Le Monde Diplomatique FEB-2015

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Le monde Diplomatique

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  • febrero 2015el dipl, una voz clara en medio del ruido Capital Intelectual S.A.

    Paraguay 1535 (1061) Buenos Aires, ArgentinaPublicacin mensualAo XVI, N 188Precio del ejemplar: $35En Uruguay: 100 pesos

    www.eldiplo.org

    Jos NataNsoN MartN rodrguez Claudio MardoNes thierry ViNCeNt MiChel t. Klare laureNt BoNelli aNNe-CCile roBert serge haliMi

    Filippo Fiorini/Demotix/Corbis

    Servicios de inteligencia:stanos de la democracia

    La muerte del fiscal Alberto Nisman obliga a revisar el rol de las estructuras de inteligencia: autonoma, opacidad y falta de control, ejes del debate.

    Dossier

    europa, en la trampa de los extremismosLos atentados en Francia reavivaron el debate sobre la radicalizacin poltico-religiosa de la juventud musulmana europea. Entre las manifestaciones de solidaridad y los reclamos de persecucin, es hora de repensar las polticas democrticas en contra del fundamentalismo.

    Pginas

    21 a 34

    Recreacin en base a imagen Simon D. Warren

  • 2 | Edicin 188 | febrero 2015

    por Jos Natanson

    Formateados en los viejos tiempos de la Guerra Fra, los servicios de inteligen-cia argentinos se organizaron de acuer-do a la doctrina de seguridad nacional, que identificaba al comunismo como principal desafo externo y a la insurgencia como enemigo interno, agregndose ocasionalmente los conflictos con las potencias regionales, Brasil y Chi-le. Coprotagonistas de la represin ilegal durante to-das las dictaduras, en especial durante la ltima, in-gresaron a la etapa democrtica tan poderosos como intocados, como sucedi con las policas, que logra-ron evitar astutamente la renovacin democratiza-dora que, con todas sus dificultades, experimentaron las fuerzas armadas.

    La distensin que sigui a la cada del Muro de Berln y la poltica de amistad con los pases veci-nos recordemos que hasta el alfonsinismo Argen-tina competa nuclearmente con Brasil y que hasta el menemismo mantena severos conflictos limtrofes con Chile obligaron a un cambio de enfoque. Des-aparecida la Unin Sovitica y cancelado el riesgo sedicioso, las prioridades, otra vez en sintona con las necesidades de Estados Unidos, se orientaron a las denominadas nuevas amenazas, bsicamente el terrorismo y el narcotrfico.

    A diferencia de la etapa anterior, en donde el ene-migo estaba ntidamente identificado con un Esta-do extranjero, ya sea de manera directa o indirecta a travs de su apoyo a movimientos locales, las nuevas amenazas se camuflan difusamente en la vida nor-mal de los buenos ciudadanos. Esto, junto a la irrup-cin de las nuevas tecnologas de la comunicacin, redefini los mtodos y las tcnicas del espionaje, que en la actualidad se orientan tanto a obtener in-formacin como a interpretarla. Conceptualmente, lo que los especialistas definen como el paso de los servicios secretos a los servicios de inteligencia (1).

    Por si haca falta, el escndalo desatado por las revelaciones de Edward Snowden demostr que la obtencin de informacin es hoy una tarea relativa-mente sencilla, pues a menudo alcanza con lograr la cooperacin de las empresas privadas, que en este caso incluy a Facebook y Google y a las principales compaas de telecomunicaciones; la verdadera difi-cultad pasa por procesar esa montaa de mails, men-sajes de texto y comunicaciones telefnicas y sacar algo en limpio (2).

    DilemasPero que algunas cosas hayan cambiado en el visco-so mundo del espionaje no quiere decir que no per-sistan los viejos problemas. De entre todos ellos, el principal sigue siendo la tensin entre, por un lado, la necesidad de resguardar los secretos de Estado de la mirada de los enemigos extranjeros, protegerse de las amenazas ilegales, incluyendo por supuesto al terrorismo y al narcotrfico, y obtener informacin relevante para tomar decisiones estratgicas, y por otro lado, la obligacin de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, incluyendo por

    supuesto el derecho a la intimidad. Cmo compa-tibilizar la transparencia democrtica con fondos especiales cuyo destino no puede hacerse pblico, agentes obligados a usar alias y operaciones que por definicin vulneran la intimidad de las personas, co-mo las escuchas telefnicas, todas cosas que son par-te del ABC operativo de los servicios de inteligencia, aqu y en cualquier lugar del mundo? Cmo asegu-rar ciertos estndares mnimos de transparencia en una actividad que tiene a la opacidad y el secreto co-mo la primera condicin de su eficacia?

    Un ejemplo ilustra este dilema. En febrero de 2002, en medio de la paranoia pos 11 de Septiem-bre, la prensa estadounidense inform que el jefe del Pentgono, Donald Rumsfeld, haba creado un orga-nismo de contrainformacin, la Oficina de Influen-cia Estratgica, con el objetivo de instalar noticias falsas en los medios extranjeros, en particular en las agencias internacionales, que sirvieran a los fines de la guerra anti-terrorista. Acorralado por el escnda-lo, Rumsfeld se vio obligado a emitir un comunicado anunciando el cierre del organismo comunicado que algunos definieron como el debut operativo de la nueva oficina.

    Para evitar estos problemas o al menos limitar-los, las democracias ms avanzadas han creado ri-gurosos sistemas de control civil. En Argentina, sin embargo, la Comisin Bicameral Permanente de Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de Inteligencia, nico organismo de supervisin, tie-ne un rol fantasmal: aunque es obvio que no pue-de funcionar igual que, pongamos, la Comisin de Agricultura, y aunque su propio reglamento esta-blece que sus encuentros sern secretos y que no quedarn actas, lo que se sabe del organismo, inte-grado por 14 diputados y senadores y dotado de un presupuesto anual de 6 millones de pesos, es nada. El hecho de que las cosas no hayan cambiado entre 2010 y 2012, cuando la Comisin fue presidida por la oposicin, demuestra que se trata de una tarea ms difcil de lo que aparenta.

    Y si la Comisin Bicameral tiene la funcin de controlar el funcionamiento general de los servicios, incluyendo un presupuesto que en el caso de la Se-cretara de Inteligencia fue el ao pasado de 1.874 millones de pesos, la supervisin cotidiana de sus ac-tividades recae sobre los jueces, que son, por ejem-plo, los encargados de pedir o autorizar las escu-chas telefnicas que realiza la Direccin de Obser-vaciones Judiciales, la clebre Ojota. Pedir o autori-zar? En el verbo reside el problema: es evidente que un fiscal o un juez que investiga un atentado terro-rista internacional, una organizacin narco con ra-mificaciones en varios pases o una red de lavado de dinero requiere recursos complejos que desbordan a las limitadas policas tradicionales, pero tambin es verdad que la asimetra de informacin y presupues-to es decir de poder entre los funcionarios judicia-les y los servicios de inteligencia a menudo hace que los segundos controlen a los primeros. La pregunta, como en el peronismo, es quin conduce a quin.

    Pese a ello, algunos pases han logrado establecer monitoreos bastante eficientes. En Holanda, cual-quier medida intrusiva de la privacidad, de una es-cucha telefnica a la penetracin en un domicilio, requiere la firma del ministro del Interior y Relacio-nes del Reino (en el caso del Servicio de Inteligencia General y de Seguridad) o del ministro de Defensa (si se trata del Servicio de Inteligencia y Seguridad Mi-litar); si lo cree necesario, el ministro puede delegar la autorizacin al jefe de la agencia, pero debe recibir un informe posterior por escrito y firmarlo. En Gran Bretaa, un funcionario especial designado por el Parlamento acta como un ombudsman encargado de validar cualquier medida que vulnere la privaci-dad de los ciudadanos (3).

    Frente a estos esfuerzos de control, Estados Uni-dos cuenta con una comunidad de inteligencia inte-grada por 16 agencias! que actan con una amplia libertad, tal como demostr la denuncia de que agen-tes de la CIA haban ingresado a la computadora per-sonal de la presidenta de la comisin parlamentaria encargada de elaborar un informe sobre la imple-mentacin de tcnicas reforzadas de interrogato-rio, que es como los norteamericanos le dicen aho-ra a la tortura, por parte del organismo, el elefante suelto del Estado norteamericano segn la famosa definicin del senador demcrata Frank Church.

    ZonasEn Estado, democratizacin y ciudadana (4), el politlogo Guillermo ODonnell elabor una defini-cin, muy utilizada en las ciencias sociales, alrede-dor de la nocin de zonas marrones, segmentos del territorio regiones, partes de provincias, pedazos de ciudades a donde la legalidad estatal, que se su-pone es el sustento de los derechos civiles, no llega. Para ODonnell, el Estado no es slo un conjunto de aparatos burocrticos sino tambin un sistema legal que, de ser necesario, ser aplicado por una autori-dad central dotada de poderes competentes. Esa di-ce es la textura bsica del orden establecido.

    Preocupado por la dbil institucionalizacin de las democracias latinoamericanas, ODonnell ad-verta cmo estos bolsones de no legalidad podan convivir con el ejercicio pleno, a nivel general, de la libertad poltica, las elecciones, la libertad de pren-sa y reunin, etc. Escriba en los 90, en pleno au-ge del neoliberalismo, interesado en conectar de-mocracia y Estado frente a la demolicin del apa-rato pblico, y pensaba en las villas de los grandes centros urbanos, los asentamientos informales, las provincias feudalizadas.

    La metfora de ODonnell puede aplicarse no slo al interior de las fronteras territoriales del Estado si-no tambin dentro de las fronteras funcionales de su aparato burocrtico, en donde organismos que fun-cionan de manera transparente, garantizan un trato equitativo y rinden cuentas, conviven con otros en los que la legalidad democrtica no penetra: el prin-cipal es, por supuesto, el sistema carcelario, una caja negra donde las violaciones a los derechos humanos,

    Catacumbas

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