HOJA DE RUTA Y DOCUMENTOS DE SOPORTE

PERIODO 2013 - 2015

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MESA DE TRABAJO PERMANENTE

CONTENIDO

Observaciones y recomendaciones al proyecto de directiva homicidio en persona protegida presentada por la fiscalía general de la nación…………………..…………..Pág. 2

“Ejercito a las fronteras y a misiones internacionales” ………………………...………..Pág. 8

Ley habilitante ………………………………………………………………………………………………..Pág. 11

De fuente fidedigna, los contratos para el carrusel de la paz. Y eso en crisis fiscal!!! ………………………………………………………………………………………………………………….…… Pág. 17

Carta al sr. Presidente Juan Manuel Santos del General Retirado Eduardo Santos Quiñones. ………………………………………………………………………………………………………………….…… Pág. 18

"Unas son las necesidades políticas, otras, las soluciones jurídicas"………….…… Pág. 20

Condiciones de tregua de las Farc son cínicas e inaceptables: acore……………… Pág. 29

Replica a la revista semana y artículos relacionados con conversatorio “pacto para la paz” ….………………………………………………………………………………………………………..… Pág. 33

Conversatorio proceso de negociación de la habana, postconflicto y futuro institucional. ………………………………………………………………………………………..…..…… Pág. 36

Memorador de inquietudes y preocupaciones de la reserva activa. ………...…… Pág. 53

Consideraciones políticas para el ministro de defensa…………………………………… Pág. 56

El fracaso de la comisión histórica del conflicto………………………………………..…… Pág. 58

Los dilemas de la paz….………………………………………………………………………………..… Pág. 60

¿Será que las Farc no entienden? …………………………………………………………….…… Pág. 64

Despertemos….……………………………………………………………………………………………… Pág. 66

Fuero penal militar………………………………………………………………………………………… Pág. 68

Ministerio de seguridad ciudadana. Carta abierta al señor presidente de la república en relación con la creación del ministerio de seguridad ciudadana….…………..… Pág. 71

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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PROYECTO DE DIRECTIVA HOMICIDIO EN

PERSONA PROTEGIDA PRESENTADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Con la participación de la Fiscalía General de la Nación, representantes del Comando

General de las FF.MM., la Jefatura Jurídica Integral del Ejercito, ACORE,

representantes de la Defensoría Militar, miembros del Tribunal Superior Militar,

responsables de la Oficina de Derechos Humanos de las Fuerzas Militares y un selecto

grupo de abogados, el día 10 de Marzo del año en curso, se llevó a cabo una nueva

reunión programada por la Fiscalía General de la Nación, para dar a conocer todo lo

relacionado con el borrador de la Directiva para Homicidio en Persona Protegida, y

que tendrá como finalidad, orientar a los diferentes funcionarios de esta entidad,

sobre la forma como se debe actuar en materia de investigación penal en procesos

que se adelanten contra miembros de la fuerza pública y otros actores

comprometidos dentro del actual conflicto armado. Se pretende con este

documento, unificar criterios y fijar claras directrices de carácter vinculante para

todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

Introducción:

La preeminencia del Derecho Internacional de DD.HH. y del DIH, sobre las normas de derecho interno, como es el caso de elevar el delito de homicidio en persona protegida de nuestro código penal ley 599 del 2000 a crimen internacional, por cuanto no sería aplicable porque la norma internacional, no establece tipos penales, sino solamente el deber de sancionar una serie de conductas, que al no estar tipificadas en el ordenamiento interno, mal podrían ser penalizadas, en virtud del principio de legalidad. Existen muchos casos en que se ha procedido irregularmente al emitir juicios equivocados de naturaleza política, que no se avienen a la realidad de los hechos.

Código Penal:

Artículo 135. Homicidio en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

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Parágrafo. Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:

1. Los integrantes de la población civil.

2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.

3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.

4. El personal sanitario o religioso.

5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.

6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga.

7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados.

8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.

Observaciones respecto al proyecto de Directiva homicidio en persona protegida:

Para entender correctamente el significado del delito de homicidio en persona

protegida por el DIH, es preciso acudir a las normas del Derecho Internacional

Humanitario, pues en sus criterios tienen origen y contenido los conceptos de

“persona protegida”, “conflicto armado”, “población civil”, “persona que no

participa en las hostilidades”, “combatiente”, etc., categorías jurídicas que

integran y configuran los elementos de la definición legal del “homicidio en

persona protegida por el DIH”.

En el desarrollo de este proyecto de Directiva se habla en distintas partes de

crímenes de guerra y delito contra el DIH, lo cual puede incurrir, a que siendo

el homicidio en persona protegida un delito contra el DIH, se le asimile en

todos los casos por los funcionarios como un crimen de guerra, (interpretación

integradora) los cuales se configuran bajo el supuesto de que el hecho “se

cometa como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran

escala de tales crímenes”, condiciones de la reglamentación internacional que

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no hace parte de la descripción legal del artículo 135 del Código Penal, se ponen

en evidencia que se trata de dos categorías jurídicas que tienen elementos

comunes, pero que difieren en aspectos sustanciales. Además las

convenciones internacionales no autorizan la suspensión del principio de

legalidad. Ninguna disposición en tal sentido, puede restringir, menoscabar,

derogar derechos reconocidos o vigentes en la legislación nacional.

En el proyecto de directiva se integra una definición de homicidio en persona protegida donde la fase objetiva se define con la ley nacional (art. 135 C.Penal), y la fase subjetiva del ente se define con el derecho penal internacional (art. 30 ECPI). “la conducta es dolosa cuando el agente conoce los elementos de la infracción

Penal y quiere realizarlos” (art. 22 C. Penal);

“El elemento subjetivo concurre cuando el autor “actúa con intención y

conocimiento de los elementos materiales del crimen” (art. 30 ECPI).

Por lo tanto vemos que la cimentación de los elementos del tipo de “Homicidio en persona protegida por el DIH”, se integre con los elementos de la regulación objetiva y subjetiva del Código Penal colombiano.

El calificativo de combatiente debe ser solo para los miembros de la Fuerza

Pública. Los terroristas deben ser calificados como civiles armados de carácter

ilegal. Ver Sentencia C-291/07 Corte Constitucional.

Los miembros de las fuerzas irregulares con funciones permanentes en el grupo, son miembros de grupo organizado al margen de la ley, tal categoría permite otorgarles responsabilidad equivalente a la del combatiente en el DIH y en el derecho interno a que sean penalmente responsables por los delitos.

La directiva no es clara en definir quienes hacen parte de las hostilidades lo

que para el funcionario de la Fiscalía es decisivo; ya que para él debe quedar

claro el límite del momento-cuándo y por qué la persona pierde la protección,

se convierte en parte del conflicto y así establecer su participación directa o

indirecta dentro de este.

Por consiguiente es necesario valorar los hechos reales y prácticas propias del conflicto armado que padece Colombia. Por estrategia y para hacer más eficaces sus fuerzas y sus planes las guerrillas –FARC, ELN, etc.- especializan y dividen sus funciones: unos son llamados “guerrilleros”, o sea que toman parte

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en los combates u operaciones de ataque o defensa; otros son llamados “milicianos” o sea que se trata de parte de sus fuerzas que son destinados a cumplir tareas de inteligencia, información, preparación y estudio para las operaciones de ataque, y se ubican por lo general dentro de la población civil; unos terceros cumplen la tarea de “infiltrados” en organismos civiles, estatales y hasta militares y policivos, contribuyendo con “aportes” tan importantes y esenciales, que sin ellos los atentados que ejecutan no se podrían adelantar o estarían condenados al fracaso.

El proyecto de Directiva expresa la identificación vinculatoria de los elementos de “habilidad”, “decisión”, “forma” y “propósito” en la valoración subjetiva del posible imputado, lleva implícita una caracterización de circunstancias individuales que no aparecen contenidas en la definición del artículo 135 del C.Penal, y que pueden extender el ámbito de aplicación del tipo más allá de los límites de la ley penal, facilitando y justificando así una imputación objetiva (constitucionalmente prohibida) respecto de cualquier persona que pertenezca o haya pertenecido a la Fuerza Pública o a un grupo armado ilegal y que llegare a cometer un homicidio u otros delitos análogos.

En el proyecto de Directiva se introducen por vía de interpretación nuevos elementos al contenido del artículo 135 del Código Penal, pues en el texto del proyecto se exige que el conflicto armado deberá reunir unas condiciones o “criterios” para que pueda afirmarse “ la existencia del conflicto armado”:

(i).- La intensidad del conflicto

(ii).- El nivel de organización de las partes. Es decir que en las operaciones militares, relativiza y subjetiva la existencia del conflicto armado y puede conducir a errores de interpretación, cuando quiera que ciertas operaciones militares puedan requerir de un tiempo extenso de inteligencia, planeación o ejecución, que pudiera inducir a creer que no había intensidad en el conflicto. Además, la exigencia de un cierto grado de intensidad en el conflicto, conlleva la dificultad de establecer cuál es, y si existe intensidad en el conflicto, con lo cual determina el examen histórico, militar, estratégico y material del conflicto, valoración subjetiva que puede sobrepasar las posibilidades del funcionario judicial.

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En este proyecto de Directiva no se define “objetivo militar”, concepto que el

funcionario debe conocer para una interpretación más adecuada del contexto

del conflicto. Según el Derecho Internacional Humanitario “los objetivos

militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación,

finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acción militar o cuya

destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las

circunstancias del caso una ventaja militar definida”, en este borrador no se

advierte al fiscal que es un objetivo militar, lo cual ha llevado a múltiples

errores en la investigación y condenas a integrantes de la Fuerza Pública

dentro de contextos de operaciones militares legitimas.

El homicidio en persona protegida como cualquier otro delito en Colombia debe someterse al Estado de Derecho, que, entre otras garantías, establece plenamente la irretroactividad de la ley penal, el principio de igualdad, la presunción de inocencia, el principio de favorabilidad, la calificación apropiada del delito, la carga de la prueba debidamente sustentada, el dolo o culpabilidad demostrada, el debido proceso, etc., etc. Es más, el art. 22. 2 del Estatuto de Roma, ha señalado que “La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada a favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena”.

“El artículo 135, que hace referencia al homicidio en persona protegida en

otros países han hecho uso de legislaciones especiales para incorporar normas

que, por ejemplo, defienden bienes protegidos por el Derecho Internacional

Humanitario, en el caso colombiano estas normas -así como aquellas que

hacen alusión, desde luego, a las personas protegidas- son incorporadas al

derecho penal ordinario” Alejandro Aponte.

El bloque de constitucionalidad se conforma por leyes, convenios, derechos,

garantías y tratados que no chocan con la carta política y que son ratificados

en Estado de Derecho, siendo en este caso la aplicación del artículo 135 del

código penal como la aceptación de un conflicto armado entre el Estado y

numerosos grupos al margen de la ley que han utilizado e inmiscuido a la

población civil dentro de las hostilidades.

Estamos en desacuerdo con relación a la calificación de crimen de lesa humanidad que se sugiere en el proyecto de Directiva para los hechos cometidos antes del 25 de julio de 2001, pues esa categoría de conductas punibles no existía ni existe típicamente en la ley penal nacional, por tanto su tratamiento punitivo debe ser a título de homicidio.

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No toda omisión o error en que se pueda incurrir en una Orden de Operaciones, implica que exista una violación a las normas del DIH, pues las infracciones criminales al DIH, son en esencia en casi la totalidad de los casos esencialmente dolosas o intencionales, por eso debe ser deliberada y dolosa, pues de lo contrario simples defectos de falta de pericia, estrategia o técnica terminarían asimilándose a acciones criminales.

Si el homicidio en persona protegida se interpreta de manera integradora

como un crimen internacional, más se le aplica condición de combatientes a

los integrantes de grupos al margen de la ley, los actos de las guerrillas quedan

protegidos bajo la interpretación del artículo 67 del acto legislativo 01 del

2012.

Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERA

Presidente Nacional de ACORE

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“EJERCITO A LAS FRONTERAS Y A MISIONES INTERNACIONALES”

Preocupante anuncio presidencial… Durante la tercera jornada de la Pedagogía por la Paz que se llevó acabo en la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’ de Cali, el Jefe de Estado aseguró que el país requiere “una Policía que pueda estar en un territorio donde nunca ha estado, y un Ejército que, si bien no va a estar en la selva, lo necesitamos haciendo presencia defendiendo nuestras fronteras, haciendo obras de desarrollo y participando en misiones internacionales”.

¿Ejército a las fronteras y a misiones internacionales.....? ¿CON ESTE PREOCUPANTE ANUNCIO PRESIDENCIAL SE QUIERE CONFIRMAR, NI MAS NI MENOS, LA EXISTENCIA DE UN PREACUERDO YA PACTADO EN LA MESA DE NEGOCIACIONES RESPECTO A LA FUTURA MISIÓN DEL EJERCITO NACIONAL, TAL COMO INSISTENTE Y PÚBLICAMENTE LO HAN VENIDO EXIGIENDO LAS FARC?

¿El control del orden público interno frente a las distintas amenazas existentes por parte de los grupos armados ilegales, particularmente en zonas rurales, será de exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional, junto con nuevas organizaciones similares que podrían conformarse presumiblemente con terroristas desmovilizados?

¿Porque ahora se pretende relevar al Ejército del cumplimiento de esta misión que institucionalmente le corresponde y le ha correspondido, junto con la Policía Nacional, para enfrentar estas gravísimas amenazas?

¿Se pretende con esto remplazar al Ejercito por nuevas instituciones como Guardabosques, Policías Cívicas, Policías Rurales, Gendarmerías, etc., etc.?

¿En estas circunstancias, sale la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y se crea en forma definitiva el cuestionado Ministerio de Seguridad? ¿Cuál es la verdadera intención de dividirnos?

¿Por qué este nuevo giro presidencial en temas tan sensibles relacionados con seguridad y defensa nacional, aceptando de plano imposiciones inadmisibles por parte de las FARC?

¿Estamos negociando o simplemente capitulando en la mesa de conversaciones de la Habana?

¿Se aprovechó la ausencia del General Mora Rangel en el último ciclo de conversaciones para acordar lo que el Presidente de la República anuncia publica y enfáticamente ante un importante auditorio militar, respecto a tan preocupante e inexplicable decisión?

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Cada día es más confusa esta situación. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Hasta dónde se quiere llegar en este proceso? ¿Qué tanto estamos entregando para satisfacer las exigencias de las Farc?

¡La reserva activa y el país entero espera una clara explicación!

EL ESPECTADOR JUDICIAL 30 MAR 2015 - 11:04 PM

Miembros de FF.MM. estarán protegidos y blindados jurídicamente: Santos El jefe de Estado insistió en que para que eso sea así “tenemos que hacer una buena justicia transicional”. El mandatario enfatizó en que no va a permitir que los uniformados queden desfavorecidos El presidente Juan Manuel Santos reiteró que es falso que se vaya a reducir a su “mínima expresión" las Fuerzas Militares, “a nuestro Ejército, a nuestra Armada, a la Fuerza Aérea o a la Policía, no tiene nada de verdad y es todo lo contrario, vamos a necesitar todavía unas Fuerzas más fuertes”. Durante la tercera jornada de la Pedagogía por la Paz que se llevó acabo en la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’ de Cali, el jefe de Estado aseguró que el país requiere “una Policía que pueda estar en un territorio donde nunca ha estado, y un Ejército que, si bien no va a estar en la selva, lo necesitamos haciendo presencia defendiendo nuestras fronteras, haciendo obras de desarrollo y participando en misiones internacionales”. Respecto a los beneficios jurídicos de los militares, el mandatario enfatizó en que no va a permitir que los uniformados queden desfavorecidos o en desigualdad de condiciones. “Por eso es tan importante que ustedes entiendan que soy el más interesado en que nuestras Fuerzas queden absolutamente tranquilas, que no les suceda lo que les sucedió a otras fuerzas en otros países, a las que años más tarde les reabrieron los procesos, que años más tarde les cambiaron las reglas de juego, sino que aquí quede eso totalmente sellado”, señaló Santos. Aclaró que para que eso quede sellado, “tenemos que hacer una buenajusticia transicional, que tenga la legitimidad interna y externa, y ese es el desafío que tenemos nosotros como Estado, que tienen los negociadores y que tiene la comunidad colombiana e internacional”. Finalmente insistió en que el mensaje para los uniformados es que “la seguridad jurídica es también prioridad, y que al final de este proceso, lo que quiero es que todos los miembros de nuestras Fuerzas tengan esa tranquilidad, ahí en el

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subconsciente y en el consciente, en su cabeza, que hacia adelante jurídicamente van a estar protegidos y blindados”. EL ESPECTADOR POLÍTICA 1 ABR 2015 - 2:12 PM

Proceso de paz Santos dice que hay generales en retiro detrás de campaña de desprestigio al proceso de paz El presidente dijo que “duele tanto” que estén en esta práctica. El presidente Juan Manuel Santos visitó este miércoles el Fuerte de Tolemaida para continuar la labor pedagógica sobre el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos acusó este miércoles a algunos generales en retiro de estar detrás de una campaña de desprestigio al proceso de paz con las Farc. Desde la base militar de Tolemaida (Tolima), principal fortín castrense del país, Santos dijo que ya es hora que estos oficiales retirados dejen de hacerle daño al proceso y a las mismas Fuerzas Militares. “Por eso me duele tanto que sean personas que han llegado a ser generales de la República que también estén en esta campaña”, dijo. Calificó de “mala fe” las difamaciones que se hacen en contra de la negociación con la Farc. “Eso no dice mucho y no exalta a nuestras Fuerzas; eso lo que les hace es daño”, agregó.

Para el mandatario hay gente interesada en que el proceso no tenga éxito por intereses particulares, como los narcotraficantes y los traficantes de armas, y otros por razones políticas. El presidente Santos, junto al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, la cúpula militar y el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel –negociador con las Farc en Cuba– lleva varios días visitando bases militares donde ha desmentido con vehemencia que vaya a reducir a su mínima expresión a las Fuerzas Armadas.

“No voy a permitir que nuestras Fuerzas Armadas queden en desigualdad de condiciones en materia de beneficios jurídicos”, ha reiterado en estos acercamientos con los soldados.

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LEY HABILITANTE

Polémico anuncio sobre eventual ley habilitante para implementar por decreto acuerdos que sean pactados con las Farc genera alerta nacional.

Abril 2015

Durante esta jornada se mantuvo una dinámica en la cual cada panelista expuso la posición partidista y en algunos casos personal de cada uno de los temas previamente propuestos en este foro y referentes también a ciertas preocupaciones que el BG (RA) Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de ACORE, en sus palabras de bienvenida expuso a los panelistas e invitados a este evento.

Estas preocupaciones fueron básicamente las siguientes:

Proyecto de facultades extraordinarias al Presidente de la República para reglamentar Marco Jurídico para la Paz genera polémica nacional.

Mediante referendo se pretende suplantar ley estatutaria como norma constitucional para reglamentar cualquier acto legislativo.

Para evitar peligroso cheque en blanco al Ejecutivo seria indispensable dar a conocer, antes del referendo, los textos de los decretos que serían expedidos dentro de estas facultades.

Una sola pregunta en esta materia para el referendo no sería garantía suficiente para justificar un eventual respaldo mayoritario.

Reglamentar mediante facultades extraordinarias al Ejecutivo temas relacionados con preacuerdos ya pactados, sería sumamente peligroso.

¿Se estarían creando extraños mecanismos para aprobar por decreto temas difíciles de los acuerdos de paz?

Los veinte lugares que se anuncian para desmovilización y concentración bajo ninguna circunstancia pueden coincidir con zonas grises reconocidas donde las FARC ejercen notable tradicional influencia.

Los anuncios del Fiscal General sobre referendo y facultades extraordinarias al Presidente de la República van en contra posición del Ministro del Interior. ¿A quién creerle?

Nada se dice de la fijación de plazos para terminar negociaciones en La Habana. Expectativa nacional.

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Así entonces en torno a estas inquietudes se desarrolló el conversatorio que sin duda alguna nutre el debate nacional y abre caminos en esta compleja ruta hacia la terminación del conflicto armado con las FARC.

EL ESPECTADOR POLÍTICA 24 ABR 2015 - 9:17 PM Que el pueblo decida si le da o no facultades extraordinarias al presidente Santos El referendo que propone el fiscal El jefe de Estado reglamentaría mediante decreto el Marco Jurídico para la Paz en temas como desmovilización y concentración. El Gobierno está contemplando la opción de que el presidente Juan Manuel Santos tenga facultades excepcionales para desarrollar las normas reglamentarias del Marco Jurídico para la Paz. Y lo buscaría mediante la convocatoria a un referendo o una consulta popular en la que el pueblo colombiano decida si le entrega o no esas facultades y que se haría el próximo 25 de octubre, día de elecciones locales y regionales en el país.

Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, negó esta semana que se estuviese pensando en recurrir a un referendo como mecanismo para consultarle a la ciudadanía si debe ponerse o no un plazo a las negociaciones de paz y que se estuviera preparando un proyecto de ley habilitante para permitirle al primer mandatario aprobar por decreto los acuerdos de paz, el fiscal general, Eduardo Montealegre, reveló la verdadera estrategia que se está analizando. “Hay que abrir la posibilidad de que el desarrollo del Marco para la Paz no sólo lo pueda hacer el Congreso, sino que el presidente tenga también facultades para desarrollar esas leyes estatutarias en materia de justicia transicional, de desarme, de desmovilización. Sería sólo una pregunta al pueblo y esas facultades estarían dentro de los límites de la Constitución y que fijó la misma Corte Constitucional cuando revisó y avaló el Marco para la Paz”, explicó el jefe del ente acusador, en entrevista para Blu Radio, desde la Universidad de Harvard, en Cambridge, Estados Unidos.

Hay cinco puntos fundamentales por resolver en la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz. El primero tiene que ver con la diferenciación legal de las partes del conflicto para que las guerrillas no reciban el mismo trato que la Fuerza Pública, el segundo se refiere a los mecanismos de justicia transicional para otorgar penas alternativas a quienes se desmovilicen, el tercero aborda la posibilidad de centrar las investigaciones en los máximos responsables, el cuarto está relacionado con la participación política y el quinto es la obligatoria creación de una comisión de verdad.

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Según Montealegre, el presidente Santos no tiene en estos momentos las herramientas jurídicas necesarias para implementar unos eventuales acuerdos con las Farc. Por ejemplo, frente a la posible desmovilización inmediata de las fuerzas guerrilleras o su concentración en zonas específicas del territorio nacional. “La importancia es que habría un pronunciamiento popular (...) y no sería un cheque en blanco, como dicen algunos. Esas son frases impactantes pero que realmente no se ajustan a la realidad del constitucionalismo colombiano. El presidente tendría límites que traza la Constitución, consagró el Congreso de la República en el Marco para la Paz y ya fueron avalados por la Corte”, agregó.

Interpretando al fiscal, la idea es que mientras el Congreso tramita, vía proyecto de ley, la reglamentación del Marco para la Paz, el Gobierno establezca, vía decreto, sus lineamientos. Y no se requiere que esté firmado un acuerdo definitivo en La Habana. Ante las dudas sobre si los tiempos alcanzan para tramitar un proyecto de convocatoria a un referendo en el Legislativo, que además después tendrá que pasar a revisión en la Corte Constitucional y requerirá un proceso de organización logística por parte de la Registraduría, Montealegre cree que, aunque el margen de maniobra es estrecho, sí alcanza.

Algo más que confirmó el jefe del ente acusador es que todo este asunto ha sido considerado ya en varias reuniones en las que habrían participado altos funcionarios del Gobierno y dirigentes cercanos, entre ellos, según conoció El Espectador, el expresidente César Gaviria; el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez; el ministro de Justicia, Yesid Reyes; el vicepresidente, Germán Vargas Lleras; los presidentes de los partidos de la Unidad Nacional, y el mismo Eduardo Montealegre. Por ahora nadie ha salido a desmentir al fiscal. Se dice que en la Casa de Nariño consideran que el hecho de buscar el respaldo popular le otorgaría más legitimidad a Santos de cara al proceso de paz. Pero también saben que se hace urgente que las Farc den muestras de buena voluntad, sobre todo ahora que se deterioró la confianza con el ataque en Cauca en el cual murieron 11 militares. Ayer el presidente dijo que “así como el Estado ha reconocido responsabilidades y pedido perdón, lo menos que se esperaría de esa guerrilla es que pida perdón”, no sólo por esos hechos, también “por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que les son atribuibles”.

Lo otro tendría que ver con la concentración de las tropas guerrilleras en sitios específicos y verificable, como lo ha propuesto el uribismo. Si bien el Gobierno desmintió una información dada a conocer por Noticias RCN sobre un documento preparado por los militares que hacen parte de la comisión técnica para la terminación del conflicto, con una supuesta hoja de ruta para la desmovilización de las Farc y 20 lugares en los que la guerrilla se concentraría, fuentes cercanas al proceso en La Habana aseguran que se espera que ese paso se concrete antes de

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octubre, lo que le daría más opción de éxito al mencionado referendo, cuya pregunta tendría que superar un umbral estimado de ocho millones de respaldos.

EL ESPECTADOR POLÍTICA 4 MAYO 2015 - 8:32 PM Facultades extraordinarias para Santos son posibles En su conjunto, la ley 418 de 1997 le permite al ejecutivo o a sus voceros adelantar cualquier negociación con grupos armados e incluso firmar los acuerdos finales. Esta es una ley que fue aprobada y sancionada en el gobierno de Ernesto Samper por un plazo de 2 años. Sin embargo, su vigencia fue extendida en una ocasión por Andrés Pastrana, para desarrollar los diálogos de El Caguán, en dos por Álvaro Uribe, para llevar a cabo la desmovilización de los grupos paramilitares, y en otras dos por el actual gobierno. Es decir que se trata de una ley conocida de tiempo atrás, que además fue útil para quienes hoy parecen generar confusión con que Juan Manuel Santos no tiene poderes para firmar la paz con las FARC. Ahora bien, se debe recordar que los diálogos de La Habana tienen la particularidad de contar con un marco jurídico para la paz que lo ampara y de contener acuerdos sobre temas sociales y políticos que van más allá del final de la confrontación armada. Esto hace que quepa la pregunta de si el presidente necesita obtener poderes que no tiene, sobre todo para esos asuntos que acompañan la firma de la paz. Para regular el marco jurídico para la paz En primer lugar, el marco jurídico para la paz (Acto Legislativo 01 de 2012), que reformó la Constitución, dejó claro que cualquier propuesta de justicia transicional en el contexto de los acuerdos, debía ser definida por el Congreso en una ley estatutaria. Es decir que tanto las sanciones a los guerrilleros como los instrumentos de reparación para las víctimas solo pueden ser discutidos y aprobados en el órgano legislativo. Por lo tanto, es posible que el Gobierno busque reformar la Constitución para que esta sea la que le entregue al presidente el poder de expedir la norma que defina los mecanismos de justicia y reparación. Incluso el Fiscal General reafirmó este viernes que esta era una forma de hacer viable la refrendación. Esto no quiere decir que el mandatario pueda excederse de llegar a conseguir tal facultad. Por el contrario, al igual que el Congreso, deberá respetar los límites que el mismo marco jurídico para la paz dejó en la Constitución, por los cuales deberá garantizar los mayores niveles posibles de justicia y reparación para las víctimas.

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Este escenario sería oportuno para consultarles a los colombianos si permiten que la Constitución le otorgue tales facultades extraordinarias al presidente. Ese referendo, aunque no es el mismo que permitiría decidir sobre el contenido de los acuerdos, es una promesa que el Gobierno insiste en cumplirle al país y de llegar a ser favorable para Santos fortalecería sus decisiones ante la oposición interna y la comunidad internacional. Lo cierto es que el referendo es una vía que ni siquiera las FARC han aceptado, debido a su obstinación de ir a una asamblea constituyente. Para regular temas de la mesa En segundo lugar, los acuerdos con las FARC exigirán leyes para los asuntos que van más allá de la dejación de armas y el sometimiento a la justicia. Temas como lo agrario y la política de tierras, la organización del sistema político y electoral, y la lucha contra el narcotráfico, deberán ser replanteados a través de modificaciones legales. Es probable que el gobierno intente obtener facultades especiales para regular directamente estos temas a través de decretos. En este caso no sería necesario un referendo, pues la Constitución ya permite que el Congreso sea quien le otorgue ese tipo de poderes al presidente para que regule ciertos asuntos (numeral 10, artículo 150 de la Constitución) Estas leyes que le otorgan facultades extraordinarias son más comunes de lo que se cree y se han utilizado en muchos casos. Una de las últimas fue la ley 1654 de 2013 con la que el presidente transformó la Fiscalía General. Además este tipo de ley tiene unos límites claros: los poderes solo se delegan al mandatario por 6 meses; la ley debe ser aprobada por la mayoría de todos los congresistas; el Gobierno no las puede usar para la expedición de códigos, leyes estatutarias u orgánicas, ni para la creación de impuestos; solo se otorgan para que el presidente desarrolle lo que estrictamente le permite la ley; y el Congreso mantiene su poder de reformar lo que se disponga por decretos presidenciales. Esto permite entender que en Colombia no hay ninguna figura que se denomine “ley habilitante”, como algunos sectores de la oposición lo han querido llamar -¬seguramente para generar suspicacia al compararla con figuras de otros países como Venezuela-. En el derecho colombiano existen estas leyes que otorgan facultades extraordinarias al primer mandatario, las cuales tiene límites estrictos y precisos, al contrario de las “habilitantes” que en otros países dejan un amplio margen de maniobra para el presidente.

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Ahora bien, puede que para regular estos otros temas de la mesa de negociaciones, el presidente Santos intente que los poderes extraordinarios le sean otorgados por vía de un referendo. Aunque la Constitución le permita no hacerlo, quizás insista en mantener su compromiso de preguntarles a los colombianos. Por esa vía podría modificarse la Constitución para que las facultades le sean otorgadas y limitadas directamente por ella, sin necesidad de que exista una ley del Congreso que lo faculte para reformar lo agrario o el sistema electoral. Además sería una estrategia en la que se reforzaría la idea de que el referendo no es tan necesario como un hecho jurídico sino como un hecho político para legitimar y proteger las decisiones de paz.

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DE FUENTE FIDEDIGNA, los contratos para el CARRUSEL DE LA PAZ. Y eso en crisis fiscal!!!

1. Gobierno ha gastado, hasta diciembre de 2014, $113.645 millones en contratos para el Proceso de paz. 2. Gobierno ha firmado 350 contratos para el Proceso de paz de La Habana. 3. Gobierno ha contratado en temas de paz, $4.855 millones, con "Fundaciones". 4. Gobierno ha gastado $10.360 millones en Medios y publicidad para la paz. 5. Gobierno ha contratado en asesorías para la paz $7.068 millones. 6. Gobierno pagó a miembros de la Comisión Histórica y sus Víctimas $594.000.000 7. Gobierno contrató con Connecta S.A. por $1.264.400.000 para realizar encuestas sobre el Proceso de paz. 8. Gobierno contrató con Área Comunications S.A. por $759.243.961 para divulgar piezas de comunicación del Proceso de paz. 9. Gobierno contrató con Oportunidad Estratégica Ltda $321.000.000 por un concepto sobre viabilidad del Proceso de paz. 10. Gobierno contrata a J. Walter Thompson por $1.080.708.200 para estrategias de publicidad y mercadeo del Proceso de Paz. 11. Gobierno contrata con empresa del hermano del Presidente Santos por $812.000.000 para estrategias digitales del Proceso de paz. 12. Gobierno contrató a Sístole S.A., del hermano del Presidente Santos, para ejecutar estrategias digitales del proceso de paz. 13. Gobierno ha pagado a Medios de comunicación $3.130.855.377 por divulgar el proceso de La Habana. 14. Gobierno ha pagado a RCN TV $860.029.703 por promociones del proceso de Paz. 15. Gobierno ha pagado a Caracol TV $860.025.674 por promociones del proceso de Paz. 16. Gobierno ha pagado a revista Semana $1.092.800.000 para la "pedagogía para el postconflicto". 17. Gobierno pagó $1.507.528.386 a Velnec S.A. para realizar "obras para la paz". 18. Gobierno ha pagado a Etecsa de La Habana $2.393.313.450, por servicio de Internet y telecomunicaciones de Farc. 19. Gobierno ha pagado a Aviatur $419,3 millones, por pasajes aéreos a La Habana. 20. Gobierno gasta $1.860.049.611 en transportes de la Fuerza Aérea a La Habana. 21. Gobierno pagó $968.982.882 por arriendo de una casa en La Habana, para hospedajes del proceso de paz. 22. Gobierno pagó $1.421.803.500 a "Corporación" del exguerrillero León Valencia, para hablar del proceso de La Habana. 23.. Gobierno pagó $1.347.277.093 a "Fundación Ideas para la paz"; para promover

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proceso de La Habana. 24. Gobierno pagó $1.012.256.800 a Fundación García Márquez, para "seminarios a periodistas en cobertura del proceso de paz". 25. Gobierno gasta $1.300 millones a través de "Cordepaz", para "promover el proceso de paz...". Despilfarro. 26. Gobierno gasta $480,6 millones en un contrato con "Corpovisionarios" de Mockus, para apoyar "proceso de La Habana". 27. Federación de Cafeteros se gasta $42.048.383.518 en contratos "para la paz", mientras los productores están en crisis.

CARTA AL SR. PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS DEL GENERAL RETIRADO EDUARDO SANTOS QUIÑONES.

¡NO SÉ Sr. PRESIDENTE! No sé si los acontecimientos diarios lo hayan ilustrado a Ud. Suficientemente con quiénes estamos “NEGOCIANDO “nuestro devenir desde un país comunista. Durante el CESE UNILATERAL DE FUEGO han sido asesinados más de 40 miembros de la Fuerza Pública y heridos unos 60. No sé si Ud. Sr. Presidente recuerde que un Soldado en Mapiripán (Meta) fue quemado vivo y luego recibió “un tiro de gracia” siendo esto un delito de lesa humanidad.

No sé si aún recuerde que en el CAUCA las Fuerzas Especiales fueron golpeadas a garrote y machete cuando trataban de capturar a un Jefe de Finanzas dejando de paso un Soldado Profesional asesinado. No sé si Ud. sepa que la INSEGURIDAD en el territorio es dramática y absolutamente terrible.

No sé si sepa que las extorsiones, boleteos, reclutamiento de menores, narcotráfico etc. han ido en aumento. No sé si Ud. sepa que los que realmente NO QUIEREN LA PAZ son las FARC, pues ellos van es tras una NUEVA CONSTITUYENTE y la TOMA DEL PODER. En ese orden, no sé si Ud. conozca su PLAN ESTRATÉGICO y objetivos finales.

No sé si conozca que existe un Movimiento Comunista Clandestino al cual está prácticamente unido MARCHA PATRIÓTICA y las Milicias que bordean parte del territorio incluyendo unos Barrios de Bogotá. No sé si sus decisiones como los NO BOMBARDEOS han permitido a las FARC reorganizarse y hacerse fuertes en diversos lugares, llevando esto a un debilitamiento de las propias Fuerzas Militares.

No sé cómo le irán a entregar los Suboficiales y Soldados asesinados a sus familias cuando se supone que las FARC están en CESE DE FUEGO. No entendí por qué Ud. lamentó el hecho de TIMBA (Cauca ) pero no le llamó la atención a los bandidos de las FARC. Tampoco cuando Ud. dijo que HABÍA QUE ACELERAR EL PROCESO, cuando aquí lo que debe primar es asegurar el futuro de nuestro pueblo.

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No sé si recuerde que la bandera de LA PAZ fue la que lo llevó a la REELECCIÓN . No sé si Ud. es experto en TOMA DE DECISIONES, pues para tomarlas debe estar uno muy bien seguro e informado especialmente cuando estas son ESTRATÉGICAS.

No sé si en sus apreciaciones tenga claro que el BANDIDO no respeta normas, ni mucho menos acuerdos. Ellos están en su cuento y su propósito final no es el que estamos pensando muchos colombianos.

No sé tampoco Sr. PRESIDENTE qué nos espera con el ELN, las BACRIM, la delincuencia organizada y el propio narcotráfico del cual son dueños las FARC. Acaso Ud. nos lo ha contado?

Todos queremos LA PAZ y desde luego hay que tender un puente muy largo, pues la violencia solo acusa inatajables retrasos, pobreza y miseria pero no podemos “bajarnos los pantalones “para que los violentos sobrepasen límites.

Ud. fue el “reelegido” y estamos dispuestos a seguirlo en su accionar, siempre y cuando contribuya al bienestar de la PATRIA y cumpla bien con sus deberes de Gobernante. El PROCESO DE PAZ está en un nivel CRÍTICO y lo que acaban de hacer las FARC con nuestros Soldados y compatriotas es absolutamente REPROCHABLE; los bandidos en la ISLA gozan de cualquier cantidad de beneficios a costas nuestras, mientras Familias enteras lloran a sus seres queridos en COLOMBIA.

Sr. PRESIDENTE: Así no es el juego y podemos caer en el más profundo de los abismos. BIENVENIDA LA PAZ, pero CON CONDICIONES como Ud. lo anunció un día. Si continúan los riesgos y la intranquilidad que ya empieza a observarse el AFÁN nos hará sucumbir como NACIÓN. El momento es coyuntural, por eso mismo no podemos tragarnos totalmente los SAPOS de los cuales Ud. en alguna oportunidad habló; ellos son INDIGERIBLES.

Finalmente recuerde Sr. Presidente que Ud. fue un Cadete y su hijo un Soldado; ambos por igual hicieron un día un JURAMENTO ANTE NUESTRA BANDERA, esa misma que no queremos ver manchada de más sangre. No sé Sr. PRESIDENTE si Ud. sepa lo que vale jurar ante Dios defender la bandera hasta perder nuestras vidas si es necesario, sin abandonar a nadie en guerra o cualquier otra ocasión.

Mayor General (RA) EDUARDO SANTOS QUIÑONES Abril 2015

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EL ESPECTADOR POLÍTICA 20 DIC 2014 - 9:00 PM "Unas son las necesidades políticas, otras, las soluciones jurídicas" Habla el experto en derechos humanos, Alejandro Valencia Villa. Explica cómo los acuerdos del proceso de paz colombiano podrían chocar con los tribunales internacionales. Cecilia Orozco Tascon Si algunos crímenes de lesa humanidad no fueran sancionados aquí debido a los acuerdos a que lleguen las partes en el proceso de la Habana, ¿la Corte Penal Internacional u otros tribunales en el exterior podrían investigar y castigar a amnistiados colombianos? La CPI es complementaria de la justicia nacional si esta no quiere o no puede castigar a los responsables. Para investigar la situación de Colombia, la CPI debe evaluar esos criterios, y la responsabilidad de los líderes. Si los delitos más graves perpetrados por los máximos responsables no gozan de medidas de justicia transicional con altas dosis de verdad y reparación, se puede activar la competencia de la CPI, eventualmente. Habría que analizar casos concretos para determinar una posible competencia de ese tribunal. No hay que olvidar que la Corte conoce de hechos perpetrados por Colombia o por colombianos a partir del 1º de noviembre de 2002 cuando entró en vigor en el país pero también, de otro lado, que el Estado hizo una salvedad que le impide a la CPI conocer los crímenes de guerra perpetrados antes del 31 de octubre de 2009.

¿Es decir, el entonces presidente Uribe se arrepintió en 2009 de lo que firmó el Estado en 2002? Cuando Colombia aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional hizo una declaración señalando que los crímenes de guerra perpetrados en el país durante los primero siete años de entrada en vigor del Estatuto, no serían de la competencia de la CPI. Esta es una declaración que fue autorizada por el propio Estatuto pero que no ha sido utilizada sino por dos países: Francia que propuso ese artículo y Colombia. Francia la retiró después. Aquí tuvo la vigencia de los 7 años. Por eso los crímenes perpetrados entre el primero de noviembre de 2002 y el 31 de octubre del 2009 no pueden ser de competencia de la CPI.

¿No es vergonzosa y huidiza esta actitud de Colombia a la luz del respeto por el derecho internacional? Si llama mucho la atención porque los crímenes más propios del contexto colombiano son, precisamente, los crímenes de guerra debido a la existencia del conflicto armado.

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¿Significa, entonces, que quedarían excluidos de la competencia de la CPI los llamados ‘falsos positivos’ de esa etapa de la historia nacional en la que, precisamente, ocurrieron la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales que se están investigando? Podría ser pero algunos de los crímenes de guerra cometidos entre el primero de noviembre de 2002 y el 31 de octubre de 2009 también podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad si se demuestra que dichas conductas ocurrieron en un contexto de carácter generalizado o sistemático contra la población civil. Por su carácter masivo y planificado, los ‘falsos positivos’ podrían estar comprendidos en esta última categoría.

¿Los crímenes de guerra cometidos por las Farc entre 2002 y 2009 también estarían cobijados por esa reserva que Colombia le puso a la intervención de la CPI? Esa reserva cobija los crímenes de guerra cometidos por las partes en conflicto, ya sea agentes del Estado o miembros de los grupos no estatales.

Refiriéndose a las Farc, el presidente y el fiscal han hablado de ‘conexidad’ entre el delito de narcotráfico y el delito político ¿Cómo ve esta tesis, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por el país? Pueden ser considerados como delitos conexos con los delitos políticos los que están vinculados y relacionados de manera directa con acciones propias de una confrontación armada, como por ejemplo el porte ilegal de armas, la utilización ilegal de uniformes e insignias, la utilización de equipos transmisores de comunicaciones y aquellos que se presentan en combate siempre y cuando no sean actos de terrorismo, ferocidad o barbarie. Por esta razón, es bastante osado considerar el narcotráfico como un delito conexo, en particular, cuando en el contexto internacional existe una larga tradición de persecución contra este crimen, incluso en tratados internacionales de los cuales Colombia es parte, como por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

Santos y el ministro Reyes ha aclarado que no se trata de desaparecer la calificación de delito para el narcotráfico y que esa conexidad se establecería, no para cesar acciones penales sino para permitir la participación política de quienes firmen la paz. Hay que hacer el debate. Yo empezaría formulando una serie de preguntas sobre esa conexidad: ¿es el narcotráfico una derivación directa y necesaria del delito político? En el caso de las Farc, si se demuestra otra finalidad del narcotráfico en que ellas incurrieron, distinta a la del delito político ¿se calificaría de delito conexo? En el contexto del proceso de paz ¿qué se entiende por el término “narcotráfico”?

El fiscal Montealegre ha dicho que los procesos por los delitos cometidos por las Farc deben tener criterio de “prioridad”, es decir, se investigarán unos y otros no ¿Es compatible la justicia selectiva con las normas del Derecho Internacional?

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La imposibilidad real de que en un esquema de justicia transicional sean resueltos todos los delitos cometidos por diversos grupos de personas, permite establecer una política de gestión de casos en que se prioricen y seleccionen algunos de ellos. Mediante la priorización, se da un orden a la investigación y mediante la selección, se autoriza a renunciar a la persecución penal en ciertos casos. En el contexto externo, la utilizan los tribunales penales de otros países y la Corte Penal Internacional (CPI). En Colombia, la Ley de Justicia y Paz y la Fiscalía han adoptado también ese criterio.

Criterio que podría ser arbitrario ¿Cómo se garantiza transparencia e imparcialidad a las víctimas para que todas, y no solo algunas, tengan derecho a justicia, verdad y reparación? Siempre, los criterios de selección y priorización deben salvaguardar los derechos de las víctimas y hay que otorgarles garantías de que así será. La primera sentencia que declaró constitucional el Marco Jurídico para la Paz (MJP), señala, entre otras garantías, la existencia de un recurso para impugnar la decisión sobre la selección y priorización de su caso; el derecho a conocer la verdad, aún en el evento de que su caso no haya sido priorizado; si el caso no recibió prioridad, se deberá garantizar la verdad a través mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales; el derecho a la reparación y el derecho a conocer en dónde se encuentran los restos de sus familiares.

Las investigaciones por crímenes de lesa humanidad como los que se han cometido en Colombia - y cuyo castigo penal es obligatorio según el Estatuto de Roma ¿pueden ser objeto de “priorización”? Aunque el derecho internacional no impide la priorización y selección, estos criterios deben aplicarse en un sentido restrictivo ya que un Estado debe hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que, precisamente, las conductas más graves, como los crímenes de guerra y de lesa humanidad, sean investigadas y sancionadas.

Simultáneamente con el proceso de paz, en el Congreso se aprueban proyectos que parecen contradictorios: fortalecimiento del fuero militar, ampliación de la competencia de la justicia militar y creación de un tribunal que revisaría las sentencias civiles contra militares. A la luz del derecho humanitario ¿Colombia está transitando caminos de impunidad tanto para guerrilleros como para militares? Propuestas como los dos proyectos de ley y los tres actos legislativos que actualmente cursan en el Congreso y que buscan que la justicia penal militar tenga competencia para investigar y juzgar las infracciones al DIH y ciertas violaciones de derechos humanos, no hacen otra cosa que llamar la atención de la Fiscalía de la CPI. Se podría estar activando la complementariedad de la CPI por falta de voluntad del Estado y ante la ausencia de independencia e imparcialidad en la administración de justicia.

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¿En el marco del derecho humanitario pero también de un proceso de paz que busca la reconciliación nacional, ¿es posible aplicar justicia transicional a agentes del Estado, o sea, militares y policías ya condenados o investigados? El Marco Jurídico para la Paz establece que los agentes del Estado que hayan participado en el conflicto armado podrán gozar también de un tratamiento diferenciado. Esto sería posible siempre y cuando cumplan los postulados de reconocimiento de su responsabilidad en los hechos, contribución a la verdad, reparación y también cooperen en el desmonte de los factores estructurales que posibilitaron la comisión de violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH y su participación en esas infracciones. No obstante, no es posible equiparar la responsabilidad de un agente del Estado con la de un miembro de un grupo armado al margen de la ley: el primero representa la legalidad y el segundo, precisamente, es un ilegal. El deber de respeto y garantía de los derechos humanos está en cabeza del Estado, según el Derecho Internacional de los derechos humanos y, por tanto, se entiende que hay una mayor exigencia de respeto en el caso de los funcionarios públicos y, por ende, un mayor reproche a sus conductas violatorias.

¿Cuáles son las condiciones y para cuáles delitos y miembros de grupos armados son aplicables las amnistías totales o los indultos? El actual estado del derecho internacional considera inadmisibles las autoamnistías (similares como los de los regímenes militares para ellos mismos) y las amnistías generales y sin condiciones. Las amnistías solo son permitidas para los delitos políticos y los delitos políticos no son violaciones de derechos humanos. Tampoco las violaciones de derechos humanos constituyen delitos políticos. En otras palabras, no pueden incluirse como delitos políticos y mucho menos como delitos conexos con estos, las violaciones de derechos humanos o las infracciones graves al DIH.

Le voy a poner un acto del conflicto sin decir el nombre de quien lo cometió, y usted me dice si es factible indultarlo o amnistiarlo: tener personas encerradas durante años en un espacio cercado por alambres de púas en medio de la selva… En esa hipótesis y a la luz del DIH, por lo menos se estarían cometiendo tratos inhumanos o degradantes contra quienes sufren esa situación que usted describe e, incluso, se puede predicar la tortura. Si, además, por la privación de libertad de esas personas se exige algo a cambio, se estaría ante una toma de rehenes. Esos hechos constituyen por lo menos, crímenes de guerra y si gozan de sistematicidad o generalidad, podrían eventualmente ser crímenes de lesa humanidad.

El indulto, o sea el perdón para un condenado, ¿es aplicable tanto para guerrilleros como para militares que pagan pena? En la medida en que los indultos suponen el perdón de la pena y benefician a una persona en concreto, es posible otorgar esta medida para cualquier miembro de los distintos grupos armados al margen de la ley que haya sido parte en el conflicto

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armado y condenado judicialmente por delitos políticos y sus delitos conexos. Como según la Constitución colombiana, los indultos son para los delitos políticos, un militar no podría ser beneficiario de esta figura.

Precisamente, Santos ha dicho que no permitirá que los militares tengan menos beneficios que los guerrilleros ¿Cómo compaginar las necesidades políticas con la legislación internacional? Una cosa son las necesidades políticas y otras las soluciones jurídicas. No se puede generalizar, sin límite, el concepto de responsabilidad de derechos humanos para aplicarla indistintamente a acciones de agentes del Estado o a acciones de los alzados en armas. El Estado es quien posee el monopolio de la fuerza y si utiliza esa fuerza para violar derechos humanos es un asunto de mayor condena porque tiene mayor responsabilidad.

Según el Derecho Internacional ¿cuáles miembros de grupos alzados en armas contra el Estado podría participar en política con plenos derechos y cuáles estarían limitados en los derechos de elegir o ser elegidos? El derecho internacional no dice nada al respecto pero el Marco Jurídico para la Paz sí, al igual que la sentencia C – 577 de 2014 de la Corte Constitucional. Agrega el MJP que “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”. Para que un miembro de una organización guerrillera participe en política debe no haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad, a menos que participe después de que cumpla la pena. Después de que la persona pague la pena, si podrá participar en política.

¿Son aplicables, para el caso colombiano y la solución pacífica del conflicto armado, las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad, es decir, a la cárcel que se impondría como castigo a los máximos responsables de la guerrilla? El MJP permite la imposición de la pena reducida con condiciones. La modalidad punitiva a establecer dependerá del tipo de crímenes cometidos de acuerdo al papel del responsable ya sea miembro de un grupo al margen de la ley o agente del Estado. La gran inquietud es si la reducción de la pena puede llegar hasta el punto de no privar de la libertad a la persona. Algunos sostienen que por lo menos quienes por su posición en la organización y dominio del hecho tienen la mayor responsabilidad, deben pagar una pena privativa de la libertad aunque sea reducida. Esa es la opinión también de la actual Fiscal de la CPI.

El Estado colombiano parece estar partiendo de la base de que las soluciones políticas que se apliquen aquí para llegar a un acuerdo entre los contrarios del conflicto, serán aceptadas por la justicia internacional ¿Es cierta esta hipótesis?

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El Estatuto de la CPI establece la cláusula de “los intereses de la justicia”. El Fiscal de esa corte debe valorarla para proceder o no a una investigación en un país específico. En la medida en que los criterios de selección y priorización, así como el tratamiento especial punitivo, salvaguarde los derechos de las víctimas, y que los beneficiarios del Marco para la Paz contribuyan de manera efectiva y real al esclarecimiento de la verdad y a la reparación, pareciera que la cláusula de los intereses de la justicia está, en principio, satisfecha. La aplicación de penas alternativas o sanciones extrajudiciales u otras medidas de justicia restaurativas no son contrarias a la justicia transicional, máxime cuando esta busca precisamente construir una paz sostenible.

El lenguaje que se utiliza cuando uno se refiere a un conflicto interno de un país, puede ser inadecuado en el vocabulario legal establecido en el derecho internacional. Por eso le pido que aclare: ¿quiénes pueden ser denominados “combatientes” y cuándo se puede llamar legítimamente a otro “prisionero de guerra”? Son combatientes los miembros de las fuerzas o grupos armados en un conflicto armado internacional. Este estatuto no se reconoce en conflictos armados internos debido a que el ‘derecho a combatir’ no se predica de los miembros de los grupos armados no estatales pues estos son considerados delincuentes, y pueden ser juzgados como tales. En un conflicto armado internacional, los combatientes tienen un derecho legítimo de combatir y en caso de caer en poder del enemigo, tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra.

Los miembros de los dos lados de un conflicto interno, ¿tienen estatus de ‘iguales’ o los que representan al Estado son “superiores” y por qué? El DIH establece unas reglas objetivas que deben ser respetadas por igual por todas las partes de un conflicto armado sin importar la naturaleza legal o ilegal de las mismas. Como el DIH pretende proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades, respetar bienes que no representan ninguna ventaja militar y asistir a las víctimas, la aplicación de sus normas no depende de la actitud de la otra parte en el conflicto armado.

Cuando un guerrero es puesto prisionero por el otro bando en medio del conflicto y sin que se haya decretado cese de hostilidades, ¿puede calificarse ese acto como “secuestro”? Si no, ¿cómo debería llamarse? Se pueden presentar situaciones en que personas sean privadas de la libertad por motivos relacionados con un conflicto armado. Según el DIH, quien haya participado directamente en las hostilidades y sea privado de la libertad por motivos relacionados con el conflicto y para obtener su libertad o su seguridad, se exige algo a cambio, sería un rehén. La Corte Constitucional en su sentencia C – 291 de 2007 resalta que la “toma de rehenes” se configura en contextos de conflicto armado mientras que el “secuestro extorsivo” se configura en contextos distintos al de un conflicto como, por

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ejemplo, que un delincuente común prive de la libertad a una persona. Vale la pena señalar que el artículo 148 del Código Penal establece el delito de toma de rehenes.

¿Un guerrero sin armas y de civil tiene un estatus diferente ante el enemigo que cuando está armado y uniformado? ¿Si está de civil y desarmado sigue teniendo el carácter de “blanco legítimo” para capturarlo o atacarlo? Determinar si un miembro de las fuerzas armadas estatales o de un grupo armado ilegal es protegido si no participa directamente en las hostilidades, no es punto de consenso para el DIH. La posición más garantista y de hecho mayoritaria, señala que cualquier persona es protegida mientras no participa directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas estatales o de los grupos armados ilegales. Otros señalan que tanto éstos como aquellos, cumplen una función continua en el combate y que, por ende, pueden ser atacados en cualquier momento y circunstancia.

¿Cuándo, o nunca, se puede utilizar el término “prisionero político”? Esta expresión no es propia del DIH. El término “preso político” es más una calificación política, valga la redundancia, que precisamente se reserva para quienes han cometido delitos políticos y se encuentran privados legalmente de la libertad personal por parte de un Estado.

Una autoridad en el tema de derecho humanitario Alejandro Valencia Villa es abogado dedicado a los derechos humanos desde hace más de 25 años. Actualmente es consultor independiente, profesor de la Academia de Derecho Humanitario de American University en Washington y es, simultáneamente, profesor de varias maestrías y especializaciones en universidades colombianas. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto para su Oficina en Colombia como para diversos proyectos en países latinoamericanos. También ha sido perito ante la Corte Interamericana. Fue asesor del proyecto de recuperación de la memoria histórica de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano, asesor general de la Comisión de la Verdad del Ecuador, consultor de la Comisión de la Verdad y Justicia del Paraguay y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Tuvo a su cargo el Equipo Especial de Investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Fue abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington y de la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana, hoy Comisión Colombiana de Juristas. Ha publicado varios libros sobre derechos humanos y derecho humanitario como autor, editor o compilador. En suma es una verdadera autoridad en el tema

“El territorio extranjero ya no es refugio para criminales”

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Un colombiano que haya cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra y que haya sido amnistiado o indultado en un acuerdo de paz interno ¿puede ser objeto de investigación y condena en los tribunales internacionales? Si como resultado del proceso de paz, los agentes del Estado o los miembros de las organizaciones guerrilleras son objeto de beneficios que impidan la sanción de crímenes internacionales, como los de guerra y lesa humanidad, nada obsta para que otro Estado, a través de una autoridad judicial, se declare competente para conocer de esos crímenes. No es descabellado pensar que, en los próximos años, se inicien juicios en el exterior contra colombianos con base en el principio de la jurisdicción universal. Si no hay una respuesta efectiva de la justicia colombiana, cada vez resultaría más factible que otro Estado, a través de una autoridad judicial, se declare competente para hacerlo. Ni siquiera la CPI puede impedir que cualquier Estado invoque el principio de la jurisdicción universal para investigar crímenes que eventualmente puedan ser de competencia de la propia Corte. El territorio extranjero ya no es un refugio seguro para los criminales internacionales.

Una autoridad en el tema de derecho humanitario Alejandro Valencia Villa es abogado dedicado a los derechos humanos desde hace más de 25 años. Es consultor independiente, profesor de la Academia de Derecho Humanitario de American University en Washington y es profesor de varias maestrías y especializaciones en universidades colombianas. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto en Colombia como en Latinoamérica. También ha sido perito ante la Corte Interamericana. Fue asesor del proyecto de recuperación de la memoria histórica de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano, asesor general de la Comisión de la Verdad de Ecuador, consultor de la Comisión de la Verdad y Justicia del Paraguay y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Tuvo a su cargo el Equipo Especial de Investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Fue abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington y de la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana, hoy Comisión Colombiana de Juristas. Ha publicado varios libros sobre derechos humanos y derecho humanitario como autor, editor o compilador. En suma, es una verdadera autoridad en el tema.

“El territorio extranjero ya no es refugio para criminales” Un colombiano que haya cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y que haya sido amnistiado o indultado en un acuerdo de paz interno, ¿puede ser objeto de investigación y condena en los tribunales internacionales?

Si como resultado del proceso de paz los agentes del Estado o los miembros de las organizaciones guerrilleras son objeto de beneficios que impidan la sanción de crímenes internacionales, como los de guerra y lesa humanidad, nada obsta para que otro Estado, a través de una autoridad judicial, se declare competente para conocer

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de esos crímenes. No es descabellado pensar que en los próximos años se inicien juicios en el exterior contra colombianos con base en el principio de la jurisdicción universal. Si no hay una respuesta efectiva de la justicia colombiana, cada vez resultaría más factible que otro Estado, a través de una autoridad judicial, se declare competente para hacerlo. Ni siquiera la CPI puede impedir que cualquier Estado invoque el principio de la jurisdicción universal para investigar crímenes que eventualmente puedan ser de competencia de la propia Corte. El territorio extranjero ya no es un refugio seguro para los criminales internacionales.

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CONDICIONES DE TREGUA DE LAS FARC SON CÍNICAS E INACEPTABLES: ACORE

http://correoconfidencial.com/archivos/116087

Diciembre 25, 2014 7:30 pm·

El general en retiro Jaime Ruiz Barrera presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, señaló que la carta enviada por las Farc a las fuerzas militares es cínica e inaceptable dado que la función constitucional de la fuerza pública es perseguir el terrorismo y por ende a la guerrilla.

Aseguró que lo único que están buscando con la tregua es que disminuyan las acciones del ejército para poder continuar con el narcotráfico en zonas estratégicas como el Chocó y el Catatumbo.

“Que cinismo, lo que pide la guerrilla en esta carta a los militares es que renuncien a su función constitucional, es inadmisible que la fuerza pública deje de perseguir el terrorismo y mientras esa organización siga en armas será su deber buscarlos y neutralizarlos, lo que sabemos por información de inteligencia es que luego de los operativos por el secuestro del general Alzáte sus rutas de narcotráfico en Chocó se vieron comprometidas y ahora quieren que el ejército se repliegue para seguir traficando”, añadió.

El oficial, vocero de la reserva activa de las fuerzas militares, le hizo un llamado a las Farc para que liberen al soldado secuestrado y a las FF.MM. para que no caigan en la trampa del cese el fuego decretado por la guerrilla.

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CESE BILATERAL Y FIN DEL CONFLICTO ARMADO

TRAS EXIGENCIAS DE LAS FARC DE ACORDAR “TREGUA”, SANTOS ANUNCIA UN “CESE

AL FUEGO” BILATERAL

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

Febrero 2015

En reciente alocución ante los diferentes medios de comunicación, el primer mandatario anunció su determinación de acelerar el proceso de negociones para la paz, que se lleva a cabo en la Habana, para que en el menor tiempo posible se llegue a un “cese al fuego bilateral y definitivo con las Farc”

Sin embargo, la forma como se hizo público este pronunciamiento, ha debido tener una aceptación por parte de la sociedad colombiana, pero su efecto fue totalmente adverso, ya que generó múltiples reacciones de inconformismo, dada la ambigüedad como fue emitido su discurso.

Al llegar a un acuerdo de esta magnitud, el cual consiste en que sin necesidad de firmar un documento formal alguno, sin refrendación popular, ni compromiso previo de desmovilización y entrega de armas; constituiría un gran riesgo hacia el futuro en materia de seguridad interna, así mismo se podría colocar al país en una difícil situación de orden público, ante la dificultad de enfrentar con decisión y claridad este tipo de amenaza, y que por razones de orden legal y constitucional debe ser neutralizada o combatida sin restricción alguna por el Estado, y en particular por las Fuerzas Armadas de la Nación.

De ser así, previa sustentación constitucional se requeriría como mínimo la concentración de grupos armados ilegales, que se llegaren a acoger dentro de ese compromiso en puntos determinados, No en regiones o en extensas zonas, bajo la vigilancia y exclusivo control de la fuerza pública. Esta sería la única alternativa y plena garantía para evitar cualquier tipo de actividad delincuencial, y el uso de las armas en contra de la población civil y la institucionalidad del país, por parte del grupo armado al margen de la ley.

También es importante destacar que “pactar con el enemigo” podría constituir la comisión de un grave delito de ¡Traición a la Patria! Esto obliga al Gobierno y a los negociadores, a revisar cuidadosamente la normatividad legal existente sobre la misión constitucional que le corresponde a las FF:MM y a la Policía Nacional, siendo ellos los garantes de la seguridad y defensa nacional en el monopolio exclusivo que tiene el Estado, respecto a la posesión y uso de las armas dentro del territorio nacional. No deben olvidar que ¡Estamos negociando con el enemigo!

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Repetidamente se ha planteado desde las distintas asociaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y por parte de la Policía Nacional, por medio de cartas enviadas directamente al señor Presidente de la República, y también mediante diferentes comunicados y pronunciamientos dirigidos a la opinión pública, que si no hay desmovilizados y entrega formal de la totalidad de las armas que cuentan, no habrá garantía alguna para asegurar la no repetición de su cruel accionar criminal contra la población civil y nuestras instituciones.

Por otra parte, otro polémico anuncio presidencial correspondiente al “Desescalamiento del conflicto” se informó a la opinión pública que este tema consistía en una disminución gradual de la violencia y de las distintas formas delincuenciales, las cuales vienen generando esta organización terrorista en distintos sectores del país. Según esto, se dice que debe constituir en una señal clara y firme de buenas intenciones por parte de las Farc, para llegar a un acuerdo final del conflicto armado por la vía del diálogo, ya que este compromiso no se impone bajo ninguna circunstancia ni limitación alguna para que la fuerza pública continúe cumpliendo su misión institucional.

Igualmente, algunos sectores cércanos al gobierno, expresaron también la posibilidad de llegar a una paz plenamente duradera, sin necesidad de una aprobación popular, lo cual sería un grave error, más sin embargo, hay que tener en cuenta que lo único que realmente garantiza la firmeza de cualquier compromiso que sea adquirido, es que sea refrendado tal y como lo anunció el gobierno actual en el momento que dio a conocer la agenda para los diálogos con el grupo guerrillero. Esto le proporcionaría legitimidad al proceso, recordando que fue uno de los argumentos con los cuales Santos buscó el respaldo nacional del proyecto en su primer mandato y con el que más adelante obtendría la reelección presidencial.

Para el común de los colombianos, no hay claridad sobre lo que se pudiera entregar o lo que se está entregando a cambio de múltiples pretensiones que públicamente, viene exigiendo las Farc, en tema correspondiente a: impunidad por crímenes de lesa humanidad, dejación de armas más no entrega de estas, reformas al régimen electoral y elegibilidad política para sus principales cabecillas, reintegro social más no la desmovilización de sus militantes y otras más, como la creación de zonas de reserva campesina con autonomía especial, pudieran coincidir con Viejas áreas de influencia, donde tradicionalmente ha ejercido su acción delictiva, especialmente en lo relacionado con cultivos ilícitos y explotación minera. Estas podrían ser las nuevas y peligrosas “Repúblicas Independientes”.

La excesiva generosidad que ha venido demostrando el gobierno en las negociaciones, constituye una vez más a la debilidad que desfavorece a las FF:MM y proporciona ventajas a la organización insurgente. Y es por tal razón que el concepto mayoritario de importantes sectores ciudadanos respecto al tema, es que no hay

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suficiente credibilidad sobre el proceso que se lleva en Cuba, por razones diferentes que esgrimen desde distintos ángulos políticos y sociales, pero especialmente por los antecedentes existentes sobre negociaciones anteriores, que determinaron un fracaso rotundo. Es por esto que todos somos conscientes que resolver los impedimentos para terminar el conflicto no es tarea fácil, al problema de las Farc, se le agrega el del ELN, que según sus pronunciamientos, exigen lo mismo que la organización anteriormente nombrada.

Por tales razones, el anuncio del primer mandatario ha generado diversas preocupaciones, tras querer acelerar el proceso de negociación que llevará al fin del conflicto armado con las Farc, sin que previamente de haya llegado a unos acuerdos finales y permanentes sobre la agenda pactada, y las distintas salvedades pendientes por resolver.

Sin embargo, las circunstancias del país y su futuro inmediato, nos hace ver con realismo la necesidad de alcanzar una paz cierta, firme y duradera, así se tenga que esperar pacientemente un proceso gradual que puede demandar diez o quince años, tal y como los mismos negociadores del gobierno lo han manifestado. Esta paz es un anhelo nacional, igualmente lo es para nuestros soldados y policías que desde años atrás han venido arriesgando su vida en defensa de las instituciones y del pueblo colombiano.

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REPLICA A LA REVISTA SEMANA Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CONVERSATORIO

“PACTO PARA LA PAZ”

El día 11 de febrero el Portal Semana.com, publicó una nota titulada “Militares en

retiro se acercan al Proceso de Paz” relacionada con el conversatorio realizado el

Martes10 de febrero a las 09:00 horas en la sede nacional de ACORE, sobre el tema

“Pacto por la Paz” con la participación de representantes de distintos sectores

políticos entre ellos, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Polo

Democrático Alternativo y un analista político desmovilizado del grupo armado ELN.

Esta cuestionada revista que habitual e inexplicablemente goza del beneficio de

obtener información privilegiada para generar escándalos mediáticos como el caso

ANDROMEDA y otros más, en esta ocasión apoyándose en una falsa fotografía que no

corresponde al evento, sin nombre responsable del autor del artículo, con un

mensaje tendencioso e impreciso, pretende demostrar que nuestras asociaciones del

cuerpo de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional,

como grupo de oposición política, han dado un giro significativo para dialogar y

respaldar posiciones partidistas de la izquierda tradicional de este país.

A finales del año pasado por decisión de la Mesa de Trabajo Permanente integrada

por 18 asociaciones, se iniciaron conversaciones con las distintas bancadas del

Congreso de la República, con el fin de discutir aspectos de carácter institucional y

temas relativos al actual proceso de negociaciones que se lleva a cabo en La Habana,

lo atinente a un eventual post conflicto y todo lo relacionado con la guerra política,

jurídica y mediática, de que somos víctimas y la posibilidad de sacar adelante el

derecho al sufragio para miembros del servicio activo de la fuerza pública.

Dentro de este proceso se abordó en primer término la bancada del Polo Democrático

con la participación de nueve Generales y Coroneles en representación de distintas

asociaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, discutiéndose

abiertamente los temas antes señalados por espacio de varias horas. Se dieron a

conocer nuestras posiciones y se intercambiaron conceptos de vital importancia para

el futuro institucional y en lo relacionado con aspectos de seguridad y defensa

nacional, frente a un eventual postconflicto y la tarea que cumplirá el Congreso de la

República en el trámite legislativo para la implementación de lo que sea pactado.

Respecto al exitoso conversatorio realizado el día 10 de febrero del año en curso, en

forma igualmente tendenciosa se omitió la participación del Señor Procurador

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General de la Nación, Doctor Alejandro Ordoñez Maldonado, , quien se hizo presente

como invitado especial, del ex candidato a la Vice Presidencia de la República, Doctor

Carlos Holmes Trujillo, de la ex candidata Presidencial y ex Ministra de Defensa Marta

Lucia Ramírez y del Senador de la República, Doctor Luis Fernando Velasco, miembro

del Partido Liberal.

Finalmente y con el propósito exclusivo de informar a los miembros de la reserva

activa los temas tratados y la forma como se realizaron los eventos antes citados, y

con el fin de desvirtuar el malintencionado artículo a que hemos hecho referencia, se

relacionan a continuación varios links que recogen tanto el contenido, como los

distintos pronunciamientos que se hicieron sobre el particular, reafirmando una vez

más en forma clara y contundente, que nuestras asociaciones bajo ninguna

circunstancia asumen posiciones políticas partidistas y mucho menos para debatirlas

en forma pública o a través de los medios de comunicación.

http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/alejandro-ordonez-un-bastion-de-los-militares-en-retiro/20150210/nota/2627030.aspx http://diarionacional.co/index.php/estatal/ministerios-2/procuraduria/400-principales/5255-el-pacto-por-la-paz-una-propuesta-concreta-del-procurador-ante-los-militares-de-acore http://www.eltiempo.com/politica/justicia/procurador-alejandro-ordonez-habla-del-pacto-por-la-paz-/15225696 http://www.pares.com.co/carrusel/primeras-discusiones-de-un-pacto-por-la-paz/ http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=454264&Itemid=210#.VNtVSvnF8T8 http://www.lafm.com.co/noticias/procurador-pacto-para-la-paz-p-177115 http://wp.claralopez.org/pacto-ciudadano-por-la-paz-y-la-justicia-social-propone-clara-lopez/ http://partidoconservador.com/comunicado-de-prensa-marta-lucia-ramirez/ http://www.rcnradio.com/noticias/serenense-camaradas-le-dice-el-procurador-las-farc-191933

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http://www.reporterosasociados.com.co/2015/02/pacto-ciudadano-por-la-paz-y-la-justicia-social-propone-clara-lopez/ Link video: https://www.youtube.com/results?search_query=acore+pacto+por+la+paz Nota Semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/acore-militares-en-retiro-proceso-de-paz/417653-3

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CONVERSATORIO PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA HABANA, POSTCONFLICTO Y FUTURO INSTITUCIONAL.

Invitado especial: Humberto De La Calle Lombana

Temario General:

Negociación del fin del conflicto y sus efectos en materia de seguridad y defensa nacional.

Marco Jurídico para la paz, Justicia transicional, mecanismos de refrendación, ley estatutaria y aplicación del Estatuto de Roma y sus efectos jurídicos para la Fuerza Pública.

Misiones institucionales de las FFMM y de la Policía Nacional, frente a un eventual postconflicto.

Principales dudas y preocupaciones de la Reserva Activa de la Fuerza Pública frente al

actual proceso de negociación del conflicto armado con las Farc.

En primer término:

El exceso de concesiones en este proceso, sin duda alguna, sigue constituyendo una

muestra de debilidad que desfavorece al Estado, y proporciona grandes ventajas a

esta organización terrorista.

Es preocupante no poder conocer claramente en este momento, que tanto se ha

venido entregando a cambio de las muchas pretensiones que públicamente y en forma

constante, viene exigiendo este grupo armado ilegal.

También son preocupantes las dudas que se generan respecto a la falta de

credibilidad y compromiso de esta organización, sobre la cual no existe, ni puede

existir ningún tipo de garantía en relación con el cumplimiento de lo que ya se haya

pactado en esta negociación.

En segundo término:

Entre otras dudas y preocupaciones, distintas a las que se ya se han formulado a raíz

de la publicación de los preacuerdos ya realizados sobre el tema agrario, político,

drogas ilícitas y salvedades por resolver, estas serían otras igualmente preocupantes:

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1. La dejación y no entrega de las armas. En esto hay que insistir. Si no

hay entrega formal de la totalidad de las armas con que cuentan, no habrá

garantía alguna para asegurar la no repetición, tal como lo establece el marco

jurídico para la paz en nuestra Constitución Nacional. Si en un momento dado,

llegaron a tener cerca de 20.000 o 26.000 hombres en armas, ese es el

armamento equivalente o correspondiente que deben entregar al acordarse su

desmovilización.

2. La creación de zonas de reserva campesina (ZRC)con autonomía especial y su

eventual coincidencia con sus viejas áreas de influencia, donde

tradicionalmente han ejercido su acción delictiva, especialmente en lo

relacionado con cultivos de coca, marihuana o amapola, laboratorios de

procesamiento y otras actividades de explotación minera ilegal. (oro-tusteno-

otros).La actual ZRC del Catatumbo, es un ejemplo diciente y preocupante.

3. La sostenibilidad de un cese al fuego no pactado, sin previa desmovilización,

entrega de armas, firma de acuerdos y refrendación popular, bajo el

concepto de “desescalamiento” del conflicto, no constituye ninguna garantía.

Por el contrario, tal determinación le ha otorgado grandes ventajas,

permitiendo su reorganización y reestructuración de todo su aparato delictivo

en lo concerniente a sus distintas fuentes de ingreso de carácter ilegal, en todo

el territorio nacional.

4. Los excesivos beneficios políticos y jurídicos que se han venido anunciando en

esta última etapa del proceso de negociación y que podrían ser otorgados

fácilmente sin refrendación popular, a través de una aparente constituyente,

mediante acto legislativo especial y ley habilitante temporal al Ejecutivo. Esta

excesiva generosidad, como resultante de una especie de capitulación, genera

al futuro, grandes riesgos y amenazas contra la institucionalidad democrática

del país.

5. La acción política intimidatoria que han venido desarrollando en algunas zonas

del país, portando las armas con que cuentan, en alianza con sus distintas

organizaciones urbanas y rurales de las llamadas milicias bolivarianas, partido

comunista clandestino (PC3) y otros grupos políticos de izquierda radical que

les son afines.

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6. La reestructuración tanto de las FF.MM. como de la Policía Nacional, bajo el

concepto, ya anunciado por el gobierno, de una necesaria actualización,

modernización y tecnificación”, lo cual supone, como es obvio, grandes

cambios en cuanto a funciones, doctrina, organización y pie de fuerza. Por otra

parte, la suspensión o modificación del servicio militar obligatorio, la no

exigencia de la libreta militar como requisito para consecución de empleo,

junto con la suspensión de cuotas para incorporación de soldados

profesionales, en remplazo de los que han sido licenciados por derecho a

pensión, afecta necesariamente el pie de fuerza requerido en forma

significativa. Todo lo anterior podría agravarse aún más, en caso que se

persista en la creación del llamado Ministerio de Seguridad Ciudadana, el cual

ya ha sido objeto de rechazo por parte de la misma Policía Nacional, como

también de muchos sectores ciudadanos. La Policía Nacional debe mantenerse

en el Ministerio de Defensa, trabajando en equipo con las FF.MM. en misiones

de seguridad y defensa nacional.

7. La reinserción de los desmovilizados, en cuanto a la eventual creación de

organizaciones o entidades oficiales de cualquier tipo, que los mantenga en

forma concentrada y con la participación o presencia de quienes hayan sido sus

respectivos cuadros de mando o cabecillas. De ser así, constituiría un gran

riesgo, por cuanto técnicamente no se realizaría ningún tipo de

desmovilización. Sería un simple cambio de etiqueta.

8. La conformación acordada en la mesa de negociaciones, en relación con la

futura Comisión de la Verdad, primer paso para aplicar los mecanismos de

justicia transicional que sean pactados de manera definitiva, por su carácter

sesgado, tal como ya ha sido denunciado, no constituye plena garantía para

los intereses del país, de sus fuerzas armadas y su estado de derecho.

Para terminar, y por ser coincidentes con lo que aquí se expresa, vale la pena destacar

el reciente pronunciamiento hecho por el Consejo Gremial Nacional al Jefe del Estado,

en el cual anuncia su respaldo a este proceso, pero fija claramente su posición frente

a las serias dudas y preocupaciones que están surgiendo dentro de las negociaciones.

De este importante comunicado, extractamos los siguientes apartes:

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La paz, según la Constitución Nacional, debe entenderse como un derecho y

un deber de obligatorio cumplimiento.

Esta negociación debe transcurrir dentro de la Constitución, y no por fuera de

sus preceptos.

Los acuerdos que sean alcanzados, según compromiso adquirido, deben

contar obligatoriamente con la refrendación ciudadana.

Se requiere una mayor precisión sobre puntos no conocidos en relación con

la anunciada Jurisdicción Especial para la Paz.

Lo pactado en materia de Desarrollo Rural Integral, debe ser consistente y

consecuente con el respeto a la propiedad privada, la garantía de la seguridad

jurídica y la economía de mercado.

El acuerdo sobre la reparación de víctimas, debe asegurar que las FARC

asuman su cuota de responsabilidad, tanto moral como económicamente.

La Comisión de la Verdad que sea creada como resultante de este

proceso, debe enmarcarse dentro del estado de derecho y las instituciones

democráticas y republicana propias de nuestra nacionalidad

De acuerdo con los postulados del estado de derecho, las responsabilidades

por crímenes relacionados con el conflicto armado, serán de tipo personal o

individual, y no de grupo.

Al cierre de este proceso, debe garantizarse que la dejación de armas, constituya una

entrega total y verificable. Igualmente el cese real y efectivo de toda actividad criminal,

como también la entrega de bienes y recursos asociados con hechos delictivos.

En representación del sector empresarial del país, firmaron un total de veinte

importantes asociaciones de carácter gremial.

ACORE

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CONVERSATORIO PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA HABANA, POSTCONFLICTO Y FUTURO INSTITUCIONAL

El 16 de marzo del año en curso, en las instalaciones de la sede nacional de ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) se llevó a cabo el conversatorio “Proceso de Negociación de La Habana, Postconflicto y Futuro Institucional”, el cual contó con la participación de Presidentes, Directores, líderes de los distintos partidos políticos e invitados especiales. Se hicieron presentes el Presidente del Partido Conservador, un Copresidente del Partido Liberal, el Vicepresidente del Centro Democrático, un Codirector de Alianza Verde, un Senador del Polo Democrático y un Ex Constituyente y Ex Ministro de Estado. Declinaron la invitación el Presidente del Partido de la U y el Presidente de Cambio Radical. Este importante foro tuvo como objetivo principal conocer las posiciones de estos líderes políticos y personalidades de la vida nacional, frente a las conversaciones que se adelantan en La Habana para la terminación del conflicto armado con las FARC y así mismo conocer sus opiniones respecto a lo que podría ser la tarea legislativa ante un eventual postconflicto y la implementación legal que demandaría los acuerdos que fueran pactados sobre el particular. Este mismo espacio permitió también conocer sus respectivas posiciones frente al futuro institucional de la Fuerza Pública como consecuencia de este proceso. A continuación resaltaremos los aspectos más importantes de cada una de las intervenciones frente a estos temas: Postconflicto, Futuro Institucional y Justicia transicional.

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Intervención del señor Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera Presidente Nacional de ACORE Cordial saludo para todos los presentes. Agradeciendo la presencia de tan importante y selecto grupo de panelistas que nos acompañan en este foro programado por nuestra asociación, quiero referirme brevemente al temario propuesto motivo de discusión, para hacer referencia muy puntual a lo que serían las grandes dudas y preocupaciones de la reserva activa, frente al actual proceso de negociación del conflicto armado con las FARC. No sin antes señalar enfáticamente, que no somos enemigos de la paz, ni tampoco grupo político de oposición como se nos ha querido encasillar, y que nuestros comentarios y opiniones a este respecto, son de carácter eminentemente institucional y solo constituyen un aporte de quienes han participado en este conflicto y han sido testigos de excepción de pretendidos acuerdos de paz que terminaron en rotundos fracasos, particularmente con las FARC. Todas estas opiniones están enmarcadas dentro de la libertad que nos otorga el ordenamiento constitucional, jurídico y democrático que rige en el país, basadas siempre en el gran respeto que prodigamos a nuestras instituciones y a quienes en el momento actual portan el uniforme en defensa de la patria. Nuestra sana y verdadera intención, es la de evitar la comisión de los mismos errores del pasado. El país no puede equivocarse tantas veces en este tipo de negociaciones. No se trata de equivocados conceptos o información tendenciosa de lo que aquí se está planteando, ni mucho menos mentiras, manipulación de la verdad, o alarmismo injustificado para atemorizar a la gente respecto a esta negociación y buscar así su eventual rechazo. La ambigüedad de lo que se dice y como se dice y los frecuentes mensajes con contenidos muy cuestionables, son los que generan esta preocupante situación. Quiero destacar que este tema ha sido amplia y permanentemente debatido en nuestra mesa de trabajo permanente del cuerpo de oficiales de la reserva activa pertenecientes a las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Son un total de dieciocho asociaciones que coinciden plenamente en lo que expondré a continuación. Estas serían las principales dudas y preocupaciones que generan cierta desconfianza e inquietudes en relación con el proceso que se adelanta actualmente en la ciudad de La Habana:

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El exceso de concesiones otorgadas en este proceso, sin duda alguna, sigue constituyendo una muestra de debilidad que desfavorece al Estado, y proporciona grandes ventajas a la contraparte.

Es muy preocupante no poder conocer claramente en este momento, que tanto se pudiera estar entregando a cambio de las muchas pretensiones que públicamente y en forma constante, viene exigiendo este grupo armado ilegal.

También son preocupantes las grandes dudas que se generan respecto a la falta de credibilidad y compromiso de esta organización, sobre la cual no existe ningún tipo de garantía en relación con el cumplimiento de lo que pueda ser pactado en esta negociación. La historia reciente en negociaciones similares, lamentablemente, así no lo demuestra.

La dejación y no entrega de las armas. Si no hay entrega formal de la totalidad de las armas con que cuentan, no habrá garantía alguna para asegurar la no repetición, tal como lo establece el marco jurídico para la paz en nuestra Constitución Nacional. Si en un momento dado, llegaron a tener cerca de 20.000 o 26.000 hombres en armas, ese es el armamento equivalente o correspondiente que deben entregar al acordarse su desmovilización.

La creación de zonas de reserva campesina con autonomía especial y su eventual coincidencia con sus viejas áreas de influencia donde tradicionalmente han ejercido su acción delictiva, especialmente en lo relacionado con cultivos de coca, marihuana o amapola, laboratorios de procesamiento y otras actividades de explotación minera ilegal. (Oro-tusteno-otros). La actual zona de reserva campesina del Catatumbo, aprobada por el gobierno y entregada a cuatro grupos armados ilegales sobre la frontera con Venezuela (FARC, ELN, EPL, BACRIM), constituye una muestra ejemplar de lo que serían en un futuro estas zonas en condiciones de plena autonomía y sin control militar o policial. Los grupos armados ilegales que son los que las operan, ejercen control total en cuanto a cultivos, procesamiento y comercialización. Estas dos últimas etapas del proceso, se realizan en territorio venezolano bajo el auspicio cómplice de las autoridades de ese país.

El acuerdo de un cese al fuego bilateral, bajo un aparente “desescalamiento” del conflicto, lo cual le permitiría su reestructuración, expansión y mejoramiento en todo lo concerniente a sus fuentes de ingreso de carácter ilegal y especialmente el fortalecimiento de sus organizaciones armadas en distintas zonas del territorio

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nacional. También el crecimiento del aparato político con que cuenta. La suspensión temporal de bombardeos y el anuncio de este eventual cese al fuego bilateral, sin desmovilización, desarme, refrendación popular y firma previa de unos acuerdos, han generado el rechazo de muchos sectores de la vida nacional. Las últimas encuestas de opinión, así lo demuestran.

Los beneficios políticos y jurídicos que generosamente le puedan ser otorgados a sus diferentes cabecillas penalmente responsables de múltiples crímenes de lesa humanidad, atendiendo sus reiteradas exigencias de impunidad total.

La acción política intimidatoria que puedan desarrollar, tal como ya lo han venido haciendo, portando las armas con que cuentan, en alianza con sus distintas organizaciones urbanas y rurales de las llamadas milicias bolivarianas, partido comunista clandestino (PC3) y otros grupos de extrema izquierda radical que les son afines.

La restructuración tanto de las FF.MM. como de la Policía Nacional, bajo el concepto (ya anunciado por el gobierno), “de una necesaria actualización, modernización y tecnificación”, lo cual supone, como es obvio, grandes cambios en cuanto a funciones, doctrina, organización, pie de fuerza (la suspensión o modificación del servicio militar obligatorio afectaría el pie de fuerza en más de 100.000 hombres, igual que la suspensión de incorporaciones de soldados profesionales para remplazar los que cumplen la obligación de retiro forzoso por situaciones de jubilación)) y responsabilidad en el control territorial y orden publico interno. (Creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana con funciones específicas en tal sentido). La persistente insistencia de este grupo armado, para que el Ejército sea relevado del control territorial y misiones de defensa interna, con exclusivas responsabilidad tan solo en el control de las fronteras.

La reinserción de los desmovilizados, en cuanto a la eventual creación de organizaciones o entidades oficiales de cualquier tipo, que los mantenga en forma concentrada y con la participación o presencia de quienes hayan sido sus respectivos cuadros de mando o cabecillas. De ser así, constituiría un gran riesgo, por cuanto técnicamente no se realizaría ningún tipo de desmovilización. Sería un simple cambio de etiqueta.

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Intervención Dr. Álvaro Leyva Duran Ex Ministro de Estado y Ex Constituyente. Postconflicto: Es al propio Estado al que se le instruye para que sea el autor de sus propias definiciones. En nuestro caso, las relativas a la reconstrucción moral de la nación, de sus sueños y destinos como resultado de la paz y la reconciliación ciudadana.

El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 26 de agosto de 2012 por las partes que hoy se encuentran cara a cara en La Habana, se limita a la consagración de conceptos y reglas para ser tenidas en cuenta a fin de alcanzar soluciones políticas, económicas, sociales y militares.

Doce individuos de distintas líneas de pensamiento, intérpretes de visiones encontradas (Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas). Sus análisis convergen hacia una realidad: El Estado es el gran responsable de todo lo ocurrido, ya por acción, ya por omisión.

El problema nunca ha sido del uniforme. Ni del uniforme oficial ni el uniforme alzado en armas. La responsabilidad recae en un régimen que aún hace presencia y comanda, que fue inferior a sus compromisos y retos históricos. En una clase dirigente que nunca logró apagar el incendio social y que ha dado pábulo a que el desgarre nacional continúe. Es por esto que la naturaleza de la paz es esencialmente política, no judicial.

Invito a que hagamos un esfuerzo por una nueva constituyente donde se revise la estructura del Estado.

Justicia Transicional:

No me son extrañas las comisiones de la verdad; ni su historia ni el tratamiento dado a víctimas en otras partes del globo, ni las vivencias relativas al perdón, a las reparaciones y a las formulaciones garantizadoras de la no repetición. Por dicha he tenido la inclinación por estas preocupaciones.

El tema de los máximos responsables no puede darse porque prácticamente a cualquier lugar donde vamos existe un máximo responsable.

Así lo aproximan la mayor parte de los juristas criollos y algunos asesores del actual proceso; sin tener en cuenta que el derecho post Estatuto de Roma, o sea el derecho del derecho a la paz, lo consagra como el derecho síntesis sin el cual ningún otro derecho se logra gozar a plenitud. Ni siquiera la propia justicia vista como derecho.

Nadie va en búsqueda de la paz para ser penado, y menos si se trata de la pérdida de la libertad. Mucho menos en el caso de nuestra querida Colombia en la que todos somos culpables; en la que todos tenemos cuotas de responsabilidad.

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Alguien, de seguro con la mejor intención, extranjero de nacimiento, profesional del derecho y ducho en derecho alemán, tuvo la desafortunada idea de hacer de Colombia un laboratorio jurídico destinado a ensayar una solución judicial a nuestra encrucijada nacional, sin consideración de nuestra historia ni de nuestra identidad y realidad y contexto.

La reducción de responsabilidades de delitos de guerra, así y porque si, a los máximos responsables de los grupos alzados en armas y a los máximos responsables “de agentes del Estado en relación con su participación en el mismo [conflicto interno]”. Entiéndase miembros de la fuerza pública. Agregando para el éxito de la propuesta un método de selección, priorización y ponderación, y aplicando el principio denominado de “sistematicidad”; todo con la mira de llegar a la implantación de “macroprocesos”, y con el ánimo de dejar de lado investigaciones o procesos que se podrían calificar de poca monta.

Intervención Dr. Antonio Sanguino Codirector del Partido Verde.

Postconflicto:

Me declaro defensor de una solución negociada al conflicto armado.

Lo importante es superar la mentalidad de guerra fría en la institucionalidad colombiana

Futuro Institucional:

La nueva misión y el papel de las Fuerzas Armadas en el posconflicto, es un tema de vital importancia que hay que discutir. Desaparecida la amenaza guerrillera en Colombia, es obvio que se discuta el nuevo papel de las Fuerzas Armadas.

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Justicia Transicional:

La Justicia Transicional debe estar acorde a las necesidades colombianas, contando con el respaldo social requerido.

Intervención Dr. Horacio Serpa Codirector Del Partido Liberal.

Postconflicto:

Lo que está haciendo el presidente Santos y su gobierno en esta materia, es el cumplimiento de una orden de tipo constitucional. Tiene todo el respaldo democrático para cumplir estas funciones.

El sistema político o procedimiento dentro del cual se están haciendo estas negociaciones, también es absolutamente legítimo.

Soy partidario de una nueva constituyente, pero cinco años después de que el pueblo se pronuncie en consulta popular, cuando las aguas estén tranquilas, cuando se hayan construido circunstancias especiales para hacer más conveniente nuestra democracia y cuando se hayan producido las transformaciones sociales requeridas.

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Futuro Institucional:

Las tareas señaladas para las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, están estipuladas en la Constitución Nacional.

Justicia Transicional:

La que disponga la le Ley estatutaria, aunque aún no se ha estudiado en el Congreso de la República.

Intervención Dr. Jorge Robledo Senador Partido Polo Democrático

Postconflicto: Desde el Polo Democrático, se han hecho votos todo este tiempo para que el proceso de negociaciones en la Habana termine bien. No creemos que todos los problemas de Colombia se vayan a solucionar. Pero si puede suceder dos grandes hechos:

Que varios miles de fusiles que hoy asolan a este país, desaparezcan de la vida nacional.

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Que quienes utilizan las armas se pueden reintegrar a la vida civil con sus derechos ciudadanos.

Se necesita de una refrendación política que ayude a blindar lo acordado en este proceso. No es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente.

Futuro Institucional:

En el momento en que los fusiles desaparezcan, avanza la tesis y la práctica que el Estado Colombiano debe tener el monopolio sobre las armas, y que por supuesto debe ejercerse en el estricto apego a la Constitución, a la ley y a los códigos de derechos humanos.

Justicia Transicional:

Ojala se encuentren las formulas precisas que convierta en hechos concretos lo que se entiende por Justicia Transicional.

Que esas fórmulas se hagan dentro del mayor consenso posible y se tomen lo más pronto posible.

No es fácil encontrar las fórmulas apropiadas que pongan en acuerdo a todo el mundo porque aquí los sufrimientos, las historias y las heridas generadas dentro del conflicto, son muy complejas.

Intervención Dr. Carlos Holmes Trujillo Ex Candidato Vicepresidencia De La República Y Subdirector Polo Democrático

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Postconflicto:

“Cadena de concesiones que el gobierno está brindando en la mesa de negociación a las FARC. Estas concesiones pueden llevar a una posible asamblea constituyente. No olvidemos cuando FARC propuso hace unos años el análisis del delito político y hoy el gobierno acepta y dice que debe analizarse”.

Desconocimiento sobre la implementación de los acuerdos que se vienen dando en la Habana. Mucha incertidumbre, falta de credibilidad y confianza con las FARC.

Grandes inquietudes con los acuerdos en el tema agrícola. Por ejemplo, 16 programas sectoriales que deben ser incluidos en el plan de desarrollo. ¿Que pasara con la descentralización y las opciones democráticas?

Acuerdo en participación política limita el ejercicio democrático en algunas zonas del país.

Confirmamos y propiciamos que exista una entrega real y definitiva de las armas por parte de las FARC.

Zonas de Reserva Campesina con autonomía administrativa en la cuales hayan determinadas formas propias y exclusivas de la autoridad del Estado, podría llevar a la balcanización del país como el peor escenario de la República en un postconflicto.

Entendemos que los mecanismos de refrendación no son procedentes o por su naturaleza, o por su práctica. Debe avanzarse en un mecanismo nuevo de refrendación para que sea viable en su aplicación.

El mejor escenario para negociar con las FARC un cese bilateral requiere como mínimo una previa concentración y verificación comprobada.

El enfoque territorial del proceso puede mejorar el bienestar de algunas zonas en particular pero así mismo puede llevar al olvido otras muchas zonas del territorio nacional.

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Futuro Institucional:

Las FF.MM en un posible escenario de postconflicto deben mantener plenamente su naturaleza y misión constitucional.

Se requiere una legislación antiterrorista muy fuerte como herramienta de Estado para combatir las distintas formas de terrorismo que hayan quedado como disidencias de lo que sea pactado. . Todos los países del mundo han legislado o viene legislado para prevenir y poder atacar esté peligroso fenómeno terrorista.

Justicia Transicional: El Marco Jurídico para la Paz es violatorio de las obligaciones internacionales. Permite que los crímenes de guerra sean conexos al delito político.

La Justicia Transicional no es una clara definición universalmente aceptada. Son mecanismos de justicia temporal o circunstancial, pero al fin y al cabo justicia. Por lo tanto no puede haber impunidad como resultado de la aplicación de este mecanismo.

Los benéficos jurídicos deben estar basados en la verdad, justicia y reparación donde las víctimas sean el centro de gravedad o el eje del proceso.

Intervención Dr. David Barguil Assis Presidente Partido Conservador:

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Para iniciar tengo que resaltar el esfuerzo de ACORE por abrir estos importantes espacios y así mismo para recordarle al gobierno que nunca ha invitado a los partidos políticos a un foro de esta índole para aportar críticas, preocupaciones y distintas visiones sobre el Proceso de Negociación en La Habana. Postconflicto:

El Partido Conservador le apuesta a que este proceso de paz sea exitoso. Esto no significa que no se tengan críticas, preocupaciones o salvedades sobre el mismo.

No podemos dividir el país en amigos y enemigos de la paz. Que sería de este proceso donde no existieran voces críticas que pudieran cuestionarlo.

”El pacto para la paz” que hemos creado con distintas representaciones de la sociedad colombiana donde participa también el Gr (RA) Jaime Ruiz Barrera, recoge el pensamiento de toda Colombia. La paz es de todos los colombianos y es así como el gobierno debe entenderlo.

Invito al Centro Democrático a que participe también en la Comisión Asesora de Paz recientemente creada, para que sus críticas, observaciones y demás preocupaciones, sean tratadas desde un escenario de carácter institucional.

Claro que es importante una firma de paz con las FARC. Esto podría ser el punto de partida de una verdadera agenda de desarrollo económico y social.

Hemos venido pidiendo unas condiciones mínimas para continuar con el proceso de negociación que hoy el país pretende celebrar, donde no vemos mayores adelantos.

Son más las preocupaciones por las salvedades que quedaron después de lo acordado hasta el momento, que beneficios según lo publicado respecto a lo ya pactado.

En el tema del narcotráfico pareciera que las FARC fueran unos simples observadores y no uno de los mayores responsables de este delito.

Futuro Institucional: Es en un escenario de postconflicto donde la Fuerza Pública tiene que estar muy vigorosa y más en un país como el nuestro con tantas situaciones problemáticas en materia de defensa y seguridad.

No van a ser las FARC quienes van a plantear el fututo de la Fuerza Pública tal como lo pretenden. Eso bajo ninguna circunstancia lo permitiremos. Ni más faltaba que quienes han atentado contra la institucionalidad del país, sean ahora quienes resuelvan nuestro futuro y el de las Fuerzas Armadas.

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No olvidemos temas tan graves que nos afectan como la situación con Nicaragua y nuestro mar territorial, la alta criminalidad en las ciudades y la difícil situación fronteriza con Venezuela. Son problemas que la Fuerza Pública debe enfrentar con mucho rigor para contrarrestar en forma efectiva estas amenazas.

Tenemos que ponerle coto al tema de los falsos testigos que tanto daño le han hecho a los miembros de la Fuerza Pública, como habilidosa estrategia de la guerra jurídica que actualmente enfrentan

Existen varios carruseles de falsos testigos manejados por distintas organizaciones que fungen como supuestas defensoras de DD.HH, dedicadas a una persistente y lucrativa tarea montada en dos vías: una dedicada a desprestigiar y atacar a la Fuerza Pública y otra a llenarse los bolsillos de manera inescrupulosa.

Justicia Transicional:

Las víctimas no están siendo el eje central de la negociación, tema que le vamos a plantear al gobierno. La Justicia Transicional tiene como base la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Seremos insistentes en exigir su correcta aplicación.

Tenemos que llegar a una solución definitiva frente al futuro jurídico de nuestra Fuerza Pública. Ese es nuestro gran compromiso.

Los crímenes de lesa humanidad no son de extrema derecha ni de extrema izquierda ni pueden quedar en la impunidad. Deben ser sancionados rigurosamente.

Marzo 16 de 2015

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MEMORADOR DE INQUIETUDES Y PREOCUPACIONES DE LA RESERVA ACTIVA. La mayoría de estos puntos fueron extractados de la carta enviada al Presidente de la Republica el 12 de Febrero de 2014, la cual nunca fue contestada.

1. Vemos como debilidad la visión misma que tienen las partes sobre el proceso. Para el gobierno una generosa oportunidad de cambiar las balas por votos. Para las Farc es una oportunidad para ajustar su estrategia con el fin último de la obtención del poder, utilizando todas las formas de lucha. Su mayor gestión la realizan fuera de la mesa, a través de todas sus organizaciones legales o ilegales. El gobierno no ha hecho mucho para contener esta acción.

2. La grave crisis de la justicia.

Los Fallos y actuaciones emanadas del poder judicial y la Fiscalía, que aunque aparentemente son en derecho, ponen en riesgo la integridad de la Fuerza Pública y de sus miembros, demostrada en una actitud indulgente con los terroristas y excesivamente severa contra los militares. Su polarización ha llegado a los niveles más altos, derivada de argumentaciones e interpretaciones político-ideológicas. Lo más absurdo y extraño, son las coincidencias con organizaciones de la extrema izquierda y de las Farc. Más de tres mil procesos abiertos y mil ochocientos detenidos, que superan ampliamente los detenidos de los grupos terroristas. Esta grave situación no tiene ningún parangón en América Latina.

3. La ambigüedad entre dejación y entrega de las armas. Este es un punto que ha sido discutido ampliamente, consideramos que por ningún motivo puede haber política con armas, eso ya lo han hecho en los últimos sesenta años.

4. La desmovilización no figura en el Acuerdo general. Tendrá que buscarse una fórmula de pasar de la organización guerrillera a una organización legal, lo que resulta demasiado complejo, si lo pretenden hacer con armas, algo inaceptable. Se podría pensar en organización de guardabosques sin armas. En ese caso, por conveniencia de control, podrían pasar a la policía previa escolarización y entrenamiento. También podría hacerse un plan de colonización como el que realizo el Ejército en la Tagua, pero nunca permanecer con las armas, así sea dentro de una organización legal*

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Comentario al margen *Hay muchos indicios para pensar que el gobierno esté desarrollando una fórmula para darle gusto a las Farc en lo relacionado a los dos puntos anteriores; es decir, pasar de movimiento guerrillero a una organización armada legal, de ahí salió la propuesta del presidente de crear una gendarmería rural. Esta propuesta encaja con los deseos de las Farc, pues ellos nunca han aceptado ni desarme ni desmovilización, pues lo consideran indigno. Si esto se llegare a aceptar, las Farc tendrían el control armado de gran parte del territorio, lo que los pondría muy cerca de llegar al poder, ahora si por la vía legal. 5. Verdad histórica. Nos preocupa enormemente el enfoque del informe de ¡BASTA

YA!, publicado por el Centro de Memoria Histórica, el cual fue avalado por elgobierno y distribuido en colegios, escuelas y universidades (donde el gobierno gasto más de cuarenta mil millones de pesos). Se recomienda con gran énfasis, que los encargados de escribir la Verdad Histórica del conflicto, sea integrada por miembros imparciales, por las graves consecuencias que esto implica. No sucedió así, con el estudio de las acusas y orígenes del conflicto solicitado por las Farc. Los doce miembros seis de las Farc y seis del gobierno, tuvieron más o menos la misma tendencia.

6. Inteligencia militar. Los graves escándalos que se han presentado, van es desmedro de los resultados y eficacia de las FFMM. Es ahí donde los enemigos tratan de hacer el mayor daño. Se requiere ponerla a salvo de las pretensiones políticas y las intenciones de los enemigos, por ser la base de los éxitos de operacionales.

7. Participación de la ONU. Sus delegados se han caracterizado por tener un sesgo político y animadversión contra las Fuerzas Militares en todos los países donde han actuado. Valdría la pena no dejar que esta organización se entrometa demasiado en el proceso y buscar organizaciones que garanticen equilibrio y neutralidad.

8. Debilidad y polarización de los partidos políticos. Vemos con preocupación su debilitamiento y fragmentación, circunstancia que es aprovechada por organizaciones de extrema izquierda para obtener liderazgo. Las organizaciones y movimientos sociales (minorías) están recogiendo la inconformidad ciudadana, Esto es muy malo para el futuro democrático del país. Algo parecido sucedió en Venezuela.

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9. El verdadero cese unilateral del fuego establecido por las Farc, lo vemos como el fin de toda acción hostil contra la población civil y sus recursos (la extorsión se encuentra disparada en muchas regiones del país). El cese bilateral tendría lógica después de la firma de los acuerdos, una vez sean concentrados, para seguridad de ellos y libertad de acción de las tropas contra otros grupos generadores de violencia. De no hacerlo así, seria de muy difícil cumplimiento y conllevaría graves peligros para la institucionalidad y la protección de la población.

10. Zonas de reserva campesina. Sigue siendo motivo de preocupación las pretensiones de las Farc sobre estas zonas. El Catatumbo es su principal experimento, allí están sucediendo cosas muy graves, prácticamente se está perdiendo la institucionalidad y el control del Estado.

11. La justicia Transicional. La propuesta del presidente Gaviria cayó bien en las reservas, sin embargo, es necesario aterrizar la propuesta, con el fin de hacerla viable desde el punto de vista interno y con blindaje ante la Justicia Internacional. Es bien conocida la persecución que ejercen las ONGs, de DDHH, particularmente a los militares latinoamericanos. Recientemente se conoció la acción de una de estas organizaciones, que busco la salida del ilustre General Carlos Ospina, ex comandante de las FFMM, quien se desempeñaba como profesor en la Universidad de Defensa en Washington. Es ahí donde están trabajando intensamente las Farc y sus aliados, es necesario buscar una fórmula para proteger los militares en el presente y en el futuro.

12. La radicalización en las condiciones del ELN para entrar al proceso, nos puede llevar a pensar que las dos organizaciones podrían estar concertando objetivos comunes (se han reunido varias veces en Cuba). Con lo cual surge la hipótesis, de que las Farc decidan firmar los cuerdos y el ELN continúe apoyando sus objetivos políticos con la lucha armada, además de que recibirán en sus filas los disidentes.

Esta situación seria el peor de los mundos para el país. MG (r) Victor Alvarez Vargas Miembro de la Mesa de Transición del MDN

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CONSIDERACIONES POLÍTICAS PARA EL MINISTRO DE DEFENSA

Vicealmirante Luis Fernando Yance Villamil

En una reunión convocada por el Cuerpo de Generales y Almirantes, con la asistencia del Ministro de Defensa, altos mandos militares y la presencia de oficiales retirados de las Fuerzas Militares, me dejó un poco perplejo el hecho de que los militares estemos discutiendo temas políticos, alrededor del proceso, de la justicia transicional, lo que fue y no pudo ser; en fin, una serie de juicios alrededor, de lo que llamo la real política, es decir, distinguir los problemas del Estado y de otros sectores que no ceden a la realidad de los hechos.

Por lo visto, la preocupación de algunos asistentes es el proceso de paz y dejan en el ambiente que el diálogo con las Farc está confuso. La mejor prospectiva para los diálogos es mantener la unión, tal como lo describía Clausewitz, cuando hablaba de la ‘unificación’ entre lo militar y la política, y señalaba que el cálcu-lo de los militares (la estrategia) es asesorar al político para que en su conducción política traten de dirigir e instrumentar el éxito en el campo de batalla o, en nuestro caso, en los diálogos de paz. Es un concepto, un acto de fuerza, que debe llevar al adversario a acatar nuestra voluntad. Hacia allí debemos apuntar para conciliar nuestros temores y sobre todo nuestra visión. No podemos equivocarnos de seguir torpedeando un proceso que no tiene reversa, que en estos momentos tiene un apoyo internacional suficiente y creíble para llegar al objetivo de la Paz.

Llamo a la cordura y a unirnos en torno de los militares que están en los diálogos de La Habana. No he oído voces de la visión que deben tener las Fuerzas Militares por parte de los retirados, pareciera que los mandos activos están en dos fuegos: Con el Jefe del Estado, arquitecto de la política, y los retirados, que construyeron el presente, hay que construir el futuro y esa tarea la tienen los activos; es su hora y hay que apoyarlos.

Instrucción, ante todo Debemos unirnos y aportar en la preparación de nuestros hombres de las Fuerzas Militares. Estos espacios nos deben llevar a la reflexión que el hombre debe ser educado con calidad, con un perfil que convierta a nuestros soldados en personas preparadas y capaces de regir las instituciones para el futuro.

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Ojalá el Ministro de Defensa deje plasmada una revolución en la instrucción militar para que nuestros militares ingresen a los centros de educación superior e inicien conjuntamente con todas las Fuerzas la investigación, uniendo sinergias; ese es el mejor legado que el Ministro puede dejar.

Aprovechemos la oportunidad y ojalá no sea tarde.

Sobre la justicia transicional, dejemos que sean los juristas los que convaliden esta

doctrina; apoyemos a los militares que están siendo enjuiciados con actos que

conduzcan a una solución de sus penurias

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EL ESPECTADOR OPINIÓN | 2015/05/02 22:00

El fracaso de la comisión histórica del conflicto por LEÓN VALENCIA

No se han preguntado los comisionados ¿por qué su informe no ha levantado ninguna

polvareda en el país y en el exterior? Porque es un informe inane. Porque nadie se

siente aludido. No quería escribir esta columna. Tenía una gran esperanza en los resultados de la

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas designada por el gobierno nacional y

las FARC. Tengo un gran respeto por los 14 intelectuales que conformaron esta

comisión y parte de ellos son amigos míos. Por eso leí y releí las páginas del informe

publicado, indagando si habían cumplido el encargo que les hicieron. No lo

cumplieron y sufrí una gran decepción. Esperé a que el gobierno y las FARC hicieran

una valoración seria del trabajo. Nada dijeron. Esperé a que alguno de los

comisionados le contará al país las razones de tan estruendoso fracaso y ninguno ha

sido capaz de hablar. Esperé a que los contradictores del proceso de paz hicieran la

tarea y nadie se refirió al tema.

Ahora se habla en La Habana de la conformación de la Comisión de la Verdad y veo

venir el mismo error. Por eso me siento obligado a decir lo que pienso. Sé que el

gobierno y las FARC se empeñarán en ocultar su desengaño. Sé que es muy difícil

enganchar a los lectores con un tema de esta naturaleza. Sé también que referirse a

un documento de 800 páginas en la extensión de una columna es, si se quiere,

temerario. Pero mi conciencia no me permite callar en algo que creo es de vital

importancia para la reconciliación del país.

Para empezar quisiera recordarles a los 14 intelectuales el significado de la palabra

comisión: grupo de personas encargadas de resolver un asunto. No se trataba de que

cada uno resumiera en 50 páginas lo que siempre había dicho sobre el conflicto

colombiano. Esa no era la tarea. Si esa hubiera sido la tarea tendría que decir que la

mayoría de los ensayos son buenos, algunos regulares y dos muy malos.

La comisión hubiera hecho un gran trabajo con solo prestar un mínimo de atención al

comunicado de La Habana del 5 de agosto de 2014 donde le conferían mandato y a

los acuerdos que habían logrado el gobierno y las FARC hasta ese momento. Decía el

comunicado en uno de sus apartes: “El informe de la comisión deberá ser el insumo

fundamental para la comprensión de las complejidades del conflicto y las

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responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y

para el esclarecimiento de la verdad”.

El gobierno y las FARC ya habían resuelto en la Mesa, de manera categórica, las

discusiones interminables del país en los últimos diez años. La naturaleza política de

las guerrillas, la centralidad del tema agrario en el conflicto armado, el carácter

limitado y excluyente de la democracia colombiana, la incidencia insoslayable del

narcotráfico en la guerra, la trascendencia de las víctimas en un acuerdo de paz

estable y duradero. Todo eso ya estaba en la agenda y en los tres puntos acordados

con una contundencia difícil de ignorar.

Pero todos los comisionados se dedicaron a discurrir sobre estos temas, a fijar cada

uno su punto de vista, a darle su matiz, en vez de concentrarse en esclarecer de

manera colectiva el gran tema de diferencia en la Mesa, el de las responsabilidades.

Ese era el asunto a resolver. Ese era el asunto clave sobre el cual la comisión estaba

obligada a establecer un consenso mínimo que le sirviera a la Mesa de La Habana y al

país para avanzar en la reconciliación.

No se han preguntado los comisionados ¿por qué su informe no ha levantado ninguna

polvareda en el país y en el exterior? Porque es un informe inane. Porque no toca a

nadie, porque nadie se siente aludido. No se sienten aludidas las guerrillas, ni las elites

políticas con sus aliados paramilitares, ni los militares, ni los empresarios, nadie.

Porque la fuerza de un informe de esta naturaleza reside en los acuerdos

establecidos, en las definiciones colectivas. En cambio los 14 ensayos dan para todo

y para todos. En unos las elites políticas salvan sus responsabilidades, en otros las

guerrillas, en otros los militares, en otros los empresarios. Cada quien puede escoger

el que más le convenga.

Y déjenme decir una cosa drástica. En el esclarecimiento de las responsabilidades y

en la aceptación de ellas por parte de los implicados reside el futuro de la paz y la

reconciliación. Ahora se discute sobre cárcel o no cárcel para las FARC. Pues bien, los

militares, los políticos, los empresarios, todos a una, piden cárcel. Otra cosa dirían si

también estuviesen en el banquillo de los acusados. Pongamos el caso más notorio.

El de Álvaro Uribe Vélez. Solo cuando reconozca su responsabilidad en este conflicto

será más magnánimo con sus enemigos y aceptará por fin un camino hacia la

reconciliación.

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NACIÓN | 2015/05/02 22:00

LOS DILEMAS DE LA PAZ

Http://www.semana.com/nacion/articulo/los-dilemas-de-la-paz/426070-3

Sobre víctimas, verdad y justicia no hay acuerdo todavía porque gobierno y guerrilla se enfrentan a difíciles dilemas morales y políticos.

El próximo 16 de mayo se cumplirá un año desde que la Mesa de Conversaciones de

La Habana produjo el último acuerdo, sobre solución al problema de las drogas. Desde

entonces, los delegados del gobierno y las Farc empezaron a discutir el punto de

víctimas y no han logrado salir de él. Y al parecer, todavía está crudo. En Colombia, la

sensación es que en Cuba no se avanza. Más que estancamiento, lo que hay es un

nudo gordiano que implica tomar decisiones con implicaciones morales y políticas

muy fuertes.

El tema de víctimas se reduce, a la postre a dos asuntos: las verdades de la guerra y

la justicia para los responsables de crímenes atroces. Tal como se esperaba, estos han

sido los puntos más complicados de la agenda porque afectan directamente a las

elites, tanto de las Farc como del gobierno, y porque implican asumir posiciones éticas

frente al país. Son aspectos donde también está en juego toda la dimensión humana

(e inhumana) de la guerra. Las partes se juegan su papel en la historia, y están frente

al espejo de sus actos pasados, y las consecuencias de estos sobre su futuro. Estos

son los entuertos del proceso de paz.

Dignidad vs. Seguridad jurídica

Tanto la guerrilla como los militares consideran que libraron la guerra por buenas

razones. Las Farc no quieren ir a la cárcel porque se ven a sí mismas como rebeldes

con causa, y no como delincuentes. Los militares, por su parte, no quieren ser

equiparados a la guerrilla, porque consideran que ellos han defendido la democracia,

y no atentado contra ella. Verdad y justicia, que son lo que demandan las víctimas,

hieren, necesariamente, sus imaginarios de dignidad y heroísmo. Y las salidas a este

dilema están divididas. Las Farc creen que una comisión de la verdad sería la mejor

manera de hacer justicia, y enfrentar el pasado sin llegar a un castigo.

Para el gobierno debe haber castigo con “algo de privación de libertad”, pues así lo

ha dado a entender la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y en ese

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sentido su apuesta es por una fórmula de justicia transicional para todos. Algo que no

solo rechazan las Farc, sino un sector de los militares.

El problema es que mientras más dignidad se otorgue a los actores en la Mesa, menos

seguridad jurídica tendrá el acuerdo en el tiempo. Si para las Farc es indigno ir a la

cárcel, quedan expuestos a que los tribunales internacionales los llamen a rendir

cuentas por desapariciones forzadas, masacres y reclutamiento de niños. Y los

militares se niegan a aceptar la justicia transicional. Convencer a unos y otros ha

resultado una tarea demasiado ardua. Encontrar una fórmula equilibrada y aceptable

para todos puede tomar mucho más tiempo aún.

Los máximos responsables

El Marco Jurídico para la Paz contempla que se juzgue a los máximos responsables de

los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Encontrar a los máximos responsables

de las Farc no es difícil, pues su estructura es muy jerárquica, llevan varios años como

jefes las mismas personas, y sus peores actos han estado a los ojos de todo el país y

las investigaciones judiciales ya tienen suficiente material probatorio.

Pero ¿hay máximos responsables del lado del Estado? Aunque para muchos en el

gobierno es obvio que quienes estarán en el banquillo son los altos oficiales de las

Fuerzas Armadas que se aliaron por ejemplo con los paramilitares, o que ganaron

medallas a punta de falsos positivos; para un sector de los militares quienes deben

sentarse ante la justicia son los ministros de Defensa y presidentes. Uribe y Santos,

por ejemplo. Esta posición es compartida por las Farc.

Aunque el propio comisionado de paz, Sergio Jaramillo, ha dicho, incluso a los

empresarios, que en la guerra hay responsabilidades compartidas, la verdad es que

un escenario como los juicios de Nuremberg, donde fueron juzgados nazis civiles, es

no solo improbable en Colombia sino absurdo. No obstante, esto no quiere decir que

no haya un problema, al que el expresidente César Gaviria le quiso salir al paso con

su propuesta de perdón y olvido para todos, y el debate sobre el referendo para darle

facultades al presidente para reglamentar por decreto el Marco Jurídico para la Paz.

Sin embargo, por ahora no hay clima para un debate de estas características en el

país, y este seguirá siendo uno de los mayores escollos para salir del punto de

víctimas.

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De Santos a Timochenko

Como ha dicho el analista León Valencia en varias ocasiones, la guerra consiste en

quitarle legitimidad al adversario, mientras la paz consiste en otorgársela. En medio

de la guerra, ministros y presidentes, con razón, han tratado a la guerrilla de terrorista

y narcotraficante. La guerrilla a su vez, de tirano, corrupto y asesino al Estado. A estas

alturas, ese lenguaje de la guerra, estigmatizador y polarizante, debería ir cambiando,

para ser reemplazado por uno que facilite la paz y la reconciliación. No ha pasado

porque las sensibilidades del país obligan a que ambas partes tengan un doble

lenguaje: uno adentro de la Mesa, donde hay más confianza y sinceridad; y otro para

la galería.

A eso se suma que tanto guerrilla como gobierno tienen más problemas con sus

propias tropas de lo que se esperaba. Santos no ha podido convencer a ciertos

sectores militares y del establecimiento económico y terrateniente de que la paz

requiere cambios y reformas. Las Farc, a juzgar por el trágico ataque del Cauca que

dejó un saldo de 11 soldados muertos y que violó el cese unilateral del fuego,

tampoco tienen alineadas a todas sus tropas.

El problema es que, como lo señaló Daniel Coronell en su columna de la semana

pasada, los destinos de Santos y Timochenko hoy en día están atados y necesitan

darse mutuamente legitimidad en aras de una paz duradera.

Miedo al pasado, miedo al futuro

Los seres humanos hacen la guerra, y la paz también. En ambos lados de la Mesa hay

miedo a enfrentar el pasado, a reconocer que se cometieron crímenes terribles que

no tienen ninguna justificación. Pero también hay miedo al futuro. Las Farc, aunque

desprecian las encuestas como una manipulación de la oligarquía, tienen sin duda

temor a salir a la calle y ser linchados por una opinión que los odia. Muchos militares

también tienen temores: a perder poder, protagonismo y presupuesto. La paz exige

un ejercicio de imaginación moral colectivo para el futuro y no solo lavar las culpas

del pasado. No se trata solo de un pacto político de los partidos y sectores decisivos

sino de construir una idea de porvenir posible. En esa idea de sociedad reconciliada,

los implicados en la guerra, guerrilla, y militares deben tener la certeza sobre cómo

les irá, de que tendrán un lugar en ese futuro y no una incertidumbre perpetua. Algo

que no es fácil de lograr en ninguna negociación.

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Factor tiempo vs. Metodología

Cuando comenzaron las conversaciones el presidente Santos dijo que esta sería una

negociación de meses y no de años. Sin embargo, ya va por el tercer año y el fin no se

ve cerca. El problema con la prolongación del tiempo es que una metodología basada

en la confidencialidad, la lejanía, y el aislamiento empieza a erosionar el proceso

cuando la negociación tarda años. Y, ponerle plazos como ha ocurrido en el pasado

no es la solución.

La manera de superar este impasse ha sido trabajar en paralelo otros puntos de la

agenda, como el desescalamiento del conflicto. Pero se necesitan otros saltos

cualitativos. A lo mejor, el acercamiento con el senador Álvaro Uribe, y con los

sectores más críticos, permitirá que se pueda hablar de temas tan espinosos como la

verdad y la justicia, sin temor a ser acorralados por la opinión pública. Y ventilar

propuestas audaces que nadie se atreve a hacer en un clima tan tenso, pero que son

cruciales para darle celeridad al proceso de paz.

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EL ESPECTADOR OPINIÓN | 2015/04/24

¿SERÁ QUE LAS FARC NO ENTIENDEN?

GENERAL (R) LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS

Es tan grande la necesidad de paz, que persiste el optimismo con algunas reservas,

hijas de la traición.

Sí, pensaríamos que el cuerpo combatiente de las FARC no entiende, o no es

consciente de ciertas posturas tomadas por sus negociadores en La Habana, situación

complicada para los plenipotenciarios y el país, pues no podemos entender el

despiadado ataque de la subversión a los hombres del ejército en el Cauca, en medio

de una tregua unilateral, tregua no pedida por los representantes del Gobierno, sino

por el contrario, ofrecida de parte subversiva. Recibida, claro está, con alegría y

credibilidad, pero al parecer es más una estrategia que busca bajar los niveles de

alerta en nuestras fuerzas, para sorprender y continuar con el accionar bélico en

superioridad de condiciones que una determinación seria de parte enemiga, lo que

obliga en nuestros hombres, a redoblar las alertas restando credibilidad a

manifestaciones o demostraciones de compromiso hacia la paz.

Es por lo anterior que desde el primer momento se acordó entre las partes adelantar

las conversaciones en medio del conflicto, todo soportado en acercamientos

anteriores en los que estos altos al fuego demostraron ser nocivos para el progreso

de las negociaciones. Aquellas pausas logradas con el pretexto de dialogo brindaron

oportunidad de reorganización y rearme de los grupos delictivos.

No encontramos excusa para tan aleve actuación diferente a una demencia hostil

premeditada e insensata. El país expresó en su momento la indignación por el hecho

y ha reconocido el sufrimiento y generosidad de los miembros de la fuerza pública

ante tanta sangre y dolor que han debido soportar durante largos años de

enfrentamiento bélico, sin embargo es tan grande la necesidad de paz, que persiste

el optimismo con algunas reservas, hijas de la traición.

Si entendemos el concepto de pausa bélica como una breve interrupción de acciones

determinas, las pausas se han utilizado a través del tiempo en diferentes

confrontaciones con perfiles humanitarios, y concebimos las treguas como la

suspensión de hostilidades por un tiempo determinado entre grupos armados

enfrentados sin deponer las armas; es lógico que la tregua unilateral ofrecida por las

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FARC mostraba una intención clara de no atacar y mucho menos sorprender

miembros de la fuerza pública, dedicados al control territorial y brindando protección

con su presencia en regiones apartadas, menesterosas de seguridad y confianza en el

proceso mismo, reconociendo que en últimas los beneficios de esta tarea institucional

recaerían en el futuro de las negociaciones, abonando la región para el posconflicto.

¡Pero no! ellos no piensan, su mentalidad está cerrada a la guerra, el enemigo y el

combate.

Qué difícil que será el posconflicto y sobre todo, será difícil llevar estos hombres a la

civilidad; acciones como la mencionada solo logran prevenir la ciudanía contra una

reinserción a la sociedad pacífica y conciliatoria. Si a lo anterior le sumamos la postura

exteriorizada por los representantes de las FARC en la mesa, de no entregar las armas

una vez firmada la paz, quedaríamos por fuerza de las circunstancias ante una tregua,

no ante un acuerdo de paz.

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DESPERTEMOS

Coronel Pedro Antonio Herrera Miranda (Acorpol)

Abril 2015

Quiero expresarles a los lectores y a sus familias el testimonio de consideración y

aprecio, para luego invitarlos a la reflexión para tomar parte en las decisiones que con

motivo de la negociación de paz en La Habana, debemos ser vigilantes del proceso.

Razones

1. La Constitución en el artículo 1º. Señala que Colombia es un Estado Social de

Derecho y se fundamenta en el Respeto a la Dignidad Humana.

2. El artículo 2º. Señala los Fines esenciales del Estado entre los que se destaca: “La

participación de todos en las decisiones que nos afectan”; en su inciso 2 señala: “Que

las Autoridades están instituidas para proteger”.

3. El Artículo 22 de la Carta señala: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio

cumplimiento”.

4. El artículo 95, literal G dice: “Propender (hacer algo) al logro y mantenimiento de

la paz” y en su numeral 7 dice: “Colaborar para el buen mantenimiento de la

administración de la justicia”.

5. El artículo 123 de la Constitución Política, señala en su inciso 2º “Los servidores

públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la

forma prevista por la Constitución, la Ley y el Reglamento”.

6. El artículo 188 de la Constitución Política, Señala: “El Presidente de la República

simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las Leyes

se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

7. El artículo 189 reza: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de

Estado, Jefe de Gobierno y suprema Autoridad Administrativa: Numeral 4 conservar

en todo el territorio el Orden Público y restablecerlo donde fuere turbado. Numeral

11 Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los Decretos,

Resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las Leyes. “No

permanezcamos en el anonimato, seamos Quijote, no seamos Sancho Panza”.

Nuestra Asociación no puede estar enmarcada en objetivos privados y egoístas.

8. En la naturaleza de la Asociación en su artículo 5º. Se dice que: “Es agremiación

solidaria y participativa, al parecer es letra muerta al igual que el Estado de Derecho”.

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La Madre Teresa de Calcuta decía: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”.

Martin Luther King decía: “No me estremece la maldad de los malos, sino la

indiferencia de los buenos. Que la sangre de nuestros compañeros sea el abono para

que la paz sea una realidad. Siempre intentemos buscar la paz, si no lo logramos

seremos felices porque al menos lo intentamos.

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FUERO PENAL MILITAR PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO PERMANENTE DEL CUERPO DE

OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM Y POLICÍA NACIONAL. Mayo 25 de 2015. Carta Abierta a la Opinión Pública Nacional Quienes integramos las diferentes asociaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las FF.MM. y Policía Nacional, hemos tomado la determinación de hacer publica nuestra preocupación y extrañeza, ante la inexplicable proposición interpuesta por el gobierno nacional con el fin de modificar el Proyecto de Acto Legislativo que cursa actualmente en el Congreso de la República para reformar el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, en materia de Fuero Penal Militar y Policial. A través de esta proposición modificativa, el citado Proyecto de Acto Legislativo quedo reducido a un solo artículo en el cual se establece, que de todas las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. Se adicionaron dos párrafos complementarios, donde en el primero se establece que en la investigación y juzgamiento de las conductas de los miembros de la fuerza pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicaran las normas y principios de este. Los jueces y fiscales de la Justicia Ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan de las conductas de los miembros de la Fuerza Pública, deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario. En el segundo y último párrafo de este mismo artículo, se determina que la Justicia Penal Militar o Policial, será independiente del mando de las distintas fuerzas. Del proyecto original, inexplicablemente tal como ya se dijo, se modificó lo pertinente a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, donde se establecía con suficiente claridad, que tales conductas serían de exclusiva competencia de la Justicia Penal Militar o Policial. Aquí radica nuestra preocupación y extrañeza. Ahora, estas infracciones o conductas penales, podrán ser también investigadas por la justicia ordinaria, sin establecer los procedimientos o mecanismos de carácter

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jurídico que garanticen la debida competencia con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Con este nuevo articulado, según sus ponentes, se determina por mandato constitucional, que las conductas a que se hace referencia, siempre serán investigadas, juzgadas y sancionadas en concordancia con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y bajo ninguna circunstancia, dentro de las prescripciones propias de los Derechos Humanos. Después de un minucioso análisis del contenido y modificaciones realizadas a este proyecto, el cual ya fue aprobado en siete de los ocho debates que le corresponden, han surgido las siguientes preocupaciones: 1. La dualidad de competencia que se establece, no genera ningún mensaje de

seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública, que por cualquier circunstancia puedan ser procesados penalmente por actos relacionados con el servicio.

2. Los jueces y fiscales de la Justicia Ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial,

al tener la misma facultad que les permita conocer este tipo de conductas dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, tendrán que enfrentar necesaria y continuamente, múltiples confrontaciones en materia de colisión de competencias. No hay delimitación alguna que determine estas responsabilidades respecto a la jurisdicción ordinaria y la especializada.

3. La exigencia respecto a quienes conozcan este tipo de procesos en cuanto a tener

formación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario, no es suficiente garantía para sustentar el debido proceso.

4. Por principios razonables de seguridad y de garantía jurídica, los miembros de la

fuerza pública deben ser juzgados por sus pares y jueces naturales, tal como lo establece la Constitución Nacional respecto a los delitos cometidos en relación con el servicio. En estas circunstancias, no debe delegarse esta misma responsabilidad a la jurisdicción ordinaria.

Para quienes conformamos actualmente la reserva activa de la Fuerza Pública, consideramos que es otra batalla perdida sobre temas fundamentales en materia de seguridad jurídica.

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Tampoco entendemos las razones por las cuales fueron excluidos de este proyecto, lo concerniente a la creación de un Tribunal de Garantías integrado por magistrados de la Justicia Penal Militar y Policial y de la Justicia Ordinaria, cuyo propósito era el de resolver cualquier conflicto de competencia que se llegare a presentar. Igualmente los motivos que generaron la suspensión de la Comisión Técnica de Coordinación que se activaría por la Fiscalía General y por la Fiscalía Militar y Policial, la cual tendría a su cargo, la tarea de resolver la competencia inicial de los hechos que fueran motivo de investigación. Finalmente queremos reafirmar una vez más, los siguientes conceptos que en esta materia hemos expuesto como pilares fundamentales del verdadero significado de lo que es el Fuero Penal Militar o Policial: Bajo ninguna circunstancia constituye un privilegio. Esta jurisdicción especial y excepcional se deriva del principio constitucional del Juez natural, el cual no es más que una garantía al debido proceso, tal como se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1968 y en la Constitución Política de Colombia de 1991, dentro del marco legal que requiere la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus misiones institucionales.

El Fuero Penal Militar y Policial sin duda alguna, fortalece la seguridad jurídica de los combatientes y de los agentes del orden, en actuaciones propias del conflicto armado y de seguridad ciudadana que les compete. No constituye factor de impunidad.

Estimula la voluntad de lucha y espíritu de sacrificio que requieren los soldados y policías para la defensa de la soberanía, de las instituciones patrias y lo concerniente a la seguridad ciudadana.

Proporciona legitimidad e institucionalidad al Estado, generando seguridad jurídica frente a la amenaza terrorista y del crimen organizado.

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MINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON LA

CREACIÓN DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Bogotá, D.C., Mayo 27 de 2014.

La Mesa de Trabajo Permanente de las distintas asociaciones que conforman el

Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía

Nacional ante la insistencia del señor Presidente de la Republica, de crear el Ministerio

de Seguridad para sustraer a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, del cual ha

formado parte desde 1.953, con visibles y comprobables éxitos y buenos resultados,

para beneficio de Colombia y de su comunidad, sin oír y mucho menos tener en

cuenta los reiterativos argumentos expuestos por la reserva activa de la Fuerza

Pública, en distintos documentos y diferentes ocasiones en relación con las graves

consecuencias que el fraccionamiento y debilitamiento de la Fuerza Pública

representa, como también el desconocimiento de su historia y la importancia de

mantenerla al margen de influencias externas de cualquier naturaleza, especialmente

de las provenientes de la política partidista, que afectarían negativamente su buen

desempeño, el logro de sus objetivos y su razón de ser y una vez efectuado un amplio

análisis sobre esta trascendental decisión, en su reunión del 27 de mayo de 2.014,

ratifica y respalda solidariamente el comunicado aprobado y expedido por el Colegio

de Generales de la Policía Nacional, el pasado 22 de Mayo , y se permite expresar a la

opinión pública que esta medida es sin lugar a dudas, innecesaria, nociva,

inconveniente e inoportuna que traerá consecuencias profundamente negativas para

la seguridad de todos los colombianos. Invitamos a la ciudadanía a que dimensione la

gravedad de esta iniciativa, por cuanto no solo atenta contra la Institución Policial,

que es un patrimonio Nacional sino contra la sociedad en general y contra sus reales

intereses en materia de seguridad.

Comunicado Del Colegio De Generales De La Policía Nacional

El Colegio de Generales de la reserva activa de la Policía Nacional, en su Asamblea

General, celebrada el día 22 de Mayo del año 2.014, una vez conocida la decisión del

Candidato Presidente, de incluir dentro de su programa de Gobierno para el próximo

cuatrienio, la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana y después de un amplio

debate y detallado análisis, reitera su preocupación y ratifica su concepto de

inconveniencia de la iniciativa gubernamental expuesta, sobre la cual ya se ha

radicado en el Congreso Nacional, por el Representante Augusto Posada Sánchez, un

proyecto de Ley, por las siguientes razones:

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1. El momento histórico que vive la Nación, ante un eventual acuerdo para la

terminación del Conflicto Interno, con proyección para la construcción de una

paz estable y duradera, no es el apropiado para sustraer a la Policía Nacional

del seno del Ministerio de Defensa, al 2 que pertenece desde el año de 1.953,

y donde ha logrado un nivel de profesionalismo, eficacia en el cumplimiento

de su función, eficiencia administrativa y posicionamiento ante la comunidad

tanto nacional como internacional.

2. La falencia que causó la disolución de la Policía, antes de pertenecer al

Ministerio de Defensa, fue indudablemente su manipulación por intereses

político partidistas, que la llevaron a convertirse en un instrumento del partido

gobernante y una amenaza para el partido o partidos de la oposición,

circunstancia que no es claro haya desaparecido como una amenaza o una

debilidad dentro de la organización política actual, ante la polarización y

evidente confrontación que se vive en la actualidad, razón por la cual

consideramos inconveniente, para la Institución y para el país, aventurarse a

experimentos con resultados inciertos.

3. En el proyecto de Ley, radicado en el Congreso, se observa, además de unas

fallas técnicas en la estructura orgánica, la existencia de un Viceministerio para

la Reintegración social, con una subdirección de inteligencia e investigación,

una subdirección para el trabajo, una subdirección de derechos humanos, una

subdirección de las acciones de reconciliación y una dependencia, que no se

especifica su nomenclatura, denominada Promoción de las habilidades y

competencias de la población en proceso de reintegración, circunstancia que

nos permite colegir que será este viceministerio el que se encargará de

ejecutar todo el proceso de reinserción y ubicación de las personas que se

sometan a la legalidad después de la dejación de las armas que portan

ilegalmente, procesos que no consideramos conveniente que se desarrollen

bajo la misma egida de la Policía Nacional, es decir compartiendo el mismo

ministerio, lo cual equivaldría a pensar que este proceso, bajo el mismo

criterio, bien podría llevarse a cabo ahora, con la organización actual, en el

seno del Ministerio de Defensa, con la creación de una dependencia que

cumpliera esta función, lo cual también consideramos que resultaría

doblemente inconveniente.

4. Resulta conveniente explorar la posibilidad de fortalecer la Agencia

Colombiana para la reintegración, antes que eliminarla del Ministerio del

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Interior, como se dispone en el proyecto de Ley, elevándola a la categoría de

Viceministerio, con una infraestructura como la que aparece para el

Viceministerio para la Reintegración social , dentro del propuesto Ministerio

de Seguridad, con la certeza que desde ahí se podría contar con la capacidad

necesaria para atender toda la demanda que implica un proceso de reinserción

de grandes proporciones como seria la desmovilización de las FARC y estaría

en el lugar adecuado para darle el manejo político económico y técnico

requerido.

5. El Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Policía Nacional, que agrupa

a la casi totalidad de los Generales en uso de buen retiro, policías todos, que

sirvieron a la Patria por más de 35 años, consideramos que la intervención de

expertos internacionales, no resulta suficiente para reorganizar una Institución

de tanta trascendencia para la vida de nuestra nación, ignorando las opiniones

de quienes de alguna manera hemos contribuido a construir la Institución, que

es sin duda un referente internacional, un orgullo nacional y una garantía para

la seguridad de nuestro pueblo. No obstante seguimos pendientes de

cualquier inquietud que pueda nacer en quienes lideran este proyecto, para

sustentar e intercambiar opiniones sobre este importante tema. 3

6. Desde el 8 de Agosto del año 2.013, le enviamos una carta al señor Presidente

de la República, la cual no ha sido respondida ni tenida en cuenta, actitud con

la que se desconoce la fuente de opinión más autorizada para este tema, pues

se ha reiterado la intención de introducir esta reforma sustancial como un

elemento prioritario para mejorar la seguridad de los colombianos, cuando en

nuestro autorizado concepto el efecto sería todo lo contrario, si tenemos en

cuenta que con claridad meridiana, todos los colombianos, hasta los más

desinteresados en este tema, son testigos que la alianza estratégica que más

ha contribuido a la seguridad de nuestra nación, ha sido la que se ha dado

desde 1.953, entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, la que se

rompería con la separación de Ministerio.

7. No se pueden desconocer los éxitos que la Fuerza Pública, unida y cohesionada

ha logrado frente a la mayor amenaza para la seguridad de nuestros

conciudadanos, representada en el accionar de los grupos armados ilegales de

toda orientación, triunfos que se han destacado y que han llegado a calificarse

como la razón fundamental para que alguno o algunos de ellos, acepten

sentarse en una mesa de diálogo para terminar el conflicto por esta vía

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civilizada, para abruptamente dividir esas fuerzas con una incierta decisión que

puede constituir un regreso al pasado con nefastas consecuencias.

8. La permanencia de la Policía en el ministerio de defensa, por más de sesenta

años, no ha afectado en nada su naturaleza y orientación civilista, antes por el

contrario en este lugar dentro de estructura del Estado se ha fortalecido y ha

alcanzado una posición de prevalencia en el concierto nacional e internacional

y la Honorable Corte Constitucional en sentencia C/453 de 1.994 declaró que

no existe ninguna incompatibilidad entre la función y el órgano, que no hay

ninguna subordinación de la seguridad a la defensa y en consecuencia declaró

exequible su adscripción al ministerio de Defensa.

9. Los miembros de la reserva Policial, debemos acoger la invitación que nos hace

uno de los más ilustres miembros de esta Colegiatura para que tomemos una

decisión con prontitud, ¿vamos a ser actores o testigos mudos en este proceso

de reforma sustancial de la Institución, que la puede conducir a su

debilitamiento y quizás a su desintegración.

10. Hacemos un llamado a las demás organizaciones de la reserva activa a estudiar

este tema tan trascendental para el futuro de nuestra institución y les

exhortamos a aportar ideas, conceptos, opiniones y recomendaciones con

destino a quienes promueven esta iniciativa.

11. Queremos por medio de este documento dejar una constancia histórica que

refrende nuestra posición sobre esta determinación, para cuando sobrevenga

la catástrofe no se acuda a disculpas alegando falta de advertencia oportuna.”

Anexo: proyecto de Ley “Por medio de la cual se crea el Ministerio de

Seguridad Ciudadana” Augusto Posada Sánchez Representante a la Cámara por

Antioquia.