Otros territorios: información y análisis sobre derechos y justicia"
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INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA año 1 número 7 14 de mayo de 2011 Un suplemento de ARIAS Desmontes y desnutrición Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 La destrucción del hábitat. La estigmatización de las víctimas. La opinión de los protagonistas y los especialistas. DDHH HOY Represión de la protesta social Los derechos de las trabajadoras domésticas Páginas 12 y 13 Páginas 8 y 9 JUDICIALES Procesan a indígenas que reclaman tierras Página 14 y 15
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DERECHOS HUMANOS HOY -Desmontes y desnutrición: la destrucción del hábitat, la estigmatización de las víctimas. La opinión de protagonistas y especialistas. -Represión de la protesta social. -Los derechos de las trabajadoras domésticas. JUDICIALES -Procesan a indígenas que reclaman tierras.
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INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA
año 1número 7
14 de mayo de 2011
Un suplemento deA
RIA
S
Desmontesy desnutrición
Páginas2, 3, 4, 5, 6 y 7
La destrucción del hábitat. La estigmatizaciónde las víctimas. La opinión de los protagonistasy los especialistas.
DDHH HOY
Represión de laprotesta social
Los derechos de lastrabajadoras domésticasPáginas 12 y 13
Páginas 8 y 9
JUDICIALES
Procesan a indígenas quereclaman tierras
Página 14 y 15
2 / otrosterritorios
LA DESTRUCCIÓN DE UN HÁBITAT
El monte, el hogarCOLECTIVO EDITORIAL
OTROS TERRITORIOS
derechos humanos hoy / desmontes y desnutrición
otros territorios
información y análisis
sobre derechos y justicia
/otros territorios
Producción: Colectivo editorial Otrosterritorios / Colaboradores: Laura Urbano, Carlos Rodríguez, Alba Silva, Eloy López,
Elena Corvalán, Florencia Lance / Arte de tapa: Roly Arias / Ilustraciones: Andrea Fernández / Fotografías: Rolo Díaz
Comercialización: Noberto Barbieri (0387 154194417 / 0387 154138884
Suplemento de Nuevo Diario
14 de mayo de 2011año 1 • número 7
A pesar de las numerosas
advertencias, de los estudios, los
informes y fallos que dan cuenta
del estado desesperante al que
se sume a las comunidades
indígenas con el avance de los
desmontes, los inversionistas y
productores engolosinados con
la agricultura extensiva y la
ganadería a gran escala no se
dan por enterados. Esa es la
hipocresía que debe seguir
denunciándose, exponiéndose
en toda su crueldad.
Las comunidades de Salta,
y las de otros puntos del país,
y de otros puntos del país
grande, ya han dicho,
reiteradamente, que se las
expone a la desaparición con el
avance de los desmontes, que
no solo los dejan sin comida,
sino que agotan también su
ambiente, su derecho a la
identidad, estrechamente
vinculada a este entorno.
A estas alturas, en que los
pueblos originarios han
conseguido cierta
visibilización, son pocos los
que ignoran la estrecha
relación, espiritual y física, que
estas culturas mantienen con
la tierra y el monte, que es
hogar y es también medio de
subsistencia.
Ese solo conocimiento
debería bastar para comprender
la dimensión del daño que se
provoca a estos pueblos cuando
se los priva de la tierra y del
monte. Los resultados están a la
vista, y se contabilizan con
muertos por el hambre. Para
mayor vergüenza, la gran
mayoría de las
víctimas, fatales y de
las otras, que
seguirán una vida
disminuida, son
niños y niñas.
Contra toda advertencia
humanitaria, las explotaciones
forestales y agropecuarias
continúan extendiéndose. Y
violan derechos humanos,
como el derecho a la salud, el
derecho a vivir en un ambiente
sano, el derecho a la identidad.
Obligados a apartarse del
monte sagrado, sin los bienes
que este ámbito provee, los
pueblos originarios de Salta
andan, todavía, sin saber
dónde poner un pie. En lugar
del territorio, con sus aguas,
sus lugares y sus animales, son
corridos a lotes de unos
cuantos metros, en pobres
barrios de pobres localidades o
a unas pocas hectáreas
rodeadas de campo raso, o
sembrado con soja. La
abundancia de los frutos y
animales del monte trocó en
bolsones con comidas extrañas
que requieren también de una
preparación extraña a la
cultura propia. Y son
desnutridos por no comer, y
por comer. Porque esos
alimentos que se preparan de
maneras extrañas no tienen las
proteínas que el saber antiguo
permitía extraer del monte.
Los recursos que el mundo
civilizado blanco otorga son
tan exiguos que las familias
tienen que contentarse con el
puchero diario (con
temperaturas que superan los
40 grados) como única
comida. No más la variedad
estacional montaraz, de
mieles, algarrobas, mistoles y
otras dulces frutas, no más el
sabor de la corzuela, del maján,
el pichi, la charata y el mataco.
También los campesinos
criollos están siendo
severamente afectados por los
desmontes. También su forma
de vida está siendo atentada
por el avance de los desmontes,
un buen negocio para pocos y
la ruina de muchos. Sobre estas
cuestiones se habla en
este número.
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otrosterritorios / 3
La tierra para vivirLa supervivencia física y cultural de las comunidades wichí está en riesgo por el avance de
desmontes. Es esto, y no su cultura, lo que está afectándolos.
DECLARACIÓN DE LA ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
derechos humanos hoy / desmontes y desnutrición
Ante las críticas condiciones de
supervivencia física y cultural en la que
se encuentran las comunidades wichí de
la provincia; la Escuela de Antropología
de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Salta expresa:
•Que la degradación y desaparición del
bosque nativo por el uso del territorio con
fines productivos por parte de terceros
pone en riesgo la supervivencia de las
comunidades y de las personas que las
integran.
•Que la expulsión y el arrinconamiento de
las comunidades indígenas, en territorios
degradados o en sectores periurbanos, es
la causa de su hambre y la desnutrición; y
no su propia cultura, que por largos siglos
les ha asegurado su supervivencia física y
cultural.
•Que el vínculo con el territorio y con el
monte resulta por tanto irremplazable, no
solo para la supervivencia económica sino
también para la mantención de la cultura,
la lengua y la espiritualidad wichí.
•Que las comunidades dependen para su
supervivencia en gran medida de las
actividades tradicionales de caza y
recolección, las que solo pueden realizarse
en el territorio que ocuparon
tradicionalmente conservando la flora y
la fauna nativa.
•Que las comunidades son sujeto colectivo
de derechos consagrados
constitucionalmente, entre los que se
encuentran el derecho a la tierra, a la
subsistencia y a su propia cultura.
•Que la demarcación de los territorios
debe realizarse incluyendo todos los
espacios que para las comunidades
poseen relevancia cultural (material y/o
espiritual). Para esto es recomendable
3. Que los problemas aludidos sean
abordados por parte de los más altos
funcionarios provinciales desde el
prejuicio y el profundo desconocimiento
de los derechos consagrados por la
Constitución y por los pactos
internacionales al que adhirió el Estado
Argentino.
4. Que por ello se termine culpabilizando
a las víctimas, poniendo como excusa su
propia cultura, para no poner sobre la
mesa la verdadera situación de despojo e
injusticia a la que están siendo sometidas.
5. La vigencia del prejuicios respecto a la
cultura wichí y a los pueblos indígenas en
cuanto se propone el asimilacionismo
como única posibilidad de solucionar el
problema
6. La falta de formación en herramientas
interculturales de los agentes estatales
que trabajan con las comunidades
indígenas
7. La no consideración de la lengua
indígena como un factor importante al
momento de una relación intercultural.
tener en cuenta su propia representación
del territorio.
•Que para resguardar los derechos
indígenas y proteger el área de los usos
que terceros pretendan hacer de él y
asegurar la sobrevivencia de las
comunidades resulta imprescindible que
éstas cuenten con el título comunitario del
territorio demarcado.
Por lo tanto la Escuela de Antropología
se encuentra hondamente preocupada
por:
1. El avance de los desmontes para
monocultivo y para ganadería, que afectan
fuertemente la posibilidad de alimentarse
y la salud de las personas que viven en la
zona.
2. La falta de control estatal sobre la
práctica de fumigación con agroquímicos
que inciden negativamente en el agua y la
salud de la población.
para resguardar los derechos indígenas
resulta imprescindible que cuentencon el título comunitario
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4 / otrosterritorios
derechos humanos hoy / desmontes y desnutrición
Estigmatización de las víctimas
Se encuentra instalada en nuestro país
la imagen de “granero del mundo”, de
productor de alimentos en un planeta
hambriento. Imagen que posee no menos
de una centuria. Ahora bien, en este
granero del mundo ¿mueren niños por
desnutrición? También este es un hecho
suficientemente difundido por los medios
y en su ámbito se destaca nuestra
provincia de Salta. ¿Cómo es esto posible?
¿Cómo se compatibilizan ambas
realidades? ¿O alguna de ellas no se ajusta
a lo real?
Siguiendo la información periodística
más reciente, se destaca que las víctimas
de este terrible flagelo son niños indígenas
de la región chaqueña, en general wichí.
Si tenemos en cuenta que expedicionarios
de inicios del siglo XX que tomaron
contacto con esta población constataban
su fortaleza y salud, las preguntas que se
imponen son: ¿Qué ha pasado? ¿Qué se
abatió sobre su gente?
En el año 1994, una investigación
realizada en el marco de una Comisión
Oficial del Poder Ejecutivo y publicada por
ese mismo gobierno, anticipaba para los
indígenas y los criollos, de un importante
sector del Chaco salteño, en los Lotes
Fiscales 55 y 14 –es decir, su población
más empobrecida– un futuro de
desarraigo, desnutrición y muerte. Este
caso, que luego de los años transcurridos,
aún pende de solución, demostraba que
la misma provenía de resolver la cuestión
de la tenencia de la tierra para ambas
poblaciones y de detener y revertir un
proceso de desertización en marcha. El
estudio ponía de relieve que una
alimentación suficiente para estas
HAMBRE, DESPOJO TERRITORIAL Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
En el país “granero del mundo”, ¿se mueren niños por destrucción?Es necesario un debate serio y una decisión política firme para atacar el nudo del problema.
HÉCTOR RODRÍGUEZ /
CATALINA BULIUBASICH
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otrosterritorios / 5
derechos humanos hoy / desmontes y desnutrición
poblaciones, dependía (y depende ahora)
de la biodiversidad, ya amenazada, del
monte.
En los años siguientes, la política
gubernamental tomó un giro cada vez más
embarcado en las políticas neoliberales
que ya se estaban ejecutando. Sabemos
que en el contexto neoliberal, la visión del
“desarrollo”, del “progreso” y de la
“productividad” se vinculan
estrechamente al “crecimiento” como
mero incremento de la producción, al
avance de la frontera agropecuaria en
manos privadas y a la producción
mercantil de los llamados commodities,
de los bienes agropecuarios. Esta
concepción del desarrollo,
completamente acrítica, fue incapaz de
ver las consecuencias ambientales y
sociales que sobrevendrían de la mano de
este crecimiento mercantil y empresarial.
Fue incapaz de distinguir entre formas de
utilización del monte, entre diferentes
formas de producción agrícola y de
adecuada utilización de la mano de obra.
De la mano de esta política, la “sojización”
del campo, la “pampeanización” del Chaco
y la concentración de las tierras generaron
riquezas centralizadas en pocas manos, a
la par que se destruía la biodiversidad del
monte, que familias enteras de
campesinos criollos y de comunidades
indígenas eran expulsadas de tierras
ancestrales, despojadas de sus medios de
supervivencia y obligadas a migrar a
sectores cada vez más reducidos para su
vida.
Otra investigación, realizada ya entre
2006 y 2007 mediante un Convenio entre
la Universidad Nacional de Salta y la
Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, en el departamento San Martín,
demostró claramente esta precarización
en la tenencia de la tierra y sus derroteros
a los cinturones de pobreza: el 90 por
ciento de las comunidades indígenas
carecen de títulos de propiedad de la tierra
que ocupan y ya en una extensión
insuficiente para su uso. El proceso
desatado desde antaño y acrecentado
exponencialmente en las últimas décadas
no hizo más que realimentar y catapultar
el “círculo de la pobreza”.
Con respecto a la población indígena,
posee el agravante de que este proceso se
desencadena con más virulencia en
abierta violación del marco legal de
obligada aplicación en nuestro país. No
podemos menos que traer a colación el
caso Pizarro, en cuyo contexto tomó
fuerza la posible aplicación del delito de
genocidio para con las poblaciones
originarias.
Entendemos que es una grave ceguera
perder de vista que el hambre y la
desnutrición de los pueblos indígenas de
la provincia de Salta se encuentran
vinculados a la tenencia de la tierra, al
continuado despojo territorial y a la
pérdida de la biodiversidad que generan
los desmontes. A esto se suman las graves
consecuencias para la salud de las
poblaciones sometidas a fumigación
directa con agroquímicos.
En este contexto, preocupa que los
procesos previstos en el espíritu de la Ley
de Bosques o en el postergado e
incumplido relevamiento territorial en el
marco de la ley 26.160 (contra los
desalojos de los pueblos indígenas de sus
tierras) puedan transformarse en
oportunidades perdidas para corregir el
rumbo y avanzar en una solución concreta
del problema.
La ausencia de un debate serio sobre
las causas no sólo inhibe una solución de
fondo sino que permite justificar lo
actuado y continuar con una política a
través del uso del mecanismo perverso de
estigmatización de las víctimas y del
desplazamiento y ocultamiento del eje de
la responsabilidad.
* Antropólogos
la ausencia de un debate serio
no solo inhibe una solución de fondosino que permite justificar lo actuado
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6 / otrosterritorios
En febrero último, cuando
hubo varias muertes por
desnutrición de miembros del
pueblo wichi, la Organización
Zonal Wichi Tch’Ot
Lhamejenpe, expresó su
malestar por los comentarios
discriminatorios de
funcionarios y comunicadores
sociales. La entidad recordó
que los pueblos originarios
vienen soportando “años de
negación” de sus derechos y
exigió “una reparación pública
de lo expresado por la directora
del Hospital de Morillo
(Fernanda Siuffi)”.
La médica había intentado
descalificar a los indígenas
para justificar las falencias de
salud en esa localidad. Otros
funcionarios, incluido el
gobernador Juan Manuel
Urtubey, hablaron de “una
cuestión cultural” que
motivaría la desnutrición.
Nunca hubo pedido de
disculpas o retractación, ni de
parte de la médica ni de parte
de otros funcionarios, y
comunicadores sociales.
“Hace diez años que
solicitamos, organizadamente,
que se nos escuche, que se nos
respete en la implementación
de políticas públicas”, sostuvo
la Organización, que reúne a
derechos humanos hoy / desmontes y desnutrición
COMUNICADO DEL PUEBLO WICHÍ
En el verano pasado hubo nueve muertes por desnutrición. Ante los comentariosestigmatizantes de comunicadores y funcionarios, la Organización Zonal Wichí Tch´Ot
Lhamejenpe sostuvo que se les niegan sus derechos.
diecinueve comunidades, unas
4.500 personas.
“Somos un pueblo que
habita en la zona hace más de
siete mil años, con nuestra
forma de estar, con un estilo de
vida propio, y con mucha
sabiduría acumulada con los
años”, recordó la Organización
Wichi, que también destacó:
“Hay años de negación de
nuestros derechos, de la
dignidad de nuestras personas,
de la sabiduría de nuestra
cultura. Siempre, como pueblo
indígena, estamos dispuestos
al diálogo, a la búsqueda
conjunta de soluciones, y no a
la imposición de una manera
de hacer las cosas”.
La mayoría de las
comunidades que integran esta
Organización están en
inmediaciones de la ruta
nacional 81, que une a Salta con
Formosa. Otras comunidades
están en parajes cercanos a la
zona urbana y en barrios de los
alrededores de los pueblos de
Coronel Juan Solá (más
conocido como Morillo), Los
Blancos, Capitán Pagé y Pluma
de Pato.
La Organización Wichi
recordó que en estos diez años
han realizado reclamos y
propuestas sobre tierra y
territorio, recursos naturales,
educación, salud, documen-
tación y trabajo.
Respecto del primer aspecto,
reclaman la titularización de la
propiedad; que se aplique la ley
nacional 26.160, y que los
ayuden a poner en práctica
planes de recuperación y
renovación del monte nativo.
Solicitan que se instrumente
una educación intercultural
bilingüe, se formen docentes
indígenas, se nombren
auxiliares bilingües, se otorguen
becas y haya tutores de apoyo.
Sobre la salud, vienen señalando
que no cuentan con información
ni participación en el Consejo
Asesor Sanitario, que no hay una
“investigación sostenida” sobre
el fallecimiento de niños de
2000 a 2010; que faltan
pediatras, bioquímicos, agentes
sanitarios con formación
intercultural y auxiliares; y
faltan medios de movilidad.
“Desde 1989 a la fecha” han
presentado reclamos ante
autoridades municipales,
provinciales, policiales y de
salud por venta de alcohol. Y
exigen también “respeto y
aceptación de nuestra sabiduría
tradicional”.
La Organización ha
señalado además que se debe
agilizar el acceso a beneficios
sociales. Y pide ayuda para
generar fuentes de trabajo.
“Que se nos escuche,“Que se nos escuche,“Que se nos escuche,“Que se nos escuche,“Que se nos escuche,que se nos respete”que se nos respete”que se nos respete”que se nos respete”que se nos respete”
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otrosterritorios / 7
derechos humanos hoy / desmontes y desnutrición
La desnutrición en los pueblos
originarios, es primero un problema
socio-económico, desde el momento que
la Constitución argentina demoró 130
años en reconocer la preexistencia de esos
pueblos, y 200 años hemos celebrado sin
devolverles las tierras de las que vivían
dignamente. El libro cita una
investigación de la que participamos, que
demuestra que son casualmente las metas
y cultura local, el mayor factor protector
de una buena historia nutricional. Uno de
cada cinco niños menores de dos años es
desnutrido, pero de los otros cuatro, son
las actividades de agricultura y ganadería
de subsistencia, más las pautas de crianza
que fortalecen esa tarea, el recurso que les
permite en un contexto generalizado de
pobreza estructural, tener una buena
historia nutricional.
En los niños desnutridos inciden más
otros factores tales como: bajo peso al
nacer por historia de enfermedades y
anemia de la madre; escasez de recursos
propios cuando son varios hijos, escasez
de algunos alimentos y episodios de
enfermedades infecciosas sin
tratamientos oportunos con la
consecuente anemia.
Nuestro trabajo muestra cómo, con el
aporte de vitaminas que cualquier
pediatra da a los niños en servicios
privados, y que conseguimos en Iruya por
un proyecto especial porque el hospital no
los provee regularmente, resolvíamos
anemias de embarazadas y niños
pequeños.
Las políticas públicas, han llegado a
estos pueblos, siempre como políticas
asistenciales, nunca llegaron con políticas
que rompieran la dependencia.
¿Por qué callan?El próximo martes se presentará un libro de Alicia Torres Secchi y Tomás Torres Alliaga,
especialistas en materia sanitaria en la región andina argentina. Aquí, un adelanto.
PODER, ACCESIBILIDAD Y DIFERENCIAS CULTURALES EN SALUD
Para ellos solo hubo políticas para
integrarlos considerándolos ignorantes y
bárbaros (con la escuela pública que les
marcó la identidad nacional a fuerza de
desvalorizar su cultura y que implica aún
hoy el fracaso en alfabetización, la
deserción y repitencia escolar). O
controladoras del cuerpo y formas de vida
(con la salud pública la biopolítica) o
programas de empleo transitorios que
llevan ya más de 20 años, propuestas
fragmentadas, superpuestas, que llegan a
quienes están más cerca de centros
poblados y no a quienes más los necesitan.
Planes que los consideran “sin trabajo”
(trabajo tienen, lo que no tienen es
ingresos) y para darles un subsidio les
exigen dejar sus tareas habituales
(cultivos, artesanías, animales) para
construir caminos, barrer calles o cocinar
en escuelas. Siempre quedan en
dependencia, aún hoy, con políticas mal
llamadas universales, en proporción son
menos los niños de comunidades
originarias quienes reciben el ingreso
universal, porque, al tener planes sociales
anteriores (pensiones no contributivas)
no les corresponde. En proporción, los
niños de pueblos originarios valen para
el estado menos, que los niños de sectores
pobres en ciudades o centros urbanos.
Y finalmente, la desnutrición es
también un problema sanitario. Por la
relación enfermedad/desnutrición, pero
además, porque en Salta hemos conocido
un sistema sanitario que llegaba a todos,
con acciones de baja complejidad casa por
casa, con acceso a tomografías o cirugías
de alta complejidad, por coordinación
entre diferentes niveles de atención.
De hecho, con la simple acción de
prevención y detección precoz de los
agentes sanitarios casa por casa, más la
derivación y oportuna atención médica de
madres y niños, más entrega gratuita de
medicamentos, desaparece la
desnutrición crónica. Lo hemos
comprobado. Sólo que, los agentes
sanitarios y profesionales que en toda la
provincia sostuvieron esa tarea, dejaron
de tener reconocimiento, capacitación y
sobre todo, relación con servicios de
mayor complejidad. Desapareció la
motivación que aseguraba calidad en la
atención de servicios.
En Salta desapareció hace años un
sistema de salud que trabaje en
prevención, detección precoz y asistencia
oportuna de baja complejidad, para todos
en condiciones de equidad, y gratuito en
el momento de la prestación. Hace tiempo
que la plata, recursos y prioridades está
puesta en la coyuntura, en las
emergencias, en quienes viven en centros
urbanos o tienen recursos, sin visión de
conjunto ni planificación sanitaria con
responsabilidad sobre toda la población.
ALICIA TORRES SECCHI
8 / otrosterritorios
derechos humanos hoy / represión de la protesta social
Visiones estrechasPOLICÍAS CONTRA ESTUDIANTES EN UNA MOVILIZACIÓN
Esta semana que pasó el gobierno de
Salta puso en práctica una vez más su
estrecha concepción de orden público que
solo acepta la represión como respuesta a
la protesta social. Esta vez los atacados
por la Policía fueron los alumnos de la
Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera,
que realizaban una marcha exigiendo
mejoras en el edificio y la provisión de
elementos para el estudio.
La represión a niños, niñas y
adolescentes, tuvo el efecto contrario al
deseado: otros estudiantes, del Colegio
Nacional, la Escuela de Música y la
Escuela Técnica Nº 2, se añadieron a la
protesta. También los padres y
ciudadanos no parientes de alumnos
participaron de las marchas y
manifestaciones que se sucedieron.
Los chicos y chicas tuvieron la virtud
de descolocar a más de uno. Políticos
como los jefes policiales y los funcionarios
de seguridad de la provincia volvieron a
demostrar que no quieren o no pueden
recurrir a la política, ensayar prácticas
alternativas de resolución de conflictos,
como las que está poniendo en práctica la
ministra de Seguridad de la Nación, Nilda
Garré.
Otra legión de integrantes de la vida
pública, legisladores, periodistas,
comunicadores sociales y ciudadanos que
suelen participar en los medios, también
quedaron descolocados, con expresiones
contradictorias, como esa que exigía que
los alumnos se dedicaran a estudiar y no
realizaran protestas, sin advertir que el
aprendizaje puede también venir por el
lado de un reclamo. Que no hubiera
ordenanzas para limpiar el edificio, ni que
la construcción estuviera más que
deteriorada, parecía un dato irrelevante
en algunas expresiones que se escucharon
por estos días.
Tras idas y venidas, con más
manifestaciones públicas, y con la
represión a niños y niñas ya instalada en
la Legislatura provincial, y con la
perspectiva de que la mecha de los
estudiantes de Bellas Artes se extendiera
a otras escuelas con problemas similares,
el gobierno provincial terminó por
desautorizar la represión de la Guardia de
Infantería y anunció la construcción de
“un complejo de bellas artes” que
contendrá a la Escuela de Bellas Artes
Tomás Cabrera, el Instituto de Formación
Docente, la Escuela de Música José Lo
Giudicce, el Instituto Superior de
Profesorado de Arte y la Orquesta Infanto
Juvenil.
Mientras se hacen los preparativos
para estas obras, parece que algunos
quedaron enojados con los niños y niñas
que protestaron y eligieron cobrarse como
enseñan las viejas malas prácticas: con
persecución policial. El jueves se difundió
la novedad de que habían sido detenidos
cuatro estudiantes que llevaban bebidas
y marihuana. La información destacaba
que eran del Tomás Cabrera.
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otrosterritorios / 9
derechos humanos hoy / represión de la protesta social
Freno a las balas¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD?
CARLOS RODRÍGUEZ
Cuando era funcionario del gobierno bonaerense, Marcelo Saín dijo que el auge
del delito tenía estrecho vínculo con la corrupción policial y que esa asociación ilícita
crecía bajo el amparo de sectores políticos.
La ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, acaba de reconocer que el problema
más grave del gobierno, en materia de seguridad, es la Policía Federal.
Más allá de lo que se expresa en los discursos, y en algunas medidas concretas, como
el juzgamiento a los represores de la dictadura militar, el gobierno de los Kirchner
no pudo diferenciarse de los anteriores, respecto de la corrupción policial y el “gatillo
fácil”. Desde diciembre de 1983 hasta este año, la represión policial fue la causa de
muerte de 3093 personas. Eran trabajadores, estudiantes y sobre todo, jóvenes pobres
(el 53 por ciento del total) víctimas del “gatillo fácil”.
Hubo 1634 casos desde 2003 bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
El año pasado fue Mariano Ferreyra, víctima de la patota sindical con apoyo policial.
Hubo tres muertos por represión en Bariloche y otros tres en el Parque
Indoamericano. En este caso, la responsabilidad fue de las policías Federal y
Metropolitana, pero todavía no hay policías detenidos.
Sí los hay, de uniforme, por dos muertos y un herido grave en José León Suárez.
Aunque se compartan los dichos de Saín y de Garré, lo que sigue faltando es ponerle
freno a policías que siguen metiendo bala.
RO
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ÍAZ
ACTO POR LOS DESAPARECIDOSDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
Convocado por ADIUNSa, Asociación de Docentes e
Investigadores de la Universidad Nacional de Salta,
el día jueves 19 de mayo a las 16 horas se realizará un
acto de recordación y homaneje a los docentes y
estudiantes desaparecidos.
La actividad será en la sede de Campo Castañares.
10 / otrosterritorios
derechos humanos hoy / comunidad qom la primavera
El acuerdo firmado el lunes
9 de mayo al filo de la
medianoche en el Salón de los
Escudos del ministerio del
Interior, no sólo mostró y
demostró que a la comunidad
La Primavera le asiste la razón,
sino que puso en evidencia que
cuando el Estado nacional
interviene las comunidades y
pueblos indígenas sienten el
inicio del desagravio, una
suerte de reparación a sus
históricas demandas.
Es el mismo Ejecutivo
nacional, cuyo mayor pecado
es la falta de reflejos o
desconocimiento de los
indígenas que derivó en que su
injerencia se produjera seis
meses tarde; aunque para la
comunidad La Primavera los
tiempos son otros porque su
protesta en las rutas
nacionales de Formosa
comenzó a inicios de 2010. El
Estado Nacional necesitó el
pronunciamiento de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de
la OEA que exigió protección,
con nombre y apellido para
Félix Díaz y los integrantes de
la golpeada comunidad, para
tomar en serio el caso y dejar
de ver al toba como un opositor
ligado a Pino Solanas.
Como corolario de dos
extensas reuniones en la Casa
Rosada, una el 2 de mayo, con
Identidad indígena y morenaFELIX DÍAZ Y LA BATALLA POR LAS 1300 HECTÁREAS
Luego de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los qom sereunieron con funcionarios del gobierno nacional y empezaron a buscar soluciones conjuntas.
presencia de referentes de
organismos de Derechos
Humanos en el despacho del
ministro del Interior, Florencio
Randazzo y, en la segunda
ocasión ya con el ministro de
Gobierno formoseño, el ex
abogado de la Pastoral
Aborigen, Jorge González, se
firmó un acta que contiene en
primer lugar el tema de la
representación de la
comunidad, Cristino Sanabria,
cacique legal reconocido por
Formosa, y Félix deberían
consensuar una fecha para la
realización de una asamblea
que elija al nataxala (cacique
en el idioma de los qom). Si no
lograran ese objetivo el Estado,
¿provincial o nacional? lo hará
el 23 de mayo venidero cuando
se realice una nueva reunión
para examinar el
cumplimiento del acta
firmada.
Se prohibió, como si
hiciera falta, arrendar tierras
comunitarias. En este punto, el
segundo, no se menciona pero
ese alquiler se hace a terceros
para plantar soja (¿?!!).
También se manda a la
Administración de Parques
Nacionales (APN), presente en
la reunión, a buscar soluciones
ante la superposición de
dominios. En todo caso, lo que
pretenden los originarios es el
libre acceso a la laguna para
pescar y así obtener sustento
para sus familias.
El último punto pone
fecha: 23 de mayo, y lugar: el
Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) en la calle
San Martín al 400 de la
ciudad de Buenos Aires para
la reunión en la que los
organismos intervinientes
informarán sobre los
avances.
Un triunfo comunitario
Hasta acá los resultados de
las negociaciones que, como
dijimos, se demoraron varios
meses y a los que se puede
calificar como un claro triunfo
de la comunidad.
El acta no se detiene en
otras cuestiones como la salud,
los documentos de identidad o
el agua, porque la cuestión
verdaderamente importante,
de fondo, siempre son los
territorios y los recursos, así
como la representación de la
comunidad, de los que emana
el bienestar de las familias.
Instalado en el cruce de dos
avenidas emblemáticas del
centro porteño Félix Díaz
planteó una batalla por la
dignidad que duró casi seis
meses. Durante ese tiempo se
acercaron todas las
agrupaciones de izquierda y
sus legisladores, los que no al
poder plantar sus banderas en
el acampe se retiraban y los
qom volvían a su estado
natural, ellos y sus problemas,
ellos y su modo de encararlos,
ellos y sus convicciones.
Contaron con el apoyo
incondicional de la Defensoría
del Pueblo de la nación y del
ministerio Público de la
Defensa o Defensoría General
de la Nación, organismos que
vigilan la observación de los
derechos en todo el territorio.
Ellos, junto al Centro de
Estudios Legales y Sociales
ALBA SILVA
Felix. Enseña a sus hermanos las leyes.
otrosterritorios / 11
derechos humanos hoy / comunidad qom la primavera
(CELS), llevaron el caso a
Washington, donde la CIDH
emitió su resolución el 21 de
abril pasado.
En este tiempo, Félix Díaz
y las familias qom llegadas de
Formosa para sumarse al
campamento –que contaba
con un solo baño químico y
que, según contaban los
indígenas, había que presentar
notas ante las autoridades del
gobierno porteño para
vaciarlo– recibían la
solidaridad y apoyo de vecinos
que se acercaban todo el
tiempo, o los turistas
interesados en conocer el caso,
y, finalmente, el cuerpo de
otros originarios, sobre todo
jóvenes, que apoyaron a Félix
incondicionalmente.
Entre los músicos, sólo el
jujeño Bruno Arias se jugó por
el caso, al punto que llevó al
qom al escenario Atahualpa
Yupanqui, durante el Festival
de Cosquín. El resto de los
artistas habituales defensores
de los derechos humanos
brillaron por su ausencia en el
conflicto. Excepto Nacha
Guevara que no se privó de dar
su parecer.
Hasta los corredores del
rally más famoso del mundo,
el Dakar, se acercaron al
acampe o los gremios que
pasaban encolumnados el
pasado 30 de abril para festejar
el Día Internacional de los
Trabajadores con un acto en el
que habló el camionero Hugo
Moyano. Ellos también
saludaban a Félix. Nunca un
insulto, ni siquiera malestar
notaron los indígenas por
parte de los automovilistas o
taxistas que, de a miles,
circulan diariamente.
Durante los meses que se
desarrolló el conflicto por las
tierras y la demanda de justicia
por la muerte de Roberto
López en Buenos Aires, el
Estado nacional consideró que
se trataba de un tema
“provincial” y mandó
funcionarios del INAI a
cuadrarse ante Gildo Insfrán
que siguió gobernando como si
nada pasara.
Una vez más se constató el
desconocimiento que tienen
–y que a veces ostentan con
orgullo– los funcionarios
respecto de los pueblos
indígenas y sus problemas. En
el imaginario continúa fuerte el
concepto de que los argentinos
“descienden de los barcos”,
como dijo alguna vez Carlos
Fuentes tras asegurar que los
mexicanos lo hacen de los
aztecas y los peruanos de los
incas.
Un ex montonero definió
en muy pocas palabras la
situación histórica y, si se
quiere, la relación de la
sociedad envolvente y los
indígenas en el país “la
Argentina se fundó en la
masacre a los indios. Hay que
entender esto para ver cómo se
sale de ese paradigma”.
¿Será necesario un acto de
contrición de las autoridades?
¿Un pedido de perdón expreso,
claro, fuerte y contundente por
parte del gobierno como
ocurrió en países como Canadá
o Australia?
Arrojados a la
marginalidad, al racismo y a la
permanente vandalización de
derechos, los indígenas reciben
el tratamiento de meros pobres
por parte de los punteros
políticos que muchas veces
ocupan encumbrados puestos
oficiales y así, nadie sabe
arrojados a la marginalidad, al racismo
y a la vandalización
los indígenas reciben el tratamientode meros pobres por parte
de los punteros políticos
cuándo en la Argentina se
comenzará a hablar de un
verdadero plan o programa
político indígena, tal como
demandan las organizaciones
de originarios.
A un año de la
impresionante marcha
indígena, que en tres
columnas llegó a la Plaza de
Mayo desde distintos puntos
del país en el marco del
Bicentenario de la Revolución
de Mayo, podemos pensar
que algo está cambiando.
Pero eso ocurre sobre el
sufrimiento hasta niveles
insoportables de los
indígenas. Me pregunto cómo
medir el aporte que Félix Díaz
hizo y seguirá haciendo al
pueblo argentino en el
reconocimiento de su
identidad: indígena, morena.
¿Por qué callan, si nacen gritando?Poder, accesibilidad y diferencias culturales en salud. Iruya 1978-2008
Tiene prólogo del obispo de Humahuaca, Pedro Olmedo y es una edición del Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
Será presentado el lunes próximo en Iruya, en un taller. En la ciudad de Salta será presentado el
martes, a las 19, en el salón auditorium de ATE (Esteco y Rioja), con la presencia del dirigente
nacional Víctor De Gennaro. También se harán presentaciones en Humahuaca y en Jujuy.
Tomás Torres Alliaga es médico generalista, especialista en administración sanitaria. Fue diputado
provincial por Iruya entre 1988 y 1990. Alicia Torres Secchi es sicóloga, especialista en sicología
social y en planificación y administración sanitaria. Fue secretaria general de la Asociación de
Profesionales de la Salud de Salta (APSADES) entre 1988 y 1990.
12 / otrosterritorios
derechos humanos hoy / trabajadoras domésticas
El servicio doméstico también es trabajoUN PROYECTO QUIERE EQUIPAR SUS DERECHOS
La tarea de mucamas y prestadores de servicios similares se rige por un régimen especial,creado por un decreto que data de 1956, limitativo de sus derechos.
trabajo, ayudantes/as, jardineros y
caseros; aprendices en general. Y permite
que estos aprendices se inicien a los
catorce años. En general estatuto de 1956
establece condiciones de trabajo
desfavorables para los empleados. Solo
rige para aquellos que trabajan al menos
cuatro horas por día y cuatro días por
semana con el mismo empleador, con lo
que deja fuera de toda protección a las
trabajadoras que se desempeñan por
horas en distintas casas. El preaviso por
despido solo es obligatorio en el caso de
que el empleado tenga un mínimo de
noventa días de antigüedad. Y se debe
realizar con solo cinco días de
anticipación si la antigüedad es inferior a
dos años, y diez días antes si la antigüedad
fuera mayor. La indemnización por
despido es de solo medio mes de sueldo
por cada año o fracción superior a tres
meses de servicio si la antigüedad es
mayor de tres años. El estatuto prevé que
luego de diez años de trabajo un empleado
puede tener veinte días hábiles de
vacaciones, el máximo posible. Si el
empleado tiene entre cinco y diez años de
trabajo, las vacaciones son de quince días
hábiles; y si la antigüedad fuera inferior a
cinco años, pero superior a un año, de solo
diez días hábiles. Además, determina que
“el empleador tendrá el derecho de fijar
la fecha de las vacaciones, debiendo dar
aviso al empleado con veinte días de
anticipación”. En cuanto al reposo diario,
otorga nueve horas consecutivas de
descanso para las empleadas, aunque
podrá ser interrumpido por “causas
graves o urgentes”, un descanso diario de
tres horas entre las tareas matutinas y las
vespertinas y un descanso semanal de 24
horas corridas “o en su defecto dos medios
días por semana”. El decreto 326, y su
Con una lógica que solo puede
interpretarse como una rémora del
esclavismo, hasta estos días el trabajo de
quienes realizan tareas domésticas se rige
por un régimen especial, el “estatuto del
doméstico” creado en 1956, mediante el
decreto 326 del gobierno de facto del
general Pedro Eugenio Aramburu. Recién
el año pasado, en el día internacional de
la mujer, la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner anunció el envío al Congreso
de un proyecto de ley que deroga ese
estatuto y regula el trabajo doméstico
equiparándolo a cualquier otro trabajo.
Esa iniciativa está actualmente en
tratamiento en la Cámara de Diputados.
El ministro de Trabajo de la Nación,
Carlos Tomada, sostuvo el año pasado que
con la sanción de esta ley se producirá “un
acto de reparación con un sector que había
sido excluido de los derechos laborales
argentinos, poniendo fin a una situación
que no tiene ninguna explicación ni
justificación”. Se considera que el viejo
estatuto, calificado como “el colmo de la
flexibilización” por el ministro de
Trabajo, facilitó que el 90 por
ciento de estas trabajadoras
no estuviera registrado. En
Salta, el Ministerio de
Trabajo de la provincia lanzó
ahora una campaña de
información sobre los derechos que
asisten a los trabajadores de este sector.
La campaña apunta a lograr conciencia
para que las propias empleadas de casas
particulares insistan para que su
empleador las registre debidamente y
realice los aportes que corresponden por
ley. Las trabajadoras domésticas no
pierden el beneficio de la asignación
universal por hijo aunque estén
registradas como empleadas.
Todo mal
El decreto 326 establece categorías de
empleados domésticos, con distintos
sueldos: institutrices, preceptores,
gobernantas, amas de llaves,
mayordomos, damas de compañía y
nurses; cocineros/as especializados,
mucamos/as especializados, niñeras
especializadas, valets y porteros de casas
particulares; cocineros/as, mucamos/as y
niñeras en general, auxiliares para todo
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otrosterritorios / 13
derechos humanos hoy / trabajadoras domésticas
decreto reglamentario, establecen
también que los “empleadores podrán
convenir especialmente, en caso de que el
empleado conviva con un miembro de su
familia, la reducción del sueldo en dinero
a pagarse, teniéndose en cuenta las
prestaciones que en alojamiento y/o
comida reciban del principal”. El artículo
11 del decreto reglamentario autorizaba
expresamente al empleador a “requerir el
auxilio policial” para echar a un empleado
despedido. El artículo 19 de este
reglamento carga la obligación de contar
con la libreta de trabajo a los propios
empleados, sobre los que se prevén multas
onerosas para el caso de que se los
descubriera “prestando servicios sin
poseer” la libreta.
Cambios
El proyecto de ley que está en
tratamiento ahora mejora la situación de
quienes trabajan en casas particulares.
Ahora el régimen alcanza a todos los
trabajadores, sin importar la cantidad de
horas y de días laborables. El preaviso por
despido tiene que ser dado con un mes de
anticipación para el caso de los que tengan
menos de cinco años de antigüedad y de
dos meses a los que superen este tiempo.
La indemnización por despido será de un
mes por año de antigüedad o fracción
mayor a tres meses.Las vacaciones serán
de catorce días hasta los cinco años de
antigüedad, de 21 días hasta los diez años
y de 28 días para quienes cuenten con más
Dos artículos pintan el espíritu del decreto 326. Exigen lealtad, respeto y confidencialidad a los trabajadores del
servicio doméstico. “Será obligación de los empleados domésticos guardar lealtad y respeto al empleador, su familia
y convivientes, respetar a las personas que concurran a la casa, cumplir las instrucciones de servicio que se le
impartan, cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y diligencia, observar prescindencia y reserva en los asuntos de
la casa de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones, guardar la inviolabilidad del secreto familiar
e materia política, moral y religiosa y desempeñar sus funciones con celo y honestidad, dando cuenta de todo
impedimento para realizarlas, siendo responsables del daño que causaren por dolo, culpa o negligencia”, dispone
el artículo 5.Y el 6 advierte: “Además del incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, las
injurias contra la seguridad, honor, intereses del empleador o su familia, vida es honesta del empleado, desaseo
personal, o las transgresiones graves o reiteradas a las prestaciones contratadas, facultan al empleador para disolver
el vínculo laboral sin obligación de indemnizar por preaviso y antigüedad”.
Buenas costumbres
de diez años de trabajo. Y se prevé que
tengan cobertura por accidentes de
trabajo y licencia por maternidad.
Datos del Ministerio de Trabajo de la
Nación indican que en el país hay
alrededor de un millón de empleadas en
casas particulares. El 90 por ciento que
trabaja sin estar registrado no cuenta con
obra social ni se le hacen aportes para la
jubilación. Tampoco tiene un seguro
alguno y no tiene vacaciones pagas ni
licencias por enfermedad o maternidad.
El 74,3 por ciento del total de empleadas
domésticas se retira cada día. El 77 por
ciento tiene un solo empleador y el 55 por
ciento trabaja más de cuatro horas.
las trabajadoras domésticas
no pierden el beneficio de laasignación universal por hijo
aunque estén registradas
14 / otrosterritorios
judiciales / pueblos originarios
La acción conjunta del aparato estatal
en la que se incluyen el proceder policial
avalado al calor de la resolución de un juez
penal, admite solo la “violencia” de la
comunidad indígena de Finca Las Costas
sobre la fuerza policial. Por el contrario,
cuando se trata de evaluar a la otra parte
del enfrentamiento, omite la represión de
hecho de los uniformados, y la otra
violencia que se construye al dejar en el
olvido leyes que insisten en la necesidad
de reconocer los territorios indígenas.
Se habla aquí de la reciente resolución
del juez de Instrucción Formal de 3ª
Nominación, Pablo Farah, que procesó a
quince integrantes de la Comunidad Lule
de Finca Las Costas por “turbación de
posesión en concurso ideal con resistencia
a la autoridad, agravado por la
participación de un menor”. Esta
resolución se refiere a los incidentes que
se produjeron el 20 de enero de 2010,
cuando la Comunidad decidió oponerse a
que el Jockey Club construya canchas de
rugby en el territorio que entienden, les
pertenece.
La historia de lucha de los lules no se
reduce a este hecho. Desde el gobierno de
Juan Carlos Romero se los viene
amenazando con desalojos en tierras cuyo
Con distinta varaPROCESAN A INDÍGENAS QUE DEFENDÍAN SU TERRITORIO
Para la justicia salteña, fueron violentos los lules que trataban de impedir el avance sobre tierrasque reinvidican. La denuncia la hicieron los policías, que estaban armados y los reprimieron. Para
la justicia no hay violencia en la falta de aplicación de las leyes que suspenden desalojos.
precio inmobiliario, según las
estimaciones, es de 55 dólares por metro
cuadrado. Incluso funcionarios
romeristas hablaron con integrantes de la
Comunidad de su intención de hacer un
“country”.
El Poder Ejecutivo también salió a
arremeter contra la Comunidad con el
fundamento de que Finca Las Costas es
una zona calificada como reserva hídrica
y de usos múltiples. Se omitió recordar
esta característica cuando se decidió que
los autos que competían en un rally
internacional pasaran por las tierras en
las que la Comunidad cría sus animales.
Para esta competencia se dispusieron
horarios estrictos para que los indígenas
no salgieran de sus casas. O cuando se
decidió otorgar las tierras en “comodato”
para entidades como la Asociación de
Caballos Peruanos de Paso o el Jockey
Club, organizaciones cuyos socios, se
presume, no tendrían en principio
necesidad de contar con un terreno
donado por el Estado.
Esta realidad es diametralmente
distinta a la de las comunidades
indígenas, que hacen posesión y defensa
de sus territorios de los que son
desalojados. La mayoría de los
administradores de los poderes estatales
vuelcan (con parcialidad), los códigos
penales y civiles para imponer mediante
la fuerza, más que por la razón, su visión:
los indígenas están equivocados en su
lucha, porque la ejercen con violencia. De
hecho, Farah describe en su fallo de
procesamiento que “armados con palos de
hierro y escoba”, además de “arrojar
piedras”, los indígenas actuaron por
órdenes de “cabecillas” que incitaron “en
todo momento a hacer uso de la fuerza y
de la violencia colectiva en contra de las
fuerzas de seguridad”. Los policías, que
protegieron en aquella jornada los arcos
de rugby del Jockey Club con itakas, gas
pimienta, y cubiertos con chalecos, cascos
y escudos, son los damnificados y
denunciantes de los lules. Las denuncias
de la Comunidad contra los uniformados,
al menos hasta ahora, no tienen
resolución ni procesados.
El “goce pacífico” de la posesión
Dos meses antes de la situación que
generó la resolución judicial de
procesamiento, los lules habían tomado
conocimiento de que el Jockey iba a
instalar canchas de rugby. Con este fin
Walter Condorí, a cargo de ese terreno,
había hecho un contrato con el Jockey,
para subarrendar cinco hectáreas. Condorí
adhirió a un comodato que hizo firmar
Juan Carlos Romero durante su gobierno.
LAURA URBANO
RO
LO D
ÍAZ
otrosterritorios / 15
judiciales / pueblos originarios
A los 28 años de edad, cuando era considerado un engranaje fundamental en la
lucha de los pueblos originarios de Salta, Ambrosio Casimiro, autoridad de la
Comunidad Diaguita La Aguada, falleció el 10 de este mes en el Hospital Del
Milagro, adonde había sido internado cuatro días antes, para ser tratado de una
neumonía. Si la muerte es injusta por definición, cuanto más cuando se lleva a un
joven, y más todavía si es un actor social: “Es como que el poder sigue dominando.
Porque no tendría que existir esto de andar así. Tendría que haber estado en su
casa, comer bien”, se lamentó Cristina Pérez, de la Unión de Pueblos de la Nación
Diaguita (UPND). Es que Ambrosio viajaba todo el tiempo.
Sin embargo, la Pacha le concedió el don sagrado de dejar semilla. Su amor por
esta Tierra y por sus hermanos representa hoy, aún en el dolor, una enseñanza que
las comunidades que lo conocieron sabrán reconocer y seguir. Como lo planteó su
amigo Daniel Viqui, de la Coordinadora de Pueblos Andinos: convocó a la unión de
los pueblos originarios, a que “reciban el legado del hermano Ambrosio”.
Si la partida de Ambrosio fue un golpe para las comunidades que habitan el
territorio de la provincia, y lo fue más para el pueblo diaguita calchaquí, fue
también una oportunidad para la reunión y la reflexión. Para verificar, una vez
más, la luz de algunas personas que, por cercanas, suele costar ver. Hasta que un
golpe como éste de la partida las muestra en toda su extensión, en toda su
luminosidad.
Los que conocieron a Ambrosio lo van a recordar por su militancia, su rebelión
frente al injusto trato que siguen recibiendo los pueblos originarios. Pero también
lo recordarán por su alegría, su sonrisa clara, su paz, su sabiduría para entender
que había que apropiarse de los conocimientos de los que dominan, para liberarse.
Ese conocimiento que se preocupó en transmitir a su gente. “El luchaba por los
más necesitados, por los pueblos originarios. Nos enseñaba mucho en el tema de la
comunicación social”, lo recordó Ismael Viveros, autoridad de la Comunidad de
Las Pailas que en diciembre del año pasado sufrió un desalojo y aún continúa
luchando para que le restituyan sus tierras. Ismael dice que la partida de Ambrosio
es “una pérdida irreparable” para ellos. Claro que el joven dirigente era
imprescindible, como imprescindibles son las personas. Pero habrá otros
Ambrosios. Que no dude Ismael.
Los representantes de distintas comunidades que llegaron el miércoles a Cachi
para rendirle honores, lo llevaron en una última recorrida por esos lugares que
tanto visitó cuando pisaba la Pacha. Hasta que lo dejaron en el cementerio, “con la
cabecita mirando al Nevado de Cachi”, contó Daniel Viqui. Si es verdad que los
muertos no están muertos mientras alguien los recuerda, no es cierto que
Ambrosio esté muerto. Lo atestiguan tantos sentimientos compartidos. “El debe
estar sentado al lado de Juan Calchaqui, conversando, viendo cómo iluminar a su
gente”, piensa, reza, Daniel.
El instrumento indica que “queda
terminantemente prohibido al
arrendatario, el cambio de destino del
predio cedido en arrendamiento, su cesión
sea por arrendamiento o
subarrendamiento, comodato, concesiones
totales o parciales, transitorias o
permanentes, gratuitas y onerosas, en
general a todo título”. La excepción para el
Jockey Club -que pagará entre 12 y 16 pesos
por mes por las hectáreas subarrendadas-
, fue permitida por orden del gobernador
Juan Manuel Urtubey.
Los lules hicieron conocer su
desacuerdo con la pretensión de instalar
canchas en terrenos que reclaman como
propios y radicaron las denuncias por
usurpación en contra del Club. No
obtuvieron respuestas.
El Jockey, durante la feria judicial y con
un procedimiento que duró dos días,
consiguió una medida cautelar para que se
evitara la intervención de los indígenas en
los terrenos. Esa medida cautelar se usó
como excusa para ordenar la represión del
20 de enero de 2010. Con esa medida se
vulneró “el principio de defensa que bajo
ningún concepto puede ser ignorado”. La
jueza Milagros López actuó “con ligereza”
por “mero pedido del fiscal” Guillermo
Akemeier, y “sin indagar previamente en
base a qué eventual derecho los miembros
de la Comunidad obraron en
consecuencia” para impedir el ingreso del
Jockey a su territorio. Estos últimos
argumentos fueron vertidos por los jueces
Adolfo Figueroa y Edgardo Albarracín,
integrantes de la Sala III de la Cámara de
Acusación, que anularon la medida
cautelar por la cual se justificó la represión
contra los lules. Pero para otro juez, Farah,
esta anulación no cuenta frente a la
manifiesta violencia de los lules contra “el
goce pacífico de los derechos posesorios”
que hacía el Jockey Club. El juez no concibe
que la Justicia que administra y en la que
se garantiza el goce de algunos, tenga como
respuesta la defensa con palos de escoba y
piedras, de quienes sufrieron un claro
avasallamiento de sus derechos.
Partió de la PachaLA MUERTE DE UN MILITANTE DE LA VIDA
ELENA CORVALÁN
por Josefina Adrover
Señor Señor Señor Señor Señor VVVVVararararargas Llosa:gas Llosa:gas Llosa:gas Llosa:gas Llosa:
Soy, como usted, una comunicadora. Usted lleva la ventaja de
la pluma literaria. Yo me remito a la comunicación popular,
oficio que aprendí en el diario La República, en el Perú. Soy
argentina y me crié en el Perú. Por lo tanto, tengo una sola
Patria: la Grande.
Esa mayúscula identidad me invitó a leer las obras de nuestros
escritores latinoamericanos. Entre ellos, uno que le recomiendo:
El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Por mi parte quiero
contarle que leí su libro Pantaleón y las visitadoras. Me gustó
mucho. Aprendí con usted lo patéticos que son nuestros
militares moldeados por las potencias gringas (…)
Si algo me enseñó mi país es que hay mucho que desaprender.
Para eso sacamos la nueva ley de medios en Argentina, una
revolución cultural que llevó el bisturí hasta el hueso en eso de
cuestionarnos ¿quien cuenta “la realidad”? ¿desde dónde? ¿qué
intereses se defienden? ¿cómo se moldea un pueblo? ¿quién
gana? ¿quién pierde? (…)
Tanto geográfica como ancestralmente Salta es igual al Perú.
¡Bueno, es una región propia del Tahuantinsuyo! (…)
Por eso Salta tiene dos mundos, qué digo mundos… ¡dos
galaxias! Un patriciado rancio, heredero hasta en la última vocal
de su doble apellido de la vieja colonia española; conservador,
acumulador, apropiador de tierras originarias; cuya única
actualización histórica, es la tecnocracia neoliberal, visible en
la administración empresarial del Estado provincial, en el más
alto índice de desempleo del país, en las relaciones con los
poderes transnacionales de intereses concentrados, en un falso
federalismo que esconde la autonomía separatista provinciana,
similar a la medialuna boliviana… o en el diámetro minúsculo
del brazo de un niño de Tartagal cuando se muere por
desnutrición.
La otra Salta (…) es la del inmenso mosaico cultural. Una joya
en la Argentina que cuenta con todos los climas, todas las
geografías, todos los colores y la mayor concentración étnica
de la Nación: ¡Nueve Culturas! (…). Si tiene suerte podrá ver en
vida los pómulos gastados de los niños en la puna tal como lo
exhiben los niños momias del incanato, hace 500 años
ofrendados a la Pachamama y hoy exhibidos en los museos
profanadores de tumbas y cultos, en el centro de la Ciudad frente
a la plaza, a un costado de la Catedral.
No se asombre cuando descubra que la Cultura está bajo el ejido
del Ministerio de Turismo. Por lo que se reduce a la imagen de
un aborigen tejiendo en la vidriera de la Casa de Salta, en Buenos
Aires, a las gigantografías con la foto de una llama o al palabrerío
de la oligarquía criolla en un libro ponderando al gaucho… o a
un poncho que seguramente le regalarán.
Los medios informaron que se quedará varios días para hacer
turismo, pero que primero iba a almorzar con el gobernador.
Seguramente le habrá contado a Urtubey cuáles son los
principios de la Sociedad de Mont Pelerín. Seguramente también
le habrá hablado de la unidad en esa sociedad, de personajes
como Aznar, cómplice de Bush en la guerra contra Irak, la cual
usted mismo promovió transmitiendo desde el lugar; de cómo
se reacomodan los nuevos generales, herederos de Milton
Friedman en la Escuela de Chicago (…). Se habrá tentado de
convencer al gobernador reelecto y actual adalid del peronismo
de derecha en la Argentina, que reúne todas las condiciones
para referenciar otro modelo de país, distinto al del matrimonio
de los Kirchner; que se avecinan los tiempos en que las potencias
desarrolladas del norte aleccionarán de una vez por todas a las
subdesarrollas del sur, y que para eso está la cuarta flota.
Habrá elogiado en la mesa no sólo el buen vino, sino también la
actitud díscola y prudente del joven gobernador cuando no
apoyó las leyes de matrimonio igualitario, la de medios o las
retenciones a los exitosos de la soja. Le habrá aplaudido el
gabinete de expertos de la anterior administración, la mansa
relación con los amigos del opus dei, la enseñanza del culto
católico obligatorio en las escuelas, la prohibición de la
educación sexual y la mesura en cada declaración para no
quedar evidenciado en una sola línea ideológica. (…)
Desde el respeto que me inspiran sus obras y desde el rechazo
que me pueden sus declaraciones políticas, me despido con una
aclaración y un par de pedidos:
Aclaración. Más allá de si le importa o no, quiero decirle que
elegí ser comunicadora popular porque a diferencia de
sociedades como la de Mont Pelerín, la comunicación popular
defiende intereses populares. (…)
Primer pedido: cuando elija ser más que un escritor y husmear
en el a veces lodo y otras prado mundo de la política, tiene que
hacerse cargo. Y cuando saque el estilete del hombre político
no saque el escudo o el preservativo del escritor.
Segundo pedido: reflexione sobre el concepto libertad. Vea la
película Revolución de nuestro compartido libertador José de
San Martín quien dice sabiamente: “¡No luchamos por cualquier
libertad!”
16 / otrosterritorios
