CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Levantemos los muros de la integridad

La defraudación fiscal se remonta desde la época de la colonia en América, cuando se cobraban tributos a nombre del Rey.

Los peninsulares y criollos a cargo de la administración colonial, dizque para obtener el desarrollo de sus provincias, llegaron a lograr la independencia centroamericana de España; la motivación principal era no enviar tributos e impuestos a la corona española.

Desde entonces se culturizó el uso de no pagar impuestos por parte de las personas con influencias y acceso al poder.

Junto a ello los impuestos, tasas y tributos no siempre han sido destinados para impulsar el desarrollo de los pueblos.

Hoy es igual. En nombre del desarrollo nos piden el pago de los tributos, pero éstos nunca son suficientes para alcanzar mejores estadios de bienestar y desarrollo; el tema de la evasión es pues una acción casi cultural en nuestra América, y en Honduras en particular.

Durante el periodo colonial y su actividad minera se observa que los propios dueños de las minas y los funcionarios reales por separado o en connivencia ignoraban las disposiciones de la Corona que iban en contra de sus intereses y participaban igualmente en la evasión de los tributos y el contrabando.

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Dar empleo a familiares

Pago a tramitadores ilegales

Robo de expedientes en el Poder Judicial

Mal vender propiedades del Estado

Dar empleo a activistas políticos sin méritos

Evadir pago de impuestos

Soborno a jueces

Desvío de fondos de proyectos del Estado

Soborno a funcionarios para ganar compras

Financiamiento dudoso de campañas políticas

Soborno a policias

Urbano Rural

Fuente: Elaboración propia con base en EPNCH-CNA, 2006.

PERCEPCIÓN SOBRE LAS FORMAS MÁS COMUNES DE CORRUPCIÓN (%)

Impunidad Inequidad fiscal Pago de salarios no éticos

La impunidad en la defraudación fiscal pasa por la escasa eficiencia de acciones públicas orientadas a perseguir a los evasores del fisco, casi siempre se castiga al evasor menor, y se protege al “gran evasor”.

Se estima que en el país se evaden en impuestos anualmente entre 5 y 10 mil millones de lempiras.

La defraudación fiscal se da por el no pago de tributos. Su mayor característica se registra en el ISV y en la importación de artículos y productos, muchos de ellos subvaluados.

La impunidad en la evasión fiscal, está ligada también con la corrupción, la cual no es un acto aislado; sino que presenta una cadena de decisiones: una cadena de actos voluntarios y conscientes en el que participan diversos actores investidos de poder.

Se forman redes de corrupción. La condición para actuar es contar con un

ambiente de permisividad e impunidad.

Ello crea, entonces, una especie de triángulo de causalidad de la corrupción:

La corrupción, sobre todo bajo su forma pública y política, está ligada al abuso del poder, en el marco de una ética permisiva y de la ausencia o debilidad de controles sociales e institucionales.

Generalmente, cuando los gobiernos anuncian acciones anti-fraude para minimizar la defraudación, casi siempre la basan en acciones inequitativas que afectan sensiblemente a un sector vital de la economía: la microempresa aglutinada en el sector informal de la economía.

Casi todas las medidas contra la evasión fiscal se concentra hacia este núcleo, a quienes se les obliga a pagar impuestos por adelantado.

Esta persecución inequitativa que se da hacia este sector clave del país, a la larga, viene a favorecer los llamados monopolios y los oligopolios en el mercado.

La municipalidad, por ejemplo, en el impuesto sobre ventas cobra por adelantado un año, haya vendido o no usted ese año; ello orilla a que muchas empresas del sector informal se declaren en quiebra por no haber reglas claras para la competencia.

A diferencia de otras naciones, donde los Estados desarrollan políticas para incentivar el sector informal de la economía y se les otorga incluso una especie de vacación fiscal a fin de estimular su consolidación productiva y así lleguen a pagar sus impuestos, aquí es lo contrario, se les aplican pagos de impuestos sobre ventas a los importadores que tienen que pagarlos lleguen a vender o no y esto perjudica a los agentes cuando no logran vender ya que se descapitalizan y no llegan a consolidarse.

Es una acción que contradice tanto la doctrina del derecho fiscal, como la disposición constitucional que establece que los impuestos obligan a pagarse, cuando se incurrió en la tipicidad de generarlos, o sea el impuesto se debe pagar cuando éste nace y nunca se paga por adelantado.

Esta es otra acción que favorece la defraudación fiscal. Poca paga por un buen trabajo, es como una especie de neo-esclavismo.

Una familia de 5-6 personas, necesita al menos dos salarios mínimos para poder comprar los productos de la canasta básica que anda arriba de los tres mil lempiras.

De ahí que se hable en la necesidad de revisar y formular nuevas políticas de estímulo y trabajo que ofrezcan salarios dignos.

Mayor vigilancia ciudadana para que los presupuestos sean participativos: El presupuesto general de la nación se financia con recursos nacionales y recursos externos.

Los externos generalmente son donaciones o préstamos y los nacionales son fondos que provienen en más del 90 por ciento de la recaudación de impuestos.

La defraudación fiscal es una de las formas de corrupción en la gestión pública y cuenta con aliados en la gestión pública y en la empresa privada.

Conocer y utilizar las herramientas legales formales existentes: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Participación Ciudadana, Código de Ética del Servidor Público.

Generar prácticas de auditoría social: Redes Ciudadanas, Comisiones de Transparencia, participación en los actos públicos, demanda de acceso a la información pública.

Mayor socialización del cumplimiento de las obligaciones fiscales: que permitan crear una especie de código de defraudación fiscal en el cual se tipifique los delitos y las penas que puedan abarcar también a los “grandes evasores”.

La gente desconoce el impacto que la defraudación fiscal tiene para su cotidianeidad.

Promover reformas educativas: a nivel primario, secundario y universitario que aborde en forma sencilla, pero directa, el concepto de los impuestos, su importancia, uso, destino y rol dentro de la economía y el desarrollo de un país.

Unir fuerzas y esfuerzos: Ello implica una especie de construcción de alianza en auditoria ética, como resultado de una combinación de fuerzas entre medios de comunicación, sociedad civil, empresarios y los órganos de control.

Revisar las reservas a la información promovidas por la DEI, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por reñir con principios constitucionales de acceso a la información, libertad de expresión y la misma Convención Interamericana contra la Corrupción, al dejar abierto el espacio a la discrecionalidad y la evasión fiscal.

Estas reservas tienen que ver con resultados de auditorías una vez concluidas, impuestos de ventas, producción de consumo de cervezas, venta de cigarrillos, casinos, juegos de envite azar, entre otros.

Aplicar el Código de Conducta Ética del Servidor Público en lo que concierne al conflicto de intereses, al régimen de regalos y otros beneficios (artículo 24).

“Energía, inteligencia y honradez, debían ser, en el dinamismo de nuestra vida política, social, los tres virtudes ineludibles. Los

pueblos deben exigirlos a aquellos que van a ser sus gobernantes; estos no deben descuidarlos en quienes han de ser sus funcionarios; y toda la jerarquía de la

administración pública, debiera estar sujeta a la misma pauta de salvación nacional”.

Alfonso Guillén Zelaya.

¡MUCHAS GRACIAS!

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