Favelización de Córdoba. droga, poder y burocracia

Favelización de Córdoba 1

Sebastián García Díaz2


Sebastián García Díaz

Favelización

de CórdobaDROGA,

PODER Y BUROCRACIA


© El Emporio Libros S.A.9 de Julio 182 - 5000 CórdobaTel.: 54 - 351 - 4117000 / 4253468 / 4110352E-mail: [email protected]

Diseño de Tapa: Cristian GodoyCoordinación de Diseño: Alberto Finkielztein

Hecho el depósito que marca la Ley 11723ISBN: 978-987-1268-78-8

Impreso en Córdoba, ArgentinaPrinted in Córdoba, Argentina

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García Díaz, Sebastián Favelización de Córdoba : droga, poder y burocra-cia . - 1a ed. - Córdoba : El Emporio Ediciones, 2010. 140 p. ; 23x15 cm.

ISBN 978-987-1268-78-8

1. Drogadicción . I. Título CDD 613.8

Los dichos, opiniones y comentarios de este libro sonresponsabilidad exclusiva del autor.


A todos los padres que sufrieron la muerte

de sus hijos por causa del alcohol y de la droga.

Que su dolor sirva para forzar el cambio.


Índice

Presentación ....................................................................................9

1. El informe que forzó mi renuncia ............................................. 15

2. El desafío de fundar la Secretaría ............................................. 31

3. Un Consejo anti-drogas que nació muerto ..............................45

4. “Favelización” de Córdoba .......................................................59

5. La lucha solitaria contra el alcohol ...........................................65

6. Lo que sí pude hacer .................................................................85

7. ¿Dónde metemos a los adictos? ...............................................93

8. Combatir las drogas, sin silla ni lapicera ............................... 103

9. Conclusiones para el futuro ................................................... 121

10. Cinco reflexiones finales ....................................................... 129


Presentación

“Las campañas contra los narcóticos en México y Colombia

desplazaron las actividades de los traficantes hacia la

Argentina”. No es una opinión personal. Lo afirma el último

documento sobre “Estrategia para el Control Internacional de

Narcóticos” del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“Argentina –agrega– siguió siendo durante 2009 una

importante ruta para el tránsito de la cocaína producida en los

Andes. Mientras la mayor parte del tráfico se dirigió a Europa,

hubo efedrina destinada al contrabando en México y Estados

Unidos”. En otro párrafo consigna: “El año pasado también

entró a la Argentina marihuana en cantidades significativas,

en su mayor parte para consumo interno, y se originaron

precursores químicos que fueron enviados a países vecinos para

la producción de cocaína”.

Argentina es “el país perfecto” para la actividad de estas

organizaciones criminales y especialmente para la más

aguerrida, sangrienta y potente de todas, la ‘Ndrangheta, que

es hoy la mafia más importante del mundo. Así lo confirman

magistrados italianos, que viven “blindados” porque la mafia

calabresa está decidida a eliminar a estos valientes hombres de

justicia.

Córdoba, en este contexto, se ha convertido en una plaza

estratégica en el tráfico, producción y comercialización de dro-

gas, así como en su consumo. La “isla” que a veces creemos que

somos los cordobeses, en este caso está siendo utilizada por

grandes redes internacionales de narcotráfico para enviar dro-

ga a distintos puntos del país y del mundo.


El poder de estas redes es tal que pueden comprar empre-

sas, emprendimientos inmobiliarios, clubes deportivos, medios

de comunicación y referentes de opinión, y corromper institu-

ciones políticas, civiles, judiciales y de seguridad.

Para tener una real dimensión de su poder, tengamos en

cuenta que el mercado ilegal de estupefacientes moviliza a ni-

vel mundial aproximadamente unos 50.000 millones de dóla-

res al año. En Argentina la cifra no es menos impactante: unos

2.000 millones de dólares anuales. Si Córdoba representa el

10% en todos los mercados nacionales, hablamos de unos 200

millones de dólares al año, lo que nos da una idea de los recur-

sos que maneja el narcotráfico en nuestra provincia. Es dema-

siado poder económico como para que tengamos una mirada

ingenua sobre el desafío que supone enfrentarlo.

En la otra cara de la moneda, miles de adolescentes y jóve-

nes se lanzan en Córdoba, en forma creciente, a experiencias

cada vez más intensas de consumo de alcohol y de otras dro-

gas. Las encuestas y estudios realizados en la provincia indican

que la edad de inicio es cada vez menor y la cantidad que se

consume es cada vez mayor. Las consecuencias en términos de

muertes, accidentes, violencia y embarazos no planificados es-

tán a la vista, con gran dolor y preocupación para las familias

que se ven involucradas en esta problemática.

Hay una oportunidad de revertir esta tendencia, antes de

que lleguemos al punto en el que se encuentran hoy países como

México, Colombia o Brasil. En la cuestión del alcohol, estamos

viviendo ya un verdadero genocidio humano, con más de 3.000

jóvenes que mueren al año en Argentina por circunstancias vin-

culadas al consumo de esta sustancia de alto riesgo. Son 30.000

jóvenes muertos en una década.


En este sentido, hay que tener en cuenta que las adicciones

son un fenómeno social particular, ya que tenemos al frente un

sujeto activo desplegando todo tipo de estrategias para lograr

que aumente el consumo. La violencia familiar también es un

fenómeno social, por ejemplo, pero no hay gente que la

promocione en forma directa y activa. En cambio en el caso de

las drogas, hay miles de personas en toda la provincia que se

levantan todas las mañanas pensando cómo venderles más sus-

tancias a nuestros hijos.

Lo mismo ocurre con el alcohol, así como en el caso del

tabaco. Lo más triste –hay que decirlo– es que en el caso de

una adicción tan dolorosa para las familias afectadas como es

la ludopatía –la adicción al juego y las apuestas– sea el propio

Estado provincial el que la promueva a través de la autoriza-

ción indiscriminada de casinos y slots en zonas en las que no

tienen ninguna razón de ser.

En el caso de las drogas ilegales, es muy importante tener

conciencia de que los verdaderos cabecillas de las redes de

narcos no son los personajes que usualmente escuchamos ha-

cen de dealers o incluso de caudillos en los barrios marginales.

Ellos son un eslabón más en la cadena. Probablemente los jefes

del narcotráfico en Córdoba no vivan en Colonia Lola, Villa Páez

o Bella Vista sino en las mejores casas de los mejores barrios

cerrados. De hecho son personas con contactos en los más al-

tos niveles sociales donde buscan la cobertura estructural para

sus negocios.

Nadie envía un camión con 2.000 kilos de cocaína (tenga-

mos en cuenta que cada kilo puede valer U$D 5.000 en nues-

tro país y hasta U$D 40.000 en España) a transitar por las ru-

tas argentinas para llegar al puerto de Buenos Aires o al Aero-


puerto de Ezeiza y embarcar hacia España o Italia, sin tener

garantías de impunidad en el más alto nivel. Los narcos no to-

man semejante riesgo sin una cobertura estructural del poder.

Lo que hay que hacer, por tanto, es mucho y es complejo:

organizar la prevención en la provincia, proyectar un plan para

asistir a los adictos –en este terreno, Córdoba está muy atrasa-

da– y coordinar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico,

poniendo el foco en los grandes narcos y no sólo en la venta al

menudeo. Con el mismo grado de importancia, organizar el

control de la oferta de alcohol en la noche de Córdoba, asu-

miendo que el alcohol es –hoy por hoy– la droga más peligro-

sa.

No es un dato menor que los jóvenes nos manifiesten en

una encuesta que el 50% de las veces que les han ofrecido dro-

gas ha sido en los mismos boliches donde usualmente van a

bailar, lo que muestra que en el mismo ámbito se están consu-

miendo alcohol y drogas sin ningún control.

No hace falta que subraye la complejidad de esta proble-

mática. Estamos hablando nada más ni nada menos que de uno

de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana: las

adicciones, es decir, la necesidad de consumir sustancias para

sentirnos de otra forma de la que en verdad somos y la inten-

ción por parte de otros de explotar estas debilidades humanas

con fines comerciales. En este terreno nadie tiene la receta

mágica y la experiencia mundial está repleta de políticas erra-

das.

Con esta impronta y también con estas precauciones, asu-

mí el cargo de Secretario de Prevención de la Drogadicción y

Lucha contra el Narcotráfico, invitado como independiente al

gobierno de Juan Schiaretti. La tarea encomendada fue fundar


el organismo creado por la Ley 9.600, votada por unanimidad

en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la semana ante-

rior a mi asunción.

Sin embargo, a días de cumplir un año en la gestión, debí

renunciar en el medio de una fuerte confrontación con el go-

bierno y las instituciones involucradas. Este libro es un resu-

men de esa experiencia. En las páginas que siguen intento de-

jar sentado todo lo que vi, lo que me ocurrió como funcionario,

y lo que tendrá que cambiar en algún momento en Córdoba

para que las drogas no terminen poniendo en jaque a nuestra

provincia.

Algunos diálogos y racontos los he resumido al solo efecto

de mantener el relato de lo que verdaderamente aconteció. En

esencia este escrito es un testimonio. Alguien que viniendo de

afuera, cuenta a sus conciudadanos lo que ocurre adentro. Pue-

do adelantar que la ventana que abro a la intimidad del poder

es indignante por momentos. Para algunos tal vez no agregue

nada nuevo, porque uno se imagina que es así. Pero una cosa es

imaginarlo y otra vivirlo. Vale la pena compartirlo.

Creo que este libro cierra, a su vez, una instancia que se

abrió con el anterior –Cómo salvar a la política. Se trata de

nuestros hijos– editado en el año 2005, donde ponía en orden

todas las ideas de fondo, que ahora han sido contrastadas con

la experiencia concreta del gobierno.

Recuerdo la frase que me acercó al oído uno de mis colabo-

radores cuando salimos de una reunión con el ministro Carlos

Caserio, en la que todas nuestras iniciativas eran sistemática-

mente rechazadas: “Esto va a ser más difícil de lo pensábamos,

Sebastián”, me dijo. Y estaba en lo cierto. No me arrepiento de

lo hecho. Ahora sabemos perfectamente cuáles y quiénes son


los obstáculos para que la situación cambie. Y estamos prepa-

rados para enfrentarlos. Pero los cambios no se pueden hacer

con poder prestado.

Quiero hacer un agradecimiento especial a todos los técni-

cos, funcionarios y responsables que me ayudaron a tener una

perspectiva completa de las falencias estructurales pendientes

y las soluciones posibles. También a los miembros del partido

que presido, Primero la Gente, y al equipo que se sumó a la

gestión y empujaron junto conmigo –todo lo que pudimos–

para cambiar esta realidad. Por supuesto, una mención espe-

cial a mi mujer, Carmen, que me ha apoyado en todo este pro-

ceso en forma incondicional, y a mis pequeños hijos.

Espero que el material sea un humilde aporte a todos los

que –como nosotros– están buscando la forma de transformar

la política de nuestros convulsionados países en desarrollo.

Aunque a primera vista nos produzca dolor y escepticismo, en

realidad estas páginas son un mensaje de esperanza. La espe-

ranza que vence al miedo.

Sebastián García Díaz

Córdoba, 2 de abril de 2010


1. El informe que forzó mi renuncia

El viernes 6 de noviembre de 2009 ingresé al hall de entrada de

la oficina de Casa de Gobierno y pedí hablar con la secretaria del

Gobernador. “Vengo a dejar este informe para Schiaretti que tam-

bién le acabo de acercar al ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos

Caserio” le señalé.

El jueves 10 de diciembre, un mes después, a través de un correo

electrónico le solicité al ministro Caserio una reunión formal con el

gobernador y con él para hablar del informe presentado y poder pro-

fundizar en los detalles. Nunca recibí respuesta.

El miércoles 13 de enero de 2010 tomé la decisión de hacer pú-

blico un extracto de ese informe. Tenía conciencia de que estaba po-

niendo en riesgo mi cargo. Pero era el momento de hacer participar

a la ciudadanía. Que se conocieran las falencias estructurales en la

lucha contra el narcotráfico y que ese conocimiento sirviera como

presión pública para lograr avances más categóricos.

Lo conversé con todos mis colaboradores cercanos en la Secre-

taría y todos me apoyaron, aun sabiendo que ellos también podían

perder sus trabajos en los que habían puesto tanto esfuerzo a lo lar-

go del año 2009.

Hice público un extracto de aquel informe a los medios de pren-

sa con un planteo muy claro respecto a la falta de un Plan Nacional

de Lucha Contra el Narcotráfico y, fundamentalmente, la falta de

una Fuerza de Elite capaz de perseguir a las grandes redes de

narcotraficantes.

Pero ¿qué decía el polémico informe? Lo reproduzco aquí por-

que es un resumen muy esclarecedor de todo lo que está pendiente

en Argentina (y en Córdoba) sobre la materia.


EXTRACTO DEL INFORMEPRESENTADO AL GOBERNADOR SCHIARETTISOBRE LA SITUACIÓN DE LA LUCHA CONTRA

EL NARCOTRÁFICO EN CÓRDOBA

a. Balance en Prevención, Asistencia y Lucha con-tra el Narcotráfico.

A diez meses de haber aceptado la oferta de hacermecargo de la creación de esta Secretaría, vale un balan-ce del plan de acción que se está implementando y re-marcar los factores críticos para seguir adelante.Hemos logrado avances importantes en la Sistematiza-ción de la Prevención de la Drogadicción, tanto desde elpunto de vista Institucional–Educativo, a través de la ins-trumentación del Programa Quiero Ser en las EscuelasPrimarias, como en la organización de la comunidad através de la Red Social de Prevención Córdoba Libre,ambos con proyección provincial.No hemos tenido iguales resultados en lo que hace a laasistencia a adictos, más allá de los esfuerzos que he-mos realizado desde la Secretaría por canalizar las in-quietudes de los que se han contactado con nosotros.Sin embargo, la ley nos brinda una competencia sólo decoordinación y no de acción directa.El trabajo de coordinación que hemos llevado adelantecon el Ministerio de Salud, todavía no arroja, en estesentido, resultados objetivos para la ciudadanía. Urgeavanzar en un Sistema Complementario de Becas deapoyo para tratamiento de adictos sin recursos ni co-bertura social en centros privados y organizaciones nogubernamentales, mientras extendemos la respuestadesde la órbita pública, a escala provincial.Mi mayor preocupación está concentrada, sin embargo,en los pocos avances realizados en lo que respecta a laLucha Contra el Narcotráfico en Córdoba.Más allá de los esfuerzos positivos que hemos hechoen conjunto con la Policía de Córdoba, por canalizar deforma ordenada las denuncias anónimas que puedehacer la ciudadanía, a través del 0–810–888–3368, hay


una necesidad imperiosa latente de exigir al Nivel Fe-deral –a los poderes correspondientes– la decisión deluchar contra el narcotráfico con otra escala y otra pro-fundidad.

b. Necesidad de exigir un Plan al Gobierno Nacional

En esta materia el territorio provincial se ve profunda-mente afectado por la falta de políticas públicas efica-ces desde la órbita federal.Ha llegado la hora, en ese sentido, de presionar al go-bierno nacional, con la misma firmeza con que lo hace-mos por otras cuestiones, también respecto a este tema.Urge instrumentar un Plan Nacional para combatir lasredes de narcos que se están apoderando paulatina-mente del país.Las señales que se reciben, por ahora, desde el EstadoNacional son muy confusas. No es un tema menor elreciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que de-clara inconstitucional la penalización de la tenencia paraconsumo y que ha supuesto un duro golpe. En primerlugar a la propia tarea de prevención, por las distorsionesque produce el mensaje despenalizador en los miles dechicos que tenían esa barrera legal como un límite a sucuriosidad por experimentar. En igual medida a la Lu-cha contra el Narcotráfico, puesto que deja abierta lapuerta para que –aprovechando la confusión entre elsimple tenedor y el comercializador al menudeo– semultipliquen los jóvenes vulnerables enlistados para elmicrotráfico impune.Pero la cuestión no se agota en ese fallo. La oferta dedroga crece en forma exponencial en todo el territorionacional (es importante que desde Capital Federal nocircunscriban su mirada sólo al Gran Buenos Aires).Mientras cada provincia haga lo que pueda, no estare-mos dando una respuesta adecuada a la escala del pro-blema.Para tener una idea, me circunscribo a Córdoba. Si cal-culamos que a esta altura ya existen unos 5.000 puntosde venta de drogas en la Provincia y hablamos de por lo


menos unos 40.000 kilos, sólo de marihuana, al año paraproveerlos. Esta cifra nos da la pauta del esfuerzo quedebemos hacer para aspirar a dar un golpe certero altráfico de estupefacientes. Si la multiplicamos por todaslas provincias, el cálculo se vuelve alarmante.

c. Necesidad de Radar en la zona norte de Córdoba

Por aire están aterrizando todos los días del año avio-netas de vuelos clandestinos en nuestro territorio pro-vincial con total impunidad. Para controlarlo necesita-mos del gobierno federal, el largamente prometido Ra-dar con la tecnología adecuada, a ser instalado en lazona norte de Córdoba.Las noticias indican, sin embargo, no sólo que no ten-dremos novedades en este sentido, sino que ademáses irregular el funcionamiento del radar que ya existe enla Provincia de Misiones. Hablamos de 220 vuelos ile-gales diarios que se calcula ingresan por dicha fronteranorte y que aterrizan en más de 1.000 pistas clandesti-nas.Si se decidiera un rápido avance en el proceso deradarización, a la par es preciso que los legisladoresnacionales aceleren la sanción de una Ley de Derribo,normativa básica para poder realizar un control efectivode esos vuelos. No tener esa herramienta de amenazaa los que no obedecen la señal de aterrizar es una ra-zón suficiente para que los narcos se nos “rían en lacara”.

d. Legislación adecuada respecto a Lavado de Di-nero, Vínculo con otros delitos y tráfico de drogasde diseño

No es la única asignatura pendiente por parte de nues-tros representantes legislativos. Urge que los Diputa-dos y Senadores nacionales avancen en mejorar lasregulaciones necesarias respecto a Lavado de Dinero.Argentina cuenta con una legislación al respecto, perocasi no se registran condenas.


Lo mismo respecto a los vínculos del Narcotráfico conotras redes de delitos como la Trata de Personas, queestá afectando seriamente la zona sur de nuestra Pro-vincia de Córdoba.Un capítulo especial debe ser dedicado al creciente trá-fico de drogas de diseño y sus precursores químicos. Sino preparáramos la legislación y la estructura de controla este nuevo formato de comercialización de estupefa-cientes, en breve nos convertiremos en referencia a ni-vel regional y mundial sobre la materia.En nuestra provincia, se ha dado el vergonzoso caso enel 2009, de atrapar a un hombre que traficaba más de120.000 pastillas ilegales, quedando en libertad a las48hs por falta de una normativa que castigue como co-rresponde el delito.Lamentablemente, el cierre de las sesiones de este añoen el Congreso Nacional, no arrojó novedades sobreninguna de estas cuestiones.

e. Necesidad de una Unidad de Control Preventivo

Por tierra, las fronteras del país son demasiado flexi-bles. Además de un control fronterizo más eficiente,necesitamos instrumentar un Sistema de Postas Móvi-les en todas las rutas del país, similar a la tarea de laPolicía Caminera de Córdoba, que ha dado excelentesresultados.Una propuesta de este tenor ha sido elevada a la Poli-cía de la Provincia de Córdoba por nuestra Secretaría,para controlar al menos las rutas de la provincia. Al finalde cuentas, no importa por dónde ingrese la droga, enalgún momento se traslada por carretera.La creación de esta unidad requiere, sin embargo, lainversión en scanners de última generación, personalcapacitado y asistencia de canes y otras herramientastecnológicas. Su potencial lo justifica.Por Ferrocarril no hay controles efectivos, y tampoco lohay en lo que llega por Correo Postal, ni por tránsito dePersonas. Esta Unidad de Control Preventivo, tambiéndebe extender su competencia en forma paulatina a


estos otros canales críticos de ingreso de droga al país.En definitiva, es urgente desarrollar divisiones de lasfuerzas de seguridad con capacidad y recursos suficien-tes para realizar tarea preventiva y disuasoria en todoslos frentes, más allá de las estructuras que disponga-mos para la acción de investigación directa y persecu-ción.

f. Necesidad de fort alecer la Acción Federal en laProvincia.

La Justicia Federal, no sólo en Buenos Aires sino encada distrito, requiere ser provista de una fiscalía exclu-siva en la materia. O al menos el Poder Nacional debebrindar el equipamiento y la escala necesaria para darrespuesta. La cantidad de personas y los recursos conlos que cuentan hoy las fiscalías locales no resultanadecuadas para liderar el proceso de investigación ycaptura.La Policía Federal, más allá del valor de sus hombres,concentra su mayor efectividad en la Capital Federal y aesta altura es un insulto para los provincianos que ten-gamos a la mayoría de sus efectivos haciendo tareasordinarias en la Ciudad de Buenos Aires, en lugar deconcentrarse en investigar y perseguir delitos comple-jos de órbita federal, con equipamiento y recursos hu-manos, adecuadamente distribuidos en todo el territorionacional.Las policías provinciales están desbordadas, en su asis-tencia diaria a la Justicia Federal, por la lucha contra los“kiosquitos” de venta de droga que los vecinos denun-cian alarmados y que se multiplican como hongos enlos barrios. Este año la Policía de la Provincia de Córdo-ba ha elevado los procedimientos a una cifra históricade 1.736 pero en un porcentaje mayoritario se trata deeste tipo de vendedores al menudeo.¿Quién está concentrado en investigar y atrapar a losnarcotraficantes principales en Argentina? Hoy la res-puesta no es clara y determinante. Las investigacionesgrandes, que llevan dinero, esfuerzo, tiempo y perseve-


rancia, no son dirigidas ni recompensadas por ningúnpoder directivo concreto que tenga los recursos suficien-tes. Crear esta instancia es prioridad uno.En verdad lo que se necesita es una Fuerza Nacionalde Elite, dispuesta y capaz de liderar el proceso de in-vestigación y persecución de las redes de narcotráficoa nivel federal. Esta fuerza, o surge de la propia PolicíaFederal o se crea una instancia nueva con este objeti-vo.

g. Necesidad de mejorar las herramient as tecnoló-gicas

El sólo hecho de observar el Centro de Escuchas Tele-fónicas –de órbita nacional– que funciona, por ejemplo,en Córdoba nos puede dar una idea de lo burocráticoque supone llevar adelante las investigaciones comple-jas, dado que las escuchas telefónicas son la principalherramienta que se utiliza, al menos en nuestra jurisdic-ción.

h. El problema más grave: la “favelización” de losbarrios

No puedo terminar sin remarcar el modo en que las re-des de narcotráfico se han instalado en barrios de todoel país (no sólo en el Gran Buenos Aires). En Córdobaya operan en forma incipiente como carteles, subordi-nando a la comunidad a su propuesta económica y a sudinámica de funcionamiento ilegal. ¿Podemos ver im-pávidos cómo repetimos el proceso de Río de Janeiro,de Juárez o de Cali?En estos casos, las intervenciones judiciales y policialesque utilizamos en Argentina para casos puntuales pier-den eficacia.Sólo una acción de alto impacto policial, coordinado contodas las fuerzas de seguridad del país, puede protegerlos derechos de las familias que todavía no han caídoen la subordinación a los narcotraficantes, pero que sinembargo se sienten desamparadas frente al fenómeno.


Ni siquiera la intervención social preventiva o asistenciales suficiente en la zona –lo he comprobado personal-mente– si no somos capaces de dar una respuesta con-tundente en el castigo a los narcos que operan con totalimpunidad en el sector.En este sentido, sin embargo, estamos obligados a re-doblar los esfuerzos de coordinación para que la acciónsocial y comunitaria que lleva adelante el Gobierno deCórdoba en estos barrios no aparezca como esfuerzosaislados y fragmentados.Nuestra propuesta es crear un Comité Interministerial,encargado de sistematizar y acelerar las soluciones quese requieren a nivel social en cada uno de estos barriosmuy comprometidos con el narcotráfico.Pero insisto en que, aun siendo eficaces en esta res-puesta, todavía queda por desarrollar herramientas dealto impacto para desbaratar las bandas que operan enesos barrios.

i. Conclusión

La Policía de Córdoba ha incorporado nuevos efectivosa la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, nuevoequipamiento y móviles. La difusión del 0–810–888–3368seguirá ayudando a sistematizar la información que acer-ca la ciudadanía, sin la presión de tener que hacerlo enforma personal. Pero si, desde la órbita federal, no reci-bimos novedades sobre estos aspectos de urgencia,será difícil revertir el proceso de crecimiento de las re-des de narcotráfico que operan en nuestra Provincia yen particular en los barrios de las principales ciudadesde Córdoba.Por ese motivo, solicito autorización para peticionar antelos organismos nacionales pertinentes –ejecutivos, le-gislativos y judiciales– a los fines de solicitar avancesen cada uno de estos puntos, así como volver a intentarconvocar a todas las instituciones con asiento en Cór-doba que están involucradas en la Lucha contra elNarcotráfico, para consensuar la importancia de exigirestas políticas y decisiones aquí resumidas, conforman-


do un Consejo de Lucha contra el Narcotráfico.Mientras tanto, nuestra Secretaría seguirá concentran-do sus esfuerzos en la tarea de prevención y en lograravances en lo que respecta a asistencia a adictos. Perola expectativa de la ciudadanía es que podamos contro-lar no sólo la demanda sino también la oferta que crececon impunidad.Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distingui-da atención y quedo a sus órdenes para ampliar esteresumen en los aspectos que considere menester.

La difusión del informe tuvo un impacto inesperado. Fue publi-

cado y comentado no sólo en los medios locales y provinciales sino

también en Clarín, Infobae, América, C5N, Continental, Crítica, Cró-

nica y otros medios nacionales. Incluso fue comentado por periódi-

cos de Paraguay, Perú y Bolivia. Por esa repercusión, recibí llama-

dos de medios de todo el país.

Desde ese día, comenzó la operación para forzar mi renuncia. Al

hacer pública esta rendición de cuentas de cara a la ciudadanía me

había convertido en un “enemigo”.

En los medios locales, comenzaron a circular comentarios que

hacían distintos funcionarios allegados al ministro Caserio o al pro-

pio gobernador. No había que ser un especialista en ciencia política

para saber que el sentido de todos esos trascendidos “en off” era de-

bilitarme, buscando que yo renunciara voluntariamente. Varias per-

sonas conocedoras de la historia política reciente de Córdoba, me

comentaban con asombro que hacía mucho no veían una acción tan

sistemática y tan intensa.

Mi problema era que el gobernador no me daba apoyo político

alguno. Me había dejado solo, aunque –hay que decirlo– muchísimo

antes de la difusión de este informe. Y como me dijo un peronista


que conocí en los barrios: “Este gobierno es una pileta llena de

pirañas. Si estás sano no te muerden, pero si ven un poquito de san-

gre, te devoran”.

Como contracara, decenas de personas conocedoras de la reali-

dad de la droga en Córdoba, me llamaron por esos días para felici-

tarme por haber puesto en el tapete la cuestión y forzar su debate

público. Ninguno de ellos estaba dispuesto a poner su nombre y su

apellido en ninguna instancia porque, de alguna u otra manera, te-

mían a las represalias. Pero confirmaban el contenido del informe.

Así llegamos a febrero del 2010. Solicité formalmente una re-

unión con Caserio apenas volvió de vacaciones, y envié notas a todos

los ministros para seguir adelante con la gestión. Sólo Walter

Grahovac, ministro de Educación –quien debo decir que siempre se

mostró predispuesto, abierto y preocupado por la problemática y la

prevención– me dio una reunión en la que planificamos el año y la

extensión del Programa de Prevención de la Drogadicción “Quiero

Ser” a todas las escuelas de la provincia, sin condicionarse por la

inestabilidad en la que se encontraba mi posición.

Las versiones sobre mi renuncia se volvieron tan insistentes, que

decidí enviar un mensaje a la opinión pública. Trasladé a la prensa

un comentario para marcar una barrera: “Habría que ver a quién le

conviene que un funcionario que pone en el tapete el problema del

narcotráfico en Córdoba quede debilitado y sea obligado a alejarse

del cargo”. También señalé que, aunque no estaba dispuesto a re-

nunciar, si me lo pedían por este informe, lo haría orgulloso.

Caserio terminó convocándome a su oficina el día 22 de febrero,

40 días después de haberse hecho público el informe. Era un día

lunes. Pero el viernes anterior me envió un emisario –me reservo el

nombre, pero era uno de los funcionarios del grupo chico del gober-

nador Schiaretti– para anticiparme que “mi suerte estaba echada y


que me daba tres alternativas: 1, retractarme del informe pública-

mente como único modo de permanecer en el cargo; 2, renunciar

por motivos personales, en cuyo caso todos mis colaboradores po-

drían quedarse en sus puestos; o 3, la advertencia de que si me iba

peleando, la pelea sería ‘a muerte’”.

Ese mismo viernes –curiosa coincidencia– soy citado por el fis-

cal Enrique Senestrari, a la Justicia Federal, que había decidido abrir

una causa con mi informe para investigar si existían lugares concre-

tos y personas concretas detrás del mismo. Aunque no tengo prue-

bas, todo me hace pensar ahora –viendo la situación en perspecti-

va– que probablemente haya habido una sintonía con la operación

montada por Caserio para amedrentarme.

¿Cómo era posible que se hiciera el gasto de abrir una causa por

un informe que evidentemente no constituía una denuncia concre-

ta, sino que formulaba una perspectiva general? La teoría de que lo

hacían por un simple enojo judicial, no me cerraba ya que –como

puede verse– en el escrito yo insistía con darle a la Justicia Federal

más recursos humanos y tecnológicos. Nunca esperé aplausos por

esta defensa de sus necesidades, pero tampoco esperé nunca que se

sumaran, con su presión, a mi caída.

Cuando acudí al edificio de la avenida Concepción Arenal, cita-

do a declarar, le hice estas aclaraciones al fiscal. “Las más de 60 de-

nuncias concretas que llegaron a mi mano, durante mis recorridas

en los barrios, las canalicé oportunamente a través de la División

Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y la propia Justicia Fede-

ral en los casos más importantes”.

Senestrari me pidió que le explicitara lugares concretos o un lis-

tado “de esos 5.000 puntos de venta de droga que yo mencionaba en

el informe”. Le expliqué que había llegado a ese número cruzando

variables como la cantidad de denuncias receptadas por la Policía


durante un año, el porcentaje de delitos que los estudios indican está

dispuesta a denunciar la gente, y la población de la Ciudad de Cór-

doba y del interior. “El cálculo es una hipótesis científica que realicé

con la ayuda de técnicos y aplicación de extrapolaciones estadísticas

a partir de muestreos. Por tanto es una ridiculez que me pidan los

lugares concretos donde están esos 5.000 puntos”.

El fiscal no se detuvo allí. Me pidió que dejara consignada en mi

declaración las fuentes del informe, esto es, las personas concretas

con nombre y apellido que me habían ayudado a confeccionarlo. Le

expliqué que no haría eso, que me reservaría las fuentes, porque te-

mía que sufrieran consecuencias inesperadas. “¿Es usted consciente

de la eventual responsabilidad penal por ocultar esta información?”

disparó Senestrari para amedrentarme. “Lo soy” le dije como para

devolver la estocada, aunque en verdad el planteo era doblemente

ridículo.

No fue un detalle menor, que no habiéndole yo avisado a ningún

periodista que acudiría a la Justicia ese día, en la puerta de la fisca-

lía, ya me estuvieran esperando dos. Traté de ser prudente, pero las

declaraciones posteriores de Senestrari, denostando el informe con

mucha dureza, me obligó a salir a responderle con la misma energía.

Durante el día, sábado, por tanto, en los medios gráficos, radiales y

televisivos, quedé cruzado en una polémica pública con la Justicia

Federal, lo que debilitaba aún más mi posición.

Debo decir que más allá de que la acción de este fiscal fue com-

pletamente “tirada de los pelos” se había logrado el objetivo mediático

de debilitar el contenido del informe ante la opinión pública. Muchí-

simas personas malinterpretaron que al no aportar “datos ciertos”,

es decir nombres y apellidos, direcciones y teléfonos de cada uno de

los 5.000 puntos de venta a los que hacía referencia, mi informe no


tenía ninguna validez. La operación de parte de Caserio y de

Senestrari había sido un éxito.

El lunes 22 acudí a la reunión con el ministro. En cuanto me

senté, empecé a escuchar sus críticas y sus amenazas. La reunión era

de alta tensión. “Sebastián: vas a tener que alejarte. O te pido yo la

renuncia, aunque en mis términos, o vos me presentás una renuncia

tranquilo y yo lo acepto. Tené cuidado con lo que vas a decir; no lo

metas al gobernador en el medio, porque si no te vamos a responder

con todo: con la justicia, con los legisladores, con la prensa. Hasta te

pueden meter en cana. Vos sacás trapitos al sol y nosotros te vamos

a responder con todo”.

En ese momento dudé. Algunos de mis consejeros más queridos

me habían dicho: “Vos sos sólo uno contra todo un gobierno que

mueve los hilos. No te creas el David frente a Goliat, bajá el perfil y

renunciá tranquilo. Ya hiciste todo lo que podías hacer” (esos conse-

jeros son los mismos que me pedían por favor que no publicara este

libro).

Quedamos que al otro día, a las 10, presentaría la renuncia y que

ninguno diría nada hasta ese momento. Caserio dejó implícito que

habíamos llegado a un acuerdo. De hecho a los pocos minutos llamó

a mi celular y lacónico me dijo: “El Gobernador está al tanto del

‘acuerdo’ al que hemos arribado y da su conformidad”.

Esa noche no pude dormir, pensando en el mal trago que esta-

ba por pasar. Pensé en las amenazas, en mi familia, en mi vocación

política… Recé mucho. Al otro día me presenté a la hora señalada

en la oficina de Caserio, le entregué mi renuncia y le dije: “Carlos,

no hay acuerdo conmigo. Ustedes crearon esta secretaría sin tener

la menor idea de lo que eso suponía. Y se equivocaron de persona

si creían que con un cargo me estaban comprando el alma. Yo que-

do en total libertad. ¡Ah! Y te pido que cumplas con todas esas


amenazas que me tiraste ayer. Vamos a ver al final del camino quién

pierde y quién gana”.

Caserio cerró abruptamente la reunión. Me levanté y salí ner-

vioso, pero a la vez tranquilo –con la conciencia tranquila– por no

haberme dejado atropellar.

Mientras caminaba por los pasillos de Casa de Gobierno hacia la

Secretaría para ir a buscar mis cosas, ya había salido un comunicado

a la prensa desde el Ministerio, atacándome en duros términos. Mien-

tras entraba a la oficina, ya me llamaban los medios. La suerte esta-

ba echada.

Mis palabras, durante la conferencia de prensa fueron breves:

“Han decidido matar al mensajero. Pero lo importante es que el men-

saje está instalado y los funcionarios que vengan no podrán hacerse

los distraídos”.

“García Díaz es un estúpido, un Figuretti” atacaba Caserio esa

misma tarde frente a todos los micrófonos. Y cometía el último error,

repitiendo el burdo pretexto que había dado el día antes el fiscal

Senestrari: “Para darles un ejemplo de las estupideces que habla

García Díaz: en Córdoba no hay drogas de diseño. No tenemos nin-

gún registro de ellas. No sabe nada y dice cualquier cosa”.

Esa noche recibí llamados de jóvenes de toda la provincia, que

se reían del ministro y del fiscal: “¡Las pastillas se compran hasta en

la barra de los boliches!”. Al otro día ante los medios de prensa

remarqué esta gruesa mentira con la que Caserio intentaba tapar la

realidad.

El jefe de la División Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, hombre

con el que yo tuve una relación muy estrecha durante la gestión,

fue obligado a salir a cruzarme y a repetir la misma falacia. “Des-

de la Policía no tenemos antecedentes de drogas de diseño en Cór-

doba. Lo que se consume en los boliches son pastillas confeccio-


nadas por Laboratorios controlados”. Nadie entendió bien qué

quiso decir.

La salida de Sosa ante la prensa no podía ser más desafortuna-

da. Al otro día, un parte de la propia Policía daba cuenta de que se

había encontrado droga de diseño en el procedimiento de la noche

anterior.

La subsecretaria, Elena Domínguez, feliz de ocupar mi cargo,

intentaba darme el último golpe, aunque sin éxito: “Sebastián no

trabajó en equipo con nosotros. Se cortó sólo. Además planteó los

problemas, pero no plantea las soluciones”. Domínguez ocultaba en

forma artera que ella misma me había pedido por favor desde el prin-

cipio de mi gestión no participar en nada que tuviera que ver con la

lucha contra el narcotráfico.

Fueron días difíciles. Porque nadie está preparado para seme-

jante presión, ni aun los que tenemos vocación política. Quiero agra-

decer a todas las personas que por esos días se comunicaron conmi-

go a través de distintos medios (personalmente, por teléfono, por e–

mail, por Facebook) y sobre todo a los vecinos de barrios marginales

que se ofrecieron espontáneamente a fundamentar la idea de

“favelización” con sus propias experiencias personales en cada una

de esas zonas.

Un comentario final de este capítulo respecto del nuevo secreta-

rio que me sucedió en el cargo, Juan Carlos Mansilla. Es un buen

hombre, comprometido con la prevención, y por eso su nombramien-

to no me sorprendió. Ya en diciembre del 2009 Mansilla había reco-

rrido los pasillos de Casa de Gobierno (y había venido a la Secreta-

ría) pidiendo “estatizar” su institución de asistencia (Programa Cam-

bio) porque los números no le cerraban. En ese sentido entiendo

que esta posición en el gobierno le venía bien. Pero lo que me resultó

realmente vergonzoso es que se atrevieran, tanto él como el minis-


tro y el Gobernador, a defender públicamente la decisión de dejar de

luchar contra el narcotráfico en la Provincia. “Concentraremos a la

Secretaría en la prevención y la asistencia y dejaremos la lucha al

gobierno nacional”.

¿Cómo era posible que, en el transcurso de un año, un gobierno

pudiera cambiar de tal manera de opinión? Lo más grave fue que

anunciaran estos cambios sin enviar antes un proyecto de Ley modi-

ficando las competencias que establece la Ley 9.600 creadora de la

Secretaría. Allí hubiéramos podido ver si los propios legisladores (in-

cluso los oficialistas) eran capaces de revertir completamente el cri-

terio que habían votado por unanimidad exactamente un año atrás.

Mansilla anunció en su discurso de asunción que se pondría a

confeccionar un plan. Pero deliberadamente pasó por alto que lo que

en verdad había ocurrido con la Secretaría era que se estaba produ-

ciendo un rotundo cambio de plan. Había ganado la visión de man-

tener el statu quo del ministro Caserio, quien había encontrado un

nuevo funcionario, dispuesto a hacerle el juego.


2. El desafío de fundar la Secretaría

Febrero del 2009. Habíamos vivido un enero muy caliente. No

sólo por las altas temperaturas. Habiendo tomado la decisión de pos-

poner las vacaciones por cuestiones de trabajo, surgió con toda su

fuerza el conflicto entre la Municipalidad y sus empleados.

Junto con otros dirigentes del partido decidimos jugar fuerte en

ese proceso. De alguna manera, habíamos quedado con la “sangre

en el ojo” por no haber tenido una respuesta acorde de parte del

electorado cordobés en el 2007 a nuestras continuas denuncias so-

bre el desgobierno del ex-intendente Luis Juez y la necesidad de apli-

car mano firme para defender los intereses de los vecinos. Su medi-

da de incrementar en casi 5.000 empleados la planta permanente de

la Municipalidad puso en jaque las finanzas municipales por los próxi-

mos 20 años.

Ahora la realidad nos daba la razón. Y por ello salimos a la calle

a juntar firmas para que se estableciera un tope del 50% al gasto en

salarios de los presupuestos municipales. El tope, para ser efectivo,

debía ser incorporado a la Carta Orgánica a través de una enmienda

contemplada en la misma con el aditamento que la propia norma

establece un posterior referéndum de la población, lo que sin duda

iba a ser un remate político muy potente a las tremendas distorsiones

del gremio.

El programa de televisión “Lagarto Show” nos dio una extraor-

dinaria oportunidad al sentarnos –frente a frente– con el polémico

sindicalista Rubén Daniele –titular del SUOEM que representa a los

empleados municipales– y llevar adelante un prolongado debate que

verdaderamente nos posicionó.


Juntamos más de 13.000 firmas en dos semanas, instalados en

mesas en la Peatonal y en otras esquinas de la Ciudad. La acción

resultó un éxito, aunque fue un sacrificio muy grande ya que fuimos

nosotros mismos los que armamos las mesas, colgamos los carteles

y nos mantuvimos al rayo del sol, interactuando con la gente que

además de dejar su firma, hacía con nosotros la catarsis por años de

desatención como vecinos. Era difícil conseguir voluntarios en ene-

ro, pero para todos los que participamos la experiencia fue apasio-

nante.

Partí de vacaciones con mi familia el 10 de febrero. El 20 recibí

un llamado de Fernando García, secretario general de Primero la

Gente, y persona de diálogo con varios referentes del peronismo.

“Miguel Civallero (Secretario de la Función Pública) ofrece que te

hagas cargo de una de las direcciones de la Secretaría de Prevención

de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico que están a punto

de crear en esta semana”.

Para ambos resultaba una sorpresa. En reuniones partidarias

habíamos especulado con la posibilidad de acercarnos al Peronismo

anti–K y tener mayor interacción y de hecho habíamos hecho algu-

nos contactos. Pero de ahí a incorporarnos al gobierno había un sal-

to muy grande.

“Decile que no podemos condicionar la independencia y el futu-

ro del nuestro proyecto político por una simple dirección”, le res-

pondí yo, tratando de forzar la lógica política de los propios

peronistas. La llamada terminó y yo continué jugando con mis hijos

bajo el sol.

El último día antes de volver de vacaciones, Fernando García

vuelve a llamarme y vuelve a sorprenderme: “Dicen que te ofrecen

toda la Secretaría, pero que la asunción hay que hacerla urgente, en

los próximos días. Piden además absoluta reserva, porque han ne-


gociado la exclusividad del nombre del nuevo funcionario con un

medio local”.

Regresé esa noche a Córdoba, reunimos a la comisión directiva

de Primero la Gente (por lo menos a los que estaban en la ciudad), y

luego de una discusión que se prolongó hasta la madrugada, decidi-

mos aceptar con ciertas condiciones que fueron las que al otro día le

trasladé tanto a Carlos Caserio, ministro de Gobierno, como al pro-

pio gobernador Juan Schiaretti en la reunión que mantuvimos.

“Queremos tener independencia para nombrar al equipo de tra-

bajo y fondos para poder desarrollar verdaderamente una acción

preventiva fuerte. Además tiene que quedar claro que aceptar este

cargo no significa que el peronismo nos está cooptando”.

En ese momento, el Gobernador me remató con una frase que

me dejó tranquilo: “Sebastián, vos estás jugando tu carrera en esta

decisión. Pero yo estoy jugando mi gobierno. Si éste fue uno de los

principales anuncios de mi discurso a la Legislatura hace una sema-

na, te imaginarás que no voy a dejar luego que no cumpla las expec-

tativas”.

Otro elemento de la conversación me resultó decisivo: “Sebastián,

estamos buscando no un técnico, sino un hombre político que sea

capaz de hacer que las cosas pasen en esta área en la que está todo

por desarrollarse”.

Dos cuestiones se colaron en el acuerdo que luego fueron un dolor

de cabeza diario. La primera: “Para que no te veas involucrado en el

manejo de dinero, vas a depender de la administración central del

Ministerio de Gobierno”. Me pareció una alternativa ideal, dado los

temores de sufrir actos de corrupción o desviaciones administrati-

vas en la Secretaría, sin poder detectarlos, como ocurre en muchos

organismos. Para esta experiencia inicial de gestión pública me re-

sultaba muy atinado. La realidad es que, luego, debería andar pe-


nando por los pasillos del Ministerio, moviendo gruesos expedien-

tes que van de una oficina a otra, hasta para comprar una lapicera.

La velocidad de esos expedientes depende del papelito amarillo con

la palabra “urgente” que le ponga el propio ministro o su grupo de

confianza. (De más está decir que mis expedientes nunca tuvieron

ese papelito pegado).

La segunda cuestión fue peor: “Hay una chica muy técnica que

puede acompañarte como subsecretaria y que ha sido hasta ahora la

Directora de Prevención. Es de bajo perfil, te va a ayudar. La acom-

paña un grupo de médicos y psicólogos que hemos contratado y que

podrían sumarse”. Acepté sin saber que luego Elena Domínguez –de

ella se trata– sería el mascarón de proa de Caserio y la quinta colum-

na para condicionar el día a día de mi gestión. Se trataba de una

radical devenida en peronista, que había sido activista en las elec-

ciones de Villa Allende, junto a un candidato apoyado por el

peronismo. Como pago de favores había ingresado a las filas del mi-

nistro Caserio.

Por supuesto que mi aceptación del cargo –vale la pena dejarlo

por lo menos sentado– fue motivo de una larga charla con mi mujer,

quien, a pesar de apoyarme desde siempre, se atemorizaba por el

cargo de luchador contra el narcotráfico. “Tengo miedo por nues-

tros hijos”, me decía. Yo compartía ese miedo, pero dada la circuns-

tancia, mis palabras sólo transmitían tranquilidad. Otro tanto ocu-

rrió con mi trabajo profesional en la empresa familiar, donde me

venía desempeñando desde hace años como uno de los directores.

El día de mi asunción, la Sala de Situación estaba repleta de todo

tipo de gente. Amigos, familiares, miembros de Primero la Gente,

enemigos sorprendidos que fueron a curiosear y algunas personas

del gobierno preparados para empujarme al vacío en cuanto vieran

un error, enojados por no haber sido ellos los designados en el car-


go. “Hace años que sirvo al peronismo y soy subsecretario. Vos, que

llegás ahora, ya sos secretario. La verdad que tu nombramiento, me

da por el centro de los…” me dijo uno de los funcionarios al pasar.

Mientras caminábamos de la oficina del Gobernador a la Sala de

Situación y unos metros antes de ingresar, Schiaretti me indica que

lance –en mi discurso inaugural– la novedad de la construcción de

un Centro Integral de Tratamiento de las Adicciones en el ex edificio

Minetti, junto a la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba.

Sorprendido le pregunté si esto estaba confirmado. La secreta-

ria de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Raquel Krawchik, y el minis-

tro de Salud, Oscar González, advirtieron que los equipos estaban

trabajando, pero que hacían falta unos dos millones de pesos para

avanzar. Schiaretti dio el visto bueno y me dijo: “Largalo vos”.

Sin embargo yo no me sentí conforme y durante el discurso no

dije ni una sola palabra, esperando tener más precisiones. Unos

meses más tarde, el propio Schiaretti anunciaría esta obra, ante un

Teatro San Martín repleto de dirigentes, en ocasión del lanzamiento

de la Red Social de Prevención Córdoba Libre. Sin embargo, de esa

obra no hay nada, al día de hoy.

Durante mis palabras de asunción, adelanté lo que serían nues-

tras líneas fundamentales de acción que ya veníamos trabajando

desde hace tiempo con los equipos de Primero la Gente. En realidad

no eran ideas que se nos hubieran ocurrido a nosotros. Era una con-

junción de las experiencias positivas que ya se habían realizado en

otros países como Estados Unidos, España y Chile. Nuestra tarea

había sido adaptarlas a la realidad local.

En ese marco lancé la propuesta de trabajar fuertemente en los

colegios la tarea de prevención y conformar una Red de Jóvenes que

hagan las veces de pares–guías, referentes positivos entre su grupo de

amigos y compañeros, puesto que entendía (y entiendo hoy) es la mejor


manera de realizar prevención en los adolescentes. Para rematarlo con

una idea fuerza anuncié: “Quiero un secretario antidrogas en cada curso

de cada colegio de la Provincia de Córdoba”.

Sin duda fue un error de comunicación. Al otro día, los medios

de prensa tomaron mi idea, no desde el punto de vista de la preven-

ción, sino distorsionada hacia la lucha contra el narcotráfico.

La confusión fue potenciada por el fiscal federal Gustavo Vidal

Lascano. Con el correr de los días me enteré de que mi cargo le había

sido ofrecido. El hombre, al parecer, estaba dispuesto a pegar duro

al que estuviera en “su” cargo.

Esa mañana el fiscal sale por todos los medios a decir que no veía

conveniente mi propuesta de armar una “Red de Delatores” en los

colegios, porque los chicos no estaban para cumplir esa función. Se-

mejante afirmación dio pie a un efecto dominó de distorsiones repeti-

das por periodistas, algunos de ellos de renombre. El conductor de un

programa radial de la mañana, afirmó sin ningún empacho que mi

iniciativa era completamente descabellada y el periodista de uno de

los noticieros televisivos locales más vistos, llegó a sentenciar categó-

rico que él no autorizaría a su hijo a participar de esta red.

¿Cómo era posible que alguien pensara, en su sano juicio, que

estábamos dispuestos a organizar una red de delatores con jóvenes

menores de 18 años en los colegios de Córdoba?

Dejando sentada la mala fe de algunos otros opinólogos que sa-

lieron a sumarse a la confusión, debo decir que esa experiencia me

confirmó –sin embargo– las graves distorsiones que la propia gente

común tiene sobre las adicciones y en particular sobre el consumo

de droga.

El “abordaje policial” a la problemática es muy fuerte en la ma-

yoría de las personas. Durante el correr de los meses, cuando convo-


cábamos a participar –en barrios, con profesionales, con docentes,

con funcionarios y con personas dispuestas en general–, la mayoría

entendía que el fin estaba más relacionado con hacer un listado de

lugares donde se vende droga, hacer escraches a los vendedores de

la zona, o acciones de colaboración y apoyo con la Policía, que con lo

que específicamente hace a la prevención.

Incluso la palabra prevención para muchos está más vinculada

a “prevenir que no se venda droga en la zona” que a colaborar para

que los chicos no caigan en la tentación de consumirla.

Tuvimos que trabajar intensamente, en esa línea, para conven-

cer a nuestros interlocutores de que la prevención estaba directa-

mente relacionada con la contención de niños y jóvenes, fundamen-

talmente a través de acciones preventivas. Esto es: canalizar sus ener-

gías y su tiempo libre, mantenerlos en el sistema educativo y no echar-

los, enseñarles habilidades laborales, acercarlos a la cultura, al de-

porte, y todo aquello que ayude a los chicos a formar su personali-

dad, tener un proyecto de vida y resistir a la presión del grupo.

Luego de asumir, el encuentro con el equipo que ya tenía la repar-

tición y con la flamante subsecretaria, Elena Domínguez, fue, como

era de esperar, “de manual”. Escuché de su parte, una presentación

exagerada de planificaciones y posiciones supuestamente técnicas, pero

que en realidad transparentaban que estaba todo por hacer.

En verdad en Córdoba desde la órbita pública no se había hecho

nada sistemático. Todo había que construirlo de cero y con la escala

adecuada para producir un impacto preventivo suficientemente fuer-

te como para revertir tendencias sociales en aumento.

Sobre nuestro escritorio había una semilla interesante que era

el Programa de Prevención Quiero Ser, ofrecido por la órbita nacio-

nal (SEDRONAR), tomado de la experiencia de Chile y que había

sido instrumentado como prueba piloto en algunas escuelas de la


ciudad. Lanzar ese programa con la escala y la profundidad adecua-

da era claramente un objetivo prioritario.

Por esos días ya comenzó a forjarse, lamentablemente, una es-

pecie de comando paralelo dentro de la Secretaría, fogoneado por el

propio ministro Caserio y varios miembros de este equipo hereda-

do, capitaneado por “Ely” –así la llamaban todos a la subsecretaria–

quienes se encargaron de hacerme parir cada decisión que no sur-

giera de ellos mismos.

Pero en ese momento, como secretario –y aunque parezca men-

tira– mis problemas eran mucho más pedestres. De hecho no tenía

ni oficina. Caserio me advierte: “Buscate una vos, porque si no vas a

estar todo el año sentado en los pasillos”. El antecedente que todos

los empleados del Ministerio me señalaban para alarmarme era el

nombramiento del arquitecto Guillermo Irós al frente del Instituto

de Planificación del Area Metropolitana, silla en la que recién pudo

sentarse seis meses después, cuando le consiguieron una oficina.

Finalmente yo estuve el mismo lapso –seis meses– para poder tener

la mía propia.

Nuestra gente se acomodó literalmente en las sillas de los pasi-

llos del Ministerio de Gobierno. Había muy buena voluntad de parte

de todos los empleados de las distintas oficinas. Incluso nos ofre-

cían “mate y criollos”. Pero lo real era que sufríamos una precarie-

dad extraordinaria en los aspectos operativos básicos.

La primera reunión formal con el ministro Caserio marcó cómo

sería la relación hasta el final. Confeccioné una presentación minu-

ciosa de lo que pretendía hacer, pero cada punto fue condicionado

fuertemente por él.

En verdad el plan inicial era simple y compacto. Si éramos capa-

ces de extender Programas de Prevención a todo el sistema educati-

vo, organizar a la juventud en un sistema de pares–guías e


institucionalizar la coordinación de los esfuerzos de la comunidad

para lograr un trabajo en red, podríamos dejar una base sólida a

nivel preventivo en esta etapa fundacional. A esto le sumábamos

nuestras propuestas de asistencia y el objetivo de formar el Consejo

Provincial de Lucha contra el Narcotráfico para coordinar los es-

fuerzos dispersos y definir la política pública en la materia.

Caserio, sin embargo, no era un hombre fácil. Mientras discu-

tíamos qué se podría hacer y qué no, el ministro atendía su teléfono

y a cada uno iba insultando, presionando, gritando e incluso amena-

zando con una naturalidad que no dejó de sorprendernos a todos los

que estábamos presentes. Para mis adentros y conociéndome pen-

saba: “Si me llega a tratar de esa manera a mí, creo que mi rol de

secretario va a durar poco”. Sin embargo, conmigo siempre se cuidó

de los maltratos, tal vez intuyendo cuál sería la reacción.

Los interlocutores a los que maltrataba no eran cualquier perso-

na. Eran desde operadores y dirigentes políticos locales y nacionales

hasta altos jefes de las fuerzas policiales, y otros funcionarios im-

portantes. Sin duda Caserio era un hombre de poder y yo había sido

puesto bajo su órbita para controlarme.

Cuando al final de la reunión le pedí un presupuesto concreto

para poder moverme, Caserio me aclaró cómo sería la cosa: “Vos

andá presentando iniciativas y si vemos que son correctas vemos

cómo conseguir recursos”. La excusa era que la Secretaría había sido

creada después de sancionar el presupuesto y que, por tanto, había

que tener paciencia hasta la próxima sanción.

En ese momento, yo no imaginé que el día de la sanción del pre-

supuesto 2010, una orden de Casa de Gobierno indicaría a los legis-

ladores oficialistas que no me dieran un peso más de lo que había

gastado durante esos meses y que había sido poco, al haber dedica-

do mucho esfuerzo a la constitución de la Secretaría.


Las cosas no empezaban bien. La mayoría de las iniciativas que

presentaba no iban a poder ser desarrolladas. Pedí una reunión

con el gobernador Schiaretti, quien me recibió con todos los mi-

nistros. Cuando empecé a comentar el plan, Schiaretti se puso de

pie “oportunamente” y se retiró. Los ministros, y un equipo de su-

puestos asesores de estrategia y marketing, fueron los encargados

de condicionarme para que no volara demasiado alto en el comien-

zo.

No quiero simular ser un ingenuo. Sabía que había poco dinero

en el Gobierno Provincial y que deberíamos trabajar con poco pre-

supuesto. Eso no me molestaba. Trabajamos, de hecho, como si la

plata fuera de nuestros propios ahorros. Entendía también que la

excesiva “prudencia” de Caserio y de todos los otros ministros se

debía fundamentalmente a esto (“Sebastián, no hay un mango” me

dijo uno de ellos a la salida de una reunión). Pero una cosa es traba-

jar con limitaciones propias de la austeridad y otra que los obstácu-

los comenzaran a surgir por no tener la menor intención de hacer lo

que hay que hacer.

Un ejemplo de lo que se discutió en esa reunión con ministros y

asesores puede servir como muestra. Teníamos –como señalé– el

Programa de Prevención Quiero Ser que ya había sido probado en

50 escuelas. El objetivo ahora era extenderlo por lo menos a todas

las escuelas de la Capital y a ciertos puntos de la Provincia. Pero en

esa reunión se concluyó que era prudente sólo duplicar el número.

Cien escuelas en el contexto de más de 4.000 escuelas provinciales

era realmente poco. El proceso de propagación de los programas

preventivos se iba a hacer muy largo.

Más allá de estos primeros contratiempos, me pareció prudente

seguir. Al final de cuentas nadie había dicho que sería fácil. En los

días siguientes la tendencia de esa reunión ministerial fue confirma-


da en reuniones ministro por ministro, en las que fui acompañado

por Caserio. En todos los casos –en asistencia a adictos, en acciones

preventivas para menores, en campañas de prevención, etc.– la con-

clusión era: vamos despacio. Lo que nunca pensé en ese momento

–más allá de que estos tiempos señalados ya me ponían nervioso–

era que despacio en muchos casos significaría no hacer nada.

El nombramiento de los directores fue todo un proceso. Vale

contar esta anécdota porque involucra a quien hoy es el nuevo secre-

tario. En aquel momento, a pesar de que me habían garantizado que

yo podría nombrar mis colaboradores con libertad, Caserio sugirió

con insistencia que designara a Juan Carlos Mansilla como director

de Investigación y Capacitación. Más allá de los cuestionamientos

que recogía en el ambiente académico sobre esta persona, mi mayor

problema era que, al averiguar mayores antecedentes, advertí esta-

ba ante un defensor público de la despenalización de la tenencia para

el consumo, lo que suponía una posición completamente contraria a

mis convicciones más profundas. Además Mansilla es partidario de

la Teoría de la Reducción de Daños como Política Pública, que signi-

fica renunciar al mensaje de que no se consuma drogas, y contentar-

se con el mensaje de evitar los riesgos que trae aparejado dicho con-

sumo. En mi caso, sólo aceptaba dicha teoría para acciones muy pun-

tuales, pero no como política general. Por último Mansilla se mos-

traba contrario a profundizar en la lucha contra el narcotráfico y acon-

sejaba concentrarse sólo en la prevención (como luego propuso ya

como secretario sucesor en el cargo).

Frente a estas diferencias, tenía la posibilidad de recordar la con-

dición inicial puesta sobre la mesa de negociación de nombrar yo a

todos mis colaboradores directos. Pero me pareció mejor moverme

con prudencia y ejercer una presión implícita para que él mismo no

quisiera sumarse.


Afortunadamente eso fue lo que ocurrió. El propio Mansilla de-

sistió de incorporarse sin necesidad de pelear la partida y pude de-

signar a una excelente colaboradora, de vasta experiencia, la

psicopedagoga Susana Guiñazú, quien pudo acompañarme durante

los primeros meses. Luego renunció lamentablemente, a mi modo

de ver cansada de los tironeos que se producían por el doble coman-

do que me había organizado dentro de la Secretaría el propio Caserio

con la subsecretaria Domínguez.

Adelanto un dato muy decidor: Susana Guiñazú renunció como

directora en agosto, y sin embargo hasta el día de mi propia renun-

cia a finales de febrero nunca más pude lograr que se nombrara a un

nuevo director en un área fundamental como es la Investigación y la

Capacitación, pilares de la prevención, que quedó huérfana. La cues-

tión no sería tan grave si no fuera que, en paralelo, una joven psicó-

loga recién recibida que llegó al gobierno recomendada por un alto

funcionario kirchnerista, fue nombrada en mi Secretaría en menos

de 24 horas.

La primera semana de gestión terminaba con una charla áspera

con Caserio en el pasillo del Ministerio de Gobierno (por ahora mi

oficina natural). “Movete con cuidado porque acá en el gobierno hay

mucha gente que no está de acuerdo con tu nombramiento. Dicen

que vas a ser el “Juez” de Schiaretti”. Caserio estaba haciendo men-

ción a lo que le ocurrió al entonces gobernador De la Sota, que fue

quien catapultó a Luis Juez como Fiscal Anticorrupción y más tarde

fue su mayor dolor de cabeza. En este caso me estaba advirtiendo

con “sutileza” que no estaban dispuestos a que les pasara lo mismo

conmigo.

Yo le respondí muy tranquilo: “Soy leal y no soy Juez. Sólo quie-

ro advertirte que he dejado mi trabajo privado y he venido acá para

que las cosas pasen. No vengo a calentar sillas”.


Caserio intuía que un hombre como él tendría serios problemas

con una persona como yo, como de hecho sucedió. Su impronta era

no hacer nada que alterara el statu quo, o hacer lo mínimo posible

que fuese estrictamente necesario. Mi lógica, por el contrario, era

completamente distinta y se lo decía a todos los que me esperaban

en cada esquina con un reproche escéptico: “No te van a dejar hacer

nada y mucho menos Caserio”. En efecto, el ministro que me había

tocado como superior jerárquico, tenía (y tiene) una reputación muy

cuestionada en numerosos ámbitos. “Voy a tratar de hacer mucho –

repetía–. Si no, me voy”.

Una última anécdota pequeña da cuenta de que, en realidad, no

podría confiar en nadie, ni en el más humilde de los ordenanzas. En

los primeros días como secretario, al no tener lugar fijo donde esta-

blecernos, solicito la Sala de Situación del Ministerio. Mantengo la

reunión con representantes de las fuerzas de seguridad y luego –sin

quererlo– me llevo la llave de la sala en el bolsillo del saco. Al otro

día, cuando abro el diario, un apartado indicaba que yo había gene-

rado un revuelo grande en el ministerio al llevarme el llavero.


3. Un Consejo antidrogas que nació muerto

La principal expectativa que despertó la creación de la Secreta-

ría en la ciudadanía era que haría algo para detener la venta de dro-

ga, que está creciendo como hongos en los barrios de Córdoba.

Cómo sería la instalación en el imaginario que no había persona

que no me aconsejara tener cuidado con mi familia o pedir custodia

policial, o que me presagiaran que mi celular y mi correo electrónico

ya estarían seguramente intervenidos, y que corría peligro.

Lo cierto es que uno no puede desarrollar políticas para dismi-

nuir la demanda de sustancias si a la par no pone el mismo empeño

en disminuir la oferta. Todos los técnicos, incluso los que invitamos

de otros países como Chile para asesorarnos, nos confirmaron esta

premisa de trabajo.

A los pocos días de asumir, secuestraron en España un carga-

mento de drogas en empaques de molinos de viento que habían sali-

do desde Córdoba. Esos cargamentos llevaban 2.000 kilos de cocaí-

na valuados en más de 20 millones de euros. La gravedad del hecho

indicaba que no podríamos perder el tiempo en pequeñeces.

Mi primera acción fue presentar el organigrama de la Secretaría

en la que se contemplaba una Dirección de Coordinación en la Lu-

cha contra el Narcotráfico. Había reunido un equipo de hombres

muy valiosos y muy experimentados en la materia –policías y mili-

tares retirados, técnicos y expertos de las universidades y también

de centros de estudios–, dispuestos a colaborar en la fundación de la

Secretaría.

Sin embargo, Caserio me repitió una y otra vez que era mejor

–en una primera etapa– que yo, en persona y no un director, llevara


adelante esta cuestión, porque los referentes de las distintas institu-

ciones no iban a aceptar segundas y terceras líneas, sino que que-

rrían hablar directamente conmigo. Aunque no estuve de acuerdo

con esa decisión porque le quitaba peso y profundidad a la gestión,

decidí aceptar su “sugerencia”.

La subsecretaria Domínguez y el equipo que la acompañaba, me

aclararon desde el primer momento que ellos no querían tener nada

que ver con esta faceta de la lucha contra el narcotráfico. “Nosotros,

prevención, vos te dedicás a esos otros aspectos” repetían.

Por lo tanto, me encontré bastante solo, pero encaré la cues-

tión sin demora. Era necesario convocar con urgencia a todas las

instituciones involucradas en la lucha contra el narcotráfico. El

desafío no era menor. Hablamos de instituciones de mucha rai-

gambre como la Policía Federal o la Gendarmería y de personajes

complejos como los que integran la Justicia Federal. Dediqué el

primer mes a visitarlos uno por uno, presentarme, tomar contacto,

escuchar sus sugerencias y planteos y tomar debida nota de sus

propias urgencias.

El balance, al final de esa primera ronda de consultas, era favo-

rable. Tanto la Policía de la Provincia como la Federal, la

Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Aduana se mostraron muy

dispuestos a integrar un equipo de trabajo conjunto que ordenara

las políticas públicas que debían promoverse desde la órbita provin-

cial y que debían exigirse a la órbita nacional.

El problema era la Justicia Federal. Allí me topé con el desafío

de no tener una autoridad centralizada. Algunos mostraban una pre-

disposición completa a colaborar. Otros, como el fiscal Gustavo Vidal

Lascano o la secretaria penal Liliana Navarro, subieron la guardia

desde el primer momento, tomando mis gestiones como una verda-

dera intromisión en sus competencias. “Dedíquese a la prevención y


no se meta en este tema que es competencia absoluta de nosotros”,

me indicaban.

En su respuesta y en sus advertencias, ya podía vislumbrar una

de las razones por las que no se podía avanzar en la formulación de

políticas eficaces: todo quedaba subsumido al caso por caso, propio

de la dinámica de Tribunales. En realidad, algunos de estos

interlocutores eran más parte del problema que de la solución.

Tengamos en cuenta que a nivel nacional de 12.981 causas (to-

mando el año 2007 como el último año que informa la Oficina de

Investigaciones y Estadísticas Político-Criminales de Ministerio Pú-

blico Fiscal) la Justicia Federal sólo condenó en 1.116 de ellas. Dicho

en porcentajes sólo el 8% de los detenidos fue efectivamente conde-

nado. En el caso de Córdoba los delitos investigados fueron 1.164, de

los cuales solo recibieron condena 86 de ellos. A la hora de ir al deta-

lle de las condenas se advierte que en la mayoría de los casos, son

causas menores y no grandes narcotraficantes.

Sin embargo, y a pesar de todo, no quise demorar más y con-

voqué con un mes de antelación a una reunión en la Sala de Situa-

ción de Casa de Gobierno, con llamados por teléfono y citaciones

formales por carta. Obtuve una respuesta contundente: todos ven-

drían a la cita incluidos fiscales y jueces de primera instancia de

la Justicia Federal. Viajaron desde Buenos Aires para el encuen-

tro representantes nacionales de las fuerzas federales con asiento

en Córdoba.

Consciente que me movía en un terreno complejo, de todo lo

que hacía mantenía al tanto por llamados celulares o por mensajes

al ministro Carlos Caserio, quien ya me demostraba en esos días,

que tener reuniones presenciales con él resultaba prácticamente

imposible. Al día de mi renuncia al cargo, la cantidad de reuniones

que mantuvimos no habrán sido más de seis.


Lo curioso es que comencé a notar en Caserio un espíritu esqui-

vo hacia esta iniciativa de crear un espacio de reflexión común, un

Consejo de Lucha Contra el Narcotráfico. Aunque en una primera

instancia me había dado el “OK” para avanzar en esta organización,

a las pocas semanas me demostraba que el asunto no le interesaba.

El momento crucial fue una semana antes, cuando me confirmó

que ni él ni el Gobernador asistirían a esta primera reunión, tal cual

yo lo había solicitado, para demostrar públicamente el aval frente a

instituciones tan complejas como las que serían nuestras contrapar-

tes.

El faltazo de ambos me pareció inconcebible, pero como ya esta-

ba todo organizado y tenía la confirmación de todos los invitados,

decidí avanzar solo.

El jueves anterior a la reunión, el desayuno se me atraganta, cuan-

do abro el diario y leo que idéntica reunión a la citada se había reali-

zado el día anterior, por iniciativa del fiscal Vidal Lascano, en de-

pendencias de la Justicia Federal. El asombro era doble: primero

por la reunión, y segundo por no haber sido invitado, siendo que él

había recibido mi invitación oportunamente. ¿Para qué duplicar es-

fuerzos? No había otra razón que adelantarse para ganar

protagonismo, por celos o para complicar mi convocatoria. Guardé

la anécdota mascullando bronca, por la evidente “jugada política”

que se había mandando el funcionario judicial, y decidí seguir.

Nuestra reunión de la semana siguiente fue tremenda. Frente a

las fuerzas de seguridad en un silencio absoluto, el fiscal Vidal

Lascano –que llegó tarde– se dedicó a destruirla sin disimular su

saña. Argumentó que conformar un Consejo era una locura. Que la

Justicia ya interactuaba con cada fuerza en los diversos casos espe-

cíficos. Que este ámbito lo único que haría sería infiltrar informa-

ción y que nosotros nada teníamos que hacer en esta materia.


Con indignación contenida, pedí a nuestro director de Coordi-

nación Institucional, Luis María Caballero, que leyera los artículos

de la flamante Ley 9.600 que en numerosos párrafos nos marcaba

nuestra obligación de sistematizar la coordinación de esfuerzos y la

interacción con las fuerzas involucradas así como la promoción de

políticas públicas comunes en la materia.

Pero Vidal Lascano había venido, al parecer, con la idea fija de

no dejar ni el más mínimo atisbo de organización de este Consejo

naciente. El funcionario judicial remató hacia el final, con tono en-

tre irónico y despectivo: “Si tenés algo para aportar, Sebastián, venite

cuando quieras a la Justicia Federal y te invitamos un café”.

Frente al ataque, lamentablemente, los representantes de las

fuerzas policiales y de seguridad decidieron mantenerse callados.

Indudablemente a la reunión le había faltado el apoyo político nece-

sario para poder continuar.

Así empezó nuestro intento por ordenar la lucha contra el

narcotráfico en Córdoba. Frente a semejante fracaso, tenía dos posi-

bilidades políticas: aceptar que en lo que hace a esa lucha éste y otros

funcionarios judiciales me harían la vida imposible y olvidarme de

sumar logros en la materia o, por el contrario, dar batalla.

Con el equipo más comprometido de la Secretaría elegimos lo

segundo. Anuncié en el diario La Voz del Interior las medidas que

los técnicos en la materia me habían señalado como urgentes y que

yo había previsto consensuar en ese Consejo nonato. El artículo de

media página, generó impacto.

“Quiere ‘radares en el cielo y perros en la tierra’, quiere darle

mayores poderes a la Policía y que se realicen allanamientos masi-

vos para ‘extirpar la droga en un barrio completo’ y dice que si se

despenaliza el consumo de drogas, renuncia”. Comentaba el artícu-

lo. “Esas son algunas de las ideas de Sebastián García Díaz, al cum-


plir un mes de asumir en la recién creada Secretaría de Prevención

de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia”.

Al poco tiempo redacté un artículo que fue publicado en el mis-

mo diario y tenía como destinatario a la propia Justicia Federal. Un

modo indirecto de ejercer presión para que esa institución compren-

diera que mi idea era avanzar a fondo. El título del diario era suge-

rente: “Terminemos con la droga de la impunidad”.

Aquí transcribo los principales párrafos:

Terminemos con la droga de la impunidad 1

Quiero proponer a los cordobeses un principio que guíelas Políticas de Estado en la prevención de la drogadic-ción y la lucha contra el narcotráfico en la Provincia deCórdoba.Se trata del principio fundamental de la responsabilidadindividual: hacernos cargo de nuestra propia vida, lasacciones que llevamos adelante y las consecuenciasque producimos, más allá de las condiciones físicas ysociales que nos tocaron en suerte.Desde el punto de vista de la demanda, los niños y losjóvenes deben recibir un mensaje claro de nuestra par-te. Son libres, y no los podemos subestimar. Pero lalibertad tiene consecuencias y por tal motivo, acepta loslímites. Si todo el tiempo los estamos justificando por lasociedad individualista, consumista, corrupta y fragmen-tada que les hemos hecho vivir, no estamos forjandoprotagonistas, sino pacientes (reales o en potencia). Niun ejército entero alcanzará para controlar que no sealcoholicen o se droguen a escondidas, aduciendo lasmil y una excusas.La mejor prevención, entonces, es darles certezas deque los premios existen y también los castigos. Que a la

1 Publicado en el diario La Voz del Interior el 27/04/2009.


hora de decidir sepan que no es lo mismo esforzarseque hacerse el vivo, buscar un proyecto de vida –estu-diar y buscar trabajo– que pasarse cuatro días a la se-mana de “joda”.Este mensaje debe ser para todos, más allá de circuns-tancias familiares o sociales. Está claro que para algu-nos, las oportunidades son muy distintas que para otros.Pero los engañamos, si convalidamos el “escaparse dela realidad” con esa excusa. Porque la vida, finalmente,es lo que cada uno pueda llegar a ser y a hacer, con loque le tocó. Nuestros abuelos inmigrantes son un buentestimonio de esta realidad.El desafío es mucho más claro respecto a los que ofre-cen droga a nuestros hijos. ¿Por qué en Córdoba sehan multiplicado los lugares de venta de sustancias ile-gales de una manera sorprendente? Muchos señalan ala pobreza y la exclusión social como causa. En mi caso,estoy convencido que el detonante pasa fundamental-mente por la impunidad. Una inmensa mayoría que sedecide a vender porque percibe que no lo perseguiránni lo castigarán.¿Está claro que no son sólo los pobres los que abrenbocas de expendio? No estigmaticemos a los barriosmarginales, enfocando en ellos todas las miradas. Elcampo cordobés, que ha vivido sus mejores años, havisto crecer este flagelo en las prósperas ciudades delinterior y lo mismo ha ocurrido con los barrios cerradosde Córdoba.Aquí la diferencia debe marcarse, no entre ricos y po-bres, sino entre malandras y gente decente. Si al quevende en Villa Paez, Colonia Lola, San Vicente o BellaVista lo justificamos porque no tiene otro sostén posibley demoramos su persecución porque el Estado no pue-de garantizarle otras oportunidades ¿entonces qué men-saje recibe el hombre honesto que vive a su lado –lagran mayoría de sus vecinos– y que no caen en esamisma tentación, sino todo lo contrario, se siguen rom-piendo el lomo para tratar de conseguir el pan de cadadía por derecha?En Córdoba, han crecido los “kioscos” que venden dro-


ga y hay barrios enteros tomados por las redes denarcotráfico, insisto, porque sienten que jamás les cae-rá la justicia encima. Incluso se jactan de que, si en elpeor de los casos, los captura la Policía –después decumplir con las exigencias de un engorroso proceso depruebas y escuchas– es altamente probable que no losjuzguen o que un buen abogado los haga pasar por sim-ples tenedores.La Justicia Federal, institución a la que le compete enforma directa la investigación judicial y el juzgamientode los narcotraficantes, debe redoblar sus esfuerzos porcumplir la tarea y hacerlo con mayor velocidad y efica-cia. Ha llegado la hora de que asuman el desafío, conotra escala, con otra impronta y con otra estrategia. Asícomo llevaron adelante la tarea extraordinaria de juzgarlos delitos de lesa humanidad de cara al pasado, asítambién ahora, están llamados a dar un salto cualitativoen esta lucha que compromete nuestro futuro.Todos los cordobeses –incluidos los que trabajan en elfuero federal– debemos exigirle al Gobierno Nacionalmayores recursos materiales y humanos para combatircomo corresponde el tráfico de droga en la provincia.En lugar de confundirnos con iniciativas como ladespenalización del consumo, desde el Poder Centraldeberían darnos las herramientas para lograr que Cór-doba no llegue a ser nunca Río de Janeiro, Medellín oJuárez (México). Hay que actuar ya, cuando todavía noes demasiado tarde.Como Secretario, no sólo de prevención de la drogadic-ción, sino también de lucha contra el narcotráfico, nece-sito ir de la mano de la Justicia Federal, a los barriosdonde “todos saben que se vende droga” para, junto ala policía y a las fuerzas federales de seguridad, actuarcon firmeza y con celeridad, en el marco de la Ley. Sinlos fiscales y los jueces, es difícil dar respuesta. Juntosdebemos hacer planteos enérgicos a la Nación, sobrela necesidad de radarizar el territorio y legislar para quepodamos detener las avionetas que traen drogas envuelo, o camiones que transportan toneladas de sus-tancias ilegales por el territorio de la provincia. Juntos


debemos buscar formas legales de agilizar, sin violen-tar los derechos individuales, el proceso para encarce-lar por comercialización a los “kioscos”.Que los narcotraficantes de Córdoba reciban un claromensaje de que se acaba la impunidad. Y que el quevende droga, no importa si es rico o pobre, vendedor almenudeo o gran traficante, tendrá su merecido, comoasí también el que le vende alcohol a menores o inclusoa mayores hasta quedar desmayados en el suelo fríode la madrugada (¿somos conscientes los cordobesesque el alcohol es una droga tanto o más peligrosa quelas demás, por sus consecuencias y su extensión cadavez mayor a toda la juventud?).He intentado conformar un Consejo de Lucha contra elNarcotráfico para lograr la coordinación. Pero algunosmiembros de la Justicia Federal se han negado a parti-cipar. ¿Debo librarme de la presión, diciéndoles a losvecinos que me acercan denuncias, que vayan directa-mente a la barandilla del edificio de la ciudad universi-taria? Creo que es mucho más responsable, que todaslas partes involucradas nos pongamos de acuerdo entorno al principio y la estrategia que nos va a guiar en lalucha que tenemos por delante.No es la única tarea pendiente: hay un largo listado depolíticas en materia de prevención y asistencia. Peroque una cosa, no demore la otra”.

Este artículo tuvo un impacto certero en el ámbito de la Justicia.

Catorce integrantes de esta institución le solicitaron una reunión

urgente al Gobernador para exigir mi renuncia (no voy a poner aquí

los nombres de cada uno para no hacer una caza de brujas). Luego

se reunieron con el ministro Caserio, quien los tranquilizó un poco.

El mensaje había llegado a donde tenía que llegar y había calado

hondo.

Sin embargo, allí vino la segunda demostración de falta de apo-

yo político del Gobierno hacia mi gestión. Caserio tuvo su segunda


reunión conmigo para reprocharme por esta acción y pedirme que

no me metiera más en el tema de la Lucha contra el Narcotráfico.

“No queremos tener quilombos con nadie y mucho menos con la

Justicia Federal donde hay amigos. No avances más con este tema.

Dedicate a la prevención y esta cuestión dejala completamente en

manos de la Policía porque vos no podés hacer nada desde una Se-

cretaría Provincial”.

En ese mismo momento, el ministro de Gobierno me adelantó

su idea de extirpar al nombre de la Secretaría la referencia a la “lu-

cha contra el narcotráfico” para evitar que en adelante alguien pue-

da creer que este organismo podría hacer algo al respecto. “Si esto

depende del Gobierno Nacional, ¿por qué vamos a tener que comer-

nos nosotros el costo político de intentar hacer algo?”.

Evidentemente el humor hacia mi persona había comenzado a

cambiar en el Gobierno. Mis iniciativas sobre este tema y también

sobre la regulación del consumo de alcohol mediante el control de la

oferta comenzaban a molestar y mucho. De hecho, esta orden de no

hacer nada en la lucha contra el narcotráfico no sólo contrariaba los

artículos de la Ley 9.600 que ellos mismos habían hecho sancionar,

sino que además contradecía manifestaciones públicas que el pro-

pio Caserio había hecho a los medios días antes de que se creara la

Secretaría.

Por dar un solo ejemplo, el 4 de febrero de 2009, en un extenso

artículo en el diario La Voz del Interior, el propio ministro decía,

mucho antes de que yo apareciera ni siquiera como una posibilidad:

“Luchar contra la droga es una política de Estado”. El artículo agre-

gaba: “para el ministro Caserio el nuevo organismo surge como la

necesidad de dar respuestas a la lucha contra el tráfico de drogas. ‘El

narcotráfico es un flagelo que preocupa en el país y el resto del mun-


do. En Córdoba las fuerzas de seguridad, la justicia federal y el Go-

bierno provincial trabajan de manera conjunta desde siempre. Pero

como para nosotros la lucha contra la droga es una política de Esta-

do, el gobernador está convencido que esta secretaría servirá para

mejorar este trabajo mancomunado entre todos los organismos

involucrados’”.

En definitiva, el perfil de la Secretaría no lo había marcado yo,

sino ellos. Pero ahora, a la hora de las decisiones concretas, se arre-

pentían de haber creado esas expectativas.

Aunque Caserio había sido terminante, decidí seguir forzando

la participación de la secretaría en la cuestión del Narcotráfico, todo

lo que me fuera posible, porque me resultaba inconcebible enfocar-

nos en la prevención, pero dejar a la deriva todo lo que había que

hacer a nivel de lucha contra la venta de droga.

En esa línea mantuve los contactos hechos con las fuerzas de

seguridad, particularmente con la Policía de Córdoba y su división

Drogas Peligrosas. Todavía quedaban repercusiones en los pasillos

de esa División, de los numerosos datos que en persona habíamos

acercado como ciudadanos los miembros de Primero la Gente, a fi-

nales de diciembre, luego de invitar a los cordobeses a canalizar sus

denuncias anónimas sobre lugares donde se vende droga a la página

de internet www.primerolagente.com.ar.

Las denuncias superaron las 500, pero en ese momento decidi-

mos presentar las que, a primera vista, resultaban más verosímiles.

Recuerdo que el fiscal federal, a quien también presentamos esas

mismas denuncias, reconoció por lo bajo que, en un solo ingreso,

estábamos aportándole a la Justicia lo que en el natural devenir de

esa institución se recopilaba a lo largo de 6 meses. Sin duda tanto

para la Justicia como la Policía Provincial, la acción que llevamos

adelante en ese momento había resultado para ellos un dolor de ca-


beza pues habíamos dejado al descubierto su propia falta de acción y

de convocatoria a la ciudadanía a acercar información.

Con esa aprehensión por parte de ellos comenzó la relación con

la Policía Provincial, pero a poco de andar empezaron a confiar en

mí, al ver que yo estaba realmente dispuesto a defender sus necesi-

dades de recursos y de cambios estructurales para cumplir mejor su

misión. Sin embargo era claro que ellos tampoco querían que nos

metiéramos desde la Secretaría en su área de competencia.

La verdad es que la División tenía oficiales voluntariosos pero

trabajaban en una precariedad alarmante, tanto en lo que hace a

recursos tecnológicos, humanos, organizacionales y de inteligen-

cia. La lucha contra los pequeños kioscos le insumía el 100% de sus

energías y con una o dos visitas, quedaba claro que la lucha contra

los grandes narcotraficantes que operan en la provincia los exce-

día.

No voy a olvidar que en la primera reunión, uno de los superiores

jerárquicos asignado a explicarme en detalle cómo operaba el área

de inteligencia e investigación, después de intentar demostrarme que

estaba “todo bajo control”, terminó por solicitarme, que intercediera

para conseguir algunas computadoras un poco más modernas porque

las que tenían no podían hacer correr programas básicos y se

bloqueaban cada dos por tres.

Por mi parte, no era un tema menor la desconfianza hacia la Poli-

cía que me demostraba cada vecino que visitaba en las recorridas por

los barrios. En todos los casos, la idea de que “los canas” apañan a los

vendedores de droga del barrio es el común denominador de todas las

quejas. “Si va a hacer algo con estos vendedores, le pedimos que no lo

haga con los policías del precinto tal o de la seccional cual porque esos

están enganchados” repetían en uno y otro lado, mientras me acerca-

ban denuncias de lugares concretos de venta ilegal.


Hice todo lo que estuvo a mi alcance para apoyarlos. Solicité un

0-810 para unificar en un solo canal todas las denuncias y asegurar

que la gente pudiera hacerlas en forma anónima. Cuando obtuvimos

el canal (el 0810–888–3368) dediqué recursos para imprimir más

de 500 mil folletos que difundieran la existencia de esta alternativa y

yo mismo me dediqué a distribuirlo en cuanto lugar me hacía

presente. Luego trabajamos desde la Secretaría con la iniciativa de

ampliar la posibilidad de denuncias también a los remedios ilegales

que se venden en farmacias que incumplen o en kioscos y lugares

clandestinos (la otra parte del problema).

En esta acción trabajamos codo a codo tanto con el Colegio de

Farmacéuticos de Córdoba como con la Dirección de Farmacias del

Ministerio de Salud y la propia Policía de Córdoba. Dejo asentada la

buena voluntad de todos los funcionarios y profesionales de estas

áreas e instituciones.

Un hecho me marcó que realmente la voluntad de apoyar una

división poderosa era nula. Allá por agosto del 2009 un periodista

me llama para consultarme si sabía que, de los 20 autos con que

contaba toda la División Drogas Peligrosas, 12 correspondían a prés-

tamos que había hecho la Justicia Federal de vehículos involucrados

en juicios. En una decisión insólita, la Secretaria Federal Dra.

Liliana Navarro, les había sacado los 12 vehículos, dejándolos –

como se dice en la calle– “a pata”. Respondí que nada sabía pero

que averiguaría.

En efecto, eso había ocurrido. Pero desde la Policía me pidieron

que no hiciera nada, ni respondiera nada, porque temían otras re-

presalias de la Justicia y del Gobierno Provincial, si el tema salía a la

luz. No conforme con esta situación, llevé el reclamo hasta el Jefe de

Policía y al ministro Caserio. Ambos me indicaron que cuando in-

gresaran nuevos vehículos les darían algunos, pero no percibí que


hubiera sentido de la urgencia. ¿Cómo podía trabajar una división

de 200 hombres con 6 autos (ya que 2 estaban rotos)? Hasta el día

de hoy, y aun con autos que les han asignado, no han completado ni

siquiera la flota inicial de 20 vehículos.

Sin embargo, más allá de todos estos esfuerzos, en mi interior

crecía la preocupación por ver que en un momento u otro, mi ges-

tión en lo que respecta a la disminución de la oferta, quedaría inexo-

rablemente condicionada y trabada por mis superiores que no pare-

cían tener la más mínima intención de provocar avances sustantivos

en la materia.

La preocupación fue exponencial hasta el día 6 de noviembre,

fecha en la que presenté el informe al Gobernador y al ministro, que

resumía las falencias estructurales en la lucha contra el narcotráfico,

listado que había logrado confeccionar y profundizar luego de 10

meses de reuniones con todos los sectores involucrados.

El año se acabó y yo había pasado ya de la preocupación a la

decepción. ¿Por qué el mismo gobierno que había creado esta secre-

taría y le había puesto ese nombre rimbombante ahora se daba la

vuelta para no hacer nada? Sin lugar a dudas si ésa era la línea polí-

tica decidida (la del silencio y la de no “hacer olas”) se habían equi-

vocado de funcionario.


4. “Favelización” de Córdoba

El informe presentado al Gobernador (que desencadenó mi ale-

jamiento del cargo) hacía hincapié en un “incipiente proceso de

favelización” de algunos barrios de Córdoba.

Más allá de las destempladas respuestas, al final todos estába-

mos hablando de lo mismo. Los que dijeron “todavía no están

favelizados”, en la palabra todavía confirmaban la tendencia. En de-

finitiva, hay una oportunidad en Córdoba de revertir un peligroso

proceso de marginación social que han vivido otros países y que ya

sufre el Gran Buenos Aires.

Sin embargo, a la hora de discutir el cómo, la mayoría de las

personas con las que interactuaba en el Gobierno se quedaban en las

acciones preventivas, pero no se atrevían a llevar su mirada a los

otros aspectos involucrados.

La venta de drogas en un conjunto de barrios de Córdoba no se

circunscribe a personas y puntos excepcionales, sino que comienza

a involucrar a todo el grupo familiar y a un número importante y

creciente de miembros de la comunidad. Así llega a convertirse en la

principal fuente de ingreso de la zona. Con esos recursos incluso se

realizan acciones solidarias (se paga la fiesta de quince de una fami-

lia, la prótesis de otra, se arregla el techo del salón comunitario, etc.).

Organizan además su propio sistema de alerta, de tal suerte que es

muy difícil que una persona extraña ingrese sin ser percibida como

un riesgo potencial.

Como Estado, el primer desafío es de seguridad. Proteger a las

familias de la zona que todavía no han ingresado a esa red. La situa-

ción para ellos no es sencilla. Viendo que la Policía ni la Justicia pue-

den protegerlos, o peor aún, que algunos de sus agentes están vincu-


lados o dan cobertura a estas bandas, se ven forzados a la conviven-

cia y la integración.

En mis recorridos por esas zonas, los padres me confesaban con

dolor que veían cómo sus hijos comenzaban a reunirse con “malas

juntas” en las esquinas, y que de a poco iban ingresando al círculo de

la venta de drogas. “Pero es difícil mantenerlos separados de sus

amigos, sin reunirse en ningún lado, cuando la mayoría está metida.

A medida que el chico se hace grande, cada vez me cuesta más con-

trolarlo” señalaban.

Las instituciones que deben ocuparse de la lucha contra el

narcotráfico se encuentran hoy sin herramientas legales para actuar

con eficacia ante esta realidad. Pueden investigar casos puntuales (y

aún esas investigaciones puntuales se hacen muy difíciles en estos

barrios), pero lo que no hay es un procedimiento legal extraordina-

rio para enfrentar procesos socializados de venta de droga. Por eso

al cerrar un “kiosquito” hoy, a los dos días, se abre una nueva boca

en la casa del lado.

Desarrollar este procedimiento es una prioridad. De más está

decir que no estamos proponiendo entrar a “sangre y fuego” ni nada

que se le parezca. La acción debe ser realizada dentro del marco de

la Constitución Nacional y Provincial y de la leyes procesales y de

fondo. Pero las Fuerzas de Seguridad del Estado deben ser autoriza-

das a realizar intervenciones extraordinarias para extirpar la red de

venta de droga, extendidas en una zona, sin someterlos a sus agen-

tes a un proceso burocrático de investigación y prueba de cada caso,

para obtener la orden de allanamiento, que resulta imposible cuan-

do de lo que se trata es de un barrio entero.

El segundo desafío es social. Pero en este terreno hay que tener

sumo cuidado. Se ha instalado un falso discurso que dice: “Mientras

esas familias no tengan otra alternativa de ingreso económico se in-


clinarán por la venta de droga. Antes de hacer cumplir la ley en la

zona, tenemos que garantizarles trabajo y oportunidades”.

El diagnóstico es errado. Porque la pobreza no es la causa del

crecimiento del narcotráfico. Es la impunidad. Y la distorsión en los

valores que produce esa impunidad en el barrio. Si el riesgo de co-

mercializar droga fuera percibido como mucho más elevado, ten-

dríamos más jefes y jefas de familia buscando otras alternativas, en

forma espontánea. De hecho esta premisa es aplicable a todos los

estratos sociales.

Estoy convencido de que en la problemática de la venta de dro-

gas se puede aplicar la misma regla que funciona para otros com-

portamientos sociales. Hay un 20% de personas que, no importa si

es fácil o difícil, legal o ilegal, nunca se les pasará por la cabeza dedi-

carse a una actividad tan negativa. Hay otro 20% de personas que, al

revés, lo harán, no importa lo que intentemos para evitarlo. Pero el

gran desafío es el 60% restante de las personas que lo harán o no,

dependiendo del contexto. Si ven que cunde la impunidad y que el

provecho económico es grande, probablemente caigan en la tenta-

ción. Pero si reciben una señal clara de que los riesgos (de caer pre-

so, por ejemplo) se han incrementado, inmediatamente lo abando-

narán como alternativa.

Lo que ocurre hoy en Córdoba y en Argentina es que la sensa-

ción de impunidad es tan grande que todos se animan.

Respecto a cuáles son esos barrios “favelizados” prefiero no dejar

un listado por escrito, por el riesgo a estigmatizar a sus habitantes que

todavía no han caído en las redes que aquí menciono. Sí puedo decir

que hay por lo menos 30 barrios que están en una situación muy com-

prometida: Colonia Lola, Coronel Olmedo, Ituzaingó, José Ignacio

Díaz, Las Violetas, Maldonado, Marqués Anexo, Muller, Parque Li-

ceo, San Vicente, Villa Cornú, Villa Páez, Villa El Libertador, Villa


Urquiza, Yapeyú, Barrio Ferrer y Suárez, entre otros. En esos barrios

hay que actuar en forma urgente, antes de que sea demasiado tarde.

Volviendo al desafío social que también tenemos en esos barrios,

la experiencia de gestión, en este sentido, me ha dejado en claro que

la acción social que estamos desarrollando en los barrios es vergon-

zosa. Los gobiernos (nacional, provincial y municipal) y peor aún,

los distintos ministerios y secretarías en cada uno de esos estamentos,

“bajan” decenas de programas fragmentados, que no tienen coordi-

nación entre sí y que en muchos casos se superponen. Los únicos

que terminan de concentrar la información son los punteros políti-

cos que visitan las distintas oficinas de los funcionarios para ver qué

hay para repartir. Son ellos los que recorren semanalmente los pasi-

llos de los ministerios y terminan por obtener la información com-

pleta de todo lo que ofrece la Provincia a través de cada parcela del

gobierno, información que ninguna autoridad termina de obtener

por sí.

El clientelismo produce estragos en esas zonas. Porque un joven

que abandonó el colegio y que ha crecido recibiendo dádivas y favo-

res de políticos y punteros, no percibe cuál es la diferencia de reci-

birlos ahora de narcos y dealers.

La multiplicidad de esfuerzos descoordinados y sólo enfocados

en la coyuntura, repercute muy mal en estas zonas marginales. Hay

grupos de personas que reciben mucho más de lo que necesitarían, o

dos veces la misma cosa, la misma acción, o el mismo programa, en

algunos casos. Otros ni se enteran de que se está desarrollando tal o

cual programa, proyecto o acción en la zona, porque no son amigos

del puntero de la zona.

Existen cientos de programas sin interacción entre sí, bajados

por Salud, por Educación, por Desarrollo Social, por Trabajo e In-

dustria, por Gobierno y Seguridad, por la Munaf, por la Agencia


Córdoba Deporte, por la Secretaría de Cultura, etc. Si a esto le suma-

mos que en esos mismos barrios están haciendo una tarea similar

(de desordenada) la Municipalidad y a su vez el Gobierno Nacional,

el resultado es un zafarrancho.

Con una experiencia concreta puedo ilustrar lo que encontré en

un sinfín de barrios. Reunión comunitaria convocada para ver si

podíamos estructurar un calendario preventivo de actividades en una

zona marginal y de riesgo. La dirigente que convocaba era muy

aguerrida y el número y calidad de los dirigentes sentados en esa

reunión era notable. Cuando ofrecemos nuestro Programa de Acti-

vidades Deportivas “Tiempo de Juego”, que se desarrollaba los sá-

bados, es bienvenido por todos. Pero el presidente del Centro Veci-

nal advierte que la Municipalidad ya “baja” deportes el mismo día a

la misma hora. La directora cuenta a su vez que los sábados tienen

los CAJ (Centros de Acción Juvenil) con un coordinador que ofrece

actividades deportivas a los chicos del colegio. Un dirigente peronista

que aparece más tarde advierte “cuidado, porque está a punto de

bajar el programa deportivo de la Agencia Córdoba Deportes que se

realizará los martes y jueves para el mismo segmento de chicos”. Así

fueron saltando las innumerables superposiciones, y programas que

no tenían la más mínima coordinación entre sí (y eso que sólo está-

bamos hablando de deportes).

Frente a esta realidad, la única acción social sustentable es el

desarrollo de una educación en valores. Sólo la educación puede re-

vertir la tendencia. Soy consciente que suena a “frase hecha”, pero

es la verdad. Incentivar el esfuerzo del trabajo honesto.

Todas las expectativas debieran estar puestas en las escuelas y

en la extraordinaria acción de párrocos, pastores, miembros de ONGs

y dirigentes comunitarios. Pero incluso este esfuerzo, insisto, será


inconducente si a la par no demostramos voluntad por dar un golpe

certero a las redes de narcotráfico.

Una anécdota final para este capítulo. Recorriendo las calles de

Villa Urquiza los vecinos me iban comentando las diversas casas que

vendían droga. Eran en verdad un listado impresionante. Cuando

les expresé mi indignación de que la Policía no actuara con decisión

me llevaron hasta el fondo del barrio –contra el Río Suquía– y me

mostraron lo que allí ocurre todos los domingos: cuadreras de caba-

llos con apuestas y todo tipo de ilegalidades institucionalizadas en

ese sector. “Esto se hace con la cobertura de la Policía. Si no son

capaces de cortar con algo tan burdo y tan conocido por todos,

¡Imaginate si van a hacer algo por el tema drogas!”.


5. La lucha solitaria contra el alcohol

Estando nuestro partido en el desierto (así llamamos a nuestra

lucha solitaria como partido independiente cuando se alejan los

comicios y merma la participación y la cobertura de los medios a

nuestras iniciativas y, por supuesto, todo se vuelve más difícil) un

hecho nos impactó fuertemente. Un terrible accidente en la autopis-

ta de Córdoba–Carlos Paz se lleva la vida de tres jóvenes, entre los

que se contaba a Manuela Gorriti (19), hija de un abogado conocido.

Los otros dos fallecidos eran Leticia Buffa y Enzo Panizza, transpor-

tados por un amigo alcoholizado, volviendo de bailar del boliche “La

Estación” de la Comuna de San Roque.

Fue tal el shock que produjo esa noticia, no sólo en nosotros

sino en numerosos padres, que un grupo de ellos convoca a una

reunión espontánea a los pocos días, con la preocupación por la for-

ma en que consumían alcohol los jóvenes y las consecuencias trági-

cas que estaba produciendo.

Fui invitado a esa reunión, porque varios reconocían que Pri-

mero la Gente había tenido posiciones muy claras al respecto. Pero

debo confesar que la noticia del accidente y esa reunión forjaron en

mí la conciencia de que aquellas ideas sostenidas con la razón, me-

recían ser defendidas con el corazón.

Fue así que desde el 2007 comenzamos a trabajar en propuestas

para limitar el consumo de alcohol y sus efectos. Al poco tiempo el

grupo de padres se dividió en dos bandos. Aquellos que sólo querían

limitarse a realizar acciones preventivas y de concientización pero

que no les parecía correcto, avanzar en regulaciones o prohibiciones

que afectaran a los bolicheros y expendedores de bebidas alcohóli-

cas. Y otro grupo, por el contrario, que quería concentrar todos sus


esfuerzos en generar legislación adecuada para controlar la oferta

de esta sustancia y en hacer cumplir las normativas ya existentes.

Los dos grupos de padres llegaron a distanciarse con reproches cru-

zados.

Nosotros, como partido político, seguimos más en contacto con

el segundo grupo que con el primero, pues la prevención era propia

de la tarea de una organización no gubernamental, pero nuestro ob-

jetivo –como partido político– era tener bien claro qué debía ser

promovido y exigido desde el Estado.

En este sentido teníamos conciencia de que el diagnóstico del pro-

blema no se debe reducir sólo al plano de la educación moral familiar,

puesto que tiene una complejidad mucho mayor, como todas las cues-

tiones sociales. Los padres de los adolescentes ya no tienen la exclusi-

vidad en la influencia sobre la mentalidad en formación de sus hijos.

También interactúan con ellos –en mayor medida– la televisión,

Internet, la radio y sobre todo el propio contexto sociológico en el que

los jóvenes se mueven, transmitiéndose en forma colectiva códigos de

conducta y gustos opuestos a los del mundo de los adultos.

Esa cultura audiovisual que la modernidad impone con la velo-

cidad de lo instantáneo, conlleva permanentes mensajes de trans-

gresión a las normas en las que fueron educados, mediante incita-

ciones al consumo de sustancias, alcohol, violencia y también sexo

promiscuo.

El sistema de diversión nocturna está montado para explotar

salvajemente esa tendencia natural de los jóvenes al desborde, me-

diante la instalación de grandes escenarios públicos donde la ebrie-

dad y la drogadicción resultan “normales” y la oferta de tóxicos ili-

mitada. La ausencia del Estado permite esta aberración comercial,

que supera no sólo las posibilidades materiales de control de los pa-

dres, sino que condena al fracaso los esfuerzos del sistema educativo


en general, tanto público como privado, en tanto la nocturnidad opera

como una gigantesca escuela de malos hábitos de vida.

En la base de todo, está la impunidad de quienes lucran en for-

ma leonina con este estado de cosas. Ellos son los responsables del

daño social causado por el mal que propagan y son además sus úni-

cos beneficiarios en término económicos.

Si bien es correcto hacer campaña de concientización por todos

los medios disponibles –como hicimos durante el año de nuestra

gestión–, la prevención del alcoholismo no puede quedarse sólo en

el campo de la demanda. Al igual que las otras drogas debe operar

sobre la oferta, con todas las herramientas legales que permitan su

contención razonable (en el caso del alcohol) o su supresión total

(en las drogas). Es una lucha en dos frentes.

Con estas premisas, empezamos a trabajar –codo a codo– con el

Dr. Esteban Gorriti, padre de una de las víctimas quien, como abo-

gado, había logrado un nivel de profundidad notable en el estudio

de la legislación vigente y lo que aún faltaba de sancionar. Participa-

mos en todas las actividades e iniciativas que generó Esteban desde

su organización de padres –“Por nuestros Queridos Hijos”–, orga-

nizamos nuestras propias conferencias y presentaciones en distin-

tos puntos de la provincia, e hicimos nuestros los postulados de su

lucha.

Cabe decir que las ideas de Gorriti no eran (ni lo son aún) acep-

tadas en forma pacífica por los diversos interlocutores a los que uno

se las presenta. Aunque están en completa coincidencia con las ac-

ciones emprendidas por los países más desarrollados, en nuestras

comunidades muchas personas siguen sosteniendo que el exceso de

consumo y sus consecuencias es completa responsabilidad de los

propios jóvenes y de sus padres que no los controlan. Que los

bolicheros y expendedores de bebidas nada tienen que ver.


En otro nivel mucho más doloroso, algunos de mala fe o sólo

por repetir lo que escuchan, aducían por lo bajo que este abogado

intentaba ganar dinero, cobrándoles por la muerte de su hija a ter-

ceros con más recursos que el autor material del accidente. La ente-

reza con que Esteban Gorriti soportaba semejante maltrato injusto,

no era un dato menor para mí en la confianza que fui teniendo en

sus convicciones.

El día que llegué a la Secretaría, inmediatamente incluí, por tan-

to, el tema del abuso de consumo de alcohol en las prioridades. In-

tenté incluso que el organigrama contemplara una Dirección espe-

cial de Lucha contra el Consumo de Alcohol pero vi que el tema era

tan nuevo para la lógica del gobierno, que no habría margen. Debe-

ríamos trabajarlo en forma paulatina.

En la primera reunión con Caserio, confirmé que trabajaría in-

tensamente en el tema, y el ministro asintió agregando: “Busque-

mos de arreglar con los bolicheros para pasar algunos videos y brin-

dar algún material preventivo en la puerta a los jóvenes”. En verdad

el ministro no se imaginaban que mi intención era presentar una

propuesta estructural. Ir con el bisturí a fondo.

Incorporé al Dr. Gorriti como asesor y con su ayuda y la del equi-

po de Primero la Gente, cotejando nuestras ideas con organizacio-

nes internacionales, experiencias en Estados Unidos, Australia, Eu-

ropa y Chile, con organizaciones no gubernamentales nacionales

como la Fundación Padres– llegamos a formular un verdadero Plan

de Lucha contra el Abuso de Consumo de Alcohol. Lo que tal vez a

otros les hubiera llevado dos años de trabajo, en nuestro caso –gra-

cias a esta colaboración– lo pudimos presentar en un lapso breve

(las recorridas que hicimos con el equipo de la Secretaría por la no-

che de Córdoba, y las increíbles distorsiones que pudimos compro-


bar, nos confirmaron que era necesario actuar sobre la nocturnidad

con todo el rigor de la ley)

El eje de la propuesta pasaba por hacer foco en todos los actores

que, por ganar dinero produciendo y vendiendo esta sustancia

riesgosa, podíamos desde el Estado exigirles tomen las medidas

precautorias necesarias para garantizar que no se venda alcohol a

menores y que no se alcoholice a la clientela. En lugar de criminalizar

a los hijos y a los padres, se los ponía en el lugar en el que debían

estar como grupos de riesgo (y eventualmente enfermos y adictos) y

se reordenaba el foco del control en aquellos a los que se les puede

exigir recaudos básicos.

Con esa óptica propusimos adherir a la Ley Nacional 24.788 de

Lucha contra el Alcoholismo, que –como ocurre en Argentina– lleva

12 años de sancionada pero con nulo cumplimiento. Esa ley nos per-

mitía profundizar en el control y el castigo de los que venden alcohol

a menores y en exceso a mayores, llegando incluso a imponer san-

ciones penales cuando se produce una muerte o una lesión por esa

causa. Las penas se elevan en un tercio cuando se trata de un menor.

El instrumento que propusimos para que toda esta normativa

no quedara en palabras, era la creación de un Registro Único de Ex-

pendedores de Bebidas Alcohólicas.

En un artículo en el diario La Voz del Interior, explicaba el senti-

do y el alcance de nuestro Plan. Transcribo aquí los principales párra-

fos de ese artículo para que no queden dudas de nuestra propuesta.

Alcohol: la droga más riesgosa 2

Sería un error cerrar nuestra visión sobre el consumode drogas sólo a la marihuana, cocaína y pastillas y no



mirar las consecuencias que está produciendo en nues-tra sociedad esta sustancia de alto riesgo de venta legalque es el alcohol.Como padres, apoyamos que se suspendan clases,espectáculos públicos y jornadas laborables ante epi-demias recientes como el dengue o la gripe A, cons-cientes de que no se pueden escatimar esfuerzos enprevención. ¿Qué estamos dispuestos a avalar frente auna “epidemia” tanto o más peligrosa como es el exce-so de consumo de alcohol? Por ella mueren 3.000 jóve-nes de entre 15 y 25 años al año en Argentina y el doblede esa cifra quedan discapacitados.En Córdoba, según estudios de Sedronar, más del 75por ciento de adolescentes escolarizados reconoce ha-ber tomado bebidas alcohólicas en el último mes, conuna edad de inicio que ha descendido hasta los 13 añosy un aumento alarmante del consumo en mujeres. En elcaso de los no escolarizados, la cifra supera el 85 porciento. Lamentablemente nuestra provincia ocupa losprimeros lugares de consumo de alcohol en el país.La tasa de incidencia del alcohol es del 51,2 por cien-to, lo que equivale a más de 37 mil estudiantes queingresan al consumo cada año. El 50,2 por ciento delos estudiantes universitarios en Córdoba refieren con-sumir bebidas alcohólicas algunas veces, el 19,2 porciento todos los fines de semana y el 0,4 por cientotodos los días, según datos aportados por la propiaUNC.El jefe de la guardia del Hospital de Urgencias confirmórecientemente a La Voz del Interior que el 80 por cientode los que ingresan a la unidad tienen algún grado dealcoholemia y que la mayoría de las personas que in-gresan por intoxicación alcohólica son mujeres.

¿Cuál es la solución? Desde la Secretaría (de Pre-vención de la Drogadicción) elaboramos –en interaccióncon especialistas y organizaciones civiles vinculadas ala materia– un paquete de leyes y de medidas ejecuti-vas que resultan determinantes para revertir la tenden-cia.


El eje del “Plan de lucha contra el exceso de consumode alcohol” pasa por exigir a los vendedores de estasustancia de alto riesgo que tomen las medidas ade-cuadas, propias de un buen hombre de negocios, paraevitar ser pasibles de las sanciones civiles y penalesque ya prevé la Ley 24.788.Esta ley prohíbe taxativamente la venta de alcohol amenores y también la venta a mayores cuando se “des-naturalicen los principios de la degustación”. Las san-ciones por incumplimiento van desde multas, clausurasprovisorias o definitivas hasta establecer un tipo penalen su artículo 15°: “Si a consecuencia del hecho result arela muerte de alguna persona, la pena será de dos acinco años de prisión y si resultaren lesiones, la penaserá de uno a cuatro años de prisión. Si la víctima delhecho resultare un menor de 18 años, la pena máximase elevará en un tercio”.De esta manera, dejamos de enfocarnos sólo en losconsumidores y las consecuencias (por ejemplo, con-trol de alcoholemia a la madrugada), para exigir una realprevención de parte de las personas que venden alco-hol, conforme los riesgos propios de su negocio.Ellos opinan que adjudicarles esta responsabilidad esridículo, pero ¿acaso no podemos exigir a las grandesempresas de bebidas que limiten sus publicidades y pro-mociones? ¿No podemos incluso cargarles una tasadiferencial en su precio para solventar campañas pre-ventivas?¿Es exorbitante exigirle al bolichero que controle el in-greso de jóvenes alcoholizados, so pena de hacerseresponsable de ellos desde el momento de su admi-sión? ¿Es exagerado limitar la venta de alcohol a ungramo por litro de sangre, parámetro luego del cual,según evidencia científica, el alcoholizado comienza aperder el control de sus actos?Así como el farmacéutico está obligado a aceptar con-troles y recaudos propios del comercio de un productoriesgoso como son los medicamentos, de igual manerapodemos hacerlo con los que comercializan esta sus-tancia peligrosa. Desde horarios de venta, carteles y


advertencias que deben colocarse, capacitación de losauxiliares de seguridad que el local tiene para controlar,hasta acciones que deben asumir en caso de que uncliente se intoxique.La cuestión más complicada es el cómo, el control deestas medidas. Investigando múltiples experienciasexitosas, surge nuestra propuesta de crear un “regis-tro único de expendedores de bebidas alcohólicas”.El hecho que aquel que vende alcohol deba sacar unalicencia y registrarse es lo más práctico que se puedeproponer para un control efectivo. Cualquier personadenuncia un lugar donde se está vendiendo alcohol amenores o en exceso a mayores (puede ser boliche,bar, quiosco o despensa). Nos hacemos presentes,constatamos el hecho, quitamos la licencia e inme-diatamente pasa a ser un vendedor clandestino, conel riesgo de que decomisemos la mercadería y apli-quemos sanciones civiles y penales. Si no tiene li-cencia, directamente actuamos. Tanto los municipioscomo la Provincia de manera concurrente pasamos atener una herramienta excelente para actuar con ra-pidez.¿Proponemos que los mozos reciban a sus clientescon un obligatorio control de alcoholemia? Nada másalejado de nuestro proyecto. Como el bolichero ya esresponsable civil y penalmente del alcohol que venda(por la Ley 24.788) y el plan que presentamos haceefectiva esa responsabilidad, el alcoholímetro es unaherramienta para que el propio bolichero (o dueño debar) no entre en discusiones con su cliente. Si éste lepide ingresar con ebriedad, o que le vendan más alco-hol de lo debido, se toma el alcoholímetro y se zanja ladiscusión.Si no generamos esta herramienta de registro, insistoen que siempre estaremos en desventaja.Soy consciente de que todavía está quedando libre elconsumo de alcohol que se produce durante “la pre-via” en casas de familia. Aquí la prevención es deter-minante, como así también el trabajo sobre las cau-sas profundas que llevan a los jóvenes a arriesgar su


vida en una noche de consumo, a los mejores ami-gos a promover que eso ocurra (y a los propios pa-dres a tolerar el exceso). Pero este desafío mayor nodebe demorar las medidas ejecutivas y de control dela oferta.

El Plan estuvo acabado justo antes de que comenzara el frenesí

de la campaña electoral del 2009, al mes de nuestro ingreso a la Se-

cretaría. Teníamos una gran expectativa de poder elevarlo desde el

Poder Ejecutivo a consideración de la Legislatura lo antes posible.

Se abrió un expediente con nuestra propuesta y comenzó a visitar

todas y cada una de las oficinas que el trámite burocrático indica

debe poner su firma antes de llegar al despacho del gobernador.

En cada instancia, la sorpresa por ideas tan “innovadoras” nos

obligaba a explicar una y otra vez de qué se trataba. Caserio mismo

me confesó que no comprendía en detalle de qué se trataba. Sin em-

bargo me indicó que le parecía bien avanzar. Aun así el expediente

durmió durante abril, mayo y junio.

Al terminar las elecciones, ya no podíamos demorar más. Insistí

con el proyecto y me quejé por la demora en ser enviado desde el

Ejecutivo al Legislativo al propio ministro. Indudablemente su mente

estaba concentrada por esos días en la interna con De la Sota, y ni

siquiera registró mi apuro y mi decisión por avanzar en la materia.

Gorriti era un buen colaborador, pero también debo decir, un im-

placable fiscal de que los tiempos no se extendieran. Su presión era

lógica pues la memoria de su propia hija fallecida por la falta de con-

trol y la posibilidad de que cientos de familias vivieran en los sucesi-

vos sábados y domingos sufrimientos como los que él vivió, no ad-

mitían excusa.

Como en otras instancias, decidí jugar fuerte. Abrimos dos ca-

minos de trabajo con el equipo de la Secretaría. Por un lado, con una


resolución conformé un equipo de abogados integrados por Esteban

Gorriti y Luis María Caballero, que se presentarían ante los fiscales

en cada caso donde estuviera vinculado el consumo de alcohol en

forma directa o indirecta, para exigir se investigue si no era pasible

de ser aplicada la Ley 24.788 y sus sanciones. Afortunadamente la

faz penal de la ley no requería adhesión y era aplicable como dere-

cho penal administrativo y por lo tanto como derecho de fondo, sin

necesidad de que la Legislatura cordobesa aprobara adhesión algu-

na.

Para evitar confrontaciones innecesarias, anticipé la intención

de forzar la aplicación de esta ley al propio Fiscal General, Darío

Vezzaro, a quien habíamos ido a ver con Gorriti cuando yo era un

ciudadano y no un funcionario, intentando presionarlo por el mis-

mo motivo (fruto de aquel encuentro Vezzaro había lanzado a todos

los fiscales un instructivo expreso –N° 06/08– para prestarle aten-

ción a esta ley, en sus investigaciones sobre muertes y accidentes

que tuvieran como posible causa directa o indirecta al alcohol). Ahora,

siendo yo Secretario, Vezzaro me escuchó con más atención y se

mostró predispuesto a que, si le informaba con antelación a cada

presentación, él en persona se comunicaría con los fiscales para que

no tuviéramos ningún problema. “Te doy mi celular privado para

que me llames a cualquier hora” me indicó.

Hay que decir que eso ocurrió. Y pudimos realizar tres presenta-

ciones que tuvieron un fuerte impacto incluso a nivel nacional. No

era común escuchar que un funcionario se hiciera presente ante un

fiscal solicitando se investigue si el vendedor del alcohol que había

provocado la muerte de un menor en un accidente no debía ir preso.

Las presentaciones fueron por los seis chicos muertos en

Ramona, alcoholizados en Freyre; el joven Matías Valle de Carlos

Paz, muerto a 200 metros de la puerta del boliche, completamente


alcoholizado; y una niña de Colonia Caroya, al borde de la muerte

por un coma alcohólico a causa de un concurso de “toc–toc” promo-

vido por el propio bolichero. Estas presentaciones generaron ruido

y malestar en Casa de Gobierno, pero nadie se atrevió a hacerme

ningún reproche ni observación. Todos los comentarios me llega-

ban en forma indirecta.

La estrategia parecía marchar según lo planeado. Pero ahora debo

decir que ningún fiscal se atrevió a avanzar más allá de aceptar nues-

tra primera presentación y cajonearon esas denuncias, lo que me

hace pensar hoy que el supuesto apoyo del fiscal general Vezzaro

había sido más “pour la gallerie” que real vocación por aplicar la ley.

El segundo camino que emprendimos para que nuestro proyec-

to de control de la oferta del alcohol se instrumentara fue más arries-

gado en términos políticos. Comenzamos a hacer contacto con legis-

ladores, utilizando el peso mismo del cargo de Secretario, para ex-

plorar si era posible presentar los proyectos de ley, directamente

desde ese ámbito.

Allí conocimos de cerca –ya lo conocíamos de antes, pero no

habíamos trabajado codo a codo– al legislador Emilio Graglia, pre-

sidente de la Comisión de Adicciones de la Legislatura, quien se puso

completamente al hombro esta “causa” como si fuera uno más de

nosotros. Con un gran compromiso y sabiendo que –por no tener

nosotros el apoyo adecuado– se metía en “camisas de once varas”,

se abocó a estudiar los proyectos, realizar sugerencias y ayudarnos a

delinear una estrategia que incluyó que él presentara directamente

estos proyectos como legislador, para que los tratara la Legislatura,

sin necesidad de esperar que viniera el proyecto oficial del Ejecuti-

vo.

La razón que adujimos era valedera: “Queremos que el proyecto

se convierta en una política de Estado, que sea debatida y


consensuada por todos los bloques y para eso es sano que no venga

impuesto como un proyecto del Ejecutivo sino que nazca de cero del

ámbito legislativo”.

El otro legislador que se mostró proclive a apoyar el proyecto

era ni más ni menos que el presidente del Bloque de Unión por Cór-

doba, Daniel Passerini.

Desde la Secretaría fuimos conscientes de los riesgos. El primer

legislador es un radical, integrado al bloque del peronismo en el

marco del acuerdo que hizo “Pichi” Campana, al ingresar como

vicegobernador. Aunque ese derrotero del ex-basquetbolista nunca

me terminó de convencer, repito que Graglia era un aliado ideal y un

hombre integro y de gran valía. Pero él no dejaba de ser un “bicho

raro” en el bloque oficialista y de alguna manera lo que estábamos

haciendo era sumar ese bicho al “bicho raro” que ya éramos noso-

tros dentro del esquema schiaretista. El apoyo de Passerini también

representaba un riesgo por ser “un hombre de De la Sota”, cuestión

que los schiaretistas no lograban digerir.

Se fijó una fecha en la que se lanzaría el proyecto. Se solicitó la

Sala Regino Maders, auditorio paradigmático de la Legislatura de

Córdoba, para darle a este lanzamiento de ideas una formalidad y un

marco necesario. Desde la Secretaría cursé nuevamente copia del

proyecto al gobernador, a Caserio y a todos los ministros y los invité

para ese día con mucha antelación.

Curiosamente nadie acusó recibo, lo que fue interpretado por

mí como un apoyo implícito a seguir. Una semana antes de la fecha

de presentación, lancé el proyecto a la prensa para ir preparando el

terreno. También envié 1800 invitaciones por correo a instituciones

de todo tipo, para que no hubiera posibilidad de hacer marcha atrás.

Era como “quemar las naves” en las orillas para no tener ni siquiera

la tentación de volver la vista atrás.


Por supuesto, las primeras interpretaciones hechas por la pren-

sa fueron en tono de sorna, ridiculizando las ideas buscando presen-

tarlas como “ideas extremas”. Se publicaron titulares que palabras

más palabras menos me mostraban intentando que el mozo del bar

esperara al cliente con un alcoholímetro. El Registro Único de Ex-

pendedores de Bebidas Alcohólicas, que es la única forma sencilla

de controlar semejante fenómeno de consumo, fue tachado de uto-

pía, de imposible, de locura.

No soy amigo de las teorías conspirativas pero no dudo que los

intereses de los fabricantes y expendedores comenzaron a jugar fuerte

desde el primer momento en que las propuestas vieron la luz. De

hecho a los pocos días me encontré con un empresario muy impor-

tante de Córdoba que en varias ocasiones había reconocido pública-

mente su simpatía por nuestras ideas políticas y que sin embargo

me increpó duramente por “estar aplastando con mis ideas

intervencionistas, el incipiente turismo de Córdoba que viene a dis-

frutar la extrema libertad que le da nuestra tierra de tomarse unos

buenos tragos sin que nadie los moleste”. ¿Influirían este tipo de

empresarios para que nuestro plan de lucha contra el abuso de con-

sumo de alcohol sea ridiculizado? ¿Influirían los fabricantes de cer-

vezas y de fernet, principales sponsors de medios y de eventos en

Córdoba? No tengo pruebas pero me animaría a garantizarlo.

“Barrené” la ola de prensa y los comentarios de todo tenor lo

mejor que pude, con la tranquilidad de que la comprensión de los

principales ejes del plan llevarían tiempo a nivel de opinión pública.

Unos días antes de la presentación en la Legislatura, un llamado

extraño de Miguel Civallero (el hombre con el que tal vez yo haya

logrado mayor diálogo y confianza desde el principio y durante esos

meses) me pone en guardia: “Sebastián, yo no soy tu ministro pero

informalmente te sugiero que bajes tu presentación y que revises


todo esto que estás haciendo con el alcohol porque Schiaretti no está

de acuerdo”. Con pena por cargar las tintas sobre este dirigente que

siempre había sido un interlocutor confiable, debí sin embargo po-

nerme serio y firme. “Yo no bajo nada porque vengo hace meses pi-

diendo que se discutan estas ideas dentro del propio gobierno y na-

die me ha dado la más mínima oportunidad. Si quieren que baje la

presentación que me llame Schiaretti y me lo diga” sentencié.

Civallero cortó sorprendido por mi respuesta destemplada y a

los quince minutos, me llamaba la secretaria de Caserio para citar-

me al otro día, y mantener la bendita reunión que venía solicitando

hacía meses.

Al comenzar ese encuentro, Caserio intentó aparecer tranquilo

y sereno, pero su personalidad pudo más que su intención y a los

pocos segundos ya estaba completamente sacado. “Este proyecto lo

vengo defendiendo en las oficinas de Gobierno desde marzo –le re-

proché–. Les mandé noticia de que lo estaba por lanzar y no me dije-

ron nada”. Su respuesta fue terminante: “Mirá, Sebastián, el gobier-

no no te va apoyar en esto, no queremos meternos en el quilombo

del alcohol porque es un boomerang; tu secretaría no va a ser autori-

dad de aplicación, no va a haber Registro Único y no quiero que pre-

sentes el proyecto en la Legislatura. Esta cuestión tiene que quedar

en la órbita municipal y nosotros, como provincia, no tenemos por

qué meternos”.

“Yo no bajo la presentación del miércoles, Carlos, porque ya in-

vité a todo el mundo y no voy a retractarme de ideas que vengo de-

fendiendo desde que asumí” le dije. Intuyo que él me vio demasiado

jugado y además di una razón final que sabía le iba a pegar fuerte:

“Los radicales tienen un proyecto a punto de ser presentado. Si el

gobierno no tiene la iniciativa, nos van a hacer quedar como unos


inútiles” le señalé golpeando por el lado político, que es donde sabía

podía doler más.

Discutimos fuerte, y finalmente accedió a que yo lo presentara

por mi cuenta y riesgo para dejarlo metido en la Legislatura y luego

desde allí abrir una instancia grande (y larga) de debate.

Salí de la oficina de Caserio con la idea de que “todo” el gobierno

estaba en contra. Pero cuando llegué a mi oficina me sorprendí al

recibir por mail la confirmación del ministro de Salud, Oscar

González, de que iría en persona a la presentación en la Legislatura,

alentándome con mucha energía a seguir adelante con estas ideas

correctas e innovadoras a su parecer. “Probablemente González no

se haya enterado de la bajada de línea y cuando lo haga no va ni a

aparecer” pensé para mis adentros. Pero no fue así.

“Sebastián: es lo que hay que hacer. Te felicito por tu valentía y

tenés todo mi apoyo y el del Ministerio de Salud” fueron las palabras

con las que cerró su salutación el día de la presentación, ante un

auditorio repleto de personas.

Al otro día la prensa, reflejó este apoyo al igual que la participa-

ción del Rabino Polackoff en representación del Comipaz, una dele-

gada del fiscal Vezzaro (que hasta ese momento, insisto, se mostra-

ba proclive a imponer esta ley), el Dr. Gorriti, el legislador Graglia

en representación de la Legislatura y yo que expuse los detalles de

los 7 puntos que incluía el proyecto.

Por supuesto, superado ese lanzamiento exitoso, el debate “abier-

to y constructivo” que habíamos profesado, no se dio. Los legislado-

res del bloque oficialista, acostumbrados a recibir órdenes directas

del Ejecutivo, preguntaban a Graglia y a Passerini: “¿Qué dicen

Schiaretti y Caserio? ¿Este proyecto hay que aprobarlo o no?”. Caserio

fue el encargado de irme “limando”, como se dice en la jerga política,

avisándoles a todos que yo actuaba sin el menor apoyo.


El propio Graglia, ya no por obediencia sino por sentido común

me aconsejó: “Si esto no lográs que salga con el apoyo de Caserio, va

al muere”. Intenté hablar incontables veces con el ministro por el

tema, pero ya para esa altura no me prestaba la más mínima aten-

ción.

A finales de noviembre, viendo que ambos caminos no avanza-

ban (ni el judicial, ni el legislativo), volví a redoblar la apuesta. Envié

una nota a todos los legisladores –oficialistas y opositores– insis-

tiendo en que los proyectos presentados fueran tratados antes de

que llegara el verano. “Los técnicos nos indican que será un verano

de alto consumo con los riesgos que estos supone. Necesitamos te-

ner el marco regulatorio normalizado para poder actuar” señalaba.

Los legisladores oficialistas creyeron ver en mi osadía que había

recibido finalmente un apoyo formal, esta vez de Casa de Gobierno.

A los tres días me citó la Comisión de Adicciones y todos los legisla-

dores se comprometieron de buena gana a aprobar antes de fin de

año por lo menos la adhesión a la Ley 24.788 y la Ley 26.767 de

Espectáculos Públicos, que eran las columnas vertebrales de nues-

tro Plan. Si la provincia se adhería sin especificaciones puntuales,

nuestra Secretaría sería la autoridad de aplicación. Fue sorpresivo

que el consenso llegaba incluso a las bancadas opositoras y por un

momento soñamos con la posibilidad de que el Plan fuera votado

como política pública por unanimidad.

Por supuesto que el esfuerzo se cortó en seco con un llamado

por teléfono de Caserio, quien se encargó de dinamitar los incipien-

tes consensos establecidos. En los últimos días de diciembre, sabien-

do ya que había gastado todos los cartuchos, realicé mi última arre-

metida para que el tema quedara, al menos, bien instalado en la opi-

nión pública.


Redacté un artículo que publicó La Voz del Interior que resumía

en 500 palabras la visión profunda y la estrategia por nosotros pro-

puesta.

Transcribo algunos párrafos:

¿Cuántos más deben morir? 3

Frente al consumo desmesurado de alcohol, ¿qué másnos tiene que pasar? En el año hemos sumado muer-tes, accidentes y menores en coma alcohólico, en unnúmero que supera las tragedias más grandes que havivido el país. ¿Hará falta que un centenar de jóvenesmuera ahogado en una pileta de cerveza, alcoholizados,para que se produzca la necesaria reacción?A la hora de discutir las soluciones, todos cargamos lastintas sobre los padres, por ser los primeros preventores.En efecto, no es un dato menor que “la previa” de loschicos se realice, 50 por ciento, en casas de familia yque muchos no hagan nada frente al consumo excesivode sus hijos. Pero no podemos quedarnos sólo en eseplanteo.Si no somos capaces de limitar y regular el impresio-nante asedio publicitario que promueve el consumo debebidas alcohólicas, es casi irritante (además de inútil)exigir a los padres que enfrentemos en soledad una ten-dencia social instalada a través de medios tan masivosy tan eficaces.¿No ha llegado la hora de prohibir la publicidad de bebi-das alcohólicas, al igual que se hizo con los cigarrillos yque resultó determinante? Como mínimo, reglamente-mos su contenido, la frecuencia y la vinculación distorsivaque logran con el éxito y con el deporte (no es buenoque una cerveza, por caso, auspicie a la Selección Na-cional de fútbol).¿Alguien en verdad cree que es sufi-ciente la sola mención de que “está prohibida su venta a



menores de 18 años” o la de “beber con moderación”?Hay un segundo control que debemos garantizar, si que-remos pedir a la familia que haga lo suyo. Se trata delos bolicheros y expendedores de alcohol que, en lamayoría de los casos, no toman las medidasprecautorias necesarias. La Ley 24.788 es taxativa enprohibir la venta a menores, así como en exceso a losmayores. Para los que incumplen, llega a contemplar laprisión cuando se producen muertes o lesiones.Si tenemos la norma (de hecho lleva 12 años de sancio-nada) lo único que falta es aplicarla. Para eso es el Re-gistro Único de Expendedores de Bebidas Alcohólicaspropuesto por nuestra Secretaría. Con la ayuda de lasdenuncias al 0–800, con rapidez podremos quitar la li-cencia y eventualmente clausurar el local, decomisar lamercadería y hasta llevarlo preso.Esa herramienta cambiaría en pocos meses la sensa-ción de impunidad con la que se mueven quienes hoyvenden en forma indiscriminada. No en vano la provin-cia de Buenos Aires y, hace pocas semanas, la CapitalFederal sancionaron sus propios registros.¿Puede el Estado controlar, realizar campañas de pre-vención y asistir a los adictos, sin recursos suficientes?Desde la Secretaría hemos propuesto una tasa a cadalitro de alcohol que se vende en el territorio provincial.Con unos pocos centavos por cada envase, podemoslograr un fondo de más de 20 millones de pesos,específicamente afectado a campañas de prevenciónde la misma jerarquía y profundidad que las que incitanal consumo. También para garantizar el control efectivoy la asistencia. ¿Es injusto pedir a los consumidoresque ayuden a pagar, con un mínimo esfuerzo, la luchacontra el consumo excesivo?

Sé lo que estarán pensando al leer estas páginas: fue un error

desde el comienzo avanzar, sin el apoyo necesario. Pero ¿qué

podíamos hacer si en ningún momento tuvimos la más mínima

oportunidad de defender formalmente nuestras ideas ante al-


guien que estuviera dispuesto a escucharlas en el gobierno a lo

largo de 8 meses?

Entiendo a los que piensan que ya, por este tema, debería haber

renunciado desde el principio por falta de apoyo. Pero insisto en que

nuestra convicción es que personas comprometidas y con valores no

pueden renunciar ante los obstáculos que presenta la “vieja política”

(por ponerle un nombre trillado) y deben dar la pelea que les sea

posible, hasta donde les sea posible. Pero debo confesar que desde el

comienzo y viendo las primeras actitudes, tanto el equipo de colabo-

radores que ayudó a sistematizar el plan como yo mismo, intuimos

que –hiciéramos lo que hiciéramos– no nos dejarían avanzar.

Podría escribir muchas anécdotas más, pero no quiero exten-

derme. El final de este capítulo se dio en los últimos días de diciem-

bre. Caserio, sabiendo que la cuerda se estaba tensando al límite me

encaró en el brindis de fin de año de Casa de Gobierno (luego de un

tiempo largo sin cruzar palabra conmigo) y me propuso una reunión

con Graglia y otros legisladores para debatir mis ideas sobre alco-

hol.

A los tres días en su oficina nos encontramos Emilio Graglia, el

nuevo presidente de la Legislatura, Sergio Busso, su legislador ase-

sor Juan Brugge, Elena Domínguez y yo. Por esas cosas del destino,

desde la noche anterior yo padecía una fiebre de altas temperaturas.

Cuando ingresé a la cita superaba los 39 grados. No hace falta que

les comente el “final de una muerte anunciada” aunque vale la pena

comentar el cómo, porque es muy sintomático de la realidad política

argentina.

Los dos legisladores –Busso y Brugge– sin siquiera haber leído

en detalle el Plan ni los proyectos presentados, opinaron en contra

lanzando sus objeciones que en muchos casos no tenían ningún

correlato con la propuesta. Caserio siguió con sus fustigaciones –


“no quiero comprarme este quilombo de controlar el alcohol”– mien-

tras mi subsecretaria asentía con su cabeza completamente alineada

a Caserio y agregaba comentarios en la línea de dejar mis ideas como

absolutamente insensatas y extremas (ya a esa altura, se notaba la

ambición desenfrenada de Domínguez por ocupar mi cargo, apos-

tando por mi cansancio ante tantos “no”).

La energía que me faltaba por la fiebre la puso Graglia, que de-

fendió los proyectos con pasión, pero nada ocurrió. Caserio, para

evitar que yo me enojara y le tirara el cargo por la cabeza, decretó:

“En febrero, tranquilos armamos una comisión todos los que esta-

mos aquí y vamos viendo con tiempo qué se puede hacer y qué no”.

Como dicen que afirmó el General Perón: si quieres que algo no avan-

ce, crea una comisión.

A la salida, crucé unas palabras finales con Graglia, y me com-

prometí con él a luchar otra batalla que se avecinaba: la del aumento

de los slots y la posibilidad de que la Lotería avance en el juego vir-

tual a través de internet. “Es una contradicción que estemos pelean-

do desde el Estado para prevenir la adicción a las drogas, pero que –

en paralelo– estemos promoviendo la ludopatía”, coincidimos.

Tanto él como yo éramos conscientes de que por una crítica a un

tema tan sensible, posiblemente dinamitaríamos todos los puentes.

Pero se trataba de convicciones muy profundas que ambos había-

mos defendido mucho antes de llegar a nuestras actuales posicio-

nes.

El tiempo, sin embargo, marcó dos caminos distintos: yo renun-

cié, eyectado por el Gobierno. Emilio Graglia decidió aceptar un car-

go en el Ejecutivo y dar un paso al costado como legislador.


6. Lo que sí pudimos hacer

No quiero que todo este libro sea un catálogo de lamentos por lo

que no se pudo hacer. En las cosas que dependieron directamente

de nosotros pudimos avanzar con mucha fuerza y eso nos dio gran-

des satisfacciones y un cúmulo de experiencias que sirven como an-

tecedente para que la Secretaría siga creciendo.

A nivel preventivo, desde el primer día trabajamos dos grandes

líneas de acción. La primera fue institucionalizar la prevención en el

Sistema Educativo. En conjunto con el Ministerio de Educación de

la Provincia y Sedronar pudimos instrumentar el Programa de Pre-

vención de la Drogadicción “Quiero Ser” en los quintos y sextos gra-

dos de 260 escuelas de la Ciudad de Córdoba, con una muy buena

aceptación por parte de la comunidad educativa. Trabajamos con

aproximadamente 30.000 alumnos en forma directa, y 150.000 per-

sonas si incluimos la tarea que se hizo convocando a la familia.

Respecto al Secundario, se creó, junto con el Ministerio de Edu-

cación, un Equipo Interministerial para asesorar y brindar herra-

mientas de prevención a los directivos y docentes, pedido que fue

receptado en tres encuentros con directores de Escuelas Medias de

la ciudad de Córdoba.

La segunda línea de acción fue la creación de la Red Social de

Prevención “Córdoba libre”. Nuestra visión era que lo mejor era que

la propia comunidad fuera protagonista de la prevención, cada ins-

titución, cada persona y no el Estado. En prevención todos podía-

mos hacer algo y valía la pena una Red para que los esfuerzos no

fueran dispersos y aislados.

La convocatoria tuvo una respuesta sorprendente. Desde el co-

mienzo adhirieron la Iglesia Católica, los cinco Consejos Pastorales


Evangélicos, la comunidad judía y musulmana, así como el Centro

Ecuménico. También se incorporaron más de 600 instituciones co-

munitarias como bibliotecas populares, cooperativas, centros veci-

nales, ONGs, clubes deportivos, sindicatos y cámaras empresarias y

personas comprometidas con la temática.

Como podía ocurrir que la repercusión hubiera sido sólo para el

Acto Inaugural y las primeras acciones (a los pocos días del lanza-

miento se llenó el Teatro Real de miembros de la Red, interesados

en escuchar la experiencia de Chile, contada por los mismos directi-

vos del organismo del país trasandino) convocamos para participar

en Talleres de Capacitación en la Prevención de la Red, pensando en

que allí los interesados mermarían. Pero respondieron más de 500

inscriptos.

Mediante un convenio con cinco ONGs (Programa Cambio, Pro

Salud, Programa Del Sol, Fundación Prevenir y Perspectiva Social)

pudimos brindar una capacitación de cuatro meses de duración en

distintos puntos de la ciudad.

Una respuesta similar obtuvimos cuando convocamos a capaci-

tarse en prevención a la Liga Cordobesa de Fútbol, a los jóvenes de

las distintas ONGs y a otros referentes comunitarios y religiosos. Se

realizaron durante nuestra gestión más de 50 talleres de prevención

en nuestra sede, en barrios de la ciudad, colegios, instituciones y en

el interior provincial.

Trabajamos mucho, en el intento de conformar los núcleos de la

Red en cada uno de los más de 400 barrios de Córdoba, con todos

los referentes que trabajan en el territorio, diagnosticando cuáles

son los factores de protección y de riesgo en la zona, para finalmente

establecer proyectos concretos de intervención adecuados a cada

realidad. El resultado, de más está decirlo, fue distinto en cada caso,


dependiendo del referente que tuviéramos como contraparte y la

realidad del lugar.

En todos los casos, un estímulo importante fue nuestro com-

promiso de asistir económicamente a los mejores 100 proyectos que

surgieran de la propia Red. La idea, en realidad, era que el impulso

comunitario no se agotara con el financiamiento estatal, sino que los

actores sociales aúnen sus esfuerzos para trabajar la prevención de

manera sostenida a lo largo del tiempo. Pero una lección de hierro

que aprendí durante esta experiencia como funcionario es que cuan-

do uno convoca desde el gobierno, si no realiza gestos concretos de

que pondrá algún dinero para apoyar, la apatía se extiende con rapi-

dez.

Un acuerdo con el Club Instituto, por dar un ejemplo de accio-

nes concretas, nos permitió ofrecer deportes a niños de 6 a 13 años

en diferentes puntos vulnerables de la ciudad de Córdoba a cargo de

los estudiantes de su profesorado. Unos 600 chicos concurrieron a

las sedes de los diferentes barrios y recibieron la contención preven-

tiva de los estudiantes del profesorado de esa institución. Todos los

sábados se sumaban a estos estudiantes los dirigentes comunitarios

del lugar.

En la misma línea, un convenio con los Cines Hoyts nos permi-

tió llevar en forma gratuita a 3.500 jóvenes de los últimos años del

secundario al ciclo de películas “Cine y Adicciones”. También pudi-

mos interactuar con empresas como Renault, que donó motores para

enseñar oficios en Ciudad Evita, o La Lácteo, Helados Niceto y Mar

Plast, que colaboraron con la Red para el Día del Niño.

Desde agosto, y una vez que logramos instalarnos en la sede de

la Secretaría, comenzamos a trabajar en el desarrollo de la Red en

toda la provincia. Nuestra estrategia fue tener como protagonistas

clave a los intendentes municipales y jefes comunales, con el objeti-


vo de llegar a construir una Red Municipal de Prevención de

Adicciones.

La cuestión no fue sencilla y debo decir que, a poco de andar,

tuvimos celos y problemas desde afuera y desde adentro del gobier-

no por visitar demasiado a intendentes de un signo político y no a

los de otro, a los de una zona y no a los de otra y así.

Un paso importante fue crear la Primera Delegación de la Secre-

taría en la ciudad de San Francisco, en cabeza de un colaborador de

confianza y en el marco de una muy buena relación establecida con

el intendente Martín Llaryora, quien desde un comienzo se había

mostrado comprometido con la tarea de prevención de las adicciones.

La interacción se pudo realizar con ciudades como Río Cuarto,

Villa María, el circuito de Sierras Chicas –Villa Allende, Unquillo,

Mendiolaza, Salsipuedes, Río Ceballos– la Comunidad Regional de

Río Segundo –Villa del Rosario, Luque, Calchín, Oncativo, Calchín

Oeste, Costa Sacate, Rincón, Manfredi y Matorrales– la Comunidad

Regional de San Justo, de Punilla, de San Alberto y ciudades como

Sampacho, Malagueño, Valle Hermoso, Jesús María, Capilla del

Monte, Villa Huidobro, Villa Giardino, etc.

A final de año pudimos lanzar desde la Secretaría un Concurso

de Proyectos Preventivos para Municipios y Comunas de menos de

15.000 habitantes. Resultaron ganadores 7 localidades: La Granja,

La Cumbre, Quilino, Villa de Soto, La Paz, Villa Huidobro y Embal-

se.

Un elemento que nos pareció fundamental fue el desarrollo de

materiales informativos y de capacitación. Desde el primer día

priorizamos los contenidos para presentar tanto en internet como a

nivel de impresiones y boletines. Para estimular a los padres en la

tarea de prevención, presentamos la Guía para Padres “La preven-

ción empieza por casa”, que se ofreció a través de la web, junto a


contenidos, videos y links para la reflexión y el debate. Los conteni-

dos tuvieron muy buena aceptación por parte de las personas que lo

utilizaron. Quedó trunca una exploración muy avanzada ya para pu-

blicar ese material como inserts en La Voz del Interior.

A comienzos de la primavera y en acuerdo con la empresa EPEC

(Empresa Provincial de Energía de Córdoba) se enviaron folletos de

concientización para padres sobre la problemática particular de con-

sumo de alcohol a más de 280.000 hogares junto con la facturas de

energía.

Junto a este esfuerzo por sensibilizar y organizar a los padres,

trabajamos en paralelo en la formación de la Red de Jóvenes Libres.

Logramos adherir a esa Red a 15 ONGs representativas del ámbito

juvenil y cientos de jóvenes que se inscribieron en la web. Estos jó-

venes no sólo se capacitaron en talleres sino que además desarrolla-

ron acciones preventivas en exposiciones universitarias, encuentros

juveniles deportivos y de debate y festivales como el de la Primavera

sin Alcohol en Villa Carlos Paz. Hacia final de año pudimos sumar a

los jóvenes preventores, un grupo de estudiantes coordinados por

profesores, que vienen hace varios años trabajando la prevención en

el ámbito escolar, promovido en su momento desde la Policía de Cór-

doba y que luego habían quedado a la deriva por falta de apoyo. Ha-

cia final de año pudimos integrarlos al plan de la Secretaría.

A los pocos meses de la asunción, y viendo que la promesa de

Schiaretti de apoyarnos con campañas masivas se demoraba, lanza-

mos nuestra propia campaña de prevención “Liberate por una no-

che. Hacé la prueba”, que se desplegó por toda la provincia en escue-

las, municipios y centros comunitarios. El texto remataba: “Sentite

libre de ser vos mismo, sin necesidad de consumir alcohol ni otras

drogas”. Los materiales se distribuyeron en toda la provincia. Incor-

poramos también presentaciones en las puertas de los colegios y pla-


zas, con una murga y monólogos de referentes de teatro que daban

pie a la entrega de material preventivo.

En la misma línea de trabajo, organizamos el Primer Certamen

de la Canción Córdoba Libre, convocando a jóvenes de entre 13 y 25

años a crear su propia canción de prevención. Las mejores cancio-

nes aparecieron en el Programa de TV “Telemanías” hasta elegir las

mejores. Fue una buena experiencia con trabajos de los chicos muy

interesantes. De hecho uno de los ganadores fue un joven de 15 años

oriundo de Totoral con su canción “Es mejor decir que no”. Los otros

ganadores, un conjunto de Carlos Paz.

Desde la Secretaría se pudo apoyar a campeonatos de fútbol y de

básquet para adolescentes tanto en la ciudad de Córdoba como en el

interior. En definitiva, trabajamos con el convencimiento de que los

propios jóvenes eran (y son) los mejores agentes de prevención,

mediante un trabajo eficaz de promoción de pares-guías.

Una acción que fue realmente emocionante fue la campaña que

lanzamos en torno al día 15 de noviembre, Día Mundial Sin Alcohol.

Nos propusimos el objetivo de poner a prueba todos los contactos y

adhesiones que habíamos logrado a lo largo del año, proponiéndo-

les un pequeño compromiso para ayudar a instalar la problemática

del exceso de consumo de alcohol en los jóvenes.

En primer lugar, invitamos a los deportistas (y tuvimos una res-

puesta muy positiva) a sumarse. Los principales equipos de fútbol,

rugby, básquet y las disciplinas deportivas más populares se com-

prometieron a desplegar una bandera antes de entrar a la cancha

con un mensaje que decía “Liberate del alcohol y las otras drogas”.

A los medios de comunicación les propusimos difundir en for-

ma gratuita una campaña que pudimos hacer a bajo costo con 10

referentes de diverso tipo que dejaban su mensaje preventivo. Nos

acompañaron desde Doña Jovita a los cantantes de música popular


Jean Carlos y Damián Córdoba, los deportistas José Meolans y

Georgina Bardach, los Caligaris, periodistas como Daniel Migani y

Marcela Palermo, el piloto Marcos Ligato, entre otros. Hay que decir

que todos los medios televisivos y radiales mostraron una generosi-

dad increíble, así como los medios gráficos que dieron una cobertu-

ra importante a toda la campaña.

Los credos religiosos más importantes fueron invitados a re-

flexionar en sus respectivas comunidades sobre el diálogo que debe

haber entre padres e hijos respecto de la problemática del alcohol.

También los dirigentes vecinales y de ONGs. Todos hicieron su apor-

te.

Varios ídolos de la música popular cordobesa desplegaron sus

banderas preventivas y dejaron su mensaje en los bailes de la ciudad

y la provincia. Varios directivos y docentes de las instituciones pú-

blicas y privadas hicieron su aporte reflexionando con los alumnos

sobre los mitos y verdades del consumo de alcohol entre adolescen-

tes y jóvenes.

Durante toda la semana del 9 al 13 de noviembre, montamos un

stand en la Peatonal para difundir este mensaje de prevención y en-

tregar material sobre el tema. Miles de personas se acercaron a bus-

car información.

El sábado 14 a la noche culminamos la campaña con un gran

evento –“La Previa sin alcohol”– con bandas en vivo, y la entrega

gratuita de gaseosas. El espíritu del evento era que uno se puede

divertir sin necesidad de alcoholizarse. El escenario se montó en ca-

lle Buenos Aires frente al Paseo del Buen Pastor en la ciudad de Cór-

doba y la convocatoria esa noche fue impresionante.

Hasta los niños, en las sedes barriales en las que trabajábamos

con el Club Instituto realizaron ese sábado actividades propias con


confección de afiches y pintadas de paredes para adherir a esta cam-

paña.

Fue una experiencia muy interesante, y varias semanas después

seguíamos recibiendo comentarios de personas, de instituciones, mu-

nicipios, colegios, clubes, parroquias y templos que habían hecho su

aporte de una u otra manera para difundir el mensaje. La prueba

demostraba además que esa Red tenía una potencialidad enorme si

éramos capaces de movilizarla para este tipo de acciones mancomu-

nadas.

Es difícil resumir en pocas páginas, y sin aburrir, todo lo que se

hizo durante nuestro año de trabajo. Estoy seguro de que los cientos

de interlocutores con los que interactuamos pueden dar testimonio

de que la “rueda comenzaba a moverse”.


7. ¿Dónde metemos a los adictos?

Este capítulo, lamentablemente, será breve, no porque el tema

no sea importante (de hecho es el más importante) sino porque, desde

el comienzo de mi gestión, comprobé que sería muy poco lo que po-

dría hacer en la materia.

Ya consigné en otro capítulo que el gobernador Schiaretti, a poco

de mi asunción, había anunciado la construcción de un Centro Inte-

gral de Asistencia a Adictos en el predio del ex Edificio Minetti, fren-

te la Terminal de Ómnibus, que sería coordinado por la Secretaría

de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia. Pero este Centro, hasta el día

de mi renuncia, estaba sólo a nivel de papeles.

Antes de avanzar, es importante explicar a los que no son enten-

didos, que no todas las personas que consumen drogas son adictos.

Creer que lo son, ante la más mínima prueba de que están consu-

miendo, es un error muy frecuente de docentes, dirigentes, amigos y

familiares.

En realidad en la provincia el porcentaje de adictos, en el senti-

do técnico de la palabra, es relativamente bajo. Hablamos de perso-

nas que han desarrollado una subordinación completa, física, psico-

lógica y social a la sustancia y su vida entera gira en torno a ella.

Desarrollar una adicción puede llevar años o el proceso puede ser

más breve, dependiendo de la cantidad de sustancia consumida, la

frecuencia y el perfil físico y psicológico del consumidor.

Para los adictos, no hay “cura” como se entiende habitualmente

a la posibilidad de que a través de un remedio una persona enferma

vuelva a ser sana. Hay tratamientos que intentan una recuperación,

pero la realidad es que el porcentaje de personas que lo logran es


bajo. Muchos adictos tienen recaídas y eventualmente vuelven a tra-

tamientos, ya que es una enfermedad que permanece latente.

Lo que sí hay en Córdoba, en forma alarmante y con un creci-

miento exponencial en los últimos años, es la cantidad de primeros

experimentadores, consumidores y abusadores de consumo. Miles

de jóvenes que se están dando su experiencia de probar y consumir,

pero que todavía no llegan a la adicción.

Para dar un ejemplo fácil de comprender: así como no todos los

chicos que se emborrachan los sábados y domingos han llegado a

ser “alcohólicos” todavía (y probablemente no lleguen a serlo nun-

ca), lo mismo ocurre con las otras drogas. Puede ocurrir incluso que

queden tendidos en el piso por lo que han consumido (como ocurre

con las borracheras), lo que marca que tienen un problema serio.

Pero ese problema no necesariamente es una adicción.

En este sentido, el error está tan extendido que muchos padres,

habiendo encontrado, por ejemplo, un porro en el bolsillo de sus

hijos, los traen (Secretaría incluso) aduciendo que su hijo es adicto y

que “hay que internarlo”.

Ni lo uno ni lo otro. El adolescente o el joven advierte que está

en el “ojo de la tormenta” ante los retos de sus padres y acepta “vo-

luntariamente” que debe ser tratado. Sin embargo, a poco de comen-

zar las entrevistas, confiesa que acaba de empezar a consumir y que

muy lejos de reconocer que tiene un problema, está enloquecido por

la experiencia (que le parece fantástica). Hasta que ese consumidor

no problematice verdaderamente su situación, es muy difícil cual-

quier terapia.

También ocurre a menudo que el consumo de drogas es un sín-

toma más de una problemática psicológica mucho más compleja en

la cual el problema del abuso de sustancias termina siendo una anéc-

dota.


Pero sigamos con el común de los casos. El segundo error de

creer que todo se resuelve con una internación es fruto de muchos

años en los cuales los tratamientos sobre drogas han tenido ese for-

mato. Internaciones en granjas (comunidades terapéuticas) o en lu-

gares alejados. Sin embargo, hoy los técnicos a nivel mundial acon-

sejan utilizar esa alternativa como última opción. Lo mejor es que el

paciente se recupere sin cortar en forma tan tajante con sus lazos y

sus habitualidades, dado que si no, luego el reencuentro con ellos es

difícil y complejo.

Afortunadamente hoy en día hay instancias distintas, como son

los hogares de día o el simple abordaje de un psicólogo o un psiquia-

tra con conocimientos en la materia.

Explico todo esto porque las visiones erróneas, tan comunes entre

la gente, también se repiten entre intendentes, funcionarios provin-

ciales y municipales y eso dificulta desarrollar una respuesta inte-

gral sobre la cuestión.

Los intendentes, por ejemplo, que se ven desbordados por la

problemática de consumo en sus localidades, de buena fe lo primero

que tienden a hacer es reservar una sede para abrir un centro de

internación. Pasean el proyecto por dependencias nacionales y pro-

vinciales y visitan la Secretaría.

En estos momentos debe haber en la Provincia más de 50 pro-

yectos de centros asistenciales en cada municipio comprometido con

la cuestión, lo que a todas luces es un despropósito ya que los estu-

dios indican que con aproximadamente 12 centros distribuidos en

toda el territorio provincial, sería suficiente.

Pero también hay que reconocer que estas iniciativas caóticas

de intendentes y funcionarios se deben a que, a nivel provincial, to-

davía no hay un plan concreto al cual atenerse.


Lo mejor para Córdoba sería que su muy extendido Sistema Pro-

vincial de Salud, que incluye la atención primaria llevada adelante

por cientos de dispensarios y unidades municipales, se dispusiera a

tratar este tema de las adicciones y de problemas con el consumo

por parte de todos sus profesionales. Que un chico con problemas

en Villa Giardino, por dar un lugar hipotético, reciba una primera

asistencia del psicólogo del dispensario de la zona. Si el problema es

más grave y excede sus posibilidades, sea recién derivado al hospital

regional y así hasta llegar a la instancia de máxima complejidad que

sería el IPAD (Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción)

o la Casa del Joven (o eventualmente el Neuropsiquiátrico) en la ciu-

dad capital.

Hoy no está estructurado este sistema natural de derivación y

muchos profesionales terminan remitiendo –de buenas a primeras–

al paciente a los centros recién mencionados que se sobresaturan

inexorablemente.

Con este compromiso y esta visión, comenzamos desde el pri-

mer día el proceso de interacción y coordinación con el Ministerio

de Salud, que contempla la Ley 9.600 de creación de la Secretaría.

Nosotros no podíamos hacer asistencia directa a adictos porque de-

pende de Salud. Pero sí debíamos lograr que se estableciera una po-

lítica pública clara al respecto.

Vuelvo a repetir que considero al ministro Oscar González un

hombre valioso y comprometido, más allá de que diferimos en algu-

nas ideas de fondo (de hecho alguna vez tuvimos un cruce por su

política de distribución masiva de “pastillas del día después”). Siem-

pre voy a estar agradecido con él por haber sido el único ministro

que se jugó públicamente para apoyar nuestras iniciativas para con-

trolar el consumo de alcohol. También aclaro que el resto de las perso-


nas con las que interactué en el Ministerio de Salud merecen el ma-

yor de mis respetos.

Pero la realidad es que en un año de trabajo y a pesar de las

decenas de reuniones que mantuvimos, no pudimos avanzar ni un

centímetro.

En la primera reunión, el propio Caserio y González estuvieron

presentes, junto con el director de Salud Mental, Emilio Filipponi,

colaboradores y directivos de las principales instituciones públicas

dedicadas a la materia. Allí nos aclararon que “ya se estaba haciendo

mucho”, que estaba muy avanzado el proceso de “estructuración de

la respuesta del sistema de salud a nivel provincial”, aunque dejaron

en claro que la ciudad de Córdoba era un verdadero problema, por la

falta de sinergia entre los equipos provinciales y los municipales (la

verdad que la falta total de acción preventiva y asistencial del Muni-

cipio a través de sus centros de salud es alarmante).

Mencioné allí una de las ideas más desafiantes que traía previa a

mi asunción, cual era la posibilidad de que un 0–800 estructurara

una respuesta, al comienzo preventiva pero llegado el caso, de deri-

vación concreta con turnos y seguimiento posterior. La experiencia

que yo traía en funcionamiento de call-centers, me había convenci-

do de que no era un objetivo imposible

González me advirtió, sin embargo, que el sistema de turnos que

había desarrollado para los hospitales públicos había sido muy difí-

cil de parir y que le había llevado dos años completos lograr que in-

ternamente fuera aceptado.

De esa reunión nos llevamos un manual que supuestamente se

estaba entregando a todo el sistema de salud, pero que al leerlo, sólo

contemplaba intervenciones de emergencia para casos de

alcoholización.


En otras reuniones nos entregaron una publicación que resumía

el “mapa de derivación”, a todo color, bien organizado y con los nom-

bres de cada uno de los profesionales que en los hospitales y centros

provinciales de toda la provincia estaba en condiciones de atender

problemas de salud mental. También se incluía un relevamiento de lo

que estaba en condiciones de ofrecer cada municipio.

Impresionado por este trabajo, me propuse sin embargo poner-

lo a prueba. Hice una docena de llamados al azar a los profesionales

que aparecían en el trabajo y en todos los casos, me negaban que

ellos estuvieran en condiciones de hacerse cargo de la derivación de

un caso con problemas de drogas. Cuando le comenté esta decep-

ción al responsable de Salud Mental, me confesó que “entre la gripe

A, el dengue, y todas las otras pestes que están azotando” la consoli-

dación de ese mapa de derivación había quedado “en el freezer”.

En paralelo, inicié gestiones con la titular de la Secretaría de la

Mujer, Niñez y Adolescencia, Raquel Krauchik, para ver hasta dón-

de habían podido avanzar desde esa dependencia, responsable de

dar respuesta a los menores, y también para conocer en detalle el

Centro de Asistencia a Adictos, que había comentado Schiaretti el

día de mi asunción.

Los planos estaban y estaba la voluntad, pero faltaba la plata. De

todas maneras, Raquel en forma muy política me hizo saber que ese

era “su” proyecto.

Lo que sí se mostró dispuesta era a trasladarme una serie de

equipos técnicos para que fuera mi Secretaría la que se hiciera cargo

del problema entre los menores. Intuí que me estaba tirando una

brasa caliente, lo que luego confirmé cuando me fui metiendo más a

fondo en la problemática.

El panorama se presentaba muy complicado. También aquí de-

cidí jugar fuerte y comencé a presionar al director de Salud Mental,


Emilio Filiponni, quien se mostraba completamente dispuesto, pero

completamente desbordado por la multiplicidad de situaciones que

debe abordar su área.

En un momento llegué al fondo de la cuestión. “Mirá Sebastián

–me dijo– vos venís y me metés presión de que tu tema es priorita-

rio. Te vas y viene la gente de Violencia Familiar y me dice ‘lo mío es

prioritario’. Después viene ‘Asistencia a la Víctima’, la ‘Munaf’, ‘De-

sarrollo Social’, el sistema penitenciario, etc.”.

Entendí que su reclamo era legítimo y quedamos en armar una

reunión con todos esos actores, para conocernos y delinear entre

todos un pedido formal a las máximas instancias de gobierno –mi-

nistros y gobernador– sobre lo que había que hacer e invertir en el

tema, para dar una respuesta integral a todas estas problemáticas

que, en la mayoría de los casos, además, están vinculadas.

Nuestra Secretaría financió el encuentro en el Hotel del ACA,

con almuerzo en el que participó el propio ministro González. Luego

tuvimos varias reuniones, para delinear el escrito que presentaría-

mos anticipándonos a la formulación del presupuesto 2010. En ese

informe íbamos a dejar sentado una idea en la que todos estábamos

de acuerdo: no era tan importante invertir en grandes centros, sino

que la prioridad era financiar equipos comunitarios que pudieran

realizar asistencia en los barrios. En la ciudad de Córdoba funcio-

nan, de hecho, equipos de salud mental pero muchos de ellos lo ha-

cen en forma irregular y la problemática los desborda.

Sin embargo, al final nada pasó y cada uno terminó presentando

su propio presupuesto. No se dio la coordinación, no se presentó el

escrito y todo quedó en la nada.

Mientras esto ocurría, en la Secretaría tuvimos una afluencia de

madres y chicos con problemas que –gracias a Dios– pudimos aten-

der aprovechando la presencia de un profesional en el equipo de la


Secretaría que hacía las veces de “atajador de penales”. Gracias a su

experiencia y sus contactos en distintas instituciones, iba canalizan-

do estos casos como podíamos y lo hizo muy bien.

Llegamos a atender más de 200 casos de familias. Los más pro-

blemáticos, de más está decirlo, eran aquellos que no poseían nin-

gún tipo de cobertura de salud, ni recursos y dependían únicamente

de lo que el Estado pudiera hacer por ellos.

En el último trimestre, y consciente de que no vendría una res-

puesta concreta (y sustentable) desde el Ministerio de Salud, comencé

a presionar a Caserio para que me permitiera tener un sistema pro-

pio de becas para derivar pacientes a instituciones privadas y orga-

nizaciones no gubernamentales.

El dinero no era poco. Tengamos en cuenta que un tratamiento

en una de estas instituciones puede ir desde los $ 1.000 a los $ 7.000

según el caso. Caserio, aunque se mostraba consciente de que este

tema en algún momento “nos iba a explotar en las manos”, se enoja-

ba porque Salud no se hacía cargo, y me decía que no podíamos “gas-

tar la plata que realmente hace falta para resolver este tema”.

Yo para mis adentros seguía pensando: “¿Para qué crearon esta

Secretaría, levantaron el perfil al tema, y ahora no están dispuestos

a hacer nada para solucionarlo?”.

Después de la pelea que tuvimos por el presupuesto, le informé

que aún con los pocos recursos asignados, iba a invertir un tercio del

mismo (o sea 1 millón de pesos) para tener un fondo de becas que, al

menos, nos sacara de apuros en casos dramáticos. Para tener la po-

sibilidad de derivarlos a instituciones privadas.

Lamentablemente, no llegamos a instrumentarlo porque mi par-

tida de la Secretaría cortó en seco el proceso que ya habíamos inicia-

do para firmar convenios con todas esas instituciones.


Quiero dejar como anécdota final, la ansiedad y el vértigo que

produce estar a cargo de un tema del que uno nada puede hacer.

Varios políticos que han pasado por la función pública me habían

comentado este sentimiento de impotencia, pero hay que vivirlo en

carne propia para saber de qué se trata. Levantarse temprano todas

las mañanas y abrir los diarios, con temor de que un nuevo caso de

una señora que denuncia que pasó por todas las instancias públicas

para que su hijo fuera atendido sin lograrlo, incluso con un posible

final fatal. Ir con el auto hacia la Secretaría y escuchar un reportaje o

un mensaje de un oyente que carga contra el gobierno porque ha

intentado sin éxito que el Estado lo apoye para sacar a su hijo de la

droga… En todos los casos, uno intenta reaccionar rápido, incluso

yendo personalmente. Pero con la conciencia de que finalmente la

solución dependerá de otro u otros que no tienen ni el mismo com-

promiso ni el mismo apuro.


8. Combatir las drogas, sin silla ni lapicera

Cuando a uno le encomiendan fundar una Secretaría nada más

ni nada menos que dedicada a la prevención y la lucha contra el

narcotráfico, lo mínimo que puede pensar es que los detalles

operativos y las cuestiones administrativas no serán un problema, a

fin de poder dedicar todo el tiempo necesario a los temas estratégi-

cos. Pero no fue así en mi caso.

Tengo tantas anécdotas para contar, en este sentido, como días

pasé al frente de la fallida Secretaría. En teoría sería tonto ponerme

a detallarlas porque, probablemente, todos los funcionarios munici-

pales, provinciales o nacionales sufren el mismo calvario cuando lle-

gan a la administración pública.

Pero voy a rescatar algunas, con el ánimo que asenté en la intro-

ducción: a veces la perspectiva no se termina de construir si uno no

tiene los detalles. Las gestiones no fracasan por falta de grandes pro-

yectos, sueños e ideales, sino fundamentalmente por no poder lidiar

con los detalles. En mi caso, las he enumerado porque son indepen-

dientes unas de otras, aunque todas hacen al rosario de contratiem-

pos que vivimos durante la gestión.

1. La cuestión de la sede de la Secretaría fue un trámite que

nos llevó 6 meses. La primera oficina que conseguimos para al-

quilar, la burocracia del Ministerio de Gobierno se demoró tanto

en terminar la negociación que finalmente el dueño se enojó y no

quiso saber nada. Todo el trámite se había comido varios meses y

estábamos a foja cero. Debimos salir a buscar nueva oficina. Cuan-

do la conseguimos estuvimos tres meses para cerrar nuestro tras-

lado.


El propietario era una persona conocida, quien accedió a

alquilarnos sobre todo al ver que yo mismo firmaba el contrato y me

comprometía en representación del gobierno. El primer dato de esta

anécdota es que el primer pago a ese propietario recién fue realizado

a los cinco meses, luego de un desgastante proceso en el que ya no

sabía qué excusa darle, ante sus insistentes llamados cada vez más

enojados por la falta de pago.

Conseguir cada cosa para terminar de instalar la oficina, fue toda

una epopeya: que los equipos técnicos de Gobierno instalaran desde

la luz, el gas, el teléfono, la alarma (la alarma por ejemplo se disparó

durante un mes muchas noches a distintas horas –incluso la madru-

gada– siendo mi teléfono el primero al cual llamaba).

Cuando estuvo todo colocado después de un mes de arduos trá-

mites (que tuvo que llevar nuestro director de Prevención, Fernan-

do García, en persona porque si no, no caminaban) una mañana se

presentó una chica rubia y un joven morochito a las oficinas y luego

de mirar todo lo que pudieron se fueron, dejándonos extrañados.

A la tarde recibo un llamado de la secretaria de Caserio que me

anunciaba que parte de esa oficina que tanto nos había costado ins-

talar, debíamos entregarla a un organismo burocrático creado a la

medida de un político peronista. El dato es que la joven rubia estaba

bien vinculada al peronismo y el joven morochito era el novio de la

hija de Caserio. En los pasillos de Casa de Gobierno nos aconsejaron

“no pelear esa batalla porque estaba perdida”. Pero yo no podía con

mi indignación y además, realmente necesitábamos ese espacio para

desarrollar nuestros talleres y reuniones de la Red Social de Preven-

ción.

Me quejé oralmente, por escrito, en todas las instancias y en to-

dos los niveles. Hasta llegué a enviarle una nota formal al ministro

dejando sentada por escrito mi disconformidad con su decisión. Pero


un empleado de la oficina de Caserio, vino a cerrar con llave esa par-

te de la oficina para que definitivamente no pudiéramos usarla hasta

que se mudara el organismo.

Mientras nosotros convivíamos con los cables tirados en el piso,

sin internet aún, sin personal de limpieza, al otro día se presentó un

arquitecto contratado por la oficina de Caserio para remodelar toda

el área nueva. Entraron en obra, pintaron, colgaron luces y cortinas,

se compraron muebles, aire acondicionado…

La diferencia hecha entre nosotros y este grupo fue una expe-

riencia decepcionante. Y lo peor es que el organismo era de tal modo

virtual que hasta el día de mi renuncia, todavía no se habían termi-

nado de instalar. Las oficinas que nos sacaron y que arreglaron con

todos los detalles nunca fueron usadas, por lo menos hasta el día

que me fui.

2. Otro tanto ocurrió con la movilidad de los miembros de la

Secretaría. Como nuestra tarea desde el comienzo estuvo enfocada

en los barrios más vulnerables –para la instrumentación del progra-

ma Quiero Ser, el programa deportivo, la formación de la Red de

Prevención en la zona, etc.– debíamos realizar 2 ó 3 viajes diarios a

extremos de la ciudad y al interior.

Yo no quise aceptar el derecho a tener un auto como secretario

con chofer a mi servicio, porque no me sentía cómodo con este privi-

legio. Por eso decidí utilizar mi auto particular. Pero otros profesio-

nales de la Secretaría no contaban con la misma suerte. Dado que

todas las otras dependencias contaban con al menos dos o tres mó-

viles, solicitamos uno desde el comienzo de la Gestión.

En septiembre, 7 meses después de creada la Secretaría, logra-

mos que nos cedieran un Renault Traffic viejo. Pero la anécdota es

que, aunque rápidamente logramos plotearlo con los logos que nos

identificaban, nunca pudimos hacer un viaje completo con ese utili-


tario. Cada vez que salía a la calle se rompía (con complicaciones

gruesas) y esperábamos hasta que viniera la grúa y se lo llevara. Hasta

el día de mi renuncia en marzo, ese Traffic no pudo ser utilizado.

Uno de los choferes de Casa de Gobierno cometió el error de

trasladarnos un día la alegría de que tal vez recibiríamos el bendito

móvil, “porque se habían comprado muchas camionetas último mo-

delo, 0 Km y seguro que una de esas es para ustedes”. Pero las ca-

mionetas fueron para secretarías con secretarios más afines a Caserio,

pero no para nosotros.

3. Estos temas eran menores comparados con otros que sí eran

graves. Como ya dije, una de las condiciones puestas al ingresar era

que pudiéramos contar con apoyo suficiente como para hacer cam-

pañas masivas de prevención. Mientras tanto, repartíamos folletos,

afiches y volantes por doquier. Pero, como hombre de la comunica-

ción, sabía perfectamente que no podríamos impactar en verdad en

la población con un mensaje preventivo fuerte hasta que no utilizá-

ramos los medios masivos.

La responsable de comunicación del gobernador, Liliana Arraya,

que desde el principio me mostró su cara de “pocos amigos”, no lo-

graba entender que la esencia de nuestra Secretaría era el mensaje

preventivo y que eso suponía una batería de campañas. Sin embargo

prometió una primera (e implícitamente única) campaña para las

primeras semanas, luego de la asunción. Esta primera aparición pú-

blica de la Secretaría se produjo finalmente en octubre (ocho meses

después) y por el lapso de una semana.

Lo curioso es que la campaña se ideó, se presentó, se aprobó y se

diseñó sin que pudiera, ninguno de mis colaboradores ni yo, ni si-

quiera chequearla o emitir opinión. En una de las reuniones con

Caserio de las que ya comenté, como al pasar, me comenta que al

gobernador le había gustado mucho “nuestra” campaña. Ante mi cara


de sorpresa al no saber de qué estaba hablando me preguntó: “¿us-

tedes vieron ese material, no?”. “Ni siquiera los bocetos”, le respon-

dí. Caserio se dio cuenta que era demasiado alevosa la desprolijidad,

levantó el teléfono y le pidió a Arraya que me la mandara por e-mail.

La campaña no me gustaba y estaba llena de errores formales.

Uno de ellos –el principal– era que confundía la convocatoria a par-

ticipar por la prevención con la lucha contra el narcotráfico. Aquel

error inicial, no debíamos volver a cometerlo, esta vez, a través de

nuestra comunicación formal. Envié un mail que nunca fue respon-

dido con estas observaciones y al final la campaña salió al aire, sin

que nosotros hayamos tenido la más mínima intervención.

Una anécdota al margen. El spot de televisión reflejaba princi-

palmente un acto muy exitoso que pudimos organizar desde la Se-

cretaría en el Teatro San Martín, en el que participaron desde el

Obispo Carlos Ñáñez, los representantes de los Consejos Pastorales,

el Rabino Marcelo Polakoff y el Imán Ali Badrán, deportistas reco-

nocidos, gente de la cultura, de las ONGs, de las fuerzas de seguri-

dad, de la Justicia, etc. Hasta “Doña Jovita”, el célebre personaje

representado por José Luis Serrano se sumó generosamente, cerran-

do el acto con una presentación vinculada al tema de la prevención.

Un marco de más de 1.300 personas llenaba el teatro en señal de

apoyo al lanzamiento de la Red Social de Prevención.

La cuestión es que todas las imágenes seleccionadas del evento

en el spot televisivo, mostraban a Schiaretti, a Caserio, a otros mi-

nistros, a secretarios afines de Caserio, pero no mostraba en ningún

lado una sola imagen de mi persona ni de nadie de la Secretaría, a

pesar de que estuve sentado junto al gobernador y dirigí las palabras

centrales de ese lanzamiento. Había sido, sin duda, un esfuerzo de

edición para que yo no apareciera. Por supuesto que eso no me im-

portó, pues lo fundamental era que saliera la campaña al aire, pero


no dejó de ser un detalle de la forma en que opera el entorno del

gobernador.

4. El episodio más grave, creo yo, fue la que tuvo que ver con la

sanción del Presupuesto de la Provincia en la Legislatura. Un día,

me llama la secretaria de Caserio y me pide que en 48 hs formule

una pauta tentativa del presupuesto 2010 de la Secretaría con un

detalle de los programas. Aunque el pedido era completamente for-

zado y desprolijo, nosotros teníamos ya muy preparado lo que pre-

tendíamos hacer y cuánto salía, por lo que dos días enteros de traba-

jo sin dormir valieron para cumplir con el plazo.

Creo que vale la pena que transcriba aquí un resumen de esa

planificación, porque al verla todos se darán una idea que es la base

mínima para que una Secretaría recién creada comience a andar.

PRESUPUESTO ESTIMADOSECRETARÍA DE PREVENCIÓN

DE LA DROGADICCIÓNAÑO 2010

a. Campañas Preventivas Generales

Durante el 2010 realizaremos 9 campañas generales:1. prevención en el verano2. prevención del consumo de marihuana3. 26 de mayo día mundial de la prevención de laDroga4. Campaña para padres5. Día del Amigo6. Semana del Estudiante7. 15 de noviembre Día Mundial sin Alcohol8. Prevención en la Cárcel9. Prevención en el ámbito laboral


b. Prevención en el Ámbito Educativo

1. Desarrollo del Programa “Quiero Ser” de Preven-ción en todos los 5to y 6to grados de las Escuelas de laProvincia y en el 1er año del secundario de los Colegiosde la Ciudad de Cba. La inversión contempla– Eventos de capacitación de docentes en Capital eInterior– Confección de material complementario al deSedronar– Jornadas de Monitoreo e Intercambio de experien-cias– Eventos para padres de alumnos que participan delQuiero Ser

2. Programa de Prevención en el ámbito secundarioDesarrollo de Paquete de herramientas para los últimosañosConfección y reproducción de materialEventos Capacitación de docentesCompra de herramientas tecnológicas para el desarro-llo de las herramientas(cine, teatro, cd de música, etc)

3. Programa de Prevención en el ámbito universit a-rioEventos de prevención para estudiantes universitariosConfección y Reproducción de material preventivo

c. Desarrollo de la Red Social de Prevención Cór-doba Libre

4. Programa de Cap acitación de Líderes Comunit a-rios y ReligiososComo ya se ha hecho en 2009, se firmará un conveniocon 6 ongs para que realicen la capacitación de los re-ferentes sociales que se incorporan a la Red. Las capa-citaciones son de 4 meses y constan de tres módulos:sensibilización general, trabajo en red y formulación deproyectos concretos de prevención.


5. Programa de Cap acitación p ara segmentos espe-cíficos de la RedComo se realizó este año con la Liga Cordobesa deFútbol, la Confederación de Deportes, los 5 ConsejosEvangélicos y la Iglesia Católica, se prevé para el 2010volver a ofrecer estas instancias de capacitación espe-cíficas.

6. Programa de cap acitación de referentes munici-palesDado el desarrollo que estamos gestionando de la Reden el territorio provincial, de la mano de intendentes yreferentes sociales locales, se prevé para el 2010 la or-ganización de 10 talleres de capacitación para referen-tes de prevención y referentes de asistencia a adictosde las municipalidades y comunas.

7. Programa de financiamiento de proyectos comu-nit arios de prevenciónComo se realizara durante el 2009, se prevé apoyar losmejores proyectos de prevención que surjan de la redcon un monto de hasta $ 7.500. Apoyaremos:– 100 proyectos en el ámbito de la Ciudad de Córdoba y– 100 proyectos de los municipios y comunas de la Pro-vincia.

8. Desarrollo de identidad de los 200 nodos de laRedLos proyectos financiados contemplarán la apertura deuna sede de la Red en las sedes donde ya se desempe-ñan las organizaciones integrantes. La Secretaría pro-veerá de carteles, banners y papelería básica para laSede y para distribuir en el barrio o localidad, a fin depublicitar su existencia para que sirva de recepción deinquietudes de la ciudadanía.

9. Congresos generales de la RedSe prevé para el año 2010 por lo menos un encuentrogeneral de:– los miembros de la Red de Jóvenes Libres.


– de la Red de Padres.– de la Red de Referentes Religiosos.– Referentes Comunitarios– Entidades Deportivas.– Ongs vinculadas a prevención y asistencia.– Sindicatos.– Empresasy una reunión general de todos los miembros de la Red

10. Desarrollo de la página web de la Redwww.cordobalibre.netDurante el año 2009 se lanzó la web. Se prevé para el2010 ampliar los recursos para incorporar conferenciasvirtuales, e–learning, encuestas, armado virtual de re-des sociales y servicios de chateo para canalizar inquie-tudes así como el incremento del servicio de hosting ybase de datos.

d. Desarrollo de Recursos de Prevención al servi-cio de la Red Social

11. Programa “T iempo de Juego”Como se ha desarrollado durante el 2009, se prevé vol-ver a firmar convenio con Clubes de Fútbol para quesus profesorados lleven actividades deportivas a losbarrios con población joven en riesgo. Este año se fir-mó sólo con el Club Instituto pero pretendemos ampliara otros 3 clubes y dividir la ciudad en 4 sectores paratener mayor penetración y eficacia. En el interior se pre-vé firmar acuerdo con un club en cada una de las 5ciudades más grandes de la provincia para una tareasimilar.

12. Concurso de la Canción “Córdoba Libre”Como se ha desarrollado durante este año, se prevévolver a reeditar esta experiencia pero con mayor esca-la, logrando la participación de canciones de toda la pro-vincia, en acuerdo con el programa de TV Telemanías


13. Programa “Cine Preventivo” p ara barrios y es-cuelasSe contempla la inversión para la compra deequipamiento, logística de traslado para hacer por lomenos 1 presentación diaria de lunes a viernes en cole-gios que participan en el Quiero Ser y en el ProgramaSecundario y los barrios donde trabaja la Red.

14. Programa “Previa sin alcohol”Acciones y eventos preventivos en forma permanentelos sábados a la noche, enfocados a distintos públicos:estudiantes de Nueva Córdoba, cuarteteros, con entre-ga de material preventivo. El programa prevé experien-cias piloto en las principales ciudades de la provincia.

15. Programa de prevención de drogas “EnseñamosOficios”Programa de financiamiento y sostén de talleres de ofi-cios en zonas con poblaciones juveniles de riesgo. Seprevé para 2010 cubrir por lo menos 30 barrios de laciudad de Córdoba y una propuesta de oficios para 30ciudades del interior.–Compra de maquinaria e implementos–Financiamiento de la capacitación–Confección de materiales de capacitación–Monitoreo, etc.

e. Equipos de orient ación y asistencia a adictos ybecas p ara trat amiento

16. Creación de los Equipos de Prevención Selecti-va.Nos urge contar con, por lo menos, 10 equipos paracubrir ciudad de Córdoba y Area Metropolitana confor-mada por 3 profesionales (un psicólogo, una trabaja-dora social y un médico o psiquiatra) para hacer segui-miento y contención de casos concretos de experimen-tadores, abusadores de consumo, adictos o poblaciónen riesgo.


17. Creación del 0–810–prevenciónContratación de 4 profesionales para hacer servicio deorientación teléfonica y por web, seguimiento de casose investigación. Instalación del Call–Center y serviciode línea.

18. Desarrollo de un sistema de becas p ara trat a-miento de personas sin recursos ni cobertura so-cial.Desde la creación de la Secretaría recibimos un prome-dio semanal de 10 adictos o sus familiares que quierenrehabilitarse pero no consiguen respuesta adecuada enel sistema público y no tienen cobertura ni recursos. Seprevé firmar un convenio con las 10 instituciones civilesy religiosas reconocidas por el Ministerio de Salud paradar asistencia a adictos y becar un número determina-do de pacientes por institución. El diagnóstico y deriva-ción lo realizarán nuestros equipos de prevención se-lectiva.

19. Programa de apoyo al desarrollo de comunida-des terapéuticas y hogares de díaSe prevé apoyar la construcción y puesta en marcha de10 centros en toda la provincia (5 en Gran Córdoba y 5en el resto de la provincia) que serán gestionados porlas organizaciones de la sociedad civil que ya trabajanla materia y tienen experiencia concreta anterior o pre-sente.

f. Desarrollo del Observatorio Provincial de Dro-gas y Área de Investigación y Cap acitación

20. Desarrollo de 5 investigaciones cuali–cuantiSobre tendencias del consumo, culturas juveniles, vi-sión del alcohol como droga y comportamiento ante laprevia, consumo de drogas en segmento noescolarizado, abordaje de la prevención de drogas en elámbito del cuarteto, etc.


21. Organización del Primer Congreso de Lucha con-tra el NarcotráficoEn conjunto con la Justicia Federal, y todas las fuerzasintervinientes.

22. Programa de Becas p ara perfeccionamiento enposgrados universit arios10 becas a miembros de la Secretaría, la Red Social dePrevención y los efectores de Salud del Estado.

23. Jornadas Interministeriales de Cap acitación enla Drogadependencia

24. Publicación de materiales de investigación ycapacitación

g. Gastos operativos de la Secret aría(Incluidos insumos de alto costo como la compra de unauto para movilización de personal y apertura de 10delegaciones de la Secretaría en el Interior de Córdo-ba).

h. TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ESTIMADO$ 16.750.000

El presupuesto estaba desagregado ítem por ítem, y arrojaba un

total de $ 16.750.000. En verdad, yo era consciente que no nos da-

rían ese dinero. Pero pensaba que, en la peor de las hipótesis, nos

darían al menos la mitad. Sin embargo, como todo esto transcurría

allá por noviembre y ya para esa época de mi gestión, yo acumulaba

desconfianza, realicé algunas averiguaciones y presiones indirectas

para ver si realmente se cumpliría uno de los compromisos funda-

mentales que había asumido Schiaretti al invitarme al cargo, que era

dotarnos de recursos suficientes.

El resultado de las averiguaciones no fue alentador. Tanto Graglia

como otros legisladores nos hicieron llegar el cálculo de presupues-


to enviado por el Ejecutivo en el que nos asignaban exactamente el

mismo monto que se le habían dado al área en el 2009 cuando era

una simple Dirección ($ 2.500.000).

Como en política el que “no llora, no mama”, decidimos jugar

fuerte. Primero elevé reclamo formal a Caserio, a través de un men-

saje de texto, ya que para esa época, conseguir una reunión o un

llamado por teléfono con él era imposible. Le escribí: “El presupues-

to que nos han asignado es una risa. Si se enteran en la prensa nos

van a dar a todos como en bolsa”. Sabía que sólo eso podría hacerlo

reaccionar.

Caserio me llamó por teléfono en el acto y me dijo: “Si vas a

pelear, sabé que el quilombo se lo estás armando directamente a

Schiaretti porque él es el quien decide con su puño y letra cómo se

asignan los fondos del presupuesto. Vos sabés que él es contador, y

esto lo trabaja en forma muy personal”.

Mis quejas, argumentos y planteos se prolongaron durante me-

dia hora, pero advertí que a Caserio “no le entraban balas” sobre este

tema. Corté y les dije a mis colaboradores: “estamos en el horno”.

Un rato más tarde me pareció oportuno mandarle la planifica-

ción hecha por nosotros a Graglia y pedirle si podía hacer algo, por-

que a mí se me cerraban las posibilidades, salvo la decisión siempre

latente de renunciar. Estimo que el legislador jugó fuerte y trasladó

a sus amigos de prensa esa planificación y la queja por el poco pre-

supuesto ya que al otro día los diarios tomamos el tema con un artí-

culo de tamaño importante. La nota impactó fuertemente en los pa-

sillos de gobierno.

La oposición se tomó de esta “falta de recursos para drogas,

para contrastarlo con los más de 50 millones asignados en gastos

reservados u otro monto similar para celebraciones del Bicentena-

rio”.


El presupuesto fue sancionado con el monto enviado por el eje-

cutivo (corregido en un 3 %) y quedó en evidencia que no había el

más mínimo interés de apoyar el desarrollo de la Secretaría. Imagi-

nen, habiendo leído ese resumen básico que arroja unos 16 millones

de pesos, lo que finalmente podríamos hacer con un presupuesto

inferior a los 3 millones de pesos.

Las diversas ONGs vinculadas con la materia, los expertos y en-

tendidos, se sucedieron para llamarme por esos días e indicarme esta

realidad, dejando implícita (o en algunos casos explícita) la pregun-

ta de qué haría yo ante tantas evidencias de que los anuncios de su

momento no se ajustaban a las decisiones de ahora. Uno de esos

comentarios fueron del propio Juan Carlos Mansilla, titular en ese

momento del Programa Cambio y hoy secretario en reemplazo mío,

a quien lamentablemente ahora le toca ejecutar ese presupuesto exi-

guo.

5. El hecho de trabajar con un equipo de personas en las que no

se puede confiar ni siquiera mínimamente es un dato que, al final

del camino, incide en forma determinante. Sólo una anécdota para

dar una idea de esta realidad.

Un día rutinario de la Secretaría, atiendo yo mismo el teléfono

que sonaba insistentemente, porque algunos de los profesionales que

integraban la oficina no se dignaban a hacerlo (no era su función,

decían, y no logré en toda mi gestión que Caserio nombrara el perso-

nal administrativo para hacer estas tareas).

Una voz de mujer con experiencia y cierta desconfianza hacia

todo lo que tenga “olor a político” se presenta como directora de un

hogar de menores, solicitando una charla para los jóvenes que esta-

ban allí alojados. Me mostré personalmente interesado en el caso, y

le ofrecí que yo mismo podría visitarla para conocer el hogar y dar la

charla. A ella le pareció muy buena la idea.


A la semana me presenté y conocí una realidad que realmente

me impactó. Un hogar con 15 jóvenes casi diría abandonados en

una casa llena de roturas, falencias, sin ventanas, sin las más míni-

mas condiciones. El personal tomó rápidamente confianza conmi-

go y me contó los mil y un problemas que vivían para llevar adelan-

te ese hogar y hacer sentir a los chicos que tenían “un lugar en el

mundo”. Me comprometí con ellos a hacer gestiones para mejorar

su situación.

Cuando volví, comenté al equipo de profesionales y a Elena

Domínguez –la subsecretaria– la vivencia. A las dos horas, me llama

la directora llorando porque sus superiores la habían amenazado con

echarla por haberme contactado sin permiso oficial. “Alguien” des-

de nuestra secretaría se había comunicado presurosamente con ellos

para trasladar mis dichos y más rápidamente había llegado el casti-

go y la amenaza sobre esta funcionaria.

Le prometí que la protegería y hablé enojado con las personas

que habían estado circunstancialmente en el momento en que yo

hice mis comentarios para exigirles mayor prudencia y “lealtad”. A

la media hora me llama nuevamente la directora, diciéndome que ya

no hiciera nada “por favor”, porque la habían vuelto a llamar, echán-

dole en cara su segundo llamado y mi posterior reproche a los miem-

bros de la Secretaría. Todo se estaba trasladando en tiempo real,

buscando –de más está decirlo– perjudicarme.

6. Una experiencia difícil en la Administración Pública que vi-

ven en general todos los funcionarios es la presión de los acreedores

por cobrar sus trabajos y servicios. Como nuestra Secretaría depen-

día de la administración central del Ministerio era poco lo que po-

díamos hacer. Pero éramos –ante ellos– la cara visible.

Yo no había tenido antes una experiencia similar, porque en mi

trabajo privado hay una trayectoria de pago que permite tener cré-


dito ante más de 600 proveedores. Pero durante los meses de no-

viembre y de diciembre, la cuestión se volvió un verdadero calvario.

A las llamadas diarias de los proveedores, le sumo las llamadas,

pedidos de reunión, notas y presiones de las organizaciones no gu-

bernamentales con las que habíamos firmado un convenio para ca-

pacitar referentes comunitarios y religiosos. El pago se había demo-

rado más de 6 meses por problemas burocráticos legales y semejan-

te hueco financiero las hacía tambalear (sobre todo porque nuestra

deuda se sumaba a lo que ya les debía la Municipalidad, la Nación y

las otras instancias del Gobierno Provincial).

La amenaza implícita en algunos de ellos y explícita en otros era

que acudirían a la prensa a destrozarnos con sus críticas y, lo más

grave, que se pararían frente a los cursos de capacitación de dirigen-

tes anunciando su suspensión porque “la Secretaría no paga”.

Organizaciones civiles como la Fundación Prevenir, Perspecti-

vas Sociales y Programa Del Sol se mostraban más prudentes y no

llegaron a tanto. Otras organizaciones como Pro Salud, trasladaron

tímidamente a los participantes sus problemas y suspendieron por

una semana los cursos. Programa Cambio, dirigida por Juan Carlos

Mansilla (el actual Secretario), trasladó directamente y en boca de

este director, toda la problemática y además redactó un artículo de

fondo en La Voz del Interior, acusando a la Secretaría de improvisa-

ción y otros calificativos por esta falta de pago.

Un último grupo de “acreedores” eran los que más nos preocu-

paban. Eran los referentes barriales que se habían capacitado du-

rante el 2008, y habían presentado proyectos comunitarios de pre-

vención para ser financiados, que se instrumentarían en los barrios

más marginales. Las promesas de que les pagaríamos ese apoyo eco-

nómico se había repetido durante todo el año, sin cumplir y ya no

teníamos cara para interactuar con ellos.


En la Secretaría cuatro personas estaban directamente afecta-

das a seguir estos expedientes en forma diaria para lograr apurarlos

en cada oficina donde se estancaban. Pero sin duda lo que faltaba –

fundamentalmente– era apoyo político para darles prioridad.

Recién el 9 de diciembre pudimos hacer efectivos estos pagos y

los de las organizaciones no gubernamentales, cuando la relación

con ellos ya estaba suficientemente afectada y en algunos casos irre-

mediablemente dañada.

Una anécdota más en este punto, para tener una cabal idea de lo

difícil que es gestionar el Estado cuando la burocracia y la desorga-

nización dominan sus derroteros. Un Concurso de la Canción que

organizamos a mitad del año 2009, para que sean los mismos jóve-

nes los que crearan canciones de prevención, dio por resultado fina-

listas en noviembre que seleccionamos en eventos exitosos que fue-

ron reproducidos en el programa de televisión Telemanías. A los dos

ganadores se les había prometido un premio de $ 2.000 a cada uno.

Por otra parte la banda de música que hizo todos los arreglos de las

canciones que se grabaron en CD y Video, debía cobrar $ 6.000.

Para que la banda tocara –ellos ya habían tenido experiencias

funestas con el Estado– yo tuve que poner de mi bolsillo $ 1.500 a

modo de anticipo. Supuestamente cobrarían el resto al poco tiempo.

Pero pasaron tres meses sin cobrar. Lo mismo con los premiados.

De la alegría inicial de esos jóvenes, pasamos a tenerlos como otros

“acreedores” más, llamando con escepticismo todos los días, para

ver cuándo cobraban el bendito premio. Hasta el día de hoy, no han

cobrado estos premios.


9. Conclusiones para el futuro

Hay dos premisas con las que debemos trabajar de cara al futu-

ro. La primera es que el consumo de drogas y de alcohol es una ten-

dencia muy consolidada entre nuestros jóvenes y que sólo una ac-

ción de alto impacto puede revertir lo que ya son patrones culturales

de comportamiento tomados como “normales”.

La segunda es que si no nos enfocamos en forma urgente a com-

batir el narcotráfico en un nivel más estructural y jerárquico, sufri-

remos (como ya está ocurriendo en las principales ciudades y en al-

gunos corredores de Córdoba) consecuencias cada vez más graves

por las vinculaciones de estas redes con otros delitos igual de peli-

grosos, como son la trata de personas y el crimen organizado. Lo que

ocurre, por ejemplo, en la Ruta 9 desde Villa María hacia el sur, don-

de tráfico y venta de drogas se combina con trata de blancas y otros

delitos aberrantes, con la más que probable “tolerancia” de dirigen-

tes políticos y funcionarios, es una verdadera bomba de tiempo. El

incipiente proceso de favelización de algunos barrios, ya comentado

en otros capítulos es otra de igual magnitud, así como el crecimiento

de asaltos de violencia extrema cometidos por delincuentes narcoti-

zados. Agrego a este listado de “bombas por explotar” el crecimiento

vertiginoso del consumo de pastillas o drogas sintéticas por parte de

jóvenes en boliches y lugares nocturnos.

Respecto a la primera tendencia, las últimas encuestas realiza-

das en Córdoba indican que nuestra provincia ocupa los primeros

lugares de consumo de alcohol en el país. Más del 75% de adolescen-

tes ha tomado alguna bebida alcohólica, sin distinción de sexo, con

aumento del consumo a medida que aumenta la edad. En el caso de

los no escolarizados la cifra supera el 85 %. En el caso del consumo


de marihuana supera el 10% y de allí en más se desprende en casca-

da el consumo del resto de las drogas (fuente Sedronar).

La tasa de incidencia del alcohol es del 51,2%, lo que equivale a

más de 37 mil estudiantes que ingresan cada año al consumo, co-

rrespondiendo a 21 mil nuevas consumidoras y 16 mil varones que

comenzaron (fuente Sedronar).

Para comprobar que la tendencia no distingue estratos sociales

ni diferencias educativas cabe consignar que el 50,5% de los estu-

diantes universitarios en Córdoba han referido consumir bebidas

alcohólicas algunas veces, el 19,2% todos los fines de semana, y el

0,4% todos los días. (encuesta Secretaría Asuntos Académicos –

UNC). El jefe de Guardia del Hospital de Urgencias de Córdoba, Dr.

Norberto Brusa, reconoció que “el 80% de los que llegan a la guar-

dia, tienen algún grado de alcohol encima”. En este sentido es muy

interesante leer la última investigación del Observatorio de Drogas

de Sedronar sobre “El uso indebido de drogas y la consulta de emer-

gencia. Cuarto Estudio Nacional” que se puede conseguir por internet

(de hecho, desde la Secretaría a mi cargo, le dimos el soporte para

hacer esa investigación en Córdoba).

Frente a semejante masividad en el fenómeno de consumo, la

discusión de si nos circunscribimos sólo a la prevención o sólo al

control de la oferta no tiene ningún sentido. Está más que claro que

debemos hacer ambas cosas, tanto en lo que hace a consumo de al-

cohol, como de las otras drogas ilegales. ¿Cómo podemos pararnos

ante nuestros niños y jóvenes a prevenirlos sobre lo mal que hace la

droga, si no tenemos la autoridad moral reconocida por ellos, de que

al menos estamos haciendo todo lo humanamente posible por casti-

gar a los que ofrecen estas sustancias?

En lo que hace a prevención, no hay duda que el mejor aliado

estratégico es el propio sistema educativo. La nueva gestión debe


continuar los esfuerzos que hicimos por institucionalizar el de-

sarrollo de contenidos preventivos en las escuelas y cole-

gios y de Córdoba, tanto públicos como privados, provinciales y

municipales, poniendo especial énfasis en la escuela primaria, ya que

es allí donde podemos influir positivamente en la formación como

persona, antes de entrar al período de riesgo de la adolescencia.

En Córdoba en estos momentos, lo concreto es:

a) Extender el Programa de Prevención “Quiero Ser”

a los 5tos y 6to grados de las escuelas públicas y privadas, provin-

ciales y municipales de toda la provincia de Córdoba. Es un pro-

grama que cumple sus objetivos, es aceptado por docentes y por

alumnos, y ahora el esfuerzo es que lo puedan aprovechar en todos

los colegios.

b) Lanzar un Programa Provincial de Prevención para

jardín de infantes, y primero a cuarto grado, ya que lamenta-

blemente no hay un desarrollo a nivel nacional. Sin embargo, pode-

mos tomar la misma experiencia de Chile del Quiero Ser ya que ellos

tienen una misma línea de materiales desde el jardín de infantes y

hasta el secundario y adaptarlos a nuestra realidad. En eso estába-

mos trabjando cuando debí renunciar.

c) Lanzar un paquete de herramientas preventivas para

las escuelas secundarias. Aquí tenemos que dejar cierta flexibi-

lidad para que cada institución pueda tomar de ese paquete de he-

rramientas aquellas que se adecuen a su realidad y posibilidades. El

paquete ya está desarrollado en la Secretaría y sólo hay que darle

recursos para que se instrumente rápidamente. Incluye alternativas

de cine, teatro, buzones de preguntas para que los jóvenes puedan

sacarse sus dudas en forma anónima y luego un mural presenta las

respuestas, experiencias de “periodistas por un día”, dinámicas de

grupo para tratar el tema, etc.


El otro aliado estratégico es la propia comunidad en cada ba-

rrio, en cada región, en cada localidad. Es fundamental seguir con

el esfuerzo de organizar las instituciones comunitarias para

realizar un trabajo conjunto en red en lo que hace al desa-

rrollo de acciones preventivas. Sólo ese esfuerzo mancomuna-

do puede darnos la escala necesaria para cambiar patrones de con-

ducta en la zona.

La Red Córdoba Libre que creamos el año 2009 debería ser for-

talecida, tratando de que en cada barrio se sienten en una mesa

institucionalizada los referentes de la Iglesia, el templo, el club de-

portivo, la directora del colegio, el presidente del centro vecinal, di-

rigentes de ONGs, etc., para lograr un calendario de acciones pre-

ventivas coordinadas y una respuesta consensuada a la problemáti-

ca en la zona. Insisto en que creo mucho más en esta organización

comunitaria que en la acción directa del Estado en la zona.

Si sumamos a la profesora que da danza, al cura que lleva a los

chicos de campamento, al profesor que da deportes los sábados, al

señor ya retirado que puede enseñar el oficio que conoce, a la direc-

tora que puede ofrecer las instalaciones del colegio, y así a cada ac-

tor, se conforma una fuerza comunitaria importante. Si el Estado

acude para darle difusión a esas actividades, soporte económico y de

elementos básicos, y asistencia de técnicos, la acción comunitaria se

institucionaliza rápidamente.

Lo mismo debe ocurrir en cada localidad. Institucionalizar una

red de prevención, no de grandes delirios y utopías, sino concreta y

práctica. ¿Cuáles son los factores de protección de la zona que des-

alientan el consumo de alcohol y de drogas en nuestros chicos? Pues

los potenciemos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la zona que

alientan el consumo? Pues los limitemos o tratemos de eliminar-

los. Que el Estado (Nacional, Provincial y/o Municipal) financie


estas iniciativas, pero que sea la propia comunidad la que las

instrumente.

Lo que sí debe hacer el Estado en forma directa es ofrecer un

espacio integrado para poder trabajar con adolescentes y jóvenes en

riesgo que probablemente no sean ni siquiera cubiertos por la ac-

ción de las instituciones comunitarias y tampoco por el sistema edu-

cativo (dado el problema de deserción escolar que estamos viviendo

en Córdoba). Incluso no es aconsejable combinarlos porque va en

detrimento de la media general del grupo.

Frente a estos casos, las respuestas parciales, aunque sean coor-

dinadas, no son eficaces. Necesitamos un abordaje simultáneo a to-

das las falencias que ha sufrido su proceso de crecimiento y forma-

ción. Personalmente creo que deberíamos avanzar hacia un Servicio

Civil Voluntario que tome como base lo que en teoría eran las cuali-

dades del Servicio Militar Obligatorio en cuanto a oportunidades que

ofrecía de integrarse, capacitarse, adquirir disciplina, valores y há-

bitos, y aprender un oficio, aunque en este caso, llevado adelante

desde una órbita civil (aunque podría pensarse en utilizar las insta-

laciones y el expertisse de las Fuerzas Armadas, pero insisto sin lle-

gar a reeditar la “colimba”, experiencia de la que no soy partidario

por las distorsiones que se producían en su devenir). Esta propuesta

la presentamos formalmente en diferentes instancias del gobierno

provincial pero no tuvimos eco.

Todo lo dicho, sé que es laborioso (porque lo vivimos en carne

propia desde la gestión) pero también estoy convencido de que es

realizable.

El mayor desafío de la prevención viene por el lado de la co-

municación masiva: darles a todas estas acciones directas, tanto

en el ámbito de las escuelas como de la comunidad, un marco de

campañas “paraguas” en los medios masivos, que tengan la mis-


ma calidad, impacto y frecuencia que las campañas de bebidas

alcohólicas.

Si pretendemos prevenir con folletitos y afiches (como tuve que

hacer yo desde la Secretaría) el esfuerzo será en vano. Estas campa-

ñas deben estar dirigidas al público en general, pero con particular

énfasis en dos objetivos: el rol que deben cumplir los padres, prime-

ros y principales preventores desde la infancia y durante todo el pe-

ríodo de crecimiento, y quebrar con las modas impuestas sobre los

adolescentes y jóvenes para evitar la presión al consumo del grupo y

del medio.

La pregunta clave es si el Estado hoy por hoy tiene los recursos

necesarios como para solventar las inversiones que suponen este tipo

de costosas campañas, para que se igualen en impacto a las campa-

ñas de cervezas, vinos y fernet.

Debería contar con esos recursos. Pero a la falta de

profesionalismo de los equipos de comunicación del gobierno se

suma la falta de presupuesto. Con el ánimo de ser realistas, ya desde

la Secretaría, propusimos una pequeña tasa aplicada a cada litro de

alcohol que se venda en la provincia de Córdoba (incluso podría

proyectarse a nivel nacional) para formar un fondo específico.

De los cálculos que realizamos junto con técnicos en la materia,

surge que si gravamos con 5 centavos cada litro de alcohol consegui-

mos un fondo no menor a 20 millones de pesos para realizar estas

campañas preventivas masivas.

Las campañas, por supuesto, no deben circunscribirse a televi-

sión, sino que hay que aprovechar todo el abanico de medios: ra-

dios, vía pública, internet, sumando la posibilidad de eventos, con-

cursos, y acciones importantes por lo menos en semanas

paradigmáticas como son la del 26 de junio: Día Mundial de Preven-

ción de la Drogadicción, el 20 de julio: Día del Amigo, el 21 de sep-


tiembre: Día del Estudiante y el 15 de noviembre: Día Mundial Sin

Alcohol, así como en la temporada veraniega, cuando el consumo se

dispara.

Aunque no soy amigo de los impuestos y tasas que se multipli-

can en nuestro país sin mayor fundamento, en este caso creo que

imponer un pequeño sacrificio a los consumidores de alcohol para

que financien la prevención de este consumo, es justo y además es

eficaz.

Dejo abierto el debate que consignamos en páginas anteriores –

que es independiente a la búsqueda de financiamiento– y que nos

obliga a preguntarnos si es correcto que un adolescente con muy

poco dinero pueda emborracharse como de hecho lo hace en Córdo-

ba. Con $ 20 un joven puede tomarse 5 cervezas. Si la decisión de-

pendiera enteramente de mí, yo prohibiría la publicidad de bebidas

alcohólicas y además elevaría el precio con impuestos hasta el punto

de lograr que sea “caro” emborracharse en cualquier instancia.

A nivel de asistencia, además de las propuestas consignadas en

el capítulo “¿Qué hacemos con los adictos?” en el sentido de organi-

zar para el corto plazo un sistema de becas para tratamiento de adic-

tos que no tienen recursos ni cobertura social alguna, me gustaría

agregar aquí la importancia de promover el desarrollo de grupos de

auto–ayuda y otros mecanismos comunitarios de contención de per-

sonas con problemas de consumo y adicción (como es el caso de nar-

cóticos anónimos, similar a la experiencia de alcohólicos anónimos).

Sé que no todo adicto podrá ser canalizado a través de esta alternati-

va, pero en Córdoba necesitamos este tipo de espacios para ciertos

casos que son numerosos.

En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico, ya han que-

dado consignadas las asignaturas pendientes y urgentes en los capí-

tulos de este libro. Mientras esperamos un Plan Nacional de Lucha


contra el Narcotráfico y –más importante aún– un organismo fede-

ral especializado en investigar y perseguir las grandes redes de

narcotráfico que operan en el todo el territorio nacional (digo espe-

ramos porque no creo que el actual gobierno nacional lo encare, de-

beremos exigirlo al que venga en el 2011) hay que presionar para que

se le otorgue mayor equipamiento tecnológico (radar, moderniza-

ción del centro de escuchas telefónicas, etc.) y recursos humanos y

económicos, tanto para la Justicia Federal como para la Policía Pro-

vincial.

El día que veamos al Gobierno Provincial lanzando una unidad

de control de narcotráfico, de carácter preventivo, sorpresivo y per-

manente en las rutas de la provincia, ése será un indicio de que final-

mente se arrepintió de esconder la cabeza bajo tierra y que ha deci-

dido realizar acciones concretas. Otro tanto si finalmente se deciden

a adherir a la Ley Nacional 24.788 y crear un Registro Único de Ex-

pendedores de Bebidas Alcohólicas para controlar la venta

indiscriminada de esta sustancia.

En los comentarios finales que siguen, voy a dejar sentado el

papel que podemos cumplir los ciudadanos mientras todas estas

cuestiones importantes siguen pendientes.


10. Cinco reflexiones finales

¿Dónde está la esperanza de la que hablé en la introducción? La

esperanza (la mía al menos) es que al tomar conciencia de la escala

de este problema del que nadie habla demasiado, se produzca una

concientización general de los riesgos que corremos si no reacciona-

mos como sociedad en forma urgente y adecuada.

Los ciudadanos podemos y debemos presionar. En primer lugar

a través de nuestras denuncias anónimas cuando tengamos un dato

certero, tanto de lugares donde se vende drogas o personas como de

avionetas sospechosas y otras operaciones que puedan ser investi-

gadas. Si no confiamos en la Policía y en la Justicia, acerquemos esa

información a las entidades que trabajan la temática (en la página

de Primero la Gente –www.primerolagente.com.ar– hay un espacio

reservado para canalizar estas denuncias).

Hay dos grandes responsabilidades que son personales y que sólo

nosotros podemos evaluar cómo estamos respondiendo. La primera

hace a la prevención como padres, como educadores, como amigos.

No es lo mismo si un joven es capaz, en el punto más alto de consu-

mo de la previa, de decirle a un amigo “para que estás por emborra-

charte” que si le grita: “No seas flojito, fondo blanco”. No es lo mis-

mo un padre que habla con su hijo adolescente y lo espera despierto

los sábados al llegar que aquel que recién reacciona cuando ya es

tarde. Insisto en una de las ideas centrales de este libro: todos pode-

mos hacer algo concreto a nivel de prevención. Si además de hacer-

lo, somos capaces de hacerlo junto con otros, en red, garantizando el

piso básico de eficiencia y de repercusión, el mérito será doble (no

es lo mismo una charlita aislada, que una acción coordinada de de-


portes, enseñanza de oficios y actividades recreativas a lo largo del

año, promovido desde varias instituciones.

La segunda responsabilidad es cívica. Elegir gobernantes y re-

presentantes que asuman el tema como prioridad y tengan la volun-

tad de hacer lo que hay que hacer. Antes de las próximas elecciones

deberíamos pedirles a todos los políticos con chances que digan con-

cretamente cuál es su propuesta respecto a la prevención, asistencia

a adictos, control de la oferta de alcohol y lucha contra el narcotráfico

y cuánto dinero piensan invertir en ello. Y allí no se agota el compro-

miso. El día después de la elección hay que presionar y hay que con-

trolar para que las promesas se cumplan.

El compromiso con nuestros propios hijos debe ser, en este sen-

tido, más fuerte que cualquier apatía o cualquier escepticismo. Esta

es la esperanza que vence al miedo. Hablo de una esperanza activa,

militante, sabiendo que la política es un asunto demasiado serio para

dejarla sólo en manos de políticos.

Después de haber visto una foto ampliada de la cocina del po-

der, al menos en este tema, me parece que queda claro por qué los

narcotraficantes están eligiendo Argentina, y particularmente Cór-

doba, para operar su logística. Por qué se están multiplicando las

“cocinas” en los barrios y ciudades tanto como los vendedores de

droga al menudeo y por qué tenemos ese crecimiento en el consumo

tanto del alcohol como de las otras drogas.

¿Se puede concluir de este libro que funcionarios del gobierno

provincial están vinculados con el narcotráfico? No tengo pruebas

para afirmar semejante cosa. Evidentemente la forma deliberada en

que impidieron avanzar en lo que hace al control de la oferta de alco-

hol y la lucha contra el narcotráfico genera sospechas, pero no es

éste el libro que puede comprobarlas.


Una posibilidad es que sólo sean políticos de la mala escuela,

dispuestos a hacer grandes anuncios, para luego mover sólo lo sufi-

ciente como para decir que hicieron algo, aunque en realidad –en

términos estructurales– no hacer nada.

Pero su negligencia es en ciertos aspectos una falta grave. Insis-

to con los comentarios que hice al comienzo del libro: el narcotráfico

pasa su mercadería por Córdoba y cierto porcentaje lo deja aquí para

su procesamiento y distribución, con la garantía de impunidad que

le da ese marco de “omisiones estructurales”. Son como mínimo,

entonces, responsables por omisión. Otro tanto respecto a la falta de

voluntad para controlar la oferta indiscriminada de alcohol.

Quiero aclarar que he conocido a lo largo de estos meses funcio-

narios, intendentes, legisladores, y peronistas de la “segunda”, “ter-

cera” y “cuarta” línea excelentes, auténticos, valiosos y comprometi-

dos de verdad con los valores de Justicia Social. Creo que son mu-

chos más los que tienen este fuego que los que no. Ellos no merecen

que mi abrupto alejamiento forzado, ni tampoco su propio silencio

obligado por la verticalidad del poder, los haya dejado como apa-

ñando al narcotráfico. A todos ellos mi agradecimiento por la aper-

tura que tuvieron hacia un extra partidario como era yo y la

interacción fluida que logré con muchos a lo largo de la gestión.

La primera reflexión que debo dejar sentada es que una Secreta-

ría Provincial de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el

Narcotráfico está justificada en su existencia y en todo el ámbito de

competencias que le dio la Ley 9.600.

Esto es: debe encargarse de organizar la prevención tanto en la

faz institucional–educativa como en el ámbito comunitario, así como

en los medios masivos. Debe coordinar las políticas que urgente-

mente tiene que encarar la Provincia para asistir a adictos. Debe ser

el ámbito público que controle la venta de alcohol a menores y en


exceso a mayores por ser el alcohol la droga más peligrosa de estos

tiempos y ser el organismo natural para canalizar esa responsabili-

dad. Debe por último ser el ámbito donde se consensuen las políti-

cas de Estado a nivel provincial para potenciar la lucha contra el

narcotráfico.

Si no hay una Secretaría específica encargada de estos temas,

las responsabilidades se van a diluir en la estructura del Estado. No

es suficiente con lo que hace la Policía Provincial, mucho menos lo

que hace la Policía Federal. Lo que hace la Justicia Federal no es

integral, sino que avanza caso por caso y por lo tanto nunca será una

“Política Pública”. Tampoco es posible dejar competencias libradas

al solo arbitrio de cada municipio, porque muchas de estas compe-

tencias los excede ampliamente.

En este sentido, estoy convencido de que el nuevo secretario de-

bería haber tomado la posta exactamente en el lugar en el que la dejé

y pelear para que se le reconozcan las competencias asignadas por

Ley, aun con el riesgo de “morir también en el intento”. Prevención

sola no es suficiente. Se necesita abarcar el fenómeno social en su

totalidad.

El anuncio de extirparle a la Secretaría todo lo que hace a la co-

ordinación de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, así

como la determinación de las políticas públicas provinciales es un

grave error y un paso atrás contundente.

Entiendo a Mansilla y por qué lo hace. El nuevo secretario es

una voz que se ha levantado respecto a la despenalización de la te-

nencia para el consumo en Argentina y ahora sería contradictorio

cumplir la tarea de controlar. Además su perfil es más acorde con lo

que está exigiendo el gobierno nacional que tiene a un jefe de Gabi-

nete muy lanzado en la línea de despenalizar y trabajar más en la

“reducción de daños”.


Pero las preguntas que se hace la opinión pública son de sentido

común. ¿A quién quedarán asignadas las competencias extirpadas?

El proyecto del gobierno es entregárselas a la propia Policía de Cór-

doba. Pero ¿acaso puede la Policía, que es un órgano vertical, subor-

dinado al poder político, definir por sí misma las políticas públicas a

seguir en la materia? Para eso tiene que haber decisión política y por

tanto se justifica una Secretaría específica que pueda proyectar en el

tiempo una política de Estado.

Quitarle entidad a una Secretaría específica como la que hoy te-

nemos, con facultades para tener una visión integral de la proble-

mática de la oferta y la demanda de drogas, y volver al esquema en el

cual las decisiones políticas las tomará el ministro de Gobierno en

forma discrecional, es un retroceso extraordinario.

Además, no es un tema menor, discutir –en el ámbito político–

hasta qué punto la Policía, tal como está estructurada hoy la Direc-

ción de Lucha contra el Narcotráfico, es parte de la solución o parte

del problema del crecimiento de venta de drogas en Córdoba. ¿Po-

drá en este sentido la propia Policía presentar una visión crítica de sí

misma y un proyecto de transformación ante el poder político al cual

está subordinado? No hay que subestimar también los problemas

que podría tener la Policía provincial cuando intente sentar en una

mesa de coordinación a sus pares federales. Eso será imposible en

términos prácticos por los propios celos y competencias que se ge-

neran entre pares.

La segunda reflexión es además un consejo para que los ciu-

dadanos estemos atentos. Los problemas estructurales en la lu-

cha contra el Narcotráfico dependen de decisiones nacionales, tal

cual quedó evidenciado en el informe (transcripto en el capítulo

1) Aunque es muy importante que exista una Secretaría provin-

cial, el mayor desafío es la presión que podamos hacer desde Cór-


doba para que la cuestión se posicione entre las prioridades del

Gobierno Federal.

Aquí, como en otras falencias estructurales, necesitamos repre-

sentantes provinciales muy comprometidos que defiendan a Córdo-

ba frente a la Nación. Pero no se puede llevar adelante una gestión

eficaz sobre el tema, y presionar fuertemente al Gobierno Nacional

en los aspectos que son de su competencia directa, si por detrás es-

tán los condicionamientos propios de la “billetera”, y la posibilidad

de tener que caer “de rodillas” de tanto en tanto, por miedo a no

poder pagar los sueldos o los aguinaldos.

En este sentido, debo decir que no era el mismo gobierno ni era

el mismo Schiaretti el que me invitó a asumir en febrero del 2009

que el que me empujó hacia el abismo en marzo del 2010. El acuerdo

con el kichnerismo indudablemente le ha quitado independencia de

criterio al gobierno provincial y vuelve a condicionar (como tantas

veces a lo largo de nuestra historia) a los cordobeses en sus legíti-

mos reclamos.

Repito que en las próximas elecciones habrá que ser suficiente-

mente explícitos para exigir a los candidatos que se expidan en for-

ma muy detallada sobre la actitud que tendrán respecto de estos te-

mas. Y tener la memoria suficiente para contrastar esas posiciones

con las actitudes que hayan tenido durante todos estos años.

La tercera reflexión es más de fondo (aunque la anterior es en

verdad estructural pues habla del federalismo de pacotilla que vive

Argentina y de la “república bananera” a la que hemos llegado du-

rante la gestión de los Kirchner).

El mayor problema del Gobierno provincial es que no hay plan

estratégico. Si existe tal plan y en realidad estoy equivocado, debo

decir que a los secretarios no nos era dado acceder a él para ordenar

nuestras respectivas gestiones a ese horizonte. La falta de este plan


hace que toda iniciativa sea tomada como un ataque al statu quo que

todos defienden como la mejor opción. Ya lo dice la máxima: “Cuan-

do uno no tiene rumbo, cualquier viento es un amenaza”. Así ocurre

en el Gobierno provincial.

Dado que desde el comienzo todo indicaba que la crisis econó-

mica no permitiría “lucirse” con un plan de obras públicas ambicio-

so, el foco debía ponerse en logros estructurales en la gestión de lo

cualitativo. Esto es: Educación, Salud, Seguridad, y en el caso de la

problemática que hizo nacer a nuestra Secretaría, el abordaje por

primera vez en forma estructural y con escala provincial del control

de la oferta de alcohol y drogas, preocupación central de todas las

familias de Córdoba.

Pero nadie me recibió con un resumen de este plan. Nadie me lo

resumió tampoco en ninguna charla. De hecho, hay que decir que en

un año, no participé nunca de una reunión convocada por el gober-

nador para definir las líneas estratégicas de mi Secretaría. En efecto,

se puede argumentar que en realidad el área a mi cargo dependía del

ministro Caserio. Pero la entidad del tema en cuestión hubiera vali-

do alguna preocupación específica y la posibilidad de escuchar al

funcionario a cargo. Con Schiaretti sólo mantuve una reunión el día

que me ofreció el cargo y otra junto con sus ministros a la semana.

Nunca más en todo el año hubo oportunidad de escuchar su visión,

ni desarrollarle la nuestra.

Tampoco el ministro Caserio convocó nunca una reunión para

que todos sus Secretarios y colaboradores pudiéramos recibir de él

(y del gobernador) directivas estratégicas, o planteos estructurales

a seguir. Ni siquiera nos reunió para ponernos de acuerdo en algu-

nos temas básicos, o aunque sea para que todos dijéramos lo mis-

mo sobre los grandes temas del Ministerio de Gobierno y Seguri-


dad. Yo al menos, no fui invitado nunca a participar de una re-

unión de este tipo.

Ante la falta de plan cada área (no cada ministerio, sino peor,

cada secretaría, cada dirección, cada área, según el carácter del diri-

gente que esté a cargo) formula su propio plan (o lo improvisa) y se

lanza a ejecutarlo, sin saber qué pasa en la oficina del lado. El agra-

vante es que, como todos son conscientes que proyectos e iniciativas

importantes (como por ejemplo las que presentamos sobre alcohol)

no son bienvenidas, los planes están repletos de acciones pequeñas,

coyunturales, descoordinadas, aisladas, que buscan un posiciona-

miento “marketinero” ante la gente, en espacios pequeños.

Un folletín en algún caso, acciones dispersas en los barrios, ta-

lleres de formación que se multiplican sin ningún orden, un funcio-

nario que se posiciona comprando la lamparita de luz de una plaza

(aunque no sea su competencia) o que pinta un mobiliario, otro que

se vanagloria de haberles conseguido un aro de basquet o un ómni-

bus para llevar los chicos un fin de semana a Embalse. Lo más es-

tructural que se escucha es la entrega de algunas maquinas de co-

ser en algún centro comunitario o religioso o un microcrédito, pero

no hay programas estructurales (al menos no que se conozcan) que

superen a cada secretaría, a cada dependencia y se conviertan en

planes estratégicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

La página oficial www.cba.gov.ar es un resumen cabal de esta

realidad que estoy comentando, ya que plasma con orgullo este amon-

tonamiento de acciones coyunturales. A las pruebas me remito.

La cuarta reflexión es todavía más profunda. He visto con mis

propios ojos, durante este año, cómo el clientelismo y la dádiva son

el caldo de cultivo de todas las distorsiones. Es tan vasta, tan pro-

funda y tan prolongada en el tiempo la experiencia para miles de

personas de que será el Estado el que resolverá sus problemas y si no


lo resuelve, “algo le tirarán como para ir zafando” (y no digo nada

cuando llegan las elecciones) que no le resulta muy difícil a esa fami-

lia, cuando llega el momento en que las promesas y las dádivas co-

mienzan a fallar, de buscarse otro benefactor para lograr el dinero

fácil, sin trabajar. Allí surge la posibilidad de vender droga. Lo único

que cambia es el titular benefactor. Pero la distorsión, en su raíz,

nació mucho antes.

Yo en persona he debido discutir con madres que me increpa-

ban, como si ellas tuvieran el derecho y yo el deber: “Yo dejo de ven-

der droga, sólo si usted me garantiza que me dará el dinero que su-

pla ese ingreso”.

Esa lógica es perversa. Primero porque no es justo y es la queja

de sentido común que tienen otras miles de personas que advierten

que ellos se están sacrificando en el día a día para construir su casa

mientras a otros se la regalan, o para llevar unos pesos al hogar tra-

bajando mientras otros sólo hacen cola para cobrar subsidios. Así

sucede con cada una de las distorsiones que produce este extendido

sistema clientelar, que utiliza tanto el gobierno nacional como el pro-

vincial y también el municipal.

Ha llegado la hora de diferenciar lo que el Estado debe hacer sin

demora, que es proteger a las familias que no se dedican a vender

droga y lo que debe procurar hacer que es asegurar la igualdad de

oportunidades (tarea siempre compleja y de largo aliento). En un

tercer escalón está el compromiso de un Estado con sentido social,

de brindar las herramientas concretas para que la gente salga de la

marginación y de la venta de droga. Pero si por la imposibilidad (o

mejor dicho la incapacidad) de hacer lo último, no vamos a enfren-

tar con urgencia la necesidad de hacer lo primero, no tenemos desti-

no como sociedad.


La última es ya una reflexión casi espiritual. Me atrevo a hacerla

porque creo fuertemente de que allí está la raíz del problema. ¿Qué

nos está pasando como sociedad? Más allá de todo lo que se pueda

hacer a nivel de control, de investigación e incluso de prevención y

asistencia, en algún momento deberemos replantearnos si esta di-

námica de consumismo e individualismo en el que estamos embar-

cados y en la que estamos forjando a nuestros hijos es sustentable.

Si realmente queremos eso para nuestro futuro como personas, como

familias y como ciudadanos ya no de Argentina, sino de esta aldea

que es el planeta tierra.

En este nivel de profundidad de análisis está el camino de supe-

ración de todas las adicciones que tenemos y cuyo catálogo es mu-

cho más amplio de lo que uno normalmente reconoce. Todos, de

alguna u otra manera, estamos en riesgo ante la adicción al dinero, a

la tecnología, al placer, a la competencia, al juego, a la comida y a la

bebida….

Estoy convencido que la búsqueda de lo trascendente es la clave

para lograr un cambio estructural del rumbo que ha tomado Occi-

dente. Volver a conectarnos con las tres dimensiones que finalmen-

te nos hacen felices: la naturaleza, los otros –nuestros prójimos– y

el propio Dios.

Desde esa perspectiva, podemos replantear los códigos extra-

ños que nos están “vendiendo” para relacionarnos con nuestros hi-

jos, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros emplea-

dos o compañeros de trabajo. También nuestra relación con el am-

biente y con el mismo Creador.

Me viene a la memoria, un comentario hecho por un diseñador

cuando estábamos haciendo los folletos preventivos para padres, para

jóvenes y para maestros. Un poco en serio y un poco en broma seña-

ló: “Finalmente todos podrían resumirse en una frase: Intenta ser


mejor padre de lo que es. Hacé el esfuerzo. Intentá ser mejor amigo.

Intentá ser mejor educador. O incluso una común para todos: Hacé

el esfuerzo por ser cada día mejor persona”. Tenía razón.

Es similar a la frase que decían los griegos: “Nadie puede decir

que es feliz hasta que haya muerto”. Con esto lo que querían remar-

car es que la felicidad no es como intentan mostrar algunos, la suce-

sión de momentos placenteros, sino el resultado de una vida de com-

promiso con nuestro destino (con todos los sacrificios que ello com-

porta).

Termino, por tanto, diciendo que en toda la problemática rese-

ñada por este libro, hay una palabra importante que tenemos para

decir los que creemos, los que tenemos Fe. En nuestra Fe está la

llave. Pero a veces estamos demasiado callados o hablando demasia-

do bajito para el ruido que hay en el entorno.

Sé que Dios no grita. Pero a esta altura ¿no valdrá la pena que le

acerquemos un micrófono?


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Argensola 1942 - Tel./Fax (0351) 4723231en el mes de Mayo de 2010

Córdoba - Argentina

Favelización de Córdoba. droga, poder y burocracia

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