Novas da xustiza

CCOO de Xustiza Número 236 . 28 de ma io de 2010 http://ccooxustiza.blogspot.com/

Mutua l idade

Sumar io

Eleccións na Mutualidade

Os candidatos de CCOO de Xustiza gañan as

eleccións celebradas en Galicia

Os candidatos presentados por CCOO de Xustiza gañaron as

eleccións celebradas en Galicia para a renovación dos cargos

de compromisarios á Asemblea da Mutualidade.

Polo Grupo I, Nicolás Santos Álvarez (xestor titular da Se-

cretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Gali-

cia), obtivo o 93,45% dos votos. O outro candidato obtivo

o 5,5% dos votos.

Polo Grupo II, Juan Manuel Amado Rodríguez (funcionario

do corpo de Auxilio Xudicial do Servizo Común de Notifica-

cións e Embargos da Coruña), obtivo o 91,72% dos votos.

O outro candidato obtivo o 6,89% dos votos.

Podes consultar os resultados das eleccións celebradas

noutras Comunidades Autónomas na nosa páxina web,

accesible desde o teu posto de traballo.

Preme aquí: http://ccooxustiza.blogspot.com/

Mutualidade ........................ 1

Eleccións

Minerva .............................. 2

Técnicos da Xunta traballan para

arranxar unha avaría nos xulga-

dos de Lugo

Edificios xudiciais ............... 3

Xulgado de violencia de xénero

da Coruña

Revista de prensa ............... 5

A voltas co horario

A implantación da nova Oficina

xudicial

8 de xuño: Folga xeral ........ 14

O salario do sector privado cre-

cerá, entre 2000 e 2011, un

17,13% máis que o público

Taboleiro de avisos ............. 17

Semanas grandes

Subscricións - Delegados .... 18

As nosas páxinas web

Delegados

Subscricións

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Minerva

Técnicos de la Xunta trabajan para arreglar una avería en los Juzgados de Lugo

Un equipo de técnicos de la Xunta de Galicia lleva trabajando de manera conti-

nuada desde la tarde de ayer para arreglar una avería registrada en una de las

máquinas del Centro de Proceso de Datos (CPD) del edificio de los juzgados

de Lugo.

Publicado en www.cope.es

Esta avería está afectando a la disponibilidad

del sistema de gestión procesal en los juzga-

dos del propio edificio y más nos de la Audiencia

Provincial.

A esta hora consiguieron solventar parte de

los problemas de la equipación averiada res-

taurándose la conectividad a la Red y el funcio-

namiento de los servicios básicos.

Además, desde la Xunta apuntan que se está trasladando una nueva equipación a la ciudad

de Lugo para sustituir la máquina averiada y restaurar lo antes posible el sistema de gestión

procesal.

Cando cheguei ao xulgado a rede "estaba caída". Pouco a pouco fóronse recuperando algúns

dos servizos, pero Minerva estivo "fóra de xogo" toda a mañá. Non quedou máis remedio que

botar man dos formularios que confeccionaramos cando non había Minerva. Non tivemos

ningunha información sobre o alcance da avaría e o tempo que tardarían en arranxala. Se-

gundo a noticia da COPE, a avaría producírase o día anterior. Pero no intranet non apareceu

ningún aviso. Nesta ocasión non nos remitiron nin sequera unha carta. Para que?

X.M.

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Edi f ic ios xudic ia is

A Coruña: Cuenta atrás en Violencia contra la Mujer

Los funcionarios del juzgado colocan una pancarta en la que advierten de los

días que quedan para cumplir el plazo para el traslado de sede y critican la

demora de la Xunta en formalizar la mudanza

Publicado en www.laopinioncoruna.es

Una pancarta colocada en la sede del Juzgado de Violencia contra la Mujer recuerda a to-

dos los que pasan frente a ella que sólo quedan cien días para que se cumpla el plazo fi-

jado por el Gobierno autonómico para el traslado de los funcionarios a una sede ubicada

en el antiguo registro civil. Los trabajadores exigen que los trámites para el traslado se

aceleren lo máximo posible, ya que sufren cada día a causa del escaso espacio del que

disponen para desempeñar sus funciones y de la falta de luz por la ausencia de ventanas

PABLO LÓPEZ | A CORUÑA Los funciona-

rios que trabajan en el Juzgado de Violencia

contra la Mujer dieron ayer un nuevo giro a

sus protestas por los retrasos en la licitación

de las obras para la creación de una nueva

sede para estas dependencias judiciales en el

antiguo registro civil.

Los trabajadores, a instancias del sindicato

Comisiones Obre-

ras, colocaron en la

sede provisional de

Violencia contra la

Mujer, dentro del

edificio de los juz-

gados, una pancar-

ta en la que recuer-

dan que, según el

plazo facilitado por

el Gobierno auto-

nómico, sólo faltan cien días para que se

complete el cambio de sede.

"Según la administración faltan sólo cien

días. ¿Se cumplirá esta vez? ¡Licitación ya!",

reza la pancarta colocada en el Juzgado de

Violencia contra la Mujer.

Los representantes sindicales aseguran que

las obras, por no haber sido todavía licitadas,

no podrán terminar

antes de que finali-

ce el plazo marcado

por la Xunta y te-

men que incluso se

prolonguen más allá

del presente año.

"Con esta iniciativa

lo que queremos es

dejarle claro a la

administración que

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estamos atentos a los plazos y que queremos

que las obras se liciten cuanto antes, para que

esta situación no se prolongue demasiado".

manifestó una portavoz de Comisiones Obre-

ras tras la colocación del cartel en los juzga-

dos.

El personal del Juzgado de Violencia contra

la Mujer había denunciado ante el Valedor do

Pobo, el pasado mes de marzo, los continuos

problemas y peligros que sufren a causa de

los angostos pasillos de las dependencias que

ocupan.

El sindicato ya había presentado una de-

nuncia ante la Inspección de Traballo para cri-

ticar que las instalaciones carecen de venta-

nas y que apenas existe sitio para que los

usuarios accedan a cada una de las depen-

dencias.

Los funcionarios también habían denuncia-

do, a través de Comisiones Obreras, la exis-

tencia de un escalón "de considerable altura y

sin señalizar adecuadamente". Este obstáculo

separa la zona que ocupaba el estrado ubica-

do anteriormente en el recinto del resto de la

habitación.

El principal problema, sin embargo, es el

poco espacio del que disponen los funcionarios

para realizar sus tareas con comodidad. Comi-

siones Obreras menciona la existencia de un

pasillo con armarios a ambos lados en el que

prácticamente no existe espacio para que los

trabajadores se muevan con normalidad. El

sindicato explica que estos armarios están co-

locados de esta forma porque no existe un lu-

gar específico para el archivo de los expedien-

tes judiciales.

Los representantes de los trabajadores

amenazan al Gobierno gallego con presentar

una demanda judicial si no soluciona la falta

de espacio en la unidad. El propio juez deca-

no, Fraga Mandián, reconoció que la actual si-

tuación del juzgado de violencia de género "no

es idónea", pero subrayó que es una ubicación

provisional que la Xunta resolvería "a lo largo

del tiempo".

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Revis ta de prensa

Los sindicatos piden a la Xunta que vigile también el horario de los jefes

Alegan que el sistema de control en vigor es suficiente y que los empleados

públicos cumplen en su mayoría

Defienden que se penalice a los funcionarios díscolos, pero denuncian una fal-

ta de seguimiento a los altos cargos

Publicado en www.lavozdegalicia.es

Las organizaciones sindicales que representan a los funcionarios aportan una nueva

perspectiva en el debate abierto por el Gobierno de Feijoo sobre la necesidad de reforzar

los mecanismos de los que dispone para controlar el cumplimiento de los horarios por

parte sus empleados. Los sindicatos asumen que la Xunta tiene que realizar esa labor de

seguimiento, pero reclaman que no la limite solo a los trabajadores públicos y la extien-

da también a los altos cargos de cada departamento, entre los que perciben una laxitud

mayor en la observación de sus obligaciones.

En general, las centrales del ámbito de la

Administración autonómica entienden que la

inmensa mayoría de los funcionarios desem-

peñan con rigor su actividad, y que incluso a

menudo suplen con más horas de trabajo

unos medios que no siempre son los idóneos,

aunque también reconocen que «hay quien

cumple y habrá quien

intenta burlarse». Así

lo manifiesta Fran

Núñez, del sector au-

tonómico de UGT-

Galicia, que asegura

que los sindicatos no

van a proteger a «al-

guien que se burla». «La medida de la Xunta

nos merece un respeto absoluto, porque tiene

la capacidad de controlar a sus empleados

públicos», apunta Núñez, que apostilla que

«más del 90% de los empleados públicos

cumplen con sus horarios sobradamente». La

cuestión, matiza, es quién vigila al vigilante.

«Citroën controla a

sus altos directivos,

pero este Gobierno

no lo hace. Nos gus-

taría que el control

fuera también a los

mandos, y ver qué

uso hacen de los

Máis tópicos

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coches oficiales», plantean en UGT.

En la misma línea se posicionan en la CIG-

Administración. Mar Peteira esgrime que «o

control horario xa o hai, porque todo o persoal

ten a súa tarxeta. É aos directores e

subdirectores xerais e persoal de gabinete aos

que non se controla». Peteira, que ve «de-

magóxico» que la Xunta pretenda extender el

control sobre los empleados, señala que «hai

un réxime de sancións para os que non cum-

pren. Terán que facerlle recuperar as horas,

descontarllas do salario ou abrirlle un expe-

diente». El delegado de CC.?OO. en los servi-

cios centrales de la Xunta, Pedro Méndez, in-

siste en la posibilidad de aplicar esas medidas

si, por medio de unos mecanismos de control

«que xa existen e son fiables», se detectan

irregularidades. «Se alguén non cumpre, non

nos parece mal que se vaia á chepa», aseve-

ra. Con todo, Méndez advierte en este proceso

de endurecimiento de la vigilancia sobre los

funcionarios un tono «oportunista e provoca-

dor», porque «parece que queren alimentar

esa teórica mala fama que temos».

Desde el CSIF, Juan Carlos Rivas devuelve

la pelota al tejado del Gobierno gallego, en

cuanto a la necesidad de seguir el ejercicio de

cargos directivos de designación política. «En

ningún caso nos oponemos a la mejora del

control de horarios y de cualquier moderniza-

ción de la Administración, pero si se va a

hacer ese tipo de control a lo mejor hay que

empezar por los mandos, porque el funciona-

rio raso cumple sobradamente con sus obliga-

ciones», indica Rivas.

Las sanciones por falta de puntualidad son anecdó-ticas en la Administración

La Xunta lo reconoce de forma implícita,

cuando apuesta por mejorar el dispositivo de

control y apercibe a mil funcionarios de Xusti-

za para que cumplan sus horarios, y los pro-

pios sindicatos admiten que, en un colectivo

de 90.000 empleados públicos, siempre exis-

tirán abonados a la picaresca. Pero esa misma

realidad y la ausencia de sanciones por faltas

de puntualidad pone en evidencia que también

la Administración se inhibe en el ejercicio de

sus competencias.

Es la tesis sindical: si hay trabajadores que

no cumplen su cometido, tampoco lo hace la

Xunta, que renuncia a sancionarlos. Puede

que la carta personalizada en la que Presiden-

cia ha advertido a un millar de trabajadores

de Xustiza de una posible penalización sala-

rial, en el caso de que los que tienen horas

perdidas no las recuperen, anticipe un mayor

rigor del que ahora existe en el control del

funcionariado. En todo caso, el Gobierno ga-

llego está convencido de que el desarrollo de

la Administración electrónica le permitirá fis-

calizar con mayor eficiencia a sus empleados.

Los sindicatos opinan que la inclusión de

nuevas medidas de seguimiento en el sistema

de acreditación digital de los funcionarios difí-

cilmente mejorará el seguimiento actual. «Non

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seremos nós os que nos neguemos a que nos

controlen. Somos servidores públicos», abun-

da Pedro Méndez, de CC.OO.

«Caraduras hay, pero aquí no los echan»

Los funcionarios que se autoproclaman «cumplidores» aceptan de buen grado

que se establezcan más controles sobre el horario de entrada y salida, pero

afirman que lo importante es el tiempo real de trabajo

Encontrar a un funcionario que a las pre-

guntas de un periodista en la puerta de San

Caetano declare algo así como «me rasco la

barriga todo el día y no lo niego» es un sueño.

Un titular imposible, pero no irreal, a tenor de

lo que opinan los trabajadores de la Xunta en

Santiago que, preguntados sobre las medidas

de control que quiere implantar el Gobierno de

Feijoo, siempre hablan en genérico, sin seña-

lar a nadie.

«A mí me parece perfecto que hagan un

control más exhaustivo, porque caraduras

hay, como en la privada, solo que aquí no los

echan». Lo dice una mujer con unos cuantos

trienios de experiencia que asegura llegar to-

dos los días hasta 40 minutos antes del hora-

rio establecido. «Lo hago voluntariamente

porque trabajo para una directora xeral y me

gusta preparar bien la jornada. Vamos, que yo

creo que cumplo».

Son las 15.00 horas

y sale por la puerta

como un reloj tras

pasar su tarjeta por

una máquina que pi-

ta como las cajas de los supermercados.

En pocos segundos el acceso que comunica

el complejo administrativo y la estación de au-

tobuses compostelana será una pequeña jaula

de grillos, con eventuales montoneras que se

disuelven enseguida. Fuera, varios chóferes

esperan por los grandes jefes junto a los bri-

llantes Citroën. Pero ¿qué pasaba en ese

mismo lugar quince minutos antes? Sí, tam-

bién salían funcionarios. A cuentagotas, pero

dejaban el edificio sin intención de regresar

hasta el día siguiente: «Casi prefiero no co-

mentar nada»; «Tengo prisa»; «Me sale el

bus a las tres». Son algunas de las disculpas

para no opinar. «Esa foto la borras, por fa-

vor», le dice al reportero gráfico una funciona-

ria que salía a las 14.53 minutos.

José Romero, del departamento de Educa-

ción, analiza sin reparos el nuevo dispositivo

digital de control.

Sostiene que no se

siente perseguido y

defiende a sus cole-

gas: «Non é unha

actitude maioritaria,

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nin moito menos, pero o que non pode ser é

que por catro que non cumpran todos teña-

mos fama de lacazáns. Se os controis axudan

a que iso non pase, benvidos sexan». Romero

trabajó anteriormente en otra Administración

en la que también se dejaba constancia de la

salida y la entrada para tomar café, y si al-

guien se pasaba diez minutos tenía que com-

pensarlos. «Ninguén se despistaba», afirma

entre risas.

Dolores M., otra veterana de San Caetano,

incide en que la picaresca no se presta tanto

al iniciar o acabar la jornada, sino en el con-

trol del tiempo real de trabajo, y por eso apo-

ya sin atisbo de duda cualquier medida que

mejore la eficacia de la Administración. Igual

opina Xesús Ribeiro, al que no le ha sobresal-

tado la noticia porque entiende que «hai que

cumprir». Ya pasan cinco minutos de las tres

y el desfile es continuo. Nadie lleva las bolsas

de la compra, una de las señales que podría

indicar que la hora del café se ha estirado por

asuntos propios.

De la era Fraga

Los aparatos que utilizan en la actualidad

«no sirven de mucho», apunta Carlos L., un

funcionario que se dedica a cuestiones in-

formáticas. Hace memoria y ubica la instala-

ción de las máquinas en la era Fraga, «hace

diez o doce años». Sin acusar a nadie, des-

grana las fisuras de los actuales filtros, inci-

diendo en lo sencillo que es que un compañe-

ro le pase la tarjeta a otro sin estar presente.

Además, según confirma otro colega, no es

extraño que estén estropeados. Estos días no

funcionaba el que registra los accesos en el

área económica de San Caetano. Carlos se

muestra proactivo y propone que el sistema

que se implante sea «personal de verdad», a

través de la huella digital o una aplicación si-

milar, porque para tener una tarjeta «ya vale

la de ahora».

En su departamento ha escuchado que otro

de los retos técnicos es que el dispositivo de-

tecte el paso del trabajador de forma remota,

pero esas son cuestiones que les deberán

aclarar «porque leyendo el periódico aún es

difícil sacar conclusiones de lo que va a pa-

sar». No es el único que ha preferido interpre-

tar la medida como una cuestión técnica «de

modernización» y no como el inicio de una ca-

cería contra los funcionarios.

Son las 15.10 horas y el flujo de salida si-

gue siendo constante. San Caetano no es la T

4 de Barajas, pero desplazarse por el entra-

mado de departamentos requiere su tiempo.

Van de a dos, de a cuatro, charlando, mucho

más relajados que los que salían pitando an-

tes de las tres.

Los jefes

«Te doy mi opinión, pero no pongas mi

nombre». Va a hablar de los jefes. «Yo creo

que el problema no es tanto fichar o no como

que los que tienen puestos de responsabilidad

hagan su trabajo y obliguen a la gente a res-

petar los horarios y a compensar el tiempo

perdido». Las máquinas, dice, no van a arre-

glar «el problema», que a juicio del funciona-

rio no es el más grave que tienen entre ma-

nos. De lo que sí quieren hablar es de la baja-

da de los sueldos. Y tanto que quieren hablar.

La CIG ha colocado estratégicamente pasqui-

nes sobre las últimas medidas del Gobierno en

la misma salida. Todo el mundo pasará por el

aro: por la máquina de fichar y por la de re-

caudar de ZP.

A las 15.15 se vacían los pasillos. Fuera,

siguen esperando los mismos chóferes que

hace media hora. Al menos ayer, los capitanes

fueron los últimos en abandonar el barco.

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El Ejecutivo amortizará 26 puestos vacantes para poder contratar sin coste adicional 15 técnicos in-formáticos

Apuesta por reorganizar efectivos entre consellerías como vía para mejorar la

eficiencia en tiempo de crisis

La política de recorte del gasto público de-

rivada de la crisis económica provocará que la

Xunta renuncie a cubrir puestos de trabajo de

la Administración que en la actualidad están

vacantes. El Gobierno de Feijoo dará un pri-

mer paso en esa dirección con la aprobación,

en la reunión que hoy celebrará el Consello de

la Xunta, de un plan de reorganización de per-

sonal en la Secretaría Xeral de Modernización

por el que prescindirá de ocupar 26 plazas va-

cantes en distintas consellerías para crear sin

coste adicional una unidad propia de 15 técni-

cos en informática y no tener que recurrir a

contrataciones externas o a asistencias técni-

cas para realizar esas funciones.

Esta amortización de 26 puestos de trabajo

de menor escala permitirá a la Xunta contra-

tar a 15 empleados de mayor cualificación pa-

ra la puesta en marcha de la Administración

electrónica. Es la primera vez que el Gobierno

autónomo recurre a una reorganización de

personal entre distintas consellerías, un pro-

cedimiento que sí cuenta con precedentes de-

ntro de un mismo departamento.

La modificación de la relación de puestos

de trabajo en la Secretaría Xeral de Moderni-

zación, necesaria para ejecutar esa reorgani-

zación, ya fue presentada por la Xunta a los

sindicatos, que realizaron algunas objeciones.

En esa reunión, el representante de la Admi-

nistración informó de que 11 de los 26 pues-

tos que se amortizan corresponden a plazas

relacionadas con la informática, como opera-

dores y programadores. Entre los 15 restantes

hay desde un puesto de profesor asociado a la

Consellería de Cultura, hasta auxiliares, orde-

nanzas, conductores o limpiadores. «O que se

crea é a parte alta da pirámide», objetan en la

CIG, que temen que el proceso abra el camino

hacia una privatización de servicios.

Reducir la externalización

En la Xunta aseguran que esas 26 plazas a

amortizar no están ocupadas ahora por ningún

personal, ni siquiera interino. Aducen que la

idea es reforzar un «servicio infradotado» co-

mo el informático, que cuenta con personal de

menor escala a los técnicos que podrán incor-

porarse ahora. Insisten en que esta solución

no implicará un mayor gasto de personal y

que la Xunta recurrirá a ella «cuando se pue-

da, y más en un momento de crisis, en aras

de una mayor eficiencia». En todo caso, el de-

sarrollo de la Administración electrónica obli-

gará a acudir a empresas externas.

En la actualidad, el Gobierno gallego tiene

pendientes de resolución 1.242 plazas de las

1.347 que conformaron la oferta de empleo

del 2008. La Xunta ya advirtió que irá adjudi-

cando esos puestos de trabajo en función de

sus necesidades.

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La crisis lastra la implantación de la nueva oficina judicial

Las estimaciones más realistas cifran el coste para Galicia en unos 20 millones

Publicado en www.lavozdegalicia.es

Después de más de una década de sesudos debates en el seno de un sinfín de comisiones

creadas ad hoc , llegó la hora de la verdad. El pasado día 4 fue el día D de la nueva ofici-

na judicial, con la entrada en vigor de las reformas procesales imprescindibles para

hacerla viable.

Desde ese día el colapso y el desconcierto

en los juzgados gallegos es la tónica dominan-

te. Falló, una vez más, la tecnología. Minerva

Noj, la aplicación clave del sistema, vuelve lo-

cos a los funcionarios. «Ataca a los documen-

tos y pone el encabezado en el pie de página

o en el medio, en muchos puestos de trabajo

impide acceder al sistema de gestión procesal,

hay documentos que desaparecen por arte de

magia o pone a cero los contadores de asun-

tos», relatan los trabajadores cuando se les

pregunta por el tema.

Algunos de los

problemas que han

ido apareciendo los

han resuelto, en la

medida de sus posi-

bilidades, los técni-

cos de la Administra-

ción gallega. Otros

los tienen que resol-

ver desde Madrid. Y

todo ello, según explica el director xeral de

Xustiza en la entrevista adjunta, porque el

ministerio les mandó la nueva versión del fa-

moso Minerva, pero no las fuentes del pro-

grama, que permitirían corregir in situ los fa-

llos detectados.

Pero la nueva oficina judicial, según Enri-

que González, representante del Sindicato

Profesional de Justicia (SPJ-USO), va mucho

más allá del nuevo programa informático. «Es

-explica- un nuevo sistema de trabajo, la ma-

yor transformación de la historia de la Justicia

en este país, pero su

aplicación en estos

momentos es invia-

ble por falta de dine-

ro». El portavoz de

SPJ-USO cree que la

nueva oficina «como

filosofía de trabajo

está bien, pero los

funcionarios más

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veteranos no lo ven así y todo esto les genera

mucha incertidumbre».

De las tareas pendientes, una de las más

arduas es la reclasificación de los puestos de

trabajo, de la que dependerá la parte del

sueldo que los sindicatos tienen que negociar

con la Xunta, porque el resto del salario viene

determinado por los Presupuestos Generales

del Estado.

Los representantes de los trabajadores

consideran ficticias las actuales plantillas, al

menos en Galicia, ya solo tres de cada diez

puestos de trabajo están cubiertos por funcio-

narios. El resto son interinos.

Según el director xeral de Xustiza, Juan

José Martín, la implantación plena de la nueva

oficina judicial en Galicia le va a costar a la

Xunta más de 20 millones de euros. En los

tiempos que corren la cuestión está en saber

de dónde van a salir.

«El 4 de mayo era el comienzo, no el final de la re-forma»

Entrevista | Juan José Martín Álvarez | Director xeral de Xustiza de la Xunta

A Juan José Martín, hijo de un juez de paz y secretario judicial de profesión, como direc-

tor xeral de Xustiza le ha tocado poner en marcha la nueva oficina judicial. A su mesa de

trabajo llegan a diario las múltiples incidencias que se plantean en los juzgados gallegos

desde la puesta en marcha de las reformas procesales necesarias para su implantación.

-¿Cómo están las cosas dos semanas

después de la entrada en vigor de las re-

formas?

-La nueva organización de los juzgados es

un proceso que va a durar años. Todo esto

arranca con la primera conferencia sectorial

celebrada en el Hostal dos Reis Católicos en

1999. En el 2003 se crea el marco legal, pero

la reforma no llegó hasta el 2009. Se aprobó

en noviembre y se dio un plazo de seis meses

para ponerla en funcionamiento. A partir de

ahí, las comunidades tienen necesidades dis-

tintas. Lo primero que hubo que hacer fue

adaptar los formularios al nuevo marco legal.

De eso se encargaron el ministerio y el Conse-

jo del Poder Judicial (CGPJ). Luego hubo que

implementar todo eso en una aplicación in-

formática. Ahí empezaron los problemas.

-¿Agobiado?

-Todos los días me mandan un parte de in-

cidencias. Unas las hemos ido resolviendo no-

sotros aquí con nuestros técnicos y otras solo

las podrá resolver Madrid porque nosotros no

disponemos de las fuentes del programa. So-

mos dependientes del ministerio.

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-El nuevo mode-

lo incluye unidades

técnicas de apoyo

con informáticos.

¿Por qué no fun-

cionan?

-El programa nos

llegó el 28 de abril y

hubo que instalarlo

en 50 servidores.

Somos dependientes.

No se trata de echar-

le la culpa a Madrid,

pero esta es la reali-

dad.

-Una de las principales novedades es

la creación de los servicios comunes, uno

de ordenación o tramitación del proceso y

otro de ejecución. ¿Para cuándo?

-Está contemplado en el plan estratégico,

ya se ha negociado con los sindicatos y se ha

aprobado por decreto, pero no será viable

hasta que no sea realidad el expediente digi-

tal.

-¿Y cuándo habrá expediente digital?

-La fecha hipotética que barajaba el Conse-

jo del Poder Judicial en la reunión del 20 de

abril es diciembre del 2013.

-Muy optimistas, ¿no?

-Creo que sí. Dependerá mucho del pro-

yecto Esquema Judicial de Interoperatividad y

Seguridad (EJIS), que pretende lograr en tres

años la interconexión entre los sistemas de las

distintas comunidades.

-¿Cuándo será realidad la firma

electrónica en todos los juzgados galle-

gos?

-El proyecto de implantación se comenzó

en A Coruña, Vigo y Santiago. Encontramos

cierta resistencia de los funcionarios a aceptar

las tarjetas personales. Se hará con cargo al

proyecto Red.es, con financiación al 50 % en-

tre la Administración central y la autonómica.

Se generalizará en tres años.

-¿Dónde pien-

san meter los ser-

vicios comunes, se

harán nuevas se-

des judiciales o

reformarán las

actuales?

-Hay reformas

previstas. En A Coru-

ña, por ejemplo, ya

hemos sacado a lici-

tación las obras de

reforma de los actua-

les juzgados, a las

que se han presenta-

do 45 empresas, y la Audiencia se irá a la an-

tigua fábrica de tabacos. La idea es que donde

se puedan hacer reformas se harán y se agru-

parán físicamente los funcionarios, pero eso

no es lo prioritario. Lo importante es que los

funcionarios adscritos a cada servicio estén

unidos telemáticamente. El nuevo esquema se

implantará en los edificios de nueva planta

cuando se construyan.

-¿Cómo van a afectar los recortes pre-

supuestarios impuestos por la crisis a los

plazos iniciales de implantación de esta

reforma?

-El 4 de mayo era la fecha de comienzo ,

no la finalización de la reforma. Siendo realis-

tas, pienso que vamos a necesitar dos legisla-

turas. Nosotros queremos tener unidades pilo-

to en el 2013 con los servicios comunes de

ordenación y ejecución. Todo va a depender

mucho de cómo avancen las negociaciones

con los sindicatos para la reordenación y valo-

ración de los puestos de trabajo.

-¿Sobra o falta personal en los juzga-

dos?

-Depende. Las secciones civiles de las au-

diencias, por ejemplo, están infladas de gente.

Tienen la misma que tenían antes de la refor-

ma procesal del 2001. Aprovecharemos para

reubicar funcionarios, pero no se van a amor-

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tizar plazas.

-¿Y jueces?

-El año pasado, el Tribunal Superior cifró

las necesidades en 45 nuevas unidades judi-

ciales. Este vamos a cubrir un tercio de esas

necesidades. Hacen falta más jueces que juz-

gados. Eso se puede resolver con más jueces

de adscripción territorial.

-Los jueces dependen del CGPJ, los se-

cretarios del ministerio, los funcionarios

y los medios materiales de la Xunta.

¿Tiene razón de ser tal dispersión de

competencias?

-Es evidente que no es lo más operativo y

funcional. No es menos cierto que la capaci-

dad real de gestión de las competencias que

tenemos es relativa. Temas como las ofertas

de empleo público y los concursos de trasla-

dos, nosotros podemos proponer desde aquí,

pero los tiene que aprobar Madrid. Si constitu-

cionalmente el poder judicial es único en todo

el Estado, lo deseable sería que, al menos, las

aplicaciones informáticas fueran las mismas

para todos.

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8 de xuño: Fo lga xera l

El salario del sector privado crecerá, entre 2000 y 2011, un 17,13% más que el público

Para la FSC-CCOO, el Gobierno ha consumado la más importante agresión a los derechos

laborales, individuales y colectivos del personal del sector público con el recorte salarial

del 5% y la amortización de 17.000 empleos en la Oferta de Empleo Público 2010-11. En-

tre 2000 y 2011, los salarios del sector público crecerán un 17,13% menos que los del

sector privado y las tasas de temporalidad tienden a coincidir.

El Gobierno ha impuesto a los empleados públicos un recorte salarial equivalente al 5% de la masa

salarial en cada administración o ámbito de negociación mediante el Real Decreto Ley 8/2010, de

20 de mayo, de medidas de recorte del déficit público. Sumado al ahorro proyectado a través de la

Oferta de Empleo Público 2010-11, con una amortización de 17.000 empleos en dos años, consu-

mará la más importante agresión a los derechos laborales, individuales y colectivos del personal

del sector público.

Frente a un sector de la opinión pública y política, que considera el empleo público un "privilegio

social", los datos de la situación laboral en el sector apuntan en dirección contraria:

Desde 1996, el empleo público tiene la misma tasa de temporalidad que el del conjunto del merca-

do laboral en España, habiéndose reducido los más de 17 puntos de mayor estabilidad en las ad-

ministraciones, en 1996, a los 0,74 en primer trimestre de 2010.

En el último trimestre han desaparecido 9.300 empleos temporales en el sector público.

En los últimos diez años, los salarios nominales de quienes han conservado su puesto de trabajo y

participado en la determinación de sus condiciones de empleo, trabajo y retribución, a través de

representación sindical y acuerdos o convenios, han evolucionado de forma distinta en las adminis-

traciones públicas y en el mercado laboral español.

En las primeras, solo en 2009 se recuperó capacidad adquisitiva, creciendo sus retribuciones un

8,89% menos que el aumento salarial pactado en convenio y registrado en el Ministerio de Trabajo,

en el segundo.

De congelarse precios y salarios pactados en convenio en 2011 en España y aplicarse la rebaja sa-

larial aprobada por el Gobierno para el empleo público, esta diferencia alcanzaría un 17,13% de

menor capacidad adquisitiva.

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Contra el recorte del gasto, huelga el 8 de junio

Con propuestas de movilización contra el recorte del gasto público, la FSC-CCOO rechaza las medi-

das presentadas por el Gobierno para hacer frente al déficit. En esta sección se agrupan las noti-

cias, documentos, enlaces de interés y vídeos con declaraciones relacionados con las movilizacio-

nes.

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::Noticias relacionadas

Informe jurídico sobre la reducción salarial de los empleados públicos

El salario del sector privado crecerá, entre 2000 y 2011, un 17,13% más que el público

Agregando motivos para la huelga del ocho de junio

Los sindicatos presentan el preaviso de huelga en el sector público

Los efectos del decreto contra el déficit público y el cálculo del recorte salarial

La FSC-CCOO califica el decreto ley aprobado por el Gobierno de "impuesto e improvisado"

"Están tratando a los empleados públicos como a trabajadores de segunda"

Sobre la reducción salarial de los empleados públicos

"El Gobierno aprueba el plan de ajuste y habrá más desempleo y más desigualdad"

La Asociación Unificada de Militares de España (AUME) manifiesta a CCOO su adhesión a las

medidas contra el recorte del gasto público

Siete razones por las que voy a ir a la huelga del 8 de junio

::Documentos relacionados

Real Decreto Ley de medidas contra el déficit público

Resolución del 25 de mayo con las instrucciones para las nóminas

Razones para la movilización contra el recorte del gasto público

::Vínculos de interés relacionados

Campaña de recogida de firmas contra las medidas de recorte del gasto público

Vídeos de declaraciones contra el plan de ajuste del Gobierno

Más información de la campaña contra las medidas de recorte del gasto públicos

Plan de ajuste: "el Gobierno calculó mal e improvisó peor"

Toxo pide a los grupos parlamentarios que rechacen el plan de ajuste

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FSC-CCOO Novas da Xustiza

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Tabole i ro de avisos

Espazo aberto

Unha aposta por la información e pola participación

Número 1. 11 de maio de 2010

Descarga: - Preme aquí

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Semanas grandes

A Cañiza e Mondariz 25, 26, 27, 28 e 31 de

maio

Mugardos: 31 de maio, 1. 3, 4 e 7 de xuño

Burela: 4, 8, 9, 10 e 11 de xuño

Allariz: 8, 9, 10, 14 e 15 de xuño

Ponteareas: 8, 9, 10, 11 e 14 de xuño

Escalas (ano 2003)

Axentes (Auxilio), pre-

me aquí

Auxiliares (Tramita-

ción), preme aquí

Oficiais (Xestión), pre-

me aquí

Escala pechada a 09-03-2003

O Ministerio ten outra escala, pe-

chada a 11-04-2009 e contabili-

zada por días, pero non é publica

18 Novas da Xustiza

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