Nuevamente la naturaleza ha azotado violentamente a nuestro pas, esta vez en forma de intensas lluvias que generaron un aluvin que a la fecha ha dejado lamentablemente un nmero indeterminado de compatriotas fallecidos (18 segn las ltimas cifras oficiales) y enormes daos materiales en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Pero tambin ha dejado nuevamente la gran duda sobre la capacidad que tienen nuestras instituciones para anticiparse a estas emergencias y actuar en forma eficaz ante desastres naturales como los que el pas ha vivido en los ltimos aos.El Gobierno del Presidente Sebastin Piera parti con una contingencia que no estaba en el programa de gobierno: un terremoto y tsunami de desastrosas consecuencias que golpearon la costa del pas pocos das antes de asumir, en la madrugada del 27 de febrero de 2010. En cuatro aos el pas logr ponerse de pie como lo ha hecho cada vez que hemos debido enfrentar estas tragedias. Pero uno de los esfuerzos ms importantes que pusieron las autoridades de la poca fue dotar a las instituciones responsables de la proteccin civil no slo de ms recursos (por ejemplo, se pas de 7 mil a 16 mil millones el presupuesto de la ONEMI) sino que mayores capacidades y atribuciones para hacer frente a futuros desastres.Sin embargo, con el cambio de gobierno ha habido una especie de congelamiento de la agenda de proteccin y prevencin de emergencias. Hagamos un poco de historia. En 2010, el Ministerio del Interior llev adelante una exhaustiva revisin de la institucionalidad a cargo de la emergencia y de la prevencin de desastres. El diagnstico al que se lleg mostraba que los organismos a cargo de las emergencias actuaban descoordinados en distintos niveles del Estado, desde la Oficina Nacional de Emergencias, con una institucionalidad precaria, hasta los Municipios, que no disponan de los recursos e incentivos para actuar de manera preventiva en la materia. Esto sumado a una falta de definicin del rol de las Fuerzas Armadas en la respuesta a la emergencia y una confusa regulacin de los estados de excepcin constitucional.Ante este diagnstico, el gobierno separ el estudio de la materia entre los cambios institucionales necesarios para la prevencin de las emergencias, lo que en realidad es reduccin del riesgo de desastres, y la respuesta ante los mismos. Para lo primero, se consideraron el Marco de Accin de Hyogo de las Naciones Unidas y la Estrategia Internacional para la Reduccin de Desastres; y se contrat a la consultora McKinsey, para conocer las mejores prcticas internacionales en la materia. Por otra parte, respecto a la reaccin ante la emergencia, se utilizaron las lecciones aprendidas del Comit de Emergencia, las conclusiones de la Comisin Fuenzalida y mltiples entrevistas y consultas con los actores de operaciones anteriores como la erupcin del volcn Chaitn y el terremoto de Tocopilla.La prioridad entonces fue dotar a la ONEMI de mayores recursos materiales y humanos para que se pudiera desempear de manera adecuada ante situaciones de emergencia. As se adquirieron nuevos equipos mviles y comunicacionales, se fortaleci su personal, se adapt la infraestructura y se le dot de un nuevo edificio institucional que permitiera operar en caso de emergencias.En trminos del marco normativo existente este adoleca de serias falencias, adems de ser vago en muchos aspectos, por lo que se envi un proyecto de ley que creaba una nueva institucionalidad para la proteccin civil y reduccin de riesgos de desastres y determinaba claramente los roles de las distintas instituciones en las diversas fases de la emergencia, fortaleciendo el rol de la ONEMI, particularmente en la prevencin.Este proyecto de ley fue ingresado en marzo de 2011. La administracin del Presidente Piera lo promovi de manera decida en el Congreso hasta el 11 de marzo de 2014, ponindole urgencia en ms de 50 ocasiones. Lamentablemente, al asumir la actual administracin, al proyecto se le quit la prioridad y urgencia y se encuentra sin ningn movimiento desde marzo del ao pasado.Volvemos al presente. La Presidenta Bachelet, a propsito de la dbil respuesta de la ONEMI ante el aluvin del norte ocurrido la semana pasada, ha sealado que el gobierno se encuentraTRABAJANDO DESDEfines de 2014 en el nuevo Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias. De este modo, en vez de tomar todo el aprendizaje y trabajo posterior al 27F, el gobierno ha congelado en un ao cualquier avance en esta materia y ahora parece que quisiera comenzar desde cero.La entonces oposicin, Poda no estar de acuerdo con el tenor del proyecto ingresado por la administracin anterior? S. Poda. Sin embargo, lo que parece inaceptable es que no asumamos el desafo pas de ponernos al da en esta materia y que en un ao no hayan existido avances, considerando que la naturaleza ha manifestado de distintas maneras su fuerza destructiva. Lamentablemente los recientes acontecimientos nos muestran que Chile sigue institucionalmente sin estar preparado para prevenir y hacer frente a emergencias ms all de las mejoras incorporadas en el Gobierno anterior. Se requiere un marco institucional moderno y las actuales autoridades no le han dado la urgencia requerida: Cuntas tragedias debern ocurrir y cuntas vidas se debern perder para que volvamos a poner la prioridad en la reduccin del riesgo de desastres?

A tres aos de uno de los mayores desastres naturales que han azotado el pas, los autores evalan el proceso de reconstruccin separando las medidas de prevencin de aquellas de recuperacin de viviendas e infraestructura. Entre las primeras, y a pesar del anunciado mega sismo del Norte Grande, destaca la ausencia de cambios legales y administrativos sobre el borde marino no obstante que en estudios globales del cambio climtico, Chile aparece como uno de los territorios con mayor riesgo a mediano y largo plazo, incorporando nueva incertidumbre. En el segundo campo, los problemas en la reconstruccin de Villa Canad (uoa) muestran las falencias en la gestin pblica para enfrentar nuestra vulnerabilidad.Este mes se cumplirn tres aos de la catstrofe de 2010 y se hacen forzosas las reflexiones y evaluaciones de los procesos que sta desencaden. El 27 de febrero de 2010 Chile fue azotado por un terremoto de 8,8 grados en al escala de Richter seguido por un tsunami, afectando las regiones Metropolitana, de Valparaso, de OHiggins, del Maule, del Bobo y de la Araucana. En resumen, se afectaron 239 comunas (lo que corresponde a 12.800.000 personas, equivalente al 75% de la poblacin del pas), 74% de los establecimientos educacionales de la zona remecida por el sismo sufrieron daos de diversa gravedad, 71% de la infraestructura hospitalaria fue daada, se vieron afectados 1.554 kilmetros de caminos, 211 puentes, nueve aerdromos y se estim que un aproximado de 285.000 viviendas resultaron daadas. En prdidas humanas lamentamos la muerte de 525 personas y la desaparicin de 23 compatriotas.Esta catstrofe se diferencia de otras ocurridas en nuestro pas por ser el primer mega sismo que tuvo lugar desde el regreso a la democracia, por la instalacin masiva de Internet a lo largo del territorio nacional y por la buena situacin econmica que atravesaba el pas al momento del terremoto y tsunami.Ahora, cmo debera reaccionar el Estado ante este tipo de situaciones extremas? La respuesta compleja requiere un trabajo de largo plazo, sostenido en el tiempo y de una coordinacin permanente entre diferentes organismos pblicos y privados. No puede pensarse de manera razonable que un plan de accin realizado en la contingencia logre niveles satisfactorios de eficiencia (buen uso de los recursos) y eficacia (cumplimiento de objetivos) y es por eso que la gestin de desastres naturales no es solo tarea del gobierno de turno, sino del Estado.En trminos generales, al hablar de gestin de desastres naturales debemos saber que el riesgo de sufrir un dao depende de la amenaza de que ocurra un desastre natural y de nuestra vulnerabilidad al mismo (riesgo = amenaza o peligro de un fenmeno natural por la vulnerabilidad). En el caso chileno, no podemos evitar que la tierra tiemble por lo que la amenaza de que ocurra un terremoto est fuera de nuestro control. Sin embargo, podemos tomar precauciones que nos hagan menos vulnerables a ellos como, por ejemplo, asegurarnos que las construcciones sean sismo-resistentes. As, lo nico que podemos hacer para disminuir nuestro nivel de riesgo es tomar precauciones para reducir nuestra vulnerabilidad y toda la poltica pblica en gestin de desastres naturales debe tener este objetivo.Al lidiar con un desastre natural es necesario distinguir cuatro etapas: de prevencin, de reaccin o respuesta inmediata, de rehabilitacin y de reconstruccin. La primera corresponde al diseo e implementacin de todas las medidas orientadas a disminuir nuestra vulnerabilidad; la segunda consiste en la evacuacin, rescate, primeras atenciones a los afectados y restablecimiento del orden; la tercera es el restablecimiento de los servicios bsicos, especialmente comunicaciones y caminos; y la cuarta etapa consiste en el diseo y aplicacin de programas para la recuperacin de lo daado o perdido en lo econmico (levantamiento de la industria, recuperacin de trabajos, etc.), en infraestructura (instalaciones pblicas, vivienda, etc.) y en lo social (recuperacin del tejido social, atencin psicolgica de los afectados, etc.). Como es natural, estas cuatro etapas estn conectadas y el xito de una depende del desempeo de la otra.Volviendo al 27/F, es necesario evaluar el trabajo realizado hasta la fecha en las diferentes etapas sealadas anteriormente, con el fin de detectar aciertos y falencias que nos permitan sacar lecciones para nuestros futuros e inevitables terremotos y tsunamis. Para ello, hemos centrado nuestro inters en un caso emblemtico de reconstruccin y en el trabajo realizado en el borde costero chileno.UN EJEMPLO DE RECONSTRUCCIN: VILLA CANADVilla Canad es un conjunto de cuatro blocks de departamentos ubicados en la comuna de uoa (Santiago). Fueron construidos por la Corvi (Corporacin de la Vivienda), antecesora del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo), junto con Villa Olmpica y Villa Cruz Gana. Estos conjuntos de departamentos fueron gravemente afectados por el terremoto del 27 de febrero del 2010 y, si bien la causa del dao es la misma, el avance en sus respectivos niveles de reconstruccin es diferente.En el caso de Villa Canad los edificios fueron declarados inhabitables por lo que se orden su demolicin con el objeto de realizar nuevas construcciones en el terreno. Para ello, se distingui entre los vecinos que eran dueos de otra propiedad y aquellos que nicamente tenan el departamento que se haba daado. Se determin que los primeros seran expropiados (ya que podan instalarse en su otra propiedad) mientras que los segundos seran beneficiados con un subsidio de construccin del programa Fondo Solidario de la Vivienda, siguiendo los lineamientos del plan de reconstruccin del Ministerio de Vivienda (Minvu) Chile Unido Reconstruye Mejor. Si bien el proyecto parece apropiado, su implementacin ha tenido una serie de problemas de manera que, hasta hoy, los damnificados de Villa Canad siguen sin tener certeza sobre su futura situacin habitacional.Respecto al grupo de vecinos expropiados por tener una segunda vivienda, estos corresponden a 45 departamentos. Por medio de resoluciones de la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de mayo y julio de 2012, se orden la expropiacin de 17 departamentos y los dineros correspondientes a la indemnizacin fueron entregados a los juzgados civiles (tal como lo determina la ley) durante los meses de agosto, octubre y noviembre del ao pasado. Esto significa que quedan pendientes las rdenes de expropiacin de 28 departamentos, las cuales fueron solicitadas por el Serviu Metropolitano al Seremi en noviembre de 2012. Sin embargo, en enero de 2013 comenz la demolicin de los blocks de Villa Canad aun cuando se encontraban pendientes las rdenes de demolicin de los departamentos restantes, de manera que el Estado tom posesin de dichas propiedades sin pagar los dineros de indemnizacin por expropiacin, incumpliendo la ley. Ahora los expropiados de Villa Canad debern decidir cmo reaccionarn ante este escenario.Si bien la demolicin fue largamente anhelada por los vecinos, con ella empiezan otras dificultades para aquellos que vivirn en la futura Villa Canad. El programa Chile Unido Reconstruye Mejor no contempla subsidios de reconstruccin en sitios que pertenecen a una comunidad de damnificados, que es el caso de las personas que vivan en condominios y que son copropietarios del terreno donde se encontraban sus departamentos. En Villa Canad, el Estado opt por adquirir cada departamento y, a cambio, otorgar un subsidio habitacional para entregar un departamento nuevo construido en el mismo terreno. Para ello, cada vecino debi firmar un contrato de transaccin que implica renunciar a cualquier accin contra el Estado por los daos que sufrieron sus departamentos por el terremoto y ceder su propiedad al Serviu. Por su parte, el Serviu se obliga a entregar un subsidio habitacional correspondiente al programa de Fondo Solidario de la Vivienda. Este contrato genera una serie de dudas, puesto que la asignacin de subsidios habitacionales no depende exclusivamente de la voluntad del Serviu y tampoco se detalla la fecha de entrega de ese beneficio ni el proyecto que se ejecutar con l, por lo que genera un alto grado de incertidumbre.Hasta la fecha, los vecinos de Villa Canad no tienen una copia del contrato de transaccin que firmaron, no se les ha hecho entrega de un certificado de asignacin de subsidio habitacional y no saben qu proyecto se ejecutar en el terreno donde antes estaban sus departamentos. La ltima informacin que recibieron es que se lesDESCONTARa cada supuesto beneficiado 55 UF de su subsidio para pagar la demolicin.La situacin de Villa Canad es interesante puesto que es un ejemplo emblemtico de la reconstruccin de condominios habitacionales. Observando el caso se hace evidente que existen graves falencias en la formalidad de la ejecucin de las soluciones, en la informacin oficial que se da a los beneficiados y en el manejo de las expectativas sobre el avance de la reconstruccin. An falta mucho trabajo en Villa Canad para que podamos hablar de reconstruccin terminada y la incertidumbre hace que los vecinos vean esa meta difcil y lejana.LA VULNERABILIDAD DEL BORDE COSTEROEl tsunami del 27 de febrero de 2010 mostr la baja preparacin para hacer frente a una catstrofe natural de este tipo y magnitud de parte del Estado. Al respecto, nuestra legislacin carece de una gestin integral del borde costero, que vaya desde planificacin urbana, econmica e industrial, a la proteccin del medio-ambiente y el desarrollo social, cultural y cientfico. Es decir, el Estado Chileno no da un lugar al borde martimo en sus cuerpos legales y en su aparato administrativo, acorde a la importancia de esta zona geogrfica para la vida de gran parte de sus ciudadanos.Sin embargo, cada cierto tiempo (como el caso de las marejadas de agosto de 2012 que causaron millonarios daos) acontecen sucesos que muestran una vez ms la urgencia de administrar este territorio de manera eficiente, para reducir su vulnerabilidad. Esta reduccin debe empezar por un nuevo marco legal que tome en cuenta, adems de los factores mencionados anteriormente, los riesgos tectnicos, climticos -en especial los debidos al cambio climtico- y los producidos por la accin del hombre. Lamentablemente, este no es el caso, como lo describe el profesor Marcelo Lagos:Ciertamente, en Chile resulta muy fcil olvidar. Independiente de tener un pasado de territorios costeros que recurrentemente han sido inundados y destruidos por tsunamis, es comn observar a escasos metros de la costa y bajo la altitud de 10 m, viviendas, escuelas, asilos de ancianos, municipalidades e infraestructura crtica de diversa jerarqua (Lagos et al., 2008). Todo lo anterior evidencia lo poco que se aprendi despus del gran tsunami chileno de 1960 (DNHA, 1961) y confirma la escasa consideracin del peligro de tsunami en la localizacin de asentamientos humanos costeros y su planificacin territorial (Andrade et al., 2010).[1]

En este aspecto resulta particularmente preocupante la situacin del Norte Grande, ya que el prximo sismo de gran magnitud se espera en dicha zona. En esta regin, adems, se estima que sern mayores los efectos del incremento del nivel del mar debido a la accin del cambio climtico. As, es imperativa una gestin del borde costero que busque reducir su vulnerabilidad antes de la catstrofe, que sea previsora, que tenga perspectivas de largo plazo y que sea una poltica de Estado que permita administrar este territorio de acuerdo a sus caractersticas.El borde costero es un territorio que en los prximos decenios ser modificado por la accin del cambio climtico lo que a su vez aumentar su vulnerabilidad. En este marco no est de ms recordar que iniciativas como el centro comercial Mall Barn, en Valparaso, muestran nuevamente la ausencia del Estado chileno en el rea. En efecto resulta por lo menos preocupante que una edificacin de estas caractersticas sea emplazada en una zona que tiene riesgos de inundacin de tsunamis y con subidas esperadas en el nivel de los ocanos. En efecto una serie de acontecimientos naturales pueden ser ms frecuentes y desastrosos para las comunidades en la medida en que se sumen los efectos del cambio climtico.Al respecto, el Estado de Chile ha reconocido este problema y los riesgos que corre nuestro pas formalmente desde 1994, cuando ratific la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico y sus posteriores Comunicaciones Nacionales (que consisten en la entrega peridica a la Secretara creada por el Convenio de informacin relacionada con la disminucin de gases de efecto invernadero dentro del territorio nacional). La reforma a la institucionalidad ambiental de 2010 entrega por ley una definicin de Cambio Climtico[2]y otorga competencias al Ministerio del Medio Ambiente para proponer polticas y formular programas y planes de accin en la materia. En ejercicio de esta competencia deber colaborar con los diferentes rganos de la Administracin del Estado a nivel nacional, regional y local con el objeto de poder determinar sus efectos, as como el establecimiento de las medidas necesarias de adaptacin y mitigacin. As, hoy existe la Oficina de Cambio Climtico en dicho ministerio y el proyecto Maps Chile, que cuenta con financiamiento de Naciones Unidas.El Convenio Marco establece criterios de vulnerabilidad de pases expuestos al cambio climtico[3], y que se vern afectados con mayor intensidad, siendo Chile uno de los territorios con mayor riesgo a mediano y largo plazo, incorporando una nueva incertidumbre que hasta hace poco aos pareca lejana. Aunque el Estado Chileno ha reconocido el problema, surgen contradicciones que hacen pensar que an el tema no cobra la relevancia que se merece, los ejemplos son variados y van desde la exitosa promulgacin de la Ley 20.571 que Regula el Pago de las Tarifas Elctricas de las Generadoras Residenciales[4], que hasta hoy es letra muerta debido a la inexistencia de reglamento; hasta la elaboracin de un nuevo Plan de Accin Nacional de Cambio Climtico, formulado inicialmente en 2008 con validez hasta 2012, sin que se sepa si habr un nuevo texto que lo reemplace.Del problema y las contradicciones anteriores surgen varias preguntas que nos debemos responder para comprender mejor la magnitud del tema y las soluciones de corto mediano y largo plazo que debe tomar Chile, a la luz de la responsabilidad que tiene el Estado con sus habitantes y de los compromisos internacionales que ha adquirido con la comunidad internacional:- Cmo se est preparando Chile para el multi-desastre que supone el fenmeno del cambio climtico, que se viene a sumar a las dems inclemencias naturales del territorio como terremotos y erupciones volcnicas?- Estamos creando las instituciones necesarias que sean capaces de gestionar los desastres que supone el cambio climtico?- Estn correctamente alineados los incentivos regulatorios de los diversos sectores econmicos que pueden verse afectados con las necesidades que supone el cambio climtico?Gestionar los desastres naturales es un tema complejo, de muchas aristas y que afecta, directa o indirectamente, casi todas nuestras actividades. Dentro de este contexto, para evaluar el proceso de reconstruccin a tres aos del desastre, es necesario distinguir entre las medidas de prevencin que se han adoptado y las medidas de recuperacin de viviendas e infraestructura.Respecto a lo primero, luego del desastre del 27/F, el gobierno implement una serie de acciones para disminuir nuestra vulnerabilidad ante fenmenos naturales. As, se dictaron nuevas normas en construccin (D.S. 60 para el diseo y clculo para el hormign armado; D.S. 61 para el diseo ssmico de edificios y siete nuevas normas tcnicas de construccin del Minvu). Siguiendo el programa de reconstruccin urbana, se hizo una revisin de la zonificacin de reas de riesgo, se elaboraron Planes Maestros de reconstruccin en ciudades costeras y se desarrollaron protocolos de reconstruccin del borde costero (trabajo realizado por el Minvu, Ministerio de Obras Pblicas, Subsecretara de Desarrollo Regional, intendencias regionales y municipios) con el objeto de construir obras de mitigacin en el litoral. Sin embargo, estos dos ltimos planes han sido criticados por la deficiente participacin de los habitantes de las zonas afectadas y por su dificultad de implementacin.En efecto, el alto grado de centralismo de nuestro Estado hace que las municipalidades manejen un presupuesto reducido y su planta de profesionales sea demasiado escasa como para implementar los planes de prevencin. As, los programas y leyes de reduccin de vulnerabilidad no estn hechos a la medida de la realidad de los municipios y su implementacin se hace, en la prctica, imposible.Por otra parte, el gobierno present al Congreso el proyecto para la creacin de una nueva Agencia Nacional de Proteccin Civil, el que se encuentra en actual tramitacin. Sin embargo, el proyecto ya ha recibido criticas en lo concerniente a las facultades de la futura agencia (no podra intervenir, sino solo coordinar) y por no contemplar procedimientos de fiscalizacin de los trabajos realizados.En lo concerniente a la reconstruccin de infraestructura y de vivienda, si bien gran parte de la infraestructura pblica ha sido recuperada, en lo que a viviendas se refiere el proceso ha sido engorroso y se hace evidente la necesidad de transparentar los procedimientos de asignacin de beneficios y ejecucin de proyectos. A pesar que el presupuesto para reconstruccin de vivienda es el mayor de todo el programa de reconstruccin nacional (27% de un total de US$ 8.431 millones) se constata que los procedimientos adoptados por el MINVU carecen de claridad y no generan certezas entre los damnificados, quienes no se manifiestan conformes con el proceso. El caso de Villa Canad demuestra que la falta informacin clara y oficial hace que muchos damnificados se encuentren en el limbo, sin documentos que obliguen al Estado.En otros casos de construccin en sitio propio, como por ejemplo en la comuna de Paredones, la lejana de los terrenos donde debe ejecutarse los proyectos hace que stos sean poco atractivos para las constructoras, las que simplemente los abandonan. As, pese a existir el proyecto y el dinero del subsidio, la vivienda no se ejecuta. En otros casos, las constructoras quiebran por lo que los proyectos quedan sin ejecutar (como ocurri en Villa Canad, por lo que fue necesario seleccionar una nueva constructora). As, en lo que ha reconstruccin se refiere, existen fallas de mercado que impiden ver la construccin o reparacin de viviendas comoOPORTUNIDADES DE NEGOCIO(y las constructoras privadas no tienen por objeto hacer beneficencia).En este ao de elecciones el avance de la reconstruccin ser un arma para atacar o defender al gobierno y ser fcil instrumentalizar el valor poltico del tema. As, ser necesario tener presente que cuantificar el avance resulta insuficiente y subjetivo, puesto que hay que pensar cmo se ha actuado y cul es la calidad del resultado. Asimismo, ningn plan hecho en la contingencia ser suficiente, ya que si la autoridad pblica dedica su atencin a los desastres naturales solo cuando ocurre alguno, siempre lo har tarde. De esta forma, a pesar de los nmeros que presente el gobierno, an queda mucho por avanzar y muchas variantes por analizar para lograr una reconstruccin de calidad.Fuentes-Guzmn, Rodrigo. Derecho Ambiental Chileno. Planeta Sostenible. 2012. 268 p.-Larran, Sara. Cambio climtico y Derechos Humanos: Desafos para las negociaciones internacionales y la Poltica Pblica en Amrica Latina. En: Desafos para el desarrollo sustentable en America Latina y el Caribe en el contexto del cambio climtico.USACH. s/f. pp. 55-69.http://www.centralenergia.cl/2012/04/26/net-metering-en-chile-ley-20-571/comment-page-3/http://www.inap.uchile.cl/columna-de-opinion/671-ique-politica-energetica-necesita-chile.htmlhttp://www.factorpublico.cl/actualidad/medio-ambiente/843-2012-retraso-ambiental-y-liquidacion-de-bienes-publicos-Brain Valenzuela, Isabel y Mora Camus, Pa. Introduccin: Chile pre y post catstrofe: algunas claves para aproximarse a los desafos de reconstruccin. En: Emergencia y Reconstruccin, el antes y despus del terremoto y tsunami del 27 f en Chile.-Bresciani Lecannelier, Luis. De la emergencia a la poltica de gestin de desastres: la urgencia de institucionalidad pblica para la reconstruccin. En: Emergencia y Reconstruccin, el antes y despus del terremoto y tsunami del 27 f en Chile.-Santa Mara Oyanedel, Hernn y Lpez-Garca Gonzlez, Diego. Normativa chilena de construccin: antes y despus del terremoto de Maule. En: Emergencia y Reconstruccin, el antes y despus del terremoto y tsunami del 27 f en Chile.-Arenas Vsquez, Federico; Lagos Lpez, Marcelo y Hidalgo Dattwyler, Rodrigo. La planificacin territorial y el riesgo de desastres: lecciones del terremoto y tsunami chileno de 2010. En: Emergencia y Reconstruccin, el antes y despus del terremoto y tsunami del 27 f en Chile.-MINVU. Chile Unido Reconstruye Mejor.-Garca Machmar, William. Observaciones al Proyecto que Crea la Nueva Agencia Nacional de Proteccin Civil. Ponencia en las Cuartas Jornadas de Derecho y Catstrofe de noviembre-diciembre del 2012. Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

[1]Zonificacin del riesgo de tsunami en el centro-sur de Chile, Revista de geografa Norte Grande http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022012000300001&script=sci_arttext[2]Ley 19.300 artculo a ter) Cambio Climtico: se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composicin de la atmsfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante perodos de tiempo comparables;[3]Estos criterios de vulnerabilidad establecidos por la Convencin, expresados en pases que tienen una o ms de esas caractersticas, son: a) Los pases insulares pequeos; b) Los pases con zonas costeras bajas; c) Los pases con zonas ridas y semiridas, zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal; d) Los pases con zonas propensas a los desastres naturales; e) Los pases con zonas expuestas a la sequa y a la desertificacin; f) Los pases con zonas de alta contaminacin atmosfrica urbana; g) Los pases con zonas de ecosistemas frgiles, incluidos los ecosistemas montaosos; h) Los pases cuyas economas dependen en gran medida de los ingresos generados por la produccin, el procesamiento y la exportacin de combustibles fsiles y productos asociados de energa intensiva, o de su consumo; i) Los pases sin litoral y los pases de trnsito.[4]Ley que crea incentivos para que pequeos generadores puedan inyectar electricidad obtenida mediante energas renovables no convencionales al sistema y recibir un pago por ello.(*) Los autores integran el Programa Derecho Piensa en Chile, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.