RESÚMEN EL VOTO PROGRAMÁTICO · 2011-05-12 · Constitución Política de 1991, las Leyes 131 y...
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RESÚMEN EL VOTO PROGRAMÁTICO Se inicia el trabajo de grado con una reseña acerca de los sujetos a los cuales se les aplica el Voto Programático, antes de entrar a analizar el tema en concreto. Es así que los primeros dos capítulos del presente estudio, hacen referencia a la Descentralización Política y a las Autoridades Territoriales, su elección y su capacidad normativa. Luego se analiza la evolución normativa del Voto Programático en Colombia, desde la Constitución Política de 1991 hasta la Ley 741 de 2002, reformatoria de las Leyes 131 y 134 de 1994. Más adelante, se hace referencia al tema de la Participación Ciudadana, que es, en fin, el concepto general y abstracto que encuentra en el Voto Programático su puesta en concreto. Se analizan, en el capítulo sexto de este trabajo, ciertos Artículos de la Constitución Política de 1991, las Leyes 131 y 134 de 1994 reglamentarias del Voto Programático y la Ley 171 de 2002, reformatoria de las dos anteriores. Posteriormente, se hace referencia al Programa de Gobierno presentado e inscrito por los candidatos a Gobernación y Alcaldía como requisito previo para ser elegidos. Se concluye con el tema de la Revocatoria del Mandato, como la consecuencia jurídica del Voto Programático. Se incluyen datos de las revocatorias de mandato convocadas en el país hasta el momento, de las cuales ninguna prosperó.
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RESÚMEN
EL VOTO PROGRAMÁTICO
Se inicia el trabajo de grado con una reseña acerca de los sujetos a los cuales se
les aplica el Voto Programático, antes de entrar a analizar el tema en concreto. Es
así que los primeros dos capítulos del presente estudio, hacen referencia a la
Descentralización Política y a las Autoridades Territoriales, su elección y su
capacidad normativa.
Luego se analiza la evolución normativa del Voto Programático en Colombia,
desde la Constitución Política de 1991 hasta la Ley 741 de 2002, reformatoria de
las Leyes 131 y 134 de 1994.
Más adelante, se hace referencia al tema de la Participación Ciudadana, que es,
en fin, el concepto general y abstracto que encuentra en el Voto Programático su
puesta en concreto.
Se analizan, en el capítulo sexto de este trabajo, ciertos Artículos de la
Constitución Política de 1991, las Leyes 131 y 134 de 1994 reglamentarias del
Voto Programático y la Ley 171 de 2002, reformatoria de las dos anteriores.
Posteriormente, se hace referencia al Programa de Gobierno presentado e inscrito
por los candidatos a Gobernación y Alcaldía como requisito previo para ser
elegidos. Se concluye con el tema de la Revocatoria del Mandato, como la
consecuencia jurídica del Voto Programático. Se incluyen datos de las
revocatorias de mandato convocadas en el país hasta el momento, de las cuales
ninguna prosperó.
En la conclusión se encontrará un análisis crítico sobre la real aplicabilidad de esta
figura y se anexa, además, una entrevista realizada a personalidades que, por los
cargos que han ocupado, dan a su juicio una opinión acerca del Voto
Programático en Colombia.
EL VOTO PROGRAMÁTICO
MARÍA CAROLINA CASTRO
JAIME EDUARDO CALDERÓN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
BOGOTÁ D.C.
2003
VOTO PROGRAMÁTICO
COMO PROYECTO DE GRADO
DIRIGIDO A
DR. HERNANDO YEPES ARCILA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO
DIRECTOR DE TESIS DR. JAIME CALDERÓN BRUGÉS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
BOGOTÁ D.C.
ABRIL 2003
A nuestros Padres.
AGRADECIMIENTOS
A Dios
A nuestros padres
A la Pontificia Universidad Javeriana
A la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana
Al Doctor Jaime Calderón Brugés, Director de la Tesis
A la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la información suministrada
Y a todas aquellas personas que en una u otra forma colaboraron en la realización
de la presente tesis
INTRODUCCIÓN
“Cuando la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, el voto pierde su
carácter funcional y se convierte en un derecho ciudadano, tal como quedó
consagrado en el artículo 258 de la Constitución. Todo derecho implica
obligaciones. Pasamos del sufragio función al sufragio derecho. En este aspecto
el ciudadano entra en una etapa en la que inicia la búsqueda por participar para
lograr una mejor sociedad, especialmente al encontrar paternizado ese derecho
en el voto programático establecido en el artículo 259 de la Constitución: quienes
elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el programa que
presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del Voto
Programático”1.
Consiste en que el elector al depositar su voto para la selección de Gobernador o
de Alcalde, lo hace prefiriendo uno de los programas de aquellos que los
candidatos hayan presentado al momento de inscribir su candidatura ante los
Delegados Departamentales del Registrador Nacional o ante el Registrador
1
1 TRUJILLO GARCÍA, Carlos Holmes. TRUJILLO GARCÍA, José Renan. “El voto programático, el nuevo
poder del ciudadano”. Editorial Oveja negra, 1994. Pág. 19.
Municipal según el caso.
El efecto del voto programático radica en el cumplimiento o incumplimiento del
programa que ha sido presentado por el alcalde o gobernador elegido. Los
departamentos y municipios tienen la obligación legal de publicar los programas
de cada candidato antes de las elecciones en sus Gacetas Oficiales para que la
ciudadanía los conozca, los considere y sean así el factor determinante del voto.
Cabe anotar que la obligación de departamentos y municipios de publicar el
programa de gobierno de los candidatos aspirantes a gobernación y alcaldía en la
Gaceta Oficial, es un requisito meramente formal de publicidad. En la realidad, la
manera como la ciudadanía se entera y conoce dichos programas es mediante las
campañas electorales, en las que los candidatos presentan las propuestas de su
candidatura, las cuales hacen parte integrante de sus programas de gobierno.
La institución del voto programático emerge del Preámbulo de la Constitución: de
la consagración de los principios fundamentales del Estado Colombiano
establecidos en su Artículo 1° y de la definición de sus fines esenciales
estipulados en su 2° Artículo. Se ubica así, en la más alta jerarquía de los valores
jurídicos de la Nación.
2
Partiendo de allí la Constitución Política en su Art. 259, y las Leyes 131/94 y
134/94, lo desarrollan como requisito imperativo que los candidatos deben cumplir
en el momento de la inscripción, y como mandato también imperativo del pueblo al
elegirlos como gobernadores o alcaldes. Es una determinación de la soberanía
popular y base clara para revocar el mandato a quien no cumple lo prometido a la
comunidad durante la campaña electoral.
El voto programático es una propuesta orientada hacia la modernización de la
cultura política, al fortalecimiento de la vida regional y local y a la madurez de los
procesos electorales con la finalidad de que el ciudadano elector se someta, al
depositar su voto, a lo que considere más acorde con los intereses del desarrollo
comunitario y no a otros de naturaleza subalterna.
Es por lo demás consecuente con la prevalencia que la organización constitucional
la da a las comunidades regionales y locales como fundamentos y puntos de
partida de la democracia y del Estado Social de Derecho.
La presentación del programa de gobierno es un requisito esencial de orden
constitucional para la validez de la inscripción. Su no presentación, conlleva a
rechazar dicha inscripción, no sólo porque se desconocería un requisito esencial y
3
constitucional, sino porque además se enervaría el ejercicio del derecho político
fundamental consagrado en la Constitución Política, de “Revocar el mandato de
los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la Ley”.
Lo último porque, como es obvio, sin programa debidamente registrado no es
posible el voto programático y sin éste, no es dable la revocatoria.
Deben las autoridades electorales poner especial esmero en exigir, al momento de
la inscripción de la candidatura, la presentación del programa de gobierno y si no
se da, rechazarla a fin de no incurrir en responsabilidades administrativas y
disciplinarias.
Los candidatos deben cumplir con el requisito esencial y constitucional de registrar
su propuesta ya que ante eventual demanda del acto de elección, el vicio
atentatorio de la Constitución y de derechos políticos fundamentales, puede incidir
en la validez de la misma.
A diferencia de lo que pretendía la Constitución de 1886 que establecía el voto-
sufragio, concepto que hace referencia a la representación mediante el cual el
candidato elegido no representaba directamente los intereses de sus electores
sino que representaba a la Nación, el nuevo ordenamiento constitucional muestra
4
un sufragio de voto-mandato, con el cual se otorga un mandato en sí al elegido,
quien debe representar los intereses de sus electores, obligándosele entonces a
informar y presentar resultados a éstos. Lo que esto demuestra es que los
candidatos a alcaldes y gobernadores al inscribir su candidatura, deben presentar
su programa de gobierno el cual será la base de su campaña electoral.
Una de las manifestaciones de la nueva concepción de democracia es el voto
programático, el cual se encuentra consagrado en el Artículo 259 de la
Constitución Política: “Quienes elijan Gobernadores y Alcaldes, imponen por
mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La
ley reglamentará el ejercicio del voto programático”.
Esta disposición no existía en la Carta de 1886 y es un verdadero aporte del
constituyente de 1991. Al respecto señaló en los debates de la Asamblea
Constituyente el delegatario Carlos Holmes Trujillo: “El voto programático sería
una alternativa nueva para ser ejercida si el ciudadano lo tiene a bien, una
definición inobjetable del mandato del elegido y una base clara para su
revocatoria”.
Comportaría, adicionalmente, la incorporación de un nuevo factor de
independencia para el elector y daría lugar a la vigencia de otro escenario de
5
participación, ya que el ciudadano estaría en capacidad de manifestarse sobre
puntos específicos de una propuesta que estime de interés para el desarrollo de
su propia localidad.
Obligaría, así mismo, a diseñar campañas asentadas en la realidad más que en el
estímulo a las necesidades de conglomerados humanos, que a pesar de la
insatisfacción de sus expectativas continúan ejerciendo su derecho alimentados
por la esperanza. Por otra parte, daría origen a que los propósitos del aspirante
encuentren su base en la viabilidad y no en la liturgia.
La independencia del elector, el compromiso del elegido, el estímulo a la
participación, la revocatoria del mandato y la madurez del proceso electoral, son
los criterios orientadores de esta propuesta.
La iniciativa del proyecto que nos ocupa2 sostenía, en el Congreso de la
República en su exposición de motivos lo siguiente: “en razón del carácter
Estatutario someto nuevamente a consideración de las Cámaras el Proyecto de
Ley, por el que se reglamenta el voto programático de que trata el Artículo 259 de
la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones, con el objeto de adelantar
6
2 Ley 131 de 1994
la aplicación real de una figura novedosa de nuestro ordenamiento jurídico
superior, en la medida que constituye verdadero instrumento de consolidación
democrática al estar inscrito dentro de los propósitos de participación,
modernización de la cultura política, fortalecimiento de la vida regional y local,
limitación de las expectativas, como resultado de un proceso creciente de
maduración, y consagración de formas que den lugar tanto al ejercicio
democrático con un mayor poder decisorio de la comunidad en el momento de
escoger la mejor opción para satisfacer los anhelos colectivos, como a la
extensión de éste poder para revocar el mandato del elegido en caso de
incumplimiento”3.
La Corte comparte estos criterios en el sentido de que ellos encierran el espíritu
democrático y participativo de este instrumento. “El voto programático es una
expresión de la soberanía popular y la democracia participativa que estrecha la
relación entre los elegidos (alcaldes y gobernadores) y los ciudadanos electores.
Al consagrar que el elector impone al elegido por mandato un programa, el voto
programático posibilita un control más efectivo de los primeros sobre estos
últimos. La posibilidad de la revocatoria del mandato es entonces la consecuencia
de esa nueva relación consagrada por la Constitución de 1991”4.
7
3 Proyecto de ley “por el que se reglamenta el voto programático de que trata el Artículo 259 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones". 4Sentencia C-011/94 de la Corte Constitucional. Magistrado ponente: MARTINEZ CABALLERO, Alejandro.
“El voto programático es una figura novedosa cuyo nacimiento está inscrito dentro
de los propósitos de participación, modernización de la cultura política,
fortalecimiento de la vida local, limitación de las expectativas y consagración de
formas que den lugar tanto al ejercicio democrático con un mayor poder decisorio
de la comunidad en el momento de escoger la mejor opción para satisfacer los
anhelos colectivos como a la extensión de este poder para revocar el mandato del
elegido en caso de incumplimiento”5.
El voto programático es entonces una alternativa novedosa implantada por la
Constitución de 1991 para ser ejercida por el ciudadano si éste así lo desea; es
una definición inobjetable del mandato del elegido y una base clara para su
revocatoria.
8
5 TRUJILLO GARCÍA, Carlos Holmes. TRUJILLO GARCÍA, José Renan, “El voto programático, el nuevo poder”, Editorial Oveja Negra 1994. Pág. 61.
1. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA
La descentralización territorial es el proceso mediante el cual las autoridades
centrales -gobierno central-, trasladan responsabilidades a los niveles de gobierno
de carácter regional y local. Se predica autonomía de dichas autoridades
territoriales ya que éstas poseen capacidad normativa, de autogobierno y fiscal.
La Constitución Política, en su Artículo 1°, establece que "Colombia es un Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista
(...)".
Es así, que el constituyente primario le añadió a la descentralización la
característica complementaria de autonomía, dándole a las entidades territoriales
mayor libertad para decidir su destino, para orientar las políticas públicas hacia
sus propios intereses en aras del bienestar de la comunidad regional y local. Sin
embargo, toda esa libertad está limitada por el carácter de “República Unitaria”,
9
característica de unidad nacional que impone a las autoridades locales regular el
destino territorial en armonía con el de la Nación.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-004 de enero 14 de 1.993, aclara lo que
conceptualmente se entiende por autonomía y descentralización y la relación entre
estos dos conceptos: "El concepto de autonomía es nuevo en el
constitucionalismo colombiano. Su relación con el concepto de descentralización
es evidente lo cual no desconoce su distinción y complementariedad. Ambos
conceptos entrecruzan sus mecanismos de acción, pero su perspectiva es
diferente: mientras la descentralización, que es una manera de administrar, busca
una mayor libertad en la toma de decisiones administrativas de las entidades
locales del orden territorial y funcional y como resultado de ello una mayor
eficiencia en el manejo de la cosa pública, la autonomía, que es grado creciente
de libertad, busca la definición y control de sus propios intereses y el logro del
bienestar general, siempre dentro del marco del Estado unitario"6.
La doctrina, por su parte, también se ha esforzado en aclarar dichos conceptos.
"La doctrina del Derecho Administrativo francés, que ha ejercido directa influencia
en el desarrollo de nuestras instituciones, entiende por descentralización territorial
el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a entes regionales o
locales, para que las ejerzan en su propio nombre o bajo su propia
responsabilidad. En otras palabras, la descentralización territorial confiere cierta
10
6 Sentencia C-004 de enero 14 de 1.993 de la Corte Constitucional. Obra citada en: TAFUR GALVIS, Alvaro; "Estudios de Derecho Público"; Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1.997. Pág. 274.
autonomía a los entes territoriales para que se manejen por sí mismos. (...) La
descentralización territorial está inspirada en propósitos de eficiencia
administrativa y de democracia. En cuanto a lo primero, sostiene la doctrina que
se manejan mejor los recursos y las competencias cuando los problemas son
atendidos en el escenario mismo de los acontecimientos por los personeros de las
comunidades locales, y no por remotos burócratas desde la lejanía de la capital de
la república para todos los rincones del país. En cuanto a lo segundo, la
descentralización territorial permite el autogobierno de las diversas comunidades
de que se compone la nación"7.
De esta manera, se busca racionalizar y optimizar la práctica del gobierno y
organizar política y administrativamente a sus habitantes, teniendo en cuenta las
distintas necesidades e intereses de cada región.
"Colombia se distingue por ser un país de regiones. (...) Poderosas razones
ambientales determinan ese regionalismo de los colombianos, desde tiempos
precolombinos. Un país de muchas geografías crea un país de muchas culturas
regionales. Es además un país de ciudades: cualidad esta que distingue a
Colombia entre todos los países de América Latina. La trama de ciudades es la
materialización de otra forma de diversidad cultural, económica y política: polos de
11
7 HERNANDEZ BECERRA, Augusto; "Fundamentos constitucionales del ordenamiento territorial colombiano. Reflexiones sobre el proceso de la descentralización"; Régimen de las Entidades Territoriales; Universidad Externado de Colombia; Bogotá, marzo de 2000. Págs. 48 - 49.
desarrollo que tienden por naturaleza a fortalecerse en su dinamismo local y a
generar formas de vida autonómica. (...) Colombia es también un país de
pequeñas poblaciones (más del 90% de sus municipios), porque ha sido poderosa
su tradición aldeana, campesina y de provincia. Esta es una característica que
también imprime un signo profundo al ordenamiento territorial. Si a la diversidad
regional, la pujanza citadina y la profusión pueblerina agregamos la existencia de
un 30% de población netamente campesina, completamos cuatro dimensiones
distintas pero complementarias de la descentralización nacional, cuatro variables
de la estructura demográfica que obedecen a imperativos geográficos y sociales y
que, por ende, imponen la descentralización en nuestro país como una especie de
ley natural"8.
Es clara entonces la necesidad de descentralizar el país. Al ser una
característica notoria en nuestro territorio, y por ende de sus habitantes la
diversidad (climas, fauna y flora, etnias, costumbres, etc.), igualmente serán
variables las necesidades de cada grupo. Es por eso un error concentrar todo el
poder en un organismo centralizado, alejado de los problemas y necesidades
locales que en consecuencia serán desconocidas y desatendidas por éste.
12
8 Ob.Cit. Págs. 20 - 21.
Jorge Mario Eastman, en su informe de Ministro de Gobierno del período 1.981 a
1.9829, estableció cuatro objetivos básicos del proceso de descentralización, a
saber:
• “Reducir la excesiva concentración de poder existente en la administración
central y sus entidades descentralizadas;
• Fortalecer la autonomía regional (departamental) mediante la
desconcentración y descentralización del poder;
• Hacer efectivas las funciones que la Constitución Política había consagrado
a los gobernadores como agentes del gobierno central que son
responsables y promotores del desarrollo equilibrado de los territorios;
• Imprimir una novedosa dinámica de eficiencia y eficacia institucional en la
gestión de los recursos y las políticas públicas territoriales"10.
Existen diversas clases de descentralización11, entre las que se encuentra la
descentralización política, con la que se busca trasladar mayor responsabilidad a
13
9 Este texto fue escrito antes del Acto Legislativo No. 1 de 1.986 y de la reforma constitucional de 1.991 en los que se hizo efectiva la descentralización política al estatuir la elección popular de alcaldes (a partir de 1.986) y gobernadores (desde 1.991). Sin embargo, consideramos importante el aporte de este autor en esta materia. 10 EASTMAN, Jorge Mario; "Hacia una descentralización real"; Informe del Ministro de Gobierno, 1.981 - 1.982, Bogotá, 1.982. Pág. 65. Obra citada en: MEDELLIN TORRES, Pedro; "Departamentos, descentralización y gestión del desarrollo territorial: A propósito de la inconveniencia de la elección popular de gobernadores"; Descentralización y Estado Moderno; FAUS y FESCOL;Bogotá, diciembre de 1.991. Págs. 158 - 159. 11 Encontramos también la Descentralización Administrativa, cuando lo que se pretende es aminorar la carga de actividades del gobierno central y hacer más ágil la comunicación e integración entre los distintos niveles de gobierno en las áreas de planeación, programación presupuestal y ejecución de proyectos u obras; y la Descentralización Económica, cuando lo que se busca es dar autonomía fiscal a las entidades territoriales en aras de mejorar la eficiencia y equidad en las distintas regiones. Estos tres tipos de descentralización se han utilizado conjuntamente en Colombia.
las autoridades y acrecentar la participación ciudadana en la toma de decisiones
de interés general12. Se ve en ella un amplio desarrollo de la democracia, al dar
cabida a los distintos grupos étnicos, sociales, religiosos, entre otros, en la toma
de decisiones que marquen el destino de sus regiones. Además, el gobierno
central, lejano a los asuntos locales, se desprende de parte de la autoridad que
ejerce sobre cada territorio nacional transfiriendo dicha competencia a las
autoridades territoriales, que con una mayor aprehensión sobre estos asuntos,
logran llegar a la comunidad de manera más eficiente.
"Con la descentralización política se plantea ofrecer nuevas posibilidades de
participación política a nivel local o regional: a) Se trasladan funciones específicas
a instituciones semiestatales en las cuales partidos o grupos de interés ejercen
una influencia decisiva; b) Se transfieren competencias a entidades territoriales
(regionales o locales) legitimadas por medio de elecciones y dotadas con cierta
autonomía frente al gobierno central; c) En algunos campos específicos,
instituciones locales especializadas y representativas pueden recibir poderes
decisorios13".
14
12 Contraloría General de la República; La Descentralización en Colombia: Realidades, Posibilidades, Agenda; Tomo I; Tercer Mundo Editores; Bogotá, agosto de 1.994. Pág. 5. 13 VON HALDENWANG, Christian; "Hacia un concepto politológico de la descentralización del Estado en América Latina"; Descentralización y Estado Moderno; FAUS y FESCOL; Bogotá, diciembre de 1.991. Pág. 229.
En Colombia se ha implantado la descentralización política de manera más
acentuada desde la expedición de la Carta Política de 1.991. Se han trasladado
mayores competencias a las entidades territoriales y a las autoridades que las
gobiernan, al otorgarles más independencia y libertad en la toma de decisiones
por el imperativo de acercar a los habitantes de las distintas localidades con sus
gobernantes, quienes tienen mayor alcance de las necesidades y problemas y
quienes van en últimas a marcar los destinos políticos en cada rincón del país.
Es así que el territorio colombiano está organizado política y administrativamente
en entidades territoriales de distinta jerarquía. Encontramos los departamentos,
los distritos, los municipios y los territorios indígenas.
Así reza el Artículo 286 de la Constitución Política: "Son entidades territoriales los
departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La Ley
podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que
se constituyan en los términos de la Constitución y de la Ley”.
El Artículo 287 de la Constitución Política define a las entidades territoriales como
entes que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, se gobiernan por
sus propias autoridades, ejercen las competencias que les corresponden,
15
administran sus recursos, establecen tributos y participan de las rentas nacionales.
Las anteriores prerrogativas están, sin embargo, acompañadas de limitaciones
impuestas por la propia Constitución y la Ley.
Vemos expresamente cómo la propia Carta Política reconoce la independencia y
autonomía de las entidades territoriales. Sin embargo, dicha autonomía se
encuentra limitada por la Constitución y la Ley en aras del principio de unidad
nacional establecido en el Artículo 1º de la Carta y anteriormente expuesto. Por lo
tanto los gobiernos locales deben actuar en coordinación con las políticas públicas
del gobierno central –en unos temas se acentúa más este requerimiento que en
otros, como es el caso de el orden público en el que el Gobernador actúa como
agente del Presidente- para procurar armonía nacional.
Es así que, en cuanto a las competencias otorgadas a las entidades territoriales, el
Artículo 288 de la Constitución Política establece lo siguiente: "La Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la
Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos
niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. (El
subrayado es nuestro).
16
Dichos principios rectores del ejercicio de la competencia se encuentran
establecidos en el Artículo 4 de la Ley 136 de 1.994 (del Régimen Municipal). La
coordinación es la conciliación de actuaciones entre las autoridades territoriales y
entre éstas y la Nación, para evitar que exista o dualidad de competencias, es
decir, que varias autoridades ejerzan la misma función, o por el contrario, falta de
servicio, de manera que ninguna autoridad atienda determinada función. La
concurrencia se refiere al respeto a los límites impuestos a las autoridades de los
distintos niveles, cuando éstas tengan que trabajar conjuntamente en
competencias atribuidas a ambas autoridades. Y la subsidiariedad implica que
cuando una competencia ha sido atribuida a una entidad territorial, la otra sólo la
puede ejercer si se cumplen las condiciones establecidas en la norma respectiva y
dentro de los límites allí estipulados, o cuando la primera entidad no tenga la
capacidad para ejercer dicha competencia, caso en el cual la asume la otra
entidad transitoriamente, sin exceder los límites y fortaleciendo la autonomía
local14. Así armonizan las distintas entidades territoriales y la Nación las funciones
que deben cumplir, en aras del bienestar de la colectividad.
17
14 Artículo 4 de la Ley 136 de 1.994.
2. AUTORIDADES TERRITORIALES
2.1 ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Una de las características de la autonomía de las entidades territoriales, es la
existencia de un gobierno ejercido por sus propias autoridades, de un
autogobierno. Dichas autoridades deben cumplir con las funciones que la
Constitución Política y la ley les confieren.
El doctor Julián Carrasco Belichón define la autonomía municipal -definición que
cabe para los otros niveles territoriales descentralizados- como "el derecho y la
capacidad efectiva que tienen los Ayuntamientos para regular y administrar bajo
su responsabilidad aquella parte de los asuntos públicos que viene delimitada por
la Constitución o por la Ley. Significa igualmente, la capacidad residual para tener
iniciativas en todo aquello que no esté expresamente asignado a otra Autoridad ni
expresamente excluido de la competencia municipal"15.
18
15 CARRASCO BELICHON, Julián; "Manual de organización y funcionamiento"; Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local de Madrid, 1.984. Obra citada en: COTRINO DE VARON, Oliva; "Autoridades e instituciones municipales"; Régimen de las Entidades Territoriales; Universidad Externado de Colombia; Bogotá, marzo de 2000. Pág. 122.
Las autoridades territoriales tienen la calidad de servidores públicos; de ahí que
sus funciones deben ser ejercidas siempre en aras del bienestar de la colectividad.
Dice la Constitución Política, en los incisos 1º y 2º de su Artículo 123: “Son
servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”
(El subrayado es nuestro).
En este capítulo de las Autoridades Territoriales estudiaremos la elección de las
mismas comenzando por el nivel departamental, luego el municipal y el distrital,
concluyendo con los territorios indígenas.
2.1.1 Autoridades Departamentales. El Departamento es el nivel territorial
intermedio entre la Nación y el Municipio. El Artículo 298 de la Carta Política así
lo señala: "Los departamentos tienen autonomía para la administración de los
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y
social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los
departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
19
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las
leyes. La Ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que
la Constitución les otorga".
En la Constitución Política de 1.886 se hablaba de 23 Departamentos, 4
Intendencias y 5 Comisarías, pero desde la expedición de la Constitución Política
de 1.991, todos adquirieron la calidad de Departamentos. Así lo establece el
Artículo 309 de la Carta Política: “Eríjanse en departamento las intendencias de
Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y las comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada
(...)".
Es así que hoy el territorio colombiano se divide en treinta y dos (32)
Departamentos.
20
Tabla 1. División Territorial
DEPARTAMENTO CAPITAL
AMAZONAS Leticia.
ANTIOQUIA Medellín.
ATLANTICO Barranquilla.
ARAUCA Arauca.
BOLIVAR Cartagena.
BOYACA Tunja.
CALDAS Manizales.
CAUCA Popayán.
CAQUETA Florencia.
CASANARE Yopal.
CESAR Valledupar.
CORDOBA Montería.
CUNDINAMARCA Bogotá, D.C.
CHOCO Quibdó.
GUAJIRA Rioacha.
GUAINIA Puerto Inírida.
GUAVIARE San José del Guaviare.
HUILA Neiva.
MAGDALENA Santa Marta.
META Villavicencio.
21
NARIÑO Pasto.
NORTE DE SANTANDER Cúcuta.
PUTUMAYO Mocoa.
QUINDÍO Armenia.
RISARALDA Pereira.
SAN ANDRES San Andrés.
SANTANDER Bucaramanga.
SUCRE Sincelejo.
TOLIMA Ibagué.
VALLE DEL CAUCA Cali.
VAUPES Mitú.
VICHADA Puerto Carreño
La Ley 617 de 2.000, en su Artículo 1º, dividió a los departamentos en cinco (5)
categorías, teniendo en cuenta su población y sus ingresos corrientes de libre
destinación, para que cada uno tenga un régimen diferente de organización,
gobierno y administración, de la siguiente manera16:
16 Ley 617 de 2.000, Artículo 1º
22
Tabla 2. Categorización de los Departamentos
CATEGORIA HABITANTES INGRESOS CTES.
Especial 2.000.000 + 600.000 s.m.l.m.*
Primera 700.001 a 2.000.000 170.001 a 600.000 s.m.l.m.
Segunda 390.001 a 700.000 122.001 a 170.000 s.m.l.m.
Tercera 100.001 a 390.000 60.001 a 122.000 s.m.l.m.
Cuarta Hasta 100.000 Hasta 60.000 s.m.l.m.
Las autoridades que encontramos en el Departamento son el Gobernador y la
Asamblea Departamental.
El Gobernador es la primera autoridad administrativa del departamento y su
representante legal. Actúa como agente del Presidente de la República para
mantener el orden público, para ejecutar la política económica general y para los
asuntos que se convienen entre la Nación y el Departamento. De esa manera lo
señala el inciso 1º del Artículo 303 de la Constitución Política: “(…) el gobernador
será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden
público y para la ejecución de la política económica general, así como para
aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el Departamento
(…)”.
23
Son elegidos para un período de tres (3) años sin posibilidad de reelección para el
período inmediatamente siguiente, de conformidad con el Artículo 303 de la
Constitución Política, situación jurídica que antes no se veía en la Carta Política
de 1.886, en la que era el Presidente de la República quien designaba para cada
Departamento su Gobernador mediante decreto presidencial.
Con la expedición de la Constitución de 1.991, se estatuyó la elección popular
para este cargo. Así lo señala en su Artículo 303: “En cada uno de los
departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y
representante legal del Departamento (…). Los gobernadores serán elegidos por
votación popular para períodos de tres (3) años y no podrán ser reelegidos para el
período siguiente. (…)”.
Actualmente se está debatiendo en el Congreso el Proyecto de Acto Legislativo
“sobre la Reforma de la Política Colombiana e Instrumentos para la Paz”, en el
que se propone aumentar el período de los gobernadores un (1) año más, es
decir, a cuatro (4) años.
En relación con el punto anterior, es importante diferenciar el periodo institucional
del periodo personal de un funcionario público, sobre lo cual podemos indicar que
el primero consiste en aquel que se encuentra establecido cronológicamente , de
24
manera precisa en su iniciación y terminación en la Constitución Política; un
ejemplo de ello es el periodo constitucional del Presidente de la República;
mientras que en el segundo caso, no se establece la fecha en que se inicia ni
termina el periodo de un funcionario, sino que tan solo se indica el tiempo que
durará el mismo, un ejemplo de ello es el periodo constitucional otorgado a los
Alcaldes.
La Asamblea Departamental es una corporación administrativa compuesta por
mínimo once (11) y máximo treinta y un (31) diputados. Sus miembros son
elegidos por voto popular para un período de tres (3) años. Así lo establece el
Artículo 299 de la Carta Política: "En cada departamento habrá una Corporación
administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental,
la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno.
El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada
departamento, con base en su población círculos para la elección de diputados,
previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. El régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No
podrá ser menos estricto que el señalado para congresistas en lo que
corresponda. Los diputados no tendrán la calidad de funcionarios públicos. El
período de los diputados será de tres años. Con las limitaciones que establezca
la ley, tendrán derecho a honorarios por su asistencia a las sesiones
correspondientes (...)".
25
La Ley 617 de 2.000 -por la cual se reforman parcialmente la Ley 136 de 1.994, el
decreto extraordinario 1222 de 1.986, se adiciona la Ley Orgánica de
Presupuesto, el decreto 1421 de 1.993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización y se dictan normas para racionalizar el gasto
público-, en su único Artículo transitorio, señala el número de diputados
correspondiente a cada Departamento mientras se expide la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, o la Ley que regule el Régimen Departamental17:
26
17 Ley 617 de 2.000, Artículo transitorio.
Tabla 3. Número de Diputados por Departamento
DEPARTAMENTO No. DIPUTADOS
AMAZONAS Once (11)
ANTIOQUIA Veintinueve (29)
ATLANTICO Diecinueve (19)
ARAUCA Once (11)
BOLIVAR Dieciocho (18)
BOYACA Dieciocho (18)
CALDAS Dieciséis (16)
CAQUETA Quince (15)
CASANARE Once (11)
CAUCA Dieciséis (16)
CESAR Dieciséis (16)
CORDOBA Diecisiete (17)
CUNDINAMARCA Diecinueve (19)
CHOCO Quince (15)
GUAJIRA Quince (15)
GUAINIA Once (11)
GUAVIARE Once (11)
HUILA Dieciséis (16)
MAGDALENA Dieciséis (16)
META Quince (15)
27
NARIÑO Diecisiete (17)
NORTE DE SANTANDER Diecisiete (17)
PUTUMAYO Trece (13)
QUINDÍO Quince (15)
RISARALDA Dieciséis (16)
SAN ANDRES Once (11)
SANTANDER Diecinueve (19)
SUCRE Quince (15)
TOLIMA Diecisiete (17)
VALLE DEL CAUCA Veinticinco (25)
VAUPES Once (11)
VICHADA Once (11)
Continúa el Artículo 299 de la Constitución señalando las calidades requeridas
para poder aspirar a dicho cargo: "(...) Para ser elegido diputado se requiere ser
ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún años de edad, no haber sido
condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o
culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de elección”.
Cabe resaltar que la Asamblea Departamental es una corporación administrativa,
que colabora con el Gobernador en la administración del departamento. La única
corporación legislativa en Colombia es el Congreso de la República.
28
Al igual que para el período institucional del Gobernador, el Proyecto de Acto
Legislativo “sobre la Reforma de la Política Colombiana e Instrumentos para la
Paz”, aumenta el período de los diputados a cuatro (4) años, reformando el
segundo inciso del Artículo 299 de la Carta Política.
2.1.2 Autoridades Municipales. El Municipio es la entidad fundamental de la
división político administrativa del Estado en que se subdivide el territorio. La Ley
136 de 1.994 lo define expresamente -por primera vez- en su Artículo 1°, así: "El
Municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites
que le señalen la Constitución y la Ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio"18.
El Artículo 2º de la Ley 617 de 2.000, que reforma el Artículo 6° de la Ley 136 de
1.994, categorizó a los municipios y a los distritos para el cumplimiento de sus
funciones, dándole a cada categoría un régimen diferente de organización,
gobierno y administración. Estableció siete (7) categorías de municipios, teniendo
en cuenta la población y los recursos fiscales con que cuentan19:
29
18 Ley 136 de 1.994, Artículo 1° 19 Ley 617 de 2.000, Artículo 2°
Tabla 4. Categorización de los Municipios
CATEGORIA HABITANTES INGRESOS CTES.
Especial + 500.000 + 400.000 s.m.l.m.*
Primera 100.001 a 500.000 + 100.000 hasta 400.000 s.m.l.m.
Segunda 50.001 a 100.000 + 50.000 hasta 100.000 s.m.l.m.
Tercera 30.001 a 50.000 + 30.000 hasta 50.000 s.m.l.m.
Cuarta 20.001 a 30.000 + 25.000 a 30.000 s.m.l.m.
Quinta 10.001 a 20.000 + 15.000 a 25.000 s.m.l.m.
Sexta Hasta 10.000 Hasta 15.000 s.m.l.m.
Así mismo, la Constitución Política en su Artículo 320, en aras de señalar distinto
régimen de organización, gobierno y administración para los municipios, establece
la categorización de los mismos teniendo en cuenta, al igual que la Ley 136 de
1.994 y la Ley 617 de 2.000, su población y sus recursos fiscales; y añade la Carta
otros dos factores -olvidados en ambas Leyes- para establecer dicha
categorización, que son la importancia económica y la situación geográfica de
cada municipio.
"Las siete (7) categorías que creó la Ley 136 de 1.994 se van a utilizar para
determinar entre otros:
30
• Los períodos de sesiones de los concejos.
• Los honorarios de los concejales.
• Los salarios y prestaciones del alcalde.
• El salario del contralor.
• El salario del personero.
• La creación de comunas.
• La asignación de competencia para reconocer personería jurídica a las
juntas de acción comunal, las juntas de vivienda comunitaria y asociaciones
comunales de juntas.
• La creación de contralorías municipales.
• Las calidades del personero.
• Las calidades del secretario del Concejo"20.
A los Municipios les corresponde “prestar los servicios públicos que determine la
ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y
las leyes”, tal como lo señala el Artículo 311 de la Carta, el cual también reconoce
al Municipio como “entidad fundamental de la división político administrativa del
Estado”.
31
20 COTRINO DE VARON, Oliva; "Autoridades e instituciones municipales"; Régimen de las Entidades Territoriales; Universidad Externado de Colombia; Bogotá, marzo de 2000. Pág. 130
A nivel municipal, las autoridades gubernamentales son el Alcalde y el Concejo
Municipal.
El Alcalde es el jefe de la administración, representante legal, primera autoridad
policiva y quien ejerce la autoridad política en este nivel territorial. Así lo estipula el
Artículo 84 de la Ley 136 de 1.994: “En cada municipio o distrito habrá un Alcalde
quien ejercerá la autoridad política, será jefe de la administración local y
representante legal de la entidad territorial. El alcalde es la primera autoridad de
policía del municipio o distrito y tendrá el carácter de empleado público del
mismo”21.
De igual manera lo señala la Carta Política en su Artículo 314, el cual además
establece en su segundo inciso que en los casos taxativamente señalados por la
ley, el Presidente de la República y los gobernadores podrán destituir o
suspender a los alcaldes; y que por el ejercicio indebido de su cargo estos
funcionarios serán sancionados de conformidad con lo establecido en la Ley.
"El Alcalde debe ser dinámico, y en su calidad de ejecutivo le corresponde
planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones municipales e impulsar y
32
21 Artículo 84 de la Ley 136 de 1.994
participar en todo tipo de decisiones político administrativas que se requieran para
el desarrollo económico y social del municipio"22.
El Artículo 86 de la Ley 136 de 1.994 establece las calidades que se requieren
para aspirar a este cargo: “ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido y
ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana
durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período
mínimo de tres años (3) consecutivos en cualquier época”23.
Para el caso de los municipios del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina los requisitos son más exigentes, ya que el aspirante
al cargo debe ser residente del Departamento y debe estar domiciliado en la
respectiva circunscripción electoral por más de diez (10) años cumplidos con
anterioridad de la fecha de la elección. Así lo estipula el mismo Artículo 86 de la
Ley en su parágrafo24.
33
22 DOMINGUEZ GIRALDO, Gerardo; "Gerencia Municipal"; Editorial Biblioteca Jurídica, 1.995. Obra citada en: COTRINO DE VARON, Oliva; "Autoridades e instituciones municipales"; Régimen de las Entidades Territoriales; Universidad Externado de Colombia; Bogotá, marzo de 2000. Pág. 146. 23 Artículo 86, inciso 1º de la Ley 136 de 1.994 24 Artículo 86, parágrafo de la Ley 136 de 1.994
El Alcalde es, desde el Acto Legislativo No. 1 de 1.986, funcionario público de
elección popular sin posibilidad de reelección para el período inmediatamente
posterior. Así lo establecen el Artículo 314 de la Carta Política y el Artículo 85 de la
Ley 136 de 1.994, cual les otorga a sus periodos como autoridades locales el
carácter de personal mas no institucional: “Los alcaldes serán elegidos por
mayoría de votos de los ciudadanos en la misma fecha en la cual se elijan
gobernadores, diputados y concejales. Los alcaldes tendrán un período de tres
(3) años que se iniciará el primero de enero siguiente a la fecha de su elección y
no podrán ser reelegidos para el período siguiente”25.
El Proyecto de Acto Legislativo “sobre la Reforma de la Política Colombiana e
Instrumentos para la Paz”, aumenta el período institucional de los alcaldes a
cuatro (4) años.
El Concejo Municipal o Distrital es una corporación administrativa compuesta de
un número impar de concejales26, establecido previamente por la Registraduría
Nacional del Estado Civil teniendo en cuenta la población, sin que dicho número
sea inferior a siete (7) ni superior a veintiuno (21).
34
25 Artículo 85 de la Ley 136 de 1.994 26 La Ley 15 de 1.988 aumentó la cifra a un número impar para evitar los empates en las votaciones.
El Artículo 22 de la Ley 136 de 1.994, establece la composición de los concejos,
teniendo en cuenta la población del respectivo Municipio27:
Tabla 5. Composición de Concejos por Habitantes
HABITANTES No. CONCEJALES
Hasta 5.000 Siete (7)
5.001 a 10.000 Nueve (9)
10.001 a 20.000 Once (11)
20.001 a 50.000 Trece (13)
50.001 a 100.000 Quince (15)
100.001 a 250.000 Diecisiete (17)
250.001 a 1.000.000 Diecinueve (19)
1.000.001 en adelante Veintiuno (21)
Los concejales son elegidos por voto popular para un período de tres años,
contados a partir del 1° de enero del año siguiente a la elección hasta el 31 de
diciembre del tercer año. A diferencia del Alcalde, los concejales sí son
reelegibles para el período electoral inmediatamente siguiente.
El Concejo se encuentra reglado en el Artículo 312 de la Constitución Política: “En
cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para
3527 Artículo 22 de la Ley 136 de 1.994
períodos de tres (3) años que se denominará Concejo Municipal, integrada por no
menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo determine la ley, de
acuerdo con la población respectiva. La ley determinará las calidades,
inhabilidades e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones
ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán calidad de empleados
públicos. La ley podrá determinar los casos en que tenga derecho a honorarios
por su asistencia a sesiones. Su aceptación de cualquier empleo público,
constituye falta absoluta”.
Por su parte, el Artículo 50 de la Ley 136 de 1.994, establece también el período
de los concejales: “(…) serán elegidos para un período de tres (3) años que se
iniciará el primero de enero del año siguiente al de su elección y concluirá el
treinta y uno de diciembre del último año de dicho período”28.
Las calidades para poder ser elegido concejal son, según lo establece el Artículo
42 de la Ley 136 de 1.994: “ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser
residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana
durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un
período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época”. En el caso del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los
36
28 Artículo 50 de la Ley 136 de 1.994
requisitos son más exigentes ya que el aspirante a dicho cargo debe ser residente
del departamento y tener residencia en la respectiva circunscripción electoral por
más de diez (10) años cumplidos con anterioridad a la fecha de la elección29.
Al igual que las Asambleas Departamentales, el Concejo Municipal es un órgano
administrativo y no legislativo, que colabora con el Alcalde en la administración del
Municipio.
El Proyecto de Acto Legislativo “sobre la Reforma de la Política Colombiana e
Instrumentos para la Paz”, reforma el inciso primero del Artículo 312 de la Carta
Política aumentando el período de los concejales a cuatro (4) años.
En cuanto las votaciones que se realicen para la elección de las autoridades y
para la decisión de asuntos locales, el Artículo 316 de la Constitución Política
señala que “solamente pueden participar los ciudadanos residentes en el
respectivo municipio”. Por lo tanto alcaldes y concejales sólo pueden ser elegidos
por las personas mayores de dieciocho (18) años que residan en la respectiva
circunscripción territorial.
37
29 Artículo 42 de la Ley 136 de 1.994
Los Distritos son, al igual que los municipios, entidades territoriales que por poseer
ciertos atributos, se regulan por un régimen especial. En Colombia existen cuatro
(4) distritos, que son a la vez las ciudades capitales de sus respectivos
departamentos:
• Bogotá, Distrito Capital: Es la capital del Departamento de Cundinamarca y
es la capital de Colombia. De ahí su régimen especial, regulado en los
Artículos 322, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Constitución Política y en el
Decreto 1421 de 1.993.
• Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario: Es la capital del
Departamento del Atlántico y por su importancia portuaria y pujanza
industrial a nivel nacional, se le otorgó esta categoría en el Acto Legislativo
01 de agosto 17 de 1.993.
• Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural: Es la capital del
departamento de Bolívar; goza de esta categoría por ser la ciudad
colombiana turística por excelencia y por poseer un gran patrimonio de la
cultura colonial de nuestro país, que tuvo amplio desarrollo en la costa
caribe colombiana.
• Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico: Es la capital del
Departamento del Magdalena y última morada de nuestro libertador Simón
Bolívar, quien murió en la Quinta de San Pedro Alejandrino, ubicada en
esta ciudad. Encierra, al igual que Cartagena, una parte importante de
nuestra cultura colonial. En el Artículo 328 de la Carta Política se
38
establece la categoría de Distrito para las ciudades de Cartagena de Indias
y Santa Marta.
Actualmente, los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barraquilla se rigen por el
mismo régimen que los municipios. Así lo establecen la Constitución y el Acto
Legislativo 01 de 1.993.
El Artículo 328 de la Carta Política, que es el que les otorga la calidad de distritos
a Cartagena y Santa Marta, establece que éstas “conservarán su régimen y
carácter”.
En lo que respecta a Barranquilla, el Acto Legislativo 01 de 1.993, en su Artículo
1º, inciso tercero establece: “Su régimen político, fiscal y administrativo será el que
determinen la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en
lo no dispuesto en ellas, las disposiciones vigentes para el municipio”30 (el
subrayado es nuestro). Como aún no se ha dictado su régimen especial, se regirá
por lo que se encuentra establecido para los municipios y anteriormente estudiado.
30 Artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 1.993, inciso tercero.
39
Una de las características sobresalientes del régimen del Distrito Capital es la de
la elección de las autoridades, ya que como se encuentra establecido en el
Artículo 327 de la Constitución, los ciudadanos de la capital de la República
inscritos en el censo electoral, no participan en la elección de los diputados para la
Asamblea Departamental y en la del Gobernador de Cundinamarca. Por lo tanto,
tal como lo establece el inciso segundo del Artículo 7º del Decreto 1421 de 1.993,
las disposiciones de estos dos organismos departamentales no rigen en el
territorio distrital, salvo en lo referente a las rentas departamentales que deban
recaudarse en Bogotá de conformidad con las normas vigentes.
Otra especialidad de este régimen es la elección de ediles, los cuales conforman
las Juntas Administradoras Locales (JAL) y están encargados de la
administración local del Distrito Capital. El inciso tercero del artículo 322 de la
Carta Política, que hace referencia a la administración de esta entidad territorial,
establece lo que a cada autoridad le corresponde: “A las autoridades distritales
corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de
los asuntos propios de su territorio”.
Las autoridades que gobiernan y administran el Distrito Capital, tal como lo
establece el artículo 5º del decreto 1421 de 1.993, son:
40
• “El Concejo Distrital.
• El Alcalde Mayor.
• Las Juntas Administradoras Locales.
• Los Alcaldes y demás autoridades locales.
• Las Entidades que el Concejo, a iniciativa del Alcalde Mayor, cree y
organice”31.
El Concejo Distrital es la suprema autoridad distrital. Le corresponde dictar
normas de carácter administrativo y velar y controlar la gestión de las demás
autoridades distritales. Se compone de un (1) concejal por cada ciento cincuenta
mil (150.000) habitantes o fracción mayor de setenta y cinco mil (75.000) que
tenga el Distrito. Teniendo en cuenta el estimativo de población que elabore el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) o la entidad que
haga sus veces el 31 de diciembre del año anterior a cada elección, la
Registraduría Nacional del Estado Civil establecerá el número de concejales, tal
como lo disponen la Constitución y la ley.
Los concejales son elegidos popularmente para un período de tres (3) años, que
se iniciará el 1º de enero siguiente a su elección y concluirá el último día del mes
41
31 Artículo 5º del Decreto 1421 de 1.993
de diciembre en que termine el respectivo período, tal como lo dispone el Artículo
10º del decreto 1421 de 1.993, en su inciso primero.
El Artículo 27 del Decreto 1421 de 1.993 establece las calidades requeridas para
aspirar al Concejo de Bogotá; así mismo qué hacer en caso de presentarse
vacancia en el cargo por faltas absolutas de los concejales: “Para ser elegido
concejal se exigen los mismos requisitos que para ser Representante a la
Cámara32 y haber residido en la ciudad durante los dos años anteriores a la
elección. Los concejales no tendrán suplentes. Las vacantes originadas en sus
faltas absolutas serán llenadas por los candidatos no elegidos en la misma lista
según el orden sucesivo y descendente de inscripción33”.
El Alcalde Mayor es el jefe de gobierno y de la administración distrital, su primera
autoridad de policía y su representante legal, judicial y extrajudicial. Es elegido
por voto popular para un período de tres (3) años sin posibilidad de reelección
para el período siguiente, en la misma fecha en que se eligen concejales y ediles.
Tomará posesión de su cargo ante el Juez Primero Civil Municipal o en su defecto
ante uno de los notarios de Bogotá. Así lo establecen la Constitución y la ley.
42
32 De conformidad con lo establecido en el Artículo 177 de la Constitución Política: “Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco (25) años de edad en la fecha de la elección”. 33 Artículo 27 del Decreto 1421 de 1.993
Para aspirar a este cargo se exigen los mismos requisitos que para ser elegido
Senador de la República34 y haber residido en el Distrito los últimos tres (3) años
anteriores a la fecha de la inscripción de la candidatura, tal como lo dispone el
Artículo 36 del Decreto 1421 de 1.993 en su segundo inciso.
En caso de falta absoluta del Alcalde Mayor, el Artículo 48 del Decreto 1421 de
1.993 dispone lo siguiente: “Si la falta absoluta se produjere antes de
transcurridos dieciocho (18) meses del periodo del alcalde, el Presidente de la
República, en el decreto de encargo, dispondrá que la nueva elección tenga lugar
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición del citado decreto.
El Alcalde así elegido lo será para el resto del período. Si la falta absoluta se
presentare dentro de la segunda mitad del respectivo periodo constitucional, el
Presidente designará alcalde para el resto del período. Los alcaldes escogidos
conforme a las previsiones de este artículo, tomarán posesión del cargo dentro de
los ocho (8) días siguientes a la declaratoria de la elección o a la comunicación de
su nombramiento según el caso”35. Cabe aclarar que para el alcalde designado
por decreto, se exigen los mismos requisitos que para los candidatos a elección
popular para este cargo.
43
34 Artículo 172 de la Constitución Política: “Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta (30) años de edad en la fecha de la elección”. 35 Artículo 48 del Decreto 1421 de 1.993
El Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde Mayor, denominará, limitará y otorgará
funciones a las localidades administrativas y dictará las demás disposiciones
necesarias para su funcionamiento y organización, teniendo en cuenta la
cobertura de los servicios básicos, comunitarios e institucionales y las
características sociales de sus habitantes y demás aspectos que identifiquen cada
localidad en que se divide administrativamente el Distrito Capital, como lo señala
el Artículo 62 del Decreto 1421 de 1.993.
El Artículo 60 del Decreto 1421 de 1.993 señala, por su parte, los objetivos y
propósitos que debe garantizar la división territorial del Distrito Capital, a saber:
• “Que la comunidad o comunidades que residan en ellas se organicen,
expresen institucionalmente y contribuyan al mejoramiento de sus
condiciones y calidad de vida.
• La participación efectiva de la ciudadanía en la dirección, manejo y
prestación de los servicios públicos, la construcción de obras de interés
común y el ejercicio de las funciones que correspondan a las autoridades.
Dicha participación también debe tener lugar en la fiscalización y vigilancia
de quienes cumplan tales atribuciones.
• Que a las localidades se pueda asignar el ejercicio de algunas funciones,
la construcción de las obras de interés común y el ejercicio de las
funciones que correspondan a las autoridades. Dicha participación también
44
debe tener lugar en la fiscalización y vigilancia de quienes cumplan tales
atribuciones.
• Que a las localidades se pueda asignar el ejercicio de algunas funciones,
la construcción de las obras y la prestación de los servicios cuando con ello
se contribuya a la mejor prestación de dichos servicios, se promueva su
mejoramiento y progreso económico y social.
• Que también sirvan de marco para que en ellas se puedan descentralizar
territorialmente y desconcentrar la prestación de los servicios y el ejercicio
de las funciones a cargo de las autoridades distritales, y
• El adecuado desarrollo de las actividades económicas y sociales que se
cumplan en cada una de ellas36”.
Las Juntas Administradoras Locales son elegidas por el voto popular de los
ciudadanos de cada una de las circunscripciones locales –de cada localidad-, para
períodos de tres (3) años. Cada JAL cuenta con mínimo siete (7) ediles;
corresponde al Concejo Distrital determinar el número de cada una de acuerdo
con la población de la respectiva localidad.
Será elegida una Junta Administradora Local por cada localidad en que se divida
administrativamente el territorio de Bogotá, D.C. Sólo los ciudadanos que hagan
45
36 Artículo 60 del Decreto 1421 de 1.993
parte del censo electoral que para cada localidad establezcan las autoridades
competentes podrán participar de las votaciones para elegir ediles de la respectiva
localidad, como se encuentra establecido en el Artículo 64 del Decreto 1421 de
1.993.
El Artículo 65 del Decreto 1421 de 1.993 señala los requisitos que deben cumplir
los candidatos a ediles y a alcaldías locales: “Para ser elegido edil o nombrado
alcalde local se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o
desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la
respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la
elección o nombramiento37”.
Los Alcaldes Locales son funcionarios de la administración distrital, nombrados
por el Alcalde Mayor de terna enviada por la Junta Administradora de la respectiva
localidad. Estos funcionarios pueden ser removidos en cualquier tiempo por
quien los nombró, caso en el cual la respectiva JAL deberá nuevamente integrar y
enviar terna al Alcalde Mayor quien deberá nombrar el reemplazo. El mismo
procedimiento se seguirá para los casos de faltas absolutas del alcalde local; en
los casos de faltas temporales, el Alcalde Mayor designará su reemplazo por el
tiempo necesario. Así lo establece el Artículo 84 del Decreto 1421 de 1.993.
46
37 Artículo 65 del Decreto 1421 de 1.993
De esta manera se integra la administración del Distrito Capital, que distribuirá sus
funciones y competencias teniendo en cuenta los principios de concurrencia,
subsidiariedad y complementariedad.
En aras de la preservación de la cultura, usos y costumbres indígenas, dando así
cabal cumplimiento a los principios fundamentales de nuestra Carta, entre los que
se encuentran la característica pluralista de nuestra Nación, el reconocimiento y
protección que el estado debe a la diversidad étnica y cultural colombianas y la
obligación de todos de proteger las riquezas culturales de la Nación, se establece
un tipo especial de entidad territorial: las entidades territoriales indígenas.
El Artículo 329 de la Constitución Política estipula que un territorio indígena puede
conformarse como entidad territorial, si se sujeta a lo establecido en la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial. Le corresponde al Gobierno Nacional, con
la participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo
concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, delimitarla.
La Constitución, en su Artículo 330, establece quién ejerce la autoridad en este
tipo especial de entidad territorial y sus respectivas funciones; dice así el artículo
en mención:
47
“De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán
gobernados por concejos conformados y reglamentados según los usos y
costumbres de sus comunidades y ejercerá las siguientes funciones:
• Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y
poblamiento de sus territorios.
• Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y
social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de
Desarrollo.
• Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida
ejecución.
• Percibir y distribuir sus recursos.
• Velar por la preservación de los recursos naturales.
• Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes
comunidades en su territorio.
• Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de
acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
• Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás
entidades a las cuales se integren; y
• Las que les señalen la Constitución y la ley (…)”.
48
2.2 CAPACIDAD NORMATIVA
Una norma jurídica es la descripción de una conducta con relevancia para el
Derecho en un tiempo y lugar determinado, que establece facultades, deberes y
en caso del incumplimiento injusto de dichos deberes, la respectiva sanción
coactiva.
Mediante la expedición de normas jurídicas, las autoridades de los distintos
niveles territoriales manifiestan sus decisiones en aras de dar cabal cumplimiento
a todas sus competencias. La capacidad normativa que tienen las autoridades
territoriales es otra de las características de la autonomía. Gracias a esta
capacidad, las autoridades territoriales pueden concretar su deber-facultad de
administrar las entidades territoriales y pueden encaminar el destino político de las
respectivas localidades.
En este capítulo analizaremos la capacidad normativa de las autoridades
territoriales, comenzando por el estudio de las funciones que constitucional o
legalmente a cada una de ellas le corresponde. De esta manera veremos cómo
49
de sus funciones se desprende dicha capacidad de reglar sus localidades.
Concluiremos con el estudio de las Ordenanzas Departamentales y los Acuerdos
Municipales.
2.2.1 Les corresponde a las Asambleas Departamentales mediante
Ordenanzas (Artículo 300 de la Constitución Política):
1. “Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a
cargo del departamento.
2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el
turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de
comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera.
3. Adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo
económico y social y los de obras públicas, con la determinación de las
inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su
ejecución y asegurar su cumplimiento.
4. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios
para el cumplimiento de las funciones departamentales.
5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el
presupuesto anual de rentas y gastos.
6. Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear y suprimir municipios,
segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias.
50
7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones
de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus
distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las
empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la
formación de sociedades de economía mixta.
8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición
legal.
9. Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos,
enajenar bienes y ejercer, pro témpore, precisas funciones de las que
corresponden a las asambleas departamentales.
10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la
salud en los términos que determine la ley; y
11. Cumplir las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley.
Los planes y programas de desarrollo y de obras públicas, serán
coordinados e integrados con los planes y programas municipales,
regionales y nacionales.
Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las que
decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes
departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento o los
traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador”.
51
La Constitución en su Artículo 301, establece que la ley señalará los casos en que
la Asamblea puede delegar las funciones que ella determine a los Concejos
Municipales, funciones que podrá reasumir en cualquier momento.
Mediante la expedición de Ordenanzas Departamentales, las Asambleas ejercen
su capacidad normativa colaborando de esta manera con el Gobernador en la
administración de su Departamento.
2.2.2 Atribuciones del Gobernador (Artículo 305 de la Carta Política):
1. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del
Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.
2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de
conformidad con la Constitución y las leyes.
3. Dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la
delegación que le confiera el Presidente de la República.
4. Presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de
ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social,
obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
52
5. Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los
establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del
Departamento. Los representantes del departamento en las juntas
directivas de tales organismos y los directores o gerentes de los mismos
son agentes del gobernador.
6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas,
industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y
económico del departamento que no correspondan a la Nación y a los
municipios.
7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las
ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear
obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio
en el presupuesto inicialmente aprobado.
8. Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las
ordenanzas.
9. Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los
proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.
10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por
motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal
competente para que decida sobre su validez.
11. Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las
entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la
Nación.
12. Convocar a la asamblea departamental a sesiones extraordinarias en las
que sólo se ocupará de los temas y materias para lo cual fue convocada.
53
13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes
o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que
operen en el departamento, de acuerdo con la ley.
14. Ejercer las funciones administrativas que le delegue el Presidente de la
República.
15. Las demás que le señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas”. (El
subrayado es nuestro).
Como podemos ver, la capacidad normativa del Gobernador se refleja en la
facultad que tiene de presentar proyectos de Ordenanzas a la Asamblea del
respectivo Departamento. Así mismo, en su atribución de revisar, objetar o
sancionar las Ordenanzas aprobadas por la Asamblea y de revisar las actuaciones
de las autoridades municipales (Concejos y Alcaldías) de su Departamento y de
enviarlas al Tribunal competente para que éste decida sobre su validez.
2.2.3 Funciones de los Concejos Municipales (Artículo 313 de la Carta Política):
1. “Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo
del municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico
y social y de obras públicas.
54
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y para que ejerza pro tempore
precisas funciones de las que corresponden al Concejo.
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos
locales.
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el
presupuesto de rentas y gastos.
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde,
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar
la constitución de sociedades de economía mixta.
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar
y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación
de inmuebles destinados a vivienda.
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que
ésta determine.
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio.
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen”.
De esta manera corresponde a los Concejos Municipales colaborar con la
administración del respectivo municipio, y es mediante la expedición de Acuerdos
55
Municipales que se logra este objetivo. Es así como su capacidad normativa se
ve reflejada en la facultad que tienen de expedir Acuerdos, de conformidad con la
Constitución y la Ley.
2.2.4 Atribuciones Constitucionales del Alcalde (Artículo 315 de la Constitución Política):
1. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno,
las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del
respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del
municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de
las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo
judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su
dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos
y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con
las disposiciones pertinentes.
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad
con los acuerdos respectivos.
56
5. Presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo sobre planes
y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto
anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la
buena marcha del municipio.
6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y
objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento
jurídico.
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones,
presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a
sesiones extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y
materias para los cuales fue citado.
9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el
presupuesto.
10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen”. (El subrayado es
nuestro).
La capacidad normativa de los Alcaldes está dada por la facultad que tienen de
presentar al Concejo los proyectos de acuerdo sobre los temas determinados en la
Constitución y la Ley y de sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere
57
aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al
ordenamiento jurídico.
2.2.5 Ordenanzas Departamentales y los Acuerdos Municipales. Las
Ordenanzas Departamentales son consideradas fuente principal del Derecho en el
ordenamiento jurídico colombiano. Son de obligatorio cumplimiento para todos
los habitantes del respectivo departamento en el que sean expedidas. Tratan
temas esenciales para la administración departamental. En cuanto a su jerarquía
jurídica en relación a ciertos temas, como el orden público o el medio ambiente, se
encuentran en un nivel superior al de los Acuerdos municipales y en uno de menor
jerarquía en cuanto a los Decretos presidenciales. Es así que deben respetar la
Constitución Política, las leyes expedidas por el Congreso y los Decretos
presidenciales, estos últimos en relación a ciertas materias.
Las Ordenanzas son expedidas por la Asamblea Departamental, de proyectos
presentados por los diputados, el Gobernador, puede también presentar
oportunamente a la asamblea departamental proyectos de ordenanza sobre
planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y
presupuesto anual de rentas y gastos. El artículo 300 de la Constitución Política,
indica que le corresponde hacer a las Asambleas Departamentales por medio de
ordenanzas.
58
Los Acuerdos Municipales son también fuente principal del Derecho, al igual que
las Ordenanzas. Su obligatoriedad está restringida territorialmente a los habitantes
del municipio en cuestión. Los temas que trata son fundamentales para su
administración y de conformidad con la Ley 136 de 1.993, en su Artículo 72, deben
referirse a una misma materia siendo inadmisibles las disposiciones o
modificaciones que no se relacionen con ella.
Jerárquicamente se encuentran en un nivel inferior al de las Ordenanzas
departamentales en el ordenamiento jurídico colombiano, por lo tanto no pueden
contrariar la Constitución Política, las Leyes, las Ordenanzas departamentales, y
en relación a determinadas materias como lo son el tema ambiental o de orden
público, deben respetar los Decretos presidenciales y los Decretos del
Gobernador.
Los Acuerdos son expedidos por el Concejo Municipal, a iniciativa de los
concejales, el alcalde, los personeros, contralores o Juntas Administradoras
Locales en las materias relacionadas con sus atribuciones y del pueblo, de
conformidad con la ley estatutaria que regula la participación ciudadana. Así lo
dispone el Artículo 71 de la Ley 136 de 1.994 en su primer inciso. En el segundo
inciso del Artículo 72 de la Ley 136 de 1.994, se establece que todo proyecto debe
ir acompañado de una exposición de motivos que explique sus alcances y las
59
razones que lo sustentan.
De conformidad con lo ordenado en el primer parágrafo del Artículo 71 de la Ley
136 de 1.994, sólo a iniciativa del Alcalde podrán ser dictados los acuerdos que
hagan referencia a los numerales 2, 3 y 6 del Artículo 313 de la Constitución
Política, es decir los que hagan referencia a la adopción de los correspondientes
planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas; a la
autorización al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo; y a la determinación de la
estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos,
y la creación, a iniciativa del alcalde, de establecimientos públicos y empresas
industriales o comerciales y autorización de la constitución de sociedades de
economía mixta.
El segundo parágrafo del Artículo 71 de la Ley 136 de 1.993 dispone, por su parte,
que los proyectos de acuerdo que hagan referencia a la división del territorio
municipal en comunas y corregimientos y la creación de Juntas Administradoras
Locales, pueden ser dictados por iniciativa del Alcalde, de los concejales o del
pueblo.
60
El proyecto de Acuerdo deberá ser presentado ante la Secretaría del Concejo,
quien lo repartirá a la comisión correspondiente para que se surta un primer
debate. Si dicho proyecto no es aprobado en este debate, puede ser nuevamente
considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del
gobierno municipal o de los proponentes en el caso de iniciativa popular. De no
presentarse dicha solicitud, el proyecto será archivado.
Si el proyecto es aprobado en el primer debate, a los tres (3) días será surtido un
segundo debate en la sesión plenaria del Concejo. Si es aprobado en este
segundo debate, el proyecto será pasado dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al Alcalde para su sanción. La Presidencia del Concejo será la
encargada de designar un ponente para cada uno de los debates.
El Alcalde pude objetar los proyectos de acuerdo por razones de inconveniencia o
por ser contrarios a la Constitución, a la Ley y a las Ordenanzas. Cuenta con
cinco (5) días para devolver al Concejo con objeciones un proyecto de no más de
veinte (20) artículos, de diez (10) días cuando sea de veintiuno (21) a cincuenta
(50) artículos y de veinte días (20) cuando exceda de cincuenta (50) artículos.
El Alcalde puede convocar a reunión al Concejo cuando éste no se encuentre
61
reunido para este objeto en la semana siguiente a la fecha de las objeciones. En
caso en que la plenaria del Concejo rechace las objeciones que haya realizado el
Alcalde por razones de inconveniencia, este funcionario debe sancionar el
proyecto en un término no menor a ocho (8) días, de no hacerlo, el presidente de
la corporación procederá a sancionarlo y publicarlo.
Si las objeciones son por causa de contrariar la Constitución, la Ley o las
Ordenanzas, y el Concejo no acoge dichas objeciones, dentro de los diez (10)
días siguientes el Alcalde debe enviar el proyecto, junto con una exposición de
motivos de las objeciones al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el
respectivo municipio. Si dicho Tribunal considera las objeciones motivadas, el
proyecto se archivará; de no ser así, el Alcalde sancionará el proyecto dentro de
los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva.
Si el Tribunal considera parcialmente viciado el proyecto, debe comunicarlo al
Concejo para que éste lo reconsidere; cumplido dicho trámite se remitirá
nuevamente el proyecto al Tribunal para el fallo definitivo.
Para dar cabal cumplimiento al numeral 10 del Artículo 305 de la Constitución,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la sanción el Alcalde debe enviar copia
62
del acuerdo al Gobernador para que lo revise. La revisión no suspende los
efectos de los acuerdos.
Luego de sancionado un Acuerdo, éste debe publicarse dentro de los diez (10)
días siguientes en el respectivo diario, gaceta o emisora local o regional en aras
de darle publicidad a dicha norma.
63
3. EVOLUCIÓN NORMATIVA EN COLOMBIA
El Voto Programático ha tenido una corta trayectoria legislativa en Colombia, ya
que sólo hasta la Constitución Política de 1.991 fue que apareció en nuestro país
esta institución.
El Artículo 259 de la Carta Política de 1991 consagra el voto programático en el
país: “Quienes elijan Gobernadores y Alcaldes, imponen por mandato al elegido el
programa que presentó al inscribirse como candidato. La Ley reglamentará el
ejercicio del voto programático”.
En este Artículo se impone a Gobernadores y Alcaldes, primeras autoridades de
las administraciones territorial y local, la obligación de dar cumplimiento a su
programa de gobierno. Otorga a la ley la facultad de reglamentar esta materia.
Por ser el Presidente de la República, suprema autoridad administrativa del país,
64
Jefe de Gobierno y Jefe de Estado que representa a la República de Colombia a
nivel nacional e internacional y simboliza la unidad nacional, es incoherente
aplicarle el voto programático pues ello desestabilizaría al país no solo dentro de
su contexto interno, sino en la misma imagen internacional colombiana.
El voto programático se encuentra reglamentado en la Ley 131 de mayo 1º de
1.994, la cual en su artículo 1º lo conceptualiza: “(...) se entiende por voto
programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que
votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el
cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral
en la inscripción de su candidatura”38.
Es así como mediante este mecanismo de participación ciudadana se consolida el
concepto de representación, ya que es en los programas de gobierno en los que
los candidatos a gobernaciones y alcaldías, expresan su voluntad y sus ideas de
gobierno. Por lo tanto la ciudadanía elige no a una persona, sino a sus ideas y
examina si éstas concuerdan con sus necesidades colectivas. De ahí el
imperativo de que dichas autoridades cumplan con el programa por el cual fueron
elegidos; ellos no representan sus intereses personales sino los colectivos de una
65
38 Artículo 1 de la Ley 131 de 1.994
comunidad.
En este orden de ideas, la Ley 134 de mayo 31 de 1.994, que hace referencia a
los mecanismos de participación ciudadana, establece en su Artículo 6º como uno
de estos mecanismos la revocatoria del mandato, que es el resultado o la
consecuencia de la aplicación del voto programático.
Dice así el artículo en mención: “La revocatoria del mandato es un derecho
político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le
han conferido a un gobernador o a un alcalde”39.
De esta manera si una autoridad administrativa territorial incumple con su
programa de gobierno, la ciudadanía que lo eligió podría revocarlos de su
mandato, el cual fue conferido por el mismo pueblo.
66
39 Artículo 6º de la Ley 134 de 1.994
3.1 LEY 741 DE MAYO 31 DEL 2002, “POR LA CUAL SE REFORMAN LAS
LEYES 131 DE 1994 Y 134 DE 1994 REGLAMENTARIAS DEL VOTO
PROGRAMÁTICO”
El pasado 31 de mayo de 2002, el Congreso de la República expidió una nueva
ley reformatoria de las Leyes 131 y 134 de 1994, las cuales reglamentan el voto
programático. La Ley 741 de 2002 consta de tres (3) Artículos.
El Artículo 1º de la Ley 741/02 reforma los Artículos 7º de la Ley 131 de 1.994 y 64
de la Ley 134 de 1994, estableciendo:
“La revocatoria del mandato procederá, siempre y cuando se surtan los siguientes
requisitos:
1. Haber transcurrido no menos de un año, contado a partir del momento de
la posesión del respectivo alcalde o gobernador.
2. Mediar por escrito, ante la Registraduría Nacional, solicitud de
convocatoria a pronunciamiento popular para revocatoria, mediante un
memorial que suscriban los ciudadanos en un número no inferior al 40%
del total de votos que obtuvo el elegido”40. (El subrayado es nuestro).
6740 Artículo 1º de la Ley 741 de 2002
De esta manera se reforma el numeral segundo del Artículo 7º de la Ley 131 de
1994 y el inciso primero del Artículo 64 de la Ley 134 de 1994, al establecer que la
revocatoria sólo procede si el 40% del número de votos que tuvo el elegido
suscriben la solicitud. En las Leyes 131 y 134 de 1.994 se establece que la
revocatoria procede cuando el 40% de votos válidos suscribe dicha solicitud, sin
especificar si ese 40% debe corresponder con los electores que votaron por el
elegido o no. Por lo tanto se hace más exigente y limitada la solicitud de
convocatoria para la revocatoria del mandato pues sólo los ciudadanos que votan
a favor del elegido pueden ejercer este derecho. Así mismo, se ve mejor reflejado
el concepto de representación, pues si un ciudadano vota en contra de un
candidato, quiere decir que sus intereses no se encuentran representados por el
programa político de éste.
El Artículo 2º de la Ley 741/02 reforma los Artículos 11 de la Ley 131 de 1994 y 69
de la Ley 134 de 1994 que establecen que:
“(...) para gobernadores y alcaldes al ser ésta aprobada en el pronunciamiento
popular por un número de votos no inferior al 60% de los ciudadanos que
participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no
sea inferior al 60% de la votación registrada el día en que se eligió al mandatario,
y únicamente podrán sufragar quienes lo hayan hecho en la jornada electoral en la
68
cual se eligió al respectivo gobernador o alcalde”41. (El subrayado es nuestro).
En el artículo 2º de la Ley 741 de 2002 se establece una mayoría de la mitad más
uno, ya no un 60%, de los votos de los ciudadanos que participen en el
pronunciamiento popular en el que se trate el tema de la revocatoria del mandato.
Además establece que dicho porcentaje será aceptado siempre y cuando el
número de sufragios no sea inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la
votación válida registrada el día en que se elige al respectivo gobernador o
alcalde.
Luego, para que un mandatario sea revocado es necesaria una mayoría simple –la
mitad más uno- y no una mayoría absoluta –sesenta por ciento (60%)- de los
ciudadanos que participen en esta convocatoria, con lo que se hace más
asequible la destitución de quien no cumple con su programa de gobierno. Sin
embargo, por las implicaciones sociales y políticas que puede traer una
revocatoria infundada, la Ley establece un porcentaje de participación en la
convocatoria –cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada
el día en que se elige al respectivo gobernador o alcalde- relativamente alto, que a
nuestro juicio es más que justificable para que el pueblo madure la iniciativa de
revocatoria del mandato.
69
41 Artículo 11 de la Ley 131 de 1994 y Artículo 69 de la Ley 134 de 1994.
Con respecto a este punto, la Corte Constitucional en Sentencia C-179 de 2002,
precisa que la participación es hoy más amplia, ya que no solamente lo pueden
hacer quienes eligieron al Alcalde o Gobernador respectivo, sino “todos los
ciudadanos que tienen derecho a hacerlo”, como lo expresa el ente en mención.
Finalmente, el Artículo 3º de la Ley 741 de 2002 indica el momento a partir del
cual ésta cobra fuerza ejecutoria, que es desde su promulgación. Así mismo
establece que derogará todas las anteriores disposiciones que la contraríen.
70
4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU ENFOQUE FILOSÓFICO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991
La participación es uno de los valores fundamentales del Estado Social de
Derecho. A través de ella, el individuo decide directamente sobre asuntos que
atañen a un desarrollo social y comunitario, y por ende, a su personal existencia.
Es un acto de la voluntad por medio de la cual los ciudadanos, toman una posición
en virtud de aquellos hechos o situaciones de los cuales se es partícipe.
La Constitución Política, en el prólogo y en algunos de los artículos, reconoce la
participación como uno de los valores supremos de la organización constitucional
del país. Además establece que dicha facultad se encuentra en cabeza del
ciudadano, pues es en ellos en que ésta se convierte en un Derecho Fundamental
por medio del cual el ciudadano participa en el control, ejercicio y conformación del
poder político de Colombia, a través de cualquier forma de participación ciudadana
(elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares entre otras).
Un ejemplo claro de esto es lo estipulado por la Carta en sus dos primeros
artículos, los cuales colocan la participación al lado de un Estado Social de 71
Derecho, República Unitaria, Descentralizada, con entidades territoriales
autónomas, Democrática y Pluralista, en la cual uno de los fines esenciales del
Estado es el facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política administrativa y cultural de la nación.
El principio del cual parte la Nueva Constitución Política es el de la soberanía
popular, esto es, el reconocimiento expreso de que el poder político en Colombia
tiene su fundamento y su legitimidad en la participación ciudadana. El concepto
de democracia es ampliado en el Artículo primero de la Carta Constitucional con
las dimensiones del pluralismo y la participación.
"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista...". Esta afirmación hace parte de los
principios fundamentales de la Constitución de 1991, y demuestra cómo la
sociedad fue habilitada para integrarse, concertar, controlar y ejercer libre
vigilancia de la gestión pública.
La figura de la participación ciudadana se empezó a consagrar en el mismo
momento en que se debilitó el parlamento como representante de la sociedad civil.
Es por ello que la participación ciudadana encuentra su origen en la ineficacia
72
estatal, ineficacia vista en la distorsión de los fines del sector público, en la
desigualdad en el desarrollo regional, en la ausencia de participación de la
ciudadanía, en la excesiva regulación y tramitología por parte de la administración,
por la ineficiencia y corrupción de la misma. Es por ello que la participación
ciudadana entró como una forma de control al clientelismo y a la politización
grupista o partidista.
Desde nuestro punto de vista, la participación ciudadana tiene la importancia que
posee hoy en día y se instituyó con rango constitucional debido a que en un
Estado Social de Derecho, somos los ciudadanos quienes debemos indicar o
escoger quiénes serán las personas que van a regir los destinos del País, a tomar
aquellas decisiones que afectan a la comunidad y por ende a cada uno de
nosotros como individuos de una sociedad.
La participación ciudadana es una acción colectiva que tiene cada uno de los
ciudadanos para de esta manera incidir en la formación, control, gestión y
discusión de la actividad pública para así buscar el beneficio de la comunidad.
Como bien lo indica John Naisbitt en su obra titulada Megatendencias:
La ética de la participación está extendiéndose y cambiando de forma radical el modo en que pensamos que las personas pertenecientes a las instituciones deberían ser gobernadas. Ciudadanos, trabajadores y consumidores están pidiendo y obteniendo más voz en el gobierno, los negocios y el mercado. Las personas cuyas vidas son afectadas por una
73
decisión deben formar parte del proceso por el que se toma esa decisión. El principio orientador de esa democracia participativa es: la gente debe formar parte en el proceso de hacer decisiones que afectan sus vidas. Estemos o no de acuerdo con la idea, la democracia participativa ha penetrado en el corazón de nuestro sistema de valores. Su mayor impacto estará en el gobierno y las corporaciones.
Hoy en día al hablar de democracia se necesita que la sociedad reconozca nuevas
reglas y nueva institucionalidad socio-política para el logro de los objetivos de
desarrollo y justicia.
El debate sobre la democracia en Colombia tiene raíces profundas en la
convulsionada realidad del país, teniendo en cuenta circunstancias como: la crisis
de legitimación del régimen político colombiano debido a la incapacidad del Estado
para garantizar a la población una mejora en la calidad de sus vidas; y la apertura
de las instituciones políticas en todos sus niveles a la participación ciudadana.
Este cúmulo de circunstancias explica el descontento de los diversos sectores de
la población con el régimen, los partidos, y en fin, con la institucionalidad política
vigente. El modelo de democracia directa recupera el principio de la participación
de los asociados en la toma de decisiones.
La Constitución de 1991 estableció las formas de participación democrática e
74
indicó que ellas son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su
soberanía.
A continuación, haremos una enunciación y breve reseña de los diversos
mecanismos de participación ciudadana, indicando en qué consisten:
1) El Voto: Mecanismo mediante el cual el ciudadano manifiesta su voluntad con
efectos electorales, indispensable en toda elección.
2) Plebiscito: Acto mediante el cual el pueblo deliberadamente escoge y
determina su rumbo; la Carta no distingue claramente entre éste y la consulta
popular.
3) Referendo: Mecanismo mediante el cual el pueblo aprueba o rechaza las
decisiones de las autoridades, expresadas en una normatividad; lo hay para
derogar reformas constitucionales y leyes, para aprobar reformas a la Constitución
y para convocar asambleas constituyentes.
4) Consulta popular: Acto a través del cual el gobernante acude a la opinión
pública para sondear sus expectativas y luego tomar una decisión.
5) Cabildo Abierto: Congregación del pueblo soberano para discutir libremente los
asuntos que le interesen o afecten.
6) Iniciativa Legislativa: Posibilidad que tienen un grupo de ciudadanos para
75
presentar directamente propuestas de ley y de reforma constitucional.
7) Revocatoria del Mandato: Mecanismo que permite a los votantes remover y
reemplazar a un representante. Otorga un mayor poder decisorio a la comunidad
en el momento de escoger la mejor opción para satisfacer los anhelos colectivos,
además de facultarla para revocar el mandato del elegido en caso de
incumplimiento.
Entre la Constitución de 1886 y la de 1991, existe un cambio o tránsito que fue
esencial y es el paso de la democracia representativa a una mayor presencia de la
democracia participativa; fue el convocar al constituyente primario, es decir al
pueblo, para volverlo protagonista de las grandes decisiones y convocarlo a
asumir la defensa de sus propios derechos e intereses.
El Estado debe garantizar la participación democrática: “En cumplimiento del
mandato, el constituyente de 1991 plasmó en su Carta todo un procedimiento que
se cree modernamente idóneo en cuanto a la participación del pueblo en la vida
democrática del país y para ello dictó una serie de mecanismos que pretenden
facilitar esa participación enfatizando que: la soberanía reside esencialmente en el
pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por
medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Para
la práctica de estos mecanismos es esencial el voto o sufragio, el cual es definido
76
como el derecho que tiene todo ciudadano para elegir y ser elegido, con el objeto
de participar en la toma de decisiones y formar parte del poder para esa toma de
decisiones. Sencillamente, para escoger la persona o personas que representen
en determinado puesto o corporación (...)”42.
La participación y la democracia aparecen como principios constitutivos de la
organización del Estado, como parte de su nueva identidad. La apelación a la
participación es el fundamento mismo del ordenamiento político, puede ser
interpretado además como el fundamento de la distinción entre la democracia
participativa y la democracia representativa.
Los principios se traducen en el reconocimiento de un conjunto de derechos y
deberes ciudadanos. La Constitución es prolija en el enunciado sobre los
derechos sociales y políticos. La participación es considerada en la Carta Política
como un derecho y como un deber. Es entonces una contribución derivada de la
condición de ciudadano, pero es al mismo tiempo, una obligación de ciudadanía.
Una de las grandes tendencias del mundo moderno es la reivindicación del
individuo en su condición de persona portadora de valores inalienables. Esa
ventaja de la persona filosóficamente hablando, o del ciudadano en términos
77
42 SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. “Derecho Electoral Colombiano”. Editorial Legis; Bogotá, 1997. Pág.108.
políticos, es el fundamento de la creciente participación.
Conforme a la filosofía política que expresa la Constitución de 1991, la acción del
Estado debe estar inspirada en: la revalorización de los derechos humanos; la
plena utilización de los nuevos canales de participación; y la realización de los
principios y objetivos propios del Estado Social de Derecho.
Es así que la filosofía política de la democracia participativa envuelve un ejercicio
de relegitimación del Estado y debe permitir un reencuentro entre el Estado y la
sociedad civil.
De este modo la tendencia ética de la Constitución del ´91 busca rescatar al
individuo, no en su significación egoísta, sino en su connotación de persona con
valores trascendentales, titular de derechos fundamentales e inalienables y
moralmente comprometido con su comunidad en la preservación del ambiente, de
la convivencia, la solidaridad, de la lucha contra la pobreza, en fin, del desarrollo
humano y sostenible de la sociedad.
Se trata entonces, de crear escenarios para cultivar valores y potenciar
instrumentos de participación y de defensa de derechos.
78
4.1 PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO EN EJERCICIO
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación es aquella facultad que tienen los ciudadanos de tomar parte
activa en la toma de decisiones políticas de la Nación. La Constitución Política la
reconoce y ubica como uno de los principios fundamentales del Estado; contiene
una serie de derechos y deberes correlativos a las personas, que por su parte
deben hacer uso de esta facultad.
La participación ciudadana tiene unos principios básicos que la forman, los cuales
se encuentran consagrados de la siguiente forma:
1. Democracia - Reflejada en el poder del pueblo.
2. Democracia Participativa - Escogida por la sociedad, ya que se adecua a
las condiciones actuales de la misma y a la diversidad de intereses que
compiten para controlar el Estado.
3. Voto Programático - Como aquel Mecanismo de participación mediante el
cual los ciudadanos votan para elegir Gobernadores y Alcaldes, e imponer
como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que
haya presentado.
4. Los Fines del Estado - Que deben estar encaminados en facilitar la
participación de todos en la vida económica, política, administrativa y
cultural, para así garantizar la efectividad de la participación.
79
La Carta Política otorga a aquel individuo que tiene la capacidad de participar, una
serie de derechos que se hacen evidentes al momento mismo en que éste la
ejerce.
De esta manera lo refleja el Artículo 40 de la Constitución Política, en el que se
consagra el derecho que tienen los ciudadanos a participar en el ejercicio,
conformación y control del poder político. A su vez hace un listado de los medios
que se tiene para hacer efectivo este derecho, entre los que se encuentra la
revocatoria del mandato. Reza así el Artículo 40 de la Carta:
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y
otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que
establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los
colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble
80
nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos
a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en
los niveles decisorios de la Administración Pública”.
En aras de hacer efectiva la ejecución de estos derechos, el Artículo 41 de la
Constitución Política establece la obligación que tiene el Estado, en colaboración
con las instituciones oficiales o privadas, de enseñar y divulgar la Carta. Este
Artículo es de suma importancia, ya que en la medida en que los derechos,
deberes y principios consagrados y reconocidos en la Constitución sean
conocidos, es más factible que sean ejercidos por todas las personas.
Por su parte, el Artículo 95 de la Constitución política recuerda que siempre al lado
de nuestros derechos, tenemos responsabilidades correlativas a éstos. Es así
que en el quinto numeral de este Artículo, la participación ciudadana se encuentra
estatuida como obligación de todos los ciudadanos.
En el Artículo 103 de la Constitución Política se vuelve a establecer la revocatoria
del mandato como mecanismo de participación ciudadana. Este Artículo enuncia,
en su primer inciso, los distintos mecanismos de participación de manera más
concreta:
81
“Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el
voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa
legislativa y la revocatoria del mandato (...)”.
Establece también que corresponde a la Ley su reglamentación. Así mismo,
impone al estado la obligación de incentivar la participación ciudadana.
Como expresión del derecho fundamental de asociación, se encuentra el Artículo
107 de la Constitución Política, que reza así: “Se garantiza a todos los nacionales
el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la
libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. También se garantiza a las
organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos
políticos".
Es de suma importancia indicar que cada uno de esos Principios, Derechos y
Deberes que se encuentran en cabeza del ciudadano, deben ser reconocidos,
protegidos y estimulados mediante el ejercicio de una pedagogía que induzca a
un comportamiento ético y moral del individuo en el contexto de la participación.
Por ello debe el Estado dar cabal cumplimiento a los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política analizados anteriormente.
82
4.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LO REGIONAL Y LOCAL
La comunidad local y regional -Municipio y Departamento-, se revalorizan como
los escenarios apropiados para inducir cambios en la cultura política, radicar
nuevos valores y actitudes, familiarizar a los ciudadanos en el uso de los
instrumentos constitucionales, crear la base social y el soporte político necesario
para que la Constitución no quede como ejercicio puramente literario, sino que por
el contrario suscite una adhesión efectiva y racional de los colombianos.
El impresionante crecimiento de la urbanización ha traído consecuencias tanto
sociales como políticas. Las primeras se han manifestado en las situaciones
surgidas del marginamiento y la pobreza; entre las segundas se ubica el proceso
de centralización administrativa, política y financiera.
Hoy en día el valor de la persona va convirtiéndose en el hilo que une las
tendencias sociales; tanto el colectivismo como las estructuras centralizadas
tienden a desaparecer, abriendo campo a la descentralización administrativa, ya
que mediante ésta los individuos alcanzan una mejor calidad de vida y al mismo
tiempo se genera un cambio social.
De esta manera son los ciudadanos los que reestructuran el país, pues las
83
soluciones locales a los problemas tienen mayor consistencia y por ende, un gran
poder de permanencia y de ejemplo para las comunidades.
La nueva realidad cultural está cambiando la política, sobre todo en el ejercicio del
poder.
La autonomía local y departamental otorga una amplia y firme potestad a sus
autoridades, por lo cual el compromiso y la responsabilidad que gobernadores,
diputados, alcaldes y concejales tienen en la construcción de un país es enorme.
Su actuación entonces debe ser ética y socialmente consecuente con la dignidad
de la persona ya que de esto depende la legitimidad de la democracia.
El Estado tiene como una de sus finalidades principales el contribuir con la
organización, promoción y capacitación de todo tipo de asociaciones, sean éstas
cívicas, sindicales, comunitarias o de utilidad común no gubernamental, entre
otras, con el fin de buscar mecanismos democráticos de representación en las
diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la
gestión pública establecidos dentro de cada una de las localidades que hacen
parte del territorio nacional.
La Constitución Nacional establece en sus Artículos 104 y 105 la obligatoriedad de
84
la decisión del pueblo cuando éste se manifieste en una Consulta Popular.
Por su parte, el Artículo 106 de la Carta otorga a los habitantes de las entidades
territoriales la facultad de presentar proyectos a la respectiva corporación pública,
la cual debe tramitarlos.
Sobre la participación de la ciudadanía en lo local, el profesor Efraín Gómez
Córdoba, en su obra “Nuevo Derecho Administrativo Colombiano” comenta:
Es el mayor distanciamiento posible del centro del poder, como si dijéramos que los cuerpos autónomos tienen una luz propia, por supuesto no tan intensa como la de la que radica en la administración central pero si lo suficiente para que se le reconozca. La ley o la ordenanza no pueden invadir la órbita de competencia municipal que le ha sido otorgada por la Constitución, si se cruza ese límite la norma cae en una situación de inconstitucionalidad por exceso. De esta manera, la autonomía supone más democracia, más intervención de la localidad en la planeación de sus asuntos, permitiendo una mayor ingerencia de los ciudadanos. Todo lo anterior se traduce en repartir el poder en mayores centros de decisión y acercar a la ciudadanía al ejercicio del mismo, mediante la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana creados por el constituyente y reglados por el legislador. Es el pueblo quien legitima esta autonomía, por que emana de él.
85
Antes de la expedición de la Ley 78 de 1.986 y de la Constitución de 1991, los
miembros de las localidades en el país se sintieron abandonados por el poder
central. Es por ello que la Carta Política trajo a colación la autonomía con el fin
de que la función administrativa del Estado opere adecuadamente y así estos
ciudadanos no se sientan al margen de las situaciones que les incumben.
Los ciudadanos desean participar activamente en las decisiones para así defender
cada uno de los actos que son inherentes a sus intereses. De esta manera, los
individuos se mantienen en permanente contacto con las leyes que rigen su
cotidianidad y las asimilan con mayor facilidad. Por otra parte, se les otorga la
posibilidad de plantear posiciones novedosas que les sean más convenientes y de
eliminar legalmente aquellas que no consideran apropiadas para su comunidad.
Podemos decir entonces que la autonomía municipal es una alternativa política
que se le proporciona a la ciudadanía con el fin de que colabore a encontrar y
solucionar las necesidades comunes.
Las entidades territoriales poseen hoy en día una gran fuerza política; a través de
toda la Constitución encontramos un sinnúmero de manifestaciones de
democracia directa que sustentan esta afirmación. Es el caso de la elección
popular de Gobernadores y Alcaldes.
86
El Doctor Jaime Castro en un artículo en El Espectador, sobre El Nuevo
Ordenamiento Territorial, del año de 1991 muestra e identifica claramente las
diferentes formas de participación ciudadana en lo local:
Otra forma de participación comunitaria, de control sobre los actos de la administración, inclusive de gestión directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, es la facultad que se otorga a los habitantes de un municipio o departamento para elegir sus representantes en las juntas directivas de las empresas municipales o departamentales encargadas de la prestación de los servicios públicos a su cargo.
Una de las más importantes formas de participación ciudadana en lo local -y que
desarrollaremos más adelante- es la Revocatoria del Mandato, la cual se
constituye como fundamento del Voto Programático, por medio de la cual el
pueblo entra a considerar si quien lo está dirigiendo y representando a nivel local
en los entes nacionales o locales lo deben seguir o no haciendo. Por lo tanto si la
comunidad se equivoca al momento de elegir un dirigente o vea frustrada lo que
consideraba su mejor decisión, tendrá la posibilidad de enmendar su error.
Teniendo esto en cuenta, podemos ver como la elección popular de Alcaldes y
Gobernadores, la posibilidad de convocar consultas y de proponerle al Concejo
Municipal proyectos conforme a sus necesidades, llevan a desarrollar en sí todo lo
relacionado con la participación ciudadana de los individuos dentro de sus
localidades, principalmente en la toma de decisiones que les afectan o convienen
y por ende les son propias.
87
5. NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA
“Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el
programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el
ejercicio del voto programático”.
La Constitución no desarrolla plenamente el tema sobre el Voto Programático y
dejó el asunto para que fuera desarrollado por la ley.
La Ley Estatutaria 131 del 9 de mayo de 1994 fue expedida con el fin de estimular
el desarrollo y progreso de los municipios y departamentos; para que los
ciudadanos logren encontrar entre sí, consenso dentro de una sociedad
verdaderamente diferente pero que aún así, deba responder a las necesidades de
participación y planeación dentro del territorio nacional.
Es entonces esta ley, la encargada de regular el Voto Programático. A
continuación haremos referencia a sus más importantes Artículos, que de forma
integral abarcan el respectivo tema:
88
El Artículo 1º define el Voto Programático como la obligación del elegido de dar
cabal cumplimiento al programa de gobierno presentado al momento de inscribirse
como candidato.
Por su parte, el Artículo 2° hace referencia a la Revocatoria del Mandato; la
establece como consecuencia del incumplimiento del programa de gobierno
presentado por el elegido.
En el Artículo 3°, se regula lo relacionado con el programa de gobierno: “Los
candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes, deberán
someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que hará parte
integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas, debiéndose
surtir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial
respectiva, o en su defecto las administraciones departamentales o municipales,
ordenarán editar una publicación donde se den a conocer los programas de todos
los aspirantes, sin perjuicio de su divulgación pública de acuerdo con la
reglamentación en materia de uso de medios de comunicación”43.
La Ley, en sus Artículos 5° y 6º hace referencia al Plan Económico y Social –para
89
43 Artículo 3º de la Ley 131 de 1994
el caso de los Municipios- y al Plan de Desarrollo –en el caso departamental-.
En estos se estatuye la necesidad de que a los respectivos planes les sean
incorporadas los lineamientos generales del Programa de Gobierno inscrito en su
calidad de candidatos. La importancia de estos Artículos radica en que es en
estos planes en donde se cualifican y cuantifican las propuestas y necesidades de
las respectivas localidades.
El Artículo 7° de la Ley 131 de 1994, modificado por el Artículo 1º de la Ley 741 de
2002, establece los requisitos para que la revocatoria del mandato sea
procedente:
“La revocatoria del mandato procederá, siempre y cuando se surtan los siguientes
requisitos: 1) Haber transcurrido no menos de un año, contado a partir del
momento de la posesión del respectivo Alcalde o Gobernador. 2) Mediar por
escrito, ante la Registraduría Nacional, solicitud de convocatoria a
pronunciamiento popular para revocatoria, mediante un memorial que suscriban
los ciudadanos en un número no inferior al 40% del total de votos que obtuvo el
elegido”44.
El Artículo 8° establece: “El memorial de solicitud de convocatoria a
90
44 Artículo 7° de la Ley 131 de 1994, modificado por el Artículo 1º de la Ley 741 de 2002
pronunciamiento popular para la revocatoria deberá sustentar las razones que la
animan”45 (El subrayado es nuestro). Es así que los ciudadanos que convoquen a
la revocatoria, además de cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 7°,
deben indicar claramente las razones que motivan su solicitud.
El Artículo 9° indica: “Los ciudadanos de la respectiva entidad territorial serán
convocados a pronunciamiento popular sobre la revocatoria por la Registraduría
Nacional dentro de un término no superior a dos meses contados a partir de la
fecha de radicación del memorial de solicitud”46 (El subrayado es nuestro). Como
podemos ver, este Artículo hace referencia al término establecido para la
convocatoria, contado desde la presentación de la propuesta.
En concordancia con el Artículo 10º de la misma Ley, que hace referencia a la
publicidad y ejecución de la convocatoria a pronunciamiento popular que debe
realizar el Registrador Nacional, podemos darnos cuenta de la utilidad que genera
el término de dos (2) meses a que hace referencia el Artículo 9º, ya que este
término es necesario para dar a conocer a los ciudadanos el mecanismo de
participación directa al que van a ser convocados.
45 Artículo 8º de la Ley 131 de 1994 46 Artículo 9º de la Ley 131 de 1994
91
El Artículo 11° de la Ley 131 de 1994, modificado por el Artículo 2º de la Ley 741
de 2002, estipula cuándo procede la revocatoria:
“Solo para efectos del voto programático, procederá la revocatoria del mandato
para gobernadores y alcaldes, al ser ésta aprobada en el pronunciamiento popular
por la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva
convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al cincuenta y
cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al
respectivo mandatario”47.
Luego para revocarle a un gobernante su mandato, es necesario el
pronunciamiento mayoritario de los participantes en dicha convocatoria, en la cual
deben participar al menos un cincuenta y cinco por ciento (55%) de los ciudadanos
que eligieron al mandatario en cuestión el día en que se llevó a cabo el debate
electoral en el que resultó electo.
El Artículo 12° se refiere a la remoción del cargo de Alcalde o Gobernador en caso
de que la revocatoria resulte procedente. Establece este Artículo que corresponde
al superior administrativo, es decir, al Gobernador, en caso en que sea el Alcalde
el revocado, o al Presidente de la República, en caso en que se trate del
Gobernador, remover del cargo al revocado. Reza así el presente Artículo:
92
47 Artículo 11° de la Ley 131 de 1994, modificado por el Artículo 2º de la Ley 741 de 2002
“Habiéndose realizado el pronunciamiento popular y el respectivo informe de
escrutinios de la autoridad electoral de la respectiva entidad territorial, el
Registrador Nacional trasladará a conocimiento del Presidente de la República o
del gobernador respectivo para que procedan, según el caso, a la remoción del
cargo del respectivo gobernador o el alcalde revocado”48.
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 13°, luego de surtido el trámite a que
hace referencia el anterior Artículo, la revocatoria del mandato será de ejecución
inmediata, es decir, producirá efectos jurídicos ipso facto.
El Artículo 14° de la Ley se refiere a los pasos a seguir luego de removido de su
cargo el mandatario revocado; dice así el Artículo:
“Revocado el mandato al gobernador o alcalde, se convocará a elecciones de
nuevo mandatario dentro de los dos meses siguientes a la fecha de revocatoria.
Durante el periodo que transcurra entre la fecha de revocatoria y la posesión del
nuevo mandatario, será designado en calidad de encargado por el Presidente de
la República o el Gobernador según sea el caso, un ciudadano del mismo grupo,
9348 Artículo 12 de la Ley 131 de 1994
movimiento, sector o partido político del mandatario revocado”49.
Habla de dos temas este Artículo: en primer lugar, establece un término de dos
(2) meses contados a partir de la revocatoria para llamar a nuevas elecciones para
que el pueblo elija a su nuevo Gobernador o Alcalde; y en segundo lugar, impone
como sucesor por el período transcurrido entre la revocatoria y las nuevas
elecciones, a un ciudadano del mismo grupo, movimiento, sector o partido político
del mandatario revocado, para que así, por este corto período de tiempo -mientras
el pueblo elige a un nuevo dirigente y con él, los nuevos lineamientos políticos
trazados por éste-, siga el pueblo representado por unos parámetros políticos ya
escogidos, y no quede a la deriva en lo referente a la administración de su
localidad.
Como bien podemos ver, la Ley Estatutaria 131 de 1994, va encaminada a la
búsqueda del progreso Municipal y Departamental y de un desarrollo óptimo y
adecuado para la vida de los colombianos pertenecientes a dichos entes
territoriales y de esta manera hacer realidad la participación de la comunidad en la
búsqueda de un bienestar común.
49 Artículo 14 de la Ley 131 de 1994
94
Por su parte la Ley 134 de 1994, que es la encargada de desarrollar el tema de la
participación ciudadana, regula la Revocatoria del Mandato la cual está definida en
la doctrina como: “La potestad del pueblo, derivada del principio de la soberanía
popular, de despojar del cargo a quienes ha escogido como sus representantes”50.
A continuación, haremos referencia a los Artículos más importantes dentro de la
mencionada Ley, complementaria de la Ley 131 de 1994.
El Artículo 6° de esta Ley define la Revocatoria del Mandato: “La revocatoria del
mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por
terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un Alcalde”.
El Artículo 64°, modificado por el Artículo 1° de la Ley 741 de 2002, señala en
idénticos términos lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 131 de 1994, del cual
ya hicimos referencia.
Por su parte, el Artículo 65 de esta Ley estatuye el deber, por parte de los
ciudadanos que formulan la convocatoria a Revocatoria del Mandato de motivarla,
es decir, que en ella los ciudadanos deben anotar las razones que los llevan a
querer realizar nuevas votaciones. Dichas razones no se limitan al
incumplimiento del programa de gobierno por parte del candidato; si el pueblo en
general se encuentra insatisfecho con la administración de éste, puede así mismo
95
50 TRUJILLO GARCÍA, Carlos Holmes. TRUJILO GARCÍA, José Renán. “El voto programático, el nuevo poder del ciudadano”. Editorial Oveja Negra, 1994. Pág. 150
presentar dicha solicitud. Al igual que el Artículo 8° de la Ley 131 de 1994, este
Artículo enfatiza en la necesidad de presentar razones.
En el Artículo 67° se establece lo referente al procedimiento de la convocación;
dice así este Artículo:
“Los ciudadanos de la respectiva entidad territorial serán convocados a la
votación para la revocatoria, por la Registraduría del Estado Civil correspondiente
dentro de un término no superior a dos meses, contados a partir de la certificación
expedida por la misma entidad”51 (El subrayado es nuestro).
Como podemos ver, este Artículo estipula el mismo término establecido en el
Artículo 9° de la Ley 131 de 1994.
En el Articulo 68° se señala que corresponde al Registrador del Estado Civil
promover, divulgar y realizar la convocatoria una vez cumplidos los requisitos
establecidos para solicitar la Revocatoria del Mandato.
El Artículo 69°, modificado por el Artículo 2° de la Ley 741 de 2002, establece en
idénticos términos lo estipulado en el Artículo 11° de la Ley 131 de 1994, y que
hace referencia a la aprobación de la Revocatoria del Mandato.
51 Artículo 67 de la Ley 134 de 1994
96
El Artículo 70° de la presente Ley señala una prohibición de convocación a
Revocar el mandato; surge esta interdicción en el caso en que con una primera
convocación, no se logre revocar del mandato al respectivo Gobernador o Alcalde.
Reza así el Artículo: “Si como resultado de la votación no se revoca el mandato
del Gobernador o del Alcalde, no podrá volver a intentarse en lo que resta de su
periodo”52.
El Artículo 72° de la Ley 134, al igual que el Artículo 12° de la Ley 131 de 1994,
hace referencia a la remoción del cargo del respectivo Gobernador o Alcalde
revocado, señalando que corresponde al Presidente de la República –en caso del
Gobernador- o al Gobernador respectivo –cuando se trate del Alcalde-.
Por su parte el Artículo 73° establece que la Revocatoria del Mandato opera ipso
facto.
Un Artículo de la presente Ley que merece especial análisis, es él referente a la
elección del sucesor; el Artículo 74° de esta Ley reza asÍ:
“Revocado el mandato a un gobernador o a un alcalde se convocará a elecciones
para escoger el sucesor, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
52 Artículo 70 de la Ley 134 de 1994 97
que el Registrador correspondiente certificare los resultados de la votación.
Durante el período que transcurra entre la fecha de la revocatoria y la posesión del
nuevo mandatario, será designado en calidad de encargado por el Presidente de
la República o el gobernador, según el caso, un ciudadano del mismo grupo,
partido o movimiento político del mandatario revocado”53 (El subrayado es
nuestro).
En comparación con el Artículo 14° de la Ley 131 de 1994 que hace referencia al
mismo tema, notamos que la Ley 134 de 1994 reduce el término en que el
Registrador debe llamar a elecciones para escoger al sucesor del gobernante
revocado, de dos meses –que son los señalados en la Ley 131 de 1994- a treinta
(30) días. Para solucionar esta incongruencia, recurrimos a los “Principios
Generales del Derecho”, entre los que se señala que “la ley posterior prima sobre
la ley anterior”; por lo tanto debe entenderse que el término establecido para
llamar a elecciones es el señalado por el Artículo 74 de la Ley 134 de 1994, es
decir, un (1) mes.
El Artículo 75° de la Ley 134 indica: “El funcionario reemplazante dará
cumplimiento, en lo que fuere pertinente, al programa inscrito para gestión
53 Artículo 74 de la Ley 134 de 1994
98
gubernamental en el respectivo período”54.
A nuestro juicio, el Artículo 75° se encarga de complementar el segundo parágrafo
del Artículo 14 de la Ley 131 de 1994, ya que indica que el funcionario encargado
de remplazar al gobernante revocado, deberá en lo que considere pertinente,
cumplir con el programa inscrito por su antecesor.
La Honorable Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre el tema del Voto
Programático en la sentencia C-180 de 1994 la cual al respecto dice:
“Sobre los mecanismos de participación se debe afirmar que dicha figura no se
limita en su aplicación a los casos de gobernadores y alcaldes, sino que debe
hacerse extensiva a los demás cargos de elección popular de carácter uninominal
elegidos en circunscripción territorial, como así lo quiso el constituyente de 1991”55
(El subrayado es nuestro).
Al parecer, la Corte busca que el Voto Programático sea aplicable a otros cargos
de elección popular de carácter uninominal, tal como los Ediles para el caso de
54 Artículo 75 de la Ley 134 de 1994 55 Sentencia C-180 de 1994 de la Corte Constitucional. Obra citada en: TRUJILLO García, Carlos Holmes. TRUJILO García, José Renán. El voto programático, el nuevo poder del ciudadano. Editorial Oveja Negra, 1994. Pág. 173.
99
Bogotá, en un esfuerzo por interpretar la voluntad del constituyente. Sin embargo,
la Ley 131 de 1994, que es fuente principal del Derecho, mientras que los
pronunciamientos de las Altas Cortes son fuente secundaria, estatuye esta
obligación únicamente para Gobernadores y Alcaldes. Por lo tanto los esfuerzos
interpretativos de la Corte Constitucional se ven mermados por la Ley, la cual
limita la aplicabilidad del Voto Programático.
Como podemos ver, el Voto Programático es un tema sobre el cual no existe
mucho desarrollo legal, pero el existente muestra unas pautas importantes para el
desarrollo del mismo, como lo son las facultades que los ciudadanos tenemos al
momento de ejercer nuestro derecho a participar dentro de la democracia
colombiana, con el fin de hacer cumplir a las autoridades locales que representan
nuestros intereses dentro de los diferentes órganos de elección popular existentes,
las ideas planteadas en su candidatura.
La normatividad existente sobre este tema es fundamental para un Estado Social
de Derecho como lo es el colombiano, y sobre todo para cada ciudadano, ya que
gracias a estas leyes se otorga la importancia y el respeto que como constituyente
primario tenemos en aras de decidir cual es el destino político que queremos para
nuestra sociedad.
100
6. PROGRAMA DE GOBIERNO COMO REQUISITO PREVIO PARA SER ELEGIDO
La presentación del Programa de Gobierno es una obligación legal de los
candidatos a ocupar los cargos de Alcaldía y Gobernación. La ley 131 de 1994,
en su Artículo 3º al respecto indica:
“Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes,
deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que hará
parte integral de la inscripción de las autoridades electorales respectivas,
debiéndose surtir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad
territorial respectiva (...)”56.
Como podemos ver, esta ley obliga e impone a cada uno de los candidatos que
aspiren a ser elegidos como Alcaldes y Gobernadores poner en consideración del
pueblo un plan de gobierno que aclare e indique cuáles serían los temas que
ejecutarían en caso de ser elegidos.
101
56 Artículo 3º de la Ley 131 de 1994
El programa de gobierno, es un elemento fundamental e integral del candidato al
momento de ser elegido. Es por ello que se le exige su presentación al momento
mismo de la inscripción de la candidatura, ya que son las ideas plasmadas en el
programa las que van a permitir a los ciudadanos escoger a uno u otro de los
candidatos postulados al momento en que depositen su voto.
De esta manera surge el mandato representativo, ya que el pueblo se inclina por
las ideas que le son afines en lo referente al destino político de sus localidades.
Es de allí que surge la necesidad de publicidad de todo programa propuesto, pues
es indispensable que el ciudadano conozca las distintas propuestas existentes y
escoja la que mejor le parezca.
No en vano nuestra Constitución Política, en su Artículo 259 estipula: “Quienes
elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que
presentó al inscribirse como candidato (...) “.
Es importante también indicar, que la obligación del candidato de tener un
programa de gobierno, no consiste tan solo en el hecho de presentarlo como
102
fundamento de su candidatura, sino que él mismo lleva en sí inmersa una
obligación fundamental como consecuencia del Voto Programático, que consiste
en que todo candidato elegido que no cumpla su programa de gobierno propuesto
se encuentra sujeto a la revocatoria del mandato por parte del elector primario, lo
que demuestra que ellos poseen una atribución consistente en ser mandantes de
los Gobernadores y Alcaldes elegidos.
“El Alcalde y el Gobernador electo tienen la obligación de cumplir el programa de
gobierno propuesto, so pena de la revocatoria del mandato otorgado al mandatario
por el mandante o constituyente primario, es el programa de gobierno, lo cual
significa que el programa que tendrá que ejecutar el gobernante encierra las
aspiraciones y necesidades del pueblo elector, es la voluntad del constituyente
primario, quién representa el poder soberano seccional. Esta reflexión debe servir
para que los concejales y diputados de los municipios y departamentos del país,
respectivamente, entiendan la importancia del programa de gobierno que llevará a
sus corporaciones el gobernante con el propósito de modificar, suprimir o
adicionar a los planes de desarrollo, a fin de actualizarlos e incorporarles los
lineamientos generales del programa inscritos en su calidad de candidatos.
Dicho de otra forma, concejales y diputados están en la obligación, en virtud de la
voluntad del constituyente soberano seccional, de aprobar tales modificaciones,
103
supresiones o adiciones al plan de desarrollo y de inversiones, siempre que no
contraríen las Constitución y la ley. En la eventualidad de aprobar dichas
modificaciones, supresiones o adiciones estarían desvirtuando el programa de
gobierno de su respectivo gobernante y obstaculizando su ejecución, lo cual
puede conducir a que se entienda que el gobernante está incumpliendo el
programa prometido e inscrito, desatando así una posible movilización ciudadana
en aras de revocarle el mandato.
El espíritu del legislador ordinario cuando consignó dichas normas de adecuación
del plan de desarrollo al programa de gobierno era ponerlos en una sola dirección
con el fin de conseguir el mejor y mayor desarrollo de los municipios y
departamentos, además de facilitarle al elegido la ejecución de su programa de
gobierno; lo contrario sería la instauración del desorden, del caos en la acción del
gobierno y la desestabilización institucional y administrativa.
Son los planes de desarrollo la forma más efectiva de proyectar al país y sus
regiones a corto, mediano y largo plazo en términos de su desarrollo económico
social y ambiental. El programa de gobierno del elegido es su plan de gobierno
que debe ir entonces de la mano con el plan de desarrollo, identificados,
armonizados y coordinados para solucionar los problemas y aprovechar el uso
eficiente de los recursos con el fin de conseguir un desarrollo económico, social y
ambiental sostenible”57.
104
57 TRUJILLO García, Carlos Holmes. TRUJILO García, José Renán. El voto programático, el nuevo poder del ciudadano. Editorial oveja negra 1994. Págs. 21 y 22.
7. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL VOTO PROGRAMÁTICO
El Artículo 40 de la Constitución Política, en su numeral 4°, indica que los
ciudadanos tienen el poder de revocar el mandato en los casos previstos en la
Constitución y la ley.
Así mismo, el Artículo 64 de la Ley 134 de 1994 estableció que la Revocatoria del
Mandato sólo procede contra gobernadores y alcaldes. Esta aplicación restringida
de la Revocatoria del Mandato fue sustentada por el Gobierno Nacional en la
presentación del proyecto de Ley Estatutaria reguladora de los mecanismos de
participación, de la siguiente manera:
“No todo servidor público puede ser sujeto de Revocatoria del Mandato. Dentro
del espíritu Constitucional solo pueden serlo los Gobernadores y Alcaldes por ser
elegidos por circunscripción uninominal y por ser mandatario con una relación
directa de cercanía a la comunidad”58.
105
58 GACETA DEL CONGRESO No 23 DE 1992, Pág. 10.
Teniendo en cuenta lo anterior, es acertado decir que la revocatoria tiene sus
efectos y procede solo cuando el mandatario lleve no menos de un año desde el
momento de la posesión en su respectivo cargo.
Así mismo, definir la Revocatoria del Mandato no es simple, aún así, se podría
establecer que la misma consiste en dejar sin efecto una decisión, o como lo
indica el Diccionario Jurídico Temis: ”Dejar sin efecto una declaración de
voluntad, o un acto jurídico en que unilateralmente se tenga tal voluntad”59.
Como podemos ver, la consecuencia jurídica del Voto Programático es la
Revocatoria del Mandato. Acerca de esto, la Honorable Corte Constitucional en
Sentencia 0-11 de Enero 21 de 1994, Magistrado Ponente Alejandro Martínez
Caballero, establece lo siguiente:
“El voto programático es una expresión de la soberanía popular y la democracia
participativa que estrecha la relación entre los elegidos (Alcaldes y Gobernadores)
y los ciudadanos electores. Al consagrar que el elector impone al elegido por
mandato un programa, el voto programático posibilita un control más efectivo de
los primeros sobre estos últimos. La posibilidad de la revocatoria del mandato es
106
59 Diccionario Jurídico Temis, Editorial Temis, Bogotá, 1995. Pág. 276.
entonces la consecuencia de esa nueva relación consagrada en la Constitución de
1991”60.
El Articulo 1° de la Ley 741/02, que reforma los Artículos 7° de la Ley 131 de 1994
y 64 de la Ley 134 de 1994, establece que para que la Revocatoria del Mandato
se dé deben configurarse unos requisitos: en primer lugar, debe haber
transcurrido al menos un año desde la posesión de quien se quiere revocar para
que el mecanismo surta efecto; así mismo, debe haber un número no inferior al
40% del total de votos que obtuvo el elegido a fin de que se garantice la seriedad
de la petición de revocatoria.
Para que la Revocatoria produzca efectos, debe contener las razones que la
fundamentan, como puede ser la insatisfacción general de la ciudadanía61 o el
incumplimiento del programa de gobierno. Debe además configurarse el
verdadero sentimiento del elector para con su representante cuando este último
incumple su programa o desate la insatisfacción general en el pueblo, y ello se
puede verificar en el del Artículo 8º de la Ley 131 de 1994 y en el 65° de la Ley
134 del mismo año.
“(...) Esta revocatoria del mandato es consecuencia lógica del derecho de
107
60 Sentencia 0-11 de Enero 21 de 1994, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero 61 En el punto de la “insatisfacción general de la ciudadanía”, encontramos que las Leyes 131 y 134 de 1994 no son claras en la definición de dicha insatisfacción, lo cual crea una falencia en relación con dicho tema. Cabría que el legislador especificara el significado para la ciudadanía para evitar así revocatorias infundadas.
participación del ciudadano en el ejercicio del poder, como lo dispone el Artículo
40 superior. En otras palabras, en el nuevo esquema filosófico de la Carta el
ciudadano ya no se limita a votar para la escogencia del gobernante y luego
desaparece durante todo el periodo que media entre dos elecciones -cómo en la
democracia representativa- sino que durante todo el tiempo el ciudadano conserva
sus derechos políticos para controlar al elegido –propio de la democracia
participativa -. El ciudadano no se desentiende de su elección.
Pero, en el caso del Voto Programático es necesario dilucidar quién impone el
mandato a fin de determinar quien puede revocar a gobernadores y alcaldes. En
efecto, quien ha otorgado el mandato, es quien puede revocar al mandatario,
puesto que el mandato es una relación de confianza fundada en el principio de la
buena fe, por medio de la cual una persona –el mandante- logra hacerse presente
en donde no puede estarlo, por medio de otra persona –el mandatario- (...)”62.
Podemos decir entonces, que el pueblo posee una potestad en relación con los
gobernantes que ha escogido como sus representantes; el pueblo posee un
Derecho político de despojar a estos de sus respectivos cargos a través de la
revocatoria del mandato como mecanismo de participación en virtud del
incumplimiento, acciones u omisiones del mandato programático que el pueblo le
108
62 Corte Constitucional., Sentencia C-011, Enero 21 de 1994, M.P.: Alejandro Martínez Caballero
ha consagrado.
Con lo anteriormente mencionado, podemos indicar que tal como lo establecen los
Doctores Carlos Holmes y José Renán Trujillo García en su libro El Voto
Programático, El nuevo Poder del Ciudadano:
La revocatoria es uno de los derechos políticos por antonomasia que logran hacer realidad la verdadera democracia participativa, por cuanto otorga a los electores un importante poder de control sobre la conducta de sus representantes, circunscrita a la ejecución del programa prometido, con lo que establece un nexo de responsabilidad entre éstos y su base electoral (...). La revocatoria del mandato contribuye a disminuir la compra de votos, el tráfico de influencias, el asalto a: los fondos públicos, la demagogia y el clientelismo.
En Colombia, según datos proporcionados por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, se han convocado once (11) Revocatorias del Mandato entre los
años 1996 a 2000. Como veremos a continuación, ninguna de estas prosperó por
no llenarse el porcentaje requerido por la Ley para que las mismas surtieran
efecto.
109
Tabla 6. REVOCATORIAS DEL MANDATO 1996 Departamento Municipio Fecha
RevocatoriaCenso
Electoral Votación
30 de octubre de 1994*
Meses Mínimo devotantes
Revocatoria
Votación Revocatoria
Boyacá Iza 5 de mayo 1.775 769 2 461 235 No procedió
Atlántico PuertoColombia
2 de junio 16.966 9.523 26 5.713 2341 No procedió
Bolívar Mahates 9 de junio 11.134 7.072 22 4.243 1823 No procedió
Atlántico Tubará 21 de julio 4.499 3.409 11 2.045 954 No procedió
Magdalena Pedraza 1° deseptiembre
7.971 6.059 17 3.635 1628 No procedió
* La votación del 30 de octubre de 1994 constituye el censo electoral para la Revocatoria.
110
Tabla 7. REVOCATORIAS DEL MANDATO 1999 Departamento Municipio Fecha Votación 26 de
octubre de 1997
Mínimo de Votantes
Resultado VotaciónRevocatoria
Abstención
Antioquia Peñol 27 de junio 118 70 SI 51 NO 6
59 No procedió
50%
Caldas Victoria 29 de agosto 4.838 2.902 SI 804 NO 25
869 No procedió
82%
Antioquia Dabeiba 12 deseptiembre
2.322 1.393 SI 376 NO 11
410 No procedió
82%
La votación de la elección de Alcalde anterior, constituye la base para el censo electoral.
Tabla 8. REVOCATORIAS DEL MANDATO 2000
Departamento Municipio Fecha Votación 26 de octubre de
1997
Mínimo de Votantes
Resultado VotaciónRevocatoria
Abstención
Córdoba Montelíbano 9 de enero 18.997 11.398 SI 3.993 NO 95
4.304 No procedió
77%
Cauca Piamonte 5 de marzo 646 388 SI 132 NO 11
151 No procedió
77%
Atlántico Polonuevo 15 de octubre 5.857 5.857 SI 1.429 NO 65
1.530 No procedió
74%
La votación de la elección de Alcalde anterior, constituye la base para el censo electoral.
111
111
8. CONCLUSIÓN
El Voto Programático, ese poder – deber de los ciudadanos, y más de aquellos
que participan en los debates electorales del nivel local, es una de las más
importantes innovaciones de la Constitución Política de 1991.
El Voto Programático se define como aquel mecanismo de participación mediante
el cual los ciudadanos votan para elegir Gobernadores y Alcaldes, e imponen
como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya
presentado.
Se trata entonces de dar prevalencia al programa de gobierno presentado por los
candidatos a las Alcaldías y Gobernaciones, más que a la persona misma que
aspira a estos cargos, ya que en caso en que el candidato que resulte electo
incumpla con el programa presentado durante su candidatura, defraudando a sus
electores, éstos pueden, en aras de la potestad otorgada constitucionalmente a
ellos mediante el Voto Programático, revocarlos de su mandato.
112
Pasamos entonces de una democracia representativa a una democracia
participativa, en donde se les da mayor participación a los ciudadanos de una
localidad, en las decisiones sobre los asuntos que atañen a un desarrollo social y
comunitario de sus respectivos entes territoriales.
Al ser ésta una figura tan novedosa en nuestro sistema legal, ha tenido que
afrontar diversos retos. Cabe preguntarnos entonces ¿Qué problemas de
aplicabilidad ha tenido este mecanismo de participación y qué solución
encontramos ante esta situación?
Uno de los principios generales imperantes del Derecho colombiano es que “el
desconocimiento de la ley no sirve de excusa”, es decir, se presume que todos los
habitantes del territorio colombiano conocemos nuestras leyes, derechos y
deberes.
Dicha presunción es lógica, pues con ella se evita la impunidad; luego si una
persona transgrede una norma jurídica, alegar que la desconocía no la exime de
responsabilidad. Por otra parte, al encontrarse nuestros derechos reconocidos en
las leyes, independientemente de que los aleguemos, deben ser respetados por
los terceros.
113
Sin embargo, la presunción y la realidad distan de ser equivalentes, ya que al ser
poseedores de tan vasta legislación, la experiencia demuestra que es muy
reducido el porcentaje de personas que conocen las leyes de la República. Es
hasta usual el desconocimiento de nuestros propios derechos y deberes como
personas o como ciudadanos.
El Voto Programático es un ejemplo idóneo de esta realidad; muchos ciudadanos
desconocen la existencia de este derecho – deber, posiblemente por ser un
sistema de participación novedoso en nuestro sistema jurídico.
Entremos a analizar el Artículo 41 de la Constitución Política de 1991, el cual reza:
“En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana. (...)”.
De conformidad con este precepto constitucional, todas las personas que asistan a
los centros educativos del país, ya sean estos públicos o privados, tienen el
acceso al estudio de las normas que trae la Constitución, entre éstas el Voto
Programático, luego para estas personas la presunción y la realidad son
equivalentes.
114
Pero teniendo en cuenta que sólo hasta la expedición de la Carta de 1991, es que
este sistema de participación ciudadana hace parte de nuestro ordenamiento
jurídico, es propio concluir que muchas de las personas que antes de 1991
terminaron sus estudios académicos en estos centros, sumadas al porcentaje de
analfabetismo colombiano63, no conocen de este derecho – deber que la Carta
consagra en su Artículo 259.
Por lo tanto, aunque educar a los futuros ciudadanos de un país es de vital
importancia y un gran inicio para dar aplicabilidad a todos los derechos y deberes
consagrados en su sistema jurídico, no es suficiente.
Según lo demuestran los conglomerados que posee la Registraduría Nacional del
Estado Civil sobre las Revocatorias del Mandato que hasta el día de hoy se han
presentado, en ninguno de los casos procedió la Revocatoria por no lograrse el
porcentaje de votación exigido por la Ley 131 de 1994 – que era la regente en
aquel momento.
Con esto se demuestra no sólo el desconocimiento de la ciudadanía en relación
con dicho derecho – deber, sino también, según lo expuesto en entrevista
realizada a la Doctora Yolanda Quesada Montes, Directora de Gestión Electoral
115
63 Según datos suministrados por el Ministerio de Educación, la tasa de analfabetismo (de población de 18 años y más) en Colombia en el año de 1999 ascendió a un once por ciento (11%) y en el año 2000, a un nueve coma nueve por ciento (9,9%). La información fue encontrada en www.mineducación.gov.co
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que este mecanismo no ha sido
promovido por la ciudadanía, como su naturaleza lo indica, sino por quien resultó
perdedor en las elecciones correspondientes, con lo que se pierde el fin del voto
programático y de la revocatoria del mandato, pretendiéndose utilizar este
mecanismo como forma de revancha política.
El ya citado Artículo 41 de la Carta Política culmina diciendo”: (...) El Estado
divulgará la Constitución”. Es así que consideramos que dándole cabal
cumplimiento a este imperativo es donde se encuentra la solución al problema.
Luego acudiendo a otros mecanismos de difusión masiva, tales como la televisión,
la radio, los periódicos o revistas de amplia circulación, el Estado puede difundir
programas para que las personas tengan mayor acceso a los preceptos
consagrados en la Carta, como ya lo ha venido haciendo en el tema de los
derechos fundamentales reconocidos en la ley. Esto porque es más realizable
que la ley se adecue a la realidad nacional y no que la realidad se acople a las
leyes.
De esta manera se puede cobijar a un mayor grupo de ciudadanos, logrando una
mayor concientización de la responsabilidad que conlleva elegir un candidato
aspirante a la Gobernación o Alcaldía de la respectiva localidad. Sólo en la
medida en que la ciudadanía sea consciente de su compromiso al elegir Alcaldes
116
y Gobernadores, es que la representación va a ser efectiva.
Mediante los mecanismos de participación directa consagrados en nuestra
legislación, entre los que se encuentra la revocatoria del mandato, la cual es
posible mediante la aplicación del Voto Programático, somos parte de las
decisiones de nuestras localidades.
De esta manera deja de ser responsabilidad de terceras personas una obligación
que está en cabeza de la ciudadanía, cual es la de decidir sobre el destino político
de los respectivos municipios y departamentos.
Así los ciudadanos entenderán la importancia de participar en los debates
electorales y de elegir candidatos idóneos para ocupar tan importantes cargos,
para así dar validez a la opinión mayoritaria sobre el curso que debe tomar el
destino de los respectivos entes territoriales.
Nos acercamos a la idea del “voto de opinión”, es decir, ese voto de decisión en
donde el elector se acerca a las ideas esbozadas por el elegido, dando plena
aplicación al concepto de representación.
117
Mientras más se difunda la importancia del Voto Programático, en mayor desuso
va a caer el “voto comprado”, ese vicio que ha hecho parte de nuestra historia
política, exigiendo a los aspirantes a cargos públicos una mayor preparación
académica y poniéndole fin a la corrupción de nuestro sistema político actual.
118
ANEXO 1 ENTREVISTA
La opinión de personas acerca del Voto Programático que, por razón de los cargos
que han ocupado, han debido instruirse para aplicar o verificar la aplicación de
dicha institución, nos da una visión más amplia y crítica sobre la aplicabilidad y
real funcionalidad de esta norma constitucional.
Es por ello que se le ha realizado un cuestionario a los Doctores Rodolfo Campo
Soto, Ex Alcalde de Valledupar (Cesar) en los períodos 1988 – 1990 y 1992 - 1994
y quien actualmente se desempeña como Gerente de la Corporación para la
Recuperación Económica y Social del Cesar y La Guajira, Misión ANIMAR; y José
Ignacio Córdoba, Secretario Privado de la Registraduría Nacional del Estado Civil
entre los años de 1997 a 1999 y Ex Asesor del Consejo Nacional Electoral durante
los años de 1994 a 1997 y 2000 a 2002.
A continuación se transcribirán las preguntas planteadas y las respuestas dadas
por los entrevistados a cada una de ellas:
119
1. Teniendo en cuenta que la función de Alcaldes y Gobernadores radica en la
administración como jefes de sus respectivos entes territoriales, y que a
pesar del estudio previo que cada candidato hace sobre las necesidades de
su localidad, es usual que durante el transcurso de sus administraciones las
necesidades de la ciudadanía cambien. ¿Considera usted que la noción y la
finalidad perseguida en la Constitución Política sobre la figura del Voto
Programático son adecuadas, ya que con ellas se le revocaría del mandato
a quienes incumplan el programa de gobierno presentado durante la
campaña electoral a los ciudadanos?
Rodolfo Campo Soto: “La norma constitucional, a mi parecer, es
adecuada. Busca proteger a la ciudadanía de tantas promesas irrealizables
que los candidatos tienden a ofrecer en el proceso eleccionario y además lo
compromete a planear y no improvisar en la inversión pública. La Gestión
gerencial del Alcalde le permite, haciendo un buen uso del Presupuesto,
atender su Plan de Desarrollo (Programa de Gobierno inscrito en campaña)
y las necesidades que surjan en el ejercicio del cargo”.
José Ignacio Córdoba: “Considero que esta causal tiene lógica, pues le
da mayor seriedad a las campañas electorales y a lo prometido por los
candidatos al pueblo y a los ciudadanos. Es una causal que se debe
mantener y serán los ciudadanos quienes en cada caso decidirán el futuro
de sus elegidos. Esto es esencial para que se acabe el discurso populista
120
en las campañas electorales, para que de esta forma las mismas sean
serias y las propuestas realizables para no engañar al ciudadano. Esto
trae como consecuencia que los candidatos modifiquen su forma de hacer
política en la campaña”.
2. ¿Considera usted que el número de firmas requerido en la Ley 741 de
2002, modificatoria de las Leyes 131 y 134 de 1994 Reglamentarias del
Voto Programático, para revocar a Gobernadores o Alcaldes de sus
mandatos son un número exagerado o por el contrario necesario? Lo
anterior teniendo en cuenta la inestabilidad y los costos que ello
representaría para el Municipio o Departamento en cuestión.
Rodolfo Campo Soto: “La norma debería ser más exigente. Menos firmas
para la convocatoria y menos votos para la revocatoria”.
José Ignacio Córdoba: “Estoy de acuerdo con ello; me parece razonable
que se exijan esos porcentajes modificados con la nueva ley. Bajo la
vigencia de las Leyes 131 y 134, las experiencias con los porcentajes
regulados en ellas hacían impracticable este mecanismo de participación
ciudadana, toda vez que los mismos eran bastante elevados, más aún si
lo que tenemos en cuenta es el número de votos depositados en la
respectiva elección que los llevó a ser elegidos Alcaldes o Gobernadores.
121
Los nuevos porcentajes reducen favorablemente la praxis de este
mecanismo. Pensar que se necesita aún más disminución, podría chocar
con la estabilidad democrática institucional y de contera generaría más
costos en el presupuesto nacional”.
122
CONTENIDO
Pág
INTRODUCCIÓN 1
1. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA 9
2. AUTORIDADES TERRITORIALES 18
2.1 ELECCIÓN DE AUTORIDADES 18
2.1.1 Autoridades Departamentales 19
2.1.2 Autoridades Municipales 29
2.2 CAPACIDAD NORMATIVA 49
2.2.1 Les Corresponde a las Asambleas Departamentales
Mediante Ordenanzas 50
2.2.2 Atribuciones del Gobernador 52
2.2.3 Funciones de los Concejos Municipales 54
2.2.4 Atribuciones Constitucionales del Alcalde 56
2.2.5 Ordenanzas Departamentales y Acuerdos Municipales 58
3. EVOLUCIÓN NORMATIVA EN COLOMBIA 64
3.1 LEY 741 DE MAYO 31 DE 2002, “ POR LA CUAL SE
REFORMAN LAS LEYES 131 DE 1994 Y 134 DE 1994
REGLAMENTARIAS DEL VOTO PROGRAMÁTICO” 67
4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU ENFOQUE
FILOSÓFICO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 71
4.1 PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO
EN EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 79
4.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LO REGIONAL Y LOCAL 83
5. NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL, LEGAL
Y REGLAMENTARIA 88
6. PROGRAMA DE GOBIERNO COMO REQUISITO PREVIO PARA
SER ELEGIDO 101
7. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL VOTO PROGRAMÁTICO 105
8. CONCLUSIÓN 112
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. División Territorial 21
Tabla 2. Categorización de los Departamentos 23
Tabla 3. Número de Diputados por Departamento 27
Tabla 4. Categorización de los Municipios 30
Tabla 5. Composición de Concejos por Habitantes 35
Tabla 6. Revocatorias del Mandato 1996 110
Tabla 7. Revocatorias del Mandato 1999 111
Tabla 8. Revocatorias del Mandato 2000 111
LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo 1. Entrevista 119
BIBLIOGRAFÍA
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1993 --------Articulo 1°, inciso tercero CONSTITUCIÓN POLÍTICA. --------Artículo 1° --------Artículo 7° --------Artículo 8° --------Artículo 40 --------Artículo 40, numeral 4° --------Artículo 41 --------Artículo 103, inciso 1° --------Artículo 108 --------Artículo 123, incisos 1° y 2° --------Artículo 172 --------Artículo 259 --------Artículo 286 --------Artículo 287 --------Artículo 288 --------Artículo 298 --------Artículo 299 --------Artículo 299, inciso 3° --------Artículo 300 --------Artículo 309 --------Artículo 303 --------Artículo 303, inciso 1° --------Artículo 304 --------Artículo 305 --------Artículo 311 --------Artículo 312 --------Artículo 313 --------Artículo 314, inciso 2° --------Artículo 315 --------Artículo 316 --------Artículo 322, inciso 3° --------Artículo 327
--------Artículo 328 --------Artículo 330 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; La Descentralización en Colombia: Realidades, Posibilidades, Agenda; Tomo I; Tercer Mundo Editores; Bogotá D.C., agosto de 1994. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-004 de enero de 1993 --------Sentencia C-011 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero --------Sentencia C-180 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero COTRINO DE VARÓN, Oliva; “Autoridades e Instituciones Municipales”; Régimen de las Entidades Territoriales; Universidad Externado de Colombia; Bogotá D.C., marzo de 2000. ---------Carrasco Belichón, Julián; Manual de Organización y Funcionamiento; Madrid; Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid; 1984. ---------Domínguez Giraldo, Gerardo; Gerencia Municipal; Editorial Biblioteca Jurídica, 1995. DECRETO 1421 DE 1993 --------Articulo 5° --------Articulo 27 --------Articulo 48 --------Articulo 60 --------Articulo 65 DICCIONARIO JURÍDICO Temis, Editorial Temis, Bogotá D.C., 1995. GACETA DEL CONGRESO No. 23 de 1992. HERNÁNDEZ BECERRA, Augusto; “Fundamentos constitucionales del ordenamiento territorial colombiano”; Régimen de las Entidades Territoriales; Universidad Externado de Colombia; Bogotá D.C., marzo de 2000. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Tesis y Otros Trabajos de Grado: ICONTEC; Bogotá D.C., 1996 LEY 15 de 1988 LEY 131 de 1994 --------Artículo 1° --------Artículo 3° --------Artículo 7°, modificado por el Artículo 1° de la Ley 741 de 2002 --------Artículo 8°
--------Artículo 9° --------Artículo 11, modificado por el Artículo 2° de La ley 741 de 2002 --------Artículo 12 --------Artículo 14 LEY 134 de 1994 --------Artículo 6° --------Artículo 64, modificado por el Artículo 1º de la Ley 741 de 2002 --------Artículo 67 --------Artículo 69, modificado por el Artículo 2º de la Ley 741 de 2002 --------Artículo 70 --------Artículo 74 LEY 136 DE 1994 --------Artículo 1° --------Artículo 4° --------Artículo 22 --------Artículo 42 --------Artículo 50 --------Artículo 84 --------Artículo 85 --------Artículo 86, parágrafo --------Artículo 86, inciso 1° LEY 617 de 2000 --------Artículo 1° --------Artículo 2° --------Artículo Transitorio LEY 741 de 200 --------Artículo 1° --------Artículo 2º --------Artículo 3º MEDELLÍN TORRES, Pedro; “Departamentos, descentralización y gestión del desarrollo territorial”; Descentralización y Estado Moderno; FAUS y FESCOL; Bogotá D.C., diciembre de 1991. --------- Eastman, Jorge Mario; “Hacia una Descentralización Real”; Informe del Ministro de Gobierno 1981 y 1982. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO “SOBRE LA REFORMA DE LA POLÍTICA COLOMBIANA E INSTRUMENTOS PARA LA PAZ”. PROYECTO DE LEY “POR EL QUE SE REGLAMENTA EL VOTO PROGRAMÁTICO DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 259 DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”; Exposición de Motivos. SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel; Derecho Electoral Colombiano, Editorial Legis, Bogotá D.C., 1997. TAFUR GALVIS, Álvaro; Estudios de Derecho Público; Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997. TRUJILLO GARCÍA, Carlos Holmes, TRUJILLO GARCÍA, José Renán; El Voto Programático, el Nuevo Poder del Ciudadano; Editorial Oveja Negra; Bogotá, D.C., 1994. VON HALDENWANG, Christian; “Hacia un concepto politológico de la descentralización del Estado en América Latina”; Descentralización y Estado Moderno; FAUS y FESCOL; Bogotá D.C., diciembre 1991. WWW.MINEDUCACION.GOV.CO
