EL DIFICIL AJUSTE DEL DEFICIT FISCAL.

Manfred Nolte

España es -y confiemos que siga siéndolo a pesar de los crecientes interrogantes que plantean, entre otros muchos, la cuestión catalana y el programa de la formación política de moda ‘Podemos’- un socio cualificado de la Unión europea. Es miembro de un Club que incluye a 28 países de estructuras productivas heterogéneas, de eficiencia desigual, riqueza distinta, niveles distributivos diferentes, y perspectivas inmediatas muy diversas. Pero por muchos que sean los matices que acompañan a los partícipes del Club, todos ellos son sujetos de unos derechos y de unas obligaciones comunes que vienen fijados por las normas que les atañen y por las decisiones que en cada momento adopten sus órganos de decisión, las Instituciones comunitarias.

Una de las piezas angulares de la construcción europea la constituye el ‘Pacto de Estabilidad y Crecimiento’ modificado por el posterior ‘Pacto Fiscal Europeo’ que obliga a los países firmantes a observar una convenida disciplina fiscal. Esta disciplina requiere de los Estados miembros que implementen una política fiscal congruente con el mantenimiento del país dentro del doble límite del déficit presupuestario (3% del PIB) y de la deuda soberana emitida(60% del PIB). Sin entrar en el debate de fondo acerca de si estos límites están o no suficientemente justificados, la razón básica de la disciplina pactada reside en el alto potencial de contagio y de efectos secundarios de las políticas fiscales en un área monetaria común. Por otra parte solo aquellos países que hayan traspuesto a sus

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legislaciones nacionales estas normas antes del 1 de marzo de 2013 son elegibles para ayudas del Fondo de Rescate Europeo. El Congreso de los Diputados ratificó en España estas normas el 21 de Junio de 2012.

Como consecuencia de la crisis, España registró en 2009 un déficit fiscal del 11,12% del PIB, dramáticamente excepcional por las circunstancias que lo originaron y que en mayor o menor medida han afectado en sus propias carnes a todos los integrantes de la sociedad española. Las razones básicas de este tsunami financiero hay que buscarlas en las dos columnas que constituyen los presupuestos generales del Estado: los ingresos y los gastos.

Con la crisis y el incremento espectacular del paro y de la actividad económica, los ingresos fiscales se colapsaron cayendo del 42% del PIB a poco más del 35% entre 2008 y 2009. No vale en consecuencia censurar, sin más matices, la menor presión fiscal que acompaña hoy a la coyuntura española. Por el contrario, la necesaria activación de los esquema de protección social dispararon el gasto publico mas allá de los niveles registrados en tiempos de normalidad.

Como es lógico los parámetros de Pacto europeo de estabilidad, reducidos a añicos por la crisis, debían activar un componente de flexibilidad y considerar la amplitud del ciclo autorizando situaciones transitorias. España ha obtenido al menos en dos ocasiones rebajas sobre los calendarios de acercamiento al equilibrio pactados con Bruselas. En esas estamos, pero el fin del camino no se acierta a entrever ni resulta gratificante.

Inmersos en una dinámica de paro y desolación, los gastos totales se dispararon hasta el 48% del PIB en 2011 para situarse a finales de 2013 en el 45,3% del PIB que contrastan con las cifras de 2008 cercanas al 38%. Los ingresos se sitúan a niveles del año 1996 (38,6% del PIB), que se comparan pésimamente con la recaudación alcanzada en 2007 (41,5% del PIB).

La nueva senda de consolidación fiscal pactada con Bruselas deberá reducir el déficit público del 6,6% del PIB registrado en 2013 al 5,5% en 2014. El esfuerzo debe seguir en los próximos años alcanzando el 4,2% en 2015, el 2,8% en 2016 y del 1,1% del PIB en 2017. Ya se puede avanzar que esta optimista cadencia suscita las dudas de la Comisión Europea acerca de su cumplimiento.

El marco descrito sienta las bases para, al menos, dos comentarios inmediatos.

En primer lugar, las cifras presentadas no permiten atribuir con claridad el esfuerzo del ajuste a un recorte del gasto, a un incremento de los ingresos, o a la combinación de ambos factores. De forma superficial, entre 2009 y la fecha actual cabe vaticinar que

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los casi cuatro puntos de crecimiento de los ingresos fiscales se han complementado con otros dos de disminución del gasto, hasta totalizar los seis puntos de reducción del déficit. El Gobierno prevé que en 2017 los ingresos se sitúen en el 39% del PIB y el gasto público descienda al 40,1%.

Ello nos lleva a la segunda consideración y es que según las previsiones de la Comisión Europea, la evolución de la deuda pública española reviste tintes claramente pesimistas. Los técnicos del Organismo estiman que el monto de deuda soberana rebasará el 103% del PIB a finales de 2015. Salvo un impensable tirón de la demanda que propulse la producción española a tasas del 3 o el 4%, el déficit en curso, el crecimiento de la deuda y la negativa percepción de los mercados podrían conducir a episodios parecidos a los de junio de 2012. Y dicho sea de paso, la lista de impagos exteriores (‘default’) de España no es pequeña: hasta 14 veces desde 1557.  Nos queda el consuelo de algunos visionarios recientemente catapultados al estrellato político, que contraponen a este peligro latente el repudio de la deuda soberana, sin más. Plumazo y tente tieso. No hay peligro. El edificio derruido se reconstruye solo.

La última reflexión posible surge del hecho de que Europa –y de momento España se incluye en ella- cuenta con el 7% de la población mundial pero sufraga el 50% del gasto social planetario. Y la raíz de la actual parálisis europea, incluida la de España, reside en el hecho de que los modernos estados del bienestar están construidos sobre el supuesto de que los gobiernos disponen de una capacidad ilimitada de endeudamiento para financiarlo. En algunos casos esta magnífica falacia puede sostenerse algún tiempo a través de las devaluaciones monetarias. Pero en la eurozona esto no es posible. Se sustituyen por las devaluaciones internas, heroicas, cruentas y a largo plazo inviables.

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