TRABAJO Participacion Ciudadana
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MISIÓN SUCRE – UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO ESTUDIOS JURÍDICOS LOS ROBLES – ESTADO NUEVA ESPARTA PARTICIPACION CIUDADANA Estudiantes del IV Semestre de Estudios Jurídicos Aldea “José Augusto de León” Sección Única Grupo Nº 02
Transcript of TRABAJO Participacion Ciudadana
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
MISIÓN SUCRE – UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO ESTUDIOS JURÍDICOS
LOS ROBLES – ESTADO NUEVA ESPARTA
PARTICIPACION CIUDADANA
Estudiantes del IV Semestre de Estudios Jurídicos
Aldea “José Augusto de León”
Sección Única Grupo Nº 02
INTEGRANTES:
ERLYNS CHARRIZ CI: 15.838.826
NADIRA GUILIANY CI: 5.336.821
YALEIDIS MARCANO CI: 15.318.913
YORKMAN RINCON CI: 11.539.409
INTRODUCCIÓN
Los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los asuntos
públicos. Es obligación del estado y deber de la sociedad facilitar las
condiciones favorables para su práctica. La discusión del significado de
participación ciudadana, está iniciándose con más poder en nuestro país
hoy día. Los concejos comunales son instancias de participación, articulación
e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales
y los ciudadanos y ciudadanas que permiten al pueblo organizado ejercer
directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos para responder
las necesidades de las comunidades.
El sufragio es un derecho que ejercemos los ciudadanos a través del
voto. Cualquier democracia emergente debe escoger o heredar un sistema
electoral para integrar su gobierno.
El reconocimiento del derecho al voto es uno de los aspectos del
sistema electoral sobre los que se pronuncian prácticamente todas las
Constituciones, en la medida en que forma parte esencial de la definición del
contenido de la ciudadanía. Dentro de ésta, la inmensa mayoría de aquellas
se pronuncia sobre la edad requerida. Se trata del derecho político esencial,
cuya extensión ha ido unida, a la democracia representativa.
En el presente trabajo revelaremos estos puntos de una forma clara,
sencilla y practica para un mejor entendimiento.
Principio de Participación Ciudadana, definición.
Se denomina así a la integración de la ciudadanía en el proceso de
adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, autonomía o país. O
dicho de otro modo, para que una ciudad o un país modernos proporcionen
los mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con
gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos
y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la
gestión de los asuntos públicos. Eso es Participación Ciudadana: la
imprescindible participación de todos los hombres y mujeres que quieran
implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista,
inquietudes y soluciones.
La Participación Ciudadana es el acto de, siendo un ciudadano,
intervenir en la vida pública y privada del país en el ámbito público deriva de
una contradicción entre poderes. Se plantea en la medida en que existe un
Poder (Estado, Administración Pública) y un no poder (ciudadanos) que
quiere participar, es decir “tomar parte” o ejercer algún aspecto de ese poder
y, en definitiva, tener más poder (ya sea mediante la información, el control,
la participación en la gestión, etc.). Participar es eso: tomar parte en algo en
que hay diferentes partes, “ser partícipe de Si
(administración/administrados,...) la relación dependerá del poder que tenga
cada parte. Si el poder de unos es total y el de los otros casi nulo, la
participación será muy difícil. Algo que se "otorga graciosamente" por los que
ostentan el poder. En definitiva, un sistema es más democrático en la medida
en que los ciudadanos tienen, individual y colectivamente, verdadero poder
como tales, no son meros súbditos y son, por lo tanto, más sujetos.
El objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos no es otro, por tanto, que darle contenido y ampliar la
democracia (recordemos que democracia significa "gobierno del pueblo"),
avanzando en lo que se conoce como "democracia participativa". En
contraposición, cuando en un país sólo se practican algunas de las libertades
básicas (voto cada cuatro años, libertad de expresión,...) podemos hablar de
"democracia formal". En las sociedades complejas la participación persigue
que los habitantes de un lugar sean más sujetos sociales, con más
capacidad para transformar el medio en que viven y de control sobre sus
órganos políticos, económicos y administrativos.
La participación ciudadana en la CRBV (principios y mecanismos)
I. Principios
1. Principios de la participación
Preámbulo CRBV: "... con el fin supremo de refundar la República para
establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica..."
Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de
sus representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la
gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que
garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es
obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las
condiciones más favorables para su práctica.
Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su
lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y
garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
2. La participación como principio
Definición del Gobierno: Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será
siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo,
responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Principios que deben regir el gobierno del Distrito Capital: Artículo 18. (...)
Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de
Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los
Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda.
Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración,
competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la
ciudad. En todo caso la ley garantizará el carácter democrático y
participativo de su gobierno.
Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá
la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter
intersectorial, descentralizado y participativo (...).
Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social (...) El Estado
tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un
sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario,
unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas.
Artículo 102. La educación es un derecho humano (...) La educación es un
servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del
pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser
humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática
basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa,
consciente y solidaria en los procesos de transformación social...
Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así
como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y
participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras
formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de
actividad económica, de conformidad con la ley.
Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del
territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas,
poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las
premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y
participación ciudadana.
Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad,
participación...
Artículo 171. Cuando dos o más Municipios pertenecientes a una misma
entidad federal tengan relaciones económicas, sociales y físicas que den al
conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como
distritos metropolitanos. La ley orgánica que al efecto se dicte garantizará el
carácter democrático y participativo del gobierno metropolitano...
Artículo 173. El Municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones
que determine la ley. (...). Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o
comunitaria, con el objeto de proveer a la desconcentración de la
administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor
prestación de los servicios públicos.
Artículo 294. Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de
independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria,
despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y
participación ciudadana; ...
Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de
Venezuela.... El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el
desarrollo armónico de la economía nacional... garantizando la seguridad
jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del
crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la
riqueza mediante una planificación estratégica democrática
participativa y de consulta abierta.
Artículo 211. La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante
el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes,
consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y
ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los
mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes... los o las
representantes de la sociedad organizada, en los términos que establezca
el Reglamento de la Asamblea Nacional.
II. Mecanismos
1. Reconocimiento de la participación como derecho
Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de
sus representantes elegidos o elegidas.
Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones
libres, universales, directas y secretas.
Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus
representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre
su gestión, de acuerdo con el programa presentado.
Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de
asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de
organización, funcionamiento y dirección. ...
Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con
fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales
postulando candidatos o candidatas.
Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y
comunidades indígenas, ... Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la
participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho
a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables,
imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo
establecido en esta Constitución y en la ley.
Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover
sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad
y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación
en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos
indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar
en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de
capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus
actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable.
Artículo 125. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación
política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea
Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales
con población indígena, conforme a la ley.
2. Responsabilidades del Estado en las que se plantea la co-
responsabilidad ciudadana / participación como deber
Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado
a través de los órganos de seguridad ciudadana ...
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas
destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de
emergencias será regulada por una ley especial.(...)
Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de
sus representantes elegidos o elegidas. (...) Es obligación del Estado y deber
de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables
para su práctica.
Artículo 79. Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser
sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación
solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular
su tránsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la
capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley.
Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno
ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación
solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su
dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los
beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida...
Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene
derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración
familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las
familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, ...
Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del
Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida... Todas las
personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de
participar activamente en su promoción y defensa.
Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá
la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter
intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de
seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad,
integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público
nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención
de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de
calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y
no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y
el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación,
ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de
salud.
Artículo 102. La educación es un derecho humano (...) El Estado, con la
participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de
educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta
Constitución y en la ley.
Artículo 127. ... El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los
recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y
monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica...
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la
sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre
de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima,
la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de
conformidad con la ley. (Capítulo indígenas - ¿solo ellos?)
Artículo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades
sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria
del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como
fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.
Debe colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución:
Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de
observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro
medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano
investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de
colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
3. Espacios/instancias en los que se plantea la participación
Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en
ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el
referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas
legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea
de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter
vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de
atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas
sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la
empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de
la mutua cooperación y la solidaridad.
Sección Segunda: Del Referendo Popular
Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser
sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta
de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea
Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a
solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y
electoras inscritos en el registro civil y electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de
especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le
corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo
Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al
Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un
número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la
circunscripción correspondiente, que lo soliciten.
Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son
revocables.
Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o
funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o
electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la
convocatoria de un referendo para revocar su mandato.
Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en
discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las
dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo
concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco
por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro
civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley.
Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren
comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos
supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del
Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto
de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el
quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas en el
registro civil y electoral.
Artículo 74. Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o
parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de
un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras
inscritos e inscritas en el registro civil y electoral o por el Presidente o
Presidenta de la República en Consejo de Ministros.
También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos
con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso
de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta
Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco
por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro
civil y electoral.
Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la
concurrencia de, por lo menos, el cuarenta por ciento de los electores y
electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de
presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito
público ni las de amnistía, ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen
los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.
En los órganos del Poder Público
A niveles local y municipal Artículo 168. ... Las actuaciones del Municipio en
el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación
ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al
control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y
oportuna, conforme a la ley.
Artículo 178. Son de la competencia del Municipio: ..., la promoción de la
participación, y el mejoramiento, (...)
Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
(...)
4.Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su
competencia. (...)
Artículo 182. Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido
por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los
Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de
organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de
conformidad con las disposiciones que establezca la ley.
Artículo 185. El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la
planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del
proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder
Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras,
los gobernadores o gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada Estado y
representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley.
En el sistema de Justicia (art. 253) Artículo 255. ... La ley garantizará la
participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación
de los jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o
suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente
previstos en la ley.
Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco
personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o
ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por
las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades
nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano.
En la selección de jueces, jueces de paz y magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia (arts.255 y 264) Artículo 270. El Comité de Postulaciones
Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de
los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal
Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales
judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción
disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por
representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad
con lo que establezca la ley.
Artículo 279. El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de
Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará
integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad;
adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por
cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la
consideración de la Asamblea Nacional.
Artículo 295. El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o
candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral, estará integrado
por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de
conformidad con lo que establezca la ley.
Artículo 341. Las enmiendas a la Constitución se tramitarán en la forma
siguiente:
1.La iniciativa podrá partir del quince por ciento de los ciudadanos
inscritos y ciudadanas inscritas ....
Artículo 342. La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisión
parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas
que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto
Constitucional.
La iniciativa de la Reforma de esta Constitución podrá tomarla la Asamblea
Nacional mediante... un número no menor del quince por ciento de los
electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral que
lo soliciten.
Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder
constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una
Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado,
crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional
Constituyente podrán tomarla (...) el quince por ciento de los electores
inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral.
4. Cualificación de la participación (en qué etapas del proceso se
participa)
Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de
sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la
formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio
necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo,
tanto individual como colectivo.
Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá
la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter
intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de
seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad,
integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público
nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención
de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de
calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y
no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y
el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación,
ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de
salud.
Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover
sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad
y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación
en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos
indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar
en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de
capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus
actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable.
Artículo 168. ... Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus
competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al
proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y
evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna,
conforme a la ley.
Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los
Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y
grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa
demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1.La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda,
deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas
industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y
protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos.
A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán
orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación
y corresponsabilidad.
2.La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a
través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales,
en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades
estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos
planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de
obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
3.La participación en los procesos económicos estimulando las
expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro,
mutuales y otras formas asociativas.
4.La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la
gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y
cogestionarios.
5.La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las
parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de
garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los
gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y
cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos
estadales y municipales.
6.La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a
los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.
En el sistema de Justicia (art. 253) Artículo 255. ... La ley garantizará la
participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación
de los jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o
suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente
previstos en la ley.
Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco
personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o
ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por
las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades
nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano.
En la selección de jueces, jueces de paz y magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia (arts.255 y 264) Artículo 270. El Comité de Postulaciones
Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de
los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal
Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales
judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción
disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por
representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad
con lo que establezca la ley.
Artículo 279. El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de
Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará
integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad;
adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por
cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la
consideración de la Asamblea Nacional.
Artículo 295. El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o
candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral, estará integrado
por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de
conformidad con lo que establezca la ley.
Implicaciones socio políticas.
Algunas implicaciones socio-políticas debemos analizar en gran parte,
el sistema de desarrollo de la democracia en el país políticas y sociales
que se medirán electoralmente. Para la democracia por el hecho que la
elección directa de los representantes a los cargos populares, coloca a los
ciudadanos en la disyuntiva de emular en lo inmediato esa acción. No
hacerlo reflejaría una resistencia a la profundización de la democracia y lo
sometería de nuevo a la volatilidad en la que se han visto inmersos para
concretar Las candidaturas unitarias en los diversos estados del país .El
gran reto de la democracia en Venezuela, está relacionado con la
consolidación en este proceso de repolitización de la sociedad discurriendo
entre el resurgir de los partidos o la maduración del carácter de la sociedad
organizada. Las fuerzas políticas y sociales deben realizar una escogencia,
qué esté marcada entre la coexistencia reciproca tolerante o la permanente
confrontación. Es obligatorio restituir los cauces institucionales provistos
tanto por las organizaciones políticas como por la misma actividad
participante de los ciudadanos. Es necesario debatir acerca de la oferta
electoral de los candidatos. Reflexionando sobre las implicaciones del
modelo socio- político establecido en la constitución de la república del 1999,
no podemos tener una constitución hecha a la medida del gusto de cada uno
de nosotros. La constitución es una estructura normativa que refleja
relaciones de poder y una dinámica socio- política moderna. La Venezuela
posible tiene que desarrollar una nueva identidad de país a nivel nacional e
internacional. Una identidad fundamentada en valores ciudadanos y
compatible con la necesidad de multiplicar sostenidamente y a lo largo del
tiempo las exportaciones no tradicionales, de transformarse en un país
turístico, consolidarse como plataforma regional negocios y de atraer la re-
emigración de los talentos que partieron en la última década. Es necesario
sentar los fundamentos legales y operativos para aumentar la inversión
privada nacional e internacional, proteger la seguridad de las personas y su
calidad de vida.
Sistema Electoral proporcional. Consecuencias políticas.
En el sistema electoral proporcional, el número de diputados que
obtiene un partido trata de ser lo más parecido posible al número de votos
obtenidos. Esto es: si un partido obtiene el 20% de los votos, obtiene
aproximadamente el 20% de los escaños. En casi ningún país, que yo sepa,
se utiliza un sistema proporcional puro, sino modificaciones del mismo para
hacer más fácil obtener mayorías.
En un sistema electoral mayoritario, el país suele estar dividido en
distritos electorales, en cada uno de los cuales se eligen representantes. El
partido o candidato más votado es el elegido y los demás no obtienen
representación alguna. Ambos tienen ventajas e inconvenientes. El sistema
proporcional parece, a priori, mejor ya que intenta reflejar el resultado de las
elecciones y trata de reproducir mejor la voluntad del pueblo. El sistema
mayoritario tiene la ventaja de que la opción más votada es la ganadora
siempre. No hay riesgos de que minorías chantajeen a las mayorías para que
alguien pueda gobernar. La principal desventaja de este sistema es que una
parte de la población se queda fuera del sistema, porque las opciones
minoritarias no tienen posibilidades de gobernar ni de influir. Esto hace que
este sistema tienda fuertemente al bipartidismo.
Principio mayoritario.
El concepto de la mayoría implica la existencia de una minoría. La
mayoría es legítima, porque es resultado de un proceso previo de libre
discusión de las ideas, y en el que la minoría tuvo todas oportunidades para
exponer sus planteamientos. Para la minoría la decisión de la mayoría no le
resulta, puesto que la impugnó en el debate, y es ese debate, esa libre
discusión, que ha debido necesariamente tener un término por el imperativo
de gobernar, lo que hace respetable la decisión mayoritaria.
Sufragio. Definición. (Modalidades, censatario, libre, universal, directo,
voto y secreto).
El voto o sufragio es un acto cívico mediante el cual el pueblo,
constituido en cuerpo electoral, expresa su voluntad política con distintas
finalidades: elegir gobernantes o decidir sobre un asunto de interés
general. Constituye el medio esencial del ejercicio del principio de la
soberanía popular, eje del funcionamiento de una democracia representativa
o indirecta.
En una democracia representativa el pueblo, siendo titular de la
soberanía, deposita su ejercicio en los mandatarios que elige a través del
sufragio, en actos eleccionarios periódicos y a intervalos regulares. La
esencia de esta forma de gobierno es la elección popular de las autoridades.
Naturaleza Jurídica del Voto.
En cuanto a su naturaleza jurídica, el voto constituye primordialmente
una función política- vinculada al Estado y al poder -de los ciudadanos de un
país, fundamental para la constitución de los órganos del Estado y el
funcionamiento de sus instituciones. Dicha función es pública porque se
orienta al bien común, pero “no estatal” al ser ejercida por las personas en
nombre propio o a título individual.
El voto es, asimismo, un derecho- positivo -, entendiendo por tal las
facultades o atribuciones reconocidas a los habitantes de un Estado y,
siguiendo la tradicional clasificación de los mismos, uno de tipo político. Dado
que la posesión de un derecho implica siempre un deber, el voto es también
una obligación del ciudadano con derecho electoral activo para la formación
de los órganos de poder.
Los derechos políticos son aquellos derechos humanos
fundamentales que se refieren a la participación del hombre en la
organización política del Estado o cosa pública y en la vida interna de los
partidos políticos, incluyendo el derecho de elegir y ser elegido. Por lo tanto,
los derechos políticos incluyen al de sufragar, pero no se agotan en el voto
para la elección de autoridades, abarcando también la capacidad popular de
decidir acerca de cuestiones de interés público mediante mecanismos tales
como plebiscitos, referéndums, iniciativa popular de proyectos de ley, así
como la de constituir o afiliarse a partidos políticos.
MEDIOS DE ESCRUTINIOS
I. Concepto
La definición del concepto de escrutinio resulta ciertamente problemática.
La mayoría de los autores coincide al sostener que el escrutinio consiste en
el recuento de los votos; sin embargo, se le suelen adicionar calificativos
tales como: «medio para determinar el resultado de las elecciones»;
«conjunto de actos electorales que regulan el resultado de las elecciones»;
«calificación del sufragio», etc.
En realidad, el escrutinio consiste en una contabilización de los elementos
que se relacionan directamente con la emisión del voto, el cual se lleva a
cabo en diversas instancias o etapas. La primera se realiza en las mesas
receptoras del voto, llevándose a cabo las subsecuentes etapas en órganos
electorales de mayor jerarquía y cuya competencia se extiende a
dimensiones territoriales más amplias que las etapas inferiores.
El proceso que se lleva a cabo en la etapa electoral del escrutinio no
solamente incluye un simple recuento de votos emitidos –el que sin duda es
el recuento más importante–, sino también el referido al número
de electores que votó en cada casilla, al número de los votos emitidos a favor
de cada uno de los partidos o candidatos, al número de votos blancos y
anulados, así como al número de las boletas sobrantes de cada elección,
etc.
Es importante observar que la labor de contabilización
de votos necesariamente implica una valoración previa de los mismos, toda
vez que se deben diferenciar cuáles de ellos son capaces de producir efectos
jurídico-políticos plenos, efectos jurídico-políticos relativos y aquellos que no
son capaces de producir efecto jurídico alguno. En este sentido la
cuantificación de votos que se lleva a cabo mediante el escrutinio supone
una calificación y valoración jurídico-política de los mismos, cuyo resultado
deberá producir efectos vinculantes para el destino de la elección. La simple
contabilización de los votos sin su valoración no sería posible en el proceso
escrutador, ni podría producir el resultado que por su naturaleza debe
producir, es decir, el cálculo aritmético sobre el sentido en que se ha
expresado la voluntad ciudadana y la vinculación a ésta de determinados
efectos jurídico-políticos.
Existe cierta confusión en el uso de los términos «cómputo» y
«escrutinio», a los que, en algunas ocasiones, se les considera sinónimos.
En nuestra opinión y de acuerdo a lo expresado anteriormente, el concepto
de «cómputo» sería más restringido que el de escrutinio, pues en tanto que
el cómputo se restringe a la simple labor cuantificadora, el escrutinio se
refiere además a una labor calificadora. Es decir, a todo el conjunto de actos
mediante los cuales se contabiliza, se valora y califica el voto y se derivan
sus consecuencias jurídico-políticas.
Los escrutinios constituyen la fase final del proceso electoral, con la cual
se concluye un complejo conjunto de actividades interrelacionadas, tanto de
carácter institucional-formales como técnico-administrativas. Estas
actividades se llevan a cabo con base en diversas normas legales que tienen
como finalidad primordial determinar el sentido en que se ha manifestado la
voluntad del cuerpo electoral, emitida en el ejercicio del derecho de sufragio.
Consecuencias Socio Políticas
El artículo básicamente comienza por establecer el marco bajo el cual
se inició y se dio la máxima expresión de la crisis venezolana, ésta sección
titulada LOS SEGUNDOS GOBIERNOS DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ Y
RAFAEL CALDERA, nos habla sobre el dramático quinquenio 1989-1993,
durante el cual se llevaron a cabo una gran cantidad de eventos críticos o
especiales que son enunciados cronológicamente en el artículo.
1989: El severo programa de ajuste económico.
27-28 de febrero de 1989: El estallido social.
1989 y 1992: Primeras elecciones directas para alcaldes y gobernadores y
el Cambio de reglas electorales.
Febrero y noviembre de 1992: 2 intentos de golpe de Estado.
1992: Intento de reforma general de la Constitución.
20 de mayo de 1993: Suspensión de las funciones del presidente Pérez
por parte de la Corte Suprema de Justicia y posterior enjuiciamiento.
Presidencia Provisional de Ramón José Velázquez.
Diciembre de 1993: Ruptura de la dinámica bipartidista y altos índices de
abstención en las elecciones nacionales.
1994-1995: Caldera enfrentó dificultades económicas (Crisis financiera:
Las sucesivas quiebras e intervenciones bancarias).
Junio 1994: Cierre del mercado cambiario y establecimiento de un
régimen de control de precios y cambios diferenciales. Suspensión de las
garantías constitucionales lo cual causó enfrentamientos en el congreso.
Finalmente las dificultades económicas llevaron al gobierno de
Caldera a aceptar las tan criticadas (por él mismo) condiciones del Fondo
Monetario Internacional. De éste segmento se concluye que las graves
situaciones y dificultades vividas recaen por un lado sobre las decisiones
adoptadas por el liderazgo de estos lapsos y también a la sucesiva gestación
con anterioridad de la crisis desde las modificaciones de las condiciones
básicas de sustentación del orden democrático establecido en 1958.
El artículo dentro de la sección titulada LA CRISIS DEL MODELO
SOCIOPOLÍTICO continua indicando que la crisis del modelo rentista se
inició en los años 80, donde el deterioro de las expectativas de bienestar
colectivo; y la pérdida de legitimidad y confianza en las principales
organizaciones partidistas y de otro tipo, junto con las decisiones de los
gobiernos anteriormente mencionadas generaron desajustes severos e
hicieron imposible el estable orden democrático venezolano.
REGLAS DEJUEGO, ACTORES Y PROCESOS DEL SISTEMA POLÍTICO
VENEZOLANO
En este segmento del artículo se presentan algunos rasgos generales
del sistema político propuestos en los años 40 y ratificadas en 1958 con
algunas modificaciones, el cual funcionó desde 1958 hasta 1989. La mayor
parte de este proyecto sociopolítico de largo alcance quedó plasmado en la
constitución de 1961 y se manejó bajo los siguientes principios:
Centralidad del Estado: Fue la idea que modeló a la sociedad venezolana
y definió los principales rasgos de nuestro desarrollo socio económico. La
renta petrolera era el factor dinamizador de la economía. Se organizó un
Estado central, interventor, regulador, proteccionista y una continua fuente de
subsidios, lo cual al final lo señaló como único responsable del desastre y el
sector privado poseía un papel subsidiario.
Pluralismo Político: Consagrado en la constitución de 1947, existió la
ampliación y respeto de los derechos políticos de los ciudadanos y de
manera crucial las garantías a las reglas de funcionamiento de los
partidos políticos (Canales legítimos de agregación y representación de
intereses societales, además de ser agentes privilegiados de mediación
entre el estado y la Sociedad). Se garantizó la plena vigencia de la
competencia político - electoral.
También se consolidó un arreglo al modelo democrático (El Sistema
Populista de Conciliación de Elites) que:
Se basó en el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de
intereses sociales, económicos y políticos.
Dependía de la presencia y adecuada interacción de tres factores
fundamentales que hicieron posible la conciliación de sectores heterogéneos
y dio paso a un complejo estilo de negociación y acomodación de intereses,
estos factores eran:
2.1: La abundancia relativa de recursos económicos provenientes de la renta
petrolera.
2.2: La capacidad de las organizaciones políticas (partidos y grupos de
presión) y de su liderazgo para agregar, canalizar y representar esas
demandas ante el Estado y de este modo atender a las demandas de dichos
grupos y sectores heterogéneos asegurando la confianza de los
representados en los mecanismos de la democracia.
2.3: Un niel relativamente bajo y relativa simplicidad de tales demandas.
Sustituyó o complementó la regla de la mayoría como criterio absoluto
para la toma de decisiones por la regla de la unanimidad, a fin de incluir los
intereses de los sectores minoritarios pero poderosos, con capacidad de
vetar decisiones o amenazar la estabilidad del sistema.
No obstante, aunque la estabilidad política, el consenso interelites, la
aproximación pragmática a las decisiones políticas y la confianza de la
población fueron los principales modelos de éste modelo, la crisis fiscal, la
desigualdad socioeconómica, el centralismo, el clientelismo, la partidización
de instituciones y decisiones, la ineficiencia en el uso de los recursos, la
corrupción administrativa también resultaron como consecuencia de la
operación de éste modelo.
Lo que constituye la segunda parte del artículo denominada CRISIS
DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO examina la crisis que se centra en
las limitaciones del Sistema Populista de Conciliación de Elites y a su vez se
subdivide en:
Crisis del Modelo Rentista: En esta parte del artículo, se explica como se
dio la crisis del modelo que dominó el rumbo del país, el capitalismo rentista,
que dependió directamente de la dinámica y explotación de la industria
petrolera y fue el eje de la economía (fuente de renta internacional para el
Estado) y de la sociedad como actividad productiva (Incorpora trabajo,
tecnologías, equipos y maquinarias, genera empleos y demanda bienes y
servicios producidos por el país). Dentro de dicho sistema contábamos con
un Estado que poseía dotes liberales (orden interno, justicia, soberanía
nacional) e igualmente características del estado de bienestar (Educación,
salud e inversión en infraestructura). Representó un Estado hiperactivo,
realizando actividades poco usuales (Productos lácteos, gerencia de hoteles,
líneas aéreas, etc.) que finalmente sólo llego a ser una fuente de ineficiencia
y corrupción al igual que la administración descentralizada.
Los mecanismos que el Estado utilizó para transmitir la renta
petrolera, sin mediar las consideraciones de las prioridades, costos y
oportunidades, al conjunto de la sociedad y para incidir en el modelado de la
misma fueron: La distribución del ingreso fiscal a través del gasto público
(Sueldos y salarios o gasto corriente), la inversión pública, préstamos,
subsidios que financiaron costosos “compromisos” o lastres políticos,
sociales y económicos para el desempeño de la función pública,
sobrevaluación del Bolívar (Adquisición de insumos y bienes,
Industrialización) y finalmente bajos impuesto internos.
La administración descentralizada se amoldó a la tarea de satisfacer
diversos intereses socioeconómicos e incluir sectores específicos en la
formulación de la política pública, creando un sistema semicorporativo de
toma de decisiones, un sistema rígido que siempre seguía la rutina de buscar
dispositivos de consulta multilateral (C.T.V., Fedecámaras y funcionarios del
gobierno central) para formular políticas públicas.
Sin embargo, luego de la nacionalización del petróleo se verificó un
progresivo predominio de la dimensión rentística que produjo el colapso de la
misma en los años 80 como fuente exclusiva de sostén del crecimiento
económico, debido a la inestabilidad y tendencia al decrecimiento de los
precios en el mercado petrolero, también el incremento y complejización de
los compromisos económicos y sociales del Estado venezolano y el
crecimiento de la población y de sus necesidades. Todo esto produjo que
una reducción en las capacidades del estado para atender diversas
demandas sociales y para expandirse hacia nuevos ámbitos.
Las consecuencias de dicha dinámica económica, sociopolítica,
cultural e institucional en el país han sido profundas, contradictorias, variadas
y han tocado a toda la sociedad venezolana; desde el amoldamiento del
Estado al método a incluir significativamente consideraciones de eficiencia y
productividad en la asignación de los recursos. A su vez, de parte de éste
modelo vemos que existió una continua y creciente limitación proveniente del
principio de distribución de la riqueza y no en su creación que aunque
transmitió a la sociedad niveles aceptables o altos y constantes de bienestar
y desarrollo socioeconómico al bajar la renta petrolera la incapacidad del
estado para atender las demandas de los diversos sectores sociales
modificaron los supuestos del modelo sociopolítico, y en consecuencia, las
reglas que lo rigen y las relaciones entre los actores. La sociedad venezolana
se encuentra obligada a aceptar las ganancias de unos como las pérdidas de
otros o simplemente repartir las pérdidas, lo cual hace cada vez más difícil
asegurar la armonía social y política a través del ingreso petrolero y la
mediación del Estado. Desde el último gobierno del Presidente Pérez y a raíz
de la crisis del modelo rentista se ha puesto en lenta y conflictiva marcha una
serie procesos de reestructuración del sector público en todos los ámbitos,
este programa busca redefinir nuevos lineamientos, prioridades, mecanismos
y reglas de acción estatal al formular políticas públicas.
Crisis del Modelo Socioeconómico y de las expectativas sociales:
Este segmento plantea que inicialmente la democracia en Venezuela
se dio en una situación de precariedad institucional y de carencia de
prácticas y hábitos pluralistas, por eso gran parte de su apoyo se desarrolló
en forma de mecanismos utilitarios de integración al régimen político como
fórmula para generara respaldo al mismo y crecimiento socioeconómico a la
población, generándose así una cerrada correspondencia entre la
democracia política y el bienestar social y económico. Se argumentaba que
al democratizar los canales de acceso al Estado se democratizarían las
políticas económicas y sociales a través de abundantes recursos fiscales,
además se pensaba que en la medida que la democracia fuera capaz de
demostrar su superioridad al generar mayor riqueza social y bienestar a la
población sería preferido y más confiable ante opciones autoritarias. No
obstante éste carácter utilitario debería transformarse una vez demostradas
las ventajas de la democracia.
El Estado desempeñó un gran papel en el diseño y puesta en práctica
de políticas sociales que antes de buscar la eficiencia en el uso de los
recursos buscaba generar adhesión al modelo socioeconómico, su
legitimidad, actores y procesos claves. A su vez las políticas sociales aunque
ofrecidas en el ámbito desigual en magnitud, cobertura y calidad, y
manteniendo las brechas entre los sectores hicieron que se elevaran los
niveles de vida y socioeconómicos de los grupos más pobres. Se generaron
modificaciones de status en sentido positivo y ampliaciones de las
expectativas acerca de la potencialidad del modelo socioeconómico y su
marcha hacia el bienestar colectivo.
Sin embargo al combinarse la reducción en los recursos fiscales,
ajustes en el mercado, ineficiencias en el uso de voluminosos recursos y el
uso de la política social a favor sólo de y gremios en los años 80 hizo que
durante los años 90 derivaran en estancamientos y/o decrecimientos en los
principales indicadores socioeconómicos y sociobiológicos (Pobreza)
fundamentales de la población. Finalmente se demostraron las fragilidades y
limitaciones de los mecanismos y modelos utilizados por el Estado para
transmitir y asegurar eficazmente recursos a la sociedad y niveles adecuados
de bienestar al pueblo y luego la vulnerabilidad del vínculo entre las
condiciones socioeconómicas y la integración sociopolítica.
En fin, aún cuándo el declive se hizo evidente durante los años 80, los
gobiernos de la época no emprendieron programas serios y sistemáticos de
ajuste económico, y la población seguía respaldando y confiando en la
democracia y sus principales gestores (AD y COPEI). Sin embargo, cuándo
el presidente Pérez planteó el programa de ajuste y sus modificaciones a la
política social, el deterioro acumulado en las condiciones de vida de la
población gestó una poderosa desafección respecto a la democracia,
provocando los estallidos sociales e intentos de golpe de estado que ya
conocemos, lo cual fue una gran señal de peligro para la estabilidad
democrática. En conclusión aunque las relaciones entre la economía y la
política no son lineales ni inmediatas, estas existen y se encuentran
estrechamente unidas de modo que lo que afecta a una afecta a la otra por
eso el decaimiento económico afecta tan seriamente la creencia democrática
de una nación.
Crisis del de representación y de legitimidad: Se trata de una situación en
que las viejas organizaciones e instituciones han perdido su arraigo popular,
su atractivo ideológico, su capacidad para satisfacer las necesidades de la
población y especialmente su credibilidad y confianza.
El funcionamiento de la democracia “hiper organizada” en Venezuela
se dio a través del sistema de partidos (A.D. y C.O.P.E.I.) y también estuvo
conformado por un número de organizaciones confiables (Fedecámaras,
C.T.V., La iglesia, las Fuerzas Armadas y otras organizaciones sociales o
gremiales), se caracterizó por su habilidad para agregar, canalizar y
representar los intereses de diversos sectores de la población, al tiempo que
se convirtió en los principales canales de vinculación entre el Estado y la
sociedad, en los agentes de socialización de la población en los valores y
prácticas democráticas, en las agencias de reclutamiento de funcionarios y
autoridades públicas, y en las organizaciones de articulación y
representación de intereses sociales. Sin embargo, el grado predominante
que alcanzó éste sistema al intervenir en las decisiones estatales y sus
degeneraciones (partidocracia, corrupción, pragmatismo, clientelismo, etc.),
lograron un caso extremo de monopolización partidista de las funciones de
representación y participación en la política que terminó por constreñir a la
sociedad civil venezolana, la disciplina partidista limitó la capacidad de los
elegidos para responder directamente a las demandas del electorado y
oligopolizó el juego político. Finalmente, al proliferar los escándalos por
hechos de corrupción administrativa donde se involucraban ampliamente los
miembros de los partidos, junto a la crisis económica que se presentó en los
años 80 hizo que la población cuestionara la capacidad e idoneidad de los
partidos políticos como gestores públicos, aún luego de la formación del
COPRE para subsanar algunas de las deficiencias señaladas, los esfuerzos
reformistas no fueron suficientemente contundentes como para convencer a
la población de las bondades de sistema de partidos vigente, ni de las
innovaciones puestas en marcha. Éste fenómeno se puede comprobar en los
resultados de las diversas encuestas de opinión sobre los partidos y en el
comportamiento electoral con los altos porcentajes de abstención en las
distintas elecciones que se realizaron el país durante los años 90.
El debilitamiento de la dinámica bipartidista ha promovido el
surgimiento y crecimiento de otras opciones partidistas (Causa R,
Convergencia, MÁS), la redefinición de las relaciones inter e intra partidistas,
el surgimiento de diferentes formas de agrupación dentro de la sociedad, ha
generado nuevas fuentes para la creación del liderazgo político y grupos de
presión, ha provocado una gran volatilidad en el electorado y cambios
recurrentes en sus preferencias, así como la inclusión de actores no
partidistas en el juego político y electoral (Artistas, dirigentes vecinales, etc.)
que vienen a constituir novedades que generan importantes efectos en el
sistema. Hoy en día el sistema político y electoral venezolano se ha
complejizado en una importante medida, se han operado cambios
substanciales en las preferencias sociopolíticas de la población, y en las
reglas que definen la participación político-electoral. Por último, es importante
mencionar que acompañando ésta crisis se ha visto una revalorización de los
principios autócratas y personalistas además de la alineación de los sectores
más pobre del pueblo hacia demostraciones violentas y anómicas.
Crisis en los mecanismos de generación de consenso y canalización
del conflicto:
Ante la pérdida de eficacia de las reglas y mecanismos anteriormente
explicados, y condiciones sociopolíticas y socioeconómicas adversas, la
estabilidad democrática, asegurada por la capacidad del sistema para
canalizar los conflictos de diversa índole y generar consensos a través de
mecanismos formales e informales que permitían la coexistencia
relativamente armoniosa de una multiplicidad de intereses, se ha
evidenciado en dificultades para lograr la conciliación entre intereses en la
toma de decisiones obligatorias para el conjunto de la sociedad. Luego ante
la ausencia de reglas claras y de árbitros confiables (Poder judicial
minusválido, vicioso, mediatizado, influenciado y limitado), ha surgido una
proliferación del enfrentamiento interelites, la expresión del antagonismo
socioeconómico fuera de los marcos organizacionales establecidos.
Por otro lado, la capacidad del liderazgo nacional de generar
(Empresarial, sindical, militar y cultural) consensos sustantivos y de largo
alcance fue deteriorándose, se observó la pérdida de vigencia del consenso
como método para generar acuerdos y decisiones válidas para el conjunto de
la sociedad; y la complejidad de los aspectos sustantivos implicados en la
formulación de acuerdos. Por el contrario el consenso tomó un carácter de
intercambio utilitario, ocasional y de corto plazo, orientados a satisfacer
intereses puntuales de las partes.
En la actualidad se revelan las dificultades actuales para formular
acuerdos significativos, sobre todo en lo que se refiere a la formulación de
nuevas reglas de juego para el conjunto de la sociedad y estrategias
económicas que fijarían rumbos viables y eficaces.
Finalmente el último segmento de éste artículo se titula BALANCE Y
CONCLUSIONES que nos plantea el hecho de que el cúmulo de
transformaciones vividas en el sistema político venezolano durante las
últimas 2 décadas nos ha servido para madurar y crecer hacia una búsqueda
de un orden más pluralista y equitativo. También se ha podido evidenciar que
a pesar de los avatares sufridos por el pueblo venezolano, todavía una
amplia mayoría soporta y prefiere el régimen democrático. Hoy en día los
retos que se le plantean a la democracia venezolana reequilibrio y
reconstrucción de su orden.
Organizaciones Política
Artículo 67. ° Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de
asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de
organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus
candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o
seleccionados en elecciones internas con la participación de sus integrantes.
No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con
fondos provenientes del Estado. La ley regulará lo concerniente al
financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con
fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el
origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y
electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su
democratización. Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las
asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos
electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la
propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley.
Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar
con entidades del sector público.
Partidos políticos en la actualidad
Aun cuando el bipartidismo había desaparecido en 1993, todavía
quedaban figuras de la vieja política venezolana, pero la situación cambia en
1998 cuando se derrumbó ese modelo tradicional, al ganar las elecciones
presidenciales Hugo Chávez con su agrupación política Movimiento (MVR)
que integraba una coalición denominada Polo Patriótico junto con otros
partidos de izquierda entre los cuales se encontraba el MAS, Patria Para
Todos (PPT) y el PCV, entre otros. Al acceder Chávez a la presidencia, el
MVR pasa a ser el nuevo partido hegemónico.
Desde ese momento AD y Copei comenzaron a perder peso político a
nivel nacional hasta el punto que ambos partidos sumaron solo un 11% de
los votos en la elección presidencial de 1998 y luego en otros procesos
electorales AD decidiera no presentar candidatos ni su tarjeta a las
elecciones presidenciales de 2000 y 2006. Por otra parte el MAS creció luego
de darle su apoyo a Chávez y cuando se retiró de la coalición el partido se
dividió, quedando el MAS muy relegado.
Para febrero de 2007 existián 103 partidos políticos de carácter
nacional según el Consejo Nacional Electoral” de los cuales 96 debían
renovar su nómina de adherentes a fin de mantener su vigencia legal por no
cumplir con el mínimo establecido por la ley de obtener al menos un 1% de
los votos en las elecciones nacionales.
Desde el anuncio de la reforma constitucional la oposición se había
dividido en dos grupos, uno que confiaba en la vía electoral, como Un Nuevo
Tiempo y Primero Justicia y otro sector radical conformado por Alianza Bravo
Pueblo, Alianza Popular, Acción Democrática, Bandera Roja y Comando
Nacional de la Resistencia, que no cree en una salida electoral y según ellos
(ABP) “el CNE dará los escrutinios que le convengan al gobierno”. Además
de considerar que la reforma sería "un fraude constitucional" según AD. Justo
antes del referendo esas organizaciones se decidieron unir al grupo liderado
por UNT y PJ.
En marzo de 2007 se crea el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), la organización política más grande de ese país tras la
fusión de varios partidos políticos pro-chavistas entre ellos el MVR (el más
grande para entonces), MiGato, Liga Socialista, Movimiento por la
Democracia Directa y Unión, entre otros. El PSUV logró inscribir 5,6 millones
de militantes cifra sin precedentes en la historia política venezolana, un año
después eligió a sus autoridades provisionales con la participación de unas
94 mil personas que representaban el 90% de los llamados a participar en la
votación.
En este nueva etapa nacen organizaciones como Primero
Justicia, Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo que junto a AD, Copei y el
MAS lideran la oposición venezolana. De este período destaca la
transformación política de Venezuela donde los partidos tradicionales fueron
desplazados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Un Nuevo
Tiempo, Primero Justicia, Podemos y el PPT (Patria Para Todos).
Participación comunitaria
La participación comunitaria en la sociedad venezolana se promueve
en forma sistemática, organizada tanto en el sector público como desde el
privado a partir de la década de los sesenta. Ella corre paralelamente con los
gobiernos de la democracia representativa; es decir de la llamada cuarta
república (1).
Hasta los inicios del siglo XXI las comunidades como espacio social
activo del conjunto de actores, es asumida por las agencias del Estado,
como entes que deben promover su propio desarrollo, por cuanto ellas serían
causantes de su propia pobreza.
La influencia de las Naciones Unidas orienta el concepto de
desarrollo de la comunidad que es empleado tanto por la agencia
Interamericana de Desarrollo como por el Instituto Venezolano de Acción
Comunitaria IVAC. En esta etapa de la Gobernabilidad de la Democracia
Representativa, priva la idea de que la participación de las comunidades
debe asumirse como una penalización a la condición de pobreza de sus
pobladores, es decir la participación sería sobre todo en la atención de
problemas de orden físico ambiental y de dotación de servicios sanitarios,
sería el único medio para procurar la solución de sus problemas generados
por ellos mismos desde el espacio donde residen.
A partir de la década de los ochenta, la crisis económica y social que
arropó la sociedad venezolana en el marco de la década perdida, puso en
evidencia la quiebra del asistencialismo, como mecanismo de control de
dominación social, así como también se puso en el tapete la incapacidad del
control del estado, sector público y privado sobre las comunidades a través
de la canalización de su participación en programas principalmente de
asistencias de obras físicas o de atención a algunas actividades relacionadas
con el proceso de atención a las enfermedades.
A partir del año 2000 la participación comunitaria y en sí la
participación en general, adquiere rasgo constitucional (Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, 1999), y se plantean otros enfoques
para su tratamiento, como espacio protagónico de las comunidades, es así
como el campo del desarrollo local paso a apreciarse como mecanismos de
empoderamiento.
En la historia de la participación en Venezuela las comunidades
habían sido concebidas como espacios deservidos de población en
condiciones de pobreza que muchas veces deben ser tratados como
minusválidos social.
Lo que podríamos denominar la reformulación de la participación
basada en las comunidades como actores protagónicos de los desarrollos
locales, no se contemplaba en la democracia representativa para el análisis o
el estudio de las comunidades como un sistema de institución.
Es así como al plantearse el Empoderamiento como elemento básico
para promover la participación de las comunidades en el desarrollo local se
hace necesario tratar la cuestión institucional, y no solamente los asuntos de
orden físico espacial y de necesidades básicas.
El empoderamiento mediante la práctica de la participación
comunitaria estaría dirigido a:
1. La organización
2. La toma de decisiones
3. El manejo directo de recursos
Cooperativa en Venezuela.
La Constitución de 1999 otorga a las cooperativas un marco
constitucional de real avanzada, sin embargo, la ley que las rige (Ley
Especial Asociaciones Cooperativas) adolece de graves errores de
concepción, a saber: la forma básica de todas las cooperativas (incluidas las
de obtención de servicios) está sesgada hacia un modelo cooperativo de
trabajo colectivo igualitario (modelo Cecosesola, por cierto, exitoso en
Barquisimeto) pero de no aceptación mayoritaria en el resto del país; se
separa de los principios universales de la cooperación al aceptar sistemas de
votación diferentes al personal, imponer el carácter igualitario y no equitativo
de los recursos económicos y permitir el reparto de retornos en proporción al
capital. Caracteriza a una entidad como cooperativa no por el cumplimiento
de los principios, sino por el hecho de no tener asalariados permanentes y no
distribuir entre los asociados los excedentes de operaciones con terceros, lo
que –por cierto- es de incumplimiento general.
Además, el ordenamiento jurídico prohíbe a las cooperativas efectuar
operaciones bancarias, actuar como entes aseguradores, manejar
fideicomisos y obtener concesiones mineras y de operaciones en zonas
francas, entre otras limitantes.
La Ley de los Concejos Comunales crea unos Bancos Comunales
bajo la forma de cooperativas, operadores financieros de los mismos, sin la
menor autonomía ni poder de decisión propio, el que está centralizado en la
Presidencia de la República, y los que deberían haber adoptado la forma
jurídica de fundaciones, más adaptadas a sus requerimientos.
Consejos Comunales
Uno de los mayores esfuerzos que ha realizado el Gobierno nacional
en torno a la organización para la participación social ha sido a través de los
consejos comunales.
El origen de estos bien la podemos rastrear hasta el texto
constitucional de 1999. El artículo 62 refiere a la participación popular en la
gestión pública. El artículo 70 determina las formas de participación en lo
económico, social y político. El artículo 182 establece la creación del Consejo
Local de Planificación Pública (CLPP), el cual estaría "presidido por el
Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los
presidentes o presidentas de las juntas parroquiales y representantes de
organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad
con las disposiciones que establezca la ley".
La Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, del 12 de
junio de 2002 es cuando aparecen por primera vez la mención de los
consejos comunales “los miembros del Consejo Local de Planificación
Pública estarán obligados a cumplir con sus funciones, en beneficio de los
intereses colectivos, mantendrá una vinculación permanente con las redes
de los consejos parroquiales y comunales, atendiendo sus opiniones y
sugerencias, y prestará información oportunamente, de las actividades del
Consejo Local de Planificación Pública”.
Juntas de vecinos:
Son organizaciones comunitarias con personalidad jurídica propia, de
carácter territorial, representativas de las personas que residen en una
misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la
comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y
colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades.
Las juntas de vecinos se constituyen y desarrollan sus funciones en
una unidad vecinal, que corresponde al territorio, determinado en
conformidad con la ley, en que se subdividen las comunas, para efectos
de descentralizar asuntos comunales y promover la participación ciudadana y
la gestión comunitaria.
CONCLUSION
En nuestro país la participación de los ciudadanos con la
Constitución de 1999 tiene una connotación particular, por ello, se le da una
mayor importancia al aspecto político social y el económico. La democracia
se sostiene en la participación de los venezolanos.
El gobierno de la República se define como participativo (ya no
representativo), pero en diversos momentos la CRBV se vuelve a referir a
representación.
La CRBV está "salpicada" de participación, pero ésta tiene varios peligros de
ser tutelada:
Paso de derecho a deber
Más participación en gestión que en toma de decisiones: Hay gran
variedad de espacios, pero los niveles de incidencia varían (consulta,
ejecución, control, diseño)
Vaguedad de algunos términos puede someter la oportunidad de la
participación a discrecionalidad de autoridades
Si embargo, el Artículo N. 70 de la constitución bolivariana de
Venezuela consagra que los ciudadanos somos protagonistas y participes en
el ejercicio de la soberanía. El órgano legislativo es a quien le corresponde
desarrollar las leyes a fin de que efectivamente se pueda lograr una
verdadera participación de la sociedad civil venezolana, lo que significa una
herramienta para el desarrollo de la democracia participativa.
