ENTRESEDEL PROCESODE PAZ

Una publicacin deLa Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

J U N , 2 0 1 4

Contenido

Estructura del Proceso de Paz pag 4 Poltica de Desarrollo Agrario Integral pag 5 Participacin poltica pag 7 Solucin al problema de las drogas ilcitas pag 9 10 principios para la discusin del punto 5 de la agenda: vctimas pag 11 Por qu este Proceso es diferente? pag 13 Mitos & realidades sobre el Proceso de Conversaciones pag 13 La Paz Territorial pag 17

Estructura delProceso de paz

FASES DEL PROCESO

FASE 1(exploratoria)

Establecer las condicionese intercambiar visiones sobrela terminacin del conflicto conel fin de realizar las conversaciones.

Dotar de contenido esa agenda para lograr un Acuerdo Final.

Es lo que hoy ocurre en La Habana.

Se firm el documento Acuerdo General para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera.

Es una hoja de ruta que establece cul es el prposito de este proceso, cules son las condiciones y cules son las reglas de juego.

Posee una agenda concreta alrededor de 5 puntos especficos y un punto de implementacin, verificacin y refrendacin.

ESTA FASE TERMIN CON LA FIRMA DEL ACUERDO GENERAL

ESTA FASE TERMINAR CON UN ACUERDO FINAL QUE PONGA FIN AL CONFLICTO

COMIENZA LA CONSTRUCCIN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA

FASE 2(f in del conf licto)

Esta labor se lleva a cabo bajo las siguientes reglas de juego: no hay despejes de te-rritorio ni tampoco cese de operaciones militares; las sesiones de trabajo de la Mesa son reservadas y directas para garantizar seriedad y discrecin; la duracin de la Mesa estar sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo; y las conversaciones se realizan bajo el principio de que nada est acordado hasta que todo est acordado.

FASE 3(construccin

de paz)

Se termina la guerra y comienza la construccin de paz.

La paz en Colombia ser una Paz Territorial en la que participen todos los ciudadanos y las comunidades en torno a su construccin; impactar positivamentelos derechos de las vctimas; y tendr que asegurar garantas para todos.

La paz se construye entre todos los colombianos luego de la firma de un Acuerdo Final.

La terminacin del conf licto para poder comenzar una fase de construccin de paz.

PROPSI TO

Nota: el siguiente resumen no reemplaza los Informes Conjuntos de la Mesa de Conversaciones, que adicionalmente contienen el detalle de lo acordado. Visite la pgina: www.mesadeconversaciones.com.co

Polticade DesarrolloAgrario Integral

Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalizacin de la propiedad. Frontera agrcola y proteccin de zonas de reserva.

Programas de desarrollo con enfoque territorial.

Infraestructura y adecuacin de tierras.

Desarrollo social: salud, educacin, vivienda, erradicacin de la pobreza.

Estmulo a la produccin agropecuaria y a la economa solidaria y cooperativa. Asistencia tcnica. Subsidios. Crdito. Generacin de ingresos. Mercadeo.

Formalizacin laboral Sistema de seguridad alimentaria.

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dado a conocer en La Habana el 21 de junio de 2013

pr imer acuer do

Este acuerdo tiene cuatro pilares, que son de enorme importancia para la gente del campo.

El primero es el acceso y el uso de la tierra:

Se acord un Fondo de tierras de distribucin gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Pero no se trata slo de entregarle tierra al que no tiene, sino de darle acceso integral: que la tierra est acompaada de riego, crdito, asistencia tcnica, y apoyo para la comercializacin, entre otros.

El acceso a la tierra incluye tambin ofrecer un subsidio integral y crdito especial para la compra de tierra, as como garantizar derechos de propiedad. Se acord impulsar un plan masivo de formalizacin de la pequea y mediana propiedad, y la creacin de una jurisdiccin agraria para asegurar la proteccin judicial eficaz a los derechos de propiedad de los campesinos y de todos los habitantes del campo. As impedimos el desplazamiento, resolvemos los conflictos, y sembramos paz.

Este acuerdo mejorar el uso de la tierra. El Gobierno definir lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocacin y pondr en marcha programas de reconversin. Tambin la formacin y actualizacin del catastro y la puesta al da del predial (el que ms tiene, ms paga) crear los incentivos para darle un uso ms productivo a la tierra. Se fortalecer la participacin ciudadana en la planificacin del ordenamiento del territorio, y se facilitar el dilogo entre gobierno, comunidades rurales y sector privado.

Tambin acordamos delimitar la frontera agrcola y proteger las reas de especial inters ambiental: avanzaremos en un plan de zonificacin ambiental que haga compatible el inters de preservacin con las alternativas econmicas de las comunidades y de desarrollo del pas y promueva diferentes planes de desarrollo que contribuyan a la preservacin ambiental

El segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial:

Se trata de reconstruir las regiones ms afectadas por el conflicto y la pobreza con verdaderos planes de desarrollo que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliacin. Se construirn de manera participativa planes de accin para la transformacin regional.

Un tercer pilar son planes nacionales que debern lograr una reduccin radical de la pobreza y la eliminacin de la pobreza extrema:

Estos planes estn orientados a proveer bienes y servicios pblicos en infraestructura (vas, distritos de riego, electricidad, conectividad), desarrollo social (planes especiales de salud, educacin, vivienda y agua potable para el campo), y estmulos de todo tipo a la productividad de la agricultura familiar (asistencia tcnica, promocin del cooperativismo, lneas especiales de crdito, seguros subsidiados de cosecha, asociaciones solidarias para la comercializacin, entre otros) y a la formalizacin laboral.

El cuarto y ltimo pilar es un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional:

Se fortalecern los mercados locales y regionales, se harn campaas para un manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y se aplicarn programas especiales contra el hambre. Crearemos consejos de seguridad alimentaria y nutricional en todos los niveles territoriales y pondremos en marcha toda una institucionalidad para mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades.

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ParticipacinPoltica

Derechos y garantas para el ejercicio de la oposicin poltica en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicacin.

Mecanismos democrticos de participacin ciudadana, incluidos los de participacin directa, en los diferentes niveles y diversos temas.

Medidas efectivas para promover mayor participacin en la poltica nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la poblacin ms vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantas de seguridad.

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dado a conocer en La Habanael 8 de diciembre de 2013

segundo acuer do

El primero es una nueva apertura democrtica que promueva la inclusin poltica como mecanismo para consolidar la paz, luego de la terminacin del conflicto.

Se trata de facilitar la creacin de nuevos partidos polticos, sin poner en riesgo los avances en la consolidacin del sistema de partidos. Se acord hacer los cambios necesarios para desligar la obtencin y conservacin de la personera jurdica del requisito de la superacin del umbral para elecciones de Congreso, y facilitar de manera transitoria apoyos por parte del Estado para las nuevas fuerzas que aparezcan.

Acordamos la creacin de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones ms golpeadas del conflicto. Los habitantes de estas regiones podrn elegir, durante la fase de transicin y de manera temporal, representantes a la Cmara adicionales con unas reglas especiales. (El nmero de regiones, curules y periodos electorales an no se han acordado).

La apertura requerir de mayor participacin electoral. Para ello se acordaron unas medidas especiales para promover el voto. Esto tambin exige el fortalecimiento de la transparencia: se acordaron medidas para fortalecer la transparencia del sistema electoral, as como la revisin integral del rgimen y la organizacin electoral para dar esas garantas.Por ltimo, se acord poner en marcha medidas para la participacin de la mujer y promover una cultura democrtica de tolerancia en el debate poltico. El fin del conflicto implica que los enemigos se deben tratar con respeto como adversarios polticos.

El segundo pilar es una mayor participacin ciudadana para consolidar la paz, en el espritu de la Constitucin del 91.

Para ello se acordaron toda una serie de medidas: el desarrollo de una Ley de Garantas para las organizaciones y movimientos sociales; medidas para promover una cultura de tolerancia, no estigmatizacin y reconciliacin; garantas para la protesta social, tanto para quienes se manifiesten como para los dems ciudadanos; promocin de espacios en medios de comunicacin institucionales, regionales y comunitarios, para dar a conocer las actividades de las diferentes organizaciones de la sociedad civil; revisin de todo el sistema de participacin ciudadana en los planes de desarrollo, en particular del funcionamiento de los Consejos Territoriales de Planeacin; fortalecimiento de la participacin en la construccin de polticas pblicas y fortalecimiento del control ciudadano a la gestin pblica mediante la promocin de veeduras y observatorios de transparencia en todas las regiones.

El tercer pilar -y la idea fundamental del fin del conflicto- es asegurar que se rompa para siempre el vnculo entre poltica y armas:

Nadie nunca ms utilice las armas para promover una causa poltica. Y que quienes han dejado las armas para transitar a la poltica tengan todas las garantas de que no sern objeto de la violencia.

Todos quienes ejercen la poltica deben tener la seguridad que no sern vctimas de las armas. Para ello se acord que el Gobierno establecer un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Poltica en un marco de garantas de los derechos y libertades. Un sistema similar de garantas de seguridad para lderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos en situacin de riesgo. Se promover la discusin con amplia participacin y la expedicin de un Estatuto para la Oposicin.

El acuerdo est construido sobre tres pilares:

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Solucin al problemade las drogas ilcitas

Programas de sustitucin de cultivos de uso ilcito. Planes integrales de desarrollo con participacin de las comunidades en el diseo, ejecucin y evaluacin de los programas de sustitucin y recuperacin ambiental de las reas afectadas por dichos cultivos.

Programas de prevencin del consumo y salud pblica.

Solucin al fenmeno de produccin y comercializacin de narcticos.

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dado a conocer en La Habanael 16 de mayo de 2014

tercer acuer do

La sustitucin y erradicacin de los cultivos ilcitos:

Se fijan las bases de un Nuevo Programa de Sustitucin de Cultivos Ilcitos y Desarrollo Alternativo de alcance nacional. Este Programa busca trabajar con las comunidades para resolver definitivamente el problema de los territorios y de los cultivos, en una lgica de integracin territorial e inclusin social.

La puesta en marcha de procesos de planeacin participativa en torno a la solucin al problema de los cultivos de uso ilcito y la superacin de las condiciones de pobreza. Se trata de forjar una nueva alianza entre las comunidades y las autoridades nacionales, departamentales y municipales para resolver los problemas de las comunidades.

Tambin se pondrn en marcha planes de asistencia inmediata para los cultivadores. En los casos donde algunos cultivadores incumplan sus compromisos o no quieran participar en el Programa, el Gobierno erradicar los cultivos de forma manual. Para lograr eficacia y xito de este programa se acord un Programa de desminado de las reas del territorio nacional, al que las FARC tambin contribuirn con la provisin de informacin, entre otros.

Consumo:

En el acuerdo se reconoce que el tema del consumo de drogas ilcitas, es una cuestin de salud pblica que requiere un tratamiento prioritario. Se acord crear por una parte un Programa Nacional de Intervencin Integral frente al Consumo de Drogas Ilcitas que articule a las autoridades para prevenir y abordar el problema del consumo y manejar las variables en l involucradas, poltica que debe

ser participativa; y por otra, un Sistema Nacional de Atencin al Consumidor de Drogas Ilcitas que incluya acciones complementarias de rehabilitacin e insercin social.

Narcotrfico:

Se acord una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, en especial en las regiones. El Gobierno se comprometi a intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto () y en general de desarticular las redes de estas organizaciones. Con ese fin pondr en marcha una estrategia de poltica criminal y una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotrfico y el lavado de activos en todos los sectores de la economa, as como contra el trfico de insumos.

El Gobierno promover una Conferencia Internacional en el marco de la Organizacin de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluacin objetiva de la poltica de lucha contra las drogas y avanzar en la construccin de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusin y los nuevos desarrollos internacionales en la materia.

Compromisos:

El Gobierno se comprometi a poner en marcha las polticas y programas de este punto; y las FARC-EP se comprometieron a contribuir de manera efectiva, con la mayor determinacin y de diferentes formas y mediante acciones prcticas con la solucin definitiva al problema de las drogas ilcitas, y de poner fin a cualquier relacin, que en funcin de la rebelin, se hubiese presentado con este fenmeno. Ambos manifestaron su firme compromiso con la solucin definitiva al problema de las drogas ilcitas y se comprometieron a contribuir con el esclarecimiento de la relacin entre el conflicto y el cultivo, la produccin y la comercializacin de drogas ilcitas y el lavado de activos.

El acuerdo sobre drogas tiene cuatro componentes bsicos:

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Para la discusin del punto 5 de la agenda: vctimas

10 pr incipios

El Gobierno Nacional y las FARC-EP,

Reiterando, como se estableci en el Acuerdo General de La Habana, que El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse, y que en el punto 5 de su Agenda se expresa que resarcir a las vctimas est en el centro del acuerdo;

Reconociendo, adems, que las vctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasin del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparacin y a las garantas de no repeticin;

Convencidos de que la satisfaccin de los derechos de las vctimas hace parte fundamen-tal de las garantas para la conquista de la paz, y que la terminacin del conf licto contri-buir decididamente a la satisfaccin de esos derechos, declaran que la discusin del punto 5 estar enmarcada en los siguientes principios:

1. El reconocimientode l as vctimas:

Es necesario reconocer a todas las vctimas del conflicto, no solo en su condicin de vctimas, sino tambin y principalmente, en su condicin de ciudadanos con derechos.

2. El reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusin de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las vctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades.

3. Satisfaccin de los derechos de l as vctimas: Los derechos de las vctimas del conflicto no son negociables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cmo debern ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto.

4. La participacinde l as vctimas: La discusin sobre la satisfaccin de los derechos de las vctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasin del conflicto, requiere necesariamente de la participacin de las vctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos.

5. El escl arecimiento de l a verdad: Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus mltiples causas, orgenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfaccin de los derechos de las vctimas, y de la sociedad en general. La reconstruccin de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad.

6. La repar acin de l as vctimas: Las vctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daos que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las vctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construccin de la paz estable y duradera.

7. Las gar antas de proteccin y seguridad: Proteger la vida y la integridad personal de las vctimas es el primer paso para la satisfaccin de sus dems derechos.

8. La gar anta de no repeticin: El fin del conflicto y la implementacin de las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garanta de no repeticin y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de vctimas. Las medidas que se adopten tanto en el punto 5 como en los dems puntos de la Agenda deben apuntar a garantizar la no repeticin de manera que ningn colombiano vuelva a ser puesto en condicin de vctima o en riesgo de serlo.

9. Principio de reconciliacin: Uno de los objetivos de la satisfaccin de los derechos de las vctimas es la reconciliacin de toda la ciudadana colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia.

10. Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la Agenda y en particular sobre el punto 5 Vctimas deben contribuir a la proteccin y la garanta del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesin, son universales, indivisibles e interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos. Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se tendrn en cuentan las vulneraciones que en razn del conflicto hubieran tenido los derechos econmicos, sociales y culturales.

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Mitos & realidades sobre el Proceso de Conversaciones

Algunos opositores al proceso de dilogo en La Habana han puesto a circular versiones falsas y mitos inverosmiles sobre su verdadero alcance. Vamos a esclarecer enseguida las princi-pales leyendas.

Pr imero. En La Habana estn entregando el pas. Nada ms alejado de la realidad. En primer trmino, las conversaciones se han venido ciendo estrictamente a los puntos pactados en el Acuerdo General de La Habana del 26 de agosto de 2012. Ambas partes encontraron que estos puntos son efi-cientes y suficientes para poner fin al conflicto y abrir, sin armas, una etapa amplia de transformaciones con garantas plenas para el movimiento que surja de las FARC y entre en la poltica.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, no hay que confundir las intervenciones habituales de las FARC a travs de las cuales dan a conocer las ms dismiles posiciones polticas, con lo que ocurre en la Mesa de Conversaciones.

En tercer lugar, lo pactado hasta ahora en los dos primeros puntos de la Agenda, si bien contiene pun-tos trascendentales para una reforma rural integral y para una nueva apertura democrtica, est inscrito fielmente en el ideario del Estado Social de Derecho.

Segundo. Viene una reducc in de las f uer-zas armadas y un recorte de su estatus como consecuencia de la terminacin del conf licto. Totalmente falso. La estructura y el funcionamiento de las fuerzas armadas fue especficamente excluido de las conversaciones.Mientras duran las discusio-nes las fuerzas armadas seguirn operando a ple-nitud y si se llega a un acuerdo, ellas continuarn

Humberto de la Calle, Jefe de la Delegacin del Gobierno Nacional1

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Por qu este Proceso es diferente?

Es un acuerdo para terminar el conflicto. Contiene las condiciones que el Gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garantas para finalizar el conf licto. No tiene despejes de territorio y no hay cese de operaciones militares.

Las conversaciones se llevarn a cabo fuera de Colombia. Sesiones de trabajo reservadas y directas que garantizan seriedad y discrecin.

Las conversaciones no tendrn un tiempo ilimitado. La duracin estar sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo.

El acuerdo establece un proceso con una estructura clara de tres fases.

Las conversaciones se realizan bajo el principio de que nada est acordado hasta que todo est acordado.

Los colombianos sern quienes refrendarn los acuerdos alcanzados con las FARC.

Este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre cinco puntos concretos y un sexto de garantas: 1. poltica de desarrollo agrario integral, 2. participacin poltica, 3. fin del conflicto, 4. solucin al problema de las drogas ilcitas, 5. vctimas, 6. implementacin, verificacin y refrendacin.

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cumpliendo con su mandato constitucional en un contexto de paz.

T ercero. La reforma rural integral afecta la propiedad privada. Los acuerdos buscan que el mayor nmero de habitantes del campo sin tie-rra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creacin de un Fondo de Tierras para la Paz, acompaado de planes en vivienda, agua pota-ble, asistencia tcnica, capacitacin, educacin, ade-cuacin de tierras, infraestructura y recuperacin de suelos. Todo esto se har con pleno respeto por la pro-piedad privada y el Estado de Derecho. La principal fuente de tierras aptas para la reforma rural proven-dr de la recuperacin por parte del Estado de tierras que hoy poseen narcotraficantes y delicuentes. Los propietarios legales nada tienen que temer.

Cua rto. Las conversaciones son clandesti-nas, de espaldas al pas. La experiencia mundial y colombiana indica que para que estas conversaciones fructifiquen es necesaria una dosis de confidencialidad. Negociar por los micrfonos es la mejor forma de frus-trar el proceso. Pero tal como est acordado por ambas partes, un Acuerdo final debe ser sometido a refrenda-cin de toda la ciudadana, previo un perodo de dis-cusin abierta y profunda. Nada se har a espaldas del pas. No obstante lo anterior, sin eliminar ese principio bsico, se ha brindado informacin adecuada. El Jefe de la Delegacin del gobierno ha realizado 33 interven-ciones desde la instalacin de la Mesa de Conversacio-nes en La Habana. Ambas partes dieron a la publicidad sendos informes bastante completos sobre los dos pun-tos acordados. En desarrollo de la Agenda se han cele-brado foros amplios y pluralistas sobre tres puntos de la Agenda, los dos ltimos sobre el problema mundial de las drogas. Las delegaciones definieron tres meca-nismos de participacin ciudadana: a) un mecanismo de recepcin de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones, por medios fsicos o electrnicos, b) la realizacin de consultas directas para recibir propuestas sobre dichos pun-tos, y c) delegar en un tercero la organizacin de espacios de participacin.

Quinto. Habr impunidad para los responsa-bles de crmenes contra la humanidad. El Marco Jurdico para la Paz contempla los lmites generales

de una estrategia integral de justicia transicional que necesariamente tendr que enmarcarse en las obliga-ciones internacionales del Estado colombiano. La inte-gralidad se refiere, por un lado, a lograr una aplicacin coherente de una serie de distintas medidas judiciales y extrajudiciales para la satisfaccin de los derechos de las vctimas a la verdad, la justicia, la reparacin y la no repeticin; y de otro, a permitir la reintegracin soste-nible de los ex combatientes a la vida civil.

Todo el esfuerzo que adelanta el Gobierno para lograr la terminacin del conflicto debe concluir en un fortalecimiento integral de la justicia y el imperio de la ley en todo el territorio nacional, lo cual es la verda-dera garanta de no repeticin.

El tratamiento jurdico de quienes hayan partici-pado en graves violaciones a los DDHH en la fase de transicin depende de su disposicin a reconocer su responsabilidad, hacer frente a sus vctimas y partici-par activamente en la reconstruccin de la verdad y la reparacin de las vctimas.

En contextos como el colombiano, en donde se requiere hacer frente a un legado de graves y siste-mticas violaciones a los derechos humanos, una estrategia seria de lucha contra la impunidad supone reconocer los lmites del proceso penal y multiplicar los esfuerzos a travs de distintos tipos de mecanis-mos. Ms all del nmero de procesos penales y los aos de privacin de la libertad, la verdadera lucha contra la impunidad se concentra en develar qu fue lo que sucedi y por qu; reconocer a las vctimas y repararlas integralmente de manera pronta; y atri-buir responsabilidad a los mximos responsables de los crmenes internacionales, a travs de mecanismos pblicos, de fcil acceso, con decisiones prontas y cla-ras, que le permitan a las vctimas y a la sociedad en general, volver a confiar en las instituciones.

En resumen, la justicia transicional no es un acto de resignacin y de concesiones a los victimarios, ms bien es una oportunidad para hacer frente de manera definitiva a un legado de gravsimas violaciones a los derechos humanos y arraigar por fin el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.

Conclusin. Bienvenida la crtica. Finalmente, como se dijo, sern los colombianos los que decidan el rumbo. Pero, entre tanto, es necesario un esfuerzo leal para que la discusin se base en hechos ciertos y no en mitos y leyendas propalados en contra de la realidad.

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La PazTerritorial1Sergio Jaramillo,Alto Comisionado para la Paz, y Plenipotenciario de la delegacin del Gobierno Nacional

1. Esta es una edicin de una conferencia dictada en la Universidad de Harvard el pasado 13 de marzo.

otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la poblacin en esos territorios alrededor de la paz. Eso es lo que llamo la paz territorial y sobre eso quiero hablar hoy.

La fase de transicin

La idea bsica de este proceso es que primero hay que terminar el conflicto para luego abrir una fase de construccin de la paz. Eso fue lo que acordamos con las FARC en el Acuerdo General que firmamos en agosto de 2012: iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas para llegar a un acuerdo final para la terminacin del conf licto que contribuya a una paz estable y duradera. Una idea obvia, pero no en Colombia: paremos el conflicto para poder dedicar-nos a construir la paz.

Es lo que he llamado en otra ocasin la transi-cin: una tercera fase luego de la firma del acuerdo

final en la que se inicia un dilogo en los territorios para discutir entre todos cmo desarrollar y poner en prctica lo que se ha acordado en La Habana. Por eso el proceso de paz no se acaba, sino ms bien comienza de verdad con la firma del acuerdo.

La paz como una oportunidad

Las bases de la transicin son los pun-tos que estamos desarrollando en La Habana y que acordamos en 2012 en el Acuerdo General. No son todos los temas de la agenda nacional, sino los necesarios para asegurar la terminacin del conflicto y la construccin de la paz.

Aqu vale la pena volver a insistir: nosotros no acordamos discutir estos

temas por cuenta de las FARC, sino de los colom-bianos. Acordamos discutirlos y estamos llegando a acuerdos porque estamos convencidos de que esas son las reformas que hay que hacer para que la paz eche raz y Colombia tenga un futuro distinto a la violencia. Para eso estamos en La Habana.

Las FARC y eventualmente el ELN tendrn por supuesto que hacer su parte, que no es slo dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, sino tam-bin contribuir de diferentes maneras a la implemen-tacin de los acuerdos, incluyendo la satisfaccin de los derechos de las vctimas. Que las guerrillas dejen

En el centro de la visin de la paz del Gobierno hay una preocupacin por el territorio, y una preocupacin por los derechos.

Derechos en el sentido en que el proceso de paz necesariamente debe satisfacer los derechos de las vctimas, comenzando por la medida ms efectiva de proteccin y no repeticin: poner fin al conflicto. Pero tambin en el sentido ms amplio de garantizar por igual los derechos constitucionales de los colom-bianos en todo el territorio.

Es bien sabido que es imposi-ble garantizar derechos de manera sostenida si no existen unas insti-tuciones fuertes. Instituciones no slo en el sentido de entidades, sino tambin del conjunto de prcticas y normas que regulan la vida pblica y que son indispensables para la creacin de condiciones de coopera-cin y convivencia.

El problema evidentemente es que si un pas vive un conflicto aun uno como el colombiano que se ha reducido en su alcance e intensidad, es inevitable que tenga o haya tenido serias fallas en su institucionalidad, tanto en su capacidad de producir bienes pblicos y satisfacer derechos en todo el territorio, como de asegu-rar las condiciones para tramitar las demandas polticas de la sociedad.

Estos dos puntos estn en el corazn de los acuerdos que hemos logrado con las FARC en materia de desarrollo rural y de participacin poltica. Ms adelante los volver a tocar. Lo que me interesa resal-tar es que tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las insti-tuciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por igual. Para avanzar en esa direccin, hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado ms a unos territorios que a

Tenemos que aprovechar el

momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las

instituciones en el territorio que

con el tiempo van a hacer valer los

derechos de todos por igual...

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Lo principal es entender la paz como una oportunidad,

como una gran palanca de

cambio para hacer lo que no hemos logrado

hacer en cincuenta aos

de guerra.

cialmente de aquellos que han vivido en la periferia del pas, en las mrgenes del pas, y que han sufrido el conflicto en carne propia. El segundo, sobre participacin poltica, busca como ha dicho el Presidente Santos romper para siempre el vnculo entre poltica y armas y restablecer una regla bsica de la sociedad: que nadie recurra a las armas para promover sus ideas polticas; y que nadie que

promueva sus ideas polticas en demo-cracia sea vctima de la violencia. Esa es la esencia de cualquier proceso de paz: facilitar la transformacin de un grupo armado en un movimiento pol-tico en democracia. Pero en el caso de Colombia, que ha padecido en toda su historia la combinacin de violencia y poltica, es mucho ms. Es mucho ms porque al marcar claramente la raya entre violencia y poltica, se estabiliza definitivamente el campo de la poltica: todo lo que juegue por la reglas, inclu-yendo la protesta social, incluyendo la oposicin radical, es lcito y legtimo. Y todo uso de la violencia es simple-mente eso: violencia criminal.Eso har la poltica colombiana ms rica y ms democrtica; y tambin ms agitada y ms contestataria. No hay que tenerle

miedo a la democracia, hay que tenerle miedo a la violencia. Y hay que confiar en que la democracia es el mejor mecanismo de consolidacin de la paz. Por eso hay que dar ms voz y tomarse en serio los dere-chos polticos de quienes han estado al margen de la vida poltica del pas.

Una campaa para construir la paz

No hay manera de implementar todo lo anterior si no se moviliza a la poblacin. Con lo que paso al tema de la participacin.

En esto hay que pensar en grande: en una ver-dadera campaa nacional de participacin que movilice a la gente en las regiones alrededor de la construccin de la paz. Y eso cmo se hace? Con procesos de planeacin participativa de abajo hacia arriba en los territorios.

Se trata de poner en marcha una campaa de planeacin participativa para que entre autorida-des y comunidades se piense en las caractersticas y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades, y de manera metdica y concertada se

las armas es por supuesto una condicin ineludible de la transicin. Pero no es lo principal. Lo principal es lo que pasa despus. Lo principal es entender la paz como una oportunidad, como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en cincuenta aos de guerra. Se requiere la energa de la paz para poner en marcha la transformacin de las condiciones que han mantenido vivo el con-f licto. Eso no es nada diferente a lo que debe hacer cualquier democracia sensata: aprovechar los desafos para dar saltos en su desarrollo. Pregunto: Franklin Delano Roosevelt hubiera podido poner en marcha las transfor-maciones en materia de regulacin del sistema financiero, de obras pblicas y de poltica social que fueron la base de tres o cuatro dcadas de crecimiento y bienestar, sin la presin de la Gran Depresin? Por supuesto que no. De la misma manera, tenemos que aprove-char la oportunidad y la energa de la paz para crear los incentivos que con el tiempo lleven a cambios reales. No hay posibilidad de que Colombia progrese de manera equitativa y sostenida si no resolvemos el problema del campo y clarificamos y garantizamos los dere-chos de propiedad de la tierra.

Los acuerdos

Ya hemos logrado dos acuerdos, que sientan el marco para la implementacin de los dems. El primero, en materia de desarrollo rural, busca como ya dije transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violencia. Se trata de cerrar la enorme brecha entre el mundo urbano y el mundo rural, que ha sido el escenario del conflicto, mediante planes y programas que le den un vuelco a las condiciones de vida de la poblacin.

El Gobierno no cree que existan condiciones objetivas que justifiquen que alguien empue un arma contra otro. Pero s cree que hay condiciones en el campo de pobreza extrema, de falta de oportuni-dades y de debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pblica, que han permitido que la vio-lencia florezca. Adems por su puesto de la presencia de los grupos ilegales y de la misma violencia. Por eso digo que este proceso busca garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos, espe-

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...hay que pensar en grande: en una verdadera

campaa nacional de participacin

que movilice a la gente en las regiones

alrededor de la construccin de

la paz.

pblica y produzcan bienestar. Una alianza en la que los programas gubernamentales, las autori-dades regionales en esto el liderazgo de alcaldes y gobernadores ser fundamental y las comuni-dades se unen para combinar la coordinacin y los recursos nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecucin local. Esa alianza a mi juicio slo es posible tejerla alrededor de la construccin de la paz. Tenemos una ventaja: no comenzamos de ceros. Hay programas importantes de la sociedad civil que han avanzado en esa misma direccin. Y tenemos nuestra propia experiencia. Pero hay que construir algo nuevo. Los obstculos sin duda son enormes: la corrupcin, el clientelismo, las redes de intereses creados y del crimen organizado amena-zan cualquier intento de reconstruccin. Pero si no lo logramos en un perodo de excepcin como es la transicin, con los recursos de todo tipo que movi-lizara una verdadera campaa de construccin de la paz, no lo lograremos jams.

Espacios de reconciliacin

Las ventajas de esta campaa son muchas. Primero, resolveramos el problema de credibilidad. Hay que ven-cer la desconfianza natural de las comu-nidades, lo que Jean Paul Lederach llama la distancia que sienten frente a cualquier esfuerzo de construccin de paz quienes han tenido que vivir y sobrevivir en medio de la violencia. Eso es as en un pas que ha padecido un conflicto tan largo como el colombiano. Hay regiones donde desde hace veinte o treinta aos las comunidades han visto pasar programa tras programa del gobierno y estn llenas de incredulidad. El comienzo de la solucin est en que sean actores y no simples receptores de esos programas. En que vean que sus derechos tambin cuentan. En la

medida en que las instituciones responden, la gente es ms consciente de sus derechos y exige ms. As se construye institucionalidad. Segundo, en ese marco es posible repensar los procesos de reincorporacin de las guerrillas. Colombia tiene una larga experiencia en estos procesos y una agencia fuerte de reintegracin. Pero si estamos pensando en transformar los territo-rios y crear institucionalidad sobre la base de la par-ticipacin y la inclusin, estos procesos no se pueden

construyan planes para transformar esos territorios. Se trata de hacer valer los derechos y las capacida-des de la gente, que sientan como propio el esfuerzo de reconstruccin. Todo esto no es una utopa, se ha hecho en otras partes del mundo. Brasil y la India son buenos ejemplos. Cmo no lo vamos a hacer en Colombia si se trata de construir la paz?

Necesitamos que todos los sectores de la sociedad campesinos, indgenas, afro descendientes, empresarios, universidades, organizaciones sociales, miembros de la Iglesia se sientan parte de un mismo proceso, que la paz es de ellos y con ellos, que todos pueden y deben apor-tar. Necesitamos tambin despertar el entusiasmo de la poblacin urbana, en especial de los jvenes, que piensen en ese otro pas y salgan a las regiones. Las universidades deberan estar ah. Los estudiantes deberan estar ah. No slo capacitando y acompaando procesos de planea-cin participativa, sino ayudando a tender puentes entre el mundo urbano y el mundo rural.

Una nueva alianza

En el fondo, se trata de poner en mar-cha un modelo nuevo e incluyente de construccin y fortalecimiento de las instituciones en las regiones. El Estado colombiano ha intentado todo tipo de programas para llevar desarro-llo a las regiones apartadas. Sin negar sus logros, creo que el modelo centra-lista, en el que unos funcionarios ate-rrizan como unos marcianos entre las comunidades para traer el Estado, se qued sin aire. He hecho parte de esos esfuerzos y conozco sus mritos y limitaciones. Y estoy convencido de que as el Estado nunca va a llegar a ninguna parte de manera sostenida y con suficiente intensidad. Pero tam-poco se trata de que las comunidades se organicen por su cuenta. Esa es una lgica de fragmentacin, que ha sido nuestra enfermedad histrica.

Lo que necesitamos es imponer una lgica de inclusin e integracin territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio. Institucionalidad entendida nueva-mente no slo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prcticas y normas que regulen la vida

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...No se trata de beneficiar a los unos sobre los otros, sino de

hacer justicia en el territorio de la manera ms

amplia posible y de satisfacer de la mejor manera los

derechos de las vctimas.

Cmo decidir a quin distribuir la tierra, a las vc-timas, a campesinos sin tierra, o a excombatientes? O, a un nivel ms general, a qu se debe dedicar la justicia penal, a investigar medio siglo de guerra o a la prevencin de futuras violaciones y a la desarticula-cin de futuras amenazas sobre las comunidades? No se trata de beneficiar a los unos sobre los otros, sino de hacer justicia en el territorio de la manera ms amplia posible y de satisfacer de la mejor manera los derechos de las vctimas. Los enemigos del proceso han que-rido reducir el fin de una guerra de cincuenta aos y la construccin de la paz a una sola pregunta: los gue-rrilleros se van a la crcel, s o no? Por supuesto que hay que discutir sanciones, en especial de los mxi-mos responsables de los crmenes internacionales. Ya lo hemos dicho: en Colombia no habr una amnista general. Todo se har en el marco de nuestras obliga-ciones internacionales. Pero si se trata de reconstruir los elementos bsicos de la justicia en el territorio y de garantizar que las vctimas no sean victimizadas

otra vez, cualquier discusin tiene que partir de ese fin. En todo caso, primero hay que or la voz de las vctimas, no la de quienes hoy se autoproclaman luchadores contra la impunidad y que ayer poco o nada hicieron por esas mismas vctimas. Segundo, hay que encontrar una solucin que incluya a todos quienes participaron en el con-flicto. Tercero, dentro de este marco es posible disear un sistema en el que los diferentes programas de recons-truccin y las medidas de justicia transicional se entretejan y refuercen mutuamente. Permtanme dar unos ejemplos concretos. La restitucin de tierras es una medida de elemental justicia en una transicin. El gobierno ya puso en marcha un ambicioso pro-grama de restitucin, que ser mucho

ms efectivo si la tierra se restituye en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial que acordamos en La Habana.

Otro ejemplo son las Circunscripciones Transi-torias Especiales de Paz que acordamos en el Punto 2. Se trata de unas nuevas circunscripciones electo-rales, con reglas especiales, para que los territorios ms afectados por el conflicto incrementen su repre-sentacin en la Cmara de Representantes durante el perodo de transicin. Con esa medida estamos ampliando la participacin de quienes por cuenta del conflicto han estado al margen de la vida poltica del

limitar a ofrecerles oportunidades de vida a quienes han dejado las armas. Tienen que ser parte integral del pro-ceso de reconstruccin territorial. No podemos volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de desmovilizar unos grupos. Hay que llenar el espacio, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos. Tercero, un ejercicio de ese tipo es tam-bin una forma de construir espacios de discusin en el nivel territorial la llamada esfera pblica para deli-berar alrededor de propsitos comunes y recuperar las reglas bsicas de respeto y cooperacin. Por esa misma razn, esos espacios de deliberacin son tambin espa-cios de reconciliacin.

La justicia y la paz territorial

Todo lo anterior requiere innovacin, requiere creati-vidad. Hay que pensar distinto, no slo en cmo hacer las cosas, sino en para qu las estamos haciendo. Eso incluye pensar de nuevo la relacin entre la justicia y la paz en un proceso de paz. Si entendemos la construc-cin de la paz como un ejercicio para reforzar normas y hacer valer dere-chos, tenemos un marco para ponderar mejor los intereses de la justicia con los de la paz. Siempre y cuando entenda-mos justicia en el sentido amplio de la palabra, como sola definirla John Rawls: como un sistema equitativo de cooperacin en el tiempo, en el que cooperacin significa observar unas normas y procedimientos, con sus correspondientes derechos y deberes, que todos aceptan y que regulan su conducta. Y que los aceptan precisa-mente porque cooperar trae beneficios recprocos para todos. Si pensamos en la justicia de esta manera, entendemos que el objetivo superior de la justicia en un proceso de paz no es otro que la reconstruccin equitativa del orden social y la cooperacin en los territorios para restablecer las normas bsicas de la sociedad, garan-tizado derechos y bienestar, y asegurar la no repeti-cin del conflicto.

La justicia transicional es un componente fun-damental, pero slo un componente de este esfuerzo mucho mayor de reconstruccin. En ese marco y con un enfoque de derechos podemos hacer una pondera-cin justa entre los derechos de las vctimas directas y los derechos de los dems habitantes del territorio.

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cualquier acuerdo al que lleguemos con las FARC ten-dr que ser sometido a un mecanismo de refrenda-cin. Sern los colombianos quienes tendrn la ltima palabra. Y eso va obligar a que se creen consensos a favor (y sin duda tambin en contra) de lo que acorde-mos. Esos consensos son obviamente fundamentales, pero tenemos que construir desde ya consensos entre los poderes pblicos y consensos en la sociedad si que-remos llegar all. El Presidente Santos ha propuesto un gran pacto por la democracia y la paz. Imposible pensar en una transicin de verdad si no tiene detrs un pacto poltico de esa naturaleza, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional. Y eso exige lo que en otra ocasin he llamado un acto de imaginacin. Una capacidad de vencer el miedo natural al cambio y de vencer tambin la indiferencia de quienes, sobre todo en el mundo urbano, piensan que las cosas estn bien como estn. Entre todos tenemos que poder ima-ginarnos una Colombia en paz.

En el fondo, la paz es una decisin. Una decisin por el futuro y en contra del pasado. Se necesita que la gente en las ciudades y en las regiones se mire al espejo y diga: prefiero la paz. Esa es la tarea que tene-mos ante nosotros. Una tarea sin duda difcil en poca electoral, pero yo creo que al final primarn la sensa-tez y el sentido de realidad. Y la realidad es esa: que no va a haber otra oportunidad.

pas, estamos integrando polticamente a esas pobla-ciones y a esas regiones, y estamos reparando a las vc-timas. Pocas cosas en una transicin a la paz son tan importantes como la activacin de los derechos pol-ticos de quienes han sufrido la violencia. Tambin los programas de reincorporacin de las FARC y even-tualmente del ELN a la vida civil deben contribuir a las medidas de esclarecimiento, reparacin y no repe-ticin. Y en la medida que lo hagan, facilitarn la rein-corporacin, porque las comunidades aceptarn ms fcilmente a los excombatientes. Se trata entonces de asegurar no slo que las medidas de verdad, justicia y reparacin se refuercen entre s en una estrategia inte-gral de justicia transicional que produzca un mximo de satisfaccin de los derechos de las vctimas y evite la impunidad esa ha sido nuestra posicin, sino que esa estrategia integral est inscrita en una estrategia ms amplia de toda la transicin en los territorios para garantizar derechos.

Consensos para la paz

De nada sirve poner en marcha esta o cualquier otra estrategia si no tiene un consenso poltico detrs. Y con eso quiero terminar: con la importancia de cons-truir consensos para la paz. Lo ha dicho el Presidente:

LA PAZ ES POSIBLE,PREPARMONOS PARA

LA PAZ

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Liberta y Orden

W W W . A L T O C O M I S I O N A D O P A R A L A P A Z . G O V . C O

LA PAZ ES POSIBLE,PREPARMONOS PAR A

LA PAZ