valorar el impacto fiscal que dicha operación tuvo para con base en ello determinar la real situación del contribuyente. (9)

Juicio No. 4012/03‐11‐02‐6.‐ Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2004, por unanimidad de votos.‐ Magistrado Instructor: Avelino Carmelo Toscano Toscano.‐ Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

Pero además, porque mi representada también acompaña el libro de capital, que para el caso de la esta última, por tratarse de una sociedad anónima, pero de capital variable, se sujeta a las siguientes regulaciones en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles:

Artículo 9o.‐ Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital, observando, según su naturaleza, los requisitos que exige esta Ley.

CAPITULO VIII

De las sociedades de capital variable

Artículo 213.‐ En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este capítulo.

Artículo 219.‐ Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará la sociedad.

Esto es, que dichos numerales establecen una excepción para las sociedades de “capital variable” respecto de las demás sociedades, en cuanto al manejo precisamente de su capital y es, que los aumentos por aportaciones no tiene más formalidades jurídicas que las ahí indicadas, en particular, exclusivamente que se inscriba en el libro de registro de capital que debe llevar la sociedad.

Lo anterior se precisa, porque a diferencia de otras sociedades, el aumento de capital es un tema que sólo puede verse por acta extraordinaria y por tanto, estas últimas sí deben realizarse ante Fedatario Público e inscribirse en el Registro Público, en los términos de los artículo 194 y 182, fracción III de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero que tales requisitos no resultan aplicables al caso de mi representada, precisamente por tratarse de una sociedad, pero de “capital variable” en dónde expresamente, se establece que no se necesitan mayores requisitos para el aumento de capital que los del libro de registro, en términos explícitos de los artículos 213 y 219 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como lo hemos visto.

Esta situación encuentra una explicación porque precisamente la creación de sociedades de “capital variable” busca distinguirse de las demás sociedades, justamente por la posibilidad de “variar”, comúnmente su capital, y por tanto, es lógico que no se les someta a requisitos más formales –como la protocolización e inscripción en registro público del acta.

En ese tenor, si mi representada acredita en este juicio fiscal el origen y ofrece la documentación comprobatoria que exigen las leyes para este tipo de actos, en particular los artículos 213 y 219 de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles, que en términos del artículo 5, párrafo segundo del Código Fiscal, son la legislación aplicable supletoriamente, es innegable que al cumplir con las formalidades de la ley para el aumento de capital, los libros que se mencionan, deban tenerse precisamente como la documentación comprobatoria jurídicamente idónea del asiento contable respectivo, que en conjunción con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I del Código Fiscal Federal, se torna como el elemento eficaz para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que se trataba de ingresos y valor de actos o actividades gravables; máxime cuando como se observa, la autoridad en ningún momento llega a acreditar durante la visita domiciliaria, que mi representa sí realizó operaciones gravadas por las que efectivamente y no sólo a partir de supuestos y afirmaciones “salvo prueba en contrario”‐ había obtenido cantidades por las que se dejaron de pagar los impuestos respectivos.

En mérito de ello, es calor que se actualiza el contenido del artículo 51, fracción IV de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, por apreciarse incorrectamente los hechos que motivaron la liquidación impugnada, pues indebidamente considera como gravados diversos depósitos de mi representada, cuando en realidad se trataban de aportaciones a capital, por las que no se genera ningún hecho imponible de los impuestos determinados, y por tanto, si finalmente esta situación es que medularmente sustenta la liquidación de impuesto sobre la renta como sujeto directo, de ISR retenciones de utilidades presuntas y de impuesto al valor agregado y sus accesorios fincados en contra de la actora, lo procedente es declarar su NULIDAD LISA Y LLANA.

La tesis mencionada al inicio del concepto de nulidad, indica:

Novena Época

Registro: 200055

Instancia: Pleno

Tesis Aislada


IV, Octubre de 1996


Tesis: P. CXXIX/96

Página: 189

VISITA DOMICILIARIA. LA PRESUNCION QUE DERIVA DE LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 46, FRACCION IV, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUEDE SER DESVIRTUADA EN EL RECURSO DE REVOCACION O EN EL JUICIO DE NULIDAD.

La oportunidad que se le da al contribuyente para participar aclarando los hechos asentados en la última acta parcial de la visita domiciliaria, no significa de ninguna manera que en el recurso de revocación o en el juicio de nulidad, no pueda hacer valer cuanto argumento convenga a sus intereses y exhibir todas las pruebas que estime necesarias para comprobar la realidad de su situación jurídica fiscal; independientemente de la oportunidad de participar para desvirtuar los hechos asentados en las actas y, en cuanto a que, si no los desvirtúa se le tendrán por consentidos, debe entenderse que ese consentimiento es únicamente para efectos de dictar, en su caso, la resolución en que se le determine el crédito fiscal, pero de ninguna manera una presunción que no sea desvirtuable en el recurso de revocación o en el juicio de nulidad que llegare a promoverse.

Amparo en revisión 330/93. Salvamento y Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Galván Zárate.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecisiete de octubre en curso, aprobó, con el número CXXIX/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis.

AGRAVIO.‐ El procedimiento de fiscalización así como la liquidación que en este acto se controvierte, son ilegales al violar lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, V, 42, 45, 46, del Código Fiscal, así como la garantía de inviolabilidad domiciliaria prescrita por el artículo 16 constitucional.

En efecto, son ilegales las actuaciones de las que deriva la resolución determinante del crédito, ya que deliberadamente la autoridad excediendo sus facultades comprobatorias pues realizó sin competencia legal alguna, desde el inicio de la visita, un cateo a las instalaciones recorriendo físicamente el domicilio fiscal, cuando sus facultades se limitaban en términos del artículo 45 del Código Fiscal a requerir que el contribuyente les “mantuviera a su disposición la contabilidad y les permitiera el acceso al lugar”, mas no, se insiste, a “recorrerlo físicamente”.

Sin que fuera obstáculo de lo anterior que supuestamente haya solicitada “autorización” de la persona que entendía la diligencia, porque ni en esos supuestos la ley autoriza una actualización de esa especie, y por tanto, para hacer tal recorrido, la autoridad debía contar con facultades y competencia para ello, lo que no sucede en la especie; ni por la otra, porque se niega lisa y llanamente que la persona que atendió la diligencia, contara con facultades para actuar a nombre de la actora en el otorgamiento de “autorizaciones” para recorridos físicos del domicilio de mi representada.

Efectivamente, como se puede advertir del acta parcial de inicio en la foja con folio RIM4800029/0801006, se asienta lo siguiente:

“Así mismo, se hace constar que… y a su vez se hace constar que… y a su vez, solicitaron autorización al compareciente para llevar a cabo un recorrido físico por las instalaciones del domicilio fiscal donde se desarrolla la presente diligencia…. Expresando el compareciente: Doy autorización a que se lleve a cabo dicho recorrido.”

Como se aprecia, la autoridad en forma por demás excesiva realizó un “recorrido físico del domicilio fiscal” del contribuyente, actuación ilegal pues ni el artículo 42, fracción III, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación le permiten a la autoridad recorrer físicamente el domicilio a modo de cateo, pues su actuación únicamente se debe acotar a revisar la contabilidad del contribuyente en el lugar en donde se le exhiba, pero de forma alguna, la ley establece la razón por la que el visitado deba permitir y sufrir un recorrido físico en el que se abran cajones, archiveros, escritorios o cualquier lugar que decida la autoridad de forma individual, pues ni la orden ni la ley facultan al visitador a realizar tales acciones, ya que éstas son exclusivas de un cateo.

A ello, se agrega que en términos de las normas invocadas en la orden de visita domiciliaria no se desprende ninguna COMPETENCIA de acuerdo a los numerales de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, para que la Administración Local de Auditoria Fiscal de Los Mochis, o su personal, pueda hacer este tipo de actos.

Corrobora lo anterior el contenido del artículo 45 del Código Fiscal Federal, que establece con relación a las obligaciones de los visitados, “permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugar objetos de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales…” pero de ninguna manera establece ni la facultad ni la obligación del visitado para ello, de soportar un “recorrido físico”, situación que además, contraría el espíritu del artículo 16 constitucional al establecer los requisitos a que debe sujetarse toda orden de visita.

Así es, el artículo 16 de la Carta Magna establece la necesidad de que en toda orden de visita se precise el objeto a inspeccionar, a lo que se deberá sujetar la diligencia y en tal virtud, si la autoridad únicamente estableció como objeto de su revisión el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de impuesto al valor agregado, las facultades de la autoridad no podían ampliarse para que además los visitadores hicieran todo un recorrido físico por el domicilio de mi representada, máxime si por ejemplo, el objeto de la revisión no era la verificación física de bienes, o bien la búsqueda de mercancía importada para acreditar su legal estancia en el país.

En ese tenor, si el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Servicio de Administración Tributaria y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria no contienen facultades hacer “recorridos físicos “ domicilio fiscal de los contribuyentes, a través de “recorridos físicos”, su proceder en el caso en comento resulta ilícito y deja en estado de indefensión a mi representada, según lo estipulado en el articulo 16 Constitucional y 38 fracción IV del Código Tributario.

En efecto, la ilegalidad deviene porque en el acta parcial de inicio consta que la autoridad realiza un cateo en el domicilio fiscal del contribuyente, recorriendo físicamente el mismo, cuando su actuación sólo debe ajustarse a revisar la contabilidad en el lugar en que el contribuyente le señale, sin que como se ha indicado sea relevante que haya pedido “autorización” al compareciente, porque el principio de legalidad indica que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le faculta, y si no hay una norma que le faculte para realizar recorridos físicos ante la autorización de los contribuyentes, ese hecho es antijurídico, máxime cuando se ha negado lisa y llanamente que quien atendió la diligencia contara con facultad legal alguna de representación a nombre de CONSTRUCTORA MAIKA, S.A. DE C.V. incluyendo desde luego, cualquier facultad para realizar por su cuenta cualquier tipo de “autorizaciones”.

De acuerdo a ello, resolución impugnada es ilegal, al proceder de frutos viciados por que se viola lo que dispone el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, al desahogar procedimientos que no están dentro de la competencia material de la autoridad y dictados en franca contravención de las defensas del demandante, al no estipularse en ley el derecho para catear y efectuar recorridos físicos, siendo procedente decretar su NULIDAD LISA Y LLANA.

SÉPTIMO.‐ Es ilegal la liquidación contenida en el oficio 500‐36‐00‐02‐2010‐0689 emitida el 29 de enero del 2010 por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Los Mochis, por la que se determina un crédito fiscal en contra de mi representada en cantidad de $ 1’068,636.27 (UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.), al violar lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta así como 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se afirma lo anterior, porque de manera indebida se pretende cobrar a mi representada de forma duplicada, el impuesto sobre la renta personas morales del ejercicio, y por la otra impuesto sobre la renta de utilidades presuntamente distribuidas, cuando ambos conceptos en términos de los artículos en cita, son excluyentes entre sí, ya que al determinarse impuesto sobre la renta sobre la utilidad de la persona moral, esta última se constituye como una “utilidad fiscal neta” de acuerdo al artículo 88 de la LISR, sobre la cual ya no es factible el cobro de impuestos cuando se distribuyen dividendos a los socios ‐aún presuntivos‐, tal y como lo expresa el propio artículo 11 de la ley de la material, lo que al no ser contemplado por la autoridad, conlleva un pago excesivo.

Así es, de una remisión a la liquidación controvertida, ese Tribunal podrá apreciar que la autoridad hace una liquidación de impuesto sobre la renta por el ejercicio a cargo de la persona moral, en cantidad de $ 98,805.79, mas accesorios legales, así como de $ 139,164.65, por ISR dividendos distribuidos.

No obstante lo anterior, en el caso concreto es evidente que si la autoridad, en los términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya había determinado impuesto respecto de la utilidad de la persona moral de ejercicio, esa utilidad del ejercicio, en términos del artículo 88, constituiría utilidad fiscal neta por la cual ya no se genera ningún impuesto al distribuirla a los socios, porque esa utilidad “ya pagó impuesto”, según se advierte del artículo 88 de la misma Ley:

“Artículo 88.‐

…

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de esta Ley, y el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley citada y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 10 de la misma.”

De ahí que como se menciona, al ya haberse determinado en la resolución impugnada, un impuesto sobre las utilidades del ejercicio de la persona moral en cuestión, estas cantidades generarían una “utilidad fiscal neta”, porque se obtienen del resultado determinado por la demandada, disminuyendo el impuesto que determinó y que debía ser pagado.

De acuerdo a lo anterior, si esa autoridad ya había liquidado un impuesto a cargo de la persona moral, resultaba por demás excesivo que además, pretendiera el cobro de impuesto sobre la renta en términos del artículo 11 de la Ley, como si no hubiera habido utilidades por ser repartidas a los socios –aun de manera presuntiva‐ y quedara algún impuesto a cargo, porque dicho numeral no lo permite.

En efecto, el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en su párrafo cuarto, lo que a continuación se transcribe:

“Artículo 11.‐

…

No se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece esta Ley.

…”

Esta cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), es integrada de acuerdo al artículo 88 de la misma ley, justamente a partir del registro de la utilidad fiscal neta.

Para los efectos que interesan en este caso, puede decirse que, básicamente, la utilidad fiscal neta es el resultado fiscal menos el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad en términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir que se trata de cantidades por las que ya se pagó el impuesto sobre la renta de la persona moral y, en consecuencia, pueden ser repartidas entre los socios por concepto de dividendos sin tener que pagar nuevamente el impuesto sobre la renta, pues el mismo ya fue pagado por la sociedad al percibir la utilidad.

Por lo tanto, las cantidades supuestamente entregadas a los socios, que las autoridades consideran como dividendos fictos distribuidos, se realizarían en todo caso respecto de una “UNFI” –utilidad fiscal neta‐ que ya tiene determinados impuestos, pues sería justamente la de la persona moral, al respecto de la cual, la fiscalizadora consideraba que había un adeudo. Esto es, que consecuencia, estarían exentas del impuesto sobre la renta en términos del artículo 11 cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es aplicable en cuanto al razonamiento, las siguientes tesis:


Tesis aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Novena Época

Instancia: Primera Sala


XXII, Julio de 2005

Tesis: 1a. LXIV/2005

Página: 441

RENTA. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, AL GRAVAR LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).

Los dividendos forman parte del concepto que los genera y se pagan en partidas que no son consideradas para la determinación del resultado fiscal del ejercicio en que se decretan, por tal motivo, el impuesto que debe pagar la persona moral por los dividendos que no provienen de su cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) o de la reinvertida (CUFINRE), debe extraerse de la ganancia (ingreso) que va a distribuir entre los socios o accionistas, por lo que previamente a su distribución deberá calcular el monto del impuesto a su cargo y distribuir únicamente el remanente, que se denomina dividendo o utilidad distribuible, el cual necesariamente es menor al monto de la ganancia que lo genera. En tal como se señala en ese tenor, el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002, no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la persona moral que distribuya ganancias (ingresos reales) respecto de las cuales no pagó impuesto alguno o difirió parte del impuesto anual a su cargo, deberá pagar el impuesto respectivo al momento de distribuirlas a sus socios o accionistas vía dividendos, porque si se aplicara la tasa impositiva directamente al monto del dividendo distribuido, el impuesto a pagar sería menor del que efectivamente debe pagarse; por ello debe aplicarse el factor de piramidación a la utilidad fiscal neta reinvertida que se distribuye vía dividendos, pues el monto de la base gravable es el ingreso del cual deriva dicha utilidad y, por tanto, el impuesto que la empresa debe pagar por dividendos distribuidos corresponde precisamente al monto del impuesto diferido, lo cual sumado a la cantidad que pagó por impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal en que se generaron dichos ingresos, da como resultado la cantidad que hubiera pagado en caso de no haber diferido el impuesto anual. Además, cabe precisar que la aplicación del aludido factor de piramidación tiene como fin que el impuesto previsto en el artículo 11 citado se calcule sobre el monto de las ganancias de la persona moral que se distribuyan a los socios o accionistas vía dividendos, y no así

sobre el monto del dividendo distribuido, dado que el referido tributo se causa por los ingresos de la persona moral respecto de los cuales no se ha pagado impuesto alguno, o se difirió parte del anual.

Amparo directo en revisión 319/2005. Primovalco, S.A. de C.V. 27 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.

Obsérvese la parte relativa de la jurisprudencia en cuestión, que alude que el artículo 11 de la renta, que prevé el impuesto sobre la renta por la distribución de dividendos, no es ilegal, porque esta se calcula sobre “ganancias de la persona moral POR LAS QUE NO PAGÓ IMPUESTO ALGUNO”; sin embargo, si en el caso concreto, la autoridad ya determinó un impuesto sobre la utilidad de la persona moral del ejercicio, resulta indebido que además, haga un cobro de la utilidad al momento de repartirlas a los socios, cuando como se insiste, esa utilidad era una UFIN que tenía el impuesto a cargo, por lo que es excesivo el cobro duplicado.

De acuerdo a lo anterior, es claro que la autoridad aplica indebidamente los artículos 10, 11 y 88 de la Ley del Impuesto sobre la renta en perjuicio de mi representada, generando un cobro excesivo que además violente la garantía de proporcionalidad del artículo 31, fracción IV constitucional.

Por lo anterior, al haberse dictado en contravención a las normas aplicables, es procedente declarar la NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución impugnada al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

AGRAVIO.‐ Es ilegal el INICIO de la visita domiciliaria y por tanto, la liquidación contenida en el oficio 500‐36‐00‐02‐2010‐0689 emitida el 29 de enero del 2010 por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Los Mochis, que le es fruto y consecuencia, al violar lo dispuesto por los

artículos 38 fracción IV, 44, 46, del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se sostiene ello, porque ni en el citatorio previo a la entrega de la orden de visita, ni en el acta parcial de inicio, se circunstanció que la persona con la que se entendieron ambas diligencias, ESTUVIERA en el DOMICILIO FISCAL como expresamente lo establece el artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, el artículo 44, fracción II del Código Fiscal Federa, establece en la parte relativa lo siguiente:

“Artículo 44.‐ En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:

(…)

II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.”

Por su parte, el artículo 46 fracción I, del Código Fiscal Federal, indica que de toda visita domiciliaria se deberá levantar un ACTA CIRCUNSTANCIADA en la que se hagan constar de forma pormenorizada las razones de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos respectivos.

De una interpretación conjunta y armónica de ambos dispositivos legales, en conjunción con el método de interpretación teleológico, esto es, de la finalidad de la norma respectiva, que se justamente de la de otorgar seguridad jurídica a los particulares en actos de excepción a la garantía de inviolabilidad domiciliaria en que se debe sujetar estrictamente a las “leyes respectivas”, debe estimarse que uno de los requisitos de CIRCUNSTANCIACIÓN tanto del citatorio como del acta parcial de inicio, es lo relativo a que la persona con la que se llevaron a cabo tales diligencias, estaba dentro del domicilio fiscal para tales efectos.

Ciertamente, por mandamiento expreso del citado numeral, la diligencia por medio de la cual se hace del conocimiento al contribuyente de la orden de visita exige que cuando el visitado o su representante legal no estuvieren, el citatorio previo deberán dejarse justamente “con la persona que se encuentre en el lugar” y por tanto, su circunstanciación en tales términos es la única manera en que el contribuyente puede constatar si la diligencia de entrega de la orden, se llevó a cabo en los términos que lo exige el citado artículo 44, fracción II del Código de Marras.

Por tanto, si toma en consideración que por exigencia jurisprudencial se establece que en el momento en que se levanta un acta –como lo es en el caso que nos ocupa al tratarse de un citatorio parte del procedimiento de la visita domiciliaria‐, ésta debe de estar circunstanciada, es decir, en ella se deben de asentar todos y cada una de los sucesos que se desarrollen durante esta y que permitan dar la certeza jurídica a los gobernados de que se cumplieron con las formalidades que el Código Fiscal de la Federación establece, es claro que en el citatorio que nos ocupa debió establecer que la persona con la que se estaba llevando a cabo la diligencia se encontraba en el domicilio, lo que no sucedió en la especie.

Lo anterior, pues de una remisión que efectúe esa Sala Fiscal a las actuaciones en mención, podrá percatarse que se hace mención el haberlas atendió con terceros, pero sin que se establezca por su parte, si dicha persona se encontraba precisamente en el domicilio en el que se practicó la supuesta diligencia o no, tal y como lo exige la fracción II del artículo 44 del Código de marras, lo que genera en la impetrante un estado de indefensión y de inseguridad jurídica, pues pasar por alto dicho presupuesto o relevar al visitador del cumplimiento de esas formalidades indispensables para garantizar que la notificación de la orden de visita se llevó a cabo conforme a los lineamientos que rigen el acto, podría llevar al caso de que la diligencia se entendiera con cualquier persona que estuviera en la calle; de ahí que tal requisito efectivamente debe ser satisfecho por la autoridad para que se pueda tener por cumplidas las formalidades esenciales para la práctica del conocimiento del inicio de las facultades de comprobación.

En ese tenor, la ilegalidad trasciende al sentido de la resolución por medio de la cual se impone un crédito fiscal a mi representada, en el sentido de que ésta es fruto de actos viciados, ya que el procedimiento del que deriva no se ajusto a los requisitos que el Código Fiscal de la Federación establece, como lo es en el caso a estudio, pues si el Código Tributario Federal establece que en el caso de que el visitador se presente a llevar a cabo una visita y no se encuentre el contribuyente o su representante, se le dejará un citatorio con la persona que se encuentre en el domicilio, hecho que debe de estar circunstanciado, ello con la finalidad de que en toda diligencia consiste en que la persona a la que se dirige el acto de autoridad lo conozca.

En tal virtud se genera en la actora un estado de indefensión e inseguridad jurídica, pues derivado de la falta de circunstanciación en cuestión, no se puede establecer si en la especie se cumplieron los requisitos exigidos en el Código Fiscal Federal para la validez de la notificación de la orden de visita domiciliaria al transgredirse en específico la fracción II del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es procedente de declare la NULIDAD de la resolución por medio de la cual se impone el crédito fiscal a mi representada al ser fruto de dichos actos viciados de origen.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 500‐36‐00‐06‐2008‐8586, emitida en fecha 3 de diciembre del 2008, por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Los Mochis, que es el origen y antecedente del crédito fiscal controvertido, al violarse el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 constitucionales.

Se sostiene lo anterior, habida cuenta que la autoridad no funda en la orden de visita como parte de su competencia material para requerir “datos e informes” relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales, la fracción X del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributario, situación que genera un absoluto estado de inseguridad jurídica.

Así es, basta que esa Sala Fiscal se remita a la orden de visita domiciliaria en cuestión, para que se percate que la autoridad establece la obligación del contribuyente, en los siguientes términos:

“Se deberán mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, todo los elementos que integran la contabilidad, como son, entre otros… y proporcionarles todos los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tengan relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión. Así mismo, se les deberá permitir el acceso al establecimiento, oficinas..”

De lo antes referido se establecen 3 obligaciones particulares que ordena la autoridad en su acto de molestia:

1.‐ Mantener a disposición del personal autorizado, los elementos que integran la contabilidad;

2.‐ Permitir el acceso al establecimiento, oficinas, instalaciones, etc. que se localicen en el domicilio; y

3.‐ Proporcionar todos los datos e informes que los visitadores requieran durante la revisión.

Ahora bien, a fin de fundar la competencia material para tales actos, la autoridad sustenta su actuación entre otros, en los artículos 42, primer párrafo, fracción III y 45 del Código Fiscal de la Federación, así como en el ejercicio de las atribuciones previstas por el artículo 16, fracciones VII y VIII del Reglamento Interior del servicio de Administración Tributaria, normas que resultan insuficientes para tales efectos.

Así es, basta que esa Sala Fiscal se remita a dichos numerales, para que observe que los mismos solo se refieren a los puntos 1) y 2), previamente indicados, esto es, a la facultad para ordenar que se mantengan a disposición la contabilidad y se permita el acceso al establecimiento, oficinas e instalaciones del domicilio, pero no así, para proporcionar “datos e informes” requeridos, en los términos que se indicó en la orden de visita domiciliaria, y que además, fueron materializados por los visitadores, en forma excesiva, durante el transcurso de la misma.

Pero veamos dichos numerales:

Artículo 42, fracción III

III.‐ Practicar visitas a los contrib uyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

Como se observa esta numeral, solo establece que se permita la revisión de la contabilidad, pero no menciona nada de la facultad para requerir “datos e informes”

Artículo 45.‐ Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados.

Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico, o microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita.

Este numeral sólo nos alude a la obligación de permitir el acceso a los lugares de la orden y mantener a disposición la contabilidad y demás papales.

Por su parte, dentro las fracciones III del artículo 17 del Reglamento Interior, sólo aluden también a la práctica de visitas, y la facultad de notificar los actos de la autoridad, pero se insiste, no así respecto de la facultad y obligación de “proporcionar datos e informes”.

Artículo 17.‐ Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal:

III.‐ Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, incluyendo las que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, y para comprobar de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive en materia de origen; comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales y reponer dicho procedimiento de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.

De ahí que la orden de visita domiciliaría sea por demás ilegal, al no sustentarse la competencia de la autoridad para tales efectos, considerando además, que el artículo 17 del mismo reglamento, pero en su fracción X señala:

X.‐ Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales.

Como se puede observar en efecto, si existe una facultad específica para que las autoridades fiscales puedan requerir que se proporcionen “datos e informes” que las autoridades requieran para determinar el cumplimiento de obligaciones fiscales; sin embargo, como también podrá apreciarse, dicha fracción no fue citada como parte de la competencia material de la autoridad, para el ejercicio de sus facultades de comprobación en la orden de visita respectiva.

De ahí que tanto la orden de visita, como las actuaciones de la visita en donde se ejercitan dichas atribuciones, carezca de sustento jurídico habida cuenta que la demandada fue omisa en citar de manera completa y debida, tal y como lo exige el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal Federal, 14 y 16 constitucionales, el fundamento de su competencia, situación por demás suficiente para declarar su NULIDAD, así como la de la liquidación que es fruto y consecuencia de dichos actos viciados de origen.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 500‐36‐00‐06‐2008‐8586, emitida en fecha 3 de diciembre del 2008, por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Los Mochis, que es el origen y antecedente del crédito fiscal controvertido, toda vez que violó lo dispuesto por los artículos 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, artículo 2, fracción XII, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, así como el 16 Constitucional, al fundar indebidamente su competencia material, toda vez que no cito la norma con la cual acredita su carácter de autoridad fiscal.

Lo anterior es así, porque en la citada resolución no se funda adecuadamente las facultades de la autoridad emisora, ya que con las disposiciones legales que se invocan no se acredita suficientemente que dicha autoridad tenga el carácter de fiscal al omitir citarse el artículo 1º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; exigencia que no puede considerarse como exacerbada u obvia, ya que no debe perderse de vista que la fundamentación se dirige justamente para que cualquier persona, y no solamente los peritos de la materia, conozcan, de una lectura a los artículos que cita la autoridad en su acto, exactamente las facultades que pueden ser

ejercitadas, lo que se insiste, no sucede en el caso concreto, considerado que no todos los gobernados de este país, saben ineludiblemente que la autoridad demandada tiene el carácter de “autoridad fiscal”.

En efecto, los actos de comprobación previstos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, sólo pueden ser ejercitados por autoridades que legalmente tengan justamente ese carácter de: “fiscales” pues así lo señala dicho precepto, y por ello, al no citar en la orden de revisión el artículo 1º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que le otorga el carácter de “autoridad fiscal” le impidió a la actora saber si realmente se trata de una autoridad fiscal, y si en consecuencia, tenía o no competencia para ordenar, tramitar o dictar los actos de comprobación a que se refiere el artículo 42 antes citado.

En efecto, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, establece las facultades de comprobación que podrán ejercer las autoridades fiscales, al señalar:

Artículo 42. “Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los 7créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estará facultados para:..”

De lo anterior se colige que si bien es cierto, de conformidad con el citado numeral se establece la facultad de las autoridades para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso determinar contribuciones omitidas; también lo es, que la anterior facultad, no es competencia material de cualquier autoridad administrativa, sino exclusivamente de una AUTORIDAD FISCAL .

Así es, como ese órgano colegiado podrá observar, la disposición en cuestión es clara al otorgar dichas facultades a las autoridades fiscales y no de forma genérica a las administrativas, ya que si esa hubiese sido la intención del legislador, no habría necesidad de que diversos ordenamientos determinaran atribuciones a las autoridades fiscales o a los organismos fiscales autónomos.

Así, aún y cuando en un momento dado, alguna disposición del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, previniera que la Administración Local de Auditoría Fiscal , pudiera realizar revisiones de gabinete, en todo caso, conforme al artículo 42, del Código Fiscal Federal, tal facultad estaría supeditada a que aquella fuese legalmente una “autoridad fiscal”, situación por la cual es indispensable que se establezca como parte de la fundamentación de la competencia de la autoridad, la disposición jurídica que prevenga que aquella es una “autoridad fiscal”

Ello es así, ya que para poder ejercitar una facultad determinada en un ordenamiento reglamentario es menester que en primera instancia, dicha facultad encuentre su sustento en la ley, toda vez que nuestro derecho positivo mexicano se rige por el principio de reserva de ley, que exige la exacta observancia de la norma y por ende, sólo las autoridad fiscales pueden hacer uso de las facultades contenidas en el artículo 42 del código tributario.

En ese tenor, la solicitud de información y documentación que es antecedente y origen de la resolución impugnada, es ilegal, pues no se encuentra debidamente fundada, al omitir mencionar la parte o porción normativa, así como la legislación que prevé que la Administración Local de Auditoría Fiscal es una autoridad fiscal, para lo cual era necesario citar el artículo 1º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que al efecto señala:

“Artículo 1º.‐ El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta Ley.”

Así es, se generó un absoluto estado de inseguridad durante la revisión, ya que si como se menciona, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación condiciona el ejercicio de facultades de comprobación a que las realice una “autoridad fiscal”, la fiscalizadora debió en todo momento y desde el inicio de la revisión, en la solicitud de información y documentación, acreditar dicho carácter de “autoridad fiscal”, fundando su competencia en el artículo 1º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

En consecuencia, al no haber fundado su actuación en el artículo 1º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se le impidió al actor saber si realmente la fiscalizadora, era una autoridad fiscal, lo que sólo se hubiera corroborado si su competencia hubiera quedado perfectamente definida en el texto de la solicitud y que ésta no fuera materia de cuestionamientos para el hoy actor, lo que no ocurrió en la especie y por lo que se solicita se declare la NULIDAD LISA Y LLANA conforme el artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la resolución contenida en el oficio 500‐11‐00‐03‐03‐2008‐3748 emitido en fecha 24 de junio del 2008 por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes al violar lo dispuesto por los artículos 38 y 46‐A del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se afirma lo anterior, porque la visita domiciliaria que le dió origen no fue concluida dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se notificó a la ahora actora el inicio de las facultades de comprobación, sin que para tal efecto, se actualizara y notificara alguna causal justificada de suspensión del citado plazo.

En efecto, el artículo 46‐A del Código Fiscal de la Federación establece textualmente lo siguiente:

Artículo 46‐A.‐ Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:

A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de:

I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga.

II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.

IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.

V. Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.

Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento.

VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.

Es decir que, conforme al citado artículo, es un deber ineludible de las autoridades concluir las visitas domiciliarias a más tardar en un plazo de doce meses contado a partir de la fecha en que hayan notificado al contribuyente el inicio de las facultades de comprobación, pues en caso contrario, es decir, de no llegarse a levantar el acta final dentro del citado plazo, la visita se entenderá concluida en la fecha de vencimiento del citado plazo, tal como se señala expresamente en la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Localización:

Novena Época



XIX, Enero de 2004

Página: 268

Tesis: 2a./J. 1/2004

Jurisprudencia


VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. EL PLAZO MÁXIMO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46‐A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU CONCLUSIÓN CONSTITUYE UN DEBER DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO.

De conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades cuentan con facultades discrecionales para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, cumplan con sus obligaciones tributarias mediante la práctica, entre otras acciones, de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete o de escritorio; sin embargo, tales actuaciones están sujetas a la garantía de inviolabilidad domiciliaria y demás formalidades que consigna el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, una de las exigencias legales que deriva de dichas garantías, consiste en que las visitas domiciliarias o revisiones de gabinete o de escritorio concluyan dentro del plazo máximo señalado en el primer párrafo del artículo 46‐A del citado Código, contado a partir de que se notifique el inicio de las facultades de comprobación, advirtiéndose que dicho plazo ya no es discrecional, pues ese párrafo señala que las autoridades "deberán" concluir la visita o revisión dentro del indicado plazo, de manera que si no lo hacen, se actualizan los supuestos del párrafo último del mencionado precepto, a saber: a) la conclusión o terminación de la visita o revisión en esa fecha, b) que la orden quede sin efectos, es decir, que no pueda ya producir consecuencias legales, y c) que todo lo actuado quede insubsistente.

Contradicción de tesis 56/2003‐SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Segundo en la misma materia del Segundo Circuito. 3 de diciembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Tesis de jurisprudencia 1/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de enero de dos mil cuatro.

No obstante lo anterior, en el presente caso, tal como se señala en los dos primeros párrafos del oficio 500‐11‐00‐03‐03‐2008‐3748 que se aporta al expediente, la visita domiciliaria que dió origen a la mencionada resolución fue iniciada en cumplimiento de la orden número RIM6100016/06, contenida en el oficio número 324‐SAT‐01‐P‐3883 de fecha 29 de agosto de 2006, girado por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, oficio que fue notificado a la contribuyente precisamente el día 30 de Agosto de 2006, pero el Acta Final correspondiente fue levantada hasta el 26 de Febrero de 2008.

De acuerdo con lo anterior, el acta final fue levantada cuando ya habían trascurrido prácticamente diecinueve meses desde la fecha en que se notificó a la hoy actora el inicio de las facultades de comprobación y, por lo tanto, a esa fecha, por mandato legal expreso, la visita domiciliaria se encontraba concluida y ya habían quedado sin efectos tanto la orden de visita como todas las demás actuaciones derivadas de dicha orden.

No es obstáculo para llegar a esa conclusión el hecho de que el citado artículo 46‐A del Código Fiscal de la Federación, establezca algunos casos de excepción en los que el plazo de conclusión de la visita será de dieciocho meses o de dos años, pues mi representada niega de manera lisa y llana encontrarse dentro de esos supuestos de excepción.

Asimismo, mi representada niega de manera lisa y llana haber incurrido en alguna de las causales de suspensión del plazo previstas en el propio artículo 46‐A del Código Fiscal de la Federación.

Igualmente mi representada niega de manera lisa y llana que las autoridades le hubieren notificado alguna determinación en el sentido de que se hubiera suspendido el plazo para la conclusión de la visita.

En esas condiciones, es procedente declarar LA NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución impugnada, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que fue dictada en contravención a lo dispuesto por el artículo 46‐A del Código Fiscal de la Federación y debido a que las actuaciones en que se apoya habían quedado sin efectos varios meses antes.

AGRAVIO.‐ Es ilegal la resolución contenida en el oficio 500‐11‐00‐03‐03‐2008‐3748 emitido en fecha 30 de mayo del 2008 por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes al violar lo dispuesto por los artículos 19, 38, fracción IV, 42, fracción III, 44, 46, 50 del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, dicha resolución es contraria a derecho al ser fruto de actos viciados, pues a fin de determinar los pretendidos ingresos omitidos, deducciones rechazadas y demás elementos de la liquidación, la autoridad se sustentó en supuesta contabilidad, información y documentación, que no fue obtenida dentro del procedimiento regular de la visita domiciliaria ni siguiendo las formalidades legales de ésta, sino que se obtuvieron de un requerimiento y exhibición en forma económica, es decir, sin seguir los requisitos que marca la ley para ello, según se plasma expresamente en dicha resolución, situación que genera un absoluto estado de inseguridad jurídica e indefensión en la actora, máxime cuando en violación al artículo 19 del Código Fiscal Federal, la persona que la autoridad aduce entregó dicha documentación carece de representación legal y por tanto existe una gestión de negocios prohibida en materia fiscal.

Así es, el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal Federal, exige que todas las actuaciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas; a su vez, el artículo 42, en su primer párrafo establece que para la determinación de contribuciones, las autoridades pueden ejercitar facultades de comprobación, entre otras, las visitas domiciliarias, para lo cual se deben realizar el procedimiento y respetar las formalidades de los relativos 43, 44, 45, y 46 del Código de Marras; por su parte, el artículo 50 establece expresamente la determinación de contribuciones, será respecto de los hechos u omisiones que las autoridades detecten al “practicar visitas a los contribuyentes”, de la siguiente forma:

Artículo 50.‐ Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta

final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código.

De una interpretación sistemática y teleológica de dichas disposiciones, en relación con los principios de seguridad jurídica que el legislador buscó resguardar al momento de establecer límites a la facultad liquidadora del Gobierno, entre otros, una serie de formalidades legales previo a la determinación de contribuciones, es fácil advertir que la liquidación de contribuciones debe sujetarse a los hechos conocidos bajo el procedimiento de la visita y en los cuales se hubieren cumplido los requisitos legales para tal efecto, ya que de lo contrario, carecerían de eficacía jurídica para afectar la esfera jurídica de los gobernados.

Bajo estos razonamientos es que se considera ilegal la liquidación que ahora se controvierte, ya que como se podrá apreciar de una remisión al documento respectivo, esta última se sustenta en esencia en la determinación de ingresos presuntivos y en el rechazo de diversas deducciones, que modifican el impuesto sobre la renta a cargo y el impuesto por la supuesta distribución de dividendos a personas físicas y socios; lo que a sí mismo, tiene inferencia en la deteminación del valor de actos y actividades y el impuesto al valor acreditable; sin embargo, como se ha mencionado, a efectos de conocer dichos ingresos y deducciones, la autoridad hizo constar lo siguiente:

Foja 52

B) RESULTADO DE LA REVISIÓN.

1.‐ INGRESOS ACUMULABLES DETERMIANDOS

Se circunstanción en los folios.... la documentación anterior fue proporcionada por la contribuyente que se liquida el día del inicio según consta en el acta parcial de inicio de fecha 30 de agosto del 2006 en los folios números RIM6100016/06010021 y RIM6100016/06010022, ASÍ COMO DE LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN Y MOVIMIENTOS AUXILIARES DE LA CUENTA CONTABLE 1103‐000 DENOMINADA “BANCOS”, MISMA DOCUMENTAL QUE FUE PROPORCIONADA

EN EL TRANSCURSO DE LA REVISIÓN EN FORMA ECONÓMICA POR LA CONTRIBUYENTE QUE SE LIQUIDA POR CONDUCTO DE LA C. MARISOL DE LEÓN SALDAÑA, de lo anterior se conoció que la contribuyente que se liquida CONSTRUCTORA Y URBANIZADOR BONATERRA, S.A. DE C.V. omitió declarar ingresos acumulables en cantidad de $ 1´883,997.96...”

En la foja 67 se señala:

2.‐ DEDUCCIONES AUTORIZADAS.

Se circunstanció a folios...la documentación anterior fue proporcionada por la contribuyente que se liquida el día del inicio según consta en el acta parcial de inicio de fecha 30 de agosto del 2006 en los folios números RIM6100016/06010021 y RIM6100016/06010022, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA EN FORMA ECONÓMICA EN EL TRANSCURSO DE LAR EVSIÓN por la contribuyente CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA por conducto de la C. Marisol de León saldaña en su carácter de tercero y en calidad de contador de la contribuyente que se liquida, consiste en BALANZAS DE COMPROBACIÓN, MOVIMIENTOS AUXILIARES DE LA CUENTA CONTABLE NÚMERO 5101‐041 denominada “COMPRAS VARIAS” cuenta número 5101‐001 denominada “COMPRAS”, cuenta contable número 2103‐001 denominadad “CATERPILLAR ARREND. FINANCIERA”...

De la documentación e información anterimente señalada se conoció que la contribuyente que se liquida CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V. declaró en exceso deducciones en cantidad de $ 34´671,037.69...”

Lo anterior se repite en diversas fojas de la liquidación como la página 106, 109, 112, 115, 118, 120, 123, 126, 129, 131, 234, 239, 335, entre otras.

Como se observa, la autoridad a través del análisis de supuesta contabilidad de mi representada, que no fue obtenida al acudir los visitadores al domicilio fiscal y seguir las formalidades legales para ello, sino ante una actuación que la autoridad identifica como “de manera económica” (y que es un hecho notorio que implica, en el actuar administrativo, que no se siguen formalidades para ello, a efectos de economizar actuaciones, tiempo y formalidades), es que determina que existe

ingresos acumulables, deducciones, valor de actos, impuesto al valor acreditable y los diversos rubros de la resolución, que no fueron declarados corretamente, procediendo con base en lo anterior a fincar el crédito fiscal impugnado.

Sin embargo, como se ha hecho referencia, tal situación resulta por demás contraria a derecho y violatoria de los artículos IV, 42, fracción III, 44, 46, 50 del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque como señala, derivado de estas disposiciones se colige una obligación tajante para la autoridad de limitar su facultad liquidadora a los hechos conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y por obviedad de razón y principio de seguridad y certeza jurídica, a aquellas actuaciones en las que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento de visita domiciliaría, lo que en la especie no sucedió.

Se afirma ello, porque en ninguna parte del los artículos citados, que regulan las formalidades de las visitas domiciliarias, se hace referencia al requerimiento o proporcionamiento de contabilidad “de manera económica”, sino que por el contrario, el artículo 46 de manera expresa hace mención a una serie de formalidades legales, como son entre otras, el que la visitadora se apersona en el domicilio fiscal y ahí revise la contabilidad levantando un acta de esa actuación, que evidentemente en el caso en concreto no sucedieron.

En ese sentido, es de resaltarse, como ya se ha referenciado, que en el ámbito administrativo las actuaciones que se realizan “de manera económica”, es un hecho notorio que se refieren a la ausencia de formalidades para economizar el tiempo o la labor de la autoridad. Al respecto, el propio significado de la palabra “económica”, así lo corrobora también, pues de acuerdo a la Academia de la Lengua Española, se establece lo siguiente:

económico, ca.

(Del lat. oeconomicus, y este del gr. ??????µ????).

1. adj. Perteneciente o relativo a la economía.

2. adj. Moderado en gastar.

3. adj. Poco costoso, que exige poco gasto

Economía. ‐ f. Ahorro de trabajo, tiempo o de otros bienes o servicios.

Es decir, que al hacer referencia a una actuación de manera económica, implica una labor que genera un ahorro de trabajo y de tiempo, en este caso, a una relativa desde luego, al hecho de evitar las formalidades legales para tales efectos, pues de otra manera, se habría hecho constar en un acta de hechos respectiva, que dicha contabilidad fue obtenida con motivo de la actuación fiscalizadora del visitador y siguiendo la formalidades de la visita domiciliaria, lo que no sucedió en la especie.

De ahí que, si toda la liquidación tiene como sustento el que la autoridad conoció las supuetas omisiones al realizar un análisis a contabilidad y cuentas del contribuyente que no fueron obtenidas con motivo del actuar regular de la autoridad en la visita y siguiendo las formalidades legales para ello, sino que por el contrario, se conocieron derivado de un procedimiento que no está previsto en la ley como lo es el de “manera económica”, tal sitaución afecta las defensas del contribuyente, puesto que el hecho de que la ley exiga una serie de requisitos en el realizar de la visita domiciliaria, es precisamente para otorgar seguridad jurídica en todo momento al gobernado y permitirle reunir los medios de defensa adecuados para controvertir cualquier irregularidad del procedimiento, lo que en la especie no puede consentirse otorgado, si la actuación fiscalizadora ni siquiera se realizó de acuerdo a las normas y el principio de legalidad exigido en el Código Fiscal Federal; lo que además trascendió al sentido de la resolución, habida cuenta que derivado de esa supuesta contabilidad, la autoridad expresamente aduce en su resolución, haber conocido el pretendido incumplimiento de obligaciones fiscales que motivaron la liquidación controvertida.

Ahora bien, a lo anterior debe agregarse la flagrante violación al artículo 19 del Código Fiscal Federal, ya que la autoridad está liquidando de acuerdo a información que no fue proporcionada por la contribuyente o bien, encontrada en el domicilio fiscal por los auditores, sino por un tercero, de quien se niega lisa y llanamente tenga facultad legal para actuar a nombre de la actora.

En efecto, es claro que cuando la información contable es encontrada en el domicilio fiscal por los visitadores, o bien, porporcionada por el representante legal de la empresa, dicha actuación se sujeta a la ley; sin embargo, si como lo aduce la autoridad en su resolución, en el caso concreto, la información y documentos cuyo contenido se desconoce, fueron proporcionados por un tercero, denomando “Marisol de León Saldaña” de forma económica, tal sitaución no se encuentra en los supuestos del artículo 19 del Código Fiscal Federal, pues esa actuación es una evidente gestión de negocios que está prohíbida por dicha disposición legal, y por lo tanto, su utilización para determinar la situación fiscal de la contribuyente es un claro fruto de actos viciados, negando lisa y llanamente además, que la información que pretendidamente fue presentada por dicho tercero, y con base en la cual se determinó el crédito fiscal, sean documentos contables de la actora.

En mérito de todo lo mencionado, esa dable decretar la NULIDAD de resolución impuganda, que es fruto directo y consecuencia de esos actos viciados.

AGRAVIO.‐ ‐ Son ilegales las solicitudes de información y documentación contenidas en los oficios 324‐SAT‐01‐A2‐3‐1497 de fecha 02 de abril de 2007 así como la contenida en el oficio 324‐SAT‐01‐A2‐3‐2478 de fecha 13 de junio de 2007, y demás emitidas durante el procedimiento de fiscalización que es antecedente de la resolución por medio de la cual se impone un crédito fiscal a mi representada, al violar el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal Federal, 14 y 16 constitucionales.

Lo anterior es así, ya que como podrá apreciarse, la liquidación tiene como sustento la información y documentación que fue solicitada mediante los oficios ya referidos, siendo que éstos son ilegales al estar indebidamente fundados y motivados ya que la autoridad a través de los mismos solicita la presentación en el domicilio fiscal de diversa contabilidad e información de mi representada, sin que para ello se citara la FRACCIÓN II del artículo 42, en donde en concreto se establece tal facultad, sino únicamente citando la fracción III.

En efecto la facultad específica para requerir a los contribuyentes para que exhiban en su domicilio fiscal, la contabilidad, datos e informes en general está en la fracción II, del artículo 42, del Código Fiscal Federal por lo que al no señalarse ésta, es innegable que en el caso a estudio, la autoridad debió sustentar su solicitud de información y documentación, justamente en dichos dispositivo legales y no sólo en la fracción III del artículo de referencia, lo que sucedió en la especie.


Jurisprudencia


Novena Época



XXII, Diciembre de 2005

Tesis: 2a./J. 152/2005

Página: 327

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ES INNECESARIO QUE LA AUTORIDAD FISCAL FUNDE EL REQUERIMIENTO DE LA CONTABILIDAD AL CONTRIBUYENTE EN EL PRECEPTO QUE ESTABLECE LOS ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN.

Los requisitos de fundamentación y motivación en el requerimiento de la contabilidad de los contribuyentes por parte de la autoridad fiscal federal, exigidos por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no llegan al extremo de tener que fundar dicho acto en el artículo 28 del citado Código, que establece los elementos que la integran. Ello es así, ya que la facultad de comprobación deriva del artículo 42, fracción II, del Código Tributario Federal, lo que genera certeza al contribuyente de que la autoridad está actuando dentro de los límites y atribuciones que le confiere la ley, sin que sea necesaria la cita del indicado numeral 28, pues se presume que el contribuyente, al conocer sus obligaciones, sabe cuáles son los elementos que conforman la contabilidad, bajo el principio de que conoce las leyes desde que son publicadas, ya que tiene la obligación de llevar contabilidad desde que se inscribe al Registro Federal de Contribuyentes, esto es, previamente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de la autoridad.

Contradicción de tesis 148/2005‐SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Octavo Circuito. 11 de noviembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.

Tesis de jurisprudencia 152/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de noviembre de dos mil cinco.


Jurisprudencia

Materia(s):Administrativa

Novena Época



Tomo: XXVIII, Diciembre de 2008

Tesis: 2a./J. 173/2008

Página: 295

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES APLICABLE TANTO A LAS QUE SE LLEVEN A CABO CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III DE DICHO PRECEPTO, COMO A LAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 153/2007‐SS, en sesión de 3 de octubre de 2007, determinó que la facultad de comprobación de las autoridades fiscales contemplada en la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las indicadas autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran, abarca a la revisión de gabinete, pero no se limita a ella, pues el requerimiento puede efectuarse para que la exhibición de la documentación se realice en el propio domicilio del gobernado. Ahora bien, el hecho de que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación prevea, en su fracción III, una facultad genérica para practicar visitas domiciliarias y, en su fracción V, la facultad de llevar a cabo específicamente las tendientes a verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales, entre otras, no es motivo para considerar que a estas últimas no les sea aplicable la indicada fracción II, ya que ésta no hace salvedad alguna en cuanto a las visitas domiciliarias que tengan como finalidad verificar algún tipo específico de obligaciones fiscales, además de que no existe razón para estimar que el supuesto que en ella se prevé no sea compatible con las visitas tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en materia de expedición de comprobantes fiscales.

Contradicción de tesis 116/2008‐SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Octavo Circuito. 5 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos.

Tesis de jurisprudencia 173/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cinco de noviembre de dos mil ocho.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 153/2007‐SS citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 446.

Así es, basta que esa Sala se remita a los documentos en cuestión para que se percate que se solicitó diversa documentación e información para efectos del desarrollo de las facultades de comprobación, sin embargo, como parte de la fundamentación de los oficios 324‐SAT‐01‐A2‐3‐1797 y 324‐SAT‐01‐A2‐3‐2478, únicamente citó el artículo 42, fracción III, pero no así, el artículo 42 fracción II del Código Fiscal Federal, que era la que le otorga competencia para tales actuaciones, situación que sin lugar a dudas vulnera el contenido del artículo 38 fracción IV del Código Fiscal en cuestión, 14 y 16 constitucionales y vician el procedimiento de fiscalización que antecede el crédito impugnado.

Lo anterior causa un claro perjuicio en contra de mi representada, toda vez que se le deja en un total estado de inseguridad jurídica, debido a que el particular no pudo conocer en su momento, de forma cierta y precisa si la autoridad se encontraba solicitando documentación dentro del marco de la legalidad aunado al hecho de que en base a la información y documentación que fue proporcionada es que se emite la resolución liquidatoria.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado es que resulta procedente declarar la NULIDAD LISA Y LLANA los oficios por los que se solicita la información y documentación pues en base a la documentación al estar indebidamente fundados y motivados en contravención a lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la resolución por medio de la cual se impone el crédito fiscal a la actora, al ser fruto de actos de fiscalización que se encuentran viciados.

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