Siempre! • 29 de enero de 2012

Martín Esparza

En un acto de ética y congruencia, además de renun-ciar, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade Salaverría, de-

bería cambiar el mensaje de su portal de internet donde asegura que el órgano a su cargo goza de plena autono-mía para emitir sus resoluciones.

Los fallos y las agresiones registradas en los últimos años por ese organismo en contra de los trabajadores di-cen todo lo contrario. Sectorizada como parte de la estruc-tura administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta no es ni puede ser, al menos con el aboga-do Andrade al frente, una entidad autónoma.

El origen mismo que antecedió su llegada a la institu-ción refiere que Andrade Salaverría debe, en buena parte, su arribo al cargo a la incondicionalidad mostrada con el ex secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien a su lle-gada a la dependencia, en 2006, lo ratificó como director general de Asuntos Jurídicos. Y si bien en abril del 2008 fue designado como titular de la Junta por Felipe Calderón, la recomendación directa fue hecha por Lozano pues los al-cances políticos de Salaverría no llegaban hasta Los Pinos.

El pago de esa incondicionalidad se ha visto refleja-do, por ejemplo, en el fallo que la Junta emitió en abril del 2009, en que dio terminadas las relaciones laborales de los mineros de Cananea con Minera México, propiedad del responsable de la muerte de los mineros de Pasta de Con-chos, Germán Larrea Mota Velasco, argumentado daños y deterioros en las instalaciones, cuando desde septiembre de 2007, un grupo trinacional de expertos en materia de seguridad había establecido con claridad que los mineros laboraban en condiciones de insalubridad y alto riesgo por culpa de la falta de mantenimiento de la empresa.

Al pasar por alto tales evidencias y dar la razón al gáns-ter de Larrea, la Junta alentó que su impunidad se reforza-ra, pues también a causa de su criminal irresponsabilidad

por la falta de condiciones de seguridad de Pasta de Con-chos murieron 65 trabajadores, el 19 de enero del 2006; 63 de ellos aún sepultados en las entrañas de la mina.

Ahora, en franca alianza con la CTM —organismo re-presentante de los trabajadores ante la JFCA y que la-mentablemente ha terminado traicionando a sus herma-nos de clase—, la Junta permite que se firme un contrato leonino con esa central en Cananea, pisoteando los cua-tro años de huelga de los mineros, desplazándolos de su fuente de trabajo y marginándolos de sus derechos labo-rales. También la gente de Andrade Salaverría se cruza de brazos ante la intromisión del SUTERM —también ligado a la CTM— en el área de trabajo del SME, ignorando el Con-venio de Delimitación de Zonas firmado en 1985 entre am-bos sindicatos.

Expone también en su página web Salaverría: “…la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene el atributo de la autonomía, esencialmente por cuatro razones: En pri-mer lugar, por estar legalmente facultada para expedir su propio reglamento interior; en segundo lugar, por tener ple-na jurisdicción para emitir resoluciones; en tercer lugar, por tener imperio para ejecutarlas”… “Las otras características no ameritan explicación especial” (sic).

En la práctica, la tan cacareada “plena jurisdicción” no existe. Un ejemplo de ello fue cuando el “pitoniso” Javier Lozano habló del “previsible” laudo de la Junta (¿autóno-ma?), en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que avalaba la terminación de las relaciones labora-les, individuales y colectivas.

Y así fue: Lozano demostró a todo el país quién daba las órdenes en el interior de la Junta. Eduardo Andrade, su presidente, guardó mutis comprobando el sabio refrán de que: El que calla otorga. Y cómo no iba a guardar silen-cio si las indicaciones ordenaban dilatar al máximo las au-diencias para que SME no pudiera defenderse en el terre-no legal.

El 6 de noviembre del 2009, un mes después de la ex-

Su autonomía es de membrete

Conciliación y Arbitraje actúa por consigna

Siempre! 29 de enero de 2012 •

Columna

tinción de Luz y Fuerza del Centro el SME promovió una demanda ante la Junta por despido injustificado, pago de prestaciones, salarios caí-dos, reinstalación de trabajo y susti-tución patronal, pero no fue sino has-ta el 26 de marzo del 2011, cuando la presidenta de la Junta Especial núm. 5, Mara Adriana Mayo, se dignó otor-gar la audiencia. Pasaron 14 meses para que el SME fuera escuchado, sólo para enfrentar una vez más la ar-bitrariedad oficial, pues la funcionaria la prorrogó hasta el 9 de abril.

Como en su momento lo demos-tró el SME, Mara Adriana Mayo todo el tiempo estuvo encerrada en su ofi-cina, detrás del escritorio, y sin dar una justificación legal decidió suspen-der la audiencia. Pero de la otra cara de la moneda, con sospechosa celeridad, la Junta entregó al ex tesorero Ale-jandro Muñoz, tres cheques por siete millones de pesos cada uno, producto de las cuotas sindicales, y aun cuando no le correspondía cobrarlos, los funcionarios de Andrade Salaverría le facilitaron el acceso a los recursos.

Hasta la fecha, los responsables y cómplices de este quebranto a los recur-sos del SME, se lavan las manos, pues es obvio que sólo recibieron órdenes. ¿De quién?, de Lozano, a través del presiden-te de la JFCA. Razones por las cuales el SME ha insistido en el Congreso para que Andrade Salaverría explique a los diputa-dos el grado de sumisión con que ope-ra el órgano a su cargo, en detrimento de los derechos laborales de millones de tra-bajadores.

La aplicación de los derechos labora-les en el país no puede estar en manos de burócratas que actúan por consigna es-cudándose en las leyes en la materia, di-ciendo al país conocerlas, pero negándo-se a aplicarlas. Ya una vez el SME se plan-tó de manera permanente en la Junta para

ser escuchado, y lo volverá a hacer si Andrade Salaverría se niega a apegarse al Estado de derecho.

Los hemos dicho cientos de veces, si no pueden sacu-dirse la tutela oficial y actuar realmente de manera autóno-ma e independiente, que renuncien. El país y los trabajado-res se los agradecerán.

La aplicación

de los derechos

laborales en el país

no puede estar en manos de burócratas que

actúan por consigna

escudándose en las

leyes en la materia.

Foto

graf

ía: A

genc

ia E

l Uni

vers

al

Quebranto a los recursos del SmE.