Suplemento Universitario Abril 2014

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Guatemala, 24 de abril de 2014, Suplemento Especial de Diario La Hora ¿Vivimos realmente en un país democrático?

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Guatemala, 24 de abril de 2014, Suplemento Especial de Diario La Hora

¿Vivimos realmente en un país democrático?

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“Guatemala parece ir, en algunos momentos, a paso de tortuga en los procesos manejados por el Organismo Judicial.” Alejandra Osorio de la Universidad del Valle.

“Los que aspiran a llegar a gobernar Guatemala, se convierten en flagrantes viola-dores de la ley.” Oscar Giovanni Gracias de la Universidad Mariano Gálvez.

“Por medio del debate y el ejercicio de la libre emisión del pensamiento y con ideas claras y racio-nales podemos crear un espacio en donde las letras nos ayuden a dialogar y también a participar como ciudadanos en la construcción de un mejor país.”Carlos Oswaldo Andrade Paz de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“Guatemala por su parte, no cuenta con una consistente política exterior, que le permita aprovechar integralmente las oportunidades que aportan las relaciones internacionales.” Iván Ernesto Cú Estrada de la Universidad de San Carlos.

“Más que analizar indicadores meramente numéricos, es necesario conocer lo que pasa en el aula, cómo es la interacción entre docentes y estudiantes y cómo la cultura de cada región impacta en los procesos de aprendizaje.” Regina Solís de la Universidad del Valle.

“El país es tierra de nadie: aquí se hace escuchar el más fuerte, el que no tiene suficiente arraigo moral como para controlar sus conductas frente a la sociedad.” Camilo José Peña de la Universidad Francisco Marroquín.

“La gran mayoría de nuestros diputados parecieran estar más ocupados discutiendo el color de moda que lucirá mejor en las espaldas de los motoristas que en estudiar y discernir las verdaderas causas tras los problemas y conflictos de nuestra sociedad.” Nery Chucuy de la Universidad Francisco Marroquín.

“Las crecientes tasas de desempleo facilitan el percibir cualquier disminución como un cambio positivo, pero ¿qué hay acerca de la promesa de mejor empleo?” Tania Melissa Estrada de la Universidad Rafael Landívar.

“Más vale en lugar de darle pescado al necesitado enseñarle a pescar y si el lector considera que los programas sociales son necesarios para el desarrollo del país, tiene la obligación de exigir que los mismos sean otorgados de forma transparente y sobre todo que sean únicamente un primer paso para insertar a esas personas al mercado productivo.”

Javier Santizo Mansylla de la Universidad Francisco Marroquín.

Analizando el tema de este suplemento, debemos iniciar en-tendiendo que Democracia en su sentido original no es más que la participación directa de los ciudadanos que otorga represen-tación para que sean administrados los poderes y el ejercicio de las funciones de interés de la población.

Guatemala no es una democracia porque no existe vínculo de representación entre los funcionarios electos y los ciudada-nos. En cualquier estructura democrática mundial, existen di-versos métodos que garantizan el vínculo del ciudadano elector con sus representantes, como lo son la existencia de verdaderos partidos políticos con participación garantizada, métodos de auditoría social, prácticas de difusión e información para que los electores puedan hacer control directo, etc.

Lo que se tiene en Guatemala es la garantía de un sistema electoral que, excepto la presidencia de la República, no garan-tiza siquiera la sucesión en los puestos sin importar la calidad del ejercicio.

Vemos cómo es que en lugar de una democracia en la que la lucha es el fortalecimiento institucional para el beneficio de los ciudadanos, lo que tenemos es una costumbre electorera en que la carrera es por ganar elecciones sin importar los métodos. Al fin y al cabo, la meta es controlar los fondos de un Estado en que “representar” a los gobernados es sinónimo de controlar sin objeción el sistema de beneficios.

No somos una democracia porque la mayoría de los ciudada-nos renuncian a esa cesión temporal de su poder y simplemen-te entregan cheques en blanco sabiendo que serán traicionados en sus intereses y se han ido acostumbrando a que, simplemen-te, así es el sistema.

Pero lo más importante, es que una democracia está soste-nida por el fortalecimiento institucional del Estado que garan-tiza que no son las personas, sino esas instituciones, quienes ostentan el control real del ejercicio público en beneficio de la población. Lo que tenemos en Guatemala son instituciones secuestradas por los dueños de los beneficios que, a la vez, mo-nopolizan el control financiero del país.

Guatemala es una operación en la que la “democracia” es un argumento para decir que se está haciendo todo lo necesa-rio para avanzar como Estado, pero que realmente se dedica a fortalecer a los ya poderosos y volver más pobres a los despo-seídos. En el conjunto de la vida democrática hemos fallado.

¿Democracia?

Página 2/Diario La Hora/Guatemala, 24 de abril de 2014

Editorial

“CITAS CITAbLES”… dE NUESTROS COLUMNISTAS…

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La Hora / Suplemento Universitario / Guatemala, 24 de abril de 2014, Página 3

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Definir la política exterior de un país es una tarea tan compleja que, aunque se haga el mayor de los esfuerzos siempre quedarán cosas por mejorar o lineamien-tos que cambiar, ya que las relaciones internacionales son dinámicas y no está-ticas. Lo que en un año puede funcionar o traer resultados para el país, puede ser obsoleto al año siguiente. Por ejemplo, Ubico era muy partidario de la corriente nazista y daba libre entrada y movilidad al capital alemán, especialmente en la parte norte del país, Baja Verapaz, donde se explotaba el café, incluso los hijos de alemanes podían adoptar la nacionali-dad guatemalteca por nacer y vivir acá sin dejar de ser alemanes por sus padres. Esto era en aquel entonces parte impor-tante de la política exterior. Sin embargo la actividad no generaba un gran desa-rrollo para Guatemala, la explotación del café y sus ganancias quedaban en una pequeña comunidad alemana, pero tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial las presiones de EE. UU. no se hicieron es-perar y la comunidad alemana fue expul-sada de Guatemala. Esto demuestra que la política exterior está sujeta a cambios bruscos y una dinámica impredecible, se observa además que definir una política exterior para el beneficio de todos no

puede ser certera al ciento por ciento. Lo que sí puede definirse son las bases fundamentales para aprovechar todas las ventajas que trae consigo la globali-zación dentro del sistema internacional.

El actual gobierno ha definido temas importantes en materia de política exte-rior como desarrollo sostenible, desarrollo social, competitividad económica, pro-moción turística, infraestructura produc-tiva y social, entre otras. Es una agenda que cabe dentro de los parámetros bási-cos del ámbito internacional y definiti-vamente tiene el interés de desarrollar al país y sacar ventaja del exterior pero, es un plan que se queda corto en aspectos internacionales más profundos compara-do con la política exterior de otros países. Por supuesto que este plan podría mejo-rarse en varios aspectos e incluirse otros que se han dejado fuera, pero poco im-pacto tendría con la actual estructura del Estado, pues su funcionamiento está en crisis y podemos ver que ni siquiera posee la capacidad de aprovechar sus propios recursos naturales para alimentar a su población, mucho menos podría obtener grandes beneficios del exterior. Además vemos en el tema de inversión extranjera, que es parte esencial de la política exte-rior, la minería no está dando los resulta-

dos esperados y el Gobierno debe replan-tearse, si esta es la ayuda que nuestra po-blación desea del exterior y, comprender que contamos con una legislación desventa-josa en asuntos de economía extractiva. Otro gran ejemplo, que demuestra que no solo se trata de hacer una adecuada planificación de la política exterior es, la promoción turística. Atraer turismo del exterior es primordial para el desarrollo de un país y para Guatemala representa la cuarta mayor entrada de divisas. En Petén, siendo el principal sitio arqueoló-gico del país, vemos que los accesos a sus atractivos se encuentran en condiciones nefastas y este sitio sigue siendo la prin-cipal imagen del turismo guatemalteco. Es evidente que no solo se trata de definir una política exterior sino que exista capa-cidad de concretar ideas para el progreso del país. No solo se trata de definición sino también acción, esa acción de la que carece nuestro Estado y limita los alcan-ces que puedan trazarse. Por eso digo que una política exterior bien definida no es sinónimo de beneficio para el país.

Hay un juego que en la infancia de los que ya tenemos unas cuantas décadas era muy popular que se llamaba CHINCHILETE, frase que literalmente quiere decir “¿Quién quiere este?”. A lo cual el niño debía de responder: “Yo, machete”. El juego también funciona con varios niños; en esa variante, el primero que responda se lleva el regalo. También se utilizaba cuando se era invitado a una fiesta de cumpleaños y el anfitrión ofrecía regalos o dulces que tiraba al aire y ahí como dice otro popular refrán, el que tenía más buche que tragara más maíz.

Todos sabemos que el Congreso de la República debe ser el órgano político por excelencia, pues es de donde emanan la creación, modi-ficación o derogación de las leyes que rigen al país. Esa característica importante en el Congreso debe permitir que sea un órgano no solo político en sí mismo, sino que sea verdaderamente representativo.

Los países están representados en ese órgano político, pues en ellos se deposita la confianza del ordenamiento jurídico del Estado democrático, es más, en Guatemala se les llama “los padres de la Pa-tria”.

Cuando en nuestra Guatemala de la Eterna Primavera buscamos en el Congreso de la República los principios de un órgano represen-tativo y verdaderamente democrático, no lo encontramos. Y no lo encontramos por varias razones.

Primero: porque para llegar a ocupar un puesto de elección a diputado en Guatemala, se necesita tener cierta cantidad de dinero para que un partido pueda postular a una persona a este cargo.

Segundo: se necesita ser amigo del dueño del partido político para negociar el asunto en mención.

Tercero: se necesita casi jurar fidelidad al dueño del partido para trabajar para que llegue al poder y desde el Ejecutivo manipular cier-tas cuestiones que favorecerán los intereses de los bolsillos de quie-nes gobiernan.

Una vez dentro del Congreso no importa a qué partido se pasen, pues allí se van con el mejor postor. Desgraciadamente hay que ha-blar así del nuestro Congreso porque el mismo se ha convertido en un verdadero instrumento de los políticos para varias cosas, dentro de las que podemos mencionar el enriquecimiento sin causa, afianzar poder, una manera fácil de ganar plata.

Es más, se ha convertido en un nido de truhanes, que literalmente quiere decir Malicioso, astuto, sinvergüenza, estafador.

Solo hagan memoria qué trabajo hizo el año pasado el Congreso de la República. Con platillos sonoros decían que estaban haciendo oposición realizando juicios políticos que no llevaron más que a per-der el tiempo sin llegar a absolutamente nada.

Haga memoria, pueblo de Guatemala, cuánto tiempo se tardaron en integrar el año pasado las comisiones de trabajo. ¿Por qué tanto tiempo? Acaso no se ponía de acuerdo en el reparto de los impuestos de nuestro pueblo que se faja trabajando todo el día para sostener un monstruo que solo vela por sus propios intereses.

La mencionada situación solo es una arista de la desvergüenza a la que ha llegado el Congreso, no digamos ahora que están en plena elección de magistrados, de donde las comisiones de postulación les llevarán las listas. La pregunta es ¿escogerán los mejores o negocia-rán? ¿Qué negociarán?

Es tiempo que los buenos guatemaltecos fiscalicemos ese trabajo y sobre todo que los guatemaltecos comprometidos con el cambio en este país, guatemaltecos con verdadera conciencia de servicio partici-pen y sean protagonistas de la historia de nuestra Guatemala.

No solo seamos espectadores viendo cómo llevan la procesión, participemos con valentía y que Dios nos guíe y nos ayude.

Una de las facultades esenciales de todo gobierno es la facultad de obligar a las personas a financiar el gasto pú-blico. Seguramente los impuestos es uno de los temas más controversiales de la relación individuo-Estado. El ger-men del constitucionalismo moderno, la Carta Magna de 1215, estableció el principio no taxation without represen-tation y los impuestos que el Rey Jorge III impuso a las colonias británicas en este continente precipitaron la gran re-volución americana y el nacimiento de los Estados Unidos.

Los impuestos son necesarios, cla-ro, pero pagarlos constituye una carga incluso en los países civilizados, con democracias funcionales, donde los ciudadanos al menos ven retornos de-centes con buenos policías y tribunales, infraestructura, salud y educación pú-blicas. Esta no es la historia de Guate-mala.

A los guatemaltecos no nos extrañan las noticias sobre escasez de recursos en el Organismo Judicial o para atender la salud y educación. ¿En realidad no hay recursos? Sí los hay, y bastantes. El presupuesto de ingresos para 2014 es de nada menos que Q70,564 millones,

de los cuales Q56,139 millones son fi-nanciados con tributos ¿Dónde vemos invertida esa enorme suma de dinero? En ningún lado, la corrupción ha hecho lo suyo. Acción Ciudadana informó a principios de este año que la mitad de la obra pública abandonada fue con-secuencia de la corrupción. Estamos hablando de hospitales, mercados y puentes inconclusos. La obra pública se ha convertido en un medio para pagar favores políticos y enriquecer a fami-liares de funcionarios públicos. Por otra parte la Corte de Constitucionalidad manifestó hace poco que por falta de presupuesto trabaja con la mitad del personal que en realidad necesita. El Ministerio Público anda en una situa-ción parecida.

Mientras tanto el presupuesto es-tatal aumenta cada año, los gobiernos adquieren nueva deuda pública y a los ciudadanos se les exige que paguen más impuestos, haciendo patente la total incongruencia entre los ingresos del Estado y los egresos. No dudo que muchos ciudadanos estarían dispues-tos a pagar más impuestos si al menos vieran mejoras en el uso que les dan, pero ello toca otro tema que tiene: el

d e f i -c i e n t e d i s e -ño de nuestras institucio-nes públicas. Priorizar y mejorar el gasto público no se logrará con la simple exigencia de que así sea. Guatemala necesita reformas profundas. Se debe fortalecer la Contraloría General de Cuentas y el Organismo Judicial para que los casos de corrupción sean cas-tigados.

Si tan solo se priorizara el gasto pú-blico en el sector seguridad y justicia, Guatemala pronto sería escenario de mejoras que incluso redundarían en la educación y salud públicas, así como la infraestructura, pero ya sabemos por experiencia que los políticos no pro-moverán estos cambios por sí mismos. Si algún día ha de haber un cambio positivo en Guatemala, vendrá de los ciudadanos que saben cómo terminará la historia de sus vidas si eligen no ha-cer algo: heredarán a sus hijos el pro-blema, tal y como sus padres lo hicieron con ellos.

Universidad Mariano Gálvez

Oscar Giovanni Gracias RamosIván Ernesto Cú Estrada

Universidad de San Carlos de Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala como instrumento político

Una política exterior bien definida ¿Es sinónimo de desarrollo?

La tensión entre el gasto y el ingreso

Página 4/Diario La Hora/Guatemala, 24 de abril de 2014

Camilo José Peña

Universidad Francisco Marroquín

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La Hora / Suplemento Universitario / Guatemala, 24 de abril de 2014, Página 5

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No se requiere ser abogado para saber de antemano que la justicia en Guatemala se encuentra en un estado crítico. Basta abrir el periódico para ver las altas tasas de impunidad, la falta de imparcialidad e independencia de algunos de nuestros magistrados y jueces, la ineficiencia del sis-tema, su corrupción, etc.

Las razones son diversas. Por un lado la falta de prio-rización hacia nuestro sistema de justicia, claramente el más débil de los tres, con un presupuesto paupérrimo y una falta de inversión alarmante en el mismo. El método de elección de nuestros magistrados que, si bien ha mejorado con el sis-tema de Comisiones de Postulación, demuestra ser un proceso politizado y manipulado que le resta independencia a nuestro sector justicia. El período en el que los mismos ejercen sus funciones, cinco años, que les resta independencia y los hace preocuparse por su reelección. El hecho mismo de su elección, para el caso de los magistrados, que politiza sus decisiones y les quita imparcialidad.

Por último, tienen algo de culpa los abogados, como tam-bién la tienen sus clientes, que buscan retardar los procesos in-terponiendo recursos frívolos e improcedentes para que nuestra justicia sea todo, menos expedita.

Habiendo resaltado lo innegable es importante considerar las consecuencias que ello implica para nuestra realidad. En primer lugar, es justo recalcar que todo proceso judicial im-plica costos administrativos a los que todos los guatemaltecos hacemos frente, tales como mantenimiento de mobiliario y de infraestructura, el pago de salarios a los empleados, etc. A ma-yor duración de los procesos, mayores son los costos adminis-trativos y siendo que un procedimiento ordinario puede llegar a durar un aproximado de ocho años, ello constituye la primera desventaja de nuestro sistema judicial.

Debido a que las decisiones judiciales no solo conllevan la finalización de un conflicto entre particulares, sino contribuyen a formar un cuerpo de normas y principios que sirven de guía a otros jueces y partes en futuros conflictos, se necesita de un buen sistema para garantizar la certeza jurídica e incentivar la generación de riqueza. Por lo tanto, siendo la justicia tan ineficiente e impredecible en nuestro país, las personas tienen incentivos para incumplir sus obligaciones dado que saben que la disputa se solucionará a muy largo plazo y, además, existe la posibilidad de acudir a la corrupción para buscar un resultado favorable. A su vez, existen desincentivos para contratar ya que no se sabe qué posición va a tomar el juez al darse un incum-plimiento, debido a la incongruencia en la forma de fallar en casos similares.

En conclusión, se debe realizar una modificación de fondo a nuestro sistema judicial para crear las condiciones en las que se pueda dar el progreso en el país. El juez debe procurar reducir los costes de transacción y fallar conforme a expectativas razo-nables, creando incentivos y facilitando la creación de riqueza. De no hacerlo continuará imperando la injusticia, la impunidad, la corrupción y el subdesarrollo en Guatemala.

¿Qué es la realidad? Sin afanes de que-rer sonar filosófica ni mucho menos, pero es que hay que cuestionarse si lo real son los números y los acontecimientos registrados, o quizás es aquello que percibimos y la in-terpretación que le damos dentro de nues-tras subjetividades. Así, tenemos un mundo en nuestras cabezas, un espacio lleno de significados construidos socialmente. Ese mundo se ve alimentado por los estímulos externos; las cifras y los registros en bruto son filtrados por los medios de comunica-ción y las autoridades hasta llegar a noso-tros y nosotras, quienes de igual forma los interpretamos a nuestro antojo (asumiendo que lo hemos desarrollado, ese antojo inter-pretativo). De esa forma, algo simplificada, configuramos nuestra realidad y reaccio-namos en base a ella: potenciándonos o limitándonos. La Universidad de Vanderbilt conduce un estudio anual llamado LAPOP (Proyecto de Opinión Pública en Latinoa-mérica por sus siglas en inglés). Hacia el año 2012, según el informe presentado por LAPOP Guatemala tenía una percepción del 53.3% de inseguridad en la capital, posicio-nándose como el tercer país más inseguro a los ojos de sus habitantes. Es indiscutible que se han realizado esfuerzos estatales para reducir los índices de violencia y crear un espacio nacional más seguro que permi-

ta un desarrollo humano de mejor calidad, sin embargo si no se difunde la información de manera accesible y concreta las percep-ciones no cambiarán y seguirán limitando la forma de proceder de los y las guate-maltecas. La recolección, sistematización y el análisis de datos (cuantitativos y cuali-tativos) son indispensables para mantener un proceso continuo de información, tanto para la población como para los mismos mi-nisterios: no se pueden tomar decisiones en base a datos desactualizados. Con un cons-tante flujo de información entre institucio-nes estatales y población, se puede llegar a construir una relación de confianza, inexis-tente hoy en día. Es necesario entonces establecer necesidades básicas a partir de nuestro contexto, de nuestra realidad, que den una direccionalidad clara a la imple-mentación y creación de políticas públicas como estrategias que tengan por norte el desarrollo del país. Pero no cualquier desa-rrollo, un desarrollo como libertad. Amartya Sen (2000), economista nacido en la India, propone que el enfoque de desarrollo tiene que estar ligado a la posibilidad de liberta-des y su proceso de expansión; una libertad que potencie al ser humano para que este tenga la posibilidad de elegir.

Se asume, pues, que ante la diversidad de culturas se deben de crear también

diversidad de po-líticas estatales que respondan a las necesida-des internas de cada comuni-dad. Existen una gran cantidad de enclaves étnicos hacia los cuales se de-berían de dirigir modelos específicos de desarrollo económico y adaptación de la participación política. A pesar de ello, la clara dicotomización étnica de la sociedad guatemalteca ha limitado fuertemente la visión hacia las demandas específicas de las regiones geográficas; creando como resultado la implantación de estrategias planteadas desde el extranjero, respon-diendo a intereses foráneos, funcionando a niveles internacionales. Por ende, es de suma importancia conocer las dinámi-cas internas de la región para realizar un análisis más profundo y que enriquezca la forma en la que se hace política y en la que se concibe la economía. De esta manera, se tendrá una visión más amplia de lo que se ha comprendido por “desarro-llo” y se visibilizará la diferenciación en la construcción de realidades, evidenciando la necesidad de la contextualización y la información actualizada.

Guatemala se constituye en una socie-dad en la que burlar la norma tiene méri-to. Desde los ámbitos personales hasta los públicos, no respetar las reglas parece ser la vía predilecta del guatemalteco. Sobornar agentes de seguridad para evitar una mul-ta, registrar los inmuebles a precios más bajos y no declarar artículos que ingresan al país son solamente algunas de las acciones diarias que generan ganancias directas a aquellos involucrados.

Corrupción, contrabando y evasión fis-cal son tres males que aquejan a la socie-dad guatemalteca. Y en un país en el que estas desviaciones se han convertido en reglas generales más que en excepciones, no se debe hablar de evitarlas, sino de enfrentarlas, combatirlas y erradicarlas. A pesar de la aceptación de dichas prácticas arbitrarias, un ambiente de desconfianza y temor se respira y nos deja unas preguntas obligadas: ¿se puede hacer algo en contra de una regla generalmente aceptada? ¿Es posible cambiar un comportamiento que pareciera ya característico de una sociedad? Sí, es posible.

La evasión tributaria, en un nivel empre-sarial y comercial, se debe en su mayoría al contrabando, producto directo de la defrau-

dación aduanera. En un nivel más individual, se pueden ocultar ingresos o bienes para evitar pagar impuestos más altos. El con-trabando, por su parte, trata de importar o exportar mercancías sin realizar los pagos correspondientes en las aduanas. Estas prác-ticas se apoyan en la corrupción y alimentan la impunidad, especialmente en las institu-ciones encargadas de la ejecución de justicia.

La problemática de la evasión tributaria es combatida por medio de la erradicación de los beneficios tributarios de los que go-zan ciertos grupos económicos. Los ingresos tributarios del Estado deben provenir prin-cipalmente del impuesto sobre la renta, no del impuesto al valor agregado. Las funcio-nes sociales como el cuidado de personas con habilidades especiales o la creación de centros de ayuda a para personas con en-fermedades crónicas es responsabilidad del Estado, mientras que el pago de impuestos es deber y responsabilidad de todos.

En cuanto al contrabando, se hace nece-sario el fortalecimiento de los entes encar-gados del control de fronteras, así como de la creación de normativas específicas para el desarrollo de los sectores económicos involucrados. Además, la implementación de herramientas tecnológicas orientadas

a mantener un mejor control sobre impor-taciones y ex-portaciones es de primordial importancia.

Sin embargo, en el combate a estos tres flage-los –especialmente el de la corrupción–, el elemento más importante sigue siendo la sociedad civil. Una población informada que controle constantemente el rumbo que cada gobierno traza para el país. Ese ejer-cicio ciudadano de conocer y fiscalizar las acciones de los gobernantes y funcionarios, es el primer paso seguro en el combate a la corrupción.

Solo una población sujeta a su poder político –sí, político–, involucrándose y pi-diendo cuentas a aquellas personas encar-gadas de las funciones públicas, es capaz de gestionar cambios reales en el accionar de los gobiernos, convirtiendo a la corrup-ción, al contrabando y a la evasión fiscal en excepciones que pueden ser evitadas, despojándolas de esa calidad de reglas no escritas para la sociedad y quitándoles el mérito, liberándonos.

Tania Melissa Estrada Corpeño

Universidad Rafael Landívar

La “justicia” en Guatemala La necesidad de actualizar y fluir

¿Excepción o regla?: De corrupción, contrabando y evasión fiscal en Guatemala

Regina Solís

Universidad del Valle de GuatemalaJavier Santizo Mansylla

Universidad Francisco Marroquín

Página 6/Diario La Hora/Guatemala, 24 de abril de 2014

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Carlos Andrade Paz

Universidad de San Carlos de Guatemala Los temas acerca del cambio climático y la contaminación del medio ambiente han ganado mucho público recientemente. Con ideas que van desde calzado ecoló-gico hasta un “data center” que usará las olas del mar como fuente de energía, se ha logrado poner de moda todo lo “green”.

Como es el caso de cualquier otro tema, el cambio climático y la contaminación son sujetos de debate y po-larización. Por un lado están los que creen que el hombre tiene un efecto importante sobre las condiciones climáticas de la Tierra y por otro lado están los que creen que aquel es una variable si no despreciable, por lo menos insignificante y que, por lo tanto, los cambios ambientales percibidos son parte de un ciclo natural. Hay en el ambiente un interés por mencionar que el clima ha cambiado para mal, aunque yo por mi parte creo que eso se trata más bien del afán humano a pensar que, como diría el poeta, “todo tiempo pasado fue mejor”.

Ya sea que las corrientes del Golfo y de von Humboldt estén cambiando o no, el hombre tiene (y siempre ha tenido) que en-frentarse a fenómenos del clima y a desastres naturales, sean causados por él o no. En el caso de Guatemala, según un análisis de riesgo expuesto por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) las tres vulnerabilidades más importantes para el país son: inundaciones, sismos y deslizamientos. El Estado debie-ra preocuparse porque existan los medios para que las personas que viven en lugar de alto riesgo puedan a su libre elección vivir en zonas más seguras. Por ejemplo, una buena parte de las per-sonas que viven en asentamientos en la cabecera departamental, ha venido desde los departamentos hacia la ciudad en busca de un mejor futuro para su familia, lo cual es ocasionado por la falta de desarrollo en los departamentos, que al final solo termina hacien-do de Guatemala el departamento más poblado.

En cuanto a la contaminación en Guatemala, si bien hay cifras preocupantes, la balanza de culpa se inclina hacia nuestra cultura y a la ya costumbre de violar la ley sabiendo que el castigo no es siempre certero o es manipulable dependiendo de qué “favores por cobrar” tenga en mi balance general. Sea como fuere, el MSPAS ha indicado en el Diagnóstico nacional de salud 2012 que las tres cau-sas de morbilidad más frecuentes fueron: infecciones respiratorias agudas, parasitosis intestinal y gastritis. Dos de las cuales son oca-sionadas por contaminación, particularmente en el agua, el mane-jo de desechos y la forma de cocinar los alimentos (especialmente en el área rural, donde vive casi la mitad de la población).

El clima tiene que ver con la formación del carácter y aquí en nuestra Guatemala la eterna primavera parece habernos ablanda-do al extremo de que existan números más tóxicos que el índice de CO2 y desastres más destructivos que una inundación; estos son (y me refiero aquí particularmente a los estudiantes de nivel supe-rior): las notas de los estudiantes universitarios, las horas gastadas viendo televisión, en el chat, o en consolas de juegos; el dinero gastado en alcohol y drogas, las horas dormidas (Números Tóxicos Por: Ing. Nery Chucuy – [email protected]) además, el poco tiempo ejercitándonos o practicando algún deporte, el poco tiem-po invertido en innovación o en resumen: todo el tiempo gastado en consumir y el poco tiempo invertido en producir.

De esta cuenta es que considero que más que la contaminación ambiental, la contaminación que prevalece es la psicológica, social y cultural y por ello los invito a que luchemos con pasión para des-hacernos de los números tóxicos que enferman a Guatemala.

En una democracia tan joven como la nuestra, el fortalecimiento de las leyes y la actualización continua de las mismas son necesarios para contener el derrame de abusos políticos, económicos y socia-les que se dan en nuestro país. Una de las normativas claves entre muchas para conservar a una sociedad sana es la Ley Electoral y de Partidos Políticos (decreto 1-85), y en el caso de Guatemala como tal ésta concede el derecho a los ciuda-danos a elegir y ser electos pero también regula el proceder de las organizaciones políticas que tienen como fin y parte de sus atribuciones ser los intermediarios entre el pueblo y el gobierno electo bus-cando los intereses del primero.

En Guatemala existen alrededor de veintinueve partidos políticos pero me viene a la mente cuál de ellos respeta la Ley Electoral, creo que encontraría-mos un déficit en la respuesta ya que es evidente que se viola la normativa por parte de éstos, y la violan en diferentes aspectos, podría mencionar algunos: el continuo incumplimiento a la prohibi-ción de propaganda antes de la convo-catoria de un proceso electoral, los par-tidos actúan colocando mupis, vallas, pintas en cualquier parte de la ciudad para promocionar al futuro candidato

que en cuatro años estará participando de nuevo en las elecciones. Considero que es no solo un irrespeto a la ley sino también al votante, ya que nos saturan con los colores y logos políticos, además de la contaminación visual que opaca nuestros paisajes.

La ley se sigue violentando, ya que los partidos son financiados en forma desmedida, no existe la responsabilidad política ni moral de tener un límite en los gastos de campaña, ni una fiscalización al financiamiento privado, ni tienen las organizaciones políticas la transparencia para llevar a cabo las publicaciones de las contribuciones monetarias al parti-do, esto ha abierto las puertas a grupos organizados fuera de la ley a patrocinar o formar organizaciones políticas para conservar su poder o hacerse de él y lle-var a cabo acciones que obedecen a sus intereses los cuales son solamente para llevar a cabo acciones ilícitas y no para trabajar para el bien del pueblo.

La Ley Electoral y de Partidos Polí-ticos se irrespeta, ya que tenemos a un Tribunal Electoral con poca autoridad para sancionar de manera drástica todos los abusos que llevan a cabo los parti-dos, los cuales hasta se mofan de multas que reciben por violar algún artículo.

Es necesario que la insti-tucionalidad se fortalezca y funcione. Es ne-cesario que como ciudadanos nos demos cuenta que sin nosotros los partidos no existen y tenemos el derecho y la obliga-ción de exigir que se respeten las leyes.

Es una batalla titánica corregir el mal proceder de los políticos, sus malas prácticas en esta dinámica están muy arraigadas, pero también están muy mal acostumbrados a que las leyes en Guatemala sean sumamente débiles. El papel del Tribunal Supremo Elec-toral se debe fortalecer, otorgándole más presupuesto, eligiendo a perso-nas probas para los cargos de magis-trados y apoyándolo en la reforma de leyes consensuadas con los diferentes sectores de la sociedad para sanear el sistema político de nuestro país. Lograr la construcción de una democracia nos toca a las guatemaltecas y los guate-maltecos.

“El político debe tener: amor apasio-nado por su causa; ética de su respon-sabilidad; mesura en sus actuaciones”. Max Weber.

En el mercado actual hay varios juegos infantiles basados en la compra y venta. Se juega con dinero falso y la búsqueda de la generación de un monopolio. Pero hay un elemento básico para poder coronarse campeón del juego: ser consciente del presupuesto. Es necesario saber cuánto gastar, cómo generar ingresos, a quién y cuánto dinero dedicar. El crear un presu-puesto es un principio para un juego, pero puede extrapolarse para ser atado con la realidad individual, comunitaria y con el mismo presupuesto nacional.

Los gastos públicos en muchas oca-siones parecieran estar mal direccio-nados; o simplemente que los gastos, ingresos e inversiones no están del todo controlados. ¿Es acaso esto posible? Basta entrar en un hospital público o dirigirse a una escuela en un municipio alejado para darse cuenta que es una realidad. De acuerdo con el índice de Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-llo, Guatemala se encuentra en el puesto 133. Ubicándonos como una nación de desarrollo humano medio, pero ¿por qué conformarnos con eso si se puede gene-

rar un cambio en la realidad del país?Necesitamos acciones para corregir el

mal funcionamiento de los gastos públi-cos, y la respuesta está a la vista: un presu-puesto estructurado. En muchos casos se ha sugerido la implementación de planes que tuvieron efecto en otros países, pero estos cuentan con una gran problemática. Fueron ideados y aplicados a partir de las necesidades de esas naciones en específi-co, no de Guatemala. Como John F. Ken-nedy dijo: “No podemos esperar que todas las naciones adopten sistemas similares, ya que la conformidad es carcelera de la li-bertad y enemiga del crecimiento”. No po-demos esperar que los mismos resultados se repliquen, puede que se den elementos similares pero no completamente.

El presupuesto y las aplicaciones del mismo tienen que responder a las nece-sidades presentes y futuras de Guatemala. Tanto para ir solucionando los problemas inmediatos como para ir posibilitando el desarrollo de la nación. De esta manera se podría mejorar el bienestar de los ciuda-danos de distintas generaciones, permi-tiendo una ampliación de su acceso a sa-lud, educación e ingresos. Un presupuesto

y un plan de acción que trabajen de la mano son indispensa-bles para que el país, en con-junto, encuentre solución a sus problemáticas.

Es necesario la promoción del desarro-llo económico para la nación, como tam-bién el saber cómo manejarlo. Se deben tomar en cuenta las prioridades que se tienen para estar alerta, pero sin olvidar la visión general. A través de la estructu-ración de los gastos públicos podríamos encaminarnos hacia una transformación de la realidad guatemalteca. La estructura de gastos debe basarse en una dialéctica entre la fijación y el cambio. Mantener lo que funciona y dejar entrar nuevas pro-puestas. La economía guatemalteca debe ser racionalmente usada, de otra manera nos encontramos chocando una y otra vez contra una pared de ladrillos. Hay que sa-nar la economía de Guatemala, por medio de un plan pensado para la nación presen-te y futura.

Números tóxicosEl respeto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos es el camino hacia una democracia sana

Dialéctica entre el cambio y la fijación

Diario La Hora/Guatemala, 24 de abril de 2014/Página 7

Alejandra Osorio

Universidad del Valle de Guatemala

Nery Chucuy

Universidad Francisco Marroquín

Page 8: Suplemento Universitario Abril 2014

Página 8 / La Hora / Suplemento Universitario / Guatemala, 24 de abril de 2014