Las Pavas colgadas de Pretelt

Las 109 familias campesinas de Las Pavas, que en 2013 ganaron

el Premio Nacional de Paz, están hoy lejos de volver a sus tierras

en el sur de Bolívar.

Por: Andrés Bermúdez Liévano, Mié, 2015-06-03 23:38 La Silla Vacía

Se ganaron el Premio Nacional de Paz hace año y medio.

Fueron reconocidos como víctimas tras años de olvido estatal. Y el

presidente Juan Manuel Santos los elogió como “un modelo, como

pocos, de resistencia pacífica ante la acción de los violentos”. Sin

embargo, hoy los campesinos de Las Pavas están aún más lejos de

recuperar las tierras que les fueron despojadas.

Sin ninguna decisión jurídica o administrativa en firme, uno de los

casos más emblemáticos de la progresista política de tierras que

impulsaron Santos y su primer ministro de Agricultura Juan Camilo

Restrepo está haciendo aguas. Y ahora su suerte depende en gran

medida del cuestionado magistrado de la Corte Constitucional Jorge

Pretelt.

El limbo jurídico de Las Pavas

Aunque el presidente Juan Manuel Santos ha elogiado la resistencia

no violenta de los campesinos de Las Pavas, el caso suyo -

emblemático para la política de tierras y víctimas del Gobierno- está

estancado.

El Incoder, que entonces dirigía Miriam Villegas, tomó dos decisiones

que benefician a los campesinos de Las Pavas pero que terminaron

bloqueadas por el empresario José Ernesto Macías.

El padre jesuita Francisco de Roux, que ha apoyado el proceso de Las

Pavas desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio,

ha advertido sobre los hostigamientos que viven los campesinos.

A pesar que desde hace un año los campesinos de Las Pavas vivien

oficialmente en 'riesgo extraordinario', la Unidad de Protección que

dirige Diego Mora no les ha asignado un esquema de protección

colectiva.

Hace dos años parecía que las 109 familias de Asociación de

Campesinos de Buenos Aires (Asocab) finalmente recibirían los

papeles que las acreditaban como propietarios de la Hacienda Las

Pavas en El Peñón. Títulos que nunca han tenido porque cuando

llegaron a finales de los años noventa al ese rincón del Magdalena

Medio de Bolívar eran terrenos abandonados.

Poco antes de que recibieran el Premio Nacional de Paz en 2013, el

Incoder expidió dos resoluciones que le daban la razón a los

campesinos de Las Pavas y que parecían resolver el caso.

En una primera resolución, decretó que 11 de los predios de la

hacienda eran aún baldíos de la Nación que nunca habían sido

adjudicados a nadie y que, por lo tanto, no le podían pertenecer a su

supuesto propietario Jesús Emilio Escobar (un tío del narcotraficante

Pablo Escobar) ni él podía venderlos a terceros. En una segunda

decisión, declaró la extinción de dominio sobre otros tres predios que

-cuando llegaron en 1997- no estaban siendo explotados por Escobar.

Eso significaba que los 14 predios se debían convertir de nuevo en

baldíos y entrar en el fondo de tierras del Gobierno para ser luego

adjudicados solo a campesinos sin tierra. Y los de Las Pavas, como

ocupantes de unos terrenos cuya posesión ya habían solicitado en

2003, debían ser los primeros en línea para recibirlos.

Esas decisiones también implicaban que se debía cancelar el registro

de propiedad de Aportes San Isidro, la compañía del empresario

barranquillero José Ernesto Macías que hoy es dueña de los predios y

que los sembró con palma africana.

Macías le compró las tierras a Escobar en 2004, cuando los

campesinos estaban desplazados y en plena época de auge

paramilitar. Lo hizo en asociación con CI Tequendama, una empresa

de la familia samaria Dávila Abondano que luego le vendió su parte a

Aportes San Isidro.

Ambos están -como contó La Silla- en la lista de quienes recibieron

millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro y aportaron plata al

referendo que buscaba un tercer período de Álvaro Uribe.

A pesar de ese avance en el caso, como tantos otros en Colombia, el

de Las Pavas se volvió un pleito jurídico que por ahora no tiene final a

la vista.

Macías -que había recurrido sin éxito las resoluciones del Incoder-

solicitó un proceso especial de revisión, que es la última instancia

para un proceso agrario y que debe resolver el Consejo de Estado.

Debido a un artículo en la Ley 160 agraria que congela todas las

decisiones anteriores en una extinción de dominio mientras sale el

fallo definitivo, las resoluciones del Incoder a favor de Asocab

quedaron por completo frenadas.

Eso dejó servido el plato para el conflicto: es por eso que hoy están

conviviendo, lado a lado, dos grupos que reclaman el derecho sobre

la misma finca. Y no de manera pacífica.

Por un lado, están los campesinos que llegaron a finales de los años

noventa y a quienes la Corte Constitucional reconoció como víctimas

de desplazamiento en una sentencia de Mauricio González en 2011,

que de paso le ordenó al Gobierno reabrir sus procesos de titulación y

frenar los desalojos solicitados por Macías y los Dávila hasta que el

caso se resolviera. Y por el otro, el empresario que compró Las Pavas

-Macías- después de que los campesinos fueran obligados a huir, que

seguirá siendo el dueño mientras sale el fallo y que argumenta que

ellos son ocupantes ilegales.

El problema es que un proceso agrario en el Consejo de Estado se

demora en promedio diez años, por lo que éste -que está en el

despacho de la magistrada Olga Valle de la Hoz- pinta para largo.

Muy largo para los campesinos que han ido retornando a Las Pavas

por cuarta vez en una década, y que están siendo hostigados y

provocados todos los días por los empleados de Macías, como

denunciando los campesinos y el sacerdote jesuita Francisco de Roux.

Entra Pretelt

El magistrado Jorge Pretelt tiene los dos casos claves de Las Pavas en

su despacho, pero tendrá que responder a la petición de sus colegas

de que se declare impedido.

El magistrado Jorge Iván Palacio le pidió a Pretelt que se declare

impedido por tener un proceso agrario en contra que se podría ver

beneficiado dependiendo de cómo falla él el de Las Pavas.

A raíz de la difícil situación de los campesinos de Las Pavas, dos

acciones judiciales en su defensa llegaron a la Corte Constitucional. Y

las dos están en el despacho del polémico magistrado Jorge Pretelt, él

mismo también involucrado en un escándalo por presunta apropiación

irregular de tierras baldías en otro lugar.

Ambos casos llevaban casi dos años en el cajón, pero se comenzaron

a mover hace poco. Sobre todo después de que la Universidad

Javeriana le envió una nueva intervención a la Sala Plena de la Corte

Constitucional en abril, pidiéndole desengavetar el caso.

Finalmente los dos casos llegaron el miércoles pasado a la Sala Plena,

donde desataron todo un tierrero.

Después de que Pretelt le contara a sus colegas que su ponencia

proponía declarar constitucional el artículo que les suspendió las

resoluciones del Incoder, el magistrado Jorge Iván Palacio lo invitó a

declararse impedido y -después de que Pretelt se negara a hacerlo- le

presentó a sus otros colegas un documento que llevaba en el título

los números de referencia de las dos acciones judiciales en el caso de

Las Pavas.

En éste, Palacio explicaba que Pretelt tiene un proceso agrario en su

contra desde 2008 por Las Gaviotas, un islote en San Bernardo del

Viento que sigue siendo baldío de la Nación y donde él tiene una

casa.

Eso significa que, dependiendo de cómo falle la Corte la acción de

inconstitucionalidad, Pretelt podría verse beneficiado y mantener el

uso de su casa-isla mientras le sale a él una decisión final en el

Consejo de Estado.

En ese momento la Sala Plena decidió abrirle un incidente de

recusación a Pretelt, cuyo ponente fue su aliado Alberto Rojas. Eso

significa que Rojas tendrá que abrir un proceso por ese caso y recibir

pruebas, para que -una vez se defienda Pretelt y se resuelva las

recusación en su contra- se defina si él puede quedar de ponente en

los dos casos de Las Pavas o si éstos pasan a manos del siguiente

magistrado por orden alfabético. Es decir, Rojas.

Además de la súplica a la Corte Constitucional, en abril la Javeriana le

solicitó medidas cautelares al Consejo de Estado. Y ahora en mayo le

envió un derecho de petición al alcalde de El Peñón pidiendo que

restrinja temporalmente la expansión de la palma, ya que -si el caso

llega a durar una década- Las Pavas será un bosque tupido.

Esto porque “puede que los campesinos terminen ganando el caso,

pero que no haya tierra que sembrar”, dice Juan Felipe García, el

director de la clínica jurídica de tierras de la Universidad Javeriana,

que viene acompañándolos legalmente y que está viviendo allí desde

febrero.

La zozobra en Las Pavas

Los campesinos de Las Pavas están denunciando que en las últimas

semanas se han reanudado las agresiones de los empleados de

Aportes San Isidro, que -según ellos- han cultivado palma rodeando

sus chozas (arriba), han envenenado sus cultivos de plátano (abajo)

y les han cerrado con candado el portón de acceso a la fina (última).

Fotos cortesía de Asocab.

Mientras se resuelve su suerte tanto en la Corte Constitucional como

en el Consejo de Estado, la vida de los campesinos de Las Pavas

transcurre en medio del miedo.

En febrero de este año, una veintena de las familias de Asocab

comenzaron a retornar gradualmente al predio que están

reclamando. Es la cuarta vez que lo intentan en una década y la

primera en que cuentan con un pequeño apoyo del Gobierno, en este

caso de la Unidad de Víctimas que les ha financiado los cultivos y que

inició una ruta de reparación colectiva con ellos.

A partir de ese momento los hostigamientos y las intimidaciones de

los empleados de Aportes San Isidro se dispararon.

Según cuentan ellos, en los últimos meses entre 50 y 80 nuevos

trabajadores de José Ernesto Macías los vienen amedrentando. A

algunos de ellos los han reconocido como los antiguos empleados del

departamento de seguridad de la empresa, que terminó con su

licencia de operación suspendida por la Supervigilancia en 2013 y con

una multa de 50 millones de pesos por prestar ese servicio de

manera móvil cuando no estaban autorizados para hacerlo.

El modus operandi es el mismo de los anteriores retornos. A los que

caminan por la servidumbre pública que conduce del corregimiento de

Buenos Aires -donde vive la veintena de familias que retornó- a Las

Pavas los agreden físicamente, los insultan y les toman fotos.

A las mujeres, incluidas las que vienen a acompañar su caso, les dan

la bienvenida con todo tipo de referencias sexuales. El portón de

entrada a la finca -una servidumbre que tienen derecho a usar-

aparece constantemente cerrado con un candado, pese a que en

varias ocasiones la Policía y el Ejército lo han cortado.

El jueves pasado, según cuentan un líder de Las Pavas y tres

personas que han acompañado el proceso, los hombres apostados

allá le mandaron decir a Misael Payares -uno de los históricos líderes

de la comunidad- que lo esperaban en persona para cortar el candado

y que “se atuviera a las consecuencias”.

Ninguna de las denuncias de Asocab ante la Fiscalía ha surtido efecto.

Ellos dicen que, pese a haber identificado con nombre propio -Mario

Mármol- a su agresor principal, ningún empleado de Macías ha sido

judicializado.

Entre tanto, Aportes San Isidro ha continuado la expansión de sus

cultivos de palma, destruyendo los cultivos de yuca, maíz y ñame que

han sembrado los campesinos y rodeando por completo las pequeñas

chozas que han construido allí con plantas de palma. El sembradío de

plátano mafufo de una de las familias -que ya estaba listo para

empezar a dar frutos- apareció seco de repente hace unas semanas,

envenenado con una sustancia desconocida.

“La comida está escasa, por ellos y por el verano tan fuerte. Y ahora,

mientras avanza la siembra, estamos en problemas”, le dijo a La Silla

Mercelis Payares, una de las líderes de Las Pavas.

“Son dos tiempos absolutamente desconectados: el que se vive acá -

el de la urgencia en la alimentación, en la protección, en la falta de

oportunidades- y el del Estado que puede tardar años en tomar una

sola decisión. Todo eso lo aprovechan los empresarios para debilitar

el proceso”, dice Juan Felipe García.

Todas estas agresiones los campesinos ya las han vivido en el pasado

y las han capturado en los cantos vallenatos que hicieron famoso a

uno sus líderes, Edwin Torres el “Monchi Pavero”.

Precisamente su resistencia pacífica a esas provocaciones fue una de

las razones para que se ganaran el Premio Nacional de Paz, ya que -

en palabras del jurado del premio- “han afrontado su dura situación

con la no violencia activa y la no retaliación”.

A eso se suma que el Estado se ha quedado corto a la hora de

protegerlos, más allá de financiarles los proyectos productivos a

través de la Unidad de Víctimas. La alcaldía les ha dicho varias veces

que se siente impotente para actuar. La Policía les dice que -más allá

de controlar que el portón esté abierto- tiene que ser neutral, dado

que hay una empresa con títulos de propiedad y unas víctimas

reconocidas.

Para completar, el gobierno Santos no les ha cumplido aún con la

promesa de brindarles un esquema de seguridad.

En marzo del 2014, Asocab le entregó una propuesta de protección

colectiva a la Unidad de Protección. Tres meses después, el Cerrem -

que es el comité interinstitucional que examina la situación de peligro

de cada solicitante- determinó que tenían 'riesgo extraordinario' y

aprobó la mayoría de esas medidas.

Casi un año después, la Unidad que dirige Diego Mora no las ha

implementado por no tener un operador en ese rincón del Magdalena

Medio. Hace dos semanas varios líderes de Asocab se reunieron con

funcionarios del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, y

recibieron la promesa de que el esquema se creará pronto. Mientras

tanto, solo dos líderes tienen medidas individuales sencillas como

chalecos antibalas.

Es decir, todo lo contrario a lo que recomendaba el Premio Nacional

de Paz cuando hizo énfasis en “la necesidad de rodear de apoyo a

comunidades en peligro en su lucha por la tierra y la defensa de sus

derechos a través de vías absolutamente pacíficas y legales” y le

pidió al Gobierno “no dejar solos a estos campesinos, a protegerlos y

a exigir que cesen diversas formas de intimidación que cada día

reciben”.

Al final, del éxito de casos emblemáticos como Las Pavas -que son

complejos pero que tienen gran visibilidad y el acompañamiento de

universidades, conocidas ONGs y donantes internacionales-

dependerá la suerte de miles de campesinos anónimos que creen en

la promesa de Santos y la Ley de Víctimas de reversar el despojo que

sufrieron.

Porque como dice el padre jesuita Francisco de Roux, que fundó el

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que los ha

apoyado desde hace una década: “Si pierden los campesinos de Las

Pavas, se mandará un mensaje negativo para toda la política agraria

y la de víctimas”.

Ganadores Premio Nacional de Paz 2013

Video https://www.youtube.com/watch?v=KXxQXNpLmto