PREGUNTAS:

I. Se considera la evaluacin de la redaccin, ortografa y presentacin del trabajo en este formato. 2 puntos

II. Qu procesos histricos universales han afectado los procesos del devenir histrico peruano? Cmo, por qu y qu consecuencias tuvo? Explique y plasme dicha informacin utilizando organizadores visuales (mapas conceptuales, diagramas de llaves u otros que Ud. estime conveniente. 5 puntos.

LATINOAMRICA

Los movimientos sociales en America latina : un balance historico

par Mnica Bruckmann , Theotonio Dos Santos

(16 mai 2008)

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Los cambios recientes en Amrica Latina se expresan no slo en movimientos sociales y populares cada vez ms originales y activos sino tambin en un nuevo escenario poltico marcado por la existencia de gobiernos de centro-izquierda bajo una fuerte presin de la sociedad civil y de movimientos de masa. Esta nueva coyuntura est redefiniendo el escenario poltico en la regin y est abriendo un proceso histrico que presenta elementos nuevos que van a influir profundamente en la dinmica econmica, poltica, cultural y social inmediata, pero tambin en el mediano y largo plazo.

Una comprensin ms objetiva de esta nueva coyuntura en la regin exige un anlisis profundamente histrico, capaz de hacer un balance de la lucha secular de las fuerzas progresistas que ha generado una acumulacin de experiencias extremamente rica. Lucha secular que tiene que ver con elementos claves de nuestra identidad como latinoamericanos, como naciones capaces de conducirse a s mismas y que tienen una presencia cultural basada en una fuerza civilizatoria propia.

Desde esta perspectiva, el presente artculo busca hacer un breve balance histrico de los movimientos sociales en Amrica Latina, tomando en cuenta cuatro fases : Los orgenes de los movimientos sociales clsicos desde la influencia anarquista hasta a la Tercera Internacional, la fase del populismo y las luchas nacional-democrticas ; la autonomizacin de los movimientos sociales y las nuevas formas de resistencia y la cuarta fase de globalizacin de las luchas sociales a partir de Seattle y la nueva agenda.

Los origines : de la influencia anarquista a la tercera internacional

En su fase inicial de formacin los movimientos sociales clsicos en Amrica Latina tuvieron una fuerte influencia anarquista, a travs de la migracin europea, principalmente italiana y espaola, de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Estos inmigrantes anarquistas, bsicamente artesanos y trabajadores de pequeas actividades econmicas, se dirigieron principalmente hacia las zonas urbanas, formando las primeras levas de movimientos obreros. A partir de la Primera Guerra Mundial y posteriormente durante los aos veinte, la expansin de las manufacturas en la regin crea condiciones para el surgimiento de un proletariado industrial, que tendr su pleno desarrollo con los procesos de industrializacin de la dcada 1930.

Estos movimientos anarquistas tuvieron su auge en toda la regin entre 1917 y 1919, aos en los que se organizaron huelgas generales bastante significativas que abrieron un proceso de sindicalizacin del movimiento obrero, como el caso de Per en 1919, Brasil en 1917, Argentina en 1918 y Mxico en el mismo periodo. Se crea un clima poltico generalizado favorable a la huelga general como forma de lucha principal, a pesar de que en algunos casos stas no tenan un objetivo claro o buscaban una especie de disolucin del Estado. En esta fase se consiguieron avances importantes en las luchas sociales y sindicales, colocndose en el eje de las luchas reivindicaciones especficas como la reduccin de la jornada a ocho horas por da as como mejoras salariales y de condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Es el caso de la huelga de 1919 en el Per, que al igual que otras experiencias en la regin, fueron brutalmente reprimidas sin poder acumular fuerzas, generando una autocrtica en gran parte del movimiento anarquista que va a conducirlos al bolchevismo.

Los movimientos huelguistas estuvieron tambin marcados por la influencia de la Revolucin Rusa, tanto la revolucin bolchevique de 1917 como el proceso revolucionario general y las huelgas generales que haban sido caractersticas en la revolucin de 1905. La corriente bolchevique, llamada maximalista, estaba compuesta principalmente por anarquistas que pensaron que el bolchevismo era una manifestacin del propio anarquismo. Esta visin, que consideraba el bolchevismo como una forma de maximalismo, se mantuvo hasta 1919-1920, cuando los bolcheviques rusos se confrontan con los Kronstadt que haban sido uno de los brazos principales de la revolucin de 1917 y que entran en choque con el gobierno bolchevique, siendo reprimidos tenazmente. A partir de este momento, parte de los anarquistas se alejan del bolchevismo y las corrientes que se mantuvieron fieles al mismo formarn los partidos comunistas.

Este perodo va a marcar la transicin del anarquismo, con su versin maximalista que se destruye junto con las huelgas generales brutalmente reprimidas, a los movimientos comunistas latinoamericanos. Hasta los aos veinte, a pesar de la importancia que la Internacional Socialista tuvo en Europa, los partidos socialdemcratas europeos no llegaron a tener una influencia significativa en Amrica Latina, excepto en Argentina que fue el nico pas que tuvo representacin en la II Internacional. A partir de los aos 20 el movimiento obrero de la regin se incorpora al campo del marxismo, especialmente a su versin comandada por la Internacional Comunista.

El Movimiento Campesino

Histricamente, el campesinado en Amrica Latina estuvo sometido a una fuerte dominacin de los seores de tierra, bajo condiciones extremamente negativas de cultivo y organizacin. En este contexto, slo las comunidades indgenas posean los medios para auto dirigirse y organizarse, a pesar de la represin a la que fueron sometidas secularmente. Este sector fue la cabeza de una insurreccin popular que se convirti en una referencia fundamental en toda la regin : la Revolucin Mexicana de 1910, que tuvo una base campesina significativa. La lucha democrtica contra el porfirismo estuvo conducida principalmente por partidos democrticos de clase media, que por necesidad de base poltica se aproximan al campesinado, producindose una articulacin muy fuerte entre el movimiento campesino y las luchas democrticas mexicanas. A pesar de que los movimientos campesinos no se presentan como movimientos indgenas, se empieza a configurar un vnculo ms claro entre ambos. Los lderes de la Revolucin Mexicana estaban articulados a sus orgenes indgenas, sobre todo Zapata, que tiene una fuerte representatividad como lder indgena, a pesar que no basar su liderazgo especficamente en ello, Porque en aquel momento, el movimiento est volcado fundamentalmente hacia la cuestin de la tierra.

Es necesario destacar tambin el papel especfico de los movimientos campesinos, que llegaron a tener un auge relativamente importante en Amrica Central durante los aos de 1920-1930, cuando ya exista una explotacin de campesinos asalariados directamente subordinados a empresas norteamericanas que los organizan en las actividades exportadoras. En esta regin se formaron bases importantes de lucha por la reforma agraria que debido a la fuerte presencia estadounidense se mezclaron con las luchas nacionales contra la dominacin norteamericana. Este es el caso del Sandinismo, de las revoluciones de El Salvador lideradas por Farabundo Mart, de las huelgas de masas cubanas y, en parte, de la Columna Prestes en Brasil, que a pesar de tener una base fundamentalmente pequeo burguesa, va a entrar en contacto con la poblacin campesina, desarrollando una cierta interaccin de este movimiento de clase media de origen militar con el campesinado. Sin embargo, no se puede hablar de un movimiento campesino realmente significativo en este perodo en Brasil.

El Movimiento Obrero

El movimiento obrero latinoamericano ha sido el otro sostn de las fuerzas populares en el continente y encuentra su base material en la primera ola de industrializacin durante la primera dcada del siglo XX. Podemos decir que se consolida como movimiento mucho ms slido en los aos 20, desde el marxismo leninismo, esto es, de la influencia bolchevique y de la revolucin rusa que se sobrepone a la segunda internacional y al anarquismo. Este aspecto es muy importante para configurar las caractersticas principales del movimiento obrero latinoamericano, sobre todo desde el punto de vista ideolgico.

Paralelamente a este fenmeno, en algunas zonas mineras relativamente importantes se desarroll un proletariado asalariado que tena reivindicaciones propias bastante ms colectivas y cuya formacin tuvo menos influencia anarquista. Esto explicara el hecho de que en Chile existiese un Partido Demcrata con base obrera minera muy significativa, antes del desplazamiento de estos trabajadores hacia el Partido Comunista Chileno bajo el liderazgo de Recavarren, lo que al mismo tiempo otorga a esta organizacin diferencias respecto al resto de los comunistas latinoamericanos, en la medida en que no nace de una base propiamente anarquista, sino de una concepcin poltica ms cercana a la socialdemocracia. El Partido Demcrata Chileno no era propiamente una organizacin socialdemcrata, sino que se aproxima ms al radicalismo de los partidos pequeo burgueses de tipo liberal. En otros pases de Amrica Latina tambin se desarroll una presencia minera importante con un alto grado de sindicalizacin, como en el caso de Per, Colombia y Bolivia. En el ltimo caso, el movimiento minero boliviano slo va a alcanzar su auge en la dcada de 1940-1950, llegando a ser protagonista de la revolucin boliviana.

Los movimientos de clase media y el movimiento estudiantil

El ala del movimiento obrero que luego formar los partidos comunistas se aproxima a sectores de la clase media en torno a objetivos democrticos, como es el caso de los tenientes en Brasil, que sera un movimiento social de clase media militar, con objetivos de democracia poltica. Otros movimientos de clase media, como el aprismo peruano, se adhieren a una plataforma de tipo nacional democrtica, levantando banderas como la democracia poltica, el antiimperialismo, la defensa de las riquezas nacionales, la reforma agraria, la industrializacin asumida como una tarea del Estado, etc. La reforma universitaria fue otra bandera que la clase media levant de manera muy orgnica durante los aos 20 y condujo a un movimiento social propio, que exiga la participacin de los estudiantes en la conduccin de la universidad, la reforma curricular y la apertura hacia los procesos sociales y polticos que viva Amrica Latina. Tal vez uno los momentos ms significativos de las luchas del movimiento estudiantil fue el de la reforma universitaria de 1918 en Crdoba (Argentina), que gener un gran impacto en el ambiente universitario y poltico latinoamericano. En Mxico, la lucha a favor de la reforma universitaria asumir banderas nacional-democrticas y tnicas que no fueron bien asimiladas por los partidos comunistas y por ciertos sectores de la izquierda, aunque finalmente el movimiento educacional mexicano va a tener su gran expresin en la educacin socialista que tendr su auge durante los aos 30.

No se puede dejar de considerar como parte de los movimientos sociales, los movimientos culturales y artsticos que buscaban que el arte se aproximase ms al pueblo y fuese su expresin mayor. Surgen experiencias extremamente ricas en la regin como es el caso del muralismo mexicano, que form parte del movimiento de la Revolucin Mexicana o procesos como la revolucin modernista de Brasil en 1922 y otros movimientos similares, principalmente durante los aos 20. La creacin de la revista Amauta (Lima 1926-1930), fundada por Jos Carlos Maritegui, abre un espacio de reflexin intelectual muy importante en la regin y muestra la fuerza y la profundidad de estos nuevos movimientos artsticos y culturales que se afirman en una identidad propia al mismo tiempo que se proyectan de manera universal a partir de una visin local, poniendo en cuestionamiento las pretensiones universales de occidente.

Hasta los aos 30 se va a definir una plataforma de reivindicaciones de los movimientos sociales de la regin. En esta agenda se coloca el problema de la tierra, de ah la importancia de la Revolucin Mexicana ; la cuestin minera, que representa la cuestin nacional, sea de la propiedad de las minas o de una participacin de los Estados que abrigan los yacimientos en la renta de las minas ; las cuestiones salariales que ya estn articuladas con las otras reivindicaciones, principalmente en las zonas mineras y en las zonas proletarias urbanas, sobre todo cuando el movimiento obrero urbano se va constituyendo ms claramente en un movimiento asalariado.

El populismo y las luchas nacional democraticas

El conjunto de movimientos sociales que surge a lo largo de las primeras dcadas del siglo XX va a tener la oportunidad de aproximarse al poder en los aos 30 y 40 con la formacin de los gobiernos populares y populistas. Estos gobiernos buscan apoyarse en los sectores populares y estructurar sus movimientos sociales en el contexto de una gran lucha nacional-democrtica, integrando todas estas fuerzas sociales y culturales en frentes de contenido nacional-democrtico que ya haban incorporado muchos puntos comunes con los movimientos antiimperialistas de los aos 20 y van solidarizarse con los movimientos anticoloniales afro-asiticos despus de la Segunda Guerra Mundial. Los partidos comunistas en la regin fueron integrando los diversos movimientos a una misma lgica nacional-democrtica en la medida en que avanzaba la lucha anticolonialista.

Despus de la Primera Guerra Mundial, en la medida en que se van constituyendo gobiernos ms prximos a los sectores populares, surge una articulacin ms profunda entre movimientos sociales y Estados nacionales. Un ejemplo claro de este proceso es el caso mexicano, que ya en los aos 20 mostraba una fuerte articulacin entre los movimientos campesinos y obreros y el PRI (Partido de la Revolucin Institucional).

La base social no son ya los inmigrantes, sino los obreros urbanos del proceso de industrializacin de los aos 20. Este nuevo movimiento obrero tiende a un cierto rechazo y ruptura con el antiguo movimiento obrero radical, afirmando un nuevo proletariado de origen campesino sin ideologa, como el caso de Argentina, donde se presentar de manera ms clara este fenmeno. Este nuevo obrero va a aproximarse mucho ms a los dirigentes del proceso de industrializacin, dando lugar a los llamados movimientos populistas : el peronismo en Argentina ; el varguismo en Brasil ; el propio caso mexicano, a pesar del carcter radical del cardenismo y los antecedentes de la Revolucin Mexicana. El cardenismo es, en gran medida, una expresin de la vinculacin de los principales movimientos sociales a los objetivos nacional-democrticos.

En esta nueva fase se perfila el movimiento revolucionario boliviano, que hace converger mineros y campesinos en la lucha por la reforma agraria, la nacionalizacin de las minas y la creacin de una democracia radical de masas, a pesar de la desconfianza entre ambas partes. Los mineros siempre defendieron una reforma agraria basada en la propiedad colectiva de la tierra, mientras que los campesinos defendan la pequea propiedad rural. Estas diferencias dividieron el movimiento de la revolucin en Bolivia y en la dcada de 1960 produjeron una contra-revolucin cuando el movimiento campesino e indgena se lanza contra los mineros, que reciban tambin el apoyo de los obreros urbanos, producindose una ruptura entre la llamada alianza obrero-campesina.

En el caso mexicano, campesinos y obreros continuaron dentro de la revolucin mexicana. Gran parte de la tierra fue colectivizada de forma que el movimiento campesino se mantuvo en una perspectiva socialista, a pesar de que el indigenismo mexicano procur resaltar siempre los peligros de la concepcin colectivista, considerada ineficiente, burocrtica y autoritaria.

De esta manera, se defina el perfil nacional-democrtico como formador de la nueva clase obrera. Dependiendo de la capacidad de comunistas y socialistas de adoctrinarla en una perspectiva socialista, se haca posible articular la cuestin nacional y el antiimperialismo que motivaban las luchas nacionales en el continente bajo la dominacin del capitalismo norteamericano en expansin en el mundo, hasta convertirse en el centro hegemnico del sistema mundial despus de la Segunda Guerra Mundial. La Alianza entre la Unin Sovitica y los EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial se prolonga hasta 1947 cuando la poltica de Guerra Fra convierte los anteriores aliados en enemigos. A partir de este momento EE.UU. es transformado por el movimiento comunista mundial en enemigo de los trabajadores, mientras el servicio de inteligencia norteamericano trabaja para romper la alianza entre comunistas, socialistas y social cristianos que se haba creado durante la Segunda Guerra Mundial. Al ponerse en evidencia el carcter imperialista de la poltica estadounidense, carcter que haba sido olvidado durante la Alianza Democrtica antifascista, empieza a desarrollarse un nuevo frente antiimperialista, que encuentra su punto ms alto en Brasil, a fines de los aos 50 durante el gobierno J.Kubistchek-Goulart. En este perodo los comunistas, que estaban en la ilegalidad desde 1947 despus de slo 2 aos accin poltica legal, vuelven a asumir la condicin de semi-legalidad entre 1961 y 1964 durante el gobierno de Joo Goulart,

En esta misma poca surga una nueva realidad estratgica en Amrica Latina. La declaracin de Cuba como una Repblica Socialista en 1962, en respuesta a la invasin de Baha Cochino, introdujo en la regin la cuestin del socialismo como forma inmediata de transicin hacia un nuevo rgimen econmico-social colectivista. Esta nueva experiencia pas a influir sectores significativos de las fuerzas polticas de izquierda en Amrica Latina, alcanzando su expresin ms elaborada en el programa socialista de la Unidad Popular en Chile, cuando entre 1970 y 1973 intent una experiencia absolutamente inslita : realizar la transicin hacia un rgimen de produccin socialista en condiciones de legalidad democrtica. En este momento de avance de las fuerzas sociales, la tesis de la unidad entre la burguesa nacional y el movimiento popular obrero-campesino-estudiantil se convirti en un principio estratgico fundamental. Concepcin fue derrotada por los golpes de Estado que se sucedieron en la regin.

La violencia de la represin de los gobiernos militares impuestos en Chile y en otros pases contrastaba con la experiencia de un gobierno militar nacional-democrtico en Per, iniciado en 1968 por Velasco Alvarado. Ms que nunca la represin y el terror estatal se desarrollaron hasta sus formas ms radicales. No hay duda que el terror fascista inaugurado por Pinochet y profundizado por los golpistas argentinos llev hasta el paroxismo la represin en la regin.

A pesar de las huelgas de masas de los trabajadores de las grandes empresas agrcolas exportadoras - que sostuvieron a Sandino o impusieron la huelga de masas en El Salvador el movimiento campesino solo vino a alcanzar una victoria significativa durante la revolucin en Guatemala con Arbenz en 1952 y particularmente en la revolucin boliviana cuando las milicias campesinas y mineras tomaron la direccin del pas. En la dcada de los 50 se iniciaron las Ligas Campesinas lideradas por Francisco Julio en Brasil. En los aos 60 la estrategia anti-insurreccional comandada por los militares estadounidenses absorbi finalmente la propuesta de una reforma agraria ordenada que se aplic sobre todo en el Chile demcrata-cristiano bajo la presidencia de Eduardo Frei. Esta reforma agraria se hizo ms radical, completa y profunda en los aos 1970-73 bajo el gobierno de la Unidad Popular, teniendo como presidente Salvador Allende.

A lo largo de todos estos aos, la reivindicacin por la tierra estuvo en el centro de las luchas populares y de la alianza obrero-campesina, con fuerte apoyo estudiantil y de sectores de la clase media urbana. Estas reivindicaciones llegaron hasta la Revolucin Sandinista en Nicaragua. Se puede decir, sin embargo, que en las dcadas de los 80 y los 90 el fuerte control de las multinacionales sobre la produccin agrcola en vastas regiones del continente cambi dramticamente el sentido de la lucha campesina. Entre 1960 y 1990 se complet un proceso de emigracin del campo a la ciudad que expuls definitivamente vastas capas de pequeos propietarios agrcolas y consolid la grande y mediana empresa agroindustrial, articuladas con las transnacionales agrcolas o manufactureras de productos agrcolas. Se desarrolla la figura del asalariado agrcola estacional y surge un nuevo movimiento campesino de carcter sindical, con pequea presin sobre la tierra.

El caso brasileo es paradigmtico : los boias fras (as llamados por la comida fra que llevan para sus precarios almuerzos en un espacio agrcola ultra especializado y mecanizado) inundan las zonas rurales y solamente en la dcada del 80 resurge una demanda por la tierra cuando aumenta el desempleo en las zonas rurales y pequeas ciudades, generando una poblacin desempleada que busca retornar a la tierra. De ah surge el Movimiento de los Sin Tierra (MST) que presiona por una reforma agraria ms gil pero no cuestiona la legislacin de tierras del pas, que dispone la compra de las tierras no cultivadas a precio de mercado para distribuir entre los campesinos sin tierra. La fuerza del MST deriva menos de la radicalidad de su demanda por la tierra que de sus mtodos de ocupacin de la misma para forzar la reforma agraria as como de sus mtodos de gestin comunitaria de las tierras ocupadas por ellos y de su concepcin socialista de una economa donde los campesinos pueden alcanzar su pleno desarrollo. Su preocupacin con la tecnologa agrcola de punta, por las cuestiones ambientales y por la educacin de sus cuadros y de sus hijos los colocan a la vanguardia de la sociedad brasilea. Sus principales banderas de lucha se resumen en : tierra, agua y semillas, es decir, en el la pugna por la soberana alimentar en Brasil. De esta manera, ellos se preparan para enfrentar las transnacionales agroindustriales en una perspectiva de largo, chocando frontalmente con los conservadores brasileos.

Un fenmeno nuevo que hace posible esta concepcin de largo plazo del Movimiento de los Sin Tierra es el fuerte apoyo de la pastoral de la tierra en Brasil. La Iglesia brasilea ha decidido que no puede entregar el ms grande pas catlico del mundo a la voracidad de las elites explotadoras de este pas. Una revolucin social anti-catlica sera un golpe definitivo al catolicismo como religin con pretensiones de universalidad.

La cuestin tnica

En esta fase se incorporan cuestiones totalmente nuevas : El indigenismo, no solo visto como un movimiento de reivindicacin tnico sino como una crtica cultural campesina, donde el campesinado exige su conservacin y no simplemente su disolucin en una sociedad superior. La cuestin tnica se presenta en dos vertientes diferenciadas, la cuestin campesina-indgena y campesina-negra. Es necesario hacer una distincin entre ambas tendencias porque los negros formaron un movimiento principalmente campesino, que asumi la lucha contra el esclavismo, contra la dominacin espaola en Cuba y que particip en la revolucin cubana y los procesos de liberacin de otros pases en la regin. Los negros se organizaron con mucha facilidad y llegaron a constituir una parte importante de ese movimiento obrero no-europeo, no-socialista, pero enmarcado en una vertiente populista. A pesar de que los comunistas consiguieron, en algunos lugares, una base importante en el movimiento negro, tuvieron la tendencia a negar su especificidad, manifestndose contra la idea de que asumiese una forma propia. De esta manera, se buscaba que el movimiento negro se incorporase a las luchas por las libertades civiles, pero se negaba su contenido tnico especfico. La visin tnica de la cuestin negra solo se va a proyectar a partir de la dcada de 1960 y tiene como una de las referencias principales al black power en Estados Unidos, donde se produce una ruptura con la visin de los derechos civiles : los negros sostienen que no quieren ser iguales a los blancos, por lo tanto, sus luchas no son por la igualdad sino por el derecho de ser negros. Esta perspectiva se expresa en la idea de black beauty.

El contenido tnico del movimiento indgena renace en los aos 70, cuando los indgenas reivindican sus orgenes como una estructura ideolgica para las luchas sociales contemporneas y exigen el liderazgo de los movimientos guerrilleros. Un ejemplo de esta nueva perspectiva es la lucha guatemalteca, donde los indgenas dejan claro que la guerrilla estaba dirigida por ellos a pesar de la participacin externa, siempre subordinada a su liderazgo. Esta vertiente se va manifestar tambin en el caso mexicano, que alcanzar una expresin clara en el zapatismo, donde la vertiente indgena asume el carcter de una postura ideolgica propia, que tiene su inspiracin indigenista pero tiene tambin un objetivo universal. Este reconocimiento e identidad indgena latinoamericana es un fenmeno muy profundo que pretende tambin ser mundial : indgenas de diferentes regiones del mundo buscan formar un movimiento que afirma sus luchas en una postura ecolgica basada en una relacin fuerte con la naturaleza, en una ideologa opuesta al capitalismo y a las pretendidas fuerzas progresistas que ven el progreso como un camino destructor de las formas anteriores.

El Movimiento Femenino

Por otro lado, emerge el movimiento femenino de manera especfica, a pesar de que ste existe en todas las pocas como parte de otros movimientos sociales [3]. A partir de la dcada de 1960 este movimiento comienza a reivindicar no slo que los derechos civiles de las mujeres sean incorporados a la sociedad moderna sino que la sociedad incorpore tambin la visin femenina del mundo. Esto supone la participacin de la mujer en la cultura, ya no como un elemento pasivo, sino en un rol protagnico capaz de reestructurar profundamente la subjetividad del mundo contemporneo a partir de una nueva visin que revalore el papel de la vida. En este sentido, la mujer sera no slo portadora de la vida sino de una percepcin del mundo desde el punto de vista de la vida. Esto modifica profundamente la visin de la sociedad contempornea.

La autonomia de los movimientos sociales y las nuevas formas de resistencia

Veinticinco aos de experiencia neoliberal, comandadas a nivel internacional por el FMI y el Banco Mundial, sumergieron nuestros pases en graves problemas econmicos que llevaron los movimientos sociales de la regin a la defensiva. El desempleo, la inflacin, la dramtica cada de los niveles salariales y de calidad de vida, la falta de inversiones en el sector productivo, en infraestructura, o desarrollo social forman un conjunto de fenmenos que va destruyendo el tejido social, que va desestructurando las lealtades institucionales, rompiendo los lazos sociales, abriendo camino a la violencia, las drogas y la criminalidad en sus diversas formas de expresin. Las formas de lucha principales del movimiento obrero, como la huelga y otras formas de interrupcin del trabajo, pierden fuerza en la medida en que amplias masas de desempleados o recin llegados a la actividad laboral estn siempre dispuestas a sustituir a los trabajadores activos. Las posibilidades de lucha en las calles alcanzan cierto auge hasta que el cansancio y el enfrentamiento con formas despiadadas de represin hacen retroceder al movimiento que va perdiendo sus objetivos, abriendo camino a la accin del sub-proletariado que no dispone de programas de lucha organizados y consecuentes.

Los aos de recesin estuvieron agravados por mecanismos de represin institucional y regmenes de excepcin apoyados en formas de terror estatal que haban tenido inicio en la fase anterior. La recesin sistemtica, que debera ocurrir en la dcada del 70, fue retrasada debido a la captacin de recursos externos en forma de prstamos internacionales a bajo costo como consecuencia del reciclaje de los petrodlares. En la dcada del 80 se inicia la fase recesiva con la exigencia de pago inmediato de los intereses de la deuda, aumentadas debido al crecimiento del capital principal bajo la forma de renegociaciones irresponsables y debido al aumento de las tasas internacionales de inters a partir de las decisiones adoptadas por el Tesoro Americano.

Esta combinacin de recesiones sucesivas, regmenes de excepcin, terrorismo de Estado y rebaja del nivel de vida de los trabajadores estuvo seguida de una ofensiva ideolgica contraria a las conquistas de los trabajadores y a las mejoras obtenidas por el conjunto de la poblacin durante los aos de crecimiento econmico. La ofensiva ideolgica neoliberal alcanz su auge en la segunda mitad de los aos 80, con la poltica derrotista de la clase poltica dirigente de la Unin Sovitica y de la Europa Oriental. A partir de la cada de los regmenes del llamado socialismo real se abri una ofensiva ideolgica neoliberal que implant un verdadero terror ideolgico. Cualquiera que reivindicara una crtica al capitalismo o al quimrico libre mercado era inmediatamente segregado de los medios de comunicacin de masas y de la academia. Era la poca del fin de la historia, del fin del socialismo y del marxismo.

Durante los ltimos veinticinco aos los movimientos sociales de la regin estuvieron bajo el impacto de esta situacin crtica, que era posible superar con polticas de preservacin del inters nacional, con la suspensin del pago de una deuda internacional altamente cuestionable y de tasas de inters totalmente insanas. Sin embargo, prevalecieron los intereses ligados al pago del servicio de la deuda y las renegociaciones que incluan inmensas comisiones apropiadas por agentes privados. En este perodo se afirm una tpica burguesa compradora en la regin, que se impuso progresivamente sobre los capitales locales afectados por las polticas neoliberales e impedidos de beneficiarse de los cambios del comercio mundial que fueron casi totalmente aprovechados por los pases asiticos. Ayudados por reformas agrarias profundas, realizadas en la post-Segunda Guerra Mundial Estos pases no dependan tan directamente de los prstamos internacionales para sostener sus polticas de exportacin y de crecimiento econmico y disponan de mercados internos ms amplios y de polticas educacionales profundas que buscaban neutralizar la influencia de regmenes socialistas en el sudeste asitico.

Es natural que durante este periodo, el movimiento obrero renaciera en la regin bajo formas ms cautelosas, buscando el apoyo de los liberales y de la Iglesia que se apart de los regmenes dictatoriales que en el pasado favoreciera, para asumir las banderas de los derechos humanos, de la amnista y del restablecimiento de la democracia. En este ambiente, las propuestas neoliberales encontraron un campo frtil y se enraizaron profundamente en virtud de la auto-destruccin del socialismo sovitico y euro-oriental. Las concepciones neoliberales penetraron fuertemente en los partidos de izquierda, encontrando su formulacin ms sofisticada en la llamada Tercera Va que se desarroll en la dcada de los 90. Se levantaba la tesis de que no haba alternativa para la concepcin neoliberal de la economa, cuya expresin de eficacia era el libre mercado. Libre mercado que no garantiza, sin embargo, los derechos sociales de los trabajadores. Bajo esta visin, sera necesario combinar el neoliberalismo econmico con un programa de polticas sociales (o compensatorias, como lo plantean el FMI y el Banco Mundial al aceptar los efectos negativos provisionales de la transicin hacia el libre mercado). Era evidente la debilidad terica y prctica de esta propuesta que fue en seguida abandonada en la medida en que el neoliberalismo se haca cada vez ms insostenible tanto en el plano tericodoctrinario como prctico.

El movimiento obrero se encuentra an bajo el efecto de estas confusiones ideolgicas pero viene recuperando sistemtica y crecientemente buena parte de su capacidad poltica a partir del crecimiento econmico sostenido de 1994-2000 cuando el desempleo en Estados Unidos cay de 12% a 3,4% anual. La posibilidad de volver a una situacin de pleno empleo provoc un renacimiento de la militancia sindical americana, incluso en la reorientacin de la central sindical AFL-CIO hacia tesis progresistas. En Amrica Latina el movimiento obrero del perodo estuvo en ascenso solamente en Brasil en los aos 70, parte de los 80 y en algunos momentos aislados de los 90. La explicacin de la prdida de combatividad del movimiento obrero en los ltimos aos se encuentra en las dificultades de convivir con el desempleo creciente resultante de la situacin recesiva permanente.

De las fuerzas clsicas del movimiento popular en la fase nacional democrtica, el movimiento estudiantil fue el que ms sufri al ahogarse en el mundo del debate ideolgico y enfrentar el impacto de la ola neoliberal. De ser el centro de las luchas sociales pas a ser un movimiento de reivindicaciones sectoriales, lo que fue aislndolo progresivamente. La expansin de las universidades privadas y del nmero de estudiantes universitarios de clase media disminuy el carcter de elite intelectual de los movimientos sociales que este tena hasta inicios de la dcada de los 70. Esta situacin se agrava cuando la represin comienza a afectar tambin el movimiento estudiantil disminuyendo su militancia y su liderazgo ideolgico. A pesar de haber perdido mucha de su fuerza, ha dejado un rastro ideolgico profundo como resultado de los movimientos de 1968, y en algunos casos, est recuperando protagonismo en las luchas sociales de los ltimos aos, como es el caso de Chile.

En los aos 80 y 90 ganaron una fuerza especial los movimientos de los barrios llamados marginales y hoy excluidos. Su organizacin creciente consigui mportantes recursos fiscales para infraestructura, an cuando stos eran insuficientes para romper sus dificultades bsicas. Las organizaciones de mujeres jugaron un papel fundamental en el movimiento de pobladores, organizndose para la autogestin de recursos dirigidos a cubrir necesidades bsicas de alimentacin, seguridad y servicios, basados en un espritu comunitario y fuertes lazos de solidaridad. Ejemplos claros de este fenmeno son los comedores de madres y los comits del vaso de leche en Per.

Asimismo, el aumento de la actividad comercial de drogas prohibidas, sobretodo la cocana, ha abierto la posibilidad de un relativo enriquecimiento verdaderos ejrcitos de criminales organizados. Una situacin similar a la de Chicago en las dcadas de 1920 y 1930. Esta presencia de los factores criminales en los barrios miserables, como es el caso de Brasil, ha justificado una adhesin creciente de partidos de izquierda y de movimientos populares con responsabilidad de gobierno a las tcnicas de la represin social. Al abandonar la tortura y otros comportamientos violentos en el plano poltico, las fuerzas represivas volvieron a concentrarse en la prctica sistemtica de violencia contra los pobres y criminales de origen popular.

Al mismo tiempo, los movimientos sociales son cada vez ms afectados por las fuerzas sociales emergentes. Es el caso de los movimientos de gnero, los indgenas, los negros, los grupos de defensa del medio ambiente y otros, que imponen nuevos temas a la agenda de las luchas sociales. Su punto de partida asume formas liberales, expresadas en la defensa del derecho a votar, de garantizar jurdicamente sus derechos en bases iguales a la fraccin masculina dominante, de valorizar sus caractersticas propias, de reconocer su identidad y sus caractersticas tnicas como parte sustancial de la cultura nacional. Con el tiempo, estas reivindicaciones pasan a integrar todo un proyecto cultural que exige el rompimiento con la estructura econmico social que gener el machismo, el racismo, el autoritarismo. Podemos encontrar una identificacin sustancial entre el modo de produccin capitalista, como fenmeno histrico, con estas formas culturales que penetran profundamente en todo la superestructura de la sociedad moderna. Las propias races de estas llagas se encuentran en la pretensin de una racionalidad iluminada que tendra a Occidente como cuna y que justificara el colonialismo, despreciando sustancialmente la importancia de las culturas y civilizaciones asiticas, orientales o de las civilizaciones americanas pre-colombinas.

Los movimientos sociales empiezan as a romper con toda la ideologa de la modernidad como forma superior y como nica expresin de la civilizacin. Este enfoque ha dado una fuerza muy especial a los movimientos sociales al presentarlos como fundamento de un nuevo proceso de civilizacin pluralista, realmente planetario, post-racista, post-colonial y quizs post-moderno.

Durante esta fase es necesario destacar dos caractersticas fundamentales : en primer lugar, la identidad de los movimientos sociales empieza a reivindicar una cierta autonoma, sale del marco de los partidos, de las reivindicaciones nacional-democrticas y desarrollistas, para asumir una autonoma bastante significativa, que da origen y se vincula a la cuestin ciudadana de lucha por los derechos civiles y se confunde con las luchas contra las dictaduras en Amrica Latina. Se empieza a desarrollar una interaccin entre los movimientos sociales con relativa autonoma de los partidos polticos y de las ONGs que las apoyan. En segundo lugar, se presenta una tendencia a la formacin de partidos polticos a partir de estos movimientos. La expresin ms avanzada de esta tendencia es el Partido de los Trabajadores en Brasil. Existen tambin otras organizaciones polticas impregnadas de esa visin ideolgica, una sociedad civil que se esta formando y que proyecta sobre el Estado la gran cuestin que la sociedad civil todava no resolvi : en la medida en que ella crece y gana importancia, su relacin con el Estado deja de ser simplemente crtica para ejercer tambin hegemona sobre el Estado. A partir de este momento, la postura crtica se transforma en una postura positiva, que se expresa en propuestas de polticas de Estado y que viene constituyendo una nueva fase de diseo de un nuevo programa de polticas pblicas que absorbe parte del programa nacional democrtico-desarrollista anterior pero con crticas significativas y que incluyen nuevos elementos en la agenda, como las demandas ecolgicas y democrticas de participacin poltica.

Todo esto va constituyendo un nuevo espacio poltico que no resolvi sus contradicciones entre autonoma y gestin del Estado, entre democracia en el sentido de afirmacin autnoma y en el sentido de gestin del Estado, entre reivindicaciones autnomas y de polticas pblicas con capacidad de transformar las condiciones materiales.

La globalizacin de las luchas sociales

Despus de Seattle en 1999, los encuentros del Foro Social Mundial en Porto Alegre y las manifestaciones de masa que lo sucedieron en varias partes del mundo ya se perfila una nueva realidad de los movimientos sociales que indican una dinmica no solamente defensiva sino tambin ofensiva. A pesar de que este fenmeno ya estaba inscrito en las movilizaciones de 1968, cobra un significado especial despus de la cada del campo sovitico cuando las luchas sociales ganan la dimensin de un gigantesco movimiento de la sociedad civil contra la globalizacin neoliberal. Su articulacin con fenmenos polticos se hace ms evidente y se expresa en el surgimiento de formas de lucha insurreccinales nuevas, como el zapatismo en Mxico y sus desdoblamientos internacionales en la convocatoria por la lucha contra el neoliberalismo que atrajo personalidades de todo el planeta ; la emergencia de movimientos indgenas de resistencia que terminan derrocando gobiernos y dando origen a partidos y nuevos gobiernos como en Bolivia y Ecuador ; el xito electoral del PT en Brasil, que surge de una articulacin de los movimientos sociales y de fuerzas de izquierda en Uruguay y Venezuela. Todos estos fenmenos conforman una nueva ola de transformaciones sociales y polticas en Amrica Latina que tiene fuertes races en los nuevos movimientos sociales y en su articulacin con las fuerzas de los movimientos sociales clsicos, en el desarrollo de la izquierda en su conjunto e inclusive, la emergencia de sectores nacionalistas en las clases dominantes. Estos elementos producen un complejo proyecto histrico an en construccin que se expresa tambin el los procesos de integracin regional acompaados de una creciente densidad diplomtica entre los gobiernos de la regin.

El programa alternativo que se dibuja en Amrica Latina no puede restringirse a una resistencia econmica y cultural, ms an cuando la historia de la regin pasa por un largo periodo de estancamiento econmico y el abandono del proyecto desarrollista nacional democrtico confrontado a hierro y fuego por la represin imperialista y gran parte de la clase dominante local ; cuando la historia de este perodo se confunde con la dominacin brutal de los intereses financieros sobre la economa, colocando las fuerzas productivas a su servicio, incluso el Estado que aumenta su intervencin para transferir recursos hacia este sector ; cuando todo esto se hace en nombre de una ideologa reaccionaria que se presenta como la expresin ltima de la modernidad y como el pensamiento nico, resultado del fin de la historia. En tales circunstancias el programa alternativo debe asumir un carcter global, el de un nuevo marco terico y doctrinario que proponga una nueva sociedad, una nueva economa, una nueva civilizacin.

Mientras esta tarea de dcadas se desdobla, se van dibujando luchas parciales que asumen un carcter cada vez ms sustancial. La integracin regional latinoamericana por, ejemplo, gana dimensiones concretas en el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones y el ALBA (Alternativa Bolivariana de los Pueblos) y la Comunidad Sudamericana que cuenta con el apoyo sustancial del ideal bolivariano. Al mismo tiempo, este ideal es convertido en doctrina de Estado y de gobierno en Venezuela, inspirndose en la dinmica de la democracia participativa profundamente articulada a la lgica de los movimientos sociales.

Muchas sern an las novedades polticas, culturales e ideolgicas que surgirn en este nuevo contexto. En el proceso electoral de Lula en Brasil se unieron sectores sociales hasta entonces desarticulados en bsqueda de un nuevo bloque histrico que unificase las fuerzas de la produccin contra de la dominacin del capital financiero. Un perfil similar se dibuj en Argentina despus de los grandes movimientos de masa que cuestionaron radicalmente el programa neoliberal. En toda la regin se habla de un nuevo desarrollismo que busca crear las condiciones de una nueva poltica econmica que restaura en parte los temas y la agenda de los aos 60 y 70 adaptando la misma a las nuevas condiciones de la economa mundial. Lo que importa es la voluntad poltica, los aspectos tcnicos son secundarios y fcilmente obviados por el amplio desarrollo de los profesionales de la regin.

Varias son las manifestaciones concretas de la nueva propuesta que deber sustituir la barbarie intelectual del pensamiento nico neoliberal y que incorporar la regin a una nueva realidad poltica e ideolgica. Esta nueva propuesta pone en debate las grandes cuestiones del destino de la humanidad y los movimientos sociales representarn el terreno frtil en que brotarn las soluciones cada vez ms radicales pues son las races que estarn en juego : la desigualdad social, la pobreza, el autoritarismo, la explotacin. Toda esta agenda estar de nuevo en la arena de la historia.Nmero 27

Reformas educativas: mitos y realidades / Reformas educativas: mitos e realidades

Septiembre - Diciembre 2001 / Setembro - Decembro 2001

Conflictos polticos e interacciones comunicativas en las reformas educativas en Amrica Latina

Sergio Martinic (*)

Sntesis: Pese a la importancia de las Reformas Educativas emprendidas y a los recursos invertidos en la regin sus resultados estn lejos de lo deseado. En la mayor parte de los pases las reformas tienen dificultades y conflictos polticos que han afectado sus diseos y procesos de ejecucin. Este artculo analiza los problemas de ejecucin de las reformas educativas y las consecuencias institucionales de los cambios propuestos. Se describen modos de gestin de las reformas y las interacciones y conflictos que tienen los distintos grupos de inters en momentos como el diseo y la ejecucin de los cambios propuestos. El anlisis est basado en los resultados de estudios de casos realizados durante 1998 en el marco del Programa Reformas Sociales en Educacin y Salud en Amrica Latina y que fue patrocinado por el BID y el CIID de Canad y coordinado por CIDE e ILADES de Santiago, Chile.

(*)Subdirector e investigador del Centro de Investigacin y Desarrollo de la Educacin (CIDE) de Santiago de Chile, y coordinador del Grupo de trabajo sobre reformas educativas y poltica del Programa de Promocin de la Reforma Educativa en Amrica Latina (PREAL).

1. Introduccin

Las Reformas Educativas que se llevan a cabo en Amrica Latina desde la dcada de los ochenta han tenido como preocupacin central mejorar la cobertura, la calidad y equidad de los sistemas. Aplicando la distincin de scar Oslak en este movimiento reformista han existido dos generaciones. La primera de ellas se ha dirigido a reorganizar la gestin, financiamiento y acceso al sistema. La segunda ha abordado los problemas que afectan la calidad de sus procesos y resultados. Ahora a comienzos del siglo xxi estamos en los inicios de una tercera generacin de reformas centradas en la efectividad de las escuelas; en la conectividad de las mismas con todo tipo de redes tanto al interior como al exterior del sistema educativo; en un nuevo tipo de relacin con las nuevas tecnologas, entre otras caractersticas.

Las reformas de los ochenta estuvieron centradas en la descentralizacin de los sistemas pblicos transfiriendo recursos y responsabilidades a las regiones y provincias. Es una reforma hacia fuera a travs de la cual el Estado y el Gobierno central transfieren al sector privado lo que puede ser privatizado y a las regiones, provincias y comunas la gestin y administracin de gran parte de los servicios educativos tradicionalmente centralizados. En casi todos los pases este proceso va acompaado de una reduccin del aparato pblico y de una resignacin presupuestaria favoreciendo principalmente la accesibilidad y cobertura de la educacin bsica o primaria.

En los noventa se constata un nuevo nfasis en las polticas educativas y que da origen a las reformas de segunda generacin. Estas se dirigen hacia dentro. Es decir, hacia los modos de gestin y evaluacin del sistema; los procesos pedaggicos y contenidos culturales que se transmiten en la escuela. Es decir, la caja negra de la educacin. Estas reformas tienen como centro la escuela y la calidad de los aprendizajes. Se promueven polticas que otorgan mayor autonoma y poder a directores y maestros; cambios curriculares y en las prcticas pedaggicas; se disean sistemas de incentivos para maestros segn desempeo y realizan mayores inversiones en infraestructura, textos y otros insumos especialmente en las escuelas ms pobres de la regin. Este nuevo ciclo de reformas est centrado en la calidad de la educacin y promueve cambios en el proyecto y gestin educativa de los establecimientos, en la pedagoga, currculo y sistemas de evaluacin.

2. El problema

Los cambios educativos que se han producido en Amrica Latina son importantes en cuanto al mejoramiento de la cobertura y de los insumos del proceso educativo tales como mejoramiento de infraestructura; distribucin de textos gratuitos; innovaciones educativas; uso de la computadora y de redes informticas, entre otros. Sin embargo, pese a la envergadura de los cambios emprendidos y a los recursos invertidos los resultados en cuanto a calidad estn muy lejos de lo deseado. En efecto, las investigaciones son consistentes en demostrar la persistencia de altos niveles de desigualdad tanto en el acceso como en la calidad de los resultados de los servicios a los cuales se accede.

Frente al problema se ha abierto un importante debate sobre los modelos tericos y pedaggicos que sustentan las reformas. Las hiptesis de causalidad que se han establecido entre los factores intervinientes en el cambio educativo y el peso que tiene las condiciones sociales constituye el objeto central de la discusin.

Pero la discusin no se agota en el examen de estas relaciones. Adems de ello es necesario poner atencin en la gestin y ejecucin de las reformas, ya que en este tipo de procesos radica gran parte de sus problemas.

La formulacin de polticas de reformas educativas y su puesta en prctica constituye un amplio proceso social y comunicativo. En efecto, las reformas educativas tienen por objeto producir cambios culturales que afectan los contenidos, las prcticas y las interacciones de los actores relacionados con el sistema educativo. Este proceso de cambios se realiza en un complejo sistema de relaciones en el cual los actores intervienen con sus propios marcos de referencia desde los cuales piensan, definen sus intereses y las estrategias colectivas de accion1. En estas interacciones se producen consensos, disensos y espacios de incertidumbre.

Esta dinmica alude a un amplio campo de mediaciones que existe entre la formulacin de las polticas y su realizacin en los contextos especficos de cambio. En este campo los actores pueden apoyar, desviar, proponer, neutralizar, o resignificar total o parcialmente las propuestas diseadas. Entendemos las mediaciones no como un mero filtro de los procesos de cambio sino como un espacio y oportunidad para la construccin de discursos, compromisos y de orientaciones de accin que hacen viables y sustentables los cambios que se proponen.

En este contexto adquiere importancia la investigacin y anlisis de las experiencias de reformas que se llevan a cabo en nuestros pases. El estudio de sus procesos de ejecucin y la evaluacin de sus resultados son importantes fuentes de aprendizajes para el rediseo de las polticas de este nuevo siglo. En el marco de esta discusin el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canad (CIID) patrocinaron entre los aos 1996 y 1998 una serie de estudios sobre polticas sociales y reformas en educacin y salud; seguridad social y sistemas de evaluacin y monitoreo en Amrica Latina. En esta tarea se comprometieron cinco universidades y seis centros privados y pblicos de investigacin de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y Per. El programa fue coordinado por el CIDE e ILADES de Santiago de Chile.

Los estudios documentan interesantes propuestas de cambio al interior de un movimiento ms amplio de reformas sectoriales y de transformacin del Estado 2. En este artculo nos basaremos en los estu-dios de casos de experiencias educativas para identificar problemas relacionados con el cambio institucional que promueven las reformas educativas; sus modos de gestin y las interacciones que tienen los distintos grupos de inters tanto en el diseo como en la ejecucin de los cambios propuestos.

2.1 Tipos de reformas y concepcin del cambio

Por lo general las reformas se han basado en un modelo lineal del cambio. Los grandes acuerdos sociales se traducen en polticas pblicas en la medida que los asumen las organizaciones gubernamentales. Desde esta instancia bajan hacia la sociedad esperndose que las instituciones encargadas de su ejecucin acten en forma eficiente y eficaz para el logro de sus metas. Por otra parte, se espera que los usuarios de las reformas aprecien sus beneficios y se orienten con un mximo de racionalidad hacia las mismas. Desde el punto de vista de los diseos y evaluacin este modo lineal se ve reforzado por modelos preocupados de establecer una relacin causal unidireccional entre insumos, procesos y resultados.

En la mayor parte de los casos estudiados las reformas nacen de leyes nacionales y son impulsadas desde arriba por el Estado. Es el sistema el que inicia la transformacin de s mismo y ello ocurre, por lo general gracias a minoras activas y consistentes ubicadas en los aparatos centrales del Gobierno. En el caso de la poltica educativa de Brasil, por ejemplo, es el grupo reformista central (federal) el que promueve el cambio. As entonces, en este caso, los actores estratgicos del cambio son las autoridades polticas de educacin, localizadas en la jerarqua ms alta del sistema (Draibe, 1999). El grupo promotor de la reforma, a su vez, acta en un campo difuso y fragmentado por los intereses de diversos actores. Frente a ello tiene que desarrollar distintas estrategias de negociacin con el fin de reunir apoyos y vencer resistencias.

En varios pases las reformas se realizan al mismo tiempo que se llevan a cabo polticas de ajuste econmico. Por esta razn las reformas para algunos actores aparecen asociadas a privatizaciones; reduccin de presupuesto; bsqueda de mayor eficiencia y reduccin de gastos. En otros casos las reformas educativas se incluyen en el marco de paquetes ms amplios de leyes con el fin de negociar acuerdos amplios en el poder legislativo. Este es el tpico movimiento top-down.

Los estudios demuestran las dificultades que tiene este modelo o tipo de racionalidad de las reformas. Destacan su carcter sistmico y no lineal; la variedad de causas de los problemas identificados; los cambios que requieren de las percepciones y actitudes de la poblacin y subrayan las diversas y complejas interacciones entre la burocracia pblica; la dirigencia poltica; las instancias organizadas y no organizadas de la sociedad.

Para caracterizar las reformas suelen clasificarse en tipos tales como desde arriba hacia abajo; de abajo hacia arriba; o bien reformas del tipo cambio global (big-bang) e incremental. Sin embargo, estas distinciones no permiten dar cuenta de la complejidad de los procesos de diseo y ejecucin de las reformas. En efecto, estas categoras son insuficientes para dar cuenta de procesos sistmicos y donde las interacciones y transacciones entre actores adquieren gran relevancia.

El estudio realizado por M. Echart (1999) sobre la reforma educativa de la provincia de Buenos Aires es un buen ejemplo del proceso que va desde arriba hacia abajo. Se inicia con una ley federal de Reforma la que es asumida, posteriormente, por la provincia al dictar su propia ley para organizar el proceso de reforma. Un caso parecido es el de Colombia. La Constitucin de 1991 plantea el imperativo de la modernizacin de la educacin la que mandata al Gobierno a presentar una propuesta o Ley de reforma educativa.

El caso de El Salvador, en cambio, se trata de una reforma educativa que va de abajo hacia arriba. La experiencia Educo nace de la experiencia de los poblados campesinos que estaban en la zona de guerra. En estas comunidades la educacin tena una forma autnoma y sin injerencia estatal contrataban a los maestros para que enseen a sus hijos. Este modelo es recuperado por las polticas educativas y se extiende luego a toda la zona rural y, finalmente, a las zonas urbanas.

Los estudios muestran que estas distinciones no son absolutas. La experiencia de Buenos Aires se basa en las discusiones y consensos del Congreso Pedaggico. Estos acuerdos son recontextualizados en la Ley Federal. En el caso de Colombia las posibilidades que abre la ley genera un amplio movimiento de discusin nacional de las propuestas realizadas por el Gobierno. Del mismo modo la experiencia desde abajo de El Salvador fue implementada y generalizada gracias a la accin decidida del Ministerio Central que, a su vez, cont con una ministra estable y de gran prestigio en el pas. De este modo, lo de arriba y abajo son ms bien momentos del ciclo de formulacin y ejecucin de polticas que un estado particular y esttico de las mismas.

Otra forma de clasificacin es la que distingue una reforma tipo global o big-bang de las que son incrementales. Las primeras son generales e inmediatas y las segundas son parciales y progresivas. Las primeras abordan el sistema en su totalidad. Las reformas incrementales, en cambio, promueven que las unidades descentralizadas de los sistemas que, a su vez, tienen relaciones abiertas con su entorno, pongan en prctica las distintas innovaciones de un modo gradual de acuerdo a sus propios ritmos y realidades organizacionales y culturales.

En el caso de Chile, por ejemplo, las polticas educativas emprendidas en el segundo gobierno de la concertacin se han extendido a todo el sistema en sus diferentes niveles constituyndose as en una reforma de tipo global (Garca-Huidobro, 1999). En Per la reforma educativa se inicia con un proceso centrado en el mejoramiento de la gestin (1990); luego sigue con la construccin de establecimientos escolares (1995) y finalmente, en 1997, con una poltica integral de mejoramiento de la calidad de la educacin primaria (Vega, 1998).

Las reformas educativas y sociales son transformaciones culturales que requieren del consenso y del involucramiento de todos para su xito. Por ello, las estrategias de cambio dependen, en gran parte, de las capacidades de la base profesional y tcnica de los sistemas y de los contextos institucionales en que sta se desempea. Para lograr cambios como los propuestos se requiere de variados y complejos procesos de construccin del capital humano e institucional.

En regmenes democrticos no resultan las aplicaciones desde arriba. De este modo los reformadores deben relacionar sus proposiciones con las ideas previas, experiencias y culturas de distintos grupos cuyos intereses convergen y compiten en los campos educativos y de la salud. Los procesos de reforma constituyen as un esfuerzo de concertacin social que promueve nuevas interpretaciones y prcticas de accin sobre los caminos y medios para mejorar la calidad y relevancia de la provisin de servicios. Los conflictos y obstculos que enfrentan las reformas constituyen momentos inevitables de un proceso en el cual los actores de un modo racional y pragmtico optan por los caminos viables y de mayor importancia para el logro de los cambios propuestos.

2.2 Los procesos de centralizacin y descentralizacin

Pese a los esfuerzos por descentralizar la gestin de las reformas y procesos educativos se constata que estos procesos son ms bien formales que reales.

En Amrica Latina existen distintos modelos y procesos de descentralizacin. Por ejemplo, del centro a los estados en los pases federales (Argentina, Brasil y Mxico); de los estados a los municipios (Brasil, Chile, Colombia y Mxico) y de los estados a las unidades escolares en forma directa (Brasil, Colombia, El Salvador y Nicaragua). En Argentina se inicia en 1992 una transformacin del sistema educativo que traspasa la provisin de los servicios desde el Gobierno nacional a las provincias. En Brasil, en cambio, la poltica de descentralizacin educativa ocurre en los tres niveles simultneamente. En efecto, se transfieren recursos y poder a estados y municipios y, al mismo tiempo, se entrega autoridad y poder a las unidades escolares y a las familias para la gestin de los establecimientos.

Los estudios realizados por M. Echart (1999) y S. Draibe (1999) demuestran que la eficiencia y eficacia de estos procesos depender, fundamentalmente, de las culturas organizacionales de las instituciones receptoras y de la capacidad que tengan los reformistas de construir alianzas a nivel provincial y municipal. La descentralizacin en cascada plantea una serie de conflictos que retrasan los procesos de cambio. Las burocracias centrales tienden a retener un poder expresado a travs de regulaciones y del control de procedimientos. Las instancias provinciales y municipales ven afectados sus ritmos y estilos de cambio por la presin y regulacin desde el centro. Los intereses de los municipios no siempre coinciden con los de la comunidad, y las autoridades deben negociar con alcaldes, prefectos, directores, y asumir una serie de conflictos institucionales. Por ltimo, los alcaldes tratan de evitar un incremento del gasto en educacin y, a la vez, no miran con beneplcito el poder y atribuciones que se traspasa a la comunidad.

Un modo diferente de ver el problema es el que ofrece el caso de El Salvador. En esta experiencia la descentralizacin traspasa el lmite del municipio para llegar a la propia comunidad. Son ellos los principales interesados en los beneficios de la educacin y quienes pueden exigir mayor responsabilidad y calidad de resultados. Es aqu donde radica el mayor poder para controlar los resultados. Este proceso se puede llevar a cabo con mayor facilidad en las localidades rurales y donde hay menos peso de la institucionalidad estatal (Lard, et al., 1999). En esta misma direccin es relevante la experiencia de los Proyectos Educacionales Institucionales (PEI) ejecutados en Colombia y que promueven la plena autonoma de los establecimientos educacionales tanto en el plano de los recursos como en el de sus opciones pedaggicas (Caballero, 1999).

La descentralizacin beneficia la cobertura de los programas y la eficiencia de los mismos. En Brasil son importantes los avances en cuanto a acceso y cobertura de los servicios educativos gracias a la descentralizacin. Por otra parte, tambin es importante la dinmica que promueven los procesos de descentralizacin en el desarrollo de la participacin social como lo ilustran los casos de Brasil, El Salvador y Per.

Sin embargo, sus efectos redistributivos no son claros. En el estudio de los programas descentralizados de Brasil, los diferentes indicadores de eficiencia y eficacia confirman una pauta sistemtica que tiende a oponer en el polo positivo las escuelas estatales grandes y medias y ubicadas en regiones ms desarrolladas, y en el polo negativo las escuelas municipales pequeas y localizadas en el Nordeste y en el Norte (Draibe, 1999).

Los principales obstculos encontrados en las escuelas y municipios son principalmente institucionales y aluden a las bajas capacidades administrativas; de gestin y de capacitacin de los actores para asumir las funciones de la descentralizacin (Draibe, 1999; Caballero, 1999) y en los sistemas de seguimiento y acompaamiento que deben seguir las nuevas funciones de regulacin y coordinacin de las entidades centrales. Por otra parte, y en el caso de El Salvador, los principales problemas se observan en las localidades vulnerables que, a su vez, son las que movilizan menor capital social. En Colombia, los municipios ms pequeos no obtienen los recursos suficientes por concepto de transferencias ni cuentan con recursos propios para asumir eficientemente la responsabilidad de la educacin (Caballero, 1999).

En conclusin, los estudios analizan distintos modelos y estrategias de centralizacin. Del centro a los estados o provincias; de los estados a los municipios o a la escuela directamente. La descentralizacin tiene mayor incidencia en la accesibilidad y eficiencia en la provisin de servicios que en la calidad y equidad de sus resultados. Para ello, es necesario realizar cambios en la organizacin cultural de las instituciones y en los modelos tericos que sustentan los estilos de gestin. La flexibilidad en los lmites y objetivos definidos por los programas y en las relaciones comunicativas que tienen los actores involucrados favorece cambios en la calidad.

Se constata la falta de capacidades institucionales a nivel local para asumir las responsabilidades que implica la descentralizacin y de instrumentos y competencias para interactuar con alcaldes; burocracias municipales; directores de establecimientos; gerentes locales; asociaciones de padres y representantes de la comunidad. Surgen importantes necesidades de capacitacin del personal y de instrumentos de seguimiento y de evaluacin. Ahora bien, los propios procesos de descentralizacin pueden incidir en la generacin de estas capacidades.

Para una descentralizacin exitosa se requiere del apoyo de las instancias centrales y un adecuado equilibrio. En los programas analizados el contexto de apoyo del entorno municipal (Per) o estatal (Brasil) resulta ser clave para el funcionamiento de las unidades autnomas. En el mismo sentido cabe sealar que el logro de la autonoma escolar en El Salvador fue posible gracias al liderazgo y peso poltico de la ministra que estuvo ocho aos en el cargo impulsando dicha poltica. En sntesis, parece que los cambios funcionan mejor cuando el Estado se involucra y favorece su realizacin.

3. La participacin de actores.

Existe un amplio consenso en que las reformas actuales no son sustentables si la poblacin no se involucra en su diseo y ejecucin. En efecto, el logro de metas en la calidad de los servicios implica el involucramiento de todos los actores en nuevas interacciones; comunicaciones; y responsabilidades para solucionar los problemas que afectan a la poblacin ms pobre.

En el campo de la educacin las reformas promueven cambios sustantivos en las prcticas de enseanza y en las modalidades de aprendizaje. stas no ocurren si las personas no se involucran y tejen mutuamente el cambio. Se asume as que la cooperacin entre diferentes actores y las interacciones flexibles y permanentes entre la escuela y la comunidad garantizarn prcticas innovadoras; conocimientos significativos y el compromiso de todo el entorno con los aprendizajes que favorecen la integracin laboral y social de los sujetos.

Un buen ejemplo de participacin es el estudio realizado por A. Lard, et al. (l999) del caso de Educo en El Salvador. Este es un programa que surge por iniciativa de las mismas comunidades rurales no atendidas por el Ministerio de Educacin. El Ministerio, al evaluar sus resultados, adopta el modelo como poltica para todas las reas rurales y luego lo adapta para las reas urbanas.

El programa promueve que Asociaciones Comunales para la Educacin (ACE) gestionen a nivel local la educacin. El Ministerio de Educacin contrata a las ACE para que stas conduzcan y operen la gestin educativa a nivel local y les transfiere fondos mensualmente para su funcionamiento. Estas asociaciones, a su vez, contratan a los maestros, compran materiales, garantizan la matrcula y cuidan la infraestructura de los establecimientos. Los seis miembros directivos de las ACE son elegidos por la comunidad y tres de ellos reciben capacitacin por parte del Ministerio de Educacin.

El estudio demuestra que cuando se abre la posibilidad de participar la comunidad responde. En ms del 80% de los establecimientos analizados la eleccin de los representantes de la comunidad ha sido participativa y no impuesta por el director u otra autoridad. Sin embargo, las asociaciones (ACE) funcionan principalmente con el aporte del presidente y su tesorero. El resto de los miembros de la directiva y de la comunidad no tiene un mayor inters o tiempo para poder hacerlo. Los padres tienden a delegar la responsabililidad de la educacin en la escuela. La falta de una cultura de participacin; los tiempos de trabajo; la baja escolaridad de los padres y la percepcin que estos tienen de su baja tasa de retorno afectan la posibilidad de la participacin en las zonas rurales (Lard, et al., 1999).

El principal problema detectado en el funcionamiento de las ACE alude a la posibilidad de abordar problemas de tipo pedaggico. La mayor parte de los directores y profesores considera que estos son problemas tcnicos y que deben ser resueltos por los profesores y no por los padres. Por otra parte, la relacin patronal de los docentes es con la Junta Directiva. Por tanto, los padres de familia de las ACE estn facultados para contratar maestros y personal administrativo, as como para despedirlos cuando no cumplen con sus responsabilidades. Gracias a este poder los padres han logrado que los recursos se manejen con mayor transparencia y eficiencia; ha disminuido el absentismo de los profesores y aument el nmero efectivo de horas de clases. Por otro lado, los maestros expresan sus molestias cuando tienen que rendir cuenta y estar presionados por los padres de familia quienes, a su juicio, no estn capacitados para evaluar su trabajo en el aula (Lard, et al., 1999: 43). De este modo, las escuelas Educo, han logrado transformar, en alguna manera, los incentivos; mecanismos de control y de rendicin de cuentas de los profesores.

Los principales problemas de funcionamiento de estas asociaciones se encuentran en la falta de tiempo de sus participantes; falta de informacin sobre funciones y malas interpretaciones en torno al manejo y administracin de fondos. Se logra un buen desempeo cuando el director muestra flexibilidad en su autoridad y liderazgo. Sin embargo, en las escuelas pequeas y ms rurales que urbanas, se corre el riesgo que las asociaciones y directivas terminen por ser un comit consultivo para el director o para el consejo de maestros. En efecto, dadas las caractersticas del poder local es muy probable que los consejos directivos terminen ms bien por avalar las decisiones del director en lugar de discutirlas o de optar por una diferente.

Hasta ahora se ha subrayado la importancia de los contextos sociales, institucionales y de las propias percepciones y expectativas de la poblacin para el logro de una reforma. En efecto para garantizar la sustentabilidad de la reforma stas deben encontrar apoyo y sentido en amplias capas de la poblacin beneficiaria. Sin embargo, el problema no se agota en este acto.

En efecto, los estudios demuestran, a su vez, los conflictos de referencial que se producen entre el grupo tcnico que piensa y disea las reformas y los actores polticos que deciden las opciones que deben asumir los sistemas de provisin de servicios. Los conflictos entre ambos tipos de actores se muestran con claridad en el estudio de G. Cousinet (1999) sobre el programa de medicin de la calidad de la educacin en Mendoza. Despus de una aplicacin exitosa, su desaparicin no respondi a la presin activa y pblica de grupos de inters (profesores y padres) sino que, principalmente, ello se debi a una decisin de los actores polticos que vieron en este sistema autnomo una potencial crtica a su propia gestin. En este caso los responsables del sistema de medicin priorizaron los aspectos tcnicos sobre los polticos y no generaron apoyos firmes y activos en estos actores para lograr una mayor permanencia del sistema.

En sntesis, los estudios analizados demuestran que, pese a la importancia otorgada en los discursos y en las polticas, la participacin social es muy difcil de lograr. En efecto, las personas no sienten una necesidad innata por participar ni tampoco existen frmulas y tcnicas preestablecidas transferibles automticamente para generar una participacin creativa. La trayectoria histrica del Estado y las representaciones que la poblacin tiene de su rol forma parte de una cultura que favorece ms la delegacin que la responsabilidad compartida frente a problemas tales como los de educacin y salud. Por otra parte, la cultura de la escuela; las formas de pensar de muchos profesores y padres; la falta de mtodos flexibles y participativos para trabajar con familias y la comunidad afectan la generacin de espacios activos de cooperacin y de toma de decisiones en el campo educativo.

En los casos analizados se aprecia que la participacin que promueven las reformas educativas no tiene un sentido poltico o ideolgico. Por el contrario, stas son entendidas como sistemas de control social de los resultados de la prestacin de servicios. Es el modo que tiene la sociedad de promover la responsabilidad (accountability) y la calidad de los servicios a travs de una conexin directa y transparente con los usuarios. En los casos analizados de educacin y salud se observan resultados importantes en la eficiencia y eficacia de los sistemas de provisin.

Los cambios que se promueven afectan las concepciones tradicionales tanto del aprendizaje como de la salud. En efecto, los programas analizados favorecen relaciones flexibles entre las categoras acadmicas y del sentido comn de los beneficiarios y una interaccin profesional asistida de tipo dialgico. Estos cambios en las categoras de pensamiento requieren de nuevas alianzas y de relaciones sociales para que persistan en el tiempo. La construccin de acuerdos entre distintos actores y el grado de apoyo de las autoridades municipales; polticas y regionales resultan ser claves para las experiencias de innovacin. Todas las experiencias que se han basado solamente en la conviccin tcnica de sus promotores no logran alcanzar sus objetivos y fracasan. Las disposiciones legales y la existencia de espacios legtimos y eficaces de participacin favorecen el cambio.

4. Conclusiones.

Los estudios de casos analizados describen el estado actual de algunas reformas educativas de Amrica Latina. stas muestran grados importantes de avance y de logros en cobertura y eficiencia. Sin embargo, son menores los avances en calidad y, particularmente, en la equidad.

En el sector de educacin y, pese a la inversin y cambios que se promueven, se mantienen las diferencias de aprendizaje entre escuelas y sectores sociales pobres; medios o altos. El problema es general y an en los pases de la regin con cobertura extensiva y prolongada exposicin de los estudiantes a la escuela, el ascendiente de la enseanza formal est cada vez ms condicionado por factores externos, sobre los cuales sta no tiene influencia directa (Ratinoff, 1995: 27). El capital cultural y econmico de las familias y la riqueza y complejidad de las interacciones y tecnologas con las cuales se relacionan inciden fuertemente en la calidad de los resultados que se obtienen.

El problema es clave porque cuestiona la relacin paradigmtica que se ha establecido entre equidad y educacin. En efecto, y como seala, J. C. Tedesco (1998) esta relacin no es unidireccional ni esttica. Para obtener logros de calidad se necesita una equidad social de base y que este autor denomina condiciones de educabilidad. Tales condiciones aluden a los aprendizajes primarios que tienen los nios de cdigos, hbitos y destrezas en su medio ambiente familiar v social. De este modo, las polticas educativas y sociales deben actuar en forma integral para producir cambios en esta realidad extra escuela y contribuir as a las condiciones que requiere una educacin de calidad.

En general, los gobiernos en la regin han asumido el discurso de la calidad por sobre la equidad. Este discurso es el que predomina para favorecer una mejor competitividad y excelencia. Pero es el ms apropiado para Amrica Latina? La equidad ha quedado en un segundo lugar. El problema es la competitividad y se promueven experiencias ms o menos parecidas en la regin; descentralizacin; gestin; voucher; estndares; mediciones y aplicaciones de test, etc.

En efecto, por la accin de las agencias internacionales y los consensos polticos establecidos en la regin existen modelos de reformas educativas que se promueven. Como en los ajustes econmicos se busca (o se cree) en el funcionamiento de universales o de relaciones ya probadas y vlidas para cualquier situacin. Entre estos universales se destaca el papel que se atribuye a la gestin. Todo parece solucionarse con un mejor management. Se trasladan enfoques de la realidad empresarial a las escuelas o a los centros de salud.

Los estudios discuten este supuesto e indican un cambio que va ms all de logros de mayor eficiencia o de cambios en la gestin. Insertos en una transformacin de las culturas institucionales destacan la importancia del liderazgo; mejoramiento de los sistemas de interaccin; desempeos basados en competencias; flexibilidad y dilogo en las soluciones y comunicaciones entre los distintos actores sociales que participan en los procesos de reforma en los contextos propios de su realizacin.

La economa poltica de las reformas debe relativizar los universales que se instauran. El peso de la cultura y de las tradiciones histricas son claves. Los pases que tienen alta poblacin indgena y rural son diferentes a los ms homogneos y principalmente urbanos. Por ello es recomendable que los bancos y agencias acten con un amplio men de opciones ms que con un nmero reducido, facilitando as la posibilidad de que los pases elaboren sus propias agendas en dilogo y discusin con las agencias.

Los conflictos de los procesos de ejecucin de las reformas deben ser asumidos como algo positivo. Abren posibilidades y opciones. El conflicto puede ser utilizado en forma legtima como un momento para la redefinicin de reformas que no han sido consultadas en forma previa. En el manejo de los conflictos se prueban los estilos de liderazgo. Los equipos que promueven las reformas en distintos niveles y espacios deben tener competencias para ejercer la mediacin y construir consensos en torno a los objetivos y acciones que se promueven.

Es importante subrayar la necesidad de aumentar la capacidad de investigacin y de aprendizaje de los pases. Las limitaciones en los diagnsticos; fuentes de informacin y datos disponibles impiden elaborar propuestas bien fundamentadas y de calidad. No hay masa crtica en los pases debido a la falta de apoyo a la investigacin o por la transferencia de investigadores desde universidades y centros acadmicos a funciones polticas en los ministerios.

En varios de los estudios presentados se destaca la necesidad de crear una cultura evaluativa y de investigacin para el aprendizaje en las instituciones y en la sociedad. Para lograr impactos las reformas deben contar con buenos diseos y sistemas de seguimiento; indicadores e instrumentos validados para verificar sus resultados. La colaboracin horizontal entre municipios y centros puede permitir la construccin de una perspectiva o referencial compartido para interpretar los resultados de las reformas. Es necesario, a su vez, contar con instrumentos y sistemas de procesamiento de informacin de fcil aplicacin para todos los equipos y personal no especializado de los ministerios y ejecutores de las reformas.

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Notas:

1. El concepto de referencial (rfrentiel) lo hemos tomado de B. Jobert, quien lo define como el marco interpretativo o cognitivo de los actores y a partir de los cuales es posible pensar las polticas pblicas como una produccin intelectual de imgenes comunes de la sociedad. Ver: Jobert, B., et al. (1987): Ltat en action. Politiques publiques et corporatismes. Pars, PUF.

2. Para una presentacin de los resultados de este programa ver: Martinic, S., et al. (1999): Reformas en Educacin y Salud en Amrica Latina y el Caribe. Santiago, CIDE.

ndice Revista 27

Sociedad educadora

Sociedade educadora

Revista Iberoamericana de EducacinIII. A partir de la lectura del contenido del artculo Visiones y revisiones. Populismo y cultura poltica en la Amrica Andina del siguiente enlace:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60713488008Desarrolle:

A) Un resumen redactado en un solo prrafo. 2 puntos.

a) Un organizador de informacin que sintetice las principales ideas expuestas. 2 puntosb) Un comentario crtico sobre el artculo.2 puntosIV. Investigue Ud., por lo menos, cinco acontecimientos polticos, econmicos y sociales que estn causando repercusin y plsmelo, en un cuadro, sus causas y consecuencias. 5 puntosCOMISIN DE DERECHOS HUMANOS

Subcomisin de Prevencin de Discriminaciones y Proteccin a las Minoras

49 perodo de sesiones - Tema 4 de la agenda provisional

El ejercicio de los derechos econmicos, sociales y culturales.

Informe final sobre la cuestin de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos econmicos, sociales y culturales), preparado por el Sr. El Hadji Guiss, Relator Especial, de conformidad con la resolucin 1996/24 de la Subcomisin.

ndice del documento.

IntroduccinA.Antecedentes del estudioB.Objetivo del estudioI.CONSIDERACIONES PRELIMINARESII.ALGUNAS PRCTICAS QUE ORIGINAN VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ECONMICOS, SOCIALES Y CULTURALESA.Algunos precedentes histricos.La esclavitud.La Colonizacin.El Apartheid.Saqueo del patrimonio cultural del Tercer Mundo.B.Prcticas actuales que son la causa de violaciones de los derechos econmicos, sociales y culturales, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano.La deuda.Los programas de ajustes estructurales.Embargos comerciales.La Corrupcin.Fraude fiscal y de derechos arancelarios y otros delitos econmicos.III.LAS CONSECUENCIAS DE DICHAS PRCTICAS PARA LOS DERECHOS ECONMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y LOS DERECHOS COLECTIVOSA.Violaciones de los derechos colectivos o comunales.Violacin del derecho al desarrollo.Violaciones del derecho a un medio ambiente sano.B.Violaciones de los derechos econmicos, sociales y culturales individuales.Violaciones del derecho al trabajo.El derecho a la salud.El derecho a una alimentacin adecuada.El derecho a una vivienda digna.El derecho a la educacin.C.Violaciones de los derechos econmicos, sociales y culturales de grupos vulnerables.IV.LA CAMPAA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS AUTORES DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ECONMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.A.Prevencin de violaciones de los derechos econmicos, sociales y culturales.B.Medidas jurisdiccionales contra la impunidad.Quin es responsable?

Quin es la vctima?

Posibles soluciones.V.SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.A.Sugerencias.B.Recomendaciones.

INTRODUCCIN.

A.Antecedentes del estudio1. Por decisin 1991/110, adoptada en su 43 perodo de sesiones, la Subcomisin de Prevencin de Discriminaciones y Proteccin a las Minoras solicit a dos de sus miembros, el Sr. El Hadji Guiss y el Sr. Louis Joinet redactar el borrador de un documento de trabajo, examinando en profundidad la cuestin de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.2. El Documento de trabajo (E/CN.4/Sub.2/1992/18) fue presentado a la Subcomisin en su 44 perodo de sesiones. Incluye un anlisis preliminar de los mecanismos legales y de las prcticas que facilitan la impunidad y propone directrices para la consideracin de medidas anti-impunidad. En su resolucin 1992/23, del 27 de Agosto de 1992, la Subcomisin tom nota del documento de trabajo preparado por el Sr. El Hadji Guiss y el Sr. Louis Joinet y decidi solicitarles redactar un estudio sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y, en particular, proponer medidas que combatan dichas prcticas. La Comisin de Derechos Humanos, en su resolucin 1993/43 del 5 de Marzo de 1993, respald la decisin de la Subcomisin y el Consejo Econmico y Social, con su decisin 1993/266 aprob la actuacin de la Comisin. En el prrafo 5 de su resolucin 1992/23, la Subcomisin decidi considerar el informe en su 45 perodo de sesiones en 1993.

3. El 26 de Agosto de 1993, en su resolucin 1993/37, la Subcomisin acogi satisfactoriamente el informe preliminar -y no el informe provisional como fue errneamente titulado- (E/CN.4/Sub.2/1993/6), preparado conjuntamente por los Sres. Guiss y Joinet, solicitndoles la presentacin, en su 46 perodo de sesiones (1994), de un informe con conclusiones y recomendaciones sobre el primer aspecto de la cuestin de la impunidad, relacionado con los derechos civiles y polticos y continuar el estudio sobre el segundo aspecto de la cuestin, concerniente a los derechos econmicos, sociales y culturales. Por tanto, en el 46 perodo de sesiones, fue presentado un breve informe preliminar (E/CN.4/Sub.2/1994/11) sobre la impunidad y los derechos econmicos, sociales y culturales. En dicho perodo de sesiones, y teniendo en cuenta las dificultades de coordinacin entre los dos autores y con el propsito de facilitar el tratamiento de la cuestin, la Subcomisin decidi, en su resolucin 1994/34, encomendar al Sr. Joinet la finalizacin del primer aspecto relativo a los derechos civiles y polticos, y al Sr. Guiss el segundo aspecto concerniente a los derechos econmicos , sociales y culturales , y solicit a los Relatores Especiales presentar sus respectivos informes a la Subcomisin en su 47 perodo de sesiones.

4. En el 47 perodo de sesiones (1995), fue presentado por su autor, el Sr. Guiss, un primer informe preliminar relativo a la oposicin a la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos (derechos econmicos, sociales y culturales) (E/CN.4/Sub.2/1995/19). En vista del inters sobre el tema tratado en el estudio y de la importancia de las cuestiones planteadas, fue presentado, en 1996, un segundo informe preliminar (E/CN.4/Sub.2/1996/15); fue planeado para complementar el anterior estudio e incluye las sugerencias hechas por algunos de los miembros de la Subcomisin, as como por individuos y organizaciones no gubernamentales involucrados en la cuestin. En su resolucin 1996/24, la Subcomisin solicit al Relator Especial presentar un informe final en su 49 periodo de sesiones (1997).

5. Este documento, basado en los dos ltimos informes antes mencionados, constituye, por tanto, el informe final sobre la impunidad de los autores de violaciones de derechos econmicos, sociales y culturales un informe final en el que muchas cuestiones de gran importancia son, no obstante, planteadas. A pesar de todo, el propsito esencial es, sin duda, preparar el terreno para una discusin sobre el tema y promover un intercambio de ideas a este respecto. Esto posibilitara completar el estudio y contribuir a un verdadero ejercicio de los derechos econmicos, sociales y culturales.

B.Objetivo del estudio.6. Esta parte del estudio, que trata nicamente el tema de los derechos econmicos, sociales y culturales, se refiere a todas las violaciones actuales o recientes de estos derechos y de los llamados derechos colectivos, tales como el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano, independientemente de sus autores, bien sean Estados o sus agentes, grupos de Estados, organizaciones nacionales o internacionales o individuos o grupos que actan fuera de la competencia del Estado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si un Estado tolera en su territorio - o en territorio ocupado por la fuerza - la realizacin, por individuos, de actos que constituyen violaciones, tiene la responsabilidad y el deber de impedir su impunidad.7. Tambin ser necesario, a travs