CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA LOS … · co Mundial), Bertrand Rossert (Banco Mundial), Juan...

Click here to load reader

  • date post

    29-Sep-2018
  • Category

    Documents

  • view

    216
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA LOS … · co Mundial), Bertrand Rossert (Banco Mundial), Juan...

  • I N F O R M E F I N A L

    24 de abril de 2015

    CONSEJO ASESORPRESIDENCIAL CONTRA

    LOS CONFLICTOS DE INTERS,EL TRFICO DE INFLUENCIAS

    Y LA CORRUPCIN

  • Esta publicacin corresponde al Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    La versin electrnica de este documento se encuentradisponible en el sitio web:

    www.consejoanticorrupcion.cl/informe

    Abril de 2015, Santiago, Chile

    Todos los derechos reservados

  • CONSEJO ASESORPRESIDENCIAL CONTRA

    LOS CONFLICTOS DE INTERS,EL TRFICO DE INFLUENCIAS

    Y LA CORRUPCININFORME FINAL

  • Preparar este informe en el plazo de 45 das que nos dio la Presidenta Bachelet fue posible gracias a la colabora-cin de un gran nmero de profesionales y la existencia de muchos trabajos previos. Entre los ltimos queremos destacar los informes de instituciones acadmicas, organismos internacionales, centros de estudio, comisiones del Congreso, instituciones del Estado y organizaciones sociales. Una mencin especial merecen los informes de comisiones y consejos asesores que nos antecedieron, en particular, la Comisin Nacional de tica Pblica (1994) y el Grupo de Trabajo sobre Probidad y Transparencia (2006).

    Agradezco a los 15 consejeros, quienes trabajaron ad honorem y con mucha dedicacin. Tuvimos largas y fre-cuentes sesiones de trabajo, adems de audiencias pblicas en Coquimbo, Valparaso, Santiago, Concepcin y Temuco. Redactamos minutas y presentaciones, y participamos en largas reuniones de anlisis y discusin don-de, a pesar de diferencias importantes respecto del diagnstico de la crisis de confianza que llev a la creacin del Consejo, encontramos amplios puntos de consenso al momento de hacer las propuestas. Mi especial agra-decimiento a las consejeras Andrea Repetto y Marcela Ros, quienes lideraron los dos grupos de trabajo con que funcionamos.

    Conformamos un equipo ejecutivo en tiempo record, que trabaj largas horas bajo enorme presin, con pro-fesionalismo y buena disposicin. Mis agradecimientos al director ejecutivo de este equipo, Jorge Atria, y al equi-po que dirigi: Marianela Caldern, Vernica Cid, Mara Paz Domnguez, Francisca Guerrero, Andrs Leslie, Jorge Martnez, Carolina Mosso, Roco Noriega, Goryet Pandorfa, Mathieu Pedemonte, Patricia Politzer, Cristin Ros, Emilia Ros, Valentina Salas, Claudia Schmied, Valentn Segura, Francisca Sara, Sofa Sacks y Diego Salvatierra.

    Agradezco al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a Espacio Pblico, quienes otorgaron comisiones de servicio a varios de los profesionales antes mencionados para que colaboraran con el Consejo. Del mismo modo, nuestra gratitud hacia IDEA Internacional, por su compromiso con nuestras labores y su gran apoyo.

    Agradezco a los siguientes expertos internacionales que nos apoyaron en temas especficos: Janos Bertok (OCDE), Lisa Bhansali (Banco Mundial), Jos Antonio Dias Toffoli, Elizabeth Grandio (Banco Mundial), Rafael Ji-mnez (Universidad Pompeu Fabra), Alvaro Larrea (Banco Mundial), Ciro Murayama, Francesca Recanatini (Ban-co Mundial), Bertrand Rossert (Banco Mundial), Juan Carlos Serrano (Banco Mundial), Joao Veiga Malta (Banco Mundial) y Joaqun Jos Vives.

    Agradezco a Ximena Rincn, Ministra Secretara General de la Presidencia, por su colaboracin con el Con-sejo, y a los funcionarios de la Segpres que colaboraron con nosotros, en particular a Flor Cerro, Toms Jordn, Teresa Rey y Francisca Soto. Agradecemos tambin a Presidencia de la Repblica y al Ministerio de Hacienda por facilitar distintas gestiones durante el periodo de nuestro trabajo.

    AGRADECIMIENTOS

    Eduardo Engel G.Presidente Consejo Asesor Presidencial

    24 de abril de 2015

  • CONTENIDOS

  • NDICE

    INTEGRANTES DEL CONSEJO ASESOR 8

    DISCURSO S.E LA PRESIDENTA DE LA REPBLICA, MICHELLE BACHELET AL CONSTITUIR EL CONSEJO 12

    DECRETO QUE CREA CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA LOS CONFLICTOS DE INTERS, EL TRFICO DE INFLUENCIAS Y LA CORRUPCIN

    19

    DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL, EDUARDO ENGEL, AL ENTREGAR EL INFORME FINAL

    24

    DIAGNSTICO 28

    PROPUESTAS 32

    I. PREVENCIN DE LA CORRUPCIN 34

    a.Probidad y fortalecimiento de municipios 35

    b.Reforma del sistema de Alta Direccin Pblica 38

    c.Reforma del sistema de compras pblicas, concesiones y gastos en Defensa 41

    d.Persecucin y sancin penal de la corrupcin 45

    e.Transparencia y acceso a la informacin pblica 46

    f. Responsabilidad penal de las personas jurdicas 48

    g.Prevencin de la corrupcin en la planificacin territorial 49

    h.Creacin de un servicio de evaluacin de las polticas pblicas 52

    II. REGULACIN DE CONFLICTOS DE INTERS 54

    a.Puerta giratoria, inhabilidades e incompatibilidades entre los sectores pblico y privado 55

    b.Declaraciones de patrimonio e intereses 58

    c.Fideicomiso ciego y fideicomiso diversificado 62

    d.Lobby y gestin de intereses 63

    III. FINANCIAMIENTO DE LA POLTICA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA 65

    a.Democracia interna y financiamiento de partidos polticos 66

    b.Regulacin de campaas electorales 72

    c.Fiscalizacin de la poltica y su financiamiento 78

    IV. CONFIANZA EN LOS MERCADOS 84

    a.Atribuciones para una fiscalizacin eficaz de los mercados 84

    b.Revisin del gobierno de los entes fiscalizadores 86

    c.Refuerzo de los gobiernos corporativos de las empresas 87

    V. INTEGRIDAD, TICA Y DERECHOS CIUDADANOS 89

    a.Formacin cvica y tica 89

    b.Creacin de la oficina de Defensora Ciudadana 91

    c.Creacin de sistemas de integridad para el sector pblico y el sector privado 92

    ANEXOS 96a.Argumentacin votos de minora 97

    b.Modelo de trabajo 101

    c.Resmenes ejecutivos de organizaciones que participaron en audiencias pblicas 110

  • INTEGRANTES DEL CONSEJO

    ASESOR PRESIDENCIAL

    Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    8

  • P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O

    Ingeniero Civil de la Universidad de Chile. Doctor en Estadstica de la Uni-versidad de Stanford y Doctor en Economa del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Profesor titular de Economa de la Universidad de Chile y profesor visitante de la Universidad de Yale. Actualmente es presidente del centro de estudios Espacio Pblico.

    BENITO BARANDA FERRN

    Siclogo de la Pontificia Univer-sidad Catlica de Chile, Mster en Ciencias del Matrimonio y de la Familia de la Pontificia Universi-dad Lateranense de Italia y Doctor en Sociologa de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ex Director Nacional Social del Hogar de Cristo y actual Director Inter-nacional de Amrica Solidaria.

    LVARO CASTAN CUEVAS

    Abogado, Licenciado en Ciencias Jurdicas y Sociales de la Univer-sidad Diego Portales. Coordina-dor Legislativo de la Fundacin Ciudadano Inteligente.

    ROSANNA COSTA COSTA

    Ingeniera Comercial, mencin en Economa de la Pontificia Uni-versidad Catlica de Chile. Se ha desempeado en el sector pblico como Directora de Presupuestos y Consejera de la Alta Direccin Pblica, entre otros. Actualmen-te es subdirectora del centro de estudios Libertad y Desarrollo

    EDUARDO ENGEL GOETZ

    9Integrantes del Consejo Asesor Presidencial

  • VITTORIO CORBO LIOI

    Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Doctor en Economa del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ex Presidente del Banco Central de Chile. Actualmente es investiga-dor asociado senior del Centro de Estudios Pblicos (CEP) y miem-bro del Grupo Consultivo sobre Polticas Monetarias y Cambiarias del FMI (Fondo Monetario Inter-nacional).

    CLAUDIO FUENTES SAAVEDRA

    Doctor en Ciencia Poltica de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill) y Director de la Escuela de Ciencia Poltica de la Universidad Diego Portales. Ex director de FLACSO-Chile y ex presidente de la Asociacin Chile-na de Ciencia Poltica.

    ALFREDO ETCHEBERRY ORTHUSTEGUY

    Abogado de la Universidad de Chi-le, Mster en Derecho Comparado de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Talca.

    JOS ANDRS MURILLO URRUTIA

    Mster en Sociologa del Poder en la Universidad de Pars y Doctor en Ciencias Jurdicas y Polticas con mencin en Filosofa Poltica de la misma casa de estudios. Presidente de la Fundacin para la Confianza y vocero del Bloque de Organizaciones Civiles por la Infancia.

    OLGA FELI SEGOVIA

    Abogada de la Universidad de Chile. Presidenta del Colegio de Abogados de Chile desde el ao 2011.

    ANDREA REPETTO LISBOA

    Economista y Mster de la Pontificia Universidad Catlica de Chile. Doctora en Economa del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Profesora en la Escuela de Gobierno de la Univer-sidad Adolfo Ibez y miembro del directorio de la Fundacin para la Superacin de la Pobreza.

    Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    10

  • MANUEL RIESCO LARRAN

    Ingeniero Civil Industrial y Mster en Economa de la Universidad de Chile. Estudi Economa Poltica en el Social Sciences Institute of the Academy of Sciences de Rusia. Actualmente es vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA.

    AGUSTN SQUELLA NARDUCCI

    Abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Filosofa del Derecho en las universidades de Valparaso y Diego Portales. Pre-mio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2009) y miem-bro de Nmero de la Academia de Ciencias Sociales, Polticas y Morales del Instituto de Chile.

    MARCELA ROS TOBAR

    Mster y Doctora en Ciencia Poltica de la Universidad de Wis-consin-Madison, Estados Unidos. Magster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Oficial a cargo del Programa de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-rrollo (PNUD) en Chile.

    PAULINA VELOSO VALENZUELA

    Licenciada en Ciencias Jurdicas y Sociales de la Universidad de Concepcin. Ex ministra Secre-tara General de la Presidencia. Actualmente se desempea como abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado.

    LUCAS SIERRA IRIBARREN

    Abogado de la Universidad de Chile, Mster en Derecho de la Universidad de Yale y Doctor de la Universidad de Cambridge. Profe-sor de Derecho de la Universidad de Chile. Actualmente es sub-director del Centro de Estudios Pblicos (CEP).

    DANIEL ZOVATTO GARETTO

    Mster en Gerencia Pblica de la Kennedy School of Government en Harvard. Doctor en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Gobierno y Administracin Pblica del Instituto Universitario de Investigacin Ortega y Gassett de Espaa. Es Senior Fellow no residente del Brookings Institute, miembro del Consejo Asesor del programa para Amrica Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars y del Consejo Editorial de la Revista Foreign Affairs en espaol. Actualmente es Director Regional para Amrica Latina y el Caribe de IDEA Inter-nacional.

    Integrantes del Consejo Asesor Presidencial 11

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    12

    DISCURSO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPBLICA,

    MICHELLE BACHELET, AL CONSTITUIR EL CONSEJO

    ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA CONFLICTOS DE INTERS,

    TRFICO DE INFLUENCIAS Y CORRUPCIN

    SANTIAGO, 10 DE MARZO DE 2015

    Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    12

  • 13Discurso de S.E. La Presidenta de la Repblica, Michelle Bachelet

    Amigas y amigos:

    Hoy estamos aqu para dar juntos un paso histrico hacia una democracia ms slida y una convi-vencia justa que se merecen los ciudadanos y ciudadanas de Chile.

    Los casos que hemos venido conociendo desde hace ya un buen tiempo en el mbito de los ne-gocios o de la poltica as como de la relacin entre ellos, han generado una fundada preocupacin y sobre todo malestar en la ciudadana. Y tengo que decirlo, han sido dolorosos para aquellos que anhelamos un pas equitativo y sin privilegios.

    Son casos que se han llevado al margen de la tica o de la prudencia, y en algunos casos derecha-mente al margen de la ley. En ellos se han visto involucrados empresas, partidos polticos, dirigen-tes y tambin servidores pblicos.

    Hemos visto como algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la demo-cracia, es decir, para influir las decisiones que nos afectan a todos. Y hemos visto tambin como algunos usan la influencia que otorgan los cargos democrticos y pblicos, que estn para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas, para obtener ventajas personales.

    Chile es un pas de personas trabajadoras, de polticos comprometidos y de empresarios esfor-zados. Unos pocos casos condenables no deben hacernos perder de vista lo que somos y de lo que podemos sentirnos orgullosos.

    Pero tampoco podemos ignorar lo que se ha ido incubando en algunos lugares de nuestra socie-dad. A veces hemos dejado que el poder del dinero colonice la convivencia social, y permitimos que una cultura de las ventajas individualistas le doble la mano al sentido del bien comn.

    sta es una situacin grave, a la que todos juntos tenemos que ponerle freno, por el bien de nuestra democracia, por la equidad que debemos a los ciudadanos y por nuestra oportunidad de ser un pas desarrollado.

    Ustedes saben que es mi vocacin de toda una vida, y es la inspiracin del Programa de mi Go-bierno, que todos tengamos iguales oportunidades para surgir, para emprender, para participar, para ejercer cargos de liderazgo. Por eso durante la campaa y en el Programa hicimos un compro-miso muy claro con los chilenos: construir un pas donde no haya privilegios ni abusos, donde haya igualdad basada en derechos y en una cultura de respeto.

    Y es mi palabra, y voy a cumplir ese compromiso.

    Dijimos que bamos a avanzar en polticas de equidad e inclusin, y lo estamos haciendo. Del mismo modo, vamos a poner freno a los privilegios y abusos, y no permitiremos que nada ni nadie obstaculice o desve la vocacin de igualdad y el sentido tico que nos inspira.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    14

    Amigas y amigos:

    Estamos hoy aqu para enfrentar ese desafo, juntos como pas, y construir soluciones permanen-tes. sta es una oportunidad histrica para avanzar en una buena poltica en una buena economa.

    Para tener xito en este mbito, las soluciones deben ser institucionales. Una institucionalidad legtima que est a la altura de los desafos y las complejidades de la poca que vivimos, pero tam-bin, a la altura de las demandas de nuestra sociedad. Por eso hoy debemos revisar y perfeccionar nuestras instituciones.

    Hoy es mucho lo que est en juego para todos nosotros. Est en juego la democracia, pues su fortaleza descansa en la confianza de los ciudadanos.

    Est en juego la legitimidad de los negocios y del mercado, pues su eficacia radica en la expectati-va de que ellos sean transparentes, y que no se pondrn en juego ventajas o mecanismos ilegtimos.

    Est en juego el rol del Estado, que depende de la imparcialidad de los servidores pblicos para garantizar que las normas se apliquen por igual.

    Y est en juego, especialmente, el esfuerzo de millones y millones de hombres y mujeres de nuestra patria que batallan da a da por surgir y darles una mejor vida a sus familias.

    Y ellos lo hacen en la esperanza que van a tener las mismas oportunidades, que sus esfuerzos y sus mritos sern reconocidos y premiados con justicia, y que no sern postergados por quienes tienen poder e influencias.

    Esa confianza, esas expectativas, esa esperanza, son la base de nuestra cohesin como nacin, el impulso de nuestra economa, el pilar de nuestra paz social, la legitimidad de nuestra democracia. Daar esa fe pblica, es hacernos dao a nosotros mismos en lo ms profundo.

    Por eso, ha llegado la hora de actuar. Y en este plano, Chile no tolera dilaciones. Y en mi respon-sabilidad como Presidenta impulsar las medidas institucionales que regulen de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la poltica, pero tambin al interior del mbito pblico como en el de los negocios.

    Esto no se trata de restituir las confianzas en beneficio de algn actor particular, de m, del Go-bierno o de los empresarios. Esto es una necesidad del pas, de la salud de la democracia que todos necesitamos para vivir.

    Por eso debemos hacer que esos casos no vuelvan a repetirse. Se equivocan quienes creen que este es el momento de suavizar los hechos o esconder la tierra bajo la alfombra. No, se trata de ase-gurar, mediante instituciones slidas, que esto no vuelva a ocurrir.

    Por eso, en los casos que ya conocemos, apoyaremos con decisin el trabajo de la justicia en su plena autonoma, para que sean aclarados y sancionados.

    Y para crear un mejor marco para el futuro, debemos revisar y hacer ms severa y actualizada la legislacin existente y los proyectos en discusin, y dotar a las instituciones de poder efectivo para hacer valer sus controles y sus sanciones.

  • 15Discurso de S.E. La Presidenta de la Repblica, Michelle Bachelet

    Pero, como sabemos que las regulaciones legales no siempre alcanzan para ordenar la enorme diversidad de relaciones entre lo pblico y lo privado, y que estas realidades cambian ms rpido que las leyes, necesitamos tambin desarrollar una cultura y una tica de la transparencia que nos inspire siempre.

    Tengo la conviccin que hay materias urgentes que regular, y le he encomendado a los ministros que avancemos desde ya en la elaboracin de indicaciones y proyectos de ley en ese sentido.

    Enviar un proyecto de reforma constitucional para que se establezcan sanciones, incluso la prdida del cargo, a aquellos representantes electos que hayan incurrido en delitos sancionados por los Tribunales de Justicia.

    Tambin que definan con precisin y mayor rigor las inhabilidades y las incompatibilidades de las distintas funciones en el sector privado regulado y en el servicio pblico en general, tanto a nivel central como en los gobiernos locales.

    He encomendado tambin al ministro de Hacienda, la actualizacin de las normas en materia del buen uso de bienes y recursos fiscales y que imparta las instrucciones para su estricto cumpli-miento.

    Y quiero decir algo que me compete en lo personal: he instruido para que a la brevedad se im-partan las medidas que hagan ms detalladas y peridicas las declaraciones de patrimonio e inters de los altos funcionarios pblicos y de por vida en el caso de los ex Presidentes, partiendo por m. Quienes hemos recibido la confianza de la ciudadana, debemos responderle con transparencia.

    Del mismo modo, he decidido constituir un Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de inters, el trfico de influencias y la corrupcin.

    El mandato de este Consejo es claro. He instruido que, ms all de las que he anunciado, propon-ga medidas en el plano administrativo, legal y tico, de aplicacin inmediata y de mediano plazo, tanto para el mbito de los negocios y el servicio pblico, como para las relaciones entre ellos.

    Se trata de perfeccionar nuestro ordenamiento para que, por ejemplo, ninguna persona pueda verse beneficiada por contar con informacin privilegiada o contactos polticos; que los servidores pblicos no se vean expuestos al poder del dinero; que el abuso de poder no sea ms una prctica y que los culpables de estos hechos tengan sanciones efectivas y ejemplares.

    El Consejo deber proponer mecanismos accesibles y eficaces de defensora a los ciudadanos, contra actos arbitrarios y de corrupcin que puedan afectarles.

    Y le doy mucha importancia a la elaboracin de un estricto cdigo de prcticas y criterios ticos que oriente las decisiones en el mbito de la poltica, los negocios y el servicio pblico, ms all de sus tipificaciones y sanciones legales.

    Debemos hacer de la transparencia y la integridad un modo de vida. Y buscaremos que ese cdi-go forme parte de los programas educacionales.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    16

    Y en el marco de esos objetivos, el Consejo cuenta con plena autonoma para desplegar su fun-cin, la que desarrollar aqu en La Moneda, Casa de los Presidentes y smbolo de lo pblico en Chile, para resaltar la importancia de su trabajo.

    ste es un objetivo nacional, en que estamos todos comprometidos. Por eso he pedido a desta-cadas personalidades del pas, de reconocida e intachable trayectoria pblica y privada, diversos en sus pensamientos y especialidades, que aporten orientaciones precisas para este desafo de pas.

    Le he pedido a Eduardo Engel, ingeniero civil de la Universidad de Chile, Doctor en Estadsticas de la Universidad de Stanford y Doctor de Tecnologa en la Universidad de Massachusetts y actual profesor titular de Economa de la Universidad de Chile, profesor visitante de la Universidad de Yale, que presida este Consejo Asesor Presidencial.

    Miembros del Consejo son:

    Benito Baranda, psiclogo de la Pontificia Universidad Catlica, Master en Ciencias de Matri-monio y la Familia de la Universidad Lateranense de Italia, Director Internacional de Amrica Solidaria y ex Director Nacional Social del Hogar de Cristo.

    lvaro Castan, abogado, licenciado en Ciencias Jurdicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, Coordinador Legislativo de la Fundacin Ciudadano Inteligente.

    Rosanna Costa, Subdirectora de Libertad y Desarrollo, ingeniero comercial mencin en Econo-ma de la Pontificia Universidad Catlica de Chile.

    Vittorio Corbo, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Doctor en Economa de MIT, ex presidente del Banco Central de Chile.

    Alfredo Etcheverry, abogado de la Universidad de Chile, Master en Derecho Comparado de la Universidad de Columbia, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Talca.

    Olga Feli abogada, graduada de la Universidad de Chile, presidenta del Colegio de Abogados de Chile desde el ao 2011.

    Claudio Fuentes, profesor y director de la Escuela de Ciencia Poltica de la Universidad Diego Portales y Doctor de Ciencia Poltica de la Universidad de Carolina del Norte.

    Jos Andrs Murillo, Doctor en Ciencias Jurdicas y Polticas con mencin en Filosofa Poltica de la Universidad de Paris, Master en Sociologa del Poder de la Universidad de Paris y presiden-te de la Fundacin por la Confianza y vocero del Bloque por la Infancia.

    Andrea Repetto, economista de la Universidad Catlica de Chile, Doctor y Master en Economa de MIT, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibez y miembro del directorio de la Fundacin para la Superacin de la Pobreza.

    Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, ingeniero civil industrial y Master en Economa de la Universidad de Chile.

  • 17Discurso de S.E. La Presidenta de la Repblica, Michelle Bachelet

    Marcela Ros, Doctor y Master en Ciencia Poltica de la Universidad de Wisconsin, Madison, Es-tados Unidos, y Magster en Ciencias Sociales de la FLACSO, oficial a cargo del Programa de Gobernabilidad del PNUD en Chile.

    Lucas Sierra, abogado de la Universidad de Chile, Master en Derecho de la Universidad de Yale, Doctor de la Universidad de Cambridge, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, sub-director del Centro de Estudios Pblicos.

    Agustn Squella, abogado de la Universidad de Chile, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Filosofa y Derecho de la Universidad de Valparaso y Die-go Portales, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009.

    Paulina Veloso, Licenciada en Ciencias Jurdicas y Sociales, abogada de la Universidad de Con-cepcin, ex Ministra Secretaria General de la Presidencia

    Daniel Zovatto, el nico no chileno del grupo, Doctor en Derecho Internacional de la Universi-dad Complutense de Madrid, Master en Administracin Publica de la Universidad de Harvard, fue y ha sido Director Ejecutivo del Centro de Asesora y Promocin Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y tambin encargado regional de IDEA.

    Quiero agradecerles, a todos ustedes, muy sentidamente su compromiso con nuestro pas, pues les he pedido un trabajo intenso, y s que todo nuestro pas les agradecer tambin.

    El Consejo elaborar sus propuestas recogiendo las mejores prcticas a nivel mundial, escu-chando a la ciudadana, a expertos y organismos internacionales mediante audiencias.

    Quiero insistir en un punto: cuando se trata de transparencia e integridad, importa tanto el resultado como la forma en que se obtuvo. Por eso quiero pedirles de nuevo porque estuvimos conversando un ratito arriba un dilogo franco y sin cortapisas, abierto a todos. Porque debemos reconstruir las confianzas, y el primer paso es actuar de cara al pas.

    Les hemos impuesto un plazo muy acotado, porque la ciudadana demanda soluciones oportu-nas. Adems, una parte muy importante del diagnstico ya lo tenemos; ahora necesitamos medidas concretas. Desde hoy, el Consejo dispondr de un mximo de 45 das para entregar sus propuestas.

    S que harn un gran trabajo, su trayectoria los avala, pero estar incompleto si no es todo Chile el que se compromete.

    ste es un trabajo de todos, por eso como Gobierno nos comprometemos a que los instructivos administrativos se dictaran en no ms de 15 das despus de recibidas las propuestas, y los proyec-tos de ley sern enviados, a ms tardar, en un plazo de 40 das.

    En el mbito legislativo existen actualmente propuestas en tramitacin, y le pedimos al Conse-jo que las revise, si quiere proponernos indicaciones al respecto.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    18

    Chilenas y chilenos:

    Quisiera agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes la generosidad y dedicacin que este Consejo va a otorgar a las tareas que le hemos encomendado.

    Quiero agradecer tambin a los ciudadanos y ciudadanas de Chile por la exigencia que nos hacen de avanzar en la transparencia y equidad de nuestro orden comn. Ustedes son el motor primero de nuestro progreso como sociedad.

    Debemos ahora reconstruir nuestras confianzas y dignificar la actividad poltica y empresarial que tanto contribuyen al desarrollo de Chile.

    No es el momento de los clculos pequeos; esta es la hora del sentido patritico.

    Pido el apoyo de todos y todas para avanzar en esta tarea que es indispensable para construir una convivencia que nos llene de orgullo.

    Muchas gracias a todos.

  • 19

    DECRETOQUE CREA EL CONSEJO ASESOR

    PRESIDENCIAL CONTRA LOS CONFLICTOS DE INTERS, EL TRFICO

    DE INFLUENCIAS Y LA CORRUPCIN

  • REPBLICA DE CHILE Ministerio

    Secretara General de la Presidencia

    CREA CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA LOS CONFLICTOS DE INTERS, EL TRFICO DE INFLUENCIAS Y LA CORRUPCIN.

    Santiago,

    DECRETO N002

    VISTO:

    Lo dispuesto en los artculos 1, inciso tercero, 24, 32 N 6 y 33 de la Constitucin Poltica de la Repblica; en el decreto con fuerza de ley N 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretara General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N 18.575, Orgnica Constitucional de Bases Generales de la Administracin del Estado; en la Ley N 20.798 de Presupuestos del Sector Pblico para el ao 2015, y en el artculo 10.4.2 de la resolucin N 1.600, de 2008, de la Contralora General de la Repblica, que fija normas sobre exencin del trmite de toma de razn.

    CONSIDERANDO:

    1) Que, los conflictos de inters, el trfico de influencias y la corrupcin son graves problemas que afectan a los negocios, a la poltica, al servicio pblico y a la relacin entre stos tanto a nivel internacional como en nuestro pas.

    2) Que, los conflictos

    ticos afectan el comportamiento de los mercados y la rectitud de los negocios;

    3) Que, el ejercicio de

    las funciones pblicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo velar por el inters general por sobre el particular;

    4) Que, sin embargo el rgimen jurdico en materia de conflictos de

  • inters, integridad y transparencia del mundo de los negocios, la poltica y la funcin

    pblica resulta insuficiente para enfrentar los desafos que este Gobierno se ha fijado;

    5) Que, en consecuencia, resulta

    necesario revisar el rgimen jurdico vigente en nuestro pas y proponer medidas concretas de orden legal y reglamentario, para el cumplimiento efectivo de los principios ticos, de integridad y transparencia, y el eficaz control del trfico de influencias, la corrupcin y los conflictos de inters;

    DECRETO:

    Artculo 1.- Crase un Consejo Asesor Presidencial denominado Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de inters, el trfico de influencias y la corrupcin, en adelante "el Consejo Asesor", que tendr por objeto proponer un nuevo marco normativo, que permita el cumplimiento efectivo de los principios ticos, de integridad y transparencia, en sus aspectos legales y administrativos para logar el eficaz control del trfico de influencias, prevencin de la corrupcin y de los conflictos de inters en los mbitos de los negocios, la poltica y el servicio pblico, as como en la relacin entre stos.

    Artculo 2.- Para el cumplimiento de

    su objeto, el consejo asesor desarrollar las siguientes tareas:

    1. Efectuar un diagnstico de los riesgos que afectan la probidad y la transparencia en el mundo de los negocios, la poltica y el servicio pblico, poniendo nfasis en aquellos elementos que se vinculan al trfico de influencias, la corrupcin y los conflictos de inters y que debilitan la confianza en las instituciones privadas y pblicas.

    2. Proponer medidas concretas, de

    carcter legal o administrativo, a partir del anlisis comparado de experiencias internacionales y de la revisin de la normativa vigente, en los mbitos de la prevencin, regulacin, sancin y reparacin de los conflictos de inters, el trfico de influencias y, en general, la corrupcin en todas sus formas, en el mundo de los negocios, la poltica, el servicio pblico y la relacin entre stos.

    Sus conclusiones debern constar en un informe que evacuar dentro de los 45 das siguientes a su constitucin. Con todo, antes de ese plazo podr entregar propuestas sobre materias especficas. Este plazo podr ser prorrogado por la Presidenta de la Repblica, tratndose de materias especficas.

    Para el cumplimiento de su cometido el

    Consejo Asesor podr invitar a sus sesiones a las personas u

  • organizaciones que estime pertinentes, as como recibir solicitudes de audiencia para escuchar a los interesados en dar su opinin.

    Artculo 3.- El Consejo Asesor estar

    integrado por los siguientes miembros titulares:

    1) Eduardo Engels Goetz, quien lo presidir,

    2) Rosanna Costa Costa, 3) Benito Baranda Ferrn, 4) Vittorio Corbo Lioi, 5) Alvaro Castan Cuevas, 6) Alfredo Etcheberry Orthusteguy, 7) Olga Feli Segovia, 8) Claudio Fuentes Saavedra, 9) Jos Andrs Murillo Urrutia, 10) Andrea Reppeto Lisboa, 11) Manuel Antonio Riesco Larran, 12) Marcela Ros Tobar, 13) Lucas Sierra Iribarren, 14) Agustn Squella Narducci, 15) Paulina Veloso Valenzuela, 16) Daniel Zovatto Garetto

    Los miembros del consejo asesor desempearn sus funciones ad honorem.

    Artculo 4.- El consejo asesor se

    reunir semanalmente. Sin perjuicio de lo anterior, su Presidente podr convocar a sesiones extraordinarias, en caso que as lo considere pertinente, o bien, cuando as se lo requieran los miembros titulares del Consejo Asesor.

    Artculo 5.- El Consejo Asesor contar

    con una Secretara Tcnica bajo la dependencia del Ministerio Secretara General de la Presidencia. A dicha Secretara Tcnica le corresponder apoyar el trabajo del Consejo Asesor en materia de solicitudes de informacin, recopilacin de informacin, actas de reuniones, sntesis de discusiones, redaccin de documentos y, en general, asesorar tcnicamente al consejo asesor, pudiendo organizar equipos de trabajo para el cumplimiento de sus fines.

    Artculo 6.- La Subsecretara General

    de la Presidencia proporcionar el apoyo en recursos humanos, tcnicos y administrativos que sean necesarios para el correcto y eficiente funcionamiento del Consejo Asesor y su Secretara Tcnica.

    Artculo 7.- Los rganos de la Administracin del Estado y sus funcionarios debern prestar, dentro del mbito de sus respectivas competencias y atribuciones, la colaboracin que el Consejo Asesor requiera para el cumplimiento de su cometido..

  • TMESE RAZN, COMUNQUESE Y PUBLQUESE

    MICHELLE BACHELET JERIA Presidenta de la Repblica

    RODRIGO PEAILILLO BRICEO Ministro del Interior y Seguridad Pblica

    ALBERTO ARENAS DE MESA Ministro de Hacienda

    XIMENA RINCN GONZLEZ Ministra

    Secretaria General de la Presidencia

    ALVARO ELIZALDE SOTO Ministro Secretario General de Gobierno

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    24

    DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL

    CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL,

    EDUARDO ENGEL, AL ENTREGAR EL INFORME FINAL

    VIERNES 24 DE ABRIL 2015

    Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    24

  • Discurso Eduardo Engel al Entregar Informe Final 25

    Seoras y seores,

    Como presidente del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Inters, el Trfico de In-fluencias y la Corrupcin, vengo a dar cuenta de la tarea realizada de acuerdo al mandato que la Presidenta de la Repblica nos fij el pasado 10 de marzo.

    El desafo era grande. En solo 45 das debamos entregar un conjunto de propuestas destinadas a producir uncambio sustantivo en la forma de comportarnos como ciudadanos en nuestras distin-tas actividades, especialmente en el mbito poltico y de los negocios.

    Las democracias que funcionan bien tienen varias caractersticas en comn. Cuentan con parti-dos polticos fuertes, enraizados en la sociedad y con una activa democracia interna; establecen pro-cesos justos y transparentes para elegir y fiscalizar a las autoridades; tienen gobiernos con la capaci-dad de formular y gestionar de manera eficaz polticas en beneficio del bien comn y logran separar ntidamente los interesesprivados. Es por eso quelos ciudadanos confan en sus instituciones.

    Los mercados desarrollados tambin tienen caractersticas comunes. Las empresas compiten, innovan y crean valor, ajustndose a estndares ticos rigurosos y exigentes. Las instituciones fiscalizadoras son giles para perseguir conductas que atentan contra la confianza en el mercado, como el uso de informacin privilegiada y el trfico de influencias.

    En una democracia slida, el dinero es un componente necesario e ineludible para permitir un desarrollo poltico en el que todos y todas puedan participar sin importar su patrimonio. Por el contrario, cuando el financiamiento de la poltica no se regula y fiscaliza adecuadamente, el dinero abre la puerta a las influencias indebidas y a la captura de lo pblico por parte de intereses parti-culares. Con el paso del tiempo, estoprovoca una profunda erosin de la confianza en la poltica.

    Los casos que impactaron al pas en los ltimos meses surgen precisamente de nuestra incapa-cidad para evitar la intromisin indebida del dinero en la poltica, y asimismo, para regular correc-tamente el mundo de los negocios.

    Las prcticas que hoy nos escandalizan son de larga data y fueron permeando, poco a poco, nues-tra sociedad, a medida que se hacan evidentes nuestras falencias. Tarde o temprano la sociedad iba a reaccionar frente a hechos que no se condicen con una convivencia sana, democrtica y tica-mente aceptable.

    El ao 2003 se hizo un esfuerzo por reglamentar y fiscalizar el gasto electoral que fue claramente insuficiente. Ms an, sus deficiencias no solo hicieron posible gastos inaceptables en las campa-as electorales, tambin permitieron la circulacin de platas negras, todo lo cual facilit una cultu-ra de financiamiento irregular, y a veces ilegal, de la poltica.

    En el mbito de los negocios, las limitaciones de regulacin y fiscalizacin estnen el origen del abuso de miles de consumidores y numerosos accionistas minoritarios cuyos derechos fueron ignorados y anulados.

    De un tiempo a esta parte, el desprestigiode la poltica y del sector empresarial fue creciendo, y se fue extendiendo en la ciudadana un clima de recelo y de malestar generalizado.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    26

    La Presidenta nos llam a buscar caminos para revertir esta situacin. Los integrantes del Con-sejo Asesor aceptamos el desafo porque estamos convencidos de que el pas puedecorregirel rum-bo y tomar las medidas que se requieren para fortalecer nuestra democracia, asegurar mercados que nos beneficien a todos y, as, recuperar la confianza. No es posible convivir sospechando per-manentemente del prjimo. Para lograr este objetivo, se requieren reglas claras, transparentes y compartidas por todos.

    Con este espritu hemos trabajado intensamente y con rigurosidad. Tuvimos la oportunidad de dialogar con movimientos sociales y ciudadanos, partidos polticos y parlamentarios, diversas ins-tituciones del Estado y expertos nacionales e internacionales. Tambin recibimos propuestas de la ciudadana a travs de nuestra pgina web. Tuvimosms de 40reuniones de trabajoy8 audiencias pblicas en distintas ciudades, en las que participaron 80 organizaciones ciudadanas, polticas y acadmicas. Nuestro informe final se benefici de todas estas voces y del trabajo realizado por co-misiones que nos antecedieron.

    El Consejo Asesor que me honra presidir est compuesto por personas de diversas profesiones e ideologas. Todos nos abocamos a la tarea con la misma pasin y dedicacin. El debate interno fue intenso por momentos incluso vehemente- pero siempre prim el respeto y la inmensa mayora de nuestras propuestas fueron el resultado de un acuerdo unnime.

    Nuestro informe aborda 21 temas en 5 captulos, cada uno de las cuales presenta un conjunto de propuestas concretas. Por cierto -como era de esperar-, abordamos el financiamiento de la po-ltica y la necesidad urgente de un Servicio Electoral capaz de fiscalizar con eficiencia y prontitud. Pero tambin nos adentramos en otros terrenos como, por ejemplo, los problemas de probidad en las municipalidades, la regulacin del sector privado, la reforma de la Alta Direccin Pblica, una mayor cobertura y eficacia del sistema de compras pblicas y la llamada puerta giratoria entre los cargos pblicos y los empresariales.

    Presidenta, las propuestas que hoy le entregamos, tienen por objeto contribuir a fortalecer nuestra democracia y recomponer las confianzas.

    Quiero agradecer profundamente a todos quienes colaboraron en la elaboracin de este infor-me y, en forma especial, a mis colegas del Consejo que trabajaron ininterrumpidamente durante este mes y medio, con sesiones que muchas veces se prolongaron hasta la medianoche.

    Creo representarlos a todos si digo que estamos satisfechos conla tarea realizada. Asumimos la preocupacin de la Presidenta por el momento que vive el pas, somos ciudadanos comprometidos, nos importa Chile, quisimos ser parte de la solucin. Este es nuestro aporte.

    Muchas gracias.

  • 27

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    28

    UN PROBLEMA POR RESOLVER

    El 10 de marzo de 2015, al anunciar la creacin de este Consejo Asesor Presidencial, la Presiden-ta Bachelet afirm que hemos visto cmo algu-nos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia, es decir, para influir las decisiones que nos afectan a todos. Y hemos visto tambin cmo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democrticos y pblicos, que estn para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas, para obtener ventajas personales.

    Conflictos de inters, trfico de influencias y corrupcin causan hoy preocupacin en nues-tro pas. Existen diversas apreciaciones acerca de la magnitud real del problema, pero es evi-dente que a la ciudadana se le han presentado en el ltimo tiempo casos especficos cuyo desenlace definitivo an no se conoce, que han llamado particularmente su atencin por la identidad de sus protagonistas y la extensin alcanzada. Inevitablemente, la duda y la des-confianza tambin alcanzan a las instituciones, donde tales situaciones han surgido y plantean interrogantes sobre lo adecuado de las normas por las cuales se rigen, sean ellas pblicas o pri-vadas.

    Ms all de la evaluacin que cada uno ten-ga sobre la magnitud del problema que hoy enfrenta el pas, la reaccin ciudadana resulta sin duda alentadora, ya que da cuenta de que los chilenos no estn dispuestos a aceptar la corrupcin como un hecho caracterstico e inevitable dentro de nuestra sociedad.

    En este escenario, surge la necesidad de re-visar los estndares y regulaciones actualmente existentes en materia de probidad, buenas

    prcticas y financiamiento de la actividad pol-tica, as como tambin en la delimitacin de las reas exclusivas y las relaciones recprocas en-tre el sector pblico y el privado. La ciudadana, justamente, se ha ido habituando a exigir ma-yor transparencia y rendicin de cuentas, como base indispensable para la necesaria confianza en el funcionamiento de las instituciones.

    Es evidente que la existencia de buenas re-glas legales o administrativas no es sufi-ciente si su cumplimiento no es fiscalizado con eficacia por rganos con la necesaria indepen-dencia, as como tampoco lo es si su infraccin no es sancionada de la misma forma. Tambin cabe sealar que ningn sistema regulatorio resultar verdaderamente eficaz si no es con-siderado por los ciudadanos como justo y con-veniente. Al mismo tiempo, de poco sirve una legislacin que no contemple atribuciones y recursos para fortalecer los rganos fiscaliza-dores correspondientes, en cuyo caso es priori-tario que el legislador promulgue buenas reglas.

    DEMOCRACIA, POLTICA Y PARTIDOS

    POLTICOS

    Lo dicho precedentemente apunta a que la lla-mada crisis de confianza en las instituciones no es tanto una prdida de fe en la existencia de ellas o en su necesidad social. No puede pensar-se que exista una desilusin generalizada ante el sufragio universal como nico fundamento legtimo del poder poltico, o por la divisin de los poderes pblicos, por la independencia del Poder Judicial o por la definicin de que sea el Poder Legislativo quien elabore las leyes, pilares todos de la democracia. La crtica est dirigida ms bien a la conducta de quienes integran es-tas instituciones, la debilidad de la fiscalizacin a la que estn sometidas, y la falta de aplicacin de sanciones eficaces. En algunos casos, existe el sentimiento de que las reglas sustantivas que

    DIAGNSTICO

  • 29Diagnstico

    las rigen deben ser revisadas por ser derecha-mente inadecuadas u obsoletas.

    Del mismo modo, no se percibe un sentir popular generalizado en cuanto a que no exis-tan empresas privadas ni libertad de empren-dimiento econmico; pero s se espera que el funcionamiento de las empresas y el compor-tamiento de quienes son sus dueos o adminis-tradores, se ajusten a reglas jurdicas y a cdigos ticos, y que en relacin con ellos tambin exis-tan fiscalizaciones y sanciones efectivas cuan-do sean quebrantadas.

    En cuanto a la actividad poltica, lo que se espera es que los polticos individualmente y los partidos en que se agrupan, lo hagan al ser-vicio de sus ideales, se guen en su actuar por el bien de la sociedad en general, se preparen para cumplir bien con sus deberes, acten con hon-radez e independencia, y que sus intereses no se sobrepongan a los dictados de su conciencia.

    La falta de regulacin y de financiamiento pblico para realizar funciones clave del que-hacer poltico como la formacin de militan-tes y el desarrollo programtico, debilita el sistema de partidos y lo deja en riesgo de captu-ra por parte de intereses particulares o privados.

    Los partidos polticos no solo son necesarios, sino indispensables para que haya democracia. A su vez, ellos deben tener democracia inter-na, orden y transparencia en el manejo de sus fondos, mtodos de seleccin de sus dirigentes y candidatos que mejor garanticen la excelen-cia. Especial importancia tienen sus fuentes de financiamiento y la rendicin de cuentas en re-lacin con los recursos que reciban.

    CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

    Cuando las instituciones del Estado, los par-tidos polticos y las empresas son dirigidas de

    manera inapropiada por quienes estn a su car-go y esto tiende a prolongarse en el tiempo sin correcciones efectivas, hay un riesgo evidente de que en los ciudadanos cunda el desaliento acerca del rgimen poltico en que viven y el es-cepticismo respecto de la institucionalidad, ge-nerando una situacin de falta de legitimidad.

    Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los ejes centrales de este informe consiste en la creacin de un nuevo sistema de financiamien-to de los partidos polticos, condicionado a un cambio profundo en sus actuales prcticas en materia de transparencia, rendicin de cuentas y democracia interna. Un segundo eje apunta a la creacin de regulaciones efectivas para el fi-nanciamiento de la poltica y para el funciona-miento de los mercados, con sanciones eficaces en los casos ms graves.

    Si con el tiempo no hay correccin de los sis-temas imperantes y de la conducta concreta de los dirigentes pblicos y privados, es dable pre-decir una situacin generalizada de desnimo y falta de legitimidad; situacin grave, particular-mente en un Estado de derecho asentado en una estructura democrtica, que debe ser legitima-da peridicamente por la confianza popular.

    CONSIDERACIONES EN TORNO A LA

    CONSTITUCIN

    No ha escapado al Consejo la existencia de un debate nacional acerca de la Constitucin que nos rige, y que una corriente de opinin consi-dera que el reemplazo de la misma permitira rectificar las desviaciones institucionales que hoy se critican, en tanto que otros piensan que son necesarias solo algunas reformas parciales o menores. No es cometido del Consejo Asesor emitir parecer acerca de esas diversas tenden-cias, aunque pensamos que en la vida cvica na-cional ese debate debe plantearse, con seriedad,

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    30

    altura de miras y disposicin a encontrar terre-nos de acuerdos donde se incluya a toda la so-ciedad, ya que la Constitucin es la que postula las reglas bsicas de tica cvica que permiten la convivencia ciudadana; la divisin de los po-deres pblicos y los lmites inviolables de los derechos individuales. All se manifiesta la vo-cacin del Estado democrtico de ser el espacio comn de personas que tienen distintos pensa-mientos. Puede ser buen ciudadano todo aquel que respete el mnimo tico que una sociedad ha querido darse, respecto del cual pueda decir-se que todos estn de acuerdo.

    REGLAS, FISCALIZACIN Y SANCIONES

    La eficacia de las reglas depende de dos factores fundamentales: que sean acatadas por quienes las consideran justas y adecuadas, y la actitud de quienes las respetan por temor a las conse-cuencias que acarreara su infraccin (eficacia disuasiva de las mismas). Es evidente que el primer factor es el ms importante, ya que vale incluso en ausencia de castigos. El segundo, en cambio, desaparece o se debilita al extremo si los mecanismos de fiscalizacin y de sancin no funcionan adecuadamente.

    Para que el primero de esos factores sea efi-caz, es necesario que en la sociedad prevalezca un modo de pensar y sentir en cuanto a las cosas que pueden (moralmente) hacerse y las que no pueden hacerse; lo que es correcto y lo que no lo es; el lmite entre lo honesto y lo deshonesto. Este sentir, que se imparte solo parcialmente por las leyes, depende de la tradicin social re-cibida, de los procesos de educacin formal y de aquella que se recibe en el hogar y en la cultura en que se ha sido formado. En tal sentido, y en el mbito en que el Estado puede influir, el pas requiere intensificar la formacin ciudadana y tica desde los comienzos de la escolaridad que imparte; a ella se agregarn las dimensio-

    nes ticas particulares de las organizaciones en que el ciudadano se integre, entre ellas, las estudiantiles, colegios profesionales, asocia-ciones gremiales y empresariales. Los medios de comunicacin tambin pueden colaborar en esta materia, fortaleciendo sus cdigos de tica de modo de asegurar un actuar responsable en su funcin pblica.

    Lo anterior conlleva, naturalmente, la nece-sidad de armonizar la cultura cvica de los de-rechos incondicionales felizmente difundida ms y ms en la sociedad, con una cultura del respeto mutuo tanto en el mbito personal, familiar y de amistad, como en la educacin formal que la sociedad imparte. Esta vertiente cobra particular importancia cuando se trata de personas que se desempean en el servicio p-blico, cuya misin fundamental es la de servir a los dems. La moral cvica se integra, en este sentido, con el reconocimiento de las respon-sabilidades de los ciudadanos con la sociedad y con el resto de los ciudadanos en cuanto miem-bros de la misma comunidad poltica.

    LA DIMENSIN TICA

    Lo dicho precedentemente expone con clari-dad que los asuntos de que se ha ocupado este Consejo Asesor tienen tanto una dimensin jurdica como una tica. Efectivamente, los ciu-dadanos que se enfrentan a las situaciones que recientemente han provocado su inquietud, tienen por lo general un fuerte sentimiento de que esos sucesos, si son ciertos, no debieron ha-ber ocurrido. La norma moral es ms exigente que la legal, particularmente respecto de quie-nes desempean funciones pblicas. De ah que las organizaciones o cuerpos sociales que se agrupan en torno a determinadas actividades, profesiones o empresas, se dotan de cdigos o reglas de tica en el mbito particularizado de su ejercicio, as como reglamentan los rganos

  • 31Diagnstico

    de vigilancia y juzgamiento con respecto a ellas, y establecen las sanciones que se aplican por su infraccin. Dentro de la diversidad de tales campos de trabajo, se encuentran siempre las virtudes de la honestidad, la prudencia, la aus-teridad, la justicia, la veracidad y el respeto por los dems como guas de su actuar.

    A nuestro Consejo se le encomend pro-poner cambios legales o administrativos y formular recomendaciones de carcter tico en relacin con los temas que justificaron su creacin corrupcin, trfico de influencias y conflictos de inters, respecto de partidos polticos, parlamentarios, funcionarios pbli-cos y empresarios. Hemos examinado, en con-secuencia, las reglas actualmente existentes en tales organizaciones y recomendamos a estas ltimas llevar a efecto prontamente los anlisis que permitan una actualizacin y perfecciona-miento de las regulaciones y sanciones inter-nas que cada una de ellas ya posee. No es papel de este Consejo moralizar todos los mbitos de la actividad nacional, pero s exhortar a quienes tienen competencia para hacerlo a una cons-tante labor de revisin y reforma de sus propias normas internas en ese campo.

    CONFIANZA EN EL FUTURO

    Deseamos alertar contra la tendencia a mini-mizar la importancia de los acontecimientos que preocupan a la sociedad actualmente en relacin a las materias que se han sealado al Consejo. Pero tampoco es realista pensar que nos encontramos en un estado catastrfico o sin remedio. El pas cuenta con una base insti-tucional y con herramientas pblicas y privadas capaces de reaccionar ante nuestros defectos con prontitud, sinceridad y eficacia. Pensamos tambin que en la rectificacin de rumbos y enmiendas futuras, hay un sentir muy mayori-tario en la ciudadana para cooperar en que las

    medidas que se tomen tengan xito, en el mbi-to en que a cada uno le corresponda contribuir. Una crisis es siempre una oportunidad que se presenta para superarla. Dentro de esa esperan-za se enmarca la labor de este Consejo: crear las mejores condiciones posibles para restablecer las confianzas. Esperamos as que nuestras pro-puestas sean bien acogidas entre los agentes polticos y los actores empresariales, pero sobre todo en la ciudadana, cuyas esperanzas son de toda justicia y no deben ser defraudadas.

    Con esta confianza, los integrantes del Con-sejo agradecemos a la Presidenta de la Repbli-ca por habernos confiado la tarea de contribuir a que dichas esperanzas ciudadanas se vean realizadas.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    32

    PROPUESTAS

  • 33Propuestas

    I. PREVENCIN DE LA CORRUPCIN

    A. Probidad y fortalecimiento de municipios

    B. Reforma del sistema de Alta Direccin Pblica

    C. Reforma del sistema de compras pblicas, concesiones y gastos en Defensa

    D. Persecucin y sancin penal de la corrupcin

    E. Transparencia y acceso a la informacin pblica

    F. Responsabilidad penal de las personas jurdicas

    G. Prevencin de la corrupcin en la planificacin territorial

    H. Creacin de un servicio de evaluacin de las polticas pblicas

    II. REGULACIN DE CONFLICTOS DE INTERS

    A. Puerta giratoria, inhabilidades e incompatibilidades entre los sectores pblico y privado

    B. Declaraciones de patrimonio e intereses

    C. Fideicomiso ciego y fideicomiso diversificado

    D. Lobby y gestin de intereses

    III. FINANCIAMIENTO DE LA POLTICA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA, RGANOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY

    A. Democracia interna y financiamiento de partidos polticos

    B. Regulacin de campaas electorales

    C. Fiscalizacin de la poltica y su financiamiento

    IV. CONFIANZA EN LOS MERCADOS

    A. Atribuciones para una fiscalizacin eficaz de los mercados

    B. Revisin del gobierno de los entes fiscalizadores

    C. Refuerzo de los gobiernos corporativos de las empresas

    V. INTEGRIDAD, TICA Y DERECHOS CIUDADANOS

    A. Formacin cvica y tica

    B. Creacin de la oficina de Defensora Ciudadana

    C. Creacin de sistemas de integridad para el sector pblico y el sector privado

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    34

    I. PREVENCIN DE LA CORRUPCIN

    INTRODUCCIN

    Fortalecer la integridad en el desempeo en la vida pblica es central para el buen funcionamiento de un rgimen democrtico, para su legitimidad y para la confianza de la ciudadana. Si los agentes pblicos realizan sus funciones en apego a un comportamiento ntegro, mayor ser la confianza ciudadana en la democracia, en la poltica y en las instituciones pblicas.

    A nivel internacional existen dos marcos que establecen compromisos para los Estados adhe-rentes en cuanto a prevencin, regulacin y fiscalizacin de los fenmenos vinculados a la corrup-cin: la Convencin de Naciones Unidas contra la Corrupcin (UNCAC) y la Convencin Intera-mericana Contra la Corrupcin (CICC). Chile ha suscrito ambas, comprometindose adems a ser parte de los respectivos mecanismos de seguimiento de sus obligaciones.

    Estos marcos subrayan la importancia de la necesidad de que cada pas adopte medidas en orden a establecer sistemas apropiados de compras pblicas, basados en la transparencia y competen-cia. Asimismo, promueven la necesidad de que se establezcan sistemas adecuados de convocatoria, contratacin, retencin y promocin de empleados pblicos. Finalmente, plantean que la trans-parencia y el acceso a informacin pblica es esencial para reducir espacios de opacidad y posibles riesgos de corrupcin, en la medida que aumentan las posibilidades de fiscalizacin interna y ex-terna en toda institucin pblica o privada.

    En casos en que se producen faltas e ilcitos, estos marcos proponen contar con sistemas de aler-ta temprana, mecanismos adecuados de investigacin, organismos con capacidad efectiva para fis-calizar, sistemas de persecucin penal eficaces, y penas y sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.

    En Chile, un conjunto de instituciones pblicas y privadas viene trabajando en forma coordi-nada para dar cumplimiento a los compromisos adoptados al suscribir estas convenciones y man-datos internacionales. El Consejo, adems, tuvo la oportunidad de escuchar propuestas de actores polticos, organizaciones sociales y centros de estudio vinculados a estas materias.

    Con el conjunto de propuestas que se presentan en esta seccin se propone dar un impulso a la agenda anticorrupcin, mejorando regulaciones, fortaleciendo y adecuando capacidades institu-cionales y revisando el funcionamiento de reas esenciales de la administracin pblica, para as fortalecer los procesos de modernizacin en apego a los principio de probidad e integridad.

    Las propuestas descritas a continuacin se relacionan con una diversidad de reas de la funcin pblica, incluyendo la probidad y las capacidades de gobiernos locales, reforma al sistema de com-pras pblicas y fortalecimiento del sistema de Alta Direccin Pblica, entre otros.

  • 35Propuestas

    A. PROBIDAD Y FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS

    Los gobiernos municipales son una pieza clave en la vinculacin del poder pblico con los ciuda-danos. Su relevancia radica en dicha proximidad y en su responsabilidad protagnica en la provi-sin de una gran cantidad de servicios y prestaciones a la comunidad local. Dicho de otro modo, la entidad municipal tiene una enorme importancia en la vida cotidiana y en las necesidades bsicas de las personas.

    Los municipios son muy diversos, bsicamente porque atienden territorios con distinta pobla-cin y tambin porque sus ingresos son de muy distinto rango. De este modo, hay tambin diversas estructuras organizacionales y se agrega, desde luego, la diversidad geogrfica, problemtica y de riqueza de los habitantes de la comuna. Ello redunda en distintas necesidades de la poblacin co-munal, tanto en la infraestructura como en servicios.

    La informacin recopilada por diversas instituciones y organismos, como la Contralora Ge-neral de la Repblica, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretara de Desarrollo Regional, permiten detectar factores que pueden generar riesgo de corrupcin. Entre ellos se cuenta el gran margen de discrecionalidad de una autoridad poltica como el alcalde; la gran cantidad de recursos pblicos asociados a sus mltiples y diversas funciones; la falta de estndares adecuados de cum-plimiento efectivo sobre ejecucin presupuestaria y administracin financiera; la falta de personal profesional idneo, as como la dbil estabilidad laboral en muchos cargos, y la existencia de hono-rarios asociados a programas con designacin en nmero y calificacin de gran discrecionalidad del alcalde; la ausencia de un patrn compartido de comportamiento de probidad; el insuficiente estndar y cumplimiento de las reglas sobre transparencia; y la falta de controles adecuados en las reas sensibles, as como de las sanciones correspondientes a los funcionarios y autoridades locales por faltas e ilcitos en probidad y cumplimiento de normas.

    En este contexto, el Consejo ha elaborado una serie de propuestas tanto para la prevencin de la corrupcin como para un mejor control y fiscalizacin por parte de los organismos estatales co-rrespondientes y de la ciudadana.

    Propuestas

    Reconociendo las diferencias de capacidades y recursos de los gobiernos locales, el Estado debiera apoyar el proceso de puesta en prctica de las propuestas descritas a continuacin.

    Polticas de prevencin

    Personal

    1. Elaboracin de un plan gradual de capacitacin y profesionalizacin del personal que abarque diversos aspectos, destinado a ordenar las plantas, a otorgar mayores niveles de estabilidad en el empleo, y a una mayor profesionalizacin de funciones y unidades clave, con la asesora del sistema de Alta Direccin Pblica.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    36

    2. Establecer mecanismos que potencien la profesionalizacin del personal. Se busca que una cantidad importante de las funciones relevantes y con gran manejo de recursos distintos a las jefaturas que se mencionan en el punto siguiente sea provista previo concurso, mediante un mecanismo que contemple la existencia de un sistema de seleccin en base al mrito que combine un examen nacional con uno local. Esto es, un sistema de acreditacin profesional para ciertos cargos municipales a travs de un examen nacional de conocimientos y habili-dades. Solo una vez aprobado dicho examen se estar habilitado para participar en concursos organizados y resueltos a nivel local.

    3. Se propone que, no obstante lo anterior, los responsables de las unidades clave del municipio, tales como la Asesora Jurdica, la Secretara Comunal de Planificacin, la Unidad de Desarro-llo Comunitario, la Unidad de Administracin y la Unidad de Control, ingresen por concurso pblico de antecedentes y oposicin. Todo ello controlado por la Alta Direccin Pblica, esta-bleciendo en la ley un rgimen de transicin. Del mismo modo, el Director de Obras Munici-pales tambin debe ser designado por medio de la ADP, determinando su inamovilidad por un periodo fijo de tiempo.

    4. Exigir que en ciertas unidades relevantes, tales como las mencionadas en el punto anterior, sus funcionarios cuenten con los ttulos profesionales idneos, bajo sancin al alcalde.

    5. Exigir obligatoriamente participacin y aprobacin de un curso sobre probidad, organizado por la Contralora General de la Repblica (CGR), al menos una vez al ao para todos aquellos funcionarios que se desempeen en reas sensibles, con la correspondiente certificacin, de forma tal que ello sea requisito de permanencia.

    6. Exigir obligatoriamente la participacin y aprobacin de un curso sobre contabilidad y ges-tin financiera municipal, organizado por la CGR, al menos cada dos aos para todos aquellos funcionarios que se desempeen en reas de manejo presupuestario, con la correspondiente certificacin, y que ello sea requisito de permanencia.

    7. Limitar la contratacin de personal a honorarios asociados a programas (subttulo 21 de gastos de personal de la Ley de Presupuestos).

    8. Impedir la contratacin de personal a honorarios en los perodos electorales, al menos en los seis meses previos a las elecciones municipales.

    9. El Concejo Municipal deber conocer y aprobar anualmente la poltica de recursos humanos de manera pormenorizada.

    10. Establecer la obligatoriedad de las declaraciones de intereses y patrimonio bajo sancin, en caso de incumplimiento, a alcaldes, concejales y funcionarios jefes de las unidades clave.

  • 37Propuestas

    Gestin financiera

    1. Establecer la obligatoriedad de estndares exigentes en materia de gestin e informacin fi-nanciera, con la debida sancin en caso de incumplimiento.

    2. Transparentar los crditos incobrables y las deudas municipales, y aprobar una poltica de re-gularizacin.

    3. Crear un sistema de indicadores que midan el desempeo de los principales servicios munici-pales de una forma sencilla, comparable y peridica.

    Compras y adquisiciones

    1. Elaborar un plan para hacer efectiva la obligatoriedad a nivel municipal del sistema Chile-Compra, adecundolo a la realidad heterognea de los municipios y con la debida capacitacin al personal.

    2. Establecer la exigencia de estndares de trasparencia y calidad en las licitaciones y tratos directos.

    3. Establecer mecanismos de colaboracin regionales para las municipalidades, de modo que permitan aprovechar economas de escala y otorguen mayor eficiencia y menor costo, tales como el apoyo al diseo y ejecucin de proyectos.

    Polticas de control y fiscalizacin

    1. Asegurar la existencia efectiva de la Unidad de Control en todos los municipios.

    2. Establecer la obligatoriedad de auditora por parte de la CGR de las compras, adquisiciones y licitaciones que sobrepasen cierto umbral.

    3. Que se faculte a la CGR para que entregue, al Tribunal Electoral Regional, los antecedentes de incumplimiento de las normas legales que haya detectado en auditoras y fiscalizaciones al alcalde o el Concejo Municipal, a efecto de que este aplique las sanciones correspondientes.

    4. Facultar a la Fiscala Nacional Econmica para la revisin de las licitaciones de manejo de resi-duos, de adquisiciones informticas y de todas aquellas en que existan pequeos mercados de tipo similar a uno monoplico.

    5. Mejorar la regulacin de mecanismos de transferencias para facilitar el examen y fiscalizacin de los gastos, incluyendo a aquellos organismos creados por los municipios tales como Cor-poraciones y Asociaciones de Municipios, que administran y ejecutan servicios municipales.

    6. Otorgar atribuciones a la CGR para controlar el gasto en publicidad en perodos electorales, estableciendo un lmite de aumento mximo de 5% en relacin al promedio de los tres aos anteriores.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    38

    7. Establecer que, en caso de que el alcalde sea destituido poruna falta o delito, no pueda ser ele-gido en ningn cargo de eleccin popular por al menosdiez aos.

    8. Fortalecer la Unidad de Municipios de la CGR con el personal y presupuesto suficiente, a efec-tos de que pueda aumentar adecuadamente su fiscalizacin, as como las dems funciones re-feridas al apoyo de los municipios.

    Polticas de control ciudadano

    1. Examinar la efectividad del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), con el propsito de hacer efectiva la participacin ciudadana como poltica de control social.

    Lmites a la reeleccin

    1. Establecer lmite de una reeleccin para alcaldes, de modo que solo pueda permanecer en el cargo por dos periodos1.

    Respecto del proceso de descentralizacin que se est llevando adelante, coincidimos con la Co-misin Asesora Presidencial para la Descentralizacin y el Desarrollo Regional cuando destaca el fortalecimiento de capacidades locales y regionales como condicin indispensable para la profun-dizacin del proceso descentralizador2. Un proceso virtuoso de descentralizacin no solo requiere trasferir autoridad, funciones y recursos, sino tambin fortalecer el marco institucional de trans-parencia, profesionalismo y probidad de los gobiernos regionales y municipales. Es indispensable, por tanto, que la asignacin de un mayor poder poltico a las autoridades comunales y regionales

    a travs de, por ejemplo, la eleccin directa de consejeros regionales e intendentes, vaya acom-paada de un marco institucional que evite la captura de los recursos pblicos y fortalezca las ca-pacidades profesionales de los entes regionales y municipales.

    B. REFORMA DEL SISTEMA DE ALTA DIRECCIN PBLICA

    Las personas son fundamentales para el funcionamiento de los gobiernos y es en la institucionali-dad del servicio civil profesional e independiente donde descansa, en gran parte, el buen funciona-miento del Estado. Es por ello que se requiere una institucionalidad al servicio de la funcin pbli-ca, que se haga cargo del diseo y ejecucin de las polticas permanentes, as como de implementar los lineamientos de las autoridades en cada momento.

    1 Esta propuesta no cont con la aprobacin del consejero Lucas Sierra.

    2 Informe final Comisin: Propuesta de Poltica de Estado y Agenda para la Descentralizacin y el Desarrollo Territorial de Chile, pg. 69. Disponible en: http://chiledescentralizado.cl/descarga/Informe_Final_Comision_Descentralizacion.pdf

  • 39Propuestas

    b.1 Institucionalidad

    El Sistema de Alta Direccin Pblica (ADP) debe consolidarse como un sistema profesional y de mrito, entendiendo la importancia de que existan cargos de confianza en cada nuevo gobierno. As, el Consejo propone fortalecer la ADP para mejorar el sistema actual: un mecanismo de bsqueda y seleccin de los cargos ms altos de las instituciones pblicas, partiendo por las jefaturas de servi-cio, y que desciende a grados de segundo nivel jerrquico. En todos los casos se busca la incorpora-cin de profesionales que satisfagan requisitos de idoneidad, con una trayectoria eminentemente profesional y que valoren el servicio pblico.

    Propuestas

    1. Se propone que la Direccin Nacional del Servicio Civil lleve a cabo tanto el Sistema de Alta Direccin Pblica como el apoyo a la gestin de recursos humanos.

    2. El Consejo de Alta Direccin Pblica (CADP) asumira un rol central a cargo de la Alta Direccin Pblica, pasando a ser el responsable del sistema, con las atribuciones y responsabilidades co-rrespondientes. El rol ejecutivo, en cambio, quedara en manos del jefe del Servicio, cargo que ocupara el Presidente del Consejo, persona nombrada por el Presidente de la Repblica.

    3. Se propone, a su vez, que el apoyo a la gestin de recursos humanos, funciones y responsabili-dades recaiga en el jefe del Servicio.

    b.2 Alcance

    Este Consejo diferencia entre cobertura e instalacin cabal. De esta forma, se propone adherir al sistema con la gradualidad que se requiera al tercer nivel jerrquico, y priorizar la incorporacin de las jefaturas relacionadas con los sistemas de compra y licitaciones pblicas.

    Propuestas

    1. Incorporar, con la necesaria gradualidad, al tercer nivel jerrquico. Dentro de este, se sugiere integrar prioritariamente los cargos de encargados de compras y licitaciones. Asimismo, los seleccionados para estas labores debern mantener su cargo de planta anterior congelado mientras ejerzan cargos del sistema de ADP, cuando corresponda.

    2. Institucionalizar programas presupuestarios de las subsecretaras e incorporarlos al sistema de Alta Direccin Pblica, partiendo por los que manejan mayores recursos.

    3. Incorporar organismos fiscalizadores actualmente excluidos, como la Direccin del Trabajo.

    4. Incorporar otros servicios excluidos, tales como Senama, Fonasa, Odepa y Sercotec.

    5. Incorporar en los directorios de las empresas pblicas a directores independientes, selecciona-dos a travs del sistema de Alta Direccin Pblica, y terminar con la participacin de ministros y representantes de gremios empresariales en ellos.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    40

    b.3 Profesionales provisionales y transitorios (PyT)

    En caso de vacancia de un cargo, y mientras se busca al titular a travs de la Alta Direccin Pblica, el cargo vacante puede ser provisto por un suplente o un profesional provisional y transitorio (PyT) que satisfaga los requisitos del perfil.

    Especialistas y miembros del Consejo de ADP en las sesiones de trabajo realizadas por este Con-sejo, llamaron la atencin respecto a la alta rotacin de directivos y el excesivo uso de la figura del profesional provisional y transitorio, cuya presencia desincentiva la postulacin al cargo.

    Nuestras propuestas apuntan a limitar su uso con desincentivos y restricciones.

    Propuestas

    1. Se sugiere limitar los cargos provisionales y transitorios a un 10% en el primer nivel jerrquico y eliminarlos por completo del segundo nivel. Asimismo, durante los tres primeros meses de gobierno el Presidente podr designar hasta un 10% de los cargos de primer nivel, sin las restric-ciones que se sealan en los puntos 2, 3 y 4 que siguen. Estos cargos, denominados de designacin directa, se restarn del 10% de provisionales y transitorios antes mencionado.

    2. Se propone reducir su permanencia en el cargo a seis meses, prorrogable por el CADP, con ra-zones fundadas.

    3. La remuneracin de un funcionario provisional y transitorio no debiese incluir la asignacin de ADP, a modo de desincentivar la figura y su excesiva permanencia en el tiempo.

    4. Se sugiere permitir que un funcionario PyT pueda integrar una terna de seleccin a presentar-se al Ejecutivo, siempre que al momento de realizarse la misma no lleve ms de seis meses en el cargo en calidad de provisional y transitorio.

    5. Se propone que un jefe de servicio que ejerce como profesional provisional y transitorio, as como aquellos cargos especiales nombrados directamente por el Presidente de la Repblica recin asumido, no puedan nombrar altos directivos de niveles inferiores (solo suplentes), ni desvincular a otros salvo razones fundadas en incumplimiento de sus obligaciones, faltas gra-ves, sumarios u otros de similar naturaleza, previa solicitud del subsecretario al Consejo de ADP.

    b.4 Medidas complementarias

    Propuestas

    1. Se propone autorizar al CADP a suspender la obligacin que tiene de concursar cargos vacantes durante los ltimos seis meses de un gobierno, con acuerdo del CADP adoptado por al menos cuatro votos.

    2. Los comits de segundo nivel (y siguientes) deberan tener al menos dos representantes del CADP, uno del jefe directo del cargo en concurso y otro de su superior. Uno de ellos presidira el comit con voto dirimente.

  • 41Propuestas

    3. Se sugiere que en cada concurso se entreguen ternas efectivas. Es posible ampliar a quinas solo en casos de multiconcurso y bajo el objetivo final de ofrecer a la autoridad ternas efectivas.

    4. Los candidatos deben manifestar su adhesin al servicio pblico y a servir a los lineamientos de sus autoridades, con prescindencia de su postura poltica.

    5. Se propone que quienes ocupen cargos de primer nivel, en servicios de alta exposicin y con funciones de regulacin, no puedan presentarse a cargos de eleccin popular por un perodo de un ao. Lo que se busca es fortalecer su estricto apego al servicio pblico profesional y evitar el conflicto de inters asociado a un potencial abuso de la plataforma del servicio para una futura opcin electoral.

    6. Se sugiere extender la calidad de agente pblico a toda persona contratada en calidad de ho-norarios en el Estado, haciendo extensivas sus responsabilidades administrativas. En lo dems, se regirn por las estipulaciones de su contrato, adems de los dictmenes y otras normas ex-cepcionales vigentes.

    7. Se debiera hacer obligatorio para todo tipo de contrato pblico el uso del portal www.empleospublicos.cl, y definir va reglamento las caractersticas que debern tener los pro-cesos de postulacin y seleccin de funcionarios de planta y contrata, perfeccionndose las disposiciones actualmente existentes.

    C. REFORMA DEL SISTEMA DE COMPRAS PBLICAS, CONCESIONES Y GASTOS EN DEFENSA

    Las compras pblicas son un aspecto clave dentro de la administracin del Estado y representan un factor determinante en la calidad de los servicios que este entrega y en la infraestructura que provee. Es as que el buen funcionamiento del sistema compromete el inters general y por ello es de vital importancia que en sus mecanismos y procesos se asegure la transparencia y eficiencia, se promueva la competencia y se minimicen los riesgos de corrupcin.

    Desde la promulgacin de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 19.886) en el ao 2003, Chile cuenta con un sistema institucional de compras pblicas a cargo de la Direccin de Compras y Con-tratacin Pblica (ChileCompra). Actualmente, la plataforma electrnica de compras pblicas es uti-lizada por ms de 120 mil proveedores, en la que se transan ms de US$10.200 millones anuales3.

    A nivel regional, el sistema de compras pblicas de Chile ha sido evaluado positivamente. Sin embargo, se trata de un sistema fragmentado, en el que cada servicio y entidad estatal realiza sus compras de manera individual. Al mismo tiempo, cuenta con marcos legales diferenciados para regular la contratacin en materias relevantes como las obras pblicas, las concesiones, las com-pras de rganos autnomos, la provisin de insumos para la defensa nacional y los medicamentos, entre otros. Estas caractersticas del sistema conllevan un riesgo de corrupcin. Igualmente, se han

    3 De acuerdo a informacin provista por ChileCompra.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    42

    detectado riesgos de prcticas corruptas a lo largo de todo el proceso, desde la creacin de bases de licitacin hasta renegociaciones una vez adjudicado el contrato. Asimismo, el sistema podra ser ms competitivo: de acuerdo a las estadsticas de ChileCompra, 68 mil procesos licitatorios de 2014

    esto es, el 22.8% del total cont con solo una o dos ofertas.

    El programa de concesiones que se inici hace dos dcadas hizo una importante contribucin a la modernizacin de la infraestructura pblica del pas. No obstante lo anterior, un exceso de rene-gociaciones de contratos, el riesgo de la vinculacin de las concesiones al financiamiento irregular de la poltica y un rgimen de resolucin de controversias sesgado en favor de los privados llevaron a modificar la Ley de Concesiones en 2010. Dichas modificaciones constituyeron un avance signi-ficativo; sin embargo, persisten espacios de opacidad y conflictos de inters respecto de las renego-ciaciones de contratos y otros temas, lo cual motiva una serie de propuestas.

    Asimismo, el caso chileno es preocupante en materia de compras de defensa. Actualmente, las compras de armamento se efectan a travs de fondos de la Ley Reservada del Cobre, que asigna el 10% de las exportaciones de Codelco de manera equitativa entre las tres ramas del Ejrcito. Esto es, fuera de los respectivos presupuestos, de manera que su uso no es transparente y en la prctica existe poco control sobre estos fondos. El carcter reservado y su exclusin del presupuesto impli-can que tanto el Congreso Nacional como la Contralora General de la Repblica no tienen la potes-tad de controlar activamente su utilizacin. De esta manera, el nico control externo que tienen las compras de armamento es a travs del Poder Ejecutivo.

    Al mismo tiempo, estos fondos no estn asociados a una poltica nacional de Defensa, lo cual fa-vorece la discrecionalidad, opacidad e ineficiencia en su utilizacin. Tal como lo hiciera notar Chile Transparente en su presentacin ante el Consejo, actualmente el acceso a la informacin pblica en materia de Defensa es ms restringido que en el resto de los organismos pblicos, ya que la Ley Reservada del Cobre les permite una ejecucin presupuestaria al margen de la Ley de Presupuestos.

    Sobre la base de las propuestas recibidas, en particular aquellas realizadas por el Banco Mundial en el marco de nuestro trabajo, el Consejo propone una serie de medidas que se describen a conti-nuacin. En particular, se sugiere que Chile transite gradualmente desde el actual Sistema de Com-pras Pblicas hacia un Sistema Integrado de Contratacin, que ejerza un mayor control e imprima mayor transparencia en los procesos de compra incluyendo el perodo de ejecucin del contrato, y que, a su vez, entregue apoyo tcnico a los compradores del Estado. Esta transformacin permitira fortalecer la confianza en el sistema, elevar la eficiencia de las compras pblicas, promover la igual-dad en la competencia y cerrar espacios a posibles actos de corrupcin.

    Dicho sistema centralizado debe contar, a su vez, con un rgano rector de carcter vinculante y un marco regulatorio nico que integre de forma estandarizada y simplificada todas las compras pblicas que realiza el Estado.

  • 43Propuestas

    Adicionalmente, se proponen cambios relevantes en el rea de concesiones y en el de compras para la defensa nacional, con el objeto de elevar la transparencia de estos procesos.

    Las medidas propuestas por el Consejo no solo tendrn un impacto sobre potenciales oportu-nidades de corrupcin en el sistema, sino que tambin implicarn ahorros importantes al fisco, al establecer un marco capaz de generar economas de escala en la compra de bienes y servicios por parte del Estado.

    Propuestas

    Sistema ChileCompra

    1. Convertir a ChileCompra en el rgano rector de un sistema integrado de compras pblicas, con funciones de coordinacin, supervisin y apoyo del sistema. No obstante, la responsabilidad de la adquisicin seguir siendo competencia del adquirente.

    2. Crear un Servicio Compartido Central que apoye a los servicios pblicos que no cuenten con personal profesional o tcnico para procesos de compra especficos.

    3. Crear una Unidad de Proyectos Estratgicos que supervise que ciertas compras especiales si-gan lineamientos estratgicos y canales de compra predeterminados. Esto puede ser relevante en el caso de proyectos de construccin u otros donde existan polticas de Estado en la materia que impliquen especificidades de mercado, o cuando se requiera de un financiamiento exten-dido en el tiempo.

    4. Ampliar el alcance del sistema de compras pblicas para que considere todo el proceso de ad-quisicin, incluyendo el apoyo en el desarrollo de las bases de licitacin, la adjudicacin y la ejecucin del contrato, logrando as una mayor transparencia y evitando prcticas irregulares.

    5. Aplicar sanciones a los funcionarios pblicos que no ingresen datos fidedignos al sistema in-formtico de ChileCompra. Tomando en cuenta la importancia de la inteligencia de la infor-macin para la prevencin de la corrupcin, se propone emplear cdigos estandarizados para identificar con exactitud las caractersticas del bien licitado. Esto es fundamental, por ejemplo, para detectar diferencias injustificadas de precios pagados entre distintos servicios. En general, se hace necesario avanzar hacia bases de datos aptas para su uso por parte de fiscalizadores externos.

    6. Ampliar el alcance del sistema de compras pblicas a otros servicios de la administracin del Estado, como los organismos con autonoma institucional y las obras pblicas, entre otros.

    7. Apoyar la estandarizacin de compras pblicas que son recurrentes y similares para todos los servicios. Por una parte, ello permitira aprovechar eventuales economas de escala, otorgn-dole una mayor capacidad negociadora al Estado. Por la otra, permitira una mayor transparen-cia en las compras y reducira espacios de captura.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    44

    8. Hacer obligatorio el uso de bases de licitacin en todos los servicios, sin perjuicio de que pue-dan existir excepciones justificadas, previa aprobacin del rgano rector de ChileCompra.

    9. Fortalecer al Tribunal de Contratacin Pblica en su estructura orgnica y perfeccionar el pro-cedimiento judicial. Ampliar las competencias del Tribunal de modo de incluir la ejecucin del contrato, y otorgarle facultades para proponer modificaciones legales y reglamentarias en materia de compras pblicas. Dotarlo de mayores capacidades y recursos en funcin de la can-tidad de demandas que sean recibidas.

    10. Promover un sistema de denuncia annima de irregularidades que garantice la proteccin del denunciante.

    11. Establecer obligatoriamente que los miembros de las comisiones evaluadoras firmen una de-claracin jurada, manifestando la ausencia de conflictos de inters reales, potenciales y/o apa-rentes en relacin a la licitacin correspondiente.

    12. Sancionar al funcionario pblico que no justifique la contratacin por trato directo de acuerdo a los requisitos legales. En este mbito, precisar con mayor detalle el concepto de proveedor nico.

    13. Revisar el proceso sancionatorio de concejales y alcaldes frente a irregularidades en el proceso de compras pblicas, de modo que haya sanciones efectivas.

    14. Emplear el Marco Regulatorio nico para extender el uso de Convenios Marco a instituciones que actualmente no tienen la obligacin de emplear preferentemente estos canales de compra. Al mismo tiempo, se sugiere extender su uso, por ejemplo, estableciendo criterios objetivos para la elaboracin de nuevos Convenios Marco en el tiempo.

    15. Para promover la participacin de la mayor cantidad de proveedores posible, se sugiere fomen-tar el pago oportuno de los compradores pblicos.

    Gastos en Defensa

    1. Eliminar la Ley Reservada del Cobre y dotar de una mayor capacidad al Congreso Nacional para fortalecer el control, eficiencia y transparencia de las compras de Defensa, limitando los gastos fuera de presupuesto.

    2. Fortalecer las capacidades tcnicas de las Comisiones de Defensa del Congreso.

    3. Se sugiere preservar la confidencialidad de los gastos solo en casos especficos, predefinidos en base a criterios conocidos y formulados con la participacin de expertos independientes.

    4. Los proyectos de Defensa debern ser evaluados con metodologas especializadas consideran-do el Plan Estratgico Nacional.

  • 45Propuestas

    Concesiones

    1. Los cambios en los contratos de concesiones de infraestructura debido a renegociaciones (v.g., los convenios complementarios) debern publicarse dentro de un plazo establecido y breve, en la misma pgina web junto a las bases del contrato correspondiente.

    2. Deber adoptarse una poltica anloga a la del punto anterior para los contratos de obra pbli-ca por sobre un cierto monto.

    3. El umbral de 25% del monto de la inversin original, que rige hoy para que los convenios com-plementarios pasen por el panel de expertos, debe reducirse al 10%. Adems, se deben tomar medidas para evitar la elusin de este umbral mediante el fraccionamiento de un convenio complementario en varios convenios.

    4. La legislacin actual contempla la supervisin de los convenios complementarios a contratos de concesiones adjudicados despus del cambio legal de 2010. Se propone que dicha supervi-sin tambin aplique a convenios complementarios de concesiones adjudicadas con anterio-ridad a dicha fecha.

    5. Fortalecer la unidad de diseo y planificacin de proyectos de concesiones del Ministerio de Obras Pblicas (MOP), para con ello reducir el riesgo de captura asociado a la debilidad actual para disear proyectos.

    6. El panel de expertos debe visar que las iniciativas privadas de concesin de Obras Pblicas efectivamente tengan un componente de originalidad que justifique los cuantiosos subsidios que contempla la utilizacin de dicha modalidad.

    D. PERSECUCIN Y SANCIN PENAL DE LA CORRUPCIN

    En mediciones internacionales construidas a partir de encuestas de opinin, Chile aparece dentro de los pases con menor incidencia de corrupcin. Sin embargo, no existe un sistema de indicadores ni un buen registro de estadsticas oficiales que permitan dar seguimiento apropiado a la inciden-cia concreta de delitos, faltas, procesos y sanciones en materia de corrupcin. Pese a esto, diversos organismos internacionales especializados en dar seguimiento a estndares y convenciones en esta materia Naciones Unidas contra la Corrupcin (UNCAC), el Mecanismo de Seguimiento de la Implementacin de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (MESICIC) y la Organiza-cin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), han identificado reas de riesgo en materia de regulacin y capacidad de persecucin penal de los delitos de corrupcin en el caso de nuestro pas.

    Algunos de los problemas identificados son la existencia de penas relativamente bajas para deli-tos contra la probidad, tanto en comparacin con otros pases como en lo que respecta a otros deli-tos en Chile. En el mismo sentido, se mantienen vacos legales en la tipificacin de algunos delitos reconocidos como tales en otros pases y en la UNCAC, como por ejemplo el abuso de funciones, la corrupcin entre privados y el trfico de influencias de un particular.

  • Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Inters, el Trfico de Influencias y la Corrupcin

    46

    Asimismo, las prescripciones son excesivamente cortas para delitos que tardan en ser identifi-cados, denunciados e investigados. Finalmente, se ha detectado debilidad en la capacidad de fisca-lizar con efectividad y de perseguir delitos de corrupcin. En tanto, ni el Ministerio Pblico ni las respectivas fuerzas policiales cuentan con suficiente personal especializado, ni tampoco con los recursos organizacionales adecuados para cumplir su labor a cabalidad en esta materia.

    Propuestas

    A partir de este mapa de riesgos se entregan las siguientes propuestas:

    1. Generar un sistema oficial de es