Dentro de las condiciones para llegar a una paz verdadera se encuentra la inclusión social, tema vital que se em-pieza a desarrollar en este Fascículo.

14. INCLUSIÓN SOCIAL

El Gobierno del Presidente Juan Ma-nuel Santos ha dado pasos hacia la inclusión social, con políticas como la restitución de tierras, vivienda gratis, reforma del Estado, pensión para los sin pensión y formación y generación de empleo.

A. RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA

Es de tener presente que el primer

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Por Ricaurte Losada Valderrama*

*Ex Senador de la República, Analista, Investigador.

paso del Presidente Santos hacia la paz se dio con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que reconoció la existencia del conflicto armado y abrió el camino a la reparación económica, administrativa y simbólica de los afec-tados por la violencia.

Por la paz, por el desarrollo, y en ge-neral, por su futuro, Colombia requie-re generar equidad, hacer justicia y cancelar deuda social, así como pro-piciar condiciones para redistribuir la riqueza, la propiedad y el ingreso, y por ende, el poder, creando, sin excep-ciones, oportunidades reales y efecti-vas con el propósito de que todos los sectores de la producción se incorpo-

ren al progreso del país, lo que exige prioritariamente para el sector prima-rio de la economía, seguridad y paz, aumentar la productividad y la calidad mediante educación, capacitación, tec-nología, crédito en condiciones favora-bles, mejoramiento en infraestructura, restitución de tierras a quienes por la violencia del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia co-mún, han sido despojados de ellas y una reforma agraria estructural e in-tegral. Esta y la restitución de tierras son esenciales para la construcción de un nuevo sistema económico y social.

El programa de restitución de tie-rras reconoce y dignifica a más de cua-tro millones de personas, pero en las zonas donde están los predios en jue-go es donde hay más violencia.

Los problemas de tierras y desarrollo rural que se enfrentan son la herencia estructural de la exclusión y violencia contra el campesinado.

En consecuencia, para conseguir la paz es indispensable transformar el campo y reparar a las víctimas. Los nuevos poderes territoriales del cri-men no pueden ser los dueños de las tierras robadas que los campesinos y empresarios necesitan para el desa-rrollo del país y la consolidación de la seguridad únicamente puede fundarse en la defensa de los derechos de las comunidades rurales, sometidas al te-rror guerrillero y paramilitar en medio de la desprotección oficial.

En la actual coyuntura se presenta

Para el sector primario de la economía es necesario, prioritariamente, seguridad y paz.

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una reforma en tierras que está despegan-do y que marca un punto de inflexión en los últimos 50 años, cuyos frutos deberán proyectarse hasta realizar una profunda e integral reforma agraria, aplazada por ge-neraciones en Colombia y la oferta estatal de reforma social en el campo genera su propia demanda irreversible de inclusión y participación que democratiza la sociedad y la forma de hacer política pública.

Mientras tanto, la restitución de tierras es la manera más eficaz de proteger a las víctimas de la violencia. En este sentido se dio un paso con la expedición de la Ley 1448 de 2011, conocida como de Víc-timas y Restitución de Tierras, que aun-que su implementación durará unos diez años, implica un compromiso con aproxi-madamente cuatro millones de personas, es decir, prácticamente el diez por ciento de la población, con quienes los violentos y el Estado tienen una inmensa deuda social.

Durante el primer año de Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se restituyeron 360.000 hectáreas de las 3.500.000 que se trazó como propósito y durante el año 2012 se pusieron en cur-so cinco mil solicitudes de restitución y llegaron cerca de treinta mil, con las que se reclaman más de dos millones de hec-táreas. Se espera que se tramiten otras doce mil durante el año 2013.

Además, la Ley beneficiará a unas 500.000 víctimas en derechos humanos.

En consecuencia, se requiere también una reforma agraria integral, a través de la cual no sólo se entreguen títulos de pro-piedad sobre la tierra, sino que se garan-ticen sistemas adecuados y suficientes de crédito, comercialización, organización so-cial de los productores, regulación sobre la conservación de los ecosistemas, defensa de la ecología, precios de sustentación que den rentabilidad justa para la inversión en el agro, control a los aumentos en los precios de los insumos, los impuestos, los combustibles y la energía eléctrica.

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Así mismo, se requiere financiar ade-cuadamente la investigación científica y la asistencia técnica y condonar las deu-das bancarias del sector, como medida excepcional, por ser impagables, ponien-do fin a los procesos judiciales contra los deudores.

La reforma agraria debe llevar implícita una política de recuperación y desarrollo del campo. Una estrategia seria de pro-ductividad y construcción de infraestruc-tura, estableciendo cadenas de produc-ción, así como manteniendo y ampliando los distritos de riego que hagan efectivo el trabajo del campesino para que recu-pere su vocación agrícola.

Todo lo anterior constituye una de las principales prioridades de Colombia, pues durante muchos lustros el descen-so en el campo ha sido vertiginoso, y de no ser así, independientemente de que haya o no, acuerdos de paz, los campesi-nos quedarían sólo en el recuerdo, hecho insólito tratándose de un país con una

La reforma agraria debe llevar implícita una política de recuperación y desarrollo del campo.

La restitución de tierras es la manera más eficaz de proteger a las víctimas de la violencia. En este sentido se dio un paso con la expedición de la Ley 1448 de 2011, conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras, que aunque su implementación durará unos diez años, implica un compromiso con aproximadamente cuatro millones de personas, es decir, prácticamente el diez por ciento de la población, con quienes los violentos y el Estado tienen una inmensa deuda social.

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ta distribución de los medios de pro-ducción, particularmente de la tierra y democratizando la propiedad.

Marco Palacios, considera que “El país debe asumir en serio el tema de la refor-ma agraria masiva y radical, no como un tema económico, sino fundamentalmente de redistribución del poder político y pa-cificación de la sociedad”. 1

Y compartimos las afirmaciones de William Ospina: “Lo absurdo es que es-tas reformas liberales no se hagan por la iniciativa del establecimiento, que será su principal beneficiario, sino que se esté permitiendo que sean las gue-rrillas quienes se atribuyan el mérito de imponerlas”. 2

Después de siete intentos de reforma de la estructura de la propiedad de la tierra, los defensores de los privilegios consideran que este es tema del pasado y que en ninguna parte del mundo se ha-bla de reforma agraria. Es cierto, porque las naciones que la llevaron a cabo, lo hicieron entre los años 40 y 60 del siglo XX y donde se ha hecho realidad pue-de atribuírsele buena parte del progreso económico y de la paz social de los últi-mos tiempos.

En Colombia se viene tratando esta materia, vital para el desarrollo, a partir de la expedición de la Ley de tierras -200 de 1936-; es decir, des-de la época en que empezó la guerra, y no se hizo porque no lo permitieron los terratenientes, los congresistas y los Presidentes de la República de aquellos tiempos, quienes deberían

inmensa vocación agropecuaria y sec-tor con el que se podría competir en el mercado internacional, y por supuesto, abastecer la demanda interna.

Es más, el 83 por ciento de la tierra pertenece al siete por ciento de los co-lombianos. En consecuencia, es necesa-rio ligar el pensamiento sobre el conflicto al futuro agrario. Se impone la redistri-bución de la tierra para que el campo se convierta en centro fundamental de tra-bajo y desarrollo y así crezca la semilla de la paz.

Entonces, del sólo problema agrario se desprende una lamentable conclu-sión: hay una dominación económica que es política y social. Por lo tanto, este factor nos ha hecho violentos; de allí arranca gran parte de nuestra into-lerancia.

Al respecto, se ha tramitado en el Con-greso un proyecto de acto legislativo que prohíbe que compañías extranjeras ad-quieran tierras rurales, fenómeno que en el mundo se conoce como la extranjeriza-ción de las tierras.

En el planeta hay unas 2.600 millones de hectáreas para agricultura, buena parte repartidas en países de América latina y África, continente donde muchos de estos terrenos fueron adquiridos por grandes multinacionales.

Por ello, la amenaza se cierne sobre América latina, donde muchas de estas empresas han puesto sus ojos en paí-ses como Colombia, Bolivia, o Argentina, pero la Nación más promisoria es Colom-bia para muchas de esas firmas, porque la legislación es de las más permisivas, hecho que se suma a su riqueza natural

y su posición geográfica.

El proyecto busca proteger la sobera-nía de Colombia, pues la propiedad de la tierra es un factor de poder político, adi-cionado a que los monopolios extranjeros concentrarían, además de la tierra, otros recursos, como el crédito agropecuario.

No sobra advertir que la extranjeriza-ción de las tierras es una de las principa-les amenazas para la seguridad alimen-taria del mundo.

De otra parte, para que haya justicia social es indispensable que exista equi-dad y una manera de obtenerla es pro-duciendo más. Haciendo que el Estado intervenga, a efecto que el mercado fun-cione para todos y consiguiendo una jus-

Son pertinentes las afirmaciones de William Ospina, en el sentido que lo absurdo es que las reformas que necesita el país no hayan sido hechas por el establecimiento.

PALACIOS Marco, Los Retos de los Candidatos, El Tiempo, 6 de mayo de 2001. Negociar... es el reto, El Tiempo, 30 de enero de 2001, Pág. 1-3.

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responderle al país por el auge de la subversión, el secuestro -del que el país ha llegado a tener el récord mun-dial de 4.000 anuales-, el empobre-cimiento del campo y de su gente, el desplome de la agricultura y la crisis general, que podrían haberse evitado si no hubiera sido por la codicia de la clase dirigente y por su falta de vi-sión y patriotismo.

La solución al problema político, ins-titucional, social y económico, será po-sible con Constitución y sistema econó-mico, social y político nuevos, es decir, con un nuevo pacto social que establez-ca a su vez la manera de hacerlo rea-lidad.

Entre los aspectos que deben consa-grarse sobre esta materia, sería útil y conveniente que nadie pudiera ser propietario de más del límite de hec-táreas señalado en la ley, de acuerdo con su ubicación, productividad y de-más factores económicos y sociales, límite este que debiera ser estableci-do teniendo en cuenta el tipo de pro-piedad.

Además, este propósito crucial se conseguirá extirpando la corrupción y mediante un proceso de educación y formación política de la sociedad. Así se alcanzará una paz real y duradera; mientras esto no se haga, podrán reali-zarse acuerdos, que no dejarán de ser simplemente formales y que no acaba-rán con la guerra.

Teniendo en cuenta esta realidad, pensamos que la tercera prioridad es la paz, y aunque realmente es la esen-cial, las dos anteriores son la base determinante para conseguirla y para

obtener el desarrollo con equidad y justicia social. Por ello, deben conside-rarse y ejecutarse en este orden, pues previamente es necesario abrir la es-tructura de poder para alojar las fuer-zas del descontento, de la contestación y de la subversión.

De la mano de la reforma agraria debe ir la reforma urbana, en cuya ejecución es prioritaria la creación de un banco de tierras, acogiendo la ex-periencia de Metrovivienda en Bogotá, que de soluciones de vivienda a un im-portante número de habitantes de los estratos más necesitados y contribu-ya a través de la construcción a seguir disminuyendo el gravísimo y explosivo problema de desempleo.

Para recomponer a Colombia, ojalá de manera definitiva, y evitarle una catás-trofe es necesario eliminar las causas que han generado la guerra; así des-

aparecerán los factores del conflicto, y en consecuencia, una razón de ser de los movimientos insurgentes. Para ello se requiere un nuevo Estado que haga efectivos los derechos; un pacto social donde participemos todos, hombres y mujeres dispuestos a enfrentar los fla-gelos que nos han tenido en la debacle y en una prolongada agonía, a la que de manera definitiva no hemos puesto punto final.

De otra parte, la crisis colombiana -expresada fundamentalmente en la subordinación de lo público, me-diante la utilización del poder en be-neficio particular, la deslegitimación del Estado, el desgobierno y la pre-cariedad de la convivencia social, es económica, política y social, es decir, integral, fruto de un prolonga-do y complejo proceso de desarrollo histórico en el que primaron los inte-reses de las élites.

Paz real y duradera se conseguirá extirpando la corrupción y mediante un proceso de educación y formación política de la sociedad.