REVISTA ABRA 8817-18

REVISTAABRA8817-18

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIVERSiDAD NACIONAL

301R454e Revista Abra / UCID. -- Nº 1 (1980)-

-- Heredia, C. R. : EUNA, 1980-v. : il. ; 21 cm.

Semestral

1. Ciencias sociales - Investigaciones -Publicaciones periódicas. 1. Universidad Na-cional. Unidad Coordinadora de Investigación yDocumentación.

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INDICE

Presentación 7

Introducción 9

I PARTEAportes de la Universidad Nacional a las Ciencias Sociales

Planificación regional, organización comunal y participaciónpopularM.Sc. Jorge Cayetano Mora Agüero. 15

Poder y hegemonía en la transición a los Estados NacionalesLic. Edwin González Salas. 47

11PARTEPensamiento crítico

Educación, cultura y humanismoLic. OsvaIdo Cazanga U.Lic. Juan Reyes Meza. 77

Crítica marxista a las limitaciones de la filosofía de la historia deHegelLic. Manuel Enrique Delgado Cascante. 103

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111PARTETemática internacional

Desarrollo económico y migración internacional en la Cuencadel CaribeDr. Thomas R. Ford. 121M.Sc. María de los Angeles Zúñiga Solano, traductora.

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PRESENTACION

Entre las publicaciones periódicas de la Universidad Nacional, laRevista ABRA tiene el agrado de presentar sus números 17-18, losque contienen un conjunto de temáticas de interés y actualidad enlas Ciencias Sociales.

En esta oportunidad, la revista sirve de medio para divulgar interesan-tes productos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional,procurando desde el punto de vista de los autores, generar pensamientocrítico y valiosos aportes al desarrollo de la ciencia social de nuestros días.

De esta forma la Revista ABRA cumple con su objetivo primordial,cual es el de proveer un órgano de divulgación y debate del quehacercientífico-académico de la Facultad de Ciencias Sociales.

Hacemos una especial invitación a profesores universitarios y estu-diantes, a adquirir esta revista, que será de mucho valor en las áreas deinvestigación y docencia, en particular en las disciplinas de Sociología,Historia, Filosofía y Economía.

El Comité Editor de la Revista ABRA agradece a los autores suvaliosa contribución para la realización de este volumen y externa sureconocimiento a la M.Sc. OIga Marta Sánchez, quien desde su puesto de

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Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, le ha brindado un decididoimpulso a su existencia, ya la Lic. María Elena Vargas, por su valiosadedicación en la elaboración de esta revista.

Se invita a docentes, investigadores de la Facultad, la UniversidadNacional, otras universidades y entes afines, a enviar sus artículos a estemedio de difusión del conocimiento.

Quedamos a sus gratas órdenes para recibir sugerencias que redun-den en una superación constante de nuestra parte, para ofrecer lo mejorde nosotros a todas las personas e instituciones a las cuales servimos.

M.Sc. María de los Angeles Zúñiga SolanoDirectora

Revista ABRA

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INTRODUCCION

Amanera de sumario, la Revista ABRA Nos·17-18 se divide en trespartes. En la primera parte, encontramos el artículo Planificaciónregional, organización comunal y participación popular, elcual constituye una síntesis de varias investigaciones realizadas

por el autor, sobre los tres temas principales que se enfocan en el mismo.

Por una parte, se describe la trayectoria y planteamientos presentesen la planificación costarricense, en relación con la participación popularen la toma de decisiones, enfatizando en los Planes Nacionales deDesarrollo del período 1978-1990.

Además, el artículo se refiere al proceso de descentralización en latoma de decisiones, impulsado en el período 1974-1990, con base en losConsejos Regionales de Desarrollo y los gobiemos locales.

Así también se relata y analiza el surgimiento de organismos comu-nales de participación popular en forma espontánea y las funciones quecumplían en ese campo. En el mismo apartado, el artículo se refiere a lacreación del Programa Comunal Institucionalizado, sus objetivos y poten-cialidad de este conjunto de organizaciones populares, como instrumentode planificación local, regional y nacional, en la toma de las decisiones queafectan a las grandes mayorías costarricenses.

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El artículo Poder y hegemonía en la transición a los EstadosNacionales, presenta un balance crítico de la producción historiográficacostarricense, referida al estudio de los políticos y en general a la historiadel poder de la Costa Rica del siglo XIX. Evalúa los temas abordados, losenfoques teóricos y metodológicos adoptados y señala nuevas perspec-tivas de análisis.

La segunda parte, compuesta por los artículos Educación, culturay humanismo y Crítica marxista a las limitaciones de la filosofía de lahistoria de Hegel, comprende respectivamente lo siguiente. El primerose refiere a un análisis de las relaciones entre la cultura y la educación, apartir de la reflexión del hombre como ser inteligente y creador y de lacomprensión de la cultura enmarcada en una realidad histórica y social.Se plantea que la crisis de la educación actual es expresión de la crisiscultural, que no es otra cosa que la expresión del carácter dinámico de lasociedad cambiante de nuestra época.

La educación debe actuar sobre las condiciones de existencia denuestra sociedad, en esa tarea de dar respuesta a las exigencias de lacrisis en que está inmerso el sistema educacional, participa la pedagogíacomo ciencia que define contenido, métodos, actividades curriculares ylíneas de conducta para educadores y educandos.

En el segundo artículo, el autor expresa que la filosofía hegeliana dela historia ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la crítica social a partirde la crisis de los países socialistas. Sin embargo, sólo una crítica marxistapuede desentrañar las limitaciones del método hegeliano que consistenen hacer depender la historia de las necesidades lógicas.

La tercera parte está compuesta por el artículo Desarrollo econó-mico y migración internacional en la Cuenca del Caribe, en el cual elautor plantea que las estrategias de desarrollo económico impulsado porEstados Unidos han jugado un papel significante en la estimulación de lamigración internacional en la Cuenca del Caribe.

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Se presenta un análisis pormenorizado por países, de factoresasociados a esta situación tales como composición demográfica, cambiosen la cantidad y calidad de la fuerza laboral, incorporación de la mujer al

. trabajo remunerado, crecimiento urbano, calidad de vida, etc.

El autor concluye que el hecho de que el desarrollo causa lamigración, no es una razón para condenar cualquiera de los dos procesos.Sin embargo, los problemas sociales y económicos relacionados conambos obligan a un más amplio análisis de esa relación.

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http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

DR © 1993. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional, Costa Rica https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/index

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PLANIFICACION REGIONAL, ORGANIZACION COMUNAL Y

PARTICIPACION POPULAR

Jorge Cayetano Mora

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Introducción

D urante las últimas cuatro décadas, especialistas de numerosos organismos internacionales han planteado a nuestras autoridades la importancia de la participación popular en los diferentes niveles y etapas de la planificación del desarrollo económico y social.

En los seminarios nacionales y regionales, realizados en nuestro país sobre el tema, se ha analizado la importancia, alcances y necesidad de estimular la participación popular en los niveles de planificación, diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación.

Nuestros gobernantes y organismos rectores de la planificación no sólo han reconocido las virtudes de la incorporación de la población en ese proceso, sino que en forma reiterada se han comprometido a estimular e impulsar la participación popular en todos sus alcances. No obstante, el hecho de existir desde hace más de quince años estructuras institucionales especializadas, encargadas de la planificación regional y la promoción de la participación popular, la misma, en los niveles decisorios para la población , ha quedado a nivel de planteamientos teóricos y quizá retóricos.

La única participación, que han estimulado y fomentado las estructuras institucionales nacionales, se ha limitado a la etapa de ejecución de programas y proyectos de los planes, con fines de legitimar los mismos en el seno de la población y abaratar sus costos con recursos de las comunidades. La idea de «participación» ha sido adecuada a los intereses de las instituciones y ha pasado a convertirse en un instrumento que conlleva fines utilitarios, solo promovida y fomentada en la ejecución de los proyectos y las actividades de estos.

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El presente documento no pretende teorizar sobre las distintas definiciones y modalidades de la planificación. La intención del autor -en concordancia con su especialidad y experiencia en el trabajo con organizaciones popularesconsiste en analizar algunos planteamientos e iniciativas institucionales de planificación regional, local y participación popular proclamados o impulsados en las últimas administraciones.

Este trabajo comprende el resultado del estudio de documentos oficiales, emanados del Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

El mismo consta de cuatro apartados. El primero intenta un análisis de las políticas de planificación regional, presentes en los distintos Planes Nacionales de Desarrollo.

El segundo describe los orígenes, composición, funciones y logros de los Consejos Regionales o Subregionales de Desarrollo hasta la actualidad.

El tercero esboza, en forma resumida, la trayectoria y características de la organización comunal, como una de las formas más generalizadas y representativas de participación popular, y quizá de planificación local en nuestro país en las últimas décadas.

El cuarto plantea las perspectivas de la organización comunal en Ja planificación local.

1. PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Y PARTICIPACION POPULAR

1.1. Inicios de la planificación en Costa Rica y participación popular

E n Costa Rica, los primeros intentos de planificación para el desarrollo económico y social se producen a inicios de la segunda mitad del presente siglo. A mediados de la década de los cincuenta, a raíz de la gravedad de

numerosos problemas como salud, analfabetismo y ausencia de infraestructura básica, entre otros, algunas instituciones nacionales, con apoyo y asesoría de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para

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la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), intentaron la ejecución de planes sectoriales con participación popular.

La década de los sesenta marcó la generalización de la planificación indicativa en todo nuestro continente incluido nuestro país, en el cual, desde los inicios de los años cincuenta, se había iniciado un acelerado proceso de modernización del arcaico sistema capitalista vigente.

El Programa de Alianza para el Progreso 1961 -promovido por el gobierno norteamericano del Presidente Kennedy-fue el estímulo indispensable para la creación de organismos nacionales encargados de la planificación en Latinoamérica y constituyó, para nuestro país, un requisito indispensable para ser objeto de apoyo técnico y financiero internacional.

En Costa Rica, como en otros países del continente, el proceso de planificación se inició a principios de esa década con la emisión de la Ley de Planificación A3087 de enero de 1963, que creó la Oficina de Planificación Nacional (OFIPLAN).

Desde los inicios de la planificación en Costa Rica, por recomendación de los organismos internacionales, se había planteado en forma insistente la importancia de la representación y participación del país en el proceso planificador.

La Ley A3087 de enero de 1963, creó también, la comisión consultiva en planes, integrada por funcionarios de OFIPLAN, seis representantes de los organismos que tuviesen relación con el Plan Nacional de Desarrollo y estipulaba, además, la necesaria participación, en la misma, de al menos un representante de una organización obrera.

1.2. Iniciativas de participación popular en el período 1963-1978

Establecida OFIPLAN, sus funcionarios iniciaron la preparación del primer plan nacional de desarrollo, que según el programa, ordenaría el desarrollo económico y social del país en el período 1964-1969.

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A pesar de los reiterados planteamientos de los organismos internacionales en cuanto a la participación de la población en el proceso planificador, el primer plan nacional de desarrollo no estipula ninguna forma de participación popular en el proceso. La participación inducida de la población en la ejecución de programas sectoriales y nacionales de desarrollo sólo se hizo patente a partir de la década de los setenta, con el planteamiento y ejecución del primer Plan Nacional Agropecuario 1971-197 4, en el cual la participación de la población agrupada en organizaciones comunales fue de suma importancia.

El programa de organización comunal dirigido por el Estado, a cambio de recibir recursos financieros y apoyo político para su existencia y accionar, se comprometió y participó activa y eficazmente en la ejecución de programas y proyectos del Plan Agropecuario en el marco de la política social planteada por el gobierno del período, con el lema de «lucha contra la miseria extrema».

Con el fin de promover e impulsar la participación comunal en las anteriores políticas estatales del período, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), como organismo rector del programa comunal estatal, elaboró e impulsó la ejecución de _s~ primer Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad para el período 71-74 (dicho sea de paso el único que se ha ejecutado-en su totalidad). El anterior plan estipula, como prioridades para las organizaciones del período, el apoyo irrestricto a los planteamientos del gobierno en materia agropecuaria, y los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Años más tarde, las autoridades estatales evaluaron muy positivamente dicha experiencia de participación popular y la tuvieron muy en cuenta en los sucesivos planteamientos de planificación regional.

Aunque los tres primeros planes nacionales de desarrollo fueron parcos en sus planteamientos de participación popular, en el proceso planificador, los recursos y esfuerzos de las comunidades han sido utilizados en forma programada por los organismos de gobierno central y las instituciones autónomas, desde principios de la década de los sesenta.

Documentos oficiales del período (1) indican que, ministerios como Obras Públicas y Transportes, Salubridad y Educación Pública, Agricultura y Ganadería, entre otros, desde principios de la década de los sesenta habían creado

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departamentos dedicados a formar comités comunales para que contribuyeran en la construcción de caminos, escuelas, centros comunales y promover programas de salud, educación, mejoramiento de la agricultura y otras acciones de incumbencia de estos entes gubernamentales. Asimismo, en ese período, instituciones autónomas como: el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto de Tierra y Colonización, el Instituto de Vivienda y Urbanismo y la Caja Costarricense de Seguro Social, habían creado unos departamentos comunales para impulsar la participación de grupos organizados en la solución de numerosos problemas de su incumbencia.

Las dos administraciones del Partido Liberación Nacional de la década de los setenta -Figueres 1970-7 4 y Oduber 197 4-78- programaron y ejecutaron gran parte de sus planes y programas sociales con esfuerzo y recursos, materiales y humanos, no remunerados de la población, a través de organismos comunales.

El éxito relativo en la ejecución del Plan Agropecuario 1971-7 4, y del programa de lucha contra la miseria extrema impulsados por el IMAS, en esa misma administración y por Asignaciones Familiares en la administración Oduber, en parte, se debió a la entusiasta y valiosa participación popular por intermedio de las Asociaciones de Desarrollo Comunal en la etapa de ejecución de los mismos.

1.3. El Plan Nacional de Desarrollo Gregorio José Ramírez y la participación popular

La experiencia acumulada, hasta este momento, sobre la utilización de la participación popular en la ejecución de programas y proyectos infraestructurales y sociales, fue analizada por los técnicos del organismo rector de la Planificación, a principios de la administración de la Unidad 1978-82. Los mismos llegaron a la conclusión de que la excesiva centralización en la toma de las decisiones y la descoordinación institucional reducía al mínimo la utilización del potencial material y humano latente en las comunidades.

Como resultado del anterior diagnóstico, por primera vez en la historia de la planificación en Costa Rica, el Plan Nacional de Desarrollo Gregario José Ramírez, en el período 1979-82, valora y propone explícitamente la participación

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popular en todas las etapas de la planificación nacional, como uno de los principales instrumentos -que según criterio oficial- garantizarían el éxito y la profundización del sistema democrático.

El Plan Nacional de Desarrollo Gregorio José Ramírez formula como objetivos fundamentales «la realización plena e integral del ser humano y la armonización de los intereses de todos los sectores sociales, así como el desarrollo integral de la sociedad y de un sistema político orientado hacia el logro de una verdadera democracia dentro del marco de los principios de responsabilidad, dignificación de la persona, participación popular y esfuerzo propio de cada costarricense» (2).

El planteamiento del Gregorio José Ramírez, se fundamentó en las perspectivas de la participación orgánica y activa de la comunidad organizada, principalmente, en Asociaciones de Desarrollo Comunal, en las cuales el gobierno cifró grandes esperanzas.

Al respecto, el plan enunciaba: «La organización de la comunidad es la herramienta central para combatir el paternalismo estatal y transferible paulatinamente a las comunidades el papel principal en el proceso de desarrollo. La comunidad debe organizarse no solo para lograr una mayor participación social y política, sino también económica. La participación popular es la mejor vía posible para el desenvolvimiento de una nación democrática, que produciendo suficientes bienes y servicios pueda satisfacer las necesidades de los costarricenses» (3).

La participación popular en las diferentes etapas de la planificación democrática para el desarrollo económico y social del país, fue expuesta en esa administración, en los términos de la existencia de una organización popular de base, que a partir del núcleo familiar, integrará a las empresas, los sindicatos, las juntas de vecinos, las asociaciones solidaristas, los organismos comunales, las cooperativas, los consejos regionales de desarrollo y otros organismos cívicopopulares de las comunidades.

Tal planteamiento ha sido utópico si se toman en cuenta la realidad sociopolítica del período y la situación de la organización popular del movimiento especialmente comunal, en la cual se cifraban grandes expectativas. Es justo

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reconocer, lo ambicioso del proyecto y los esfuerzos de las autoridades gobernantes de ese período, tendientes a operacionalizar este sistema. Para tal efecto, entre otras medidas, el organismo rector de la planificación nacional, creó y puso a funcionar 22 Consejos Subregionales de Desarrollo, y luchó por la constitución de un Consejo Regional en cada una de las regiones programáticas, que según lo propuesto coordinaría la labor de los Consejos Subregionales y estimularía la participación popular.

Durante ese período, por primera vez en nuestro país, se hicieron importantes esfuerzos por llevar a la práctica un sistema de planificación operativo a través de los Consejos Subregionales de Desarrollo y las Asociaciones de Desarrollo Comunal, que constituyó una valiosa experiencia en ese campo.

Los planteamientos de planificación regional local propuestos por el ente rector de la planificación nacional, fueron complementados por la iniciativa conocida como el Programa Integrado de Participación Popular (PIPP), que pretendió promover el proceso participativo de la población, desde el nivel distrital hasta el nacional, a través de organismos locales coordinados por las Asociaciones de Desarrollo Comunal. A pesar de los esfuerzos realizados con el fin de poner a funcionar lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo Gregorio José Ramírez en materia de planificación regional y participación popular, los resultados no fueron del todo satisfactorios. A criterio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), los costos resultaron muy elevados para la situación económica del país, además las organizaciones populares de base no estaban al nivel deseado para asumir las responsabilidades que se le asignaban.

1.4. El Plan Nacional de Desarrollo Volvamos a la Tierra y la participación popular

Durante los primeros años del gobierno de la administración de don Luis Alberto Monge 1982-86, se intentó o al menos se planteó el propósito de continuar lo iniciado por la administración anterior, tanto en materia de planificación regional como en participación popular. El Plan Nacional de Desarrollo para el período 1982-86 «Volvamos a la Tierra», en su apartado de objetivos generales expone al respecto: «Este plan como programa político de gobierno, busca orientar la labor enriquecedora y, a la vez, fiscalizadora de las organi-

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z cio es oopulares, a nivel de regiones y de sectores de actividad pública, en un esfuerzo sin precedentes que garantice un postulado ideológico-político del presente gobierno, para promover y fortalecer al máximo la participación» (4).

Los planteamientos de participación popular, esbozados en el Plan Nacional de Desarrollo Volvamos a la Tierra, sin embargo, distaron mucho de lo que se realizó. La grave situación económica generada por la crisis, fue descargada en las capas sociales más débiles de nuestra población. Estas en numerosas ocasiones se rebelaron durante esa administración, exigieron ser escuchadas, mejorar su situación y lograr algún grado de participación en las decisiones estatales (5). La mayoría de los movimientos fueron restringidos y, en ocasiones severamente repri-midos por las mismas autoridades, quienes en el Plan Nacional de Desarrollo Volvamos a la Tierra, habían pregonado la participación popular y la acción fiscalizadora de la población sobre las acciones del gobierno.

Durante esa administración, además de aducir problemas de alto costo, deficiencias en la participación popular y haberse quemado una etapa, se modificó el sistema de planificación regional establecido en 1979, se eliminaron los Consejos Subregionales y se restringió el proceso de planificación operativa, promovida en la administración anterior, que constituyó un intento de participación popular de gran valía en la toma de las decisiones regionales y locales.

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1.5. Planteamientos y logros parciales en la participación popular en el Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990

La administración del Dr. Osear Arias Sánchez, que en sus inicios reunió a un selecto grupo de intelectuales, con grandes iniciativas y aspiraciones políticas, con anterioridad a la toma del poder, había anunciado modificar las estructuras que fuesen necesarias, con el propósito de cumplir la promesa de campaña de, «distribuir poder político en la sociedad civil, y lograr la democratización en la toma de las decisiones locales, regionales y nacionales».

El Plan Nacional de Desarrollo, planteado para el período 1986-1990 establece toda una estrategia de Democratización Geográfica, que pretende el fortalecimiento de la planificación regional y la participación popular, a través de las organizaciones cívico-populares y las municipalidades. Al respecto el plan dice: « El programa de Democratización Geográfica centrará sus esfuerzos en el fortalecimiento de los mecanismos de participación, y en particular en el régimen municipal y el Sistema de Planificación Regional» (6).

Esa administración cifró sus esperanzas y propósitos de distribución del poder político, descentralización y democratización en la toma de decisiones, en el fortalecimiento de los Consejos Regionales, como estructuras de planificación regional y participación popular en el proceso.

El Plan Nacional de Desarrollo, en relación con estas estructuras regionales, se propuso como objetivo: «Fortalecer los Consejos Regionales de Desarrollo, como entes de negociación entre los grupos de interés de las regiones, orientados a la identificación de los problemas regionales a la búsqueda de soluciones públicas y privadas y sobre todo a la asignación de prioridades a la solución de los problemas» (7).

A diez meses de finalizar esa administración y con ella el actual Plan Nacional de Desarrollo, la descentralización, distribución del poder político y la democratización en la toma de decisiones, no fue una realidad, al menos en los términos propuestos en el plan y en proporción a las expectativas que estos planteamientos crearon en los diversos sectores de la población.

A pesar de que la intención del gobierno, estuvo vigente y se dieron algunos

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ligeros logros en la planificación regional, a través del accionar de los Consejos Regionales, la masiva incorporación y participación popular en la ejecución de los programas y proyectos del plan -a excepción del Programa de Vivienda con características muy especiales- no ha sido una realidad, fundamentalmente, porque el presente plan adolece de la mayoría de los vicios de todos sus antecesores entre los cuales pueden enunciarse:

a) La población no participó en la definición de las necesidades y prioridades comprendidas en el mismo.

b) La definición de programas y proyectos por desarrollar y las inversiones correspondientes, en la mayoría de los casos, se hacen por intereses políticos o económicos de grupos privilegiados, que se arrogan no sólo el derecho, sino el monopolio de estas decisiones.

c) Utilización de la población y sus organizaciones de base tan solo en la etapa de ejecución de los programas y proyectos, con el fin de legitimar y abaratar el costo de los mismos.

d) Ausencia de capacitación adecuada para los organismos representativos de los diferentes actores de la población, en cuanto a su responsabilidad de definir sus problemas, necesidades y prioridades, además de exigir sean tomados en cuenta a la hora de elaborar el Plan Nacional para un determinado período.

2. LOS CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO Y LA PARTICIPACION POPULAR

2.1. Orígenes jurídicos, composición y funciones de los Consejos de Desarrollo

E n abril de 1974 el gobierno emitió una nueva Ley de Planificación, la H5525 que derogó la A3087 de enero de 1963. La nueva Ley de Planificación en su artículo 1 ero. plantea como uno de los principales objetivos, «propiciar

una participación cada vez mayor de los ciudadanos» (8).

El artículo 3ero. de dicha ley es de gran trascendencia en este campo pues

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señala, «la potestad de crear unidades, oficinas y mecanismos de coordinación y asesoría que expliciten y faciliten la creación de los Consejos de Desarrollo y Coordinación, donde participen orgánica y organizadamente el sector público, el privado y los organismos cívico-comunales» (9).

La experiencia acumulada en la formulación y esfuerzos por ejecutar los primeros planes nacionales de desarrollo y las recomendaciones de organismos técnicos internacionales, indicaban la importancia y casi urgencia de la regionalización del país. El impulso de una planificación regionalizada permitiría al gobierno conocer y atender con mayor objetividad y racionalidad los problemas prioritarios de cada región e intentar una participación de los diversos sectores en las distintas etapas de la planificación y ejecución de los programas y proyectos.

La Ley H5525 de 197 4 estableció de esa forma, las bases jurídicas para la planificación regional del país. La decisión política de iniciar el proceso, sin embargo, no se dio sino hasta setiembre de 1976. A partir de esa fecha, el gobierno emitió diversos Decretos Ejecutivos, relacionados con la regionalización y la estructuración de diferentes niveles y estructuras de participación de la población en la planificación nacional. La anterior legislación, por decreto de tal forma, estableció las bases para la estructuración y seguimiento de lo que sería el Subsistema Nacional de Planificación Regional y Urbana.

Según lo establecido, el subsistema estaría conformado por cinco Ministros de Estado: Planificación, Obras Públicas y Transportes, Economía e Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y, además, los Presidentes Ejecutivos del Banco Central, IFAM, INVU, ICE, A y A, ITCO y el Procurador General de la República. Entre las principales funciones del sistema aparecen:

a) «Definir la política nacional de desarrollo regional y urbano, como orientación especial de la actividad nacional para el desarrollo.

b) Aprobar y recomendar la regionalización del país para fines de la planificación y acción regional de las instituciones públicas en general.

c) Promover y, en su caso, aprobar los planes de desarrollo regional,

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impulsar su ejecución, evaluar sus resultados y renovarlos total o parcialmente en forma periódica, todo de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.

d) Aprobar y recomendar la creación de Consejos Regionales y Locales de Desarrollo» (1 O).

Tal y como se deduce por su composición , ubicación y funciones, se trataba de un organismo político de gran envergadura. Las estructuras claves del sistema serían los Consejos Regionales y Locales. Los mismos se organizarían en las regiones o zonas que recomendara OFIPLAN y, una vez establecidos, se instalaría la respectiva Oficina Integrada de Coordinación Regional, atendida por un funcionario calificado de esta institución.

Los organismos regionales y locales propuestos serían estructuras con potestades para definir políticas y objetivos de desarrollo, promover, controlar y evaluar los planes y programas en los límites de su jurisdicción y tendrían como misión primordial, el convertirse en instrumentos que promovieran y generaran la participación organizada, activa de la comunidad en la planificación nacional y local.

De acuerdo con lo establecido en ese momento, los consejos locales o subregionales -estructuras donde tendría mayor representación popularestarían integrados por: «Los Presidentes Municipales de los Cantones incluidos en el área, un representante de cada uno de los organismos nacionales que tengan asiento en ella, el jefe de la Oficina Integrada de Coordinación Regional y un delegado de cada uno de los organismos cívicos, profesionales o de actividad económica que tenga suficiente representatividad» (11 ). OFIPLAN se comprometía, al menos en el papel, a no someter a conocimiento del Consejo Nacional, ningún plan, programa o proyecto de tipo regional o local sin que previamente hubiese sido discutido y avalado por el Consejo Regional o Local respectivo.

En la práctica, el sistema aprobado de planificación regional no funcionó de acuerdo con lo estipulado. Los consejos subregionales y locales no se constituyeron en ese período.

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Lo establecido, en materia de planificación regional hasta 1978, fue retomado y, en parte, mejorado por el gobierno de la Unidad, en el período 1978-82. A partir de 1979, MIDEPLAN dio inicio a la estructuración de los organismos regionales programados y, a través de los Decretos 10157 P-OP y 10653 P-OP, acordó la creación de 22 Consejos de Desarrollo y Coordinación Subregionales y 5 Regionales.

El proceso de constitución de los Consejos Sub regionales resultó complejo, largo y costoso. Según consta en documentos de MIDEPLAN (12) el mismo no llenó las expectativas del organismo rector de la planificación y menos aún de la población, en la cual se crearon grandes expectativas de participación. Los plazos establecidos no se cumplieron a causa de múltiples problemas y el proceso de organización de los Consejos Regionales, tan solo se iniciaría en octubre de 1982.

En un seminario sobre planificación regional, organizado por MIDEPLAN en noviembre de 1982, se informaba: «no existe homogeneidad en las instituciones, sobre los objetivos y grado de participación de la comunidad en las acciones destinadas a resolver sus problemas, desde la identificación de sus necesidades hasta la evaluación de sus resultados. Existen grandes deficiencias metodológicas para la incorporación efectiva de las organizaciones de base en el proceso de planificación regional sectorial» (13).

Las conclusiones de ese seminario abogaban por mayor participación e integración de las comunidades organizadas en el proceso. Una de las recomendaciones decía: «la estructura de planificación regional debe fortalecerse integrando a los Consejos Regionales, a grupos de base, comités distritales, asociaciones de desarrollo y consejos locales» (14).

Hasta 1985, a pesar de los esfuerzos continuados en las tres últimas administraciones (Oduber 197 4-1978, Carazo 1978-1982 y Monge 1982-1986), las estructuras de planificación regional no habían funcionado según las expectativas. Un informe de MIDEPLAN de ese año indicaba: «en la práctica el subsistema de Dirección y Planificación Regional no ha funcionado. Las instancias de coordinación y dirección como el Consejo Nacional de Desarrollo Regional y el Consejo lnterregional nunca han operado y ni siquiera se han constituido formalmente, lo que ha repercutido en forma directa en los Consejos

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de Desarrollo Regional, debilitándolos en su capacidad de gestión y negociación» (15).

El informe evaluativo mencionado denunciaba, además, «que los Consejos de Desarrollo no se han consolidado como estructuras con capacidad de negociación y coordinación, por la inexistencia de políticas claras en los niveles superiores del gobierno, orientadas a desconcentrar el poder administrativo» (16).

A finales del gobierno del Sr. Monge Alvarez, los Consejos Subregionales dejaron de ser una prioridad para el mismo y poco tiempo después, fueron casi desechados como estructuras de planificación y participación de la población organizada en la toma de decisiones regionales y locales.

Según opinión de altos funcionarios de MIDEPLAN, el Subsistema Nacional de Planificación Regional y Urbana -tal y como fue concebida a mediados de la década de los setenta- fue una idea romántica poco factible en nuestro medio. En todo caso a criterio de MI DE PLAN, los Consejos Subregionales de Desarrollo constituyeron una etapa que parecía indispensable en la consolidación de un sistema de planificación regional adecuado a nuestro sistema económico y social.

2.2. La Planificación Regional en la Administración Arias Sánchez

La administración Arias Sánchez replanteó la estructura y funciones de MIDEPLAN, especialmente, en lo referente a la planificación regional. El 8 de junio de 1987 se establece, por decreto, un Reglamento General para este ministerio, en el cual se aclaran, se norman y fortalecen las funciones y atribuciones del organismo rector de la planificación del país. Como aspecto relevante de este reglamento, se destaca la gran importancia que se le concede a la participación de la población organizada en la formulación de los planes regionales y sectoriales.

En cuanto a las funciones del ministerio, el inciso c del artículo 1 del reglamento establece que:

«MIDEPLAN tiene como función elaborar con la participación de las

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instituciones públicas y grupos organizados de las comunidades, los planes operativos sectoriales y los planes de desarrollo regional» (17).

La política de planificación regional del gobierno del Dr. Arias Sánchez se concretó el 2 de marzo de 1988, cuando se decreta la constitución del Subsistema de Dirección y Planificación Regional, como parte integrante del Sistema Nacional de Planificación, y cuyo objetivo sería: «mejorar la dirección y coordinación de la administración pública en las diferentes regiones del territorio nacional, y con la participación organizada de la población, lograr la democratización geográfica del país» (18).

Según el decreto, el subsistema está integrado por MIDEPLAN y los Consejos Regionales de Desarrollo. Estos últimos tendrán las siguientes facultades:

a) « Recomendar poi íticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en sus respectivos ámbitos territoriales.

b) Promover, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades señaladas en el inciso anterior, en las regiones de su jurisdicción.

c) Establecer la coordinación interinstitucional en las regiones» (19).

El decreto establece la constitución de seis Consejos Regionales de Desarrollo, uno en cada región programática del país.

Si se juzga por su integración, los actuales Consejos Regionales de Desarrollo, constituyen organismos sumamente políticos y poco participativos de la comunidad organizada.

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Su integración según lo establecido es la siguiente:

a) «Los Gobernadores de las provincias comprendidas en la región.

b) Los coordinadores de los Comités Sectoriales de cada región y los funcionarios públicos de las instituciones que presten servicios en la respectiva región (con derecho a voz).




c) Cinco Regidores propietarios de cada municipalidad comprendida en la región, designados por los respectivos Concejos Municipales .

d) El Presidente de la Liga de Municipalidades de la región.

e) Cinco representantes de los organismos de base de cada región, por lo menos dos de estos deben ser elegidos de entre los.representantes de las asociaciones de desarrollo comunal.

f) Tres representantes de los organismos privados de actividades productivas de la región.

g) Los Diputados de cada provincia incluida en la región» (20).

Lo anterior es la estructura de participación popular vigente en el proceso de planificación regional. En cuanto a los consejos locales o subregionales, aunque no se niega su posible existencia, no constituyeron ninguna prioridad en la administración Arias. En relación con lo anterior, artículo 25 del capítulo VI, disposiciones finales el decreto dice lo siguiente: «MIDEPLAN podrá promover la creación de Consejos Subregionales de Desarrollo en las regiones que estime pertinente. En tales casos, se aplicarán para dichos Consejos las disposiciones del presente decreto» (21 ).

En cumplimiento con la política de planificación regional de la presente administración, de los seis Consejos Regionales programados, se han estructurado o constituido cinco, los cuales funcionan con cierta regularidad y son los siguientes: Región de Pacífico Central, Región Brunca, Región Huetar Atlántica, Región Chorotega y Región Huetar Norte.

Entre los logros recientes de la política de Planificación Regional en la actualidad, se enumeran los siguientes como los principales.

a) El sistema institucional del país se adecua paulatinamente a lo estipulado en la regionalización.

b) Se elaboró un plan nacional de inversiones con sus respectivas prioridades y se hacen esfuerzos para su aplicación.

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c) Los Consejos de Desarrollo Regionales elaboraron y presentaron sus respectivos Planes Regionales, en cuya elaboración se afirma participaron alrededor de 1.500 dirigentes y funcionarios de las distintas instituciones.

3. ORGANIZACION COMUNAL Y PARTICIPACION POPULAR

3.1. Origen y características de la organización comunal independiente

E n Costa Rica la organización comunal -como estructura de participación popular en la solución de los problemas locales, con características y funciones similares a las actuales- surge a principios de la década de los

veinte del presente siglo.

Las primeras organizaciones comunales como tales, en el ámbito costarricense, surgen en 1920, a raíz de un Decreto Oficial del entonces Presidente de la República don Julio Acosta, que creó las Juntas Sanitarias Patrióticas como estructuras de participación popular en la lucha contra la problemática sanitaria del país.

A poco tiempo de haberse constituido estas estructuras oficiales, muchas de ellas cambiaron su nombre y ampliaron sus objetivos, con el fin de intervenir en la solución de toda la problemática del país y no únicamente en las tareas que les asignaba el decreto de su creación.

En el período 1923-1955, las organizaciones comunales primero, denominadas Juntas Patrióticas Progresistas y luego tan solo Juntas Progresistas, se mantuvieron como una importante opción de organización y participación popular, no obstante el auge del sindicalismo como principal forma organizativa del período. A partir de 1955, la organización comunal experimenta un cambio cualitativo de suma trascendencia.

El 19 de junio de ese año, se constituye el primer organismo de integración en el seno de la organización comunal, la Federación Nacional de Juntas Progresistas, que unificó, fortaleció y dio gran impulso al movimiento comunal independiente. En las dos décadas siguientes 1955-1975 la organización

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comunal denominada Movimiento de Juntas Progresistas, se convirtió en la principal forma organizativa para la participación popular en la lucha por la solución de la más variada problemática del país.

La organización comunal con la égida de la Federación Nacional de Juntas Progresistas, mantuvo siempre una posición de independencia frente al Estado y sus instituciones, lo que le permitió convertirse en fiscal de las decisiones y acciones institucionales que afectaban a la población. Su legitimación en el seno de la población, el estudio permanente de los problemas locales, regionales y nacionales les concedía autoridad suficiente como representantes populares, y argumentos sólidos para exigir al Estado la solución de los problemas.

En sus mejores momentos, las Juntas Progresistas exigieron y lograron representación popular en las principales instituciones estatales con funciones sociales, desde esa posición, los dirigentes se hicieron escuchar y lucharon por influir en las decisiones que afectaban a las capas más desprotegidas de la sociedad.

Las características del accionar del Movimiento de Juntas Progresistas logró la concientización de un número cada vez mayor de ciudadanos, sobre los orígenes, causas reales de los problemas y diversas formas de enfrentarlos. Esta labor de capacitación y quizá formación poi ítica -no politiquera-fue considerada por el gobierno como peligrosa para el sistema vigente, y pronto estas organizaciones fueron acusadas de subvertir el orden público.

Desde finales de la década de los cincuenta, el Estado impulsó acciones para controlar la organización comunal independiente y dirigir las acciones, los recursos al logro de los programas y proyectos estatales definidos como prioritarios (22).

3.2. Creación del Programa Comunal Estatal Costarricense

La organización comunal, como programa estatal dirigido a promover la participación popular, había sido experimentada en diversos países de los tres continentes en desarrollo, recomendada, incluso, exigida por los organismos ;ntemacionales, como requisito para brindar apoyo técnico y asistencia económica cara solucionar nuestros problemas.

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Durante las décadas de los cincuenta y sesenta de este siglo, en la mayoría de los países latinoamericanos, se crearon fuertes estructuras institucionales para impulsar programas estatales de organización comunal. El fin primordial fue promover la participación popular en la ejecución de los planes nacionales de desarrollo, especialmente, en las áreas de infraestructura y programas sociales.

En el caso costarricense, a finales de la década de los cincuenta se iniciaron los primeros contactos con miras a la creación de un programa de organización comunal estatal, que pretendía estimular a la población, captar y utilizar recursos de las comunidades para la ejecución de programas y proyectos de carácter social e infraestructura.

La década de los sesenta fue crucial en el proceso. Luego de gran empeño institucional, en febrero de 1964, se creó la primera estructura oficial en ese campo denominada Oficina Nacional para el Desarrollo Integral de las Comunidades. El objetivo principal fue la preparación de las condiciones para la aprobación de la ley sobre Desarrollo de la Comunidad y la creación de DINADECO, como institución estatal rectora de la organización comunal en Costa Rica. Este acontecimiento, de gran significado para la organización comunal, tuvo lugar el 7 de abril de 1967.

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El programa comunal, dirigido por el Estado en nuestro país, fue creado justamente cuando el movimiento comunal independiente, coordinado por la Federación Nacional de Juntas Progresistas, había alcanzado su más alto nivel de participación popular en las luchas por la solución de los problemas nacionales y locales, además de un alto grado de autocapacitación y concientización sobre las causas y características de los problemas y gran legitimación en las diversas capas de la población.

El programa comunal estatal, desde sus inicios, tuvo objetivos políticos, estratégicos y económicos bien definidos. Entre otros pretendía; estatizar y controlar políticamente el movimiento comunal independiente y encauzar la participación popular, recursos y esfuerzos hacia el logro de los planes, programas y proyectos, definidos por el gobierno como prioritarios (23).

3.3. Funciones y principales características del Programa Comunal Estatal 1967-1989

La Ley 3859, que creó oficialmente el programa comunal costarricense y que pretendía, además, estatizar y controlar la organización comunal estableció también las funciones que debían cumplir estas organizaciones populares, como apoyo a las políticas estatales para el desarrollo. Algunas de las principales funciones decretadas fueron las siguientes.

«Estimular la cooperación y participación activa y voluntaria de la población, en un esfuerzo total para el desarrollo económico y social de la comunidad.

Luchar por el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población organizada, coordinando los esfuerzos y habilidades de los habitantes de la zona respectiva.

Realizar con la participación activa de los afiliados, estudios e investigaciones de los problemas básicos de la región , para conocer claramente las necesidades existentes y los recursos disponibles para solucionarlos.

Trabajar por el mejoramiento de los servicios públicos existentes y

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por el estableci~iento de los que no existan a nivel de las comunidades, colaborando para ello con las municipalidades, el gobierno central y demás instituciones públicas.

Participar activamente en los planes regionales o nacionales de desarrollo económico y social» (24).

Muchas de las anteriores y otras funciones, establecidas en el artículo 60, del Reglamento a la Ley 3859 -especialmente, aquellas relacionadas con la participación popular en la toma de decisiones-, no forman parte del quehacer actual de las organizaciones comunales y durante más de dos décadas, ni el gobierno central ni DINADECO, mostraron algún interés por estimularlas para su cumplimiento.

El gobierno a través de DINADECO y otras instituciones estatales, tradicionalmente, han estimulado la participación activa y desinteresada de la población agrupada en organismos comunales, casi en forma exclusiva en el proceso de ejecución de proyectos infraestructurales y algunos programas sociales que han tenido o tienen claros propósitos político-clientelistas (25).

Es necesario aclarar, que la mayoría de las funciones establecidas en el Reglamento a la Ley 3859, para las organizaciones comunales, son las mismas que deben cumplir los gobiernos locales oficiales según el Código Municipal, decretado en abril de 1970 (26). La ausencia de planificación local y regional, o al menos políticas claras de coordinación básicas entre las municipalidades y las organizaciones comunales, han generado discordia y rivalidad permanente entre estos organismos locales; esta situación debilita el accionar de los mismos, retrasa el progreso y agudiza los problemas de las comunidades.

Las anteriores diferencias entre estos organismos -que en razón de sus objetivos comunes y jurisdicción, debieran trabajar unidos- han sido estimuladas por los dirigentes políticos de los partidos mayoritarios a través de la asignación de partidas específicas para obras locales, muchas de estas con objetivo político-electorales.

A partir de 1968, cuando DINADECO inició oficialmente las funciones se dio un crecimiento sostenido de las organizaciones comunales.

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DINADECO, con el apoyo del Estado y otras instituciones, lucha en forma desigual contra las organizaciones comunales independientes, que sin recursos ni aval estatal, luchaban por autonomía y participación en las decisiones del Estado.

A principios de la década de los setenta, el programa comunal estatal formó organismos de segundo grado, proceso enunciado en el capítulo V del Reglamento de la Ley 3859. La primera de estas organizaciones fue constituida en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela. A finales de 1974, existían en nuestro país nueve uniones cantonales que agrupaban a 124 asociaciones de desarrollo comunal.

El proceso de crecimiento cualitativo de las organizaciones comunales e integración de estas en uniones y federaciones, se aceleró en la década siguiente. En enero de 1985, existían en el país más de 1.000 asociaciones integrales y específicas, 39 uniones cantonales o zonales y 2 federaciones regionales, la primera constituida en diciembre de 1976 en Nicoya, Guanacaste y, la segunda, en diciembre de 1983 en Alajuela.

Durante todo ese período, las organizaciones comunales --desde las asociaciones de desarrollo, hasta las federaciones- fueron fuertemente politizadas, disputadas y utilizadas por los dirigentes de los partidos y tendencias políticas para sus fines electorales. DINADECO como institución estatal y los organismos comunales en particular, lejos de estimular y propiciar la capacitación, concientización y participación de la población en las grandes decisiones nacionales y en la solución de los problemas regionales y nacionales, se constituyeron en distribuidoras y canalizadoras de pequeñas ayudas a las comunidades, para la ejecución de obras, muchas veces sin prioridad y ayudas paternalistas de compensación social a la población, con objetivos electoreros.

A partir de 1985, DINADECO intensificó el proceso de constitución de organizaciones comunales de primer grado, así como su integración en organismos cantonales y regionales, sin que mediara ningún estudio científico sobre el funcionamiento, características y perspectivas de la estructura comunal creada hasta ese momento.

Recientemente, la propia institución ha reconocido que lo anterior fue un

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proceso precipitado, cuyo único propósito fue lograr a corto plazo una integració de la organización comunal, que por las características del mismo y de los organismos constituidos, en nada benefició al movimiento comunal. A principios de 1987, con 68 uniones cantonales o zonales y 6 federaciones, la dirección de la institución decidió la creación de la Confederación Nacional de Asociaciones, para constituir la cúpula de la organización comunal. Dicho acto se realizó el 21 de febrero de 1987, el mismo fue muy criticado por importantes sectores de la dirigencia comunal, que argumentaron manipulación política en el proceso, con fines utilitaristas, además de problemas legales evidentes.

El organismo confederativo, constituido en esa fecha, fue derogado meses después por el Ministerio de Gobernación, que falló favorablemente una apelación de la dirigencia comunal.

El proceso confederativo se reinició a principios de 1988 con características muy diferentes en cuanto a la participación de la dirigencia y divulgación del mismo.

El 17 de junio de 1989, se constituyó la nueva Confederación Nacional que pretende ser la cabeza de las 9 federaciones provinciales y regionales existentes, 70 uniones cantonales o zonales, alrededor de 1.500 asociaciones de desarrollo y más de 5.000 comités comunales auxiliares.

Resulta difícil en la actualidad, ubicar barrios urbanos o pueblos rurales en nuestra demografía, por pequeños que sean, donde no exista un comité de desarrollo comunal o asociación de desarrollo comunal integral o específica. Son pocos también los cantones donde no exista una unión cantonal o zonal y todas las provincias cuentan con federaciones de uniones y asociaciones de desarrollo comunal.

En relación con la afiliación a estos organismos populares y población afectada por la organización comunal, no existen datos precisos en la institución. Se calcula, sin embargo, que las asociaciones de desarrollo comunal tienen alrededor de 400.000 afiliados y un número similar de vecinos participan activamente en los comités comunales auxiliares, sin estar afiliados a ninguna asociación.

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A pesar de la gran magnitud de la organización comunal del presente, toda esa estructura organizativa, no es expresión de un movimiento popular beligerante, que exija participación en los centros de poder, conscientes de la realidad nacional, de las legítimas causas de los problemas nacionales y regionales, y que luche por la unidad en la acción de todas las organizaciones populares.

La ausencia y las deficiencias de capacitación para las organizaciones comunales y la manipulación, de que han sido objeto, las ha convertido en organismos resignados a las decisiones omnipotentes del Estado, sin conciencia de la problemática nacional, ni presencia en las decisiones.

La anterior situación de la organización comunal ha sido sostenida y aprovechada por las distintas administraciones, que utilizan su estructura para legitimar sus decisiones y lograr apoyo material y humano para sus programas, definidos por ellos como prioritarios.

La creación de estructuras comunales en los niveles zonal, cantonal, regional y nacional quizá sea el aspecto de mayor interés en el presente momento. Dichas estructuras, sin embargo, tampoco son expresión de un avance cualitativo importante del movimiento comunal actual. La interferencia de los dirigentes locales y regionales de los partidos políticos en la constitución, estructura y funciones de estos organismos; la ausencia de capacitación y seguimiento para los mismos y la ambigüedad de las funciones establecidas para los organismos de integración, las han convertido en estructuras débiles y casi formales.

4. PERSPECTIVAS DE LA ORGANIZACION COMUNAL EN LA PLANIFICACION LOCAL

A pesar de las deficiencias apuntadas, la organización comunal costarricense constituye la forma organizativa más numerosa, de mayor representación popular del país y si existiese decisión política podría convertirse en

un movimiento popular capaz de representar a las capas menos favorecidas de nuestra sociedad, y luchar por una real democratización de nuestras estructuras económicas y sociales vigentes.

En los últimos años, DINADECO como institución rectora de la organización

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comunal para la participación popular ha sido cuestionada por investigadores sociales, organismos y líderes comunales e incluso por algunos funcionarios estatales. El anterior cuestionamiento ha provocado cambios sustanciales en las políticas de la institución, la cual ha reconocido serios errores en sus lineamientos en el funcionamiento y accionar de las organizaciones comunales.

En documentos recientes de DINADECO, se censura la práctica seguida por la institución, principalmente, en cuanto a la elaboración de sus planes nacionales de desarrollo de la comunidad. En relación con lo anterior se afirma que hasta el presente «una tecno-burocracia insensible determina los planes de desarrollo. Cualquier plan surge así sin sustento popular, sin credibilidad, sin apego estricto a las necesidades de la comunidad y por eso fracasan o se quedan a medio camino» (27).

En los últimos dos años además, DINADECO ha fortalecido y adecuado sus programas de capacitación y metodologías utilizadas, con miras a hacer factibles sus planteamientos de descentralización y participación de las organizaciones comunales en la definición de sus necesidades y prioridades e integrar dichos planteamientos comunales a los diagnósticos realizados por los Consejos Regionales de Desarrollo.

El documento, anteriormente citado, reafirma como funciones primordiales del desarrollo comunal las siguientes.

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a) La participación organizada, consciente y activa de la población en el proceso de desarrollo social, económico y político del país, asumiendo responsabilidades concretas.

b) Acortar la distancia entre el gobierno y el pueblo y obtener la participación, decisión y fiscalización del pueblo en los planes de gobierno.

c) Ser un instrumento para las transformaciones estructurales que requiera la Costa Rica de hoy, en términos de mayor democracia social, económica y política, donde los partícipes y beneficiarios de este proceso sean las grandes mayorías (28).




Las anteriores funciones planteadas como responsabilidad de las organizaciones comunales, de nuevo coinciden plenamente con las que se han delegado a los Gobiernos Locales Oficiales (municipalidades) y las que intentan cumplir los

. Consejos Regionales de Desarrollo. En función de lo anterior, la inexistencia de coordinación y unificación de esfuerzos y recursos entre estos organismos constituyen una realidad imperdonable.

El momento actual parece propicio para una acción unificada en pro de la participación popular. Existen serias promesas de fortalecimiento del régimen municipal. Los Consejos Nacionales de Desarrollo, aún con serias limitaciones, afirman que han iniciado la tarea de regionalizar la toma de decisiones. La organización comunal por su parte, a pesar de sus múltiples deficiencias actuales, tiene la experiencia y los recursos humanos suficientes para convertirse en el eje de un proceso de planificación local y regional de coordinación interinstitucional.

La dirigencia comunal a nivel nacional y la propia institución estatal rectora de la organización comunal aseguran estar dispuestas a poner a disposición del anterior proceso su vasta estructura organizacional, consistente en más de 1.500 organizaciones con personería jurídica y alrededor de 5.000 comités auxiliares en todo el territorio nacional.

Si existiese real voluntad política para un proceso de planificación local, con efectiva participación de las comunidades, el mismo debiera iniciarse con un agresivo plan de capacitación para estas organizaciones, capaz de fortalecer las estructuras vigentes en todos sus niveles. Dicho plan de capacitación tendría que definirse al menos en el seno de los organismos de integración y ser ejecutado en una acción conjunta, entre diversas instituciones interesadas, los organismos beneficiarios y los centros de educación formal del país.

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NOTAS

1. Ver Ley y Reglamento sobre Desarrollo de la Comunidad 1967. Exposición de motivos.

2. MIDEPLAN. Plan Nacional de Desarroll/o 1978-82. Gregario José Ramírez. Tomo 2, Estrategias de Desarrollo. 1979. Pág. 8.

3. ldem. Págs. 9-1 O.

4. MIDEPLAN. Plan Nacional de Desarrollo 1983. Volvamos a la Tierra. Diciembre 1982. Pág. 5.

5. Entre algunos otros son notables los movimientos agrarios violentamente reprimidos, movimientos urbanos, bloqueos, etc., tales como la lucha contra las tarifas eléctricas.

6. MIDEPLAN. Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990. Tomo l. Pág. 85.

7. ldem. Pág. 86.

8. MIDEPLAN. División de Planificación y Coordinación Regional en Costa Rica. Octubre 1987. Pág. 11.

9. ldem. Pág. 11.

10. OFIPLAN. División de Planificación Regional y Urbana. La Planificación Regional en Costa Rica. San José. 1977. Págs. 1-2.

11. ldem. Pág. 5.

12. Ver al respecto: MIDEPLAN. División de Planificación y Coordinación Regional. La Planificación Regional en Costa Rica. Documento de Análisis. Octubre 1982.

13. MIDEPLAN. Seminario sobre Planificación para el Desarrollo Regional. Noviembre 1982. Pág. 4.

14. ldem. Pág. 8.

15. MIDE PLAN. Algunas consideraciones sobre desarrollo regional en Costa Rica. Setiembre 1985. Pág. 5.

16. ldem. Pág. 7

17. Decreto 17592-Plan. Pág. 7.

18. Decreto 18059-Plan. Del 2 de marzo de 1988. Constitución del Subsistema de Dirección y Planificación Regional. Capítulo 11. Artículo 5. Pág. 4.

19. ldem. Artículo 6. Pág. 4.

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20. ldem. Capitulo IV. Articulo 8. Págs. 4-5.

21. ldem. Capitulo X. Articulo 25. Pág. 10.

22. Mayor información sobre el Movimiento de Juntas Progresistas en: Mora Agüero, J. Cayetano. Las Juntas Progresistas, Organización Comunal Autónoma Costarricense.

23. Mayor información sobre los programas comunales estatales en los países en desarrollo incluido el programa costarricense en: Mora Agüero, Jorge Cayetano. Capitalismo y Desarrollo de la Comunidad 1945-67. Octubre 1986.

24. DINADECO. Ley y Reglamento sobre Desarrollo de la Comunidad. Capitulo 111. Articulo 60.

25. Entre otros: Programas y Proyectos del IMAS. Asignaciones Familiares, Compensación Social, Programas Zona Norte, Programas de Vivienda, etc.

26. Ver al respecto Código Municipal. Titulo l. Articulo 4to. Págs. 5-8. 8va. edición. 1984.

27. Tinoco C., Federico, Arce R. , Guillermo y Acevedo A., Luis Angel. Nuevo Enfoque del Desarrollo Comunal. 1988. Pág. 15.

28. ldem. Pág. 14.

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PODER Y HEGEMONIA EN LA TRANSICION A

LOS ESTADOS NACIONALES

Edwin González Salas

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« ... Mala costumbre hoy frecuente entre los conspicuos señores que escriben la Historia, la grande con H mayúscula. Lo hacen con satisfacción, a la medida de los intereses de los dueños del poder, acomodando los hechos al gusto de los dictadores. No se trata. según explican, de adulterar la Historia sino de limpiarla de lances y personajes que comprometan la imprescindible pureza ideológica».

Jorge Amado. La desaparición de la santa. Una historia de hechicería. Barcelona, Plaza y Janés. 1989, p. 67.

ESTADO DE LA CUESTION

El estudio de los «políticos» y los mecanismos de acceso al poder en la historiografía costarricense

L a historiografía costarricense ha experimentado cambios importantes en los últimos años. Se ha comenzado a abordar temáticas no tratadas por la historiografía tradicional que, a la vez, ofrecen enfoques novedosos sobre áreas que ya se consideraban «agotadas». La casi exclusiva

atención puesta por esa corriente historiográfica, en individuos «sobresalientes» y en temas de carácter político, dejó disponible un vasto campo de análisis para las nuevas generaciones de historiadores. La cuantificación aplicada a diferentes niveles e importantes aportes desde el punto de vista teórico, técnico y metodológico podrían sintetizar esos progresos.

No obstante, los avances que se han producido no han corrido paralelos en las áreas sectoriales básicas en que se desenvuelve el análisis histórico: lo económico, lo social y lo político1 • Resultados destacables en ese sentido po-

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dríamos encontrarlos en distintos trabajos efectuados en historia demográfica, historia económica e historia social. No podríamos decir lo mismo del caso de la historia política, que quedó rezagada en relación con las otras, al igual que

. sucedió en la mayor parte de América Latina. Los ejemplos que escaparon a esa corriente dominante son escasos en cuanto a Costa Rica se refiere.

Con muy raras excepciones, las obras sobre historia política publicadas hasta ahora han seguido una misma ruta, son trabajos preocupados por la simple descripción de los hechos, relacionados en general con conflictos bélicos, partidos políticos, personajes relevantes, tratados o campañas electorales. De allí que compartamos el criterio de lván Molina en cuanto a que, incluso algunos esfuerzos recientes en el campo del sistema electoral, las políticas reformistas, la estructura jurídica y el ejército, podrían no cambiar en forma decisiva la historiografía política que se ha venido escribiendo en la medida que no logren superar ciertas deficiencias.

a. El escaso conocimiento que se maneja sobre la teoría política anglosajona.

b. Una ubicación contextual a menudo obsoleta, por el desconocimiento que se tiene de los avances logrados en otros campos del saber histórico.

c. Una explotación superficial y un tratamiento deficiente de las fuentes disponibles.

d. La tendencia a estudiar lo político sin considerar a l9s sectores sociales concretos2•

La caracterización que se ha hecho sobre la llamada historia «positivista» , «episódica» o «acontecimental», es también válida para describir los rasgos fundamentales que se podrían señalar, hasta el momento, para el tipo de historia política de nuestro país. Se trata de una concepción que percibe la historia como la obra de individuos, no de las masas, en la que sólo interesa destacar los grandes éxitos de jefes de estado, presidentes, ministros y, en general, de figuras sobresalientes de los grupos dirigentes. El estudio de los aspectos de índole social o económica o sobre la vida de determinados grupos (v.g. obreros y campesinos) se ha mantenido, virtualmente, al margen de sus intereses academicistas y enciclopedistas. Aún más -como lo ha señalado el Dr. Héctor

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Pérez Brignoli- es «una historia que se concibe corno un deber cívico, no sorprende el culto por los héroes, el gusto por las anécdotas y el silencio para muchas vicisitudes del pasado que aparecían como poco honrosas»3.

Una revisión detallada de las tesis de licenciatura presentadas en la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica entre 1946 y 1986 (Anexo NQ 1 ), permite corroborar este señalamiento. Entre las tesis defendidas, a lo largo de esos años, no hay duda de que aquellas relacionadas con los asuntos de corte político, han mantenido un peso significativo4

• Además, dentro de este grupo ha predominado una preferencia por temas que giran en torno a figuras que se consideran destacadas en el acontecer político de nuestro país; estas tesis representan aproximadamente un 75%. Las que no caben dentro de esta categoría se refieren, básicamente, a la descripción de ciertos acontecimientos, a la historia de algunos partidos políticos o al desarrollo constitucional costarricense.

Una situación muy similar se puede encontrar en el conjunto de tesis defendidas en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, entre 1974 y 1989. En este caso, si bien se trata de un número muy reducido de ejemplos ubicables bajo la denominación de historia política, tampoco escapa a la caracterización que ya hemos hecho. Existen intuiciones interesantes en algunas de ellas, en otras, se abordaron temáticas que pretendían superar los clásicos enfoques personalistas y en algunos hay aportes destacables en lo técnico, teórico y metodológico5 . Sin embargo, estos estudios no han implicado una superación de la historia política escrita hasta ahora, ni mucho menos pueden ser considerados como punto de partida, para que esa renovación , necesaria pueda llevarse a cabo.

Todos estos trabajos comparten la creencia de señalar a los individuos como motores de la historia. Se les alaba, se les destaca y se les atribuyen cualidades poco comunes. A todos ellos, se les considera «adalides», «grandes estadistas» o «estadistas incomprendidos». Los errores cometidos por muchos de esos personajes son ocultados, menospreciados o justificados por la incomprensión de las masas o por las intrigas de sus enemigos políticos. Los factores sociales o económicos no son considerados con propósitos explicativos y sólo son mencionados para ilustrar y complementar los hechos que se exponen. En el fondo prevalece una identificación absoluta con el sistema político vigente y

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modo de vida imperante. Por tanto, de alguna forma subsiste la idea de que a los historiadores les corresponde la tarea de exaltar esos valores para garantizar su producción y una vigencia permanente. La exaltación de ciertos hechos y personajes y el desinterés u ocultamiento de otros, cumplen a cabalidad con esa tarea. Por esta razón, tal vez, ninguna rama del análisis histórico como la de la historia política escrita, hasta ahora, haya jugado un papel ideológico tan importante en la reproducción del esquema de dominación existente.

Un cuadro semejante se encuentra en otras obras publicadas por distintas editoriales nacionales con idénticas pretensiones6• Predomina en ellas un tratamiento constante de los mismos temas y presentan muy pocas o ninguna innovación de tipo teórica, técnica o metodológica, y donde siempre prevalecen la exaltación del individuo y sus logros como presidente, jefe de estado o ministro. Subsiste el desgano por integrar a su análisis el factor socioeconómico y la inclinación por la anécdota. Los grupos sólo existen para señalarlos como beneficiadores de la gestión de los escogidos para dirigir los destinos del país, y el quehacer está condicionado por una preocupación obsesiva por la presentación ordenada de los acontecimientos. En algunos casos, la pasión con que se asume la defensa de ciertos personajes atacados o criticados por ciertos sectores, adquiere rasgos de auténticos panegíricos en los que no importa tanto la descripción de acontecimientos sino la reivindicación histórica e ideológica de los mismos7 • En otros se nota cierta disposició_n por tratar temas menos estudiados tradicionalmente (v.g. estudios relacionados con el desarrollo constitucional), sin embargo, los recursos metodológicos utilizados no muestran mayores avancesª.

En la década de los 70 el gobierno costarricense, a través del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes emprendió un esfuerzo editorial importante por hacer llegar al grueso de la población, un conjunto de biografías sobre figuras distinguidas de la historia del país. Algunas corresponden a tesis de licenciatura presentadas en la Universidad de Costa Rica, en tanto, otras eran resultados de investigaciones particulares. La colección se publicó con el nombre de «Quién fue y qué hizo»9 • El objetivo básico era el de promover el interés por el estudio de nuestra historia patria y, sobre todo, dar a conocer los aportes de algunos personajes que se consideraba, habían sobresalido en la preservación y defensa de la democracia costarricense. Las limitaciones teóricas, técnicas y metodológicas de estos trabajos son las mismas que hemos apuntado para las obras ya

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comentadas. Sin ~mbargo, conviene destacar la tendencia por tratar de convertir al historiador en una especie de juez que debe decir si «absuelve» o «castiga» a los personajes que son llevados al tribunal de la historia. De esta forma, el discurso históriográfico se transformó en un abanico de apreciaciones subjetivas en el que, dependiendo de la fortaleza de los argumentos, esos individuos objeto de estudio, fueron alabados o criticados por los lectores de tales publicaciones. Por ejemplo, en torno a las figuras de Rafael Osejo y José Santos Lombardo, se han efectuado estudios que han tendido más a reflejar la visión subjetiva de quienes los han «defendido» o «atacado» que a analizar los resultados concretos y la trascendencia histórica de su gestión. El trabajo de Osear Aguilar Bulgarelli sobre José Santos Lombardo y el de Chéster Zelaya sobre Rafael Osejo10 , publicados en esa misma serie, expresan más bien una especie de conflicto personal entre estos historiadores sobre la base de lo que ellos consideran «bueno» o «malo» de ambos personajes de acuerdo con su opinión personal y su propio código de valores.

En sociedades como las nuestras, la historia forma parte de los instrumentos a través de los cuales la clase dirigente mantiene el poder. Los esfuerzos que realizan los gobiernos en el reforzamiento de principios, que se consideran casi «sagrados», el mensaje explícito o implícito del discurso político, el papel que juegan los medios de comunicación , la orientación y contenidos de los programas de estudio del sistema educativo costarricense y ¿por qué no?, la historia política hasta ahora, forman parte fundamental de esos instrumentos. No debe olvidarse, como señalaba Chesneaux que «el aparato del Estado trata de controlar el pasado, al nivel de la política práctica y al nivel de la ideología a la vez. El Estado, el poder organizan el tiempo pasado, y conforman su imagen en función de sus intereses poi íticos e ideológicos» 11 •

Es probable que desde el punto de vista disciplinario, ese tipo de historia política haya dado su contribución. No se puede negar que el acceso a ciertas fuentes y la abundante evidencia empírica aportada por esa generación de historiadores costarricenses, puede servir de punto de partida para un proceso de renovación, como ya ha venido sucediendo en otras áreas del quehacer historiográfico.

Ha venido ocurriendo, sin embargo, que no sólo no hay avances sino que hay muestras de un profundo estancamiento. Como lo ha destacado Héctor

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Pérez Brignoli, con excepción de un poco de sociología electoral, no se nota ninguna innovación y, más bien, se sigue haciendo una historia política pensada «como si estuviéramos en las décadas de 1920 ó 1930» 12

.

El énfasis prevaleciente en la historia política sobre el estudio de la vida de personajes «sobresalientes», ha originado temas que han pasado inadvertidos cuando podrían tener un mayor valor explicativo en la comprensión de los complejos mecanismos que rigen el funcionamiento de la sociedad costarricense desde el siglo XIX. Si hablamos, por ejemplo, de investigaciones relacionadas

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con el análisis del origen y evolución del sistema electoral costarricense o más concretamente, sobre las distintas formas de acceso y ejercicio del poder, nos encontramos con que los intentos realizados son muy escasos.

Esto resulta contradictorio hasta cierto punto, sobre todo si se toma en cuenta la importancia que ha tenido el desarrollo electoral en la consolidación del sistema político imperante, en este país. Aún más, si se considera la influencia que ha ejercido sobre la convicción casi generalizada de señalarlo como el modelo ideal de convivencia sociopolítica. Desde luego, ello esconde motivaciones ideológicas específicas, y constituye un componente básico del conjunto de nociones, que transmiten por diversos medios los grupos dominantes al conjunto de la sociedad. En un sentido ideológico, explicaría la identificación que ha mantenido la mayor parte de esos autores con esos mismos principios. Desde un punto de vista académico, explicaría la actitud reacia a reconsiderar ciertos aspectos de nuestro pasado, desde nuevas perspectivas teóricas, técnicas o metodológicas dado que conduciría al cuestionamiento de una serie de mitos «oficiales» y por ende, de uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense. En el fondo, las preocupaciones académicas han cedido su lugar a las inclinaciones político-ideológicas.

La mayor parte de las obras -en las que se incluye el análisis de aspectos relacionados, de una u otra forma, con las cuestiones electorales-, están referidas a períodos muy recientes, y muy pocas han centrado su análisis en el siglo XIX o primeras décadas del XX.

Entre las pocas publicaciones sobre este tópico, que rompen con el señalamiento hecho, cabe destacar una del historiador Rafael Obregón Loría, relativa a diversos acontecimientos políticos y militares acaecidos, en Costa Rica, desde la «primera guerra civil» de abril de 1823 hasta el llamado «cardonazo» de abril de 194913. La escogencia de estos tiene como fin no explícito, destacar los esfuerzos de algunos hombres por consolidar el régimen democrático costarricense y los intentos de ciertos sectores por obstaculizar ese proceso. El relato de los hechos se hace en un lenguaje ameno y es muy rico en detalles anecdóticos. Como es usual en esa generación historiográfica, sobresale la preocupación por seguir un minucioso y riguroso orden cronológico en la exposición. El estudio de lo político sólo interesa por sí mismo. No se introducen en la exposición, factores sociales o económicos que ayuden a comprender esos

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sucesos (v.g. relación que pueda establecerse entre muchos de esos acontecimientos y los sectores sociales que emergen a raíz de la expansión cafetalera). Por último, y como es lógico suponer, por la época en que fue escrita la obra y por la misma formación del historiador, el trabajo no refleja ninguna inquietud teórica o metodológica. Sin embargo, resulta muy útil por el aporte de la valiosa información y la indagación empírica que se realiza para facilitar la comprensión de los hechos narrados.

Otro autor, Eduardo Oconitrillo -quien ya en 1980 había escrito varias biografías políticas en el mismo estilo-14 , publicó en 1981 un relato sobre diferentes aspectos de veintitrés campañas presidenciales15• La crónica, como él mismo la denomina, parte de las elecciones celebradas en 1889 y los problemas suscitados en ese entonces con algunos intentos por desconocer sus resultados; su análisis concluye con la campaña de 1978 que dio el triunfo al Lic. Rodrigo Carazo Odio. Como aficionado al estudio de la historia, Oconitrillo nos presenta una minuciosa descripción de los procesos electorales que tuvieron lugar en ese período. El trabajo incluye información detallada, campaña por campaña, de los candidatos y partidos participantes, resultados numéricos de las mismas, además de anécdotas, fotografías y caricaturas de la época. En su forma y contenido, la obra es un fiel ejemplo del tipo de historia política que tradicionalmente se ha venido escribiendo. Se trata de una narración muy ideológica -de ninguna manera ingenua-, donde el autor se preocupa por resaltar los aportes de ciertos personajes por consolidar una democracia considerada única y excepcional. El autor no muestra ningún interés en considerar a los políticos, y partidos analizados como expresiones de determinados grupos sociales que aspiran a influir en la historia del país para asignar un papel hegemónico a su grupo16

. Más bien insiste en destacar las «buenas intenciones» de la clase dirigente y el carácter casi «folclórico» de la democracia costarricense.

Como parte de la serie Avances de Investigación, el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, publicó en el año 1986 un trabajo del Dr. Orlando Salazar sobre la historia electoral de finales del siglo XIX y principios del XX17. En realidad, se trata de un avance, que forma parte de una investigación mayor en el que el autor se limita a hacer una revisión de los resultados electorales que se produjeron entre 1889 y 1919. En comparación con los trabajos ya comentados, este contiene varios aspectos importantes. Se dan algunos planteamientos teóricos de carácter muy general, e incorpora el uso de

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ciertos recursos técnicos en el manejo de los datos que el autor se preocupa por resaltar. Básicamente, este último se refiere a t:m análisis estadístico de la información electoral y a la utilización de representaciones cartográficas con base en las orientaciones que brinda la llamada «geografía electoral».

Como limitaciones, no existe nivel alguno de aplicación de las orientaciones teóricas planteadas en la introducción, y los recursos técnicos utilizados se limitan a cumplir una función de apoyo en la descripción ordenada de los hechos; la explicación e interpretación es muy débil. Al igual que las otras obras, no hay ningún esfuerzo por tratar de relacionar lo político con los fenómenos socioeconómicos que tienen lugar en esa sociedad; por ende, se vuelve muy ideológica. La historia política termina siendo reducida al estudio del papel jugado por los políticos o partidos de la clase dirigente. Las llamadas «clases subalternas» son mantenidas al margen del análisis o aparecen como grupos pasivos, que observan como simples espectadores los progresos materiales y espirituales promovidos por la elite. En relación con el sistema político costarricense termina compartiendo una visión muy mítica e idealizadora. En ese sentido es muy claro, por ejemplo, su posición de considerar el fraude y la manipulación electoral como «imperfecciones» del sistema y no como una característica propia de los mecanismos político-electorales imperantes en esos años18 .

Más recientemente, ha salido a la luz una nueva obra de Salazar19, en la que

recoge parte de los planteamientos hechos en el avance ya comentado y donde analiza diversos aspectos de la historia política costarricense entre 1870-1914. El libro tiene innegables méritos en el tratamiento de algunos temas, pero esto no varía sustancialmente las apreciaciones generales que hemos esbozado desde el punto de vista teórico y metodológico. Aún más, subsiste una tendencia muy acentuada por hacer consideraciones abiertamente eufemísticas en relación con nuestro sistema político. El resultado es que en lugar de socavar viejos mitos atribuibles por algunos a la llamada historiografía tradicional, al final fortalece y da valor a sus postulados ideológicos y academicistas20 .

Una de las obras que más nos interesa destacar en esta reseña, por sus aportes técnicos, teóricos y metodológicos en el campo de la historia política es el trabajo del Dr. Mario Samper sobre Fuerzas sociopolíticas en Costa Rica, 1921-193621

. Si bien se trata de un área de interés ajena a la especialidad del

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autor, se logra finalmente un riguroso análisis del período de auge y descenso del Partido Reformista y su líder Jorge Volio, en la vida política nacional. Explora con mucho detalle la información disponible para la década de los 20 y primeros años de la de los 30 ( estos últimos en menor medida), que procura establecer las bases sociales de apoyo del movimiento reformista, lo mismo las de otras fuerzas políticas de base agraria, que participan en los procesos electorales efectuados en los años en estudio. Además, resulta interesante el esfuerzo realizado por destacar las manifestaciones provinciales o regionales de esos procesos, con base en las características geográficas y económicas de cada zona.

En nuestra opinión, el enfoque de historia política adoptada por Samper, se acerca más a la« historia poi ítica de nuevo tipo»22 que es necesario impulsar. Por un lado, hay una clara orientación por la explicación más que por la descripción; se privilegia el estudio de los grupos que el de los individuos, a los procesos más que a los acontecimientos aislados. La historia política deja de ser la historia de políticos o figuras destacadas de la elite , que ejerce el poder para colocar a las masas en el plano de la interacción política entre clases dirigentes y clases subalternas. Por otro lado, nos parece, sin caer en reduccionismos mecánicos, que se logra una aceptable vinculación entre procesos políticos y fenómenos socioeconómicos, y ello podría contribuir en la búsqueda de un mayor acercamiento entre historia política e historia social. Sin ser una versión completa o acabada de la temática objeto de estudio, se puede considerar un excelente ejemplo para el avance de la historia política.

En el campo del análisis de la legislación electoral costarricense, los resultados son aún muy pobres. La mayor parte de ellos no fueron elaborados por historiadores de formación y, por tanto, tienden a ser enfoques de corte muy jurídico23• Entre estos quisiéramos dedicar unas líneas a una tesis de licenciatura sobre la evolución del sufragio, presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica24 . En su elaboración participó un grupo de profesionales que incluía a un historiador, el Dr. Carlos Araya, lo que permitió darle un sesgo historiográfico al producto presentado. La investigación hace un minucioso repaso de la legislación electoral aprobada desde los primeros años de vida independiente hasta la época más reciente.

Se parte de una periodización fundada, básicamente, en la evolución constitucional del país y, por ende, en los cambios que se van generando con el

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desarrollo del Estado. El esquema que persiste, a lo largo de todo el texto, es el análisis individual de cada constitución o leyes electorales consideradas importantes, destacando en cada una sus rasgos sobresalientes o diferencias con respecto de las regulaciones precedentes. La información empírica contenida y el análisis de la legislación en sí, resulta de mucha utilidad para cualquier estudioso de nuestra historia político-electoral. Sin embargo, también presenta sus limitaciones.

El contexto histórico, en que se ubica cada ley o constitución, tiene un propósito de ubicación, por lo tanto, lo histórico es reducido a una función ilustrativa, en vez de otorgarle una función explicativa sobre el contenido u orientación de las disposiciones electorales adoptadas a lo largo de nuestra historia. Consideramos más limitado el hecho de obviarse el carácter social e ideológico de la ley; esto en el sentido de no identificar el papel predominante que juegan los intereses de la clase dirigente en la aprobación de un cuerpo de leyes, que corresponden a la concepción de un sistema político y de una sociedad a la que aspira ese grupo. Por último, el hecho de que no se entrara en el análisis de los niveles de aplicación o acatamiento de la ley y limitarse a la revisión de la letra, lleva a correr el riesgo de estar construyendo el cuadro de una sociedad que no corresponde a la imagen de sociedad contenida en la ley.

Escudriñar en el pasado ha constituido siempre la tarea natural en el oficio de historiador. Durante mucho tiempo, la descripción o reconstrucción de hechos acaecidos años atrás, se consideró una función exclusiva de aquellos que se dedicaban al estudio de la Historia, ya sea con un sentido científico profesional o por simple afición. Sin embargo, el desarrollo que alcanzaron las Ciencias Sociales, sobre todo a partir de la década de los 60, hizo que desaparecieran en forma paulatina muchas de las barreras que tradicionalmente habían distanciado a las disciplinas catalogadas como tales. Las experiencias exitosas, en algunos casos, más que en otros, abarcaron distintos campos en lo teórico y metodológico.

Esa renovación permitió abordar nuevas temáticas e iniciar una revisión de las cuestiones anteriormente tratadas por la historiografía tradicional, pero ahora desde ópticas muy distintas. Además, dio lugar a iniciativas de carácter interdisciplinario, e incluso algunos incursionaron, desde su propia perspectiva en campos considerados por un tiempo vedados para su disciplina25 . En el caso

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particular de la historia -en buena parte explicable por la influencia de la «escuela francesa»-, las vinculaciones más estrechas se establecieron, principalmente, con la economía y la sociología y, en menor grado, con la politología.

Para los fines de este artículo, es importante comentar sobre dos obras que guardan una estrecha relación con la temática que venimos tratando. Ambas fueron escritas por sociólogos y han sido objeto de interesantes discusiones y polémicas a lo largo de varios años. Muchos de los planteamientos, que se hicieron entonces, dieron origen a nuevas investigaciones. En algunos casos, se reprodujeron las tesis básicas expuestas por ambos autores. En otros, sin embargo, historiadores con nuevos esquemas teóricos y metodológicos, y apoyados en bases empíricas mucho más rigurosas, presentaron alternativas de análisis distintos que cuestionaron buena parte de los postulados básicos sostenibles hasta entonces26 .

En el año 1967 aparece la primera edición de un libro de Rodolfo Cerdas -que había presentado como tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho en 1962-, relativo al proceso de formación del Estado en Costa Rica. Como el propio autor reconoce en la segunda edición, la obra «impugnada primero, aceptada después, criticada más tarde, ignorada, vuelta a criticar, ha pasado a ser en cierto modo un punto de referencia» 27. El estudio, basado en la teoría de la lucha de clases, constituyó un trabajo pionero en la aplicación del materialismo histórico, al análisis de un problema específico de nuestro desarrollo histórico, en este caso, del surgimiento y consolidación del Estado. En lo fundamental, el autor plantea que la formación del poder central del Estado en Costa Rica, se inicia en 1821, aunque los factores de su evolución corresponden a condiciones socioeconómicas originadas en la colonia. El sustento material de ese proceso se basa en la oposición antagónica entre una economía cerrada o colonial (Cartago y Heredia) y una economía urbana o abierta (San José y Alajuela). El resultado de esa oposición originó el surgimiento de una economía nacional, sustentada en la existencia de un poder político, con alcances también nacionales, que logra su consolidación en el gobierno de Braulio Carrillo.

Por su parte, José Luis Vega Carballo publica en 1981, una obra sobre el proceso de formación y consolidación del Estado nacional en Costa Rica28 . La misma forma parte de un esfuerzo colectivo patrocinado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) en el marco de un programa de

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investigaciones sobre la «Evolución Histórica del Sector Público en Centroamérica y Panamá»29. El libro refleja la influencia de corrientes teóricas muy en boga en la década de los 70, y el aporte de una abundante producción historiográfica que, de alguna forma, expresaba el auge alcanzado entonces por las Ciencias Sociales. Aunque Vega reconocía los méritos de ilustres historiadores positivistas, no dejaba de señalar que aún resultaban insuficientes y parciales en el enfoque del acontecer político. De paso, criticaba algunas interpretaciones autodenominadas marxistas, donde el «dogmatismo sólido de pésimas lecturas e interpretación del manual del marxismo ha impedido, igualmente, llegar al estudio de la realidad histórico-social con una mente abierta, objetiva» 30 . El resultado fue un análisis más documentado y riguroso que el de Cerdas y ha originado posiciones a veces encontradas sobre algunas de las ideas allí expuestas.

El estudio es, según palabras del propio autor, un conjunto de reflexiones sobre historia económica, social, política, y abarca un vasto período de la historia costarricense. Al tomar como eje al Estado nacional, la investigación parte desde el análisis de algunos antecedentes coloniales, hasta las primeras décadas del siglo XX, pasando por las distintas formas que asume el Estado en su evolución, es decir, desde el «período patriarcal» hasta la etapa del Estado «oligárquicoliberal». La periodización que propone Vega Carballo expresa una profunda vinculación con los principios fundamentales de la teoría dependencista, sobre todo, cuando asigna un gran peso al efecto de la demanda externa de nuestra economía sobre las relaciones internas de clase. Igual que otros autores, señala el cultivo del cacao, del tabaco y de la actividad minera como factores claves del surgimiento de una elite económica para la acumulación de capitales, que sirvió de base para la expansión cafetalera posterior.

Por esa vía, su análisis niega la existencia de una economía cerrada con el argumento de que nuestra condición de satélite, subordinado a una economía central o metropolitana implicó necesariamente la existencia de relaciones de mercado31

. Con ello contradice un componente básico de la argumentación de Rodolfo Cerdas, para quien el origen de las ciudades en la colonia había originado a su vez diferentes tipos de organización (economía colonial, local o cerrada= Cartago, Heredia; economía urbana o abierta= San José, Alajuela) que determinan el desarrollo del poder central y por lo tanto, la evolución política de Costa Rica posterior a 1821.

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Ambas obras han sido objeto de comentarios a lo largo de los años. Muchas de sus debilidades fueron expuestas por diversos historiadores, pero ello no les ha restado validez al considerar la influencia que han ejercido sobre otros

. investigadores. Una buena parte de los estudios históricos, sobre la misma temática, se destacan por un tratamiento bastante minucioso de las fuentes primarias; en ellos no existe, prácticamente, ninguna explicitación teórica que les haya sido útil como herramienta de análisis. Por el contrario, aunque más acentuado en Cerdas que en Vega, su formación disciplinaria los lleva a una preocupación mayor por el manejo de ciertas categorías o conceptos que se derivan de una determinada opción paradigmática. En consecuencia, la indagación documental es muy limitada y, por lo tanto, su fundamentación empírica muy débil.

Investigaciones históricas, más recientes, han llegado a conclusiones distintas sobre diversos tópicos de nuestra historia; la razón es el empuje de la teoría al interior de la disciplina y al trabajo con nuevas fuentes o por el tratamiento de otras ya conocidas, pero con otros recursos técnicos y desde otras perspectivas. Los conocimientos aportados han venido a replantear muchas afirmaciones que resultaron al principio muy válidas y coherentes con la concepción teórica expuesta por sus autores. Sin embargo, han terminado chocando con la realidad derivada del contacto con las fuentes. Esto lleva a pensar que la Historia como disciplina debería asimilar de otras ciencias sociales lo relativo a la aplicación de lo teórico, pero sin descuidar el manejo riguroso de su materia básica, las fuentes primarias.

¿A qué tipo de historia política debemos aspirar?

A lo largo de este artículo, hemos mencionado el nombre del Dr. Héctor Pérez Brignoli, a propósito del desarrollo historiográfico costarricense en ese campo. Según nuestra opinión, el Dr. Pérez ha planteado las críticas más directas y claras sobre las limitaciones del tipo de historia política escrita hasta hoy en Costa Rica. A la vez, ha hecho señalamientos muy interesantes sobre el análisis histórico político que es necesario impulsar en nuestro país. En los últimos años, se ha producido un renovado interés hacia los temas de la historia política y dentro de esta, hacia aquellos relacionados con el problema del poder Y el tema del Estado. Pérez ha insistido en una historia política planteada como historia del poder, que exige necesariamente un enfoque estructural vinculado

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con los factores económicos y los de la mentalidad colectiva. Lefebvre, expresa que se debe defender la historia política y el relato de los acontecimientos, pero partiendo de la condición de que esta es la «superficie de la historia» que «emerge de los factores económicos y sociales más profundos».

Cuando hablamos de vincular los diferentes aspectos que componen la realidad social, Pérez advierte que de ninguna manera esto debe entenderse como la presentación aislada de estructuras económicas y sociales, por un lado, y, por otro, la narración de los acontecimientos políticos. En lo esencial se debe más bien pensar en la idea de la «historia total» de que hablaron Lucien Febre y otros historiadores. Esto es, en palabras de Pierre Vilar, «no de decir todo de todas las cosas, se trata solamente de decir aquello de lo que el todo depende y aquello que depende del todo» 32 .

Pese a que muchas de esas observaciones fueron hechas por Pérez a mediados de la década de los 70, algunos de los intentos por responder a esa nueva concepción de historia política resultan poco convincentes. Es cierto que se ha comenzado a manifestar el interés hacia otros temas, pero en casi todos los casos, la teoría sigue divorciada de una aplicación práctica y la realidad es entendida como un mosaico de sectores desvinculados entre sí. Al contrario de lo que señalaba Vil ar, se ha optado más bien por hablar todo de todas las cosas.

No obstante, debemos reconocer que el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, a través del Programa de Historia Política,

- coordinado por el Dr. Orlando Salazar, ha hecho suyos los planteamientos provenientes de aquellos sectores que pretenden superar los enfoques tradicionales. En este sentido, en su documento de presentación se señala -casi utilizando las mismas palabras del Dr. Pérez- que «la historia del poder implica cierto enfoque estructural que vincule los aspectos económicos, sociales y poi íticos ... se trata de presentar los factores estructurales integrados a los hechos políticos, para lograr una relación entre estructura y acontecimiento ... En la historia del poder interesa fundamentalmente conocer cómo se asciende al poder, quiénes detentan el poder y cómo se toman las decisiones»33 . La forma y contenido de varios avances o productos generados hasta ahora, no son congruentes con esa concepción de historia política que se ha hecho explícita. Sin embargo, es de esperar que en los tomos respectivos de la Historia de Costa Rica que actualmente escribe el Centro -y que aparecerán próximamente-, estas expectativas sean alcanzadas.

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Las tesis de maestría presentadas, hasta este momento -que pertenecen al Programa de Historia Política del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica-, pretenden estudiar la formación de los aparatos de

. Estado después de 1870, en las denominadas tradicionalmente «Reformas Liberales»

Astrid Fischel en su estudio sobre la reforma educativa de Mauro Fernández33, si bien anuncia un análisis fundamentado en Gramsci, realiza una exposición sincrónica de su objeto de estudio, que no permite percibir cómo en la práctica la educación vinculó a la población con el proyecto social de los liberales. Patricia Badil la, por otra parte35, ha estudiado en detalle la elaboración del Código Civil con una idéntica perspectiva, por tanto en ambos casos, deberá hacerse más investigación para poder evaluar el impacto social efectivo de esta conformación de aparatos de Estado.

A los sugerentes planteamientos del Dr. Pérez, tendríamos que agregar algunos aspectos importantes señalados por el Dr. Mario Samper sobre el particular. En un trabajo ya citado anteriormente36, este autor ha propuesto una mayor vinculación entre historia política e historia social, cuando se trata de analizar fenómenos sociopolíticos, en el que contienden o coparticipan grupos sociales, en el ejercicio de alguna forma de poder.

Tradicionalmente, el análisis histórico-político ha puesto énfasis en la historia de las clases dirigentes, así como en los mecanismos de dominación y de control social. La vinculación de la historia social (más preocupada por el estudio de grupos numerosos que podríamos identificar como «clases subalternas») con la historia poi ítica, pretende según sus palabras, «democratizar la historia, para darle voz a quienes fueron silenciados, estudiando a los actores colectivos más que a los estadistas, ocupándose de procesos antes que de eventos aislados». La combinación de los aportes teóricos y metodológicos de autores como Pérez y Samper-paradójicamente en un área que no corresponde a su especialidad-, constituye una excelente vía para enfrentar esa historia política reforzadora de mitos y estereotipos con tanto peso en la historiografía costarricense37.

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ANEXO# 1

TESIS SOBRE HISTORIA POLITICA PRESENTADAS EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1946-1986

1946 Rodríguez Porras, Armando Introducción del Presidente Juan Rafael Mora a la Historia: antecedentes de la Guerra Nacional.

1951 Meléndez Chaverri, Carlos El Dr. José María Montealegre, contribución al estudio de un hombre y una época poco conocida de nuestra historia.

Villalobos Rodríguez, Guillermo Don José María Castro, fundador de la República.

1952 Rodríguez Ruiz, Armando El Dr. José María Castro Madriz.

1955 Hernández Faerrón de Jaen, Mireya Don Rafael Iglesias Castro.

1956 Coto Barquero, Fernando Historia constitucional de Costa Rica.

García Zúñiga, Didier Don Ascensión Esquive!; su personalidad y su labor de estadista.

Guevara Solano de Pérez, Raquel El Lic. Don Pedro Pérez Zeledón.

1957 Quirós Berrocal, Ana Cecilia Don Ascensión Esquive! lbarra, adalid de la libertad dentro del orden.

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1958 Grillo Jiménez de Chavarría, Clara Luz El General José María Cañas.

· Méndez Serrano, José Luis Don Tomás Guardia, el hombre y el estadista.

Mora Rodríguez de Chacón, Odilie Don Jesús Jiménez Zamora y su labor de estadista.

1959 Monge Fallas, Delia María Don Próspero Fernández y su gobierno.

Salazar Mora de Sequeira, María Elena La Administración Tinoco y sus antecedentes.

1961 Alonso Quesada, Elena Isabel Antecedentes y primer gobierno de don Ricardo Jiménez.

Antonini Valituti de Gutiérrez, María Isabel Joaquín Bernardo Calvo Rosales. Una vida, una obra al servicio de Costa Rica.

Atoy Chan, Rafael Enrique El asilo al General Barrios.

Figueroa Figueroa, Lelia Julio Acosta García.

1967 Aguilar Bulgarelli, Osear Costa Rica y sus hechos políticos de 1948 {Problemática de una década).

1968 Araya Pochet, Carlos Historia de los partidos políticos.

Obregón Quesada, Clotilde La primera administración del Dr. Castro, 1847-1849.

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1969 Volio Brenes, Marina El Partido Reformista y Jorge Volio. t

1970 Fournier Facio, Gastón El Dr. Lorenzo Montúfar y el pensamiento liberal en Centroamérica.

Montiel Héctor, Alda María Historia del Poder Ejecutivo en Costa Rica, 1902-1924.

1971 González García, Yamileth La segunda administración del Dr. José María Castro Madriz (1866-1868).

Martínez Arias, Enrique Cleto González Víquez en la primera década del siglo XX.

1972 Brenes Rosales, Raymundo Don José Joaquín Rodríguez, un dictador constitucional.

Cerdas Alvarado, Matilde Amalia La dictadura del Lic. Don Braulio Carrillo.

1973 Chavarría López, Mayra El gobierno de facto, 1948-1949.

Di Luca Laurito, Clara María El Partido Unión Católica, primer partido ideológico de Costa Rica.

Fernández Esquive!, Franco Miguel El negro en la historia y en la política costarricense.

Rojas Benavides, Francisco Problemática de la independencia política de Costa Rica.

Salazar Mora, Orlando Máximo Fernández y el Partido Republicano.

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1974 Salazar Mora, Jorge Mario El Partido Republicano y la figura del Dr. Calderón Guardia.

· Solís Barquero, German El Dr. Carlos Durán C., su participación en la política costarricense.

1975 Serrano Rodríguez, Luis Angel Administración Iglesias Castro. Algunos aspectos de la política económica y social.

1976 Dávila Cubero, Carlos A. ¡Viva Vargas! Historia del Partido Confraternidad Guanacasteca.

Sequeira Enríquez, Mirian y Fallas Jiménez, Lisbeth La política de don Tomás Guardia en Centroamérica.

1978 Orozco Canossa, Carla Don Felipe Molina, primer plenipotenciario de Costa Rica en Europa y Norteamérica.

Vargas Coto, José Francisco Tercera administración del Lic. Ricardo Jiménez.

1979 Fernández Morales, Jesús Manuel La intervención de Estados Unidos de América en Costa Rica en el año 1919 y el gobierno de Francisco Aguilar Barquero y Juan Bautista Quirós Segura.

1980 Campos González, Luz María La Municipalidad de San José en la formación del Estado de Costa Rica.

Hernández Cerdas, Víctor Manuel Crisis institucional de la Corte Suprema de Justicia en la formación del Estado Nacional.

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1981 Aguilar Hernández, María de los Angeles Carlos Luis Fallas y el Partido Comunista en Costa Rica.

Alfara Vargas, Edgar y Estrada Brenes, Irene Costa Rica durante la segunda administración del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno (1924-1928).

Botey Sobrado, Ana María y Cisneros Castro, Rodolfo La Fundación del Partido Comunista de Costa Rica, 1931.

Loría Quesada, Ana Ligia La segunda administración del Lic. Jesús Jiménez Zamora (1868-1870).

1982 Cover Jiménez, Edgar Esbozo histórico de la obra de gobierno de Don Tomás Guardia.

Chavarría Arroyo, Dunia Segunda Dictadura de don Tomás Guardia.

Rodríguez Méndez, Carlos Francisco Otilio Ulate Blanco. Algunos aspectos de su participación en la vida nacional.

1983 Cruz Espinoza, José Pablo Historia del poder político en Costa Rica, auge y ocaso de un político: Otilio U late Blanco. 1949-1973.

Portilla Fuentes, Orlando y López Valverde, Carlos Eduardo El Partido Demócrata Cristiano: antecedentes y participación en las elecciones de 1970-1974.

Sánchez Vega, Alexis Antonio José Figu'eres Ferrer y la nueva dirigencia política en Costa Rica de 1940-1970.

Torres Rodríguez, José Luis Otilio Ulate, su figura, su época y su partido.

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1984 Castillo Araya, Elizabeth La crisis del modelo liberal y la figura de León Cortés Castro.

· Cerdas Albertazzi, José Manuel y Contreras Alvarez, Gerardo La política de alianza del Partido Vanguardia Popular en la década de los cuarenta.

Chacón Coto, María Cecilia Las mujeres del 2 de agosto de 1947 en la vida política del país.

Fallas Barrantes, Róger Proceso histórico de la abolición del ejército en Costa Rica.

1986 González Vargas, Hernán La coalición política electoral en Costa Rica. Campaña de 1957-1958.

Sánchez Quesada, Sidney y Mesén Valverde, Mercedes La Unificación Nacional, su importancia en la vida política de Costa Rica. 1965-1978.

FUENTE: Fournier García, Eduardo. «Lista de tesis presentadas en la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica y el Programa de Maestría en Historia. 1945-1986». Revista de Historia. Nº 15 (enero-junio, 1987), pp. 181-232.

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NOTAS

1. Esta división sería entendida como una forma de distinguir campos de interés, de especialización o énfasis y no como una pretensión absurda de subdividir el objeto de análisis histórico en compartimentos estancos.

2. lván Malina. «El 89 de Costa Rica: otra interpretación del levantamiento del 7 de noviembre». En: Revista de Historia, n2 20 (julio-diciembre, 1989), p. 177.

3. Héctor Pérez Brignoli. «¿Historia política del poder? Reflexiones sobre un libro reciente de Tulio Halperin Donghi». En: Estudios Sociales Centroamericanos, nº 10 (enero-abril, 1975), p. 126.

4. Al hacer un balance de los temas más estudiados en esos trabajos de tesis habría que destacar también un énfasis muy marcado hacia un estudio de asuntos relacionados con el período de conquista y colonización, aunque manteniéndose idéntica perspectiva historiográfica (v.g. investigaciones sobre logros y hazañas de conquistadores y gobernadores).

5. Es posible detectar perspectivas novedosas en algunos planteamientos que no se concretaron en el producto final, análisis de temas que habían sido poco tratados hasta ese momento (v.g. relaciones internacionales) e incluso una valiosa contribución en el campo técnico y metodológico como lo fue la tesis de Rodrigo Quesada. «Los estereotipos políticos ideológicos del Partido Liberación Nacional». Tesis de Licenciatura, UNA, 1977. Sobre el particular, se puede encontrar un detalle completo de las tesis de licenciatura, productos de investigación y proyectos presentados en dicha Escuela, lo mismo que una minuciosa presentación de los objetivos planteados en cada uno de ellos, en: José A. Salas. «La investigación en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional: tesis, investigaciones concluidas y proyectos en ejecución: 1974-1989». En: Revista de Historia, nº 20 (julio-diciembre, 1989). pp. 195-220.

6. Véase por ejemplo: Bonilla H., H. Los presidentes. San José, EUNED, 1979; Fallas Monge, Carlos. Alfredo González Flores. San José, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1976; Iglesias, Francisco María. Braulio Carrillo. San José, Editorial Costa Rica, 1971; Oconitrillo García, Eduardo. Alfredo González Flores: Estadista incomprendido. San José, EUNED, 1980; Rodríguez Vega. Eugenio. Los días de don Ricardo. San José, Editorial Costa Rica, 1971; Rodríguez Ruiz, Armando. Administración González Flores. San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1978.

7. Quizás el ejemplo más claro que hemos encontrado en este sentido es el de: Calvo, Carlos. León Cortés y su época. San José, EUNED, 1982. Acá el esfuerzo del autor por justificar o rechazar las acusaciones de gestos fascistas percibidos en la figura y el accionar político de León Cortés, alcanza niveles que más parecen las de un abogado defensor que las de un profesional dedicado a la investigación histórica.

8. Véase por ejemplo: Aguilar Bulgarelli, Osear. Evolución político-constitucional de Costa Rica. San José, LIL, 1976; Jiménez, Mario Alberto. Desarrollo constitucionalista de Costa Rica. San José, Editorial Costa Rica, 1973; Sáenz Carbone!, Jorge. El despertar constitucional de Costa Rica. San José, Libro Libre, 1985. Esta última, sin embargo, presenta algunos avances importantes en relación con las dos anteriores.

9. Nos permitimos citar sólo algunas referidas al llamado período «republicano». Todas fueron publicadas por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, San José; Calvo Gamboa, Carlos. Rafael Iglesias

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Castro, 1980; Fallas Monge, Carlos Luis. Alfredo González Flores, 1976; Gómez, Carmen Lila. Juan Mora Fernández, 1973; Meléndez, Carlos y Villalobos, José Hilario. Gregorio José Ramírez, 1973; Núñez, Francisco María. Julio Acosta, 1973; Pacheco, León. Mauro Fernández, 1973; Salazar Mora, Orlando. Máximo Fernández, 1973.

· 10. Osear Aguilar Bulgarelli. José Santos Lombardo. San José, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1973; Chéster Zelaya. Rafael Francisco Osejo. San José, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1973.

11. Jean Chesneaux. ¿Hacemos tabla raza del pasado? México, Editorial Siglo XXI, 1977, p. 29.

12. Héctor Pérez Brignoli. «La cuantificación en los estudios históricos: Entrevista a Héctor Pérez Brignoli ». En: Revista de Historia, nº 15 (enero-junio, 1987), pp. 20-21. (La entrevista estuvo a cargo del Dr. Mario Samper y el Ms. Arodys Robles).

13. Rafael Obregón Loría. Hechos militares y políticos. Alajuela, Museo Histórico Juan Santamaría, 1981. La primera edición de esta obra se hizo en el año 1951 en la Imprenta La Nación y como detalle interesante, el autor la dedicó a «La Nación S.A.», por la colaboración «desinteresada y fundamental por llevar este pequeño aporte a la historia de la patria». Esto lo señalamos por la vinculación que ha mantenido este periódico desde sus orígenes con los sectores más conservadores del país.

14. Eduardo Oconitrillo. Alfredo González Flores: Estadista incomprendido. San José, EUNED, 1980.

15. Eduardo Oconitrillo. Un siglo de política costarricense. Crónica de 23 campañas presidenciales. San José, EUNED, 1981.

16. El concepto de considerar el partido político como «la expresión de un grupo social y nada más que de un solo grupo social» fue ampliamente desarrollado por Gramsci. Según él, la historia de un partido no puede ser menos que la historia de un determinado grupo social. Un partido tendrá mayor o menor significado en la medida en que su actividad particular pese más o menos en la determinación de la historia de un país. Véase: Gramsci, Antonio. Notas sobre Maquiavelo sobre política y sobre el estado moderno. México, Juan Pablos Editor, pp. 44-53.

17. Orlando Sal azar Mora. « Tres décadas de historia electoral: 1889-1919». En: Avances de investigación, n2 18. San José, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, 1986.

18. Este planteamiento se encuentra desarrollado en: Samper, Mario. Fuerzas sociopolíticas en Costa Rica 1921-1936. Mimeógrafo. Escuela de Historia, Universidad Nacional, UNA, 1987. En este trabajo el autor se preocupa por destacar esa orientación existente en la investigación de Salazar, Orlando. Compartimos también su opinión de ubicar en la misma línea a: Chacón, Nelson. Nuestras leyes electorales. San José, LIL, 1975 y Araya, Carlos. «Esbozo histórico de la institución del sufragio en Costa Rica». En: Avances de Investigación, nº 1 O. San José, Centro de Investigaciones Históricas. Universidad de Costa Rica, 1983.

19. Orlando Salazar Mora. El apogeo de la república liberal en Costa Rica, 1870-1914. San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1990.

20. Sobre el particular convendría leer una excelente reflexión crítica sobre el libro de Salazar, elaborada por el Dr. Rodrigo Quesada y que aparece publicada en la Revista de Historia, nº 23. Además de

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algunos interesantes comentmios sobre el manejo teórico y metodológico del trabajo nos interesa destacar la critica que hace Salazar cuando habla de «dominación democrática» y lo paradójico que ello resulta. Quesada ironiza señalando la validez que tendría entonces el calificar a la dictadura de Tomás Guardia como de «tiranía democrática».

21. Nos referimos al trabajo del Dr. Samper a que hicimos referencia en la cita 18. En realidad es el producto final de una investigación apoyada por la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, que se inició con el nombre de «Campesinado y poder político en Costa Rica, 1920-1940» y cuyo producto final fue divulgado con el título de Fuerzas sociopoliticas en Costa Rica, 1921-1936.

22. Sobre el uso del término «Historia política del nuevo tipo», véase Pérez, op. cit., 1987, p. 20.

23. Véase por ejemplo: Chacón, op. cit.

24. Johnny Alfara, Carlos Araya y otros. La evolución del sufragio en Costa Rica. Tesis, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1980.

25. Cfr. v.g. Leonardo Garniery Fernando Herrero. El desarrollo de la industria en Costa Rica. Heredia, EUNA, 1982; Jacobo Schifter. La fase oculta de la guerra civil en Costa Rica. San José, EDUCA, 1979.

26. Cfr. v.g. Loweell Gudmundson. Costa Rica antes del café. San José, ECR, 1989; lván Malina. El capital comercial en un valle de labriegos sencillos. Tesis de Maestría, UCR, 1984; Patnc1a Alvarenga. Campesinos y comerciantes en la transición hacia el capitalismo. Un análisis microeconómico de la región de Heredia. 1785-1850. Tesis de Maestría, UCR, 1986; María E. Rodríguez. Estructura crediticia, coyuntura económica, transición hacia el capitalismo agrario en el Valle Central de Costa Rica (1850-1860). Tesis de Maestría, UCR, 1988.

27. Rodolfo Cerdas. Formación del Estado en Costa Rica. San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 2a. edición, 1978. Aquí el autor planteó la necesidad de «matizar diversos aspectos y precisar y definir otros» que fueron criticados al texto de la primera edición. Aunque reconocía la imposibilidad de introducir en ese momento los aportes historiográficos y las interpretaciones más recientes, dedica un buen número de pá¡;¡inas a diversas consideraciones teóricas sobre la teoría marxista del Estado y sobre el problema de la economía y la naturaleza de las clases existentes en el periodo final de la colonia y primeros años de vida republicana. (3-29).

28. Nos referimos específicamente a José Luis Vega Carballo. Orden y progreso. La transformación del Estado nacional en Costa Rica. San José, ICAP, 1981. Antes de esta obra, Vega había publicado en diferentes medios una serie de artículos que tenían que ver con este y con otros tópicos de la historia costarricense desde tiempos de la colonia hasta el presente. Esas reflexiones fueron sistematizadas de alguna forma bajo el titulo de José Luis Vega Carballo. Hacia una interpretación del desarrollo costarricense. Ensayo sociológico. San José, Editorial Porvenir, 1980.

29. Además de la investigación de Vega Carballo y bajo el amparo del mismo programa se publicaron otras obras pero con resultados muy disimiles entre si. Cfr. v.g. Alberto Lanuza. Economía y sociedad en la construcción del Estado en Nicaragua. San José, ICAP, 1989; Julio C. Pinto y Edelberto Torres. Problemas en la formación del Estado Nacional en Centroamérica. San José, ICAP, 1983; Mario Posas y Rafael del Cid. La construcción del sector público y del Estado nacional en Honduras. 1876-1979. San José, EDUCA, ICAP, 1981; Miguel Torres. La construcción del sector público en Panamá (1903-1955). San José, ICAP, 1982.

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30. Vega Carballo, op. cit., p. 7.

31. José A. Salas. «Los escritos sobre la historia agraria del período precafetalero en Costa Rica». Revista de Historia, n2 19 (enero-junio, 1989), pp. 97-11 O. Salas hace una detallada evaluación de los estudios de Cerdas, Vega y un grupo numeroso de autores que han hecho aportes en el campo de la historia agraria en el período anterior a la expansión cafetalera.

32. Pérez, op. cit., pp. 129-138.

33. Véase: Orlando Salazar Mora (Coordinador). «Programa de historia política». Bibliografías y documentación, nº 11. San José, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, 1988, p. 1.

34. Astrid Fischel. Consenso y represión. Una interpretación sociopolítica de la educación costarricense. San José, Editorial Costa Rica, 1987.

35. Patricia Badilla. Estado. Ideología y Derecho: La Reforma Jurídica Costarricense. 1882-1888. Tesis de Maestría, UCR, 1988.

36. Samper, op. cit., p. 2.

37. Sobre el peso que aún mantiene la historia política tradicional y el importante papel ideológico que sigue cumpliendo, recomendamos consultar una excelente crítica, publicada como: Carlos Abarca y Jaime Delgado. «El cadáver de la vieja historia política todavía insepulto. Crítica a la obra de Joaquín Vargas Coto. Crónicas de la época y vida de Don Ricardo». Revista de Historia, nº 16 Uulio-diciembre, 1987), pp. 195-206.

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EDUCACION, CULTURA Y HUMANISMO

Osvaldo Cazanga M. Juan Reyes Meza

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S e puede afirmar que el humanismo ha sido la doctrina que ha hecho del ser humano, el ser que se está haciendo, el punto focal de la historia.

Durante un largo período de la historia natural del planeta, el hombre fue englobado y comprendido por esta como un elemento más

de la naturaleza. Como el resto de los seres vivos, en los primeros tiempos de la evolución planetaria el antecesor del hombre actual se adaptó biológicamente al medio ambiente; sin embargo, al finalizar la última edad de hielo, esta situación cambió en forma radical. Debido a que la adaptación biológica del hombre era más imperfecta que la de otros animales, pudo sobrevivir al cambio de las condiciones ambientales; muchas otras especies no pudieron readaptarse a las transformaciones climáticas, debido a su mayor especialización orgánica y desaparecieron.

Desde ese momento, el hombre pudo desarrollar su capacidad biológica e intelectual para crear nuevas condiciones del medio a sus necesidades; de este modo, el hombre sale del paisaje natural, de la historia natural, para empezar a hacer su propia historia, la historia de su especie, la historia de la humanidad, distinta de la historia natural de las demás especies. El largo camino que emprende lo aleja de su primitiva condición y le permite elevarse a nuevas situaciones hasta llegar a ser el único elemento activo de ese paisaje y, en consecuencia, el único capaz de valorarlo y de transformarlo. Esta adaptación al medio, realizada por su acción premeditada sobre los elementos naturales que hostilizan su vida biológica, la ha conseguido el hombre debido a la precariedad de su estructura física y al mayor volumen de su masa cerebral, que constituye el «centro de un extenso y delicado sistema nervioso». En la base de la «cultura» que ha venido creando la humanidad, generación tras generación, siglo tras siglo, se encuentra esta circunstancia biológica, que unida a otras que no son del caso

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mencionar por ahora, contribuyen a hacer del hombre el «animal creador» por excelencia.

La especie humana, al transmitir por herencia biológica esta estructura orgánica superior, ha podido transmitir culturalmente una superior capacidad para adaptarse al medio natural. Estas circunstancias han permitido a la humanidad avanzar en el control y en el dominio de lo natural y han sido, asimismo, las que han hecho de cada hombre y de la humanidad en su conjunto, seres en proceso de llegar a ser, es decir, seres perfectibles. En tal proceso, el propio hombre ha vacilado ante la magnitud de la tarea y ha postulado distintas expresiones de creadores superiores, omniscientes y todopoderosos, en los cuales descarga a veces las frustraciones y desesperanzas que le provocan sus limitaciones. Sin embargo, no siempre todos los hombres han renunciado a la perspectiva humana para entender su historia; y en uno u otro momento, una y otra vez, el hombre vuelve sobre su propia problemática con el fin de comprender su mundo y así ser capaz de ir definiéndolo, imperfectamente casi siempre, pero, por lo mismo, con una humana dimensión y responsabilidad.

En definitiva, y después de milenios, el choque con la naturaleza en el afán vital por sobrevivir hizo surgir la esencia de la especie, lo que define al ser humano y a la humanidad: el trabajo, esto es, la capacidad propia solo del hombre de aplicar su energía vital, física y mental, a la transformación de la naturaleza, para crear artefactos, instrumentos, ideas y conceptos, para conseguir un mejor dominio sobre su medio ambiente. La capacidad para rehacer la naturaleza, para ser arquitecto de su mundo, le otorga al hombre la esencia que lo define como ser inteligente y creador.

Pasar revista al proceso por el que la humanidad, a partir de la simple actividad recolectora, ha culminado en nuestra época en la etapa superior de la comprensión racional de la naturaleza mediante la formulación de hipótesis y de teorías científicas y su aplicación a la construcción de extraordinarios ingenios tecnológicos que le han dado virtualmente el control sobre la naturaleza, significa simplemente hacer la historia de la humanidad.

La especie humana, ya no determinada por su adaptación a la naturaleza sino por su adaptación al grupo social, ha venido transmitiendo una herencia cultural que no es sino la viva expresión del trabajo dinámico y creador del hombre

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a través del espacio y del tiempo. Diversas teorías han tratado de explicar el fenómeno de la cultura y su desarrollo a través de la historia. Una de las tantas acepciones la define como: «el conjunto de los valores, comportamientos e instituciones de un grupo humano, que es aprendido, compartido y transmitido socialmente. Comprende todas las creaciones humanas, desde las cosmogonías hasta los mitos, pasando por los modos de pensamiento y de producción, las costumbres, la religión, los valores y los símbolos, además de las creaciones materiales como la tecnología, las instituciones sociales, la ciencia y el folklore» (cit. por: Perrot y Preiswerk, 1979, pp. 39-40).

Esta definición, por lo amplia, resulta muy imperfecta, pero tiene sus ventajas. Permite obviar el problema de la valoración de las culturas de sociedades distintas en el tiempo o en el espacio y tomar una clara distancia de aquellas concepciones culturales elitistas que reducen la cultura a la actividad intelectual y artística que desarrolla una sociedad o, a veces, a los objetos simbólicos producidos por sus miembros «cultos».

No hay duda de que la cultura es el producto de las relaciones entre los hombres y, por lo tanto, ella refleja toda la intrincada trama que una sociedad humana desarrolla a través de la historia. La cultura mantiene la dimensión humana, aunque muchas de sus actuales manifestaciones adquieran para el propio hombre dimensiones enajenadas.

Las teorías idealistas afirman que la cultura es autónoma con respecto del resto de las actividades humanas y que depende de las elites de una sociedad. La superestructura cultural sería independiente de la base económica. Con esto se quiere decir, por una parte, que una sociedad cualquiera podría conseguir un gran desarrollo filosófico o científico al margen del tipo de economía en vigencia, con tal que solo contara con una elite intelectual que se lo propusiera. Las teorías naturalistas, también de raíces burguesas, afirman que la cultura es el resultado de la acción de factores naturales, como el clima, el medio geográfico, biológico o socioeconómico, actuando mecánicamente (Suchodolski, 1977, p. 86). Así, un clima tropical propiciaría una cultura con determinadas características, por sobre el quehacer humano. Sin embargo, la historia ha demostrado que no hay un determinismo geográfico para explicar la inmensa tarea de adaptar la naturaleza al servicio del hombre. Además, estas teorías afirman en su base la naturaleza metafísica del hombre, como un ser que trae en su «esencia» un propósito que

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debe cumplir fatalmente; este propósito lo determina la sociedad de acuerdo con ciertos intereses que, por lo general, son promovidos por una elite que se considera separada de la masa social a la que, sin embargo, dice servir. Tal

. propósito coincide con el orden social imperante en la sociedad.

Consideramos que estas concepciones de la cultura no resisten un análisis histórico-dialéctico, que rechaza radicalmente la posibilidad de una cultura autónoma de la realidad histórica concreta de una sociedad y aquellas concepciones metafísicas del hombre que le otorga una naturaleza trascendente, más allá de su concreta realidad biológica e histórica. La naturaleza humana es una realidad histórica y la historicidad del hombre no admite discusión en nuestro tiempo.

La comprobación de que la cultura no es autónoma y que, por el contrario, se desarrolla enmarcada por una realidad histórico-social, resultado de las vicisitudes de la historia de la sociedad, es tarea de la educación, así como también es tarea de esta desmitificar y desenajenar la cultura.

La cultura debe ser entendida como resultado del quehacer humano y mejor aún, del quehacer social del hombre. Esto significa considerar el trabajo creativo de los hombres realizado en las condiciones que la evolución histórica general ha establecido. La cultura es cambiante y evolutiva, porque es el contenido de la historia y esta no es más que el hombre actuando en el tiempo y en el espacio. La cultura es un producto de la vida social y de ninguna manera una entidad autónoma o independiente de ella. En la sociedad, el producto cultural es el resultado de las condiciones generales del desarrollo social; no fue la imprenta el producto de una sociedad analfabeta ni la ciencia el producto de una sociedad fetichista. Es en la sociedad donde el hombre se hace hombre, mediante la cultura que no puede darse al margen de ella. No se concibe una sociedad sin cultura ni una cultura sin la sociedad. Aún más: la cultura es humanización, el hombre es hombre por su existencia cultural y esta está determinada por su circunstancia histórica (Larroyo, 1969, p. 4).

Como elemento nutriente de la vida social del hombre, la cultura actúa como causa de esta vida social y es producto, al mismo tiempo, del hombre en sus relaciones sociales. El hombre existe y se desarrolla por la cultura y esta evoluciona y madura por la actividad creadora esencial del hombre: el trabajo

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creador, mediante el cual el hombre transforma su entorno. Con el trabajo, el hombre crea cultura, transforma su mundo y se transforma a sí mismo.

Ahora bien, las relaciones entre el ser humano y el medio funcionan e interactúan a través de un proceso que lo acompaña a lo largo de su vida: la educación. Mediante la educación, el hombre se apropia, en mayor o menor grado, y de acuerdo con sus capacidades propias de asimilación y de las condiciones socioambientales que le rodean, de los elementos culturales formativos de su personalidad. Así, asimila cultura y se educa, es decir, crece y madura, y puede crear y recrear más cultura; y así también, la educación es posible por la condición creadora y cambiante del hombre y actúa como un proceso inherente a la cultura.

Como creación humana, la cultura no puede ser estática; cada hombre y cada generación reciben una cultura como herencia y dejan a sus sucesores una cultura acrecentada y transformada con sus propios aportes. La vida del hombre es también dinámica y cambiante gracias a su educabilidad y a su esencia transformadora. El hombre tiene permanentes aspiraciones y proyectos; en todas las etapas de su vida, se plantea metas y se traza caminos, en función de motivaciones internas y alicientes culturales; desea aumentar el caudal de sus conocimientos, mejorar sus habilidades y destrezas, refinar sus gustos y preferencias, consolidar sus condiciones materiales de existencia, desarrollar su sensibilidad, etc.

La educación es también un proceso pletórico de dinamismo al nivel de cada hombre, aunque en comparación con otras funciones sociales, puede parecer la más conservadora o retrasada; como proceso, está íntimamente ligada a la cultura. Educación y cultura son términos que se concitan y convocan mutuamente.

Permanentemente involucrado en el proceso educativo y por el simple hecho de estar viviendo, el hombre está aprendiendo en la sociedad por la cultura, la sociedad es el medio educativo propio del hombre, aunque no en todo momento hay conciencia de esto. Por lo mismo, el hombre necesita reflexionar siempre sobre el contenido de la cultura, de «su cultura», con el objeto de evaluar su capacidad educativa, ya que si bien afirmamos que la cultura es el nutriente de la vida humana, no todos los contenidos culturales conservan su valor

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educativo. Hay aspectos de la cultura que envejecen antes que otros y se hacen obsoletos; sobre todo en nuestra época, los conocimientos se renuevan a gran velocidad y con ellos cambian también los valores que orientan las grandes decisiones sociales. Los logros de la tecnología contemporánea han maravillado a la humanidad, pero, al mismo tiempo, le han quebrantado sus formas de vida y modos de producción. La tecnología ha trastocado la propia percepción que el hombre ha tenido de sí mismo. A partir de los grandes acontecimientos y logros de la Revolución Científico-Tecnológica, la educación y su órgano especializado, la escuela, son cuestionadas radicalmente.

La crisis de la cultura de nuestra época puede ser entendida a partir del carácter dinámico de ella misma, y de las resistencias que la sociedad ofrece siempre a los cambios verdaderos y necesarios. La educación sistemática y las tareas del educador se inician con el análisis de la cultura de una sociedad; el primer aspecto de importancia es la identificación de los elementos educativos de una cultura y la denuncia de aquellos otros que han perdido su validez y que,

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por lo tanto, no pueden servir a la humanización del hombre. La educación, cuando es real, actúa para perfeccionar y depurar la cultura y así se explica que una educación en crisis sólo es el reflejo de la crisis general de la cultura en un momento histórico determinado. La primera e imprescindible tarea del educador es su reflexión sobre la cultura y los contenidos que deberá emplear en su labor de incorporación de los jóvenes a la sociedad y a la vida cultural de ella; el docente que no tiene posibilidad€s y voluntad para reflexionar acerca del sentido de su propia cultura no estará en condiciones de criticarla y, por lo tanto, no podrá dilucidar cuáles elementos tienen valor educativo y cuáles no, y en tales condiciones, el argumento que pueda ofrecer a sus pupilos servirá solamente para consolidar los aspectos negativos y, a veces, ya superados, de la cultura que transmite. La ausencia de reflexión sobre cultura equivale a la falta de reflexión sobre la historia de la sociedad, lo que significa carencia de conciencia histórica. Precisamente, una de las funciones más trascendentales del educador de nuestros países subdesarrollados seguirá siendo la entrega de los instrumentos que permitan a los jóvenes ubicarse en su contexto histórico-social, de manera que pensamiento y acción están dirigidos por los senderos de la conciencia de su propia historicidad.

Educar es humanizar al hombre, esto es, permitirle apreciarse y apreciar a los demás hombres como productos históricos y como resultado de su propio y terrenal esfuerzo existencial. Esto implica una actitud de respeto y de interés por las creaciones del hombre y por su constante superación y perfeccionamiento; implica también un compromiso con la historia de la Humanidad, compromiso que define la actitud humanista del educador y la esencia humanizante de la educación de nuestra época.

LA PEDAGOGIA COMO HUMANISMO

T oda cultura tiene una manera especial de comprender la educación y de enfrentar su ejercicio; aun en las culturas menos desarrolladas se dan la reflexión y la práctica pedagógicas. Se educa por el ejemplo y se aprende

por la experiencia. Mediante el conocimiento de las ideas acerca de la educación podemos inducir las concepciones de cultura y de hombre, que han dado en las sociedades del pasado o que se manifiestan en las sociedades de nuestro tiempo.

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La cultura es la existencia social del hombre y define la conciencia del individuo; «la existencia social designa exactamente lo que los antropólogos quieren decir cuando hablan de cultura» (Levitas, 1978, p. 7) : Si aceptamos que el ser social es to que determina la conciencia, tal principio aparece como fundamental para entender las relaciones entre cultura y educación y para la comprensión de las tareas de la pedagogía; más aún, si por educar entendemos el esfuerzo para superar niveles primarios de conciencia en el educando, la educación no podrá ser concebida sino como una acción sobre las condiciones culturales en que existen el educando y el educador, es decir, sobre las condiciones de existencia de la sociedad. Por eso es lícito afirmar que toda acción educativa aspira a completarse con una acción social y, por lo mismo, toda reforma pedagógica aspira a crear las condiciones de una reforma social.

Dentro de esta concepción, el educador es un humanista y cumple plenamente su función humanizante en la medida en que se propone no sólo socializar al niño o al adolescente, sino contribuir a la formación del ser humano, es decir, capacitarlo para que desarrolle por completo su esencia creadora y mantenga viva la conciencia de su historicidad. Esto permite afirmar también que un educador realmente consciente de su tarea educadora será siempre un reformador social. Gramsci ha señalado que «en la relación educativa en sentido estricto no es la transmisión de la cultura lo que debe tener primacía, sino sobre todo la confluencia de la historicidad y la conciencia de la historicidad del individuo. Determinar esta conciencia significa, en última instancia, insertar al hombre en la historia y dar al niño la medida de lo contradictorio de la realidad y de la dialéctica del desarrollo histórico, que son los presupuestos de todo esfuerzo de cambio realizado en la práctica» (cit. por: Broccolli, 1973, p. 106).

En otra vertiente del pensamiento y de la reflexión educativa, se encuentra el reduccionismo sociológico propuesto por Durkheim: «el fin de la educación es preparar a las generaciones jóvenes para su vida en sociedad». La sociología debe ser la base de la educación, ya que esta se halla determinada esencialmente por la sociedad, la cual a su vez necesita de ella para su subsistencia (Luzuriaga, 1956, p. 166). En esta concepción, la pedagogía es reducida a un aspecto subordinado de la sociología y la educación a un mero mecanismo de transmisión de lo socialmente establecido; de aquí se deriva también la idea de la neutralidad de la escuela y de la posibilidad de una educación por sobre la estratificación social y por sobre los intereses de clases.

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Hacia nuestro tiempo, la educación entendida como simple socializaciór. propuesta de los positivistas, tiene escasa vigencia. Tampoco es aceptable la idea de que puede haber una educación neutra en la sociedad. Cuando se seleccionan contenidos programáticos, cuando se definen métodos y actividades curriculares, cuando se determinan las líneas de conducta que deben seguir educadores y educandos, etc., se participa en acciones políticas que implican una selección ideológica, «importando poco que esta noción sea oscura o clara» (Freire, 197 4, p. 105).

Efectivamente, la educación de más calidad se concreta a veces en los individuos que con mayor claridad perciben lo obsoleto, de algunos elementos de su cultura y de las estructuras sociales y se esfuerzan por promover los cambios. Si se entiende la socialización como el proceso de incorporación de los jóvenes en una estructura cultural con un sentido crítico y espíritu de reconstrucción, se estaría más cerca de una concepción científica y moderna. El joven debe ser comprendido por la pedagogía como un proyecto a cumplir, y eso implica, necesariamente, pensar en la sociedad a la cual se incorporará, no como algo dado de una vez, sino como algo que también se está proyectando fijo. De este modo, a la pedagogía nada de lo que ocurre en la sociedad le puede resultar extraño. La pedagogía es un humanismo, y el pedagogo que entienda su quehacer educativo en esa dimensión, un verdadero humanista.

El campo de reflexión propio de la educación está constituido por la pedagogía; detrás de cada práctica pedagógica existe siempre una teoría pedagógica y estas teorías no son, como ya lo hemos señalado, productos aislados del pensamiento de hombres separados de su realidad social, sino de pensadores estrictamente ligados a ella. Toda teoría pedagógica de real valor resulta ser algo así como una manifestación epigonal de una teoría social de mayor envergadura y significa, asimismo, un enfrentamiento a otra teoría y la propuesta de una nueva práctica pedagógica y social.

Se acepta que la pedagogía como disciplina se inicia con las reflexiones de Juan Comenio, humanista moravo de los siglos XVI y XVI 1. Autor de la Didáctica Magna, basaba sus métodos en la observación y en la intuición y en el respeto por las energías naturales del educando. Para Comenio, la escuela debía ser un «taller de hombres» y a ella deberían asistir todos, sin distinción de clases sociales. Postulaba la felicidad de la especie humana mediante la educación ,

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que debía darse en el cuadro de la humanidad, esto -es, el hombre debía ser educado en y por su propia realidad; por tat razón, en la historia de la educación Comenio es reconocido como realista en sus ideas pedagógicas.

Junto a Comenio, se debe mencionar a Pestalozzi; que vive en la segunda mitad del siglo XVIII, en plena Revolución Industrial. Pretendía «formar hombres para la humanidad» y creía en «el perfeccionamiento de lo humano en el hombre» y en «el desarrollo armonioso de la cabeza, el corazón y la mano» (Luzuriaga, 1960, p. 100). Si a Comenio se le considera como uno de los precursores de la moderna escuela unificada democrática, a Pestalozzi se le debe estimar como un adelantado de la escuela activa y de la escuela primaria popular. Estas dos personalidades, en sus concepciones y prácticas pedagógicas pueden relacionarse con la vivencia de los fenómenos que orientan la Revolución Industrial y sus consecuencias sobre los intelectos más lúcidos de la época. Además, de sus aportes al desarrollo de la educación primaria de los sectores sociales más necesitados, el valor de sus concepciones adquiere notable significación en el problema de definir los fines de la educación. Por primera vez, es posible asignar a la educación finalidades que se resuelven en el mismo hombre y en la misma sociedad.

El siglo XVIII, con el auge de la actividad productiva de base burguesa y capitalista, vio agudizarse las contradicciones entre el individuo y la función social que le había sido impuesta por el orden social en crisis; entre el individuo y la comunidad, en la medida en que los instrumentos de producción se complican, «se extrema la división del trabajo y se separan y recaen en distintos individuos la actividad intelectual y física, las distracciones y el trabajo, la producción y el consumo» (Suchodolski, 1977, p. 67).

La filosofía de la Ilustración se preocupará de esta circunstancia a través de algunos de sus más destacados exponentes, como Voltaire y Rousseau, en su obra La Europa del Antiguo Régimen, David Ogg apunta sobre las ideas educativas del siglo XVI 11: « Desde el momento en que los hombres se consideran iguales en el -momento del nacimiento, en capacidad moral e intelectual y diferentes como adultos solamente por sus impresiones procedentes de los sentidos y del entorno, entonces resultaba que mucho se podía hacer para garantizar una mayor felicidad por la educación y la eliminación de cosas artificiales, como la distinción de clases. Esa fue la idea revolucionaria del siglo

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XVIII» (Ogg, 1974, p. 79). Este argumento nos permite afirmar que ya durante esa época la educación empieza a ser considerada como vehículo de promoción social.

Voltaire puede ser considerado como uno de los representantes de la renovación educacional en la Europa del siglo XVIII. En su opinión, la vida era un término medio entre la felicidad y la miseria. De espíritu ecléctico, encontraba elementos positivos y negativos en todas las creencias y reconocía que el estudio de la historia no era simple crónica, sino un estudio de las fuerzas sociales e intelectuales que componen la vida de una nación. Rousseau, cuya vida ocupa gran parte del siglo XVIII, dejó la impresión de ser más radical que Voltaire en sus ideas. No solamente se opuso a la sociedad de su época, sino a su civilización. El Contrato Social, que le dio gran prestigio, es un libro que expone ideas contradictorias. «El hombre nace libre y en todas partes está encadenado», afirma, para enseguida postular: «Se debiera sustituir el cristianismo, que solamente te enseña servidumbre, por una religión civil, con dogmas morales simples, junto con una declaración de la santidad del contrato y de las leyes». El soberano debería desterrar a todo aquel que se negase a aceptar la religión estatal y podría también matar a quien, habiendo jurado públicamente su asentimiento al contrato, actúe de forma no conforme con las máximas de dicha religión oficial.

Por otro lado, Rousseau expresa las insatisfacciones de la clase burguesa frente al orden feudal en el plano educacional y, justamente por eso, al igual que otros intelectuales de su época, no opina sobre la educación entendida como un proceso social, sino que reduce su reflexión acerca de cómo formar al hombre entendido como individualidad. Así, en su libro Emilio, que le ha labrado un prestigio de educador a menudo exagerado, traza un plan completo para el desarrollo de la individualidad, lo que estaba en consonancia con la nueva escala de valores agitada por la emergente burguesía, en su lucha contra el feudalismo, la nobleza y el clero. «El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El educador debe comenzar por estudiar el niño. Debe tomar en cuenta, lo primero de todo, los caracteres genéricos de la humanidad, esas características que se manifiestan diversamente en las disposiciones o inclinaciones» (cit. por: Boyd y King, 1975, p. 267).

En el proceso mismo de la Revolución Francesa, ninguno de sus ideólogos

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y dirigentes serán educadores o pedagogos a la manera de los anteriorme e mencionados; serán políticos de la educación que enuncian los grandes pnnc -pios o postulados que, en sus criterios, deberían orientar la educación en la nueva

. sociedad.

En el campo educacional, la historiografía latinoamericana también ha sido mitificada por los intelectuales liberales; las características que nuestros sistemas educativos han venido mostrando desde la constitución de los estados nacionales, como la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza, aparentemente se gestan con el ejemplo de la Revolución Francesa; sin embargo, la educación francesa las incorporará sólo a fines del siglo XIX, en algunos casos, después que muchos países latinoamericanos. Las ideas educativas de los revolucionarios franceses más bien se quedan rezagadas; para ser justos, deberíamos reconocer en ellos, con algunas excepciones, un conjunto de burgueses interesados más que nada en destruir las estructuras feudales que maniatan el libre ejercicio de la actividad económica. Sus inquietudes en el plano educacional tendrán como centro de interés sólo mejorar el conocimiento del hombre medio acerca de aquellas cosas que facilitan el intercambio comercial, por ejemplo, idiomas, pesos y medidas, monedas, contabilidad, etc. Para nosotros, lo más importante del pensamiento educacional francés del siglo XVIII reside en que abre el campo de la educación y sus problemas a los políticos y a la política. Este reconocimiento a la dimensión política se ha conservado en el pensamiento político liberal y ocupa un lugar predominante en las ideologías burguesas y pequeño-burguesas, así como también en el pensamiento opuesto al orden burgués, sea este de carácter conservador o progresista. El marxismo, por ejemplo, en la medida en que ha accedido al poder, ha desarrollado su reflexión pedagógica a partir de los aportes de Marx y de Engels; hoy se puede afirmar que existe ya una sólida teoría marxista de la educación.

Algunos revolucionarios franceses fueron, en verdad, radicales en educación, aunque su aporte importante sólo haya sicjo el discurso en que plantearon ideas y proyectos. Uno de estos radicales fue el jacobino Lepelletier, que con el apoyo de Robespierre, presentó a la Convención un proyecto que nunca fue aprobado ni mucho menos puesto en vigencia: « Decretamos que todos los niños de ambos sexos: las niñas de cinco a once años, los niños de cinco a doce, sean educados en común a costa del Estado y que reciban durante seis o siete años la misma educación. En nuestro sistema, la totalidad de la existencia del niño

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pertenece a la República: Id materia no debe salir nunca del molde, pues todo lo que debe componer la República debe ser metido en el molde republicano» (Larroyo, 1969, p. 459).

Otro aporte pedagógico de importancia fue el de José Lakanal, que dejó en una ley que lleva su nombre, del 17 de noviembre de 1794, su ideario vincu lado preferentemente con la educación primaria y con la formación de profesores para ella. Para la enseñanza elemental propuso un plan de estudios que comprendía aspectos tan importantes como: «leer y escribir, Declaración de los Derechos del Hombre y la Constitución, Instrucciones elementales de moral republicana, Elementos de lengua francesa, Reglas de cálculo simple y de agrimensura, Instrucciones sobre los principales fenómenos y las más comunes producciones de la naturaleza y una recopilación de acciones heroicas y de los cantos triunfales». Con tales contenidos, el niño se preparaba para ser aceptado e incorporado a la nueva sociedad, cuya ideología se construye a partir del carácter sacrosanto de la propiedad privada de los medios de producción. Lakanal apoyó estas ideas con una iniciativa legislativa tendiente a establecer las Escuelas Normales para la formación de maestros de educación primaria. Estos deberían recibir una formación general y profesional estrictamente adecuada a su misión, por cuenta y bajo la vigilancia del Estado, y serían los encargados de legitimar en la conciencia de los futuros ciudadanos, el Estado burgués y, naturalmente, los valores de esa sociedad.

Si estas iniciativas pueden servir para afirmar que las teorías pedagógicas que afloran en el ambiente revolucionario de 1789 responden a los intereses de la clase emergente con algunos rasgos de extremismo, las ideas de Mirabeau no dejan lugar a dudas de esta aseveración. En nombre de una concepción abstracta de la libertad, rechazó los principios de obligatoriedad y de gratuidad de la enseñanza y se pronunció en favor de la libertad de enseñanza, entendida como «el derecho concedido a cualquier individuo para establecer escuelas» {Larroyo, 1969, p. 456). Aún m~s claro en sus planteamientos burgueses resulta ser Condorcet en cuanto al papel del Estado en la educación; así afirma que «el poder público no puede establecer un cuerpo de doctrina que deba enseñarse exclusivamente. Ningún poder público debe tener autoridad ni aun crédito para impedir el desarrollo de verdades nuevas, la enseñanza de teorías contrarias a su política particular o a sus intereses del momento. La libertad de conciencia debe ser respetada no sólo desde el punto de vista religioso, sino también social».

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Y para reafirmar su ideario, agrega que «el poder del Estado se extinga en el umbral de la escuela y que cada maestro pueda enseñar las opiniones que crea verdaderas, no las que el Estado haya juzgado como tales» (Larroyo, 1969, p. 457).

El ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, dentro del proceso revolucionario de 1789, significó el triunfo de la gran burguesía francesa y el aniquilamiento de los sectores proletarios y pequeño-burgueses que actuaban durante la Convención. En el plano de la educación, Bonaparte significó también el abandono de algunas ilusiones y de la consolidación de un sistema educativo al servicio de la preparación de los hijos de la burguesía para el cumplimiento de un papel hegemónico en la nueva sociedad. Este sistema culminará en el proyecto e instalación de la Universidad napoleónica, que basa su enseñanza en los preceptos de la religión católica, la fidelidad al emperador, a la monarquía imperial depositaria del honor de los pueblos, y a la dinastía napoleónica, conservadora de la unidad de Francia y de todas las ideas proclamadas por la Constitución.

De todas las concepciones y realizaciones pedagógicas creadas por la burguesía europea del siglo XIX, es, sin duda alguna, la Universidad la que echó más fuertes raíces en América Latina. Esta Universidad, con su exclusivo acento profesionalizante, se dio la tarea de formar al personal superior de la administración de los nuevos Estados Nacionales y a los profesionales y técnicos para las nuevas sociedades. Este hecho es una interesante muestra del carácter político que siempre ha tenido la educación y concede un gran interés a las luchas ideológicas que dan en torno a las teorías que se enuncian y a los sistemas educacionales que se diseñan e implantan desde el siglo XIX en América Latina, sobre todo, en aquellos países en los cuales se establece el Estado Docente. Lo curioso es que, a pesar de lo que sucede en los círculos políticos y académicos, en la masa de los educadores y entre los hombres comunes aún circulan ideas y conceptos educativos añejos y reconocidamente falsos, como «la neutralidad de la escuela», «el maestro apóstol», «la apoliticidad de la educación», «la imparcialidad de la ciencia», «la asepsia de la- tecnología» o «el solipsismo filosófico».

Como todas las ciencias humanas o sociales, la pedagogía tiene un gran desarrollo durante el siglo XIX. En sus primeros pasos, estas ciencias serán la

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expresión ideológica de la nueva clase dominante y las ideas pedagógicas responderán a la necesidad de consolidación del orden social burgués; tanto en Europa como en América Latina, las concepciones pedagógicas decimonónicas reflejarán las reflexiones de figuras a las cuales ya nos hemos referido, especialmente la de Pestalozzi; sin embargo, la filosofía idealista de Hegel constituye un marco de referencia obligado para el estudio de la construcción y desarrollo de las ciencias sociales y, en consecuencia, el punto de partida de las reflexiones de la pedagogía liberal que empieza a gestarse durante el siglo XIX.

Para Hegel, la única realidad tangible es el Estado. «La historia mundial, afirma, no es la base de la felicidad. Los períodos de felicidad son hojas vacías en ella. El individuo particular debe superar sus pequeños e intrascendentes deseos de paz, tranquilidad y placer. Pues hay que saber que un Estado es la realización de la libertad, que es él por sí mismo; hay que saber, además, que todos los más altos valores que tiene el hombre, toda la realidad espiritual los tiene a través del Estado. El Estado es la idea divina presente en la tierra» (cit. por: Suchodolski, 1977, p. 177). Para la filosofía hegeliana, el hombre se produce a sí mismo, a través de su propia actividad, y en esto, precisamente, consiste la educación; esta se circunscribe a la actividad espiritual, ya que el hombre es reducido a su autoconciencia. El proceso educativo es un proceso de autoeducación del individuo, de formación de la personalidad por medio del trabajo espiritual, que consistiría en la superación de la subjetividad natural y en la apropiación activa de los valores objetivos.

Muchas de las ideas pedagógicas del siglo XIX estuvieron impregnadas de estas ideas, en especial en lo que se refiere al servicio del Estado como el mayor valor moral y a la razón de Estado, el carácter de razón de la Historia. Hegel es uno de los teóricos más importantes del Estado nacional burgués, concepción que recibió la fuerte crítica de Marx, filósofo del materialismo histórico. La crítica marxista parte rechazando que el hombre se identifique con la autoconciencia. El hombre es un ser material concreto y que vive, afirma Marx. Su vida, es decir, su desarrollo biológico, psicológico y social, se lleva a cabo en un ambiente sociomaterial histórico y no exclusivamente en la autoconciencia. Este desarrollo es el resultado de la actividad concreta, real, «que supera al objeto no sólo en el espíritu, sino de un modo concreto, práctico» (Suchodolski, 1977, p. 181 ).

El marxismo afirma que Hegel construye su teoría a partir del Estado, 16 que

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convierte a los hombres en Estado subjetivado; en cambio la democracia parte del hombre y convierte al Estado en hombre objetivado. No es la Constitución la que crea al pueblo, es el pueblo el que crea la Constitución. Para Marx, el pueblo es lo concreto, y de esa concepción se deriva el Estado como abstracción; de este modo, se puede entender al Estado burgués como separado de la sociedad civil, lo que permite, a su vez, comprender claramente su papel formal-jurídico como instrumento al servicio de la burguesía.

Si se concibe el desarrollo social como desarrollo que se produce en el espíritu y sólo se manifiesta en los hombres, pero sin que sea producto de ellos, los individuos que son capaces de concebir el camino de este desarrollo adquieren una enorme importancia para la sociedad, y la educación pueda, justificadamente, reducirse a este grupo de hombres y tomar un carácter de iniciación y de dirección, o sea, de hegemonía en el sentido de Gramsci. Si, por el contrario, como postula el materialismo histórico, la historia es el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales que se desprenden de la interacción de las clases, entonces, los elementos de la vida real de los hombres adquieren una importancia decisiva para la educación. «La educación crece desde abajo como proceso que está vinculado estrechamente con los empeños revolucionarios de las clases oprimidas y que luchan por la liberación de los hombres» (Suchodolski, 1977, p. 181 ).

El pensamiento hegeliano concibe la educación como un proceso de autorrealización del hombre en el plano de la conciencia, esto es que el educando habrá de elevarse del plano de la naturaleza al de la idea. El hombre se realiza primero como «espíritu subjetivo» en un triple momento dialéctico, como tributario del derecho, la costumbre y la moralidad. Después se supera en la comprensión de las etapas del «espíritu objetivo» que son familia, sociedad y Estado. Al fin, llega a ser partícipe del «espíritu absoluto» a través del arte, la religión y la filosofía (Moreno, 1978, p. 324). De acuerdo con este pensamiento, la educación consistiría en la reducción de la alienación a un fenómeno espiritual, a un problema de conciencia, con lo que, según Marx, « no conduce a la supresión de la alienación, sino a la supresión de toda objetividad» (Suchodolski, 1977, p. 181). Tales concepciones del hombre y de la educación conformaron un serio obstáculo para las tareas que los sectores trabajadores han debido emprender en la época de la industrialización para conseguir la liberación del hombre, y con esto, su real humanización.

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No podría quedar fue;a de una síntesis sobre los grandes pedagogos del siglo XIX la figura de Juan Federico Herbart, considerado por muchos como el fundador de la pedagogía científica. Este filósofo es uno de los primeros que fundamenta la pedagogía sobre la psicolo-gía y centra el fin superior de la educación en la formación del carácter. Liga así la Etica, que señala los fines educacionales, con la Psicología, que señala los medios para lle-gar a esos fines, y de esta manera, se establecen las bases para que la Pedagogía

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se convierta en una ciencia completa. Herbart concibe la educación como un proceso de construcción o de formación humana, cuyo fin supremo es la moralidad, lo que significa cumplir con la tarea de hacer del hombre un ser consciente de su responsabilidad; el niño o el joven educados desa-

~-r· rrollan su voluntad para llegar a ser un hombre libre, responsable de su libertad. En tal sentido, Herbart se adelanta a la idea de la educación como un proceso de sociali-zación que más tarde desarrollarán con más [ . propiedad los positivistas de fines de siglo. · :\

La historia de la educación europeooccidental y latinoamericana del siglo XIX y de las primeras décadas del XX se ha venido nutriendo en lo fundamental, con este marco teórico; como contrapartida, en los círculos intelectuales y pedagógicos se ha elabora- . -'

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--.. • .. · do toda una completa reformulación teórica '-'--------------''----'-'--' educacional, la que, con algunas excepciones, no logra concretarse en el plano de las realizaciones. A pesar de todo, las concepciones idealistas y burguesas de la educación han cumptido con la tarea de poner en evidencia los retrasados esquemas de la educación clerical, vigente aún en muchas de nuestras sociedades. Desde otra perspectiva, el desarrollo de las economías industriales, la incorporación de grandes masas a las ciudades, la continua subdivisión del

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trabajo, etc. han forzado la extensión de la educación primaria. A pesar de la afirmación de Rousseau, en el sentido de que «el pobre no necesita educación; la de su estado es forzosa, no puede tener otra», puede aceptarse que el siglo XIX fue el siglo de la educación primaria y de fas escuelas populares. Los planteamientos hechos por los políticos más progresistas de la educación se han venido consolidando en una constante preocupación por el hombre y en proceso de transformación de la pedagogía en un verdadero humanismo. Las burguesías buscarán, en lo sucesivo, legitimar su poder mediante los sistemas educativos y para ello deberán ubicar en el primer plano de las discusiones político-ideológicas el problema de la educación.

La segunda mitad del siglo XIX será testigo de la expansión colonialista de Europa, hecho que pondrá en evidencia la importancia que las clases dominantes le asignan a la educación como medio de legitimación; los países europeos logran la etapa superior de su desarrollo capitalista y con afán imperialista, se lanzan a la tarea de asegurarse vastos territorios en las áreas económicas periféricas, que pueden servir como reservorios de materias primas o de futuras inversiones. El colonialismo que acompaña a estas acciones político-militares tendrán como nuevo ingrediente, muy poderoso por cierto, a la educación, a la escuela colonizadora, cuya importante misión será asimilar a los grupos nativos susceptibles de ser empleados para la mejor administración del sistema.

El gran desarrollo económico de esta época estimula vigorosamente el desarrollo de las ciencias. En una primera instancia, las ciencias naturales, cuyos progresos culminan en logros tecnológicos importantes como los ferrocarriles, el barco a vapor, los motores de combustión interna, la electricidad y sus aplicaciones, etc., en una segunda instancia, las ciencias humanas, de las cuales la antropología, la sociología y la psicología logran avances muy significativos. Todo este progreso del conocimiento humano repercute en las concepciones y políticas educacionales y, naturalmente, en las ideas pedagógicas. Durante esta etapa, la pedagogía inició un acelerado proceso de maduración que significa pasar de la simple reflexión metafísica al estatus de disciplina de base científica que se le reconoce en nuestro tiempo.

Superadas las tendencias racionalistas que culminan con la Revolución Francesa y sus consecuencias, el pensamiento europeo-occidental se hará positivista, es decir, reducirá su vuelo como un modo de-poner freno a la crítica

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que se hace al orden burgués. El positivismo, con sus premisas de observar y experimentar, creó las condiciones para el desenvolvimiento de las ciencias contemporáneas. Sí en lo político tuvo en muchas partes caracteres conservadores, en América Latina no fue una excepción, también jugó un papel importante en su época frente al clero y a la iglesia.

El positivismo, en el concepto de su principal figura, Augusto Comte, debía ser el promotor de una reforma total de la sociedad; la ideología que había acompañado a la revolución política de la burguesía estaba en bancarrota y sólo la ciencia podría reemplazarla con éxito. El positivismo debía ser una ciencia verdadera, que se limitara al estudio de los hechos y de las relaciones permanentes sobre estos. Esto era una verdadera ciencia. Aquellas que buscaban las primeras y últimas causas no hacían sino especulación.

Una ciencia así concebida era útil a la clase capitalista; en realidad, fue una ciencia burguesa. La educación para el positivismo era un proceso social fundamental. Sostenía que la vida de cada hombre reproducía la historia de la humanidad; la ley de los tres estados, teológico, metafísico y positivo, aplicada a la educación constituye todo un sistema. Durante la primera etapa de la vida, desde el nacimiento a la adolescencia, el aprendizaje no debe tener un carácter formal; el estudio comprenderá lenguas y literatura, música y dibujo. Estos conocimientos irán elevando al niño desde el fetichismo al politeísmo y monoteísmo. Durante el segundo período, adolescencia y juventud, la educación se centra en el estudio formal de las ciencias; primero, matemáticas y astronomía, física y química, luego biología y sociología, para culminar con moral. Poco a poco, el individuo pasaba del estado metafísico a una concepción positivista, es decir, científica del mundo y de la vida.

Hemos afirmado que el positivismo favoreció el desarrollo de la pedagogía de base científica. La sociología, la biología y la psicología contribuyeron enormemente a la comprensión del sujeto de la educación y esto se fue manifestando en la superación del programa escolar. Toda la ciencia considerada como actividad se vio favorecida por la estimativa positivista, de mayor importancia frente a otros saberes, Herber Spencer, filósofo inglés, generaliza la doctrina evolucionista al suceder de todo el universo: «Tal como la humanidad ha pasado, en el desenvolvimiento de su civilización, de la confusión a la claridad y de la mayor simplicidad indiferenciada a la más amplía complejidad, del mismo

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modo la instrucción debe proceder desde lo simple a lo complejo, desde lo concreto a lo abstracto y desde lo indefinido a lo definido» ( cit. por: Moreno, 1978, p. 357). Así, asegura que la ciencia será la maestra de la educación, porque responde a los requerimientos de la vida; al referirse a los fines y objetivos de la educación, apunta que «Las obras, las bellas artes, la literatura y todas esas cosas que, como se afirma, constituyen el florecimiento de la civilización, deben subordinarse por completo a la disciplina y conocimiento científicos, en los cuales esa civilización descansa. Así como ellas ocupan el ocio de la vida, también han de ocupar el ocio de la educación» (cit. por: Trow, 1967, pp. 11-12).

El aporte de la filosofía positivista ha sido, sin duda, de extraordinaria significación para el desarrollo de los sistemas educativos, en especial, de la educación latinoamericana de fines del siglo XIX y comienzos del XX. El saber científico supera las respuestas de carácter religioso o metafísico y, en general, se reconoce ya el valor formativo de las ciencias sociales; con el enriquecimiento de contenidos programáticos en ciencias naturales y en los estudios sociales se crean las bases para la gestación de una concepción de mayor envergadura, más propia de nuestro tiempo: el humanismo científico contemporáneo.

El capitalismo, en su afán competitivo y de producción de mayor ganancia, estimula la investigación científica y su aplicación al desarrollo tecnológico. Esto significa también el desarrollo del prestigio del conocimiento científico, falible pero perfectible como toda obra humana, que aportan los hombres de ciencia. Sin embargo, enmarcada la ciencia en un sistema socioeconómico que la enajena al servicio de los intereses particulares, se desvirtúa el verdadero sentido liberador del hombre, lo que sería su mejor fundamento.

En nuestro continente, el positivismo pedagógico logra integrar las concepciones cientificistas y naturalistas con las ideas liberales de la época; el modelo liberal-positivista se fundamenta en los beneficios de la educación primaria que, en todo caso, aún no llega a todos en forma completa, como es su postulado. Más aún, para las grandes masas, la ciencia sigue distanciada, como expresión de un conocimiento alejado de la realidad; tan ingenua apreciación sirve de sustento a la idea de una ciencia pura, como en abstracto, ajena a las diferenciadas y a los conflictos que se desarrollan en el seno de la vida social. Los verdaderos humanistas de nuestro tiempo tienen como primera batalla ganar la enseñanza universal de las ciencias y los pedagogos, lograr la implantación de una enseñanza científica en todos los niveles.

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A fines del siglo pasado y comienzos de este, se inicia en los países más industrializados una revisión de sus sistemas educativos, que ya empezaban a entrabar el resto de la vida social. En los años que conforman la bisagra articulante de los siglos XIX y XX, los estudios de Sociología, de Psicología, de Economía y otros, critican la pedagogía positivista centrada en la materia o en el programa y, consecuentemente, en el maestro, y proponen una enseñanza centrada en el niño y en el adolescente. En estas nuevas escuelas, que aparecen casi simultáneamente en Estados Unidos y en Europa (Francia, Bélgica, Inglaterra), hay una notoria vuelta a la idea primitiva de Pestalozzi, aunque completamente independiente de toda referencia a este pedagogo, en el sentido de un aprendizaje en la participación de ocupaciones y trabajos que son iguales a los de la vida diaria. La instrucción por la acción -learning buy doing- es un grito de combate que será utilizado para explicar, en general, los nuevos procedimientos (Luzuriaga, 1960, p. 18).

Entre los inspiradores de esta nueva concepción pedagógica podemos citar a John Dewey, a Roger Cousinet, a Emilia Claparéde, a Adolfo Ferriére y a María Montessori, entre otros. El principio fundamental de la «nueva educación» es el respeto al niño. Se le respeta porque esta es la condición necesaria para conocerlo; después, porque se estima que merece tanto como un adulto ser tratado como una persona moral y, en fin, porque los nuevos experimentos han probado suficientemente que la actividad natural del niño es buena y útil para los propósitos de la educación.

Entre los pedagogos citados, nos parece oportuno destacar la figura de John Dewey, cuyo pensamiento ejerce una poderosa influencia en las corrientes pedagógicas del siglo XX y, en particular, en los procesos de reformas que se llevan a cabo en América Latina durante las cuatro primeras décadas. Para Dewey, la escuela es una comunidad en pequeño, en la que el educando vive más que aprende; de acuerdo con este principio, «en un mundo aceleradamente cambiante, la escuela debe recoger la vida, reproducirla y comprenderla». Esta concepción de «escuela activa» implica que la escuela no forma para la vida, principio socializante ya superado, sino que es la vida misma. El hombre debe socializarse, pero integrado a las tareas colectivas de la comunidad, para mejorar las condiciones de vida de los pueblos; el progreso humano no depende sólo del individuo, sino de toda la colectividad. La educación es el método fundamental del progreso y de la reforma social.

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Esta concepción de «escuela nueva» o «escuela activa» se afirma en importantes principios pedagógicos, como vitalidad, libertad y comunidad. Sustentada en la observación de la vida social como en la naturaleza del educando, esta nueva educación sólo opera en una atmósfera de libertad, porque sin libertad de crecimiento, sin libertad de elección, no puede haber desarrollo verdadero. Así, el programa escolar debe concebirse como una preparación para la sociedad democrática y para la vida urbana, adaptado, naturalmente, a las condiciones, capacidades y necesidades del educando.

Estas concepciones pedagógicas pueden ser consideradas como uno de los aportes más importantes de la filosofía norteamericana a la historia de la educación y de la pedagogía contemporánea, y tiene como sustento otra contribución norteamericana al pensamiento filosófico: el pragmatismo, llamado también instrumentalismo.

El pragmatismo puede ser comprendido a partir de un principio básico: es verdadero aquello que es útil para la acción. Esta premisa calza bien con las necesidades de una sociedad que se incorpora a la vida urbana, en la democracia moderna y en pleno desarrollo tecnológico, caracterizada por la participación de las grandes masas de hombres en un proceso económico-social que se acelera continuamente.

Se puede pensar, a partir de la correspondencia entre escuela activa y sociedad urbano-industrial, que la educación es necesariamente un complemento importante de toda vida social. En realidad, la educación, como lo hemos afirmado antes, es la encargada de legitimar en la concienda de los individuos la validez de las estructuras socioeconómicas y políticas que genera la sociedad; un proceso educativo nunca puede manifestarse desligado de las otras estructuras sociales. Por esta razón, la escuela activa, a pesar del interés que despertó a partir de la década de los veinte, en América Latina no jugó el papel que desempeñó en el desarrollo de las sociedades norteamericanas y europeas, en cuanto a preparar a la población para participar en una sociedad abierta y democrática. En nuestro continente, donde aún predomina la economía agraria y de servicios, se adoptó la teoría, se especuló con ella, se establecieron escuelas que fueron remedo de sus homólogas norteamericanas; pero, en los resultados, jugaron el mismo papel colonizador de otros modelos pedagógicos. La falta de crítica de los educadores latinoamericanos y los intereses políticos de las clases

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dominantes, hicieron que la aceptación de la nueva pedagogía se hiciera puramente imitativa, sin creatividad, y con ello, la escuela activa latinoamericana sirvió de mejor manera a los intereses metropolitanos, acrecentando los lazos de dependencia cultural característicos de nuestros pueblos.

A partir de 1960, la situación mundial y las luchas políticas de tipo nacionalista en el continente latinoamericano vinieron a remover la reflexión pedagógica. Se refrescó la idea de la educación al servicio del desarrollo de los pueblos, como promotora del cambio social y de la formación individual. Se piensa que la incapacidad estructural de estas sociedades para lograr el desarrollo científico-industrial puede ser superada por una educación orientada hacia el desarrollo socioeconómico. La ideología desarrollista se canaliza a través de modelos impulsados por instituciones internacionales, UNESCO entre otras, que entregan las líneas directrices para la aplicación de reformas pedagógicas que conciben la educación moderna como sinónimo de educación tecnificada y políticamente neutral, es decir, como un proceso ajeno al proceso social. La democratización de la enseñanza es, entonces, la simple ligazón entre el sistema educativo y la estructura social que se pretende modernizar. La educación es el canal de movilidad social por excelencia y la planificación pedagógica forma parte de la ideología del reformismo modernizante, como el medio más eficiente para mantener los valores y pautas de comportamiento de las clases dominantes.

Esta idealización de la educación se refleja en una ampliación de las instituciones educativas y de la asistencia social a los escolares; hay algunas innovaciones metodológicas destinadas a introducir los logros tecnológicos. En especial, las universidades ofrecen un notorio crecimiento de sus matrículas y la apertura de nuevas carreras profesionales contribuye a crear una atmósfera de renovación educacional, aun cuando para muchos es sólo la natural respuesta del sistema a las presiones del crecimiento demográfico del momento. En efecto, las estadísticas muestran un claro incremento en todos los niveles educacionales, pero esto ocurre también con los índices económicos sin que la vida social en nuestros países muestre un real mejoramiento para los sectores mayoritarios de la población.

Por otra parte, consideramos que los fines de la educación van más allá de ser respuesta a los imperativos de la realidad social del momento. La educación

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trata de la formación del hombre, de su constante superación, del perfeccionamiento de la vida social; en tal sentido, la educación contemporánea está sumida en una profunda crisis, mejor aún, no ha sido capaz de dar respuesta a las exigencias de la crisis en que está inmersa. Las nuevas condiciones creadas por la Revolución Científica y Tecnológica han planteado a la educación un nuevo reto; como ha sido comprendida hasta ahora, la educación sistemática aparece hoy como incapaz de asimilar estas condiciones y por todas partes se oyen las críticas a los sistemas educacionales de los países latinoamericanos. Las consecuencias de la Revolución Científica y Tecnológica son de tal significado, que para responder a este desafío, la educación latinoamericana debería replantearse desde puntos de vistas totalmente nuevos. Esto parece difícil, por lo menos hasta ahora, puesto que la reflexión filosófico-educacional ha perdido prestigio en nuestra época o simplemente no existe; esta afirmación tiene específica validez para nuestro continente, que no ha logrado la plena expresión de su identidad cultural ni dar muestras todavía de su autenticidad histórica.

La historia contemporánea ha colocado al hombre frente a la necesidad de repensarse, para desde ahí reformular sus proyectos de vida. Asimismo, la crisis de la educación en nuestros días exige un esfuerzo por revitalizar su reflexión pedagógica. Para América Latina, esta necesidad resulta imperiosa. Para el siglo XXI, o los latinoamericanos somos capaces de reconocernos como distintos a otras entidades históricas o corremos el riesgo de perder para siempre nuestra capacidad para comprender nuestro mundo existencial y para participar como sujetos históricos. -á-

En esta tarea, le corresponde un importante papel al educador latinoamericano. Coincidimos con Pablo Freire cuando afirma que «en un orden consagrado, la educación es el mecanismo más eficiente de control social». Sin perjuicio de su dimensión universal, el educador de nuestro tiempo debe ser, más que nunca, el hombre lúcido por su conocimiento de la realidad y por su reflexión filosófica acerca del mundo y de su propia condición existencial sociohistórica; esta es la exigencia del humanismo pedagógico contemporáneo. Sólo un educador realmente comprometido con su realidad podrá actuar como un humanista comprometido con su labor educativa, en la difícil y delicada tarea de formar también hombres lúcidos, con proyectos de vida social y capaces de participar consciente y responsablemente en la construcción del mundo del mañana.

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CRITICA MARXISTA A LAS LIMITACIONES DE LA

FILOSOFIA DE LA HISTORIA DE HEGEL

Manuel Enrique Delgado Cascante

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n el verano de 1989, antes de su ingreso a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Francis Fukuyama (1) publi

---... có en The National In-

1. Tesis principales

S e podrían resumir las tesis esbozadas por el analista norteamericano en los siguientes puntos:

._ ___ _. terest un artículo titula- a) El mundo moderno tiene una influencia muy grande de la filosofía hegeliana o marxista-hegeliana; todos somos hegelianos, señala, aun cuando muchos no lo sabemos.

do The End of History? (2). Desde entonces, este polémico artículo ha sido objeto de gran cantidad de alabanzas y de críticas.

Aunque el politólogo norteameri-cano no ha salido bien librado, sí le b) cabe el mérito de haber puesto en la escena un tema de enorme interés intelectual y político, el cual se puede sintetizar en una sola pregunta: «Des-pués de lo ocurrido en Europa del Este, ¿podríamos afirmar que se han acaba-do las contradicciones fundamentales de la historia?»

La revista norteamericana Facetas publicó, unos meses más tarde, un nuevo artículo de Fukuyama (3). Esta vez el objeto de estudio es su propio artículo anterior.

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A partir de la concepción hegeliana según la cual la historia no es un conjunto de sucesos o acontecimientos, sino un proceso evolutivo, una sucesión de épocas históricas, cada una de las cuales se diferencia de las otras por sus principios primordiales, se puede afirmar que ha llegado el final de la historia. El triunfo de la democracia liberal, principio central de la época, no impide que puedan surgir nuevos sucesos capaces de llenar libros de historiografía; mas esos




sucesos sólo forman parte del proceso de despliegue de una época única ya iniciada. Esa es

-fundamentales de convivencia universal.

la época del fin de la historia. f) Por último, la democracia es una herencia irrenunciable e irreversible de la humanidad. c) Marx no se mostró, afirma, con

trario a este pensamiento, pero intentó rebatir la tesis de Hegel 2. de que ese final ya había llega-

Problemas planteados en el enfoque de Fukuyama

do.

ch) Asistimos al fin de las ideologías, se asienta el consenso sobre la legitimidad y viabilidad de la democracia liberal y lo ideal gobernará de ahora en adelante al mundo.

d) Esta tesis podría presentar menosprecio al Tercer Mundo, pues las ideologías han marchado del Primer Mundo al Tercero, y aquel es el que determina los rasgos fundamentales del desarrollo histórico.

e) Podría, también, aducirse la fragilidad de la reforma de los países socialistas. Sin embargo, se debe anotar la imposibilidad de que la URSS o los países que la conformaron vuelvan a ser la potencia que antes fueron; subsisten los peligros del fundamentalismo islámico y del nacionalismo, pero no parecieron capaces de cambiar las normas

L a teoría de Fukuyama plantea un universo de problemas, cuyos componentes son ellos mismos

complejos. Es decir, un complejo de complejos, una cadena de eslabones que, a su vez, están compuestos por una serie de interrogantes. Por ahora, sólo nos interesa el primero, que tiene que ver con la filosofía, en general, y con la interpretación de la filosofía hegeliana en particular.

Fukuyama cae en el error de tomar de Hegel el movimiento abstracto y, por tanto, la idea abstracta de fin de la historia; pero, al hacerlo, lo despoja de su contenido concreto. Efectivamente, para Hegel hay un fin en la historia, pero ese final coincide para él con la monarquía prusiana.

Hegel no es el primero en concebir la historia como un proceso de desarrollo, pero sí es el primero en concebir ese desarrollo por medio de etapas plenamente delimitadas.

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la · oria para él sigue la misma a ectoria del Sol, que nace en el

orien e y se pone en el occidente. «Asia es el principio. Para la historia universal existe un Oriente kat'exogén (por excelencia) aunque el Oriente es por sí mismo algo relativo», señala ( 4 ).

En oriente se instauran los primeros grandes movimientos culturales y sociales. Es la época de infancia de la humanidad, en que el espíritu se encuentra inmerso en la naturaleza y la individualidad se halla sin su libertad. En esta primera etapa, sólo lo Uno es libre. A ella corresponde una forma particular de Estado, el absolutismo. En ella sólo uno es libre: el soberano.

Esta primera etapa, el movimiento se dirige hacia occidente: China, India y Persia. Al fin, la historia se ubica en Grecia y Roma.

Grecia y Roma son los dos momentos de la edad adulta. La primera corresponde a la adolescencia, mientras la segunda encierra la edad viril. La primera es la libertad espontánea, no ligada a lo universal. La segunda es el nexo entre la voluntad individual y lo universal, pero en forma de contradicción. En la primera, la individualidad realiza su libertad de una manera ingenua y directa. En la segunda, la libertad se enfrenta con la universalidad, con la persona civil y el derecho.

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En esta segunda etapa, los libres son pocos, aquellos que adquieren ciudadanía a través de la propiedad y son, por tanto, objeto de derecho. En ella, la forma de Estado es la República.

La tercera y última etapa es la ancianidad, entendida no como el declive, sino como la madurez plena de la humanidad. Ella corresponde al mundo germánico y a la religión cristiana ( en particular la protestante) y se caracteriza porque en ella todos son libres. Pero (¡cuidado!), esa libertad es depositada en el Estado, quien a su vez es encarnado por el monarca.

Por medio de tres etapas (surgimiento de la monarquía, implantación de la religión protestante y la instauración del Estado prusiano como encarnación de la verdad) la historia llega a su final.

Hegel no sólo instaura (por una vía bastante ingenua, por cierto) el pangermanismo, sino que para él todo lo que ocurriera desde 1830 carecía de importancia. El murió en 1831, pero sus seguidores se vieron en el terrible dilema de explicar lo inexplicable: la revolución alemana de 1848, la revolución de Bismark y la fundación de la República, la Primera Guerra Mundial, el nazismo, etc., etc. No deja de ser una paradoja que el fundador de la «lógica de lo concreto» siga influyendo




por medio de lo que hay de abstracto en su pensamiento, o mejor, que su pensamiento concreto sea tan inapli-

cable que sus seguidores se tengan que conformar con su contenido abstracto. Y para Hegel era ese contenido

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concreto (la defensa del Estado monárquico prusiano) lo realmente relevante.

Por ello, hablar de un fin de la historia en un sentido hegeliano sólo puede tener dos salidas: o no se habla en un sentido hegeliano verdadero, sino sólo parecido, sólo formalmente hegeliano, o se supone que la historia nohaavanzadonadadesde1830.Los dos defectos se advierten en el artículo de Fukuyama.

3. Elementos para una nueva crítica al pensamiento social de Hegel

E n casi siglo y medio de peregrinación por el pensamiento de Marx, los filósofos siguen poniendo én

fasis, casi sin excepción, en las relaciones entre el pensamiento filosófico de Marx y el de sus predecesores, en particular, el pensamiento filosófico del idealismo objetivo de Hegel. La literatura posmarxista ha atribuido al pensamiento hegeliano un papel determinante y casi omnipotente en la estructura misma de la filosofía del autor de El Capital. El reconocimiento al aporte hegeliano en la formación de la personalidad del joven Marx y en su desarrollo filosófico, ha llevado a los filósofos marxistas a prestar muy poca atención a la crítica de las limitaciones de la filosofía idealista.

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Es por ello que resulta indispensable retomar algunos de los momentos de la crítica marxista y posmarxista al idealismo objetivo, en lo tocante a su interpretación de la historia y sus relaciones con la lógica.

El pensamiento marxista parece haber entrado en un período de marcada decadencia luego del surgimiento de la 11 Internacional y, especialmente, luego de la división que empezó a perfilarse en esta a comienzos de siglo, y que tomó cuerpo en el surgimiento del primer Estado con ideología marxista, el Estado soviético. Es imposible todavía, y menos en los marcos del presente trabajo, hacer un análisis de las limitaciones del desarrollo de las corrientes filosóficas que surgieron al calor de este acontecimiento político y de ese estado. Una de ellas parece imponerse, por su fuerza, en los discursos de los di rigentes poi íticos: la tendencia a imponer a una época y a una realidad teorías surgidas en otras épocas o realidades en aras de presuntas «leyes universales» del organismo social. Este rasgo muestra cuán honda es la influencia del idealismo hegeliano en el pensamiento marxista, que sigue concibiendo la lógica como demiurgo de la realidad.

La diferenciación entre «método» y «sistema» en el pensamiento hegeliano, que aparece más claramente




expresada en el pensamiento de madurez de Engels (en especial, en Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana), también tuvo que ver en esta confusión.

En el pensamiento hegeliano «método» y «sistema» son una y la misma cosa, por lo que esa división resulta un retroceso respecto incluso de lo avanzado por Hegel. Más aún, «método» y «sistema» son categorías de una derivación nociva y equivocada en el pensamiento marxista, que empieza a darse incluso en vida de sus fundadores. Suponer la diferencia entre ambas categorías significa ni más ni menos que suponer que pueden existir dos lógicas distintas, una subjetiva y otra objetiva, ni más ni menos que el viejo esquema de la metafísica prehegeliana. Puede decirse que existe en Hegel una doble vía, un doble discurso. Por una parte, podría hablarse de un texto, que es resultado literal de sus escritos. Según este, la lógica subjetiva no es independiente del movimiento real, sino un derivado de este, un momento en el desarrollo de este. La lógica subjetiva, como la hemos llamado aquí, o el «método lógico» de análisis como suele decirse en relación con la obra de Marx, aparece entonces como un segundo momento, como un revivir o reeditar un movimiento principal, que es objetivo y, por tanto, sustancia de lo real. En este salto impre-

sionante radica lo más revolucionario y novedoso del pensamiento hegeliano. Pero la trabazón interna de su filosofía muestra también un segundo momento, un contexto, una sublectura, en la que el movimiento de lo real a lo ideal es invertido y puesto como ser-otro, un movimiento de lo ideal a lo real, camino que es interpretado como verdadero. Si bien desde el punto de vista del texto la lógica subjetiva repite el movimiento objetivo (y en esa coincidencia reside la verdad), en el contexto ese mismo movimiento objetivo no es otro que el mismo movimiento subjetivo puesto en términos de análisis de lo real. El movimiento objetivo es primero, dice Hegel; pero, sin decirlo, coloca como movimiento objetivo (y por tanto como sustancia de lo real) algo que es solo pensamiento subjetivo revestido de real, pura lógica objetivizada. Lo real continúa siendo secundario respecto de lo ideal, el desarrollo ideal continúa obedeciendo preceptos de la lógica subjetiva.

Lógica y sistema constituyen, a partir de Hegel, un solo proceso, en que el objeto del pensamiento y el método hacia la aprehensión de ese objeto forman un todo único. Esta característica estructural de la filosofía hegeliana, proviene de una nueva concepción de la realidad o, como ha solido llamarse con poca propiedad, la «nueva ontología» hegeliana. En ella,

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son los procesos y, por tanto, los movimientos de su desarrollo los que pasan a jugar el papel de aquel misterioso remanente de todas las determinaciones que era el ser parmenídeo, amo de la ontología a lo largo de 24 siglos. La realidad, el ser real queda relegado a ser un sustrato, ente inmóvil, residuo último de todos los accidentes o abstracción absoluta, para dar lugar al movimiento mismo, a los procesos y sus determinaciones, como objeto del saber y sustancia de la realidad. «La esencia pura misma no tiene en ella diferencia alguna, afirma Hegel en su Fenomenología. La Ilustración llama esencia absoluta a aquel absoluto carente de predicados que es más allá de la conciencia real, en el pensamiento de que se partía» (5).

Este rasgo es el que hace de la ontología hegeliana no solo un producto particular y personalísimo, sino además es un elemento que con justicia, y en contraste con otros de su propia filosofía, puede denominarse una revolución respecto del pensamiento anterior y sustento para avances posteriores de la filosofía. Más que el ser parmenídeo, Hegel toma partido por el fuego heraclíteo. Esta preferencia de enfoque se muestra cuando afirma que «no hay, en Heráclito, una sola proposición que nosotros no hayamos procurado recoger en nuestra Lógica» (6).

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Sistema e historia, el objeto como movimiento de lo absoluto, está indisolublemente ligado a su creación filosófica. El conocer es reelaborado en ella no como una contemplación del ser en su perfección, en su esencia verdadera, sino como una reedición. El pensamiento repite, en su movimiento, en forma subjetiva y a escala, lo que ya el ser ha descrito a nivel cósmico y, además, es una parte de ese movimiento cósmico. Ese mimetismo del pensamiento que se desenvuelve en un movimiento que repite la historia del ser y, aún más, aparece como un momento de esa misma historia, no es sino la comprobación de la realidad verdadera del espíritu subjetivo. El pensamiento es verdadero porque, cuando él mismo es objeto, se muestra como devenir. Aquí, la lógica no es otra cosa que la vivencia individual del movimiento universal. La identidad objeto-sujeto cobra por tanto una dimensión más honda que en el viejo pensamiento metafísico, en el cual el ser es sólo sustancia, objetividad, aunque esa misma objetividad no reclamara una naturaleza diferente y opuesta al sujeto. En la nueva ontología, por el contrario, la naturaleza del ser pasa a ser secundaria, porque su desenvolvimiento, su desarrollo, es lo esencial. Dicho de otra manera, la esencia es un momento del devenir, suma de todas las determinaciones y, por tanto, lo concreto mismo y no la abstracción de las determinaciones.




Este movimiento inverso que establece la lógica hegeliana es básico en su comprensión de la naturaleza del ser y de las relaciones entre ser y pensar. El misterioso panteísmo parmenídeo desaparece en el movimiento, y objeto y sujeto se suprimen como lados opuestos del conocer y pasan a ser momentos diferentes del devenir.

Garaudy expresa esto diciendo que «el progreso dialéctico en el conocimiento corresponde a un progreso dialéctico en el objeto de conocimiento y no es sino un momento de él» (7). El francés cita la aseveración de Hegel según la cual en la Fenomenología del Espíritu «cada momento es la diferencia del saber y de la verdad y es el movimiento en el curso del cual esta diferencia se suprime» (8).

En la obra citada, Hegel hace una profunda observación, según la cual desde el punto de vista del concepto de esencia de la metafísica tradicional, la «materia» y el «espíritu o Dios» son «sencillamente el mismo concepto». Para una corriente filosófica, la esencia pura es el pensamiento puro y considera a la materia como una abominación. Para la otra corriente, es el ser exterior del que se han extraído todas las diferencias y determinaciones. La diferencia, afirma, reside entonces «en los distintos puntos de partida de ambas formaciones y en

que cada una de las dos se detiene, en el movimiento del pensar, al llegar a su punto propio» (9).

Hasta aquí podríamos decir que nos hallamos en los aspectos positivos, innovadores de Hegel. Sin embargo, la renuncia a todo dogmatismo habría de ser sólo parcial en su filosofía. La revolución copernicana no aumentó los límites del saber astronómico más allá de un esquema simplista de esferas concéntricas. La expansión hegeliana de universalidad del movimiento, que parecía ser el centro y fundamento de su sistema, no superó los límites de una monótona repetición del movimiento circular, en que cada nuevo fenómeno solo repetía un movimiento ya consabido. El sistema que había surgido como respuesta al dogmatismo, vuelve él mismo a instaurar su propio dogma.

Garaudy afirma en otro momento que «el carácter idealista y especulativo de la dialéctica hegeliana deriva, primero, de la naturaleza de los problemas que se le plantearon. El método elaborado por la dialéctica especulativa ha sido, en gran parte, determinado por la naturaleza misma de los problemas». Es el período de la revolución francesa, y la burguesía de ese entonces debe proyectar su ideal, haciendo coincidir el ser con el deber ser; la filosofía pasa a jugar el rol que en

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otro período jugó la teología. cristiana. Su teoría es, pues, una «dialéctica de justificación y no, como en Marx, una dialéctica de superación» (1 O).

4. Limitaciones de la filosofía hegeliana

■ Dónde estriba la limitación? ¿Es "' su «sistema» idealista el que limi'-' ta la universalidad de la dialéctica hegeliana? Vamos a adentrarnos en este problema, para tratar de descubrir las limitaciones de la filosofía hegeliana y, después, la ruptura que realiza Marx de esos límites.

Como todo el idealismo, el pensamiento de Hegel parte de una concepción negativa de la materia o de lo sensible, la que es concebida tan solo como un ser otro de la idea. En su concepción, lo múltiple no tiene, por tanto, una existencia absoluta. La razón, que incorpora el no-ente, es la negatividad absoluta, la unidad de la diferencia. Conocer no es, por tanto, un proceso de análisis de la experiencia, sino una abstracción de ella, una explicación de la experiencia como parte de un todo establecido. Por eso, su Idea conserva el concepto presupuesto en un proceso en que lo implícito marcha hacia lo explícito y en que el ser potenciado se concibe como sustancia real. De allí que la unidad entre pensamiento y ser sea, en su

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lógica, un presupuesto a priori, obra del análisis y no de una síntesis que posibilite una formación crítica del concepto científico. Es por ello que toda su obra aparece, más que como la teoría de lo real, tan sólo como otra forma de su teoría de la lógica. El movimiento del pensamiento deviene, entonces, una sustitución de las contradicciones específicas por las contradicciones del género, y las contradicciones de lo finito redundan en ser tan sólo el ser otro de las contradicciones de lo infinito. Aquellas contradicciones se despojan de su movimiento real para quedar convertidas en pura repetición del movimiento ideal y las contradicciones ideales desplazan a las reales. Explicar es, por ello, tan sólo reducir ese movimiento real a un movimiento abstractamente racional. Esta reducción , que fue el sentido mismo de su progreso respecto de la vieja metafísica, es, al mismo tiempo, su limitación frente a ella.

En la Ciencia de la Lógica, Hegel establece los nexos entre la filosofía y la ciencia y reconoce en el método de esta la función de la experiencia. De una manera negativa, reconoce el materialismo. Allí reside el núcleo de la relación entre pensamiento y ser.

Al final del libro primero de esta obra, Hegel afirma que el mérito de la ciencia es elevarse, desde la determi-




nación matemática, hasta las relaciones estables, de concepto a concepto. El concepto sale allí adelante, pero no

, como un derivado de estas, sino como su misma sustancia. En las determinaciones cuantitativas, los conceptos no son puros, pues se hallan en relación con un objeto; por ello no son conceptos inmediatos {11 ).

Es por ello que Colletti, en un expresivo párrafo, dice que en la lógica hegeliana «el alma de los objetos, su significado, está predispuesto y predeterminado antes que su cuerpo, el cual es solo apariencia. Lo que interesa no es que 'este' paso se dé desde una cierta cantidad a una cierta cualidad, sino que sea el paso de la cantidad a la cualidad; el 'cierto' es que eso ocurre será solo un ejemplo» (12).

Hegel demanda un paso superior, que consiste en la supresión de la determinación cuantitativa. La supresión del hecho real como hecho empírico , para que el conocimiento se asiente sobre cualidades y conceptos. Por ello, su filosofía deviene enciclopedia de las ciencias.

Como veremos más adelante, una de las más ricas aportaciones de Marx a la valoración de la ciencia, es la recuperación del fenómeno como parte de lo concreto y, por tanto, como dato indispensable del conocimiento.

En su Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, el joven Marx señala que para la filosofía hegeliana «el punto de partida, afirma Marx, es la idea abstracta cuyo desarrollo en el Estado es la constitución política. No se trata, pues, de la idea política, sino de la idea abstracta en el elemento político. No porque se afirme que el organismo (del Estado, la constitución política) es la transformación de la Idea en sus diferencias, etc., se sabe ya algo de la idea específica de la constitución política; la misma frase puede ser dicha con tanta verdad refiriéndose al organismo animal como al político. ¿Por qué se diferencia, pues, el organismo animal del poi ítico? No surge esto de esa determinación general. Pues una explicación que no da como resultado la differentia specifica, no es una explicación. El único interés radica en el hecho de encontrar 'la idea' pura y simple, la 'idea lógica' en todo elemento, sea este del Estado o de la naturaleza; y los sujetos reales, como aquí la constitución política, no son ya sino simples nombres, de modo que solo existe apariencia de conocimiento real. Son y continúan siendo determinaciones incomprendidas , puesto que no son comprendidas en su ser específico» (13).

Marx señala que tras hacer esto el filósofo no avanza respecto del inicio, sino que «simplemente explica de

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forma más precisa 'la transformación de la idea en sus diferencias'» y que no hace «avanzar a Hegel ni un paso más allá del concepto general 'de la idea' o del 'organismo' en general» (14). La imposibilidad de deducir por una vía racional las determinaciones reales, lleva a Hegel a asumir observaciones empíricas como demostración. La diferencia específica entre el organismo llamado estado y el organismo llamado sistema solar la constituyen las diversas autoridades o poderes del primero. Pero esta división de autoridades y poderes, determinación particular del estado como organismo, son solo elementos empíricos del Estado, una realidad que Hegel toma no del concepto de Estado o de su desarrollo racional, sino de la observación empírica. Es una verdad empírica que no puede ser presentada como un descubrimiento filosófico, ni que ha surgido como resultado del desarrollo desde un estadio inferior de la argumentación (15).

En la lógica hegeliana sólo interesan las relaciones consigo misma. «La transición es absolutamente efectuada, en la lógica, de la esfera del ser a la esfera del concepto. Igual transición se hace, en la filosofía de la naturaleza, de la naturaleza inorgánica a la vida. Siempre son las mismas categorías las que dan alma a tal esfera como a tal otra. Lo único que

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importa es descubrir mediante determinaciones concretas individuales, las determinaciones abstractas correspondientes» (16).

Es precisamente su idealismo, su negación de la materia como ente real y, por tanto, la negación de sus determinaciones como determinaciones reales, lo que induce al sistema hegeliano a recurrir a recursos curiosamente positivistas. Es lo que Colletti denomina, siguiendo a Marx, como «positivismo acrítico», en que las determinaciones reales carecen de valor absoluto y movimiento propio para servir solamente como prueba del desarrollo de la idea. La lógica en general, y la ciencia de la historia en particular, actúan como «modelos», a los cuales deben seguir los materiales fácticos o empíreos (hechos, sistemas, etc.). Por ello, aun cuando su sistema reivindica la lógica concreta o de contenido, la ciencia sigue ostentado un papel normativo más que exegético. Es lo que Marx denomina «descomposición filosófica de la empírea».

«La naturaleza toda, afirma Marx burlándose de Hegel, le repite, pues, en una forma sensible, exterior, las abstracciones lógicas ... Así, por ejemplo, el tiempo es igual a la negatividad que se relaciona consigo misma. Al -devenir superado de la existencia corresponde en forma natural el movi-




miento superado en la materia. La luz es la forma natural, la reflexión en sí. El cuerpo, como luna y cometa, es la

. forma natural de la oposición ... » (17).

Es quizá la Miseria de la filosofía la obra en que Marx hace una crítica más acerba a este aspecto del método hegeliano. Citemos: «El cristiano no conoce más que una sola encarnación del Logos ... ; el filósofo conoce un sinfín de encarnaciones ... Así como por medio de la abstracción transformamos todas las cosas en categoría lógica, de igual modo basta hacer abstracción de todo rasgo distintivo de los diferentes movimientos para llegar al movimiento en estado abstracto, al movimiento puramente formal, a la fórmula lógica del movimiento. Y si en las categorías lógicas se encuentra la sustancia de las cosas, en la fórmula lógica del movimiento se cree haber encontrado el método absoluto, que no solo explica cada cosa, sino que implica además el movimiento de todas las cosas... Hasta aquí no hemos expuesto sino la dialéctica de Hegel» (18).

Por ello mismo, Colletti critica que la superación del dualismo kantiano la haya dado Hegel recurriendo a la vieja metafísica. En esta, el conocimiento no está en el objeto mismo, sino que es extrínseco al ser, por medio de un método que explica nuestra

aproximación al ser, pero que atañe sólo a nuestra subjetividad. La ciencia no enuncia la verdad del ser, sino sólo su experiencia de él. Para Kant, el dogmatismo es la identificación inmediata entre el pensamiento y el ser o, dicho de otra forma, entre el ser in mente y el ser in re (19).

En la vieja metafísica, los pensamientos o esencias eternas no son relacionables entre sí, sino que renuncian de antemano a la instancia de la razón, la instancia negativa o relacional. Hegel incluye la relación en la metafísica, pero haciendo de ella algo puramente formal. La contradicción se «disuelve» en una contradicción de conciencia y, por tanto, transforma la superación real de la contradicción en una superación puramente ideal.

Hegel supera ese dualismo recuperando la esencia ideal del ser; por ello, él resuelve el viejo dilema epistemológico con una identidad inmediata. Las cosas son sólo contenido de la lógica, y en ellas lo único verdadero es aquello por lo que el pensamiento se conoce a sí mismo.

En este mismo sentido, pareciera que lo que importa a Fukuyama es que la «idea» de socialismo (o comunismo) haya vencido la idea o principio de la «democracia liberal». Para ello, pone como ejemplo la crisis del socia-

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lismo real de los últimos años e, incluso, las reformas económicas en China. No interesa ahora la poca rigurosidad intelectual de los artículos. Interesa lo que ellos tienen de riguroso y, por tanto, de debatible. Y desde este punto de vista, siguiendo a Fukuyama podría extraerse la conclusión de que lo que ha fracasado, hace mucho tiempo, es precisamente el principio de «democracia liberal». Juego de palabras aparte, la filosofía hegeliana, encarnada en este joven pupilo, parece no obtener ningún triunfo.

Es el pensamiento de Marx el que logra superar las limitaciones de dos corrientes anteriores de la lógica. Por una parte, critica la imposibilidad de la vieja metafísica de encontrar una vía para la integración de la contradic-

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ción; por otra, supera la unilateralidad hegeliana que ve en las contradicciones sólo entes de razón.

La superación marxista no consiste, como suele creerse, en una sustitución de la idea por la materia indeterminada y abstracta, esencia de la vieja metafísica. La «sustitución», que marca el paso de un sistema idealista a un sistema materialista, fue mucho más compleja y dolorosa. Ella implicó una reestructuración esencial en el «método» genético histórico que, en sí mismo, es inseparable del «sistema», porque él mismo es el sistema. Y esta reestructuración es, en primer lugar, una modificación de las relaciones metodológicas entre lógica y realidad, entre «método lógico» y «método histórico».




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NOTAS

Francis Fukuyama es experto en política internacional. Obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard (su tesis versó sobre la URSS y el Medio Oriente) y, posteriormente, trabajó como analista político en la Rand Corporation, un depósito de talento de California. Más tarde ingresó en la Secretaría de Estado como analista.

Como estudiante de Harvard, estudió filosofía con el profesor Allan Bloom, autor del libro titulado The Closing of the American Mind.

Fukuyama, Francis. «The End of History?» En The National lnterest. Washington D.C.: Summer, 1989, pp. 3 y ss.

Fukuyama, Francis. «En torno a '¿El fin de la historia?'» En Facetas. Washington o.e., nº 89 (3): 1990.

Hegel, G.W.F. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Trad. de José Gaos. Madrid: Alianza Universidad, 1986, p. 201.

Hegel, G.W.F. Fenomenología del espíritu. Trad. de Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 339.

«El progreso necesario realizado por Heráclito consiste en haber pasado del ser como primer pensamiento inmediato a la determinación del devenir, como el segundo; es lo primero concreto, lo absoluto, como la unidad de lo contrapuesto que en él se plasma. Por consiguiente, Heráclito es el primer pensador en quien nos encontramos con la idea filosófica en su forma especulativa, pues el razonamiento de Parménides y Zenón es todavía entendimiento abstracto; por eso Heráclito es considerado en todas partes, e incluso denostado, como un filósofo de pensamiento muy profundo. Divisamos, por fin,

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tierra; no hay, en Heráclito, una sola propcr sición que nosotros no hayamos procurado recoger en nuestra Lógica» . Hegel, G.W.F. Lecciones de historia de la filosofía. Trad. de Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura Económica, 1977, tomo 1, p. 258.

Garaudy, Roger. Dios ha muerto. Estudio sobre Hegel. Trad. de Alfredo Llanos. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1973, p.191.

Ibídem.

Hegel. Fenomenología del espíritu, p. 339. Ver también Ciencia de la lógica. Trad. de Augusta y Rodolfo Mondolfo. Buenos Aires: Solar/Hachette, 1976, p. 386y Lógica. Trad. de Antonio Zozaya. Madrid: Ed. Ricardo Aguilera, 1973, pp. 124 y ss.

Garaudy, Roger et al. Lecciones de filosofía marxista. Trad. de Luis R. Maroto. México: Grijalbo, 1966, pp. 165-166.

Ciencia de la lógica, pp. 331-332.

Colletti, Lucio. El marxismo y Hegel. Trad. de Francisco Fernández. México: Grijalbo, 1977, pp. 66-67.

Marx, Carlos. Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Trad. de Antonio Encinares. México: Grijalbo, 1968, pp. 19-20.

Marx y Engels. Collected Works. Moscú: Progress, 1975, tomo 1, p. 13.

Ibídem, p. 14.

Marx, Carlos. Crítica de la Filosofía del Derecho ... , ed. cit., pp. 17-18.

«la esencia de las determinaciones del Estado no consiste en que estas sean determinaciones del Estado, sino en que pueden ser consideradas, en su forma más abstracta, como determinaciones lógico-metafísicas. El verdadero interés lo constituye la lógica y no la filosofía del derecho. El trabajo

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filosófico no consiste en que el pensamiento encarne en determinaciones políticas, sino en que las determinaciones políticas se volaticen en pensamientos abstractos. El momento filosófico no es la lógica del objeto, es el objeto de la lógica. La lógica no sirve para probar el Estado, sino que, por el contrario,

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el Estado sirve para probar la lógica». Ibídem, p. 26.

Marx, Carlos. Miseria de la filosofía. Moscú: Progreso, 1979, pp. 86-87.

Colletti, op. cit., p. 123.




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DESARROLLO ECONOMICO Y MIGRACION INTERNACIONAL EN LA CUENCA DEL CARIBE

Dr. Thomas R. Ford

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NOTA: Este artículo fue publicado en su versión en inglés por el Center for Developmental Change of the University of Kentucky como CDC Development Paper Nº 24, marzo, 1990. La traducción es de María de los Angeles Zúñiga.

U na de las pocas predicciones seguras que puede hacerse acerca de los resultados de los programas de desarrollo económico y social, es que algunas de sus consecuencias no pueden ser anticipadas por los planificadores sociales. Muchas de estas consecuencias inesperadas serán

de menor importancia relativa, pero otras serán en un momento considerables, a veces trascendiendo los efectos pretendidos por el programa. El caso en estudio es el incremento acelerado de la población en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, seguido de los esfuerzos de desarrollo inicial posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los programas de desarrollo de este período y aquellos que le siguieron, incluyeron proyectos de salud pública que contribuyeron a una dramática reducción de la mortalidad. A pesar de que se dio un rápido crecimiento poblacional, casi la mayoría de los países experimentó grandes ganancias económicas y la productividad per cápita fue retardada o aun reducida.

Las consecuencias no anticipadas del desarrollo son inevitables, porque los planes y programas no toman en consideración todos los factores involucrados en una situación compleja. Algunas omisiones, sin embargo, resultan de una muy estrecha formulación del proceso de desarrollo. Afortunadamente, es posible, en general, tomar acciones remediales apropiadas cuando las consecuencias del desarrollo son imprevistas e indeseables e incorporar el conocimiento causa-efecto en los planes de desarrollo subsecuentes. Esto fue lo

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esencial que sucedió en el caso de la expulsión demográfica posterior a las experiencias de desarrollo más recientes. Los planificadores de desarrollo fueron sensibles al hecho de que el crecimiento poblacional, y la planificación de

, la familia fueron ampliamente adoptados como un componente de los programas de desarrollo.

En general, el crecimiento pob!acional como un efecto demográfico del desarrollo ha recibido mucha más atención que la migración, excepto en la contribución de la migración interna a la urbanización. Esta última no fue una consecuencia no anticipada del desarrollo, porque había sido ampliamente observada durante la transición industrial de los países hoy desarrollados. Lo que no había sido anticipado en el caso de los países en desarrollo, sin embargo, fue que el proceso de urbanización continuaría más allá de la capacidad de las áreas urbanas para proveer empleo pleno a una fuerza laboral urbana en rápida expansión. La proyección de las tasas de crecimiento de población urbana en muchos países de América Latina y del Caribe condujo a cifras tambaleantes, que forzaron a los planificadores sociales a buscar algunos medios para retardar o al menos dispersar los efectos de una superurbanización. El énfasis, no obstante, fue siempre en las consecuencias de la urbanización, no de la migración. Como Findley ha notado en relación con los procesos en las naciones en desarrollo, «en una forma u otra, los programas de desarrollo en muchos de esos países han influenciado los patrones y la magnitud de los movimientos poblacionales dentro de sus fronteras, notablemente entre las áreas rurales y los pueblos. En muchos casos, los resultados de la migración no fueron ni intencionados ni anticipados» (Findley, 1981, p. 44).

La migración internacional como una respuesta demográfica al desarrollo económico ha recibido una menor atención, pero el crecimiento poblacional y la migración interna han recibido más consideración. Hay varias razones para este relativo descuido. Primero, muchos de los países no han visto la emigración como una amenaza al proceso de desarrollo, sin embargo, ha habido alguna preocupación con la pérdida de profesionales y técnicos calificados. Ciertamente, en algunos casos la emigración ha sido vista como una solución más que como un problema. Segundo, la magnitud de la migración internacional ha sido relativamente más baja en comparación con la migración interna. Tercero, la migración internacional ha sido con frecuencia considerada como un fenómeno emporal , que desaparecería sin tener que conducirla directamente. Esto es, en

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especial, verdadero tanto en el caso de los migrantes políticos como también en el caso de los migrantes económicos. Tan pronto como la estabilidad política y altos niveles de producción económica fueran alcanzados, es razonable que la emigración declinaría. El argumento fue similar para aquellos niveles superiores con respecto del control de las tasas de fecundidad, a través del desarrollo económico. Si el desarrollo podría acelerarse, altas tasas de población se reducirían en exceso, sin programas especiales, tales como los de planificación familiar. Finalmente, debido a los intereses de los clientes y a su propia capacitación, la mayoría de los planificadores del desarrollo están más preocupados por los resultados económicos que por los resultados sociales y demográficos de sus programas. La migración internacional no es una variable a ser considerada en la mayoría de los modelos econométricos.

El descuido general de las consecuencias de la migración en el desarrollo es específicamente aplicable a la Cuenca del Caribe. Pastor ha comentado sobre la falla del Congreso de Estados Unidos al considerar la migración en la iniciativa de la Cuenca del Caribe, durante sus deliberaciones sobre este programa (Pastor, 1985, p. 2). Arthur Brown ha reportado la omisión comparable de las consecuencias potenciales de la migración por los bancos de desarrollo multilateral y los programas de planificación de las agencias especializadas de las Naciones Unidas en la región (Brown, 1985). Todavía es importante notar que en la temprana década de 1970, Alejandro Portes ya había llamado la atención sobre el papel de los programas de desarrollo económico mexicanos como un estímulo a la migración ilegal hacia Estados Unidos (Portes, 1974).

DESARROLLO Y MIGRACION INTERNACIONAL: EL ESLABON CONFUSO

S i bien es muy reconocida por los demógrafos relacionados con la migración, la unión entre desarrollo económico y migración internacional no ha sido totalmente establecida por la investigación. En efecto, han habido muy

pocos estudios de la hipotetizada relación (Urzua, 1978), y los datos relevantes son escasos. Los esfuerzos para llegar a generalizaciones razonablemente aceptadas se complican debido a las grandes variedades, tanto de los programas de desarrollo como de los tipos de migración. Existen amplios datos para comprobar que el volumen de la migración y las características de los migrantes difieren de acuerdo con el lugar de origen, destino, período y naturaleza (permanente, circular, temporal, etc.) del movimiento. Se encontró, por ejemplo,

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que los inmigrantes de América Central hacia California, son mejor educados y poseen un nivel mayor de calificación ocupacional que los inmigrantes mexicanos (Wallace, 1986). Los migrantes colombianos hacia Estados Unidos son más

. educados y poseen mayores habilidades ocupacionales que sus compatriotas que migraron a Venezuela (Urrea, 1987). Aún los migrantes del mismo origen y con el mismo destino pueden diferir grandemente en períodos diferentes, como Ortiz ha demostrado en el caso de los migrantes puertorriqueños hacia Estados Unidos (Ortiz, 1986) y Pedraza-Bailey ha establecido en el caso de los inmigrantes norteamericanos provenientes de México y Cuba (Pedraza-Bailey, 1985). En suma, sabemos que las diferencias sustanciales son encontradas, en general, entre migrantes legales e ilegales más allá de las diferencias implícitas en reunir los requisitos de la inmigración legal.

La premisa derivada de esta documentación es que nuestro conocimiento de los efectos del desarrollo sobre la migración están todavía en un estado, en el cual las generalizaciones son pocas y precarias. En muchos casos sería más apropiado considerarlas como hipótesis que como principios establecidos. A pesar de esto, la evidencia circunstancial apoya la proposición de que las relaciones existen y son a menudo significativas.

LA CUENCA DEL CARIBE

E n este estudio el centro de atención serán los países de la Cuenca del Caribe. Esta región incluye las islas caribeñas, América Central, México y los territorios fronterizos de Belice, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa.

Debe ser reconocido al principio que no se dispone de datos pertinentes para las naciones caribeñas y sus dependencias. Además, la región es social, cultural y económicamente heterogénea. La justificación está en la amenaza que esta región representa, desde el punto de vista de Estados Unidos. Históricamente, esta nación ha proveído asistencia económica para la mayoría de los países de la Cuenca del Caribe, de manera directa o indirecta, a través de los bancos de desarrollo multilateral. Asimismo, para propósitos relevantes de este estudio, es que los países de la Cuenca del Caribe han provisto el 31 por ciento de los inmigrantes admitidos en Estados Unidos en la más reciente década, y sobre lo cual hay estadísticas disponibles (1979-1988), y más de un tercio del período 1987-1988 (Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 1988). Además, la Cuenca del Caribe es la fuente del 90 por ciento de inmigrantes

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ilegales (Morris y Mayio, 1982). Muchos de los inmigrantes indocumentados provienen de México, pero una proporción creciente son de los otros países de la Cuenca. En efecto, de acuerdo con Morris y Mayio (1982) entre las veinte fuentes más elevadas de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, trece son de los países de la Cuenca del Caribe.

_ A pesar de su popularidad, Estados Unidos no es el único destino de los emigrantes provenientes de la Cuenca del Caribe. Hay una corriente considerable de migrantes de una isla caribeña a otra, con ciertos flujos extensamente establecidos. La migración interregional a gran escala en Centroamérica es claramente de origen reciente, pero miles de salvadoreños y nicaragüenses, más un número inferior de guatemaltecos han migrado a otros países de América Central durante la década de los 80. Si bien, muchos de estos refugiados son políticos, la mayoría son propiamente refugiados político-económicos; es decir, fueron obligados a dejar sus hogares como una consecuencia directa o indirecta de la violencia política, pero no reúnen el criterio oficial para obtener la condición de refugiado. La mayoría de ellos son indocumentados y mientras algunos retornarán eventualmente a sus lugares de origen, muchos no lo harán. Para aquellos que no tienen tierra u otras posesiones materiales recuperables, y cuyos parientes han huido o han sido asesinados, no hay ninguna razón para volver. Los riesgos han sido tomados ya y aun cuando los traslados tengan resultados adversos no son similares a las peores condiciones que podrían esperar a su regreso.

Una razón final para enfocar los países de la Cuenca del Caribe, es que a menos que ocurra un cambio radical en las estrategias de desarrollo, el proceso de la migración experimentada en el pasado reciente, puede esperarse que continúe. Hasta dónde las políticas seguidas han generado o no migración internacional puede ser debatido, pero las orientaciones de la migración en sí misma son una evidencia convincente de que las estrategias pasadas y actuales no han sido un freno efectivo para los movimientos no deseados.

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO

D esde su inicio, poco después de la Segunda Guerra Mundial, los programas de asistencia para el desarrollo en el Hemisferio Occidental, han experimentado una serie de cambios estratégicos, en un esfuerzo por alcanzar

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de alguna manera un conjunto más notable de objetivos. Los objetivos generales explícitos han incluido un incremento en la productividad económica, una mayor igualdad en la distribución de bienes y servicios y una mejor calidad de vida de todos los miembros de la sociedad beneficiada.

Otros objetivos usualmente implícitos, pero al mismo tiempo explícitamente establecidos, han incluido el establecimiento de gobiernos democráticos, la contención de amenazas comunistas percibidas y la expansión de oportunidades de inversión y mercados comerciales para los países más desarrollados, que proveen asistencia técnica y financiera.

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Una estrategia de desarrollo inicial en el Hemisferio Occidental fue la transformación acelerada de gran parte de las economías agrarias preindustriales a una etapa industrial-comercial moderna. La transición llegó a lograrse, primeramente, a través de la provisión de capital de inversión con asistencia técnica en el desarrollo de recursos humanos, agrícolas e industriales. Esto mostró ser mucho más difícil que la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial de las destrozadas economías de Europa Occidental, cuyos éxitos se habían inspirado en los esfuerzos por remodelar las economías de los países menos desarrollados. Europa posee todavía una cultura industrial. En los países en desarrollo del Hemisferio Occidental , la cultura industrial no se extiende más allá de las fronteras de las grandes ciudades. Mientras que la provisión de capital puede ser en gran parte suficiente para reconstruir una economía industrial, se necesitaba mucho más para crear una nueva economía.

Los países de la Cuenca del Caribe, al igual que otros menos desarrollados del hemisferio, carecían de una fuerza de trabajo industrial bien entrenada. El déficit no estaba en el número de trabajadores, sino en sus habilidades. Grandes cambios eran necesarios en las instituciones que proveían servicios de educación, capacitación, salud y bienestar. Tales cambios implicaron una reestructuración de los sistemas sociales tradicionales para garantizar no solamente un mejor pago, sino también más derechos y privilegios para los trabajadores. Los poseedores tradicionales de poder, mayormente familias adineradas, se mostraron renuentes a hacer tales concesiones porque ello implicaba la pérdida potencial, tanto del control político como del económico. Para ellos, el objetivo del desarrollo se tornó en una maximización del crecimiento económico con una mínima pérdida de dominación social. En muchos países la conservación del poder se logró a través de lo que antaño era respetado, pero ahora riesgoso, el patronaje del aparato militar.

La combinación formidable de la elite económica nacional y militar donde esta existió, no era el caso en que las agencias de desarrollo internacional fueran probablemente a oponerse. Los líderes de tales combinaciones apoyaron firmemente los programas económicos, de los cuales ellos podrían beneficiarse, eran capaces de facilitar (acelerar) la toma de decisiones cuando era necesario, además, estaban capacitados para mantener el control social por la fuerza militar si se necesitaba. Al definir la oposición como de inspiración comunista, a los líderes militares usualmente se les facilitaba conseguir apoyo militar provenier·e

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de Estados Unidos, así como la asistencia técnica y económica para los programas de desarrollo.

En los primeros años de 1970 llegó a ser evidente que el objetivo de desarrollo de asegurar una mayor igualdad para las masas afligidas no estaba siendo logrado. El presidente del Banco Mundial en ese momento, Robert McNamara, clamó por un cambio en la orientación de los programas que asignaban fondos de manera directa a los pequeños agricultores (McNamara, 1979). Un cambio político similar por parte de la ayuda de Estados Unidos fue evidente en 1973 en las enmiendas a la Ley de Asistencia Exterior, la cual estableció la estrategia de «Nuevas Direcciones». La nueva política expresaba que «la asistencia de desarrollo bilateral de Estados Unidos daría más alta prioridad a las contrataciones sometidas por los países anfitriones que mejoren las vidas de los más pobres de su población y su capacidad de participar en el desarrollo de sus países» (Micklewait et al., 1979).

A pesar de una proclamación en las reorientaciones de la poi ítica, hay poca evidencia de que la AID, el Banco Mundial u otras agencias de desarrollo implementaran ampliamente los cambios estratégicos en la Cuenca del Caribe. En parte la inacción puede ser atribuible a un rápido deterioro del clima económico. Para los inicios de 1980, muchos de los países fueron abrumados por la combinación de la crisis económica mundial y las deudas masivas que implicaron medidas resucitadoras heroicas. A lo largo estas medidas etiquetadas como «ajustes estructurales», incluían una reducción de los gastos gubernamentales, una devaluación de la moneda nacional y un énfasis renovado en la producción de bienes para la.exportación que más generarían, efectivamente, intercambio internacional necesario para el servicio de pago de la deuda. La igualdad no fue abandonada como un objetivo del desarrollo, pero su prioridad decayó mucho más que antes. Los economistas conservadores nunca han considerado la asistencia directa a los pobres, como el medio más efectivo para resolver sus problemas y se han aferrado a la convicción de que la operación irrestricta de los procesos del mercado, era la ruta más segura de la salvación económica (Bandow, 1985, Kraus, 1981 ).

Allí donde la Al D pretendió asistir a los pobres a través de la implementación de la estrategia de «Nuevas Direcciones», la tarea demostró ser considerablemente más difícil que lo que los proponentes de la política habían anticipado.

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Simplemente proveyendo crédito y asistencia técnica a los pequeños agricultores o microempresarios, no era suficiente para alcanzar un nivel de crecimiento sostenido. Ellos requerían de baterías totales de servicios de apoyo y, con frecuencia, infraestructura adecuada de carreteras, facilidades de almacenamiento, sistemas de abastecimiento y facilidades de mercado. El «Desarrollo rural integrado», considerado como necesario para el buen éxito de las operaciones en las pequeñas fincas, fue complejo y costoso. La estrategia implicaba una pesada demanda sobre los gobiernos nacionales para brindar apoyo administrativo y económico, que muy pocos fueron capaces de reunir. «Casi universalmente», John Mellar ha observado que «los proyectos de desarrollo integrado fallaron debido a la excesiva complejidad y a una falta de servicios de apoyo central» (Mellar, 1986, p. 73). Allí donde los gobiernos nacionales fueron controlados por las oligarquías de poder, hubo poco entusiasmo por la estrategia de las «Nuevas Direcciones». No solamente esto desvió fondos de proyectos que prometían grandes beneficios para la elite económica, sino que también sentó una amenaza, aunque menor, a su control político. Aun donde se hicieron verdaderos esfuerzos para adoptar la nueva política, no parece haber sido muy efectivo en mejorar la suerte de los pobres, fueran estos rurales o urbanos (Galdi, 1989).

Con la sucesión de la administración Reagan, las políticas de la AID cambiaron una vez más. Una nueva política de «Cuatro Pilares» fue proclamada como la base de las estrategias de ayuda externa. Se clamó por un «diálogo político», sobre una política económica apropiada con los países huéspedes, desarrollo institucional que alentó la confianza en la organización privada y voluntaria más que en las instituciones públicas, la transferencia de tecnología y un mayor uso del sector privado en resolver los problemas del desarrollo. La política de los «Cuatro Pilares» fue suplementada por la AID en «Blueprint para el Desarrollo», emitida en 1985, la cual remarcaba la importancia del crecimiento económico en las LDCs y repetía el llamado por una mayor confianza en el sector privado en el desarrollo de operaciones.

Siguiendo el reporte del Presidente de la Comisión Nacional Bipartita para Centroamérica, presidida por Henry Kissinger, se organizó en 1985 un programa especial para la Cuenca del Caribe. La Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI) buscó promover el comercio entre los países del Caribe y a través de Estados Unidos, la eliminación de tarifas, el acceso garantizado a los mercados esta-

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dounidenses y la promoción del turismo. Los programas de la AID en el Caribe enfatizaron en los servicios para mejorar la salud y promover la sobrevivencia infantil, mientras facilitaban una mayor incorporación de la mujer en el proceso de desarrollo (Zak, 1988). La CBI no contenía nuevas estrategias de desarrollo, y si bien es prematuro juzgar el fracaso del programa, es difícil atribuirle algún logro sobresaliente a la fecha.

Los programas de asistencia para el desarrollo más comunes de Estados Unidos en la región son continuaciones de programas anteriores, la mayor excepción ha sido la prevención y el control del sida. Los proyectos en el campo de la población, salud y sobrevivencia infantil, educación y recursos humanos, pueden ser considerados componentes de los tradicionales programas de «calidad de vida», a los cuales más recientemente se han agregado los programas de nutrición. Los proyectos agrícolas y de desarrollo rural son operaciones de desarrollo económico-familiar, mientras que los programas de medio ambiente y energía reflejan la influencia creciente de los conservacionistas. El desarrollo industrial no es más identificado explícitamente como un área del programa, pero está implícito en la designación del programa como «incorporación al sector privado», el cual incluiría también el creciente número de proyectos relacionados con el desarrollo de pequeñas empresas (Casa de Representantes de los Estados Unidos, 1990). Es notable que los programas regulares de asistencia para el desarrollo de la AID son complementados por los Fondos de Apoyo Económico, los cuales son de alguna manera más flexibles en su aplicación.

LA MIGRACION COMO RESPUESTA AL DESARROLLO

1 ndistintamente de su grado de éxito en el logro de objetivos económicos, todos los programas de desarrollo han estimulado directa o indirectamente los movimientos migratorios. La migración es por supuesto una consecuencia

normal del desarrollo económico, la cual por definición involucra alguna reestructuración del sistema económico envuelto. Es evidente que la reestructuración requiere alteraciones en la fuerza laboral a través de la adición, reducción o cambios ocupacionales de los trabajadores. Estos procesos usualmente necesitan alguna movilidad física de los trabajadores, según ellos se muevan dentro o fuera de las posiciones en la estructura modificada. A pesar de la normalidad de la secuencia, los planificadores del desarrollo casi no se preocupan por las

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consecuencias de la migración de los proyectos y programas propuestos, hasta que esas consecuencias son definidas como problemas. Para entonces, las medidas preventivas son tardías y las remediales muy costosas.

Para analizar los programas de desarrollo del Caribe, varios factores estructurales relacionados con el incremento de la migración son evidentes. Primero, los programas han sido al menos parcialmente responsables por un rápido aumento de la fuerza laboral. Segundo, los programas de desarrollo, en general, han otorgado una más alta prioridad a un incremento de la producción que a un incremento del empleo, resultando en un déficit de trabajo en relación con los que buscan trabajo. Tercero, las estrategias de desarrollo han tendido a perpetuar más que a reducir desigualdades económicas y sociales, en lo cual subyace mucho del conflicto social de la región. Cuarto, la combinación de urbanización y desarrollo de recursos humanos ha obrado para diseminar el conocimiento y las aspiraciones que son conducentes, tanto a la movilidad geográfica como social.

CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL

E I crecimiento de la fuerza laboral de los países de la Cuenca del Caribe es un efecto, en primer lugar, de un incremento en la población y, en segundo lugar, del creciente número de mujeres trabajadoras remuneradas. Los

programas de desarrollo han contribuido a ambas cosas,

Los programas en las áreas de salud, sobrevivencia infantil y nutrición, han jugado un papel directo en un incremento notable de la esperanza de vida en la población de la Cuenca del Caribe. Los programas de salud pública incluían inmunizaciones, erradicación de enfermedades ocasionadas por insectos portadores, ingeniería sanitaria y mejora de las dietas, lo que exitosamente aminoró las tasas de mortalidad, en especial, la de menores y niños pequeños. Desde el año 1940 y hasta pasado 1960, la tasa de mortalidad en los países de la Cuenca del Caribe descendió entre 1 O y 20, cifras de un solo dígito en muchos de los casos. Sin embargo, con algunas notables excepciones, los altos índices de nacimientos al inicio del período fueron ligeramente más bajos al final. La fase de la transición demográfica familiar fue evidente en una rápida aceleración de las tasas de crecimiento natural. En El Salvador, por ejemplo, la tasa de crecimiento natural promedio ascendió a un 50 por ciento entre 1945-49 y 1965-69, para Honduras en un 35 por ciento y para México en un 14 por ciento.

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Las más recientes tasas de fertilidad y crecimiento para los períodos 1960-65 y 1985-90 (Cuadro 1) muestran continuas decaídas, parte de las cuales deben ser atribuidas a la implementación de programas de planificación familiar. Entre 1960-65 y 1985-90, las tasas brutas de nacimiento declinaron más de un tercio en cinco de los quince países caribeños representados en el Cuadro 1. Solamente Guatemala y Nicaragua experimentaron decrecimientos inferiores al 20%.

CUADRO 1

FECUNDIDAD, MORTALIDAD Y TASAS DE INCREMENTO NATURAL PARA PAISES SELECCIONADOS DE LA CUENCA DEL CARIBE,

1960-65 Y 1985-90

Nacimientos por Muertes por Incremento natural País Total fertilidad 1.000 hab. 1.000 hab. por 1.000 hab.

1960- 1985- 1960- 1985- 1960- 1985- 1960- 1985-1965 1990 1965 1990 1965 1990 1965 1990

Barbados 4.3 2.0 29.1 18.5 9.2 8.4 19.9 10.1 Costa Rica 7.0 3.3 45.3 28.3 9.2 4.0 36.1 24.3 Cuba 4.7 2.0 35.3 18.2 8.7 6.7 26.6 11.5 El Salvador 6.9 4.9 47.8 36.3 14.8 8.4 33.0 27.9 Guatemala 6.9 5.8 47.8 40.8 18.3 8.9 29.5 31.9 Guyana 6.1 2.8 40.4 24.8 8.6 5.4 31.8 19.4 Haití 6.2 4.7 43.2 34.3 21.3 12.6 21.9 21.7 Honduras 7.4 5.6 51.2 39.8 18.1 8.1 33.1 31.7 Jamaica 5.4 2.9 39.6 26.0 9.1 5.5 30.5 20.5 México 6.8 3.6 45.5 29.0 11.2 5.8 34.3 23.2 Nicaragua 7.3 5.5 50.3 41.8 17.0 8.0 33.3 33.8 Panamá 5.9 3.1 40.8 26.7 9.6 5.2 31.2 21.5 Rep. Dominicana 7.3 3.8 49.4 31.3 14.7 6.8 34.7 24.5 Surinam 6.6 3.0 44.4 25.9 10.3 6.1 34.1 19.8 Trinidad y Tobago 5.0 2.7 38.0 24.0 7.7 6.4 30.3 17.6

Fuente: Economic Comission for Latin Ame rica and the Caribbean, Statistical Yearbook for Latin Ame rica and the Caribbean, 1988 Edition.

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CUADRO 2

TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL EN PAISES ESPECIFICO$ DE LA CUENCA DEL CARIBE, 1960-1980

Tamaño (miles) Porcentaje de incremento País 1960 1970 1980 1960-70 1970-80 1960-80

Barbados 91 91 118 O.O 29.7 29.7 Costa Rica 379 531 777 40.1 46.3 105.0 Rep. Dominicana 933 1.157 1.571 24.0 35.8 68.4 El Salvador 841 1.183 1.586 40.7 34.1 88.6 Guatemala 1.243 1.587 1.967 27.7 23.9 58.2 Guyana 162 200 290 23.5 45.0 79.0 Haití 2.056 2.342 2.558 13.9 9.2 24.4 Honduras 618 790 1.079 27.8 36.6 74.6 Jamaica 665 711 946 6.9 33.0 42.3 México 11.056 14.489 22.248 31.0 53.6 101.2 Nicaragua 468 619 825 32.3 33.3 76.3 Panamá 382 515 657 34.8 27.6 72.0 Surinam 81 99 104 22.2 5.1 28.4 Trinidad y Tobago 281 317 397 12.8 25.2 41.3

Fuente: lnteramerican Development Bank. Economicand Social Progress in Latin America, 1987 Reporte, p. 89.

La tasa total de fecundidad, la cual mide el número de hijos que una mujer tendría si pariera estos niños a tasas específicas de edad prevalecientes sobre el período de años de crianza, provee un indicador más sensible del impacto de las medidas de control de la fecundidad. El promedio (no ponderado) para los quince países mostrado en el Cuadro 1 fue ligeramente más de 6 niños para el período 1960-65, para 1985-90, este había descendido a 3.7. Aún en este último período había considerable variabilidad entre naciones. Las mujeres en Guatemala, Honduras y Nicaragua promediaban todavía más de 5 niños, mientras que Barbados y Cuba promediaron solamente 2 ó menos que la tasa de reemplazo. Las tasas de incremento natural variaron sólo en un 1 por ciento en Barbados a más de un 3 por ciento en Guatemala y Nicaragua. Si estas tasas corrientes de

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crecimiento continúan sin emigración, la fuerza laboral de la región se duplicaría dentro de una generación.

Las más altas tasas de crecimiento poblacional de los primeros años, han sido en gran parte responsables por el enorme tamaño de la fuerza laboral. Los incrementos en la fuerza laboral de los países de la Cuenca del Caribe entre 1960 y 1980, variaron de 24 por ciento en Haití a más de 100 por ciento en Costa Rica y México (Cuadro 2). Las tasas de crecimiento en las islas caribeñas fueron generalmente más pequeñas que las relativas a América Central, debido a una combinación de una baja mortalidad y patrones de emigración establecidos para filtrar alguna parte de la población sobrante en edad laboral (Banco Interamericano de Desarrollo, 1987, p. 89).

Al mismo tiempo que los programas de planificación familiar han aminorado el futuro crecimiento de la fuerza laboral, también han agregado a la población común, la de mujeres económicamente activas, al remover algunos de los impedimentos como el cuidado y crianza de los hijos. Varios programas de desarrollo han contribuido, asimismo, a un incremento de la mujer en la fuerza laboral pagada. Muchas líneas de maquila, así como de servicios y posiciones comerciales son llenadas por mujeres. El número en los países mostrados en el Cuadro 2 se incrementó en un 148 por ciento entre 1960 y 1980, mientras que la fuerza laboral masculina aumentó únicamente en un 66 por ciento (Banco Interamericano de Desarrollo, 1987, p. 89). La fuerza laboral femenina de México creció 3.5 veces o el doble de la tasa de crecimiento durante esas dos décadas. En términos generales, el componente femenino de la fuerza laboral es relativamente mayor en los países caribeños y mucho menor en los países de América Central, que son más dependientes de la agricultura. Así, que en la medida en que estos últimos países lleguen a ser más urbanizados, las mujeres trabajadoras se sumarán cada vez más a la fuerza laboral total.

La migración rural a urbana es femeninamente selectiva en muchos de los países de la Cuenca del Caribe, motivada por la promesa de un empleo en las áreas urbanas, la baja en las granjas agrícolas familiares tradicionales y la escasez de la labor asalariada no estacional y trabajo no agrícola en las áreas rurales. Muchas de las mujeres migrantes a la ciudad encuentran su empleo en el servicio doméstico u otros trabajos de bajo nivel laboral, los cuales, sin embargo, son más atractivos de lo que típicamente está disponible en sus

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comunidades rurales. Er. las ciudades las oportunidades de empleo para ,mujeres también existen en el llamado «sector informal».

El ingreso de grandes cantidades de mujeres a la fuerza laboral ha ocasionado un incremento en las tasas de desempleo y subempleo. Esto en cierto modo, se debe a que los trabajos disponibles para ellas son a menudo de tiempo parcial solamente, o menos pagados que los salarios mínimos para empleos de tiempo completo. En cualquier caso, medidas recientes de desempleo o subempleo indican que la oferta de trabajadores -hombres o mujeresexceden las demandas normales.

CREACION DE EMPLEO POR SECTOR

M ientras la creación de trabajos no agrícolas ha sido un objetivo de la mayoría de los programas de desarrollo en la Cuenca del Caribe, el énfasis primario ha sido puesto en un incremento de la producción. Una

particular atención ha sido puesta en el desarrollo industrial como un rasgo necesario de la modernización económica. Como ha sido ampliamente descrito en varios análisis de programas de desarrollo del Hemisferio Occidental, la estrategia inicial adoptada fue la de «sustitución de importaciones», propuesta por el economista argentino Raúl Prebisch (Prebisch, 1949). La racionalidad subyacente de esta estrategia era simple y plausible. Es característica de los países en desarrollo producir «primariamente» bienes por lo usual agrícolas y minerales, que eran vendidos a precios relativamente bajos a los países desarrollados. Estos últimos, en cambio, producían otros bienes manufacturados y procesados, los cuales eran vendidos a los países en desarrollo a precios relativamente altos. Para aliviar esta disparidad, se razonaba, los países en desarrollo deberían producir más de sus propios bienes manufacturados.

Si bien esto todavía tiene sus defensores, la estrategia de sustitución de importaciones fue juzgada por haber fallado por varias razones. En la mayor parte de los países había, simplemente, insuficiente demanda doméstica para sostener una producción industrial a gran escala. El establecimiento de mercados comunes, tales como el Mercado Común Centroamericano, se concibió como un medio para expandir la demanda. Esto también probó ser inadecuado, en especial, por la embestida de las crisis que aminoraron el poder de compra de los países miembros. Además, ni los mercados domésticos ni los mercados

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comunes producían el intercambio externo necesario para continuar la expansión de las economías nacionales. Por añadidura y, quizás, lo que es más serio a los ojos de muchos países donantes de asistencia para el desarrollo, la sustitución de importaciones fue acompañada usualmente por un alza en las tarifas y otras barreras comerciales que restringieron seriamente su comercio con los países en desarrollo.

Como consecuencia de las dificultades percibidas, la mayoría de las agencias de asistencia para el desarrollo abogaron, fuertemente, por el abandono de la sustitución de importaciones y la adopción de una estrategia de producción para exportación aplicable tanto a los productos industriales como agrícolas. Modelos exitosos de esta estrategia se encontraron en Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. Una estrategia de exportación requería competencia en el mercado mundial, lo que significaba para aquellos países que lo adoptaban, una mejor calidad de bienes de exportación y/o más bajo costo de producción. Lo primero, implicaba una mano de obra calificada y lo segundo, significaba menos trabajadores o una paga inferior. La mayoría de los países de la Cuenca del Caribe podrían reunir estas condiciones, pero la estrategia no parecía contribuir a resolver los problemas inmediatos de un amplio número de trabajadores no calificados y escasos salarios de subsistencia pagados a muchos trabajadores de tiempo completo.

Debido a medidas tradicionales de producción económica, los programas de desarrollo industrial de la Cuenca del Caribe fueron relativamente exitosos hasta el golpe de la crisis económica de la década de los 80. Con algunas notables excepciones (ej.: Haití, Jamaica), la mayoría de los países tuvieron incrementos anuales promedio en su productividad industrial entre 1965 y 1980. Durante este período, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México y Panamá, tuvieron aumentos de la producción industrial anuales promedio de 5 por ciento o más (Banco Mundial, 1989, pp.168-169). Después de 1980, la mayor parte de las tasas descendieron precipitadamente y en muchos casos fue negativo para el período 1980-1987.

Como muchos planificadores del desarrollo habían esperado, la fuerza laboral industrial también se incrementó entre los años 1960 y 1970. En catorce países para los cuales hay datos disponibles (Cuadro 3), el sector industrial agregado creció de 3.3 millones en 1960 a 8.6 millones en 1980, una tasa de

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CUADRO 3

TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL POR SECTOR EN PAISES ESPECIFICOS DE LA CUENCA

DEL CARIBE, 1960-1980

Ag_ricu/tura Industria Servicios País 1960 1980 Cambio 1960 1980 Cambio 1960 1980 Cambio

(000) (000) (%) (000) (000) (%) (000) (000) (%)

Barbados 24 12 -50.0 25 25 O.O 43 82 90.7 Costa Rica 194 239 23.2 70 180 157.1 115 358 211.3 Rep. Dominic. 594 718 20.9 119 243 104.2 220 610 177.3 El Salvador 517 685 32.5 145 308 112.4 179 594 231.8 Guatemala 828 1.118 35.0 167 335 100.6 248 514 107.3 Guyana 61 78 27.9 44 75 70.5 56 138 146.4 Haití 1.642 1.790 9.0 132 212 60.6 282 556 97.2 Honduras 435 652 49.9 66 174 163.6 118 252 113.6 Jamaica 276 296 7.2 144 155 7.6 246 495 101.2 México 6.094 8.128 33.4 2.151 6.451 199.9 2.810 7.669 172.9 Nicaragua 289 384 32.9 75 130 73.3 104 311 199.0 Panamá 195 209 7.2 53 119 124.5 134 329 145.5 Surinam 24 21 -12.5 18 21 16.7 39 63 61.5 Trinidad y Tobago 61 40 -34.4 96 153 59.4 123 204 65.9

Fuente: lnteramerican Development Bank. Economic and Social Progress in Latin America, 1987 Reporte, pp. 98-99.

crecimiento el doble y constante como la fuerza laboral total. Sin embargo, las tasas de incremento pueden ser un engaño, especialmente cuando las cifras base son pequeñas, como fue el caso con el número de trabajadores industriales. En números absolutos, que es lo que cuenta cuando los empleos son ocupados, la fuerza laboral total de estos países representantes de la Cuenca del Caribe se incrementó a 15.9 millones, mientras el sector industrial creció solamente 5.3 millones. La fuerza laboral agrícola aumentó menos aún -3.1 millones-, dejando el remanente para ser absorbido por el sector servicios. Estos cambios se registraron durante los años más prósperos de desarrollo. Mientras las cifras

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de cambio en el empleo industrial no están disponibles para la mayor parte de la Cuenca del Caribe para los años 1980, los datos del valor agregado para el sector industrial desde 1980 hasta 1986 muestran un estancamiento general y en algunos casos una caída (Banco Interamericano de Desarrollo, 1987, p. 431). Es una suposición razonable que no muchos trabajadores se sumaron al sector, y los datos disponibles indican una pérdida de empleos en la manufactura en algunos países centroamericanos (Organización Internacional del Trabajo, 1986).

La falla de los esfuerzos de desarrollo para crear suficientes trabajos que proveyeran de empleo a una población creciente en edad laboral, no fue única para la Cuenca del Caribe. En el análisis de las experiencias de desarrollo del Banco Mundial, dos funcionarios de este cándidamente admitieron que «las esperanzas anticipadas de que la industrialización podría resolver los problemas de empleo de los países en desarrollo ha probado ser irreal» (Baum y Tolbert, 1985, p. 185). Las principales razones ofrecidas como falla para llevar a cabo las expectativas, fueron un imprevisto crecimiento rápido de la fuerza laboral y la naturaleza de capital intensivo de la mayor parte de las nuevas industrias. En vista de que una de las principales atracciones de los países en desarrollo por la industria es el bajo costo del trabajo, la racionalidad económica para las industrias de capital intensivo, no es del todo clara. En cualquier caso, la estrategia del desarrollo industrial no fue útil para aliviar especialmente el excedente de fuerza laboral y, como consecuencia, hizo muy poco para lograr una más equitativa distribución del ingreso.

DESARROLLO AGRICOLA

D esde los primeros días de la asistencia para el desarrollo en el Hemisferio Occidental, una atención considerable se puso en la transformación de los sistemas agrícolas tradicionales a sistemas comerciales. Esto fue una

transición menos radical en la Cuenca del Caribe que en otras regiones de América Latina, tales como las áreas andinas, debido a la larga historia de operaciones agrícolas comerciales en América Central, como también en varias islas caribeñas. La producción a gran escala de la caña de azúcar, café, cacao, banano, algodón y otros bienes de exportación, antecedió los programas de desarrollo por décadas. Algunas de las operaciones eran tradicionales, con grandes propietarios de tierra apoyados en campesinos sin tierra o pequeños propietarios que proveían fuerza laboral a cambio de derechos de uso de la tierra

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y salarios mínimos. Otros grandes productores dependían únicamente de dinero en efectivo (una póliza), salario de los trabajadores, cuya paga era mantenida tan baja como fuera posible. La explotación percibida del trabajo combinada con una desigual distribución de la tierra cultivable fue y permanece como fuente interminable y frecuente de violentos conflictos.

La mayoría de los programas de asistencia para el desarrollo agrícola en la Cuenca del Caribe incluyeron dentro de sus objetivos el logro de una mayor igualdad, ya fuera a través de la reforma agraria que proveía de suficiente tierra

CUADRO4

VALOR AGREGADO POR LA AGRICULTURA PARA PAISES ESPECIFICOS DE LA CUENCA

DEL CARIBE, 1960, 1980 Y 1986

Valor en millones de dólares 1986 País 1960 1980 1986

Bahamas n.a. 78 90 Barbados 95 87 83 Costa Rica 402 857 955 República Dominicana 810 1.320 1.391 El Salvador 612 1.208 1.044 Guatemala 1.142 2.771 2.687 Guyana 121 143 151 Haití 498 625 602 Honduras 366 830 873 Jamaica 302 356 372 México 8.040 16.511 18.660 Nicaragua 346 658 668 Panamá 239 474 544 Surinam n.a. 92 99 Trinidad y Tobago 96 91 102

Fuente: lnteramerican Development Bank. Economic and Social Progress in Latin America, 1987 Reporte, p. 430.

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a los pequeños agricultores, para permitirles una acción independiente o por medio de un incremento en el pago de los salarios de los trabajadores. Otros objetivos de desarrollo incluían una mayor producción de otros artículos de exportación y un incremento en la eficiencia productiva. Estos últimos objetivos fueron más ampliamente logrados que aquellos referentes a la igualdad.

Entre 1960 y 1980, el valor agregado por la producción agrícola, virtualmente se duplicó en trece países de la Cuenca del Caribe, para los cuales hay datos disponibles (Cuadro 4). Aún después del impacto de la crisis económica de la década de los 80, la mayor parte de los países continuaron mostrando débiles ganancias en la productividad agrícola. El logro de una mayor eficiencia productiva es indicado por el hecho de que la producción aumentó a una tasa 3.5 veces más que la del crecimiento de la fuerza laboral agrícola. Debido al excedente laboral, durante este período de incremento en la productividad agrícola, los salarios de los peones agrícolas permanecieron igual o muy cercanos a los niveles mínimos y en algunos casos declinaron su valor de intercambio (PREALC, 1982). Es de interés que en América Central, la proporción de población económicamente activa en la agricultura compuesta por trabajadores asalariados permaneció relativamente estable, ligeramente, más de un 40 por ciento entre 1950 y 1980, indicativo de un grado considerable de operaciones comerciales en fecha anterior (PREALC, 1982).

Los esfuerzos de los programas de desarrollo para establecer un número moderado de granjas (fincas) familiares independientes para producir bienes de exportación resultaron, en general, en un fracaso. Aun donde la tierra adecuada estaba disponible, lo cual era raro, los pequeños agricultores carecían de crédito y habilidades técnicas para competir fundamentalmente en un mercado mundial de exportación, tampoco podían ellos enfrentar los riesgos inherentes a la producción para un mercado tal.

Datos recientes sobre la concentración de la propiedad de la tierra en la Cuenca del Caribe son irregulares en su cobertura, pero generalmente muestran una continuación de los patrones anteriores. Información disponible elaborada por el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) sobre la distribución de la tierra en América Central, revela muy poco cambio entre 1950 y 1975. En 1950, un 79 por ciento de los agricultores eran pequeños (menos de 7 hectáreas), sin embargo, tenían menos del 12 por ciento de la tierra

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cultivable total. En 1975, las pequeñas fincas formaron el 80 por ciento del número total y contenían alrededor del 11 por ciento del área. Grandes fincas (50 hectáreas o más) constituían alrededor del 5 por ciento del total en 1950 y abarcaban 70 por ciento del hectareaje de las fincas. Veinticinco años más tarde, escasamente 6 por ciento de las fincas fueron clasificadas como grandes y ellas abarcaban el 71 por ciento de la tierra cultivable (PREALC, 1982, p.146).

Es frecuentemente imputado que la mecanización de la agricultura en la región y la transición a productos de exportación, en especial, ganado de carne, ha resultado en la expulsión de campesinos. La mecanización, con la magnitud que esta puede ser medida por el uso de tractores, ha variado mucho dentro de la región desde 1970. En áreas donde había relativamente pocos tractores para comenzar, ejemplo Haití, Honduras y Nicaragua, la mecanización ha marchado rápido y ha desplazado indudablemente algunos trabajadores. Por otra parte, Costa Rica, Guatemala y varias de las islas caribeñas tenían cerca de la misma proporción de tierra y tractores en 1985 como en 1970, debido en primer lugar a una mecanización extensiva más temprana (ECLAC, 1989, p. 76).

Varios estudios han documentado las reducciones en los empleos agrícolas y campesinos, así como que las tierras para cosechar fueron convertidas en pastos, con el fin de incrementar la producción de ganado de carne {Taylor, 1980, Del Cid, 1985, Howard-Borjas, 1989). Desde 1970, la producción de ganado ha aumentado en la mayoría de los países de la Cuenca del Caribe, pero sólo algUnos pocos reportan crecimientos dramáticos en la cantidad de tierras cultivables dedicadas a pastos permanentemente. Costa Rica ofrece el principal ejemplo, con un incremento en sus tierras de 1.37 millones de hectáreas en '1970 a 2.4 millones de hectáreas en 1987 (ECLAC, 1989, pp. 608-609). Durante este período, la población económicamente activa costarricense en la agricultura estuvo creciendo a una tasa anual pr9medio de solamente 1 por ciento.

Una de las controversiales consecuencias del énfasis otorgado a la producción de productos de exportación en el sector agrícola, ha sido la caída en la producción de alimentos para el consumo doméstico. Tradicionalmente, muchos de estos alimentos han sido producidos por pequeños agricultores, aunque grandes agricultores han contribuido con la mayor parte de la producción de granos. Diez de los once países de la Cuenca del Caribe, para los cuales hay información disponible en el Banco Mundial (1989, Reporte de Desarrollo

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Mundial), tienen una menor producción per cápita de alimento para el período 1985-1987 que para 1979-1981. Para estos mismos once países, las importaciones de cereales se han incrementado, 75 por ciento entre 197 4 y 1987, mientras que la ayuda alimentaria en cereales ha crecido más de doce veces, totalizando más de un millón métrico de toneladas en 1986-87.

Economistas del desarrollo insisten que es más eficiente utilizar la tierra para producir artículos de exportación para vender en un precio mayor, que producir para el mercado doméstico artículos que pueden ser importados a un precio más bajo. Los pequeños agricultores, como fue señalado antes, usualmente no pueden hacer frente a la producción para exportar, y a menudo son incapaces de obtener crédito para producir para el mercado doméstico. Ellos tienen pocas alternativas más que trabajar como obreros agrícolas por bajos salarios, para continuar o retroceder a la agricultura de subsistencia o migrar a áreas urbanas u otras áreas rurales, donde se espera que las condiciones serán mejores.

EL SECTOR SERVICIOS

E I sector servicios fue el componente de más rápido crecimiento en la economía de América Latina entre los años 1960 y 1970 (Banco Mundial, 1989, p. 148), pero nosotros conocemos poco acerca de su crecimiento en

relación con la migración. Sabemos que es más probable que los migrantes campo-ciudad ingresen a ocupaciones de bajo nivel de calificación, a menudo el servicio doméstico en el caso de las mujeres. Estas son posiciones mal pagadas, que no ofrecen oportunidades de ascenso y algunas veces poca protección social, a pesar de que todos los países poseen legislación designada para prevenir su explotación. Contrario a las primeras impresiones, los migrantes tienen menos probabilidad de llegar a ser parte del llamado «sector informal» de la economía urbana, al menos hasta después de algunos años de moverse en la ciudad, aparentemente debido a su falta de conocimiento de las situaciones locales necesarias para funcionar exitosamente.

En general, los programas de desarrollo económico no han promovido directamente la expansión del sector servicios, excepto en áreas especializadas, tales como turismo y, más recientemente, pequeñas empresas comerciales. No obstante, el crecimiento del sector fue visto como una consecuencia no sólo del

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incremento de la producción sino también del desarrollo del recurso humano en áreas como educación y salud. Esencialmente, el sector servicios fue visto como área suplementaria o residual de empleo para aquellos que no podían ser empleados en la industria o agricultura. Esto es, en especial, cierto en el sector informal, acerca de lo cual un reporte reciente del Banco Interamericano de Desarrollo señaló: «Es importante tener en mente que este sector, en esencia, ha estado formándose como resultado de la incapacidad del sector moderno para absorber el excedente de mano de obra lo suficientemente rápido» (Banco Interamericano de Desarrollo, 1987, p. 126).

Un área de servicios afectada por las políticas de desarrollo económico ha sido la de empleo gubernamental. En países en desarrollo el sector público emplea relativamente altos porcentajes de la población, en especial, los más altamente educados. El empleo público es con frecuencia visto como parte de un sistema político patronal, que mantiene partidos y funcionarios públicos en el poder. Al mismo tiempo, sin embargo, esto ofrece medios aceptados de redistribución del ingreso para lograr una mayor igualdad. Debido a que el sector público es a menudo visto como sobrecargado de personal e improductivo, ha llegado a ser el blanco más importante de la mayoría de los programas de reestructuración designados para incrementar la producción y reducir las deudas internacionales de los países en desarrollo. Pero a través de la imposición de rigurosas restricciones de los gastos del Estado, las oportunidades de empleo e igualdad económica son aún más limitadas, como se observó en el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, citado previamente, sobre trabajo y empleo. «En muchos países de la región (de América Latina), dados los esfuerzos por contener los gastos del gobierno en años recientes, el tamaño del sector público no se ha incrementado en lo que a empleo concierne y esto ha tendido a cerrar una importante válvula de escape para profesionales y técnicos que no pueden encontrar por sí mismos un lugar en el moderno sector privado. Esto ha sido obviamente instrumental en expander el sector informal. .. » (Banco lnterameri-

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cano de Desarrollo, 1987, p. 132). Esto ha sido también instrumento para expander la corriente de migrantes internacionales hacia países en desarrollo, donde sus servicios pueden ser utilizados.

CALIDAD DE VIDA Y MIGRACION

P ara bien o para mal, los programas de desarrollo han traído consigo cambios en la calidad de vida experimentada por la gente de la región, cambios que de una u otra forma están relacionados con la migración. Algunos de estos

cambios son las consecuencias esperadas del desarrollo de actividades de recursos humanos específicos. La salud de la gente es mejor, según se indica en los incrementos impresionantes en la longevidad. Los esfuerzos por mejorar las capacidades de trabajo de la gente han tenido algún considerable, aunque desigual éxito, según fue medido por el aumento en las tasas de escolaridad y niveles promedios más elevados de educación adquiridos.

Otros cambios han sido las consecuencias indirectas y a menudo involuntarias de los programas de desarrollo. Quizás, el primero de estos han sido aquellos cambios relacionados con la urbanización, los cuales introdujeron miles de migrantes provenientes de zonas rurales a estilos de vida radicalmente diferentes. Desde 1950, la población de la Cuenca del Caribe ha cambiado de una población predominante rural a una predominante urbana (Banco Interamericano de Desarrollo, 1987, p. 422); si bien una minoría de países tienen todavía extensas poblaciones rurales (Population Reference Bureau, 1989). La influencia de las ciudades se extiende mucho más allá de sus fronteras; sin embargo, no solamente a través de los medios de comunicación, sino más importante aún, a través de la comunicación personal de los miembros de la familia. Raro es que una familia rural no tenga algunos miembros que han migrado a la ciudad, y el papel de las relaciones de parentesco en facilitar la migración rural-urbana ha sido bien establecido.

Los cambios en la calidad de vida que derivan tanto de la educación formal como de la exposición de valores urbanos, eleva el potencial para la migración internacional en varias formas. Una es a través de una mejor exposición al conocimiento de lugares, a los cuales otros se han movido y medios de llegar allí. Una segunda forma es por medio de la provisión de un rango mayor de habilidades de empleo, el incremento de «capital humano» personal. Una tercera

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es a través de la insinuación de aspiraciones para adquirir bienes materiales, que para el campesino promedio en una generación anterior estuvieron fuera de los límites de un deseo realista. Esto para no decir que las masas extensamente empobrecidas, en realidad tienen los bienes que anhelan, pero la posibilidad de poseer bienes no es más irreal completamente.

Debido a la escasez de datos sobre características de los migrantes, es difícil documentar que los emigrantes de la Cuenca del Caribe hacia Estados Unidos provienen de las poblaciones urbanas; sin embargo, los datos disponibles sugieren que este es el caso, con la excepción de los trabajadores agrícolas. Pastor, por ejemplo, ha informado que «el migrante caribeño promedio está por encima del promedio nacional en educación, salud e ingreso y la mayor parte de los migrantes legales están considerablemente arriba del promedio» (Pastor, 1985, p. 14). Estas diferencias con claridad implican su origen urbano. Aun entre migrantes ilegales mexicanos, Portes ha apuntado un significativo número de origen urbano (Portes, 1983). Resulta una expectativa razonable que las posibilidades de emigración son mucho mayores para los residentes urbanos, no solamente debido a su mayor conocimiento de oportunidades, sino también debido a la mayor probabilidad de que ellos poseen un rango más amplio de habilidades para el mercado laboral y los recursos para financiar los costos del viaje para destinos distantes.

La educación y los programas de entrenamiento que son necesarios para la creación de una fuerza laboral moderna, están típicamente concentrados en las áreas urbanas por razones que son bien conocidas. En efecto, como Findley ha observado, «muchas familias migran (a centros urbanos) en busca de una mejor educación para sus hijos» (Findley, 1977, p. 14). En países en desarrollo, la educación es a menudo vista como un «pasaporte para entrar a la economía moderna, urbana industrializada con sus oportunidades de empleo, desproporcionadamente bien pagadas» (Edwards y Todaro, 1974, p. 320). Pero cuando la disponibilidad de trabajos de alto nivel es restringida severamente o el pago es desproporcionado con la inversión en educación, la migración internacional llega a ser una alternativa considerada. Courtney Blackman ofrece un caso caribeño como ejemplo, señalando que «Barbados está comúnmente produciendo un excedente de graduados de secundaria que podría animar tanto a Barbados como a Estados Unidos a ver la migración a los Estados Unidos como una política sana, social y económicamente» (Blackman, 1985, p. 266). Henry y Johnson

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citan otra nación de la Cuenca del Caribe, Guyana, como un «ejemplo clásico de un país donde los individuos ven la educación y la capacitación como un pasaporte tanto de la movilidad geográfica como social» (Henry y Johnson, 1985, p. 281 ).

El hecho de que la educación y la capacitación pueden motivar y facilitar la emigración, no es un sano argumento para su reducción o discontinuidad en los programas de desarrollo. El problema no descansa en el excedente de personas que poseen amplios conocimientos y un mayor nivel de habilidades, sino en la falla de las economías en desarrollo para proveer oportunidades de empleo adecuadamente compensadas para ellos. La migración permanente de estas elites está dañando, en especial, a los países en desarrollo, ya que esto representa una pérdida sustancial de inversión en capital humano, así como la privación de sus servicios y retorno de impuestos sobre futuras ganancias.

La vida urbana ofrece una mayor exposición a alternativas de estilos de existencia, incluyendo la posesión de bienes materiales que no son solamente observados en la vida diaria, sino promovidos por los medios de comunicación. El propósito de la promoción, por supuesto, es levantar deseos de adquirir artículos anunciados y a menudo facilitar a través de arreglos crediticios su adquisición. Esta «penetración de estándares externos», tal como Portes los denomina (Portes, 1983, p. 78), puede ser un factor en la emigración cuando no es posible satisfacer los deseos estimulados. Esto es, quizás, otro aspecto de la vieja «revolución de levantar expectativas», aunque su importancia en motivar la migración no debería ser subestimada. Relacionado con el deseo de presiones materiales está el concepto de «privación relativa», la cual es útil para explicar el descontento que da paso a la emigración de algunos profesionales y técnicos capacitados, quienes tienen mayores niveles de ingreso en su propio país, pero cuyas ganancias descienden en relación con los de sus iguales en varios países desarrollados. El sentido de privación llega a ser especialmente agudo cuando sus grupos de referencia son compatriotas que han emigrado y prosperado. La influencia de la privación relativa no está limitada a los mejor educados y técnicamente capacitados, sino que también puede operar en la decisión de migrar de aquellos que están en circunstancias más modestas, tal como Stark y Taylor lo han documentado recientemente en un estudio de migrantes a Estados Unidos provenientes de las aldeas rurales mexicanas (Stark y Taylor, 1989).

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La alteración en los estilos de vida es un blanco deliberado de algunos de los programas de desarrollo de recursos humanos y una consecuencia involuntaria en otros. Independientemente de la fuente, una vez conocido y aceptado un mayor estándar material de vida, esto puede motivar la emigración, en especial, cuando las oportunidades de adquirir esos estándares son percibidas como bajas en su propia comunidad o en su país.

CONCLUSION

Aunque todavía debe ser sistemáticamente organizada, la evidencia de que los programas de desarrollo económico han jugado un papel significativo en la migración internacional de la Cuenca del Caribe, es bastante

persuasiva. Como las consecuencias de la migración deben ser evaluadas, depende de la variedad de factores y puede ser bastante diferente para los países de origen y los de destino. El hecho de que el desarrollo causa la migración, no es una razón para condenar cualquiera de los dos procesos. Sin embargo, los problemas sociales y económicos relacionados con ambos obliga a un más amplio análisis de esa relación.

El problema más importante identificado en esta revisión ha sido la falla de los programas de desarrollo para proveer de empleo a la rápidamente creciente y, en algunos casos, desarraigada fuerza laboral dentro de la Cuenca del Caribe, hasta el grado de que los desequilibrios en la fuerza de trabajo y los desórdenes sociales son las consecuencias de los primeros programas de desarrollo, hay implícita una responsabilidad de una mayor acción a ser tomada. La premisa de que los programas de desarrollo resolverían en sí mismos los apremiantes problemas de desempleo y subempleo y sus derivados, ya no es más defendible, si es que alguna vez lo fue.

Un segundo problema social importante, cuyos efectos derivados incluyen una migración involuntaria, proviene de los programas de desarrollo. A pesar de que su reducción ha sido un objetivo anunciado de la mayoría de los programas, gruesas desigualdades económicas y sociales persisten a través de la Cuenca del Caribe y en algunos casos han sido incrementadas.

lncuestionablemente la persistencia de estas desigualdades es atribuible en alguna medida a una resistencia latente de las oligarquías de poder en muchos

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de los países. La causa principal, sin embargo, no es alguna conspiración de las agencias de desarrollo y de los gobernantes nacionales para mantener a estos últimos en el poder. Antes bien, hay una fe constante en la creencia de que si la

. modernización de los sistemas económicos puede ser lograda, una sociedad más equitativa se materializará automáticamente. Así como la convicción de que la transformación económica bajaría las tasas de fecundidad sin programas innecesarios de planificación familiar, esto puede probar ser a lo largo del tiempo una posición válida. Pero cuarenta años de programas de desarrollo tienen que producir todavía la distribución equitativa deseada de los beneficios económicos y para muchas de las grandes masas de la base de la pirámide socioeconómica, el momento para la liberación se ha marchado ya.

Reconociendo la atención desigual que se da al «crecimiento» sobre la «igualdad», la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha argumentado que «sería perfectamente legítimo sacrificar las tasas de crecimiento en favor de objetivos distributivos específicos, especialmente en las nuevas circunstancias creadas por un creciente proceso político participativo. Puesto en otra forma, no hay bases teóricas o prácticas para mantener que todas las medidas públicas deben concentrarse en obtener tasas de crecimiento óptimo como un paso inicial para lograr una mejoría automática en los estándares de vida de todos los estratos de la población» (ECLAC, 1987, p. 88).

Para corregir el desequilibrio crecimiento-igualdad, la Comisión ha recomendado que se dé prioridad a los programas de desarrollo que generan empleo productivo en áreas urbanas y rurales. Mientras el blanco de este modesto propósito es loable, la acción remedia! propuesta no consigue satisfacer la necesidad crítica reconocida. Si la intensidad de la crisis quiere ser evitada, una acción positiva debería ser tomada para proveer tanto empleo como capacitación adicional para el excedente de mano de obra. Esto podría ser proporcionado por los programas de trabajos públicos similares a aquellos adoptados por Estados Unidos durante la Gran Depresión, y los programas comunes de capacitación para los desempleados de bajos ingresos. Numerosos y más apropiados modelos para las circunstancias de los países individuales se hallan en países desarrollados y en países en desarrollo. El punto más importante, sin embargo, es que el problema de encontrar trabajos para un excedente creciente de mano de obra, no puede más ser hecho a un lado para ser resuelto indirectamente por la reestructuración económica.

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Trabajos públicos y programas de capacitación deberían ser parte integral del proceso de desarrollo, constituyendo inversiones en infraestructura y recursos humanos. En sus recomendaciones, el Presidente de la Comisión Nacional sobre América Central, hizo un llamado por un mayor impulso de la ayuda desplegada en mano de obra intensiva, infraestructura y proyectos de vivienda. En palabras del reporte de la Comisión, «América Central sufre de necesidades urgentes en electrificación rural, irrigación, carreteras, puentes, agua municipal, alcantarillado y construcción y reparación de drenajes. Tales propósitos de construcción, usando métodos de mano de obra intensiva, pueden ser rápidamente iniciados con beneficios económicos considerables» (Informe del Presidente de la Comisión Nacional Bipartita sobre América Central, 1984, p. 88). Las mismas necesidades estructurales son encontradas en la mayoría de los países de la Cuenca del Caribe, junto con un extenso número de trabajadores subutilizados. Además, de las áreas de trabajo conocidas por la Comisión, la conservación del ambiente y los proyectos de restauración se necesitan en la mayor parte de la región y serán particularmente apropiados para los trabajadores rurales.

Los programas de trabajos públicos podrían ser combinados con educación y acciones de capacitación en la forma de proyectos trabajo-estudio, que contribuirían a la expansión del capital humano necesario para el desarrollo económico. Tales programas necesitan no ser vistos como una alternativa, sino más bien como un complemento para el desarrollo del sector privado. Una preocupación razonable de que los proyectos operados por el gobierno tienden a ser mal administrados, ineficientes y corruptos, puede ser parcialmente garantizada al contratar sus operaciones a organizaciones privadas oficiales. La administración del sector privado de algunos de los programas de capacitación bajo el Job Training Partnership Act, proporciona a Estados Unidos un modelo al respecto. En varias instancias, los trabajadores podrían ser capacitados para satisfacer necesidades específicas del sector privado en los negocios y la industria.

La necesidad de mejoras drásticas en las vidas de los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas, es reconocida en toda la Cuenca del Caribe. Las estrategias de desarrollo para incrementar la producción agrícola de exportación al costo de una reducida producción de alimentos para consumo doméstico, ha venido bajo un ataque escalado, a pesar de los argumentos en apoyo de su gran

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eficiencia económica. Debido a que sus mayores beneficiarios son las grandes haciendas comerciales, la política ha contribuido a las desigualdades económicas existentes previamente y ha acelerado la corriente de migración ruralurbana. Aún más, es difícil convencer a los consumidores de bajos ingresos que los precios de los alimentos importados son menores que aquellos producidos domésticamente, en especial, cuando los precios de ambos son controlados por el gobierno. Esfuerzos renovados deberán hacerse para proveer a los pequeños agricultores con tierra, crédito y asistencia técnica, para producir alimentos para los mercados nacionales. Los trabajadores agrícolas estacionales podrían también beneficiarse del trabajo público y de los programas de capacitación fuera de estación. A la larga, las medidas señaladas para mantener a los agricultores y trabajadores agrícolas con su tierra pueden probar ser mucho más económicas, que los costos de los programas urbanos para migrantes desempleados o un mayor costo de violencia civil, ninguno de los cuales está contabilizado dentro de los modelos costo-beneficio.

Los programas de desarrollo deberán también proveer un apoyo creciente para expander los servicios educativos a todos los niveles. Además, de sus contribuciones humanísticas, los programas educativos pueden cumplir dos fines eminentemente prácticos. Primero, incrementan el fondo nacional de capital humano necesario para el desarrollo, si bien empleo apropiado debe ser provisto para que los beneficios de la inversión puedan ser logrados. Segundo, y de interés inmediato, la prolongación de la educación escolar demora la entrada de los jóvenes al mercado laboral, reduciendo, de este modo, la presión social del desempleo. En esta conexión debe notarse que las reducciones en los servicios educativos se originan en los ajustes estructurales impuestos por los acreedores, restringiendo los gastos del gobierno y que son medidas de corto alcance, que deberían ser eliminadas.

Como estrategia de largo alcance para reducir la parte excedente del desequilibrio oferta-demanda de mano de obra, los programas de planificación familiar deberían extenderse y hacerse más efectivos. Las políticas corrientes de Estados Unidos para retener el apoyo de las agencias privadas y de las Naciones Unidas, que han sido efectivas promotoras de la planificación familiar dentro de la región, solamente debido a que estas agencias apoyan los programas de aborto en otras regiones, donde son contraproducentes. Además, de la planificación familiar, el apoyo debería de ser provisto a otros programas que tienden

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a reducir las tasas de fecundidad. Estos incluyen altos niveles de educación, empleos bien pagados para más mujeres y educación sexual, todo lo cual podría ser incorporado en los proyectos de capacitación laboral ya discutidos anteriormente.

La contención de la inmigración indeseada y la promoción del desarrollo económico en la Cuenca del Caribe, no son metas incompatibles para Estados Unidos. Las políticas de desarrollo pasadas, sin embargo, no han probado ser efectivas para eliminar las causas sociales, económicas y políticas y los problemas que generan los movimientos de población. Las estrategias de desarrollo diseñadas para maximizar la productividad económica, han puesto poca atención a las necesidades de empleo de una rápida expansión de la fuerza laboral y a la persistencia de serias desigualdades económicas y sociales. Hasta que estos desequilibrios sean rectificados, hay mucha razón para creer que sus consecuencias sociales, incluyendo la migración, continuarán. La responsabilidad para las acciones remediales apropiadas debe quedar en los países de manera individual, pero su efectividad dependerá del apoyo financiero a largo plazo de los gobiernos demandantes y de la buena voluntad de las agencias de desarrollo para adoptar nuevas estrategias.

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