Novas da xustiza

CCOO de Xustiza Número 229 . 19 de ma io de 2010 http://ccooxustiza.blogspot.com/

Nova Of ic ina xudic ia l

Sumar io

CCOO exige al ministro de Jus-ticia que paralice la puesta en marcha de la nueva Oficina judi-cial

Ante las graves medidas de recorte de los sala-

rios de los empleados públicos, de congelación

de las pensiones y de la inversión pública

A continuación, reproducimos copia íntegra de la carta remi-

tida al ministro de Justicia en la que le exigimos la paraliza-

ción de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial hasta

que se supriman los recortes salariales y la congelación de las

pensiones:

A nova Oficina xudicial ....... 1

CCOO esixe ao ministro de Xus-

tiza que paralice a posta en

marcha da nova Oficina xudicial

Retribucións ....................... 5

Porque nos sobran os motivos

para a mobilización

Concurso de traslados ........ 8

Corrección de erros

Oposicións .......................... 9

Período de prácticas e vacacións

Xestión, quenda libre

Auxilio

Revista de prensa ............... 11

Os problemas do Minerva-NOX

O expediente dixital

Opinión ............................... 15

Un artigo de Sevach

Poucos empregados públicos

para un Estado do benestar

Mutualidade ........................ 22

Eleccións

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MINISTRO DE JUSTICIA

Madrid, 17 de mayo de 2010

Sr. Ministro,

Las medidas contra el déficit público anunciadas por el Gobierno del que forma Ud.

parte y que, previsiblemente, se aprobarán inmediatamente, suponen un fuerte va-

rapalo para todo el sector público, no solo en lo que afecta a los recortes salariales

de los empleados públicos, sino también va a verse afectada gravemente la inver-

sión pública estatal y con ello los servicios públicos imprescindibles para el mante-

nimiento de los derechos de los ciudadanos.

Ello supondrá también, y así lo ha anunciado el Presidente del Gobierno, un recorte

en la inversión pública, que afectará inevitablemente también al área del propio Mi-

nisterio de Justicia, y que tendrá su repercusión igualmente en el proyecto de re-

forma e implantación de la Nueva Oficina Judicial.

CCOO siempre ha defendido una importante inversión si lo que se pretendía era

una satisfactoria reforma de la Administración de Justicia, tanto en medios persona-

les como en medios materiales, tecnológicos, de edificios,… pero en todo el proceso

de implantación de la NOJ hemos denunciado que la misma se está llevando a cabo

con un gasto excesivo en partidas dedicadas a propaganda publicitaria, hemos cri-

ticado con dureza el despilfarro en los cursos de formación pues, contra lo que se

nos anunció, no han tenido operatividad práctica en el momento de la implantación

de los nuevos sistemas de gestión procesal debido a una absoluta falta de previ-

sión, pero sí que han costado muchos millones de euros, hemos exigido igualmente

modificaciones a un Plan de refuerzo en las Ejecuciones de los órganos judiciales de

las ocho ciudades de implantación de la NOJ que no se ha realizado con acuerdo

con las organizaciones sindicales, en concreto con CCOO, por, entre otras decisio-

nes, el absoluto disparate en las retribuciones que se van a abonar al Cuerpo de

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Secretarios Judiciales, además por la insensatez de reconocer que sus funciones en

dicho Plan serán meramente de control de las funciones de los demás trabajadores,

criticamos igualmente las ayudas a la preparación de oposiciones de acceso a los

Cuerpos de Secretarios, Jueces y Fiscales,…y esto son sólo ejemplos de un derroche

presupuestario injustificado.

Para CCOO sería no obstante mucho más grave y una decisión intolerable que com-

batiríamos con contundencia, llevar a cabo una profunda reforma de la Administra-

ción de Justicia con recortes que conllevarán reducción de las plantillas de personal

por motivos presupuestarios, argumentando que el objetivo es la disminución del

déficit público, justificándose, como se ha hecho también injustamente con la reba-

ja de los salarios de los empleados públicos, en las dificultades económicas, y esa

eventual decisión repercutirá de forma muy negativa en el empleo y en el servicio

público que se presta a los ciudadanos y en las condiciones de trabajo del personal

al servicio de la Administración de Justicia.

Conoce Sr. Ministro, que los acuerdos firmados por la mayoría sindical y el Ministe-

rio de Justicia el 28 de octubre de 2009 (pese a que aún no se ha publicado la re-

forma del Reglamento correspondiente, esperando que cumpla inmediatamente con

este compromiso), y, los suscritos el pasado 10 de marzo, publicados en el BOE el

pasado 3 de mayo, son una garantía para proteger los derechos de los trabajadores

en la nueva oficina judicial, pues con en ellos se garantiza, entre otros, la protec-

ción de todo el empleo existente en la actualidad en la Administración de Justicia no

transferida e incluso el Ministerio de Justicia se comprometió en dicho acuerdo a in-

crementar la plantilla en, al menos, el 75% de los refuerzos existentes, y además

pone las bases para establecer unos mínimos para las CCAA en sus ámbitos de

competencia (pese a que alguna de ellas ya pretende aplicar abiertamente reduc-

ciones de plantilla), y con ello se pretende asegurar el nacimiento de la nueva ofici-

na judicial en condiciones que no la lleven desde su nacimiento a un estado crónico

de grave enfermedad sin solución.

Pero con el nuevo escenario, desde que se produjo la declaración del Presidente del

Gobierno en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ya ha anunciado torpe y la-

mentablemente que va a incumplir sus acuerdos en las AAPP con los trabajadores,

por lo que no puede garantizar que el proyecto de nueva oficina judicial se lleve a

cabo con los medios necesarios. CCOO no va a admitir que se pretenda poner en

marcha una nueva oficina sin medios suficientes ni personales ni materiales, y

hacerlo con la inversión necesaria sería un despilfarro en clara contradicción con las

propias declaraciones del Gobierno.

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Si el Gobierno rebaja los salarios de los empleados públicos, incumple sus compro-

misos en materia de empleo con los sindicatos, realiza la mayor agresión al estado

del bienestar conocido en la democracia, no puede pretender ahora el Ministerio de

Justicia que los trabajadores y los sindicatos representativos creamos que es posi-

ble armonizar un ahorro económico a nuestra costa, y mantener al mismo tiempo la

inversión necesaria que permita garantizar una nueva oficina judicial que no nazca

con síntomas de grave precariedad.

El enorme retraso en la resolución de los asuntos y la ineficacia que los ciudadanos

perciben de la Administración de Justicia no se deriva de su propia organización ac-

tual, y menos aún, es responsabilidad de los trabajadores que son los que mayor

esfuerzo realizan para mejorarla, por lo que CCOO no va a tolerar que se invierta

un solo euro en nada que no sea imprescindible en estos momentos, porque sería

de un completo cinismo del Gobierno justificar las durísimas medidas de ajuste

hacia los más débiles y al mismo tiempo mantener una importantísima inversión

como es la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial que obliga a incrementar

de forma muy importante el déficit público que el Presidente del Gobierno ha expli-

cado es en estos momentos su prioridad en la acción de gobierno.

No somos CCOO ni los trabajadores los que hemos tomado decisiones tan injustas.

Por todo ello, le reclamamos una decisión sensata y responsable si quiere ser co-

herente con las medidas que su Gobierno ha anunciado, y paralice cualquier actua-

ción en la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial, pues para su reforma se

necesita emplear recursos económicos públicos, tanto para garantizar la calidad del

servicio público como para garantizar también las condiciones laborales de los em-

pleados públicos de la justicia.

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Retr ibuc ións

Porque nos sobran los motivos para la movilización

Huelga en el sector público, huelga en la administración de Justicia

La convocatoria de huelga en el sector público el día 8 de junio de 2010 es el inicio de un

conflicto social ante la propuesta del gobierno de reducir los salarios en el sector público, congelar

las pensiones, empeorar la aplicación de la ley de dependencia, rebajar las políticas sociales y las

inversiones públicas. Y esto es solo el principio, pues se anuncian nuevas medidas que pueden

agravar esta situación.

Los trabajadores y trabajadoras no hemos provocado esta crisis y no podemos ser los

que paguemos los platos rotos. Las propuestas del Gobierno no son una salida para la

crisis.

El origen de la crisis nos ha venido impuesto por un mercado financiero sin reglas, unas políticas

neoliberales basadas en un cada vez menos intervencionismo del estado y una mayor transferencia

de recursos desde lo público a lo privado, así como un modelo productivo basado en la especula-

ción.

Una vez que los estados (esto es, todos los ciudadanos) hemos aportado ingentes recursos en sal-

varlos de sus errores, nos encontramos con unas medidas de ajuste únicamente sobre políticas de

gasto social sin haber adoptado medida alguna sobre los propios mercados financieros, sobre las

grandes fortunas y sobre las empresas. Desde el año 2004 venimos criticando duramente la políti-

ca de “regalos” fiscales que ha mermado los ingresos del estado en unas cuantías muy superiores

al recorte de gastos que ahora se anuncia: decisiones como la desaparición del impuesto de patri-

monio, las continuas rebajas del IRPF, medidas como el “cheque bebé” u otras que se hacen al

margen de la renta de quien la percibe, o la desfiscalización y rebaja de lo que tributan las rentas

del capital, tampoco se han adoptado medidas decididas relativas a la persecución del fraude fiscal

o el afloramiento de la economía sumergida, que también está privando de importantes ingresos al

estado.

Todo lo anterior ahonda el que seamos una pocas personas (las rentas del trabajo) las que sopor-

tamos los ingresos del estado y a las que, además, ahora se nos imponen los recortes. Tampoco

podemos olvidar los años de congelación salarial a la que nos vimos sometidos los empleados

públicos por gobiernos anteriores.

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El Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba medidas de contención salarial suficientes para el escena-

rio de crisis, pero desde su firma no solo se han adoptado otras medidas que cuestionan su aplica-

bilidad, como el recorte en la recién aprobada OEP, la paralización de temas como la jubilación par-

cial, etc, sino que además el recorte salarial va a afectar también a las futuras pensiones, pues in-

ciden directamente en las bases de cotización a la Seguridad Social y, previsiblemente, también en

los haberes reguladores para el cálculo de la pensión en el régimen de clases pasivas. Y utilizar la

vía del “Decretazo” para, por primera vez en este país, rebajar los salarios de un colectivo de tra-

bajadores, supone, además una quiebra al derecho a la negociación colectiva de los empleados

públicos.

En los últimos tiempos, estamos asistiendo a una campaña de descrédito sobre todo lo públi-

co, sobre el personal funcionario como una carga para el resto de la sociedad y una burda jus-

tificación en un empleo estable, desconociendo además que el empleo precario en las Administra-

ciones Públicas alcanza más del 30%. La reducción de salarios no sólo afecta al personal funciona-

rio, sino a todas las empleadas y empleados públicos que prestamos un servicio público a la socie-

dad: policías que cuidan nuestras calles, conductores de autobuses, quienes cuidan de nuestras

personas mayores, quienes apagan incendios, quienes educan a nuestros hijos, las que nos salva la

vida en los hospitales, quienes hacemos posible que la Administración de Justicia, pese a todo, fun-

cione, etc, etc y en muchos de estos casos, los salarios no son muy superiores a los mil euros al

mes.

Estas medidas van más allá de un simple recorte de salarios y mucho nos tememos que le siga un

intenso y rápido “adelgazamiento” del sector público, a través de externalizaciones, privatizacio-

nes, etc., además supone abandonar la defensa de los servicios públicos y el conjunto del sector

público como motor de arranque en la recuperación económica y en el cambio de modelo producti-

vo, supone abandonar al sector público en manos de importantes sectores privados que se repar-

tirán el pastel de los servicios públicos, supone criminalizar a lo público (y a las empleadas y em-

pleados públicos con ello) como responsables, aunque sea indirectamente, de la crisis.

¿Y cómo afectará este recorte a la Administración de Justicia?

Estamos inmersos en un proceso de importante cambio en la Administración de Justicia. La implan-

tación de la NOJ como sistema organizativo modelo para llevar a cabo la modernización de la Ad-

ministración de Justicia pactado por los dos grandes partidos políticos requiere, si se quiere que

funcione, necesariamente una importante inversión pública: en medios personales, en tecnología,

en edificios judiciales, en formación,… pero, pese a mantenerse la OEP-2010 en nuestro sector, pe-

se a garantizarse derechos tan importantes como el mantenimiento de las plantillas (incluso con el

incremento de un número importante de refuerzos) la limitación a la movilidad funcional arbitraria

a través de la adscripción a secciones, el mantenimiento de nuestros derechos retributivos…a

través de los acuerdos sectoriales firmados en los últimos meses, no es menos cierto que estas

nuevas medidas adoptadas por el Gobierno van a incidir en un recorte de la inversión pública tam-

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bién en nuestro ámbito que, unido al recorte de nuestros salarios, a una más que probable futura

congelación del empleo en nuestro sector, al incremento de nuestras funciones y nuestra respon-

sabilidad, a una reordenación de efectivos y en algunos casos de amortización de plantillas como se

propone en algún ámbito territorial, etc, etc. nos han hecho exigir al Ministro de Justicia la PA-

RALIZACIÓN INMEDIATA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NOJ, la convocatoria de una reunión

urgente no para la negociación de procesos de acoplamiento ni de RPTs, sino para exigir la retirada

inmediata de una medidas de ajuste injustas y desproporcionadas que repercutirán inevitablemen-

te sobre una política de recorte de gastos, ya de por sí, timorata en esta llamada “modernización

de la Administración de Justicia”, pues no vamos a consentir que el recorte en el gasto público y en

salarios recaiga sobre ciudadanos y trabajadores.

¡¡TENEMOS RAZONES PARA LA MOVILIZACIÓN!!

¡PAREMOS LA BAJADA DE NUESTROS SALARIOS!

¡PAREMOS EL RECORTE EN EL GASTO PÚBLICO!

¡PAREMOS LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL!

TODAS Y TODOS A LAS CONCENTRACIONES

EL DIA 20 DE MAYO

Y

HUELGA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

EL DIA 8 DE JUNIO

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Concurso de t ras lados

Prazas de Galicia. Corrección de erros

Corrección de erros nas prazas ofrecidas no concurso de traslados

A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos a seguinte comunicación:

Xúntase arquivo coa corrección de erros ao concurso de traslados convocado por resolución

desta dirección xeral do 31-03-2010, que sairá publicada no DOG/BOE do 25 de maio de

2010.

Con esta data envíase para a súa publicación na Intranet xudicial e na páxina web da Xunta

de Galicia.

Descarga do arquivo: Preme aquí

Ámbito do Ministerio. Corrección de erros

Publicado na páxina web do Ministerio

CORRECCION ERRORES CONCURSO 31-3-2010

18 de mayo de 2010

Orden de 17-5-2010 del Ministerio de Justicia, por la que se corrige la Orden JUS/975/2010,

de 31 de marzo (BOE 21-4-2010), por la que se convocaba concurso de traslados para pla-

zas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación

y Auxilio de la Administración de Justicia.

Fecha de publicación en el BOE: 25-5-2010

Documentos asociados

CORRECCION ERRORES CONCURSO 31-3-2010 (PDF. 62 KB) (versión HTML)

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Oposic ións

Período de prácticas e vacacións

Aclaración sobre os períodos de prácticas para os efectos do cómputo de va-

cacións

Por se existisen compañeiros que teñen algunha dúbida sobre esta cuestión, aclarámosvos:

Dende CCOO sempre consideramos que o tempo xerado no período de prácticas das oposicións,

tamén para os funcionarios de novo ingreso, computa para os efectos de vacacións.

Non existe ningunha dúbida ao respecto, e o Ministerio de Xustiza xa aceptou esta interpretación

de CCOO.

Polo tanto, a todos os traballadores, tamén aos de novo ingreso, se lles computan para

as súas vacacións todo o tempo traballado, tamén todo o período das súas prácticas.

Ningunha Administración poderá negar ese período de prácticas como período efectivo de traballo

para o cómputo das súas vacacións.

Tamén, aconsellamos a todos os traballadores que cambien de ámbito territorial cando superen un

proceso selectivo, sexan funcionarios titulares ou interinos (acceso por promoción ou por quenda

libre), veñan cun certificado do ámbito de orixe (da Administración ou polo menos do órgano xudi-

cial) en que conste que non colleron vacacións e/ou días de asuntos propios (ou o período que go-

zasen) para poder reclamar o que lles queda no novo ámbito no que se lles destine cando superen

o proceso selectivo.

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Xestión, quenda libre

Criterios de valoración dos méritos da fase de concurso

Acuerdo del Tribunal Calificador Único del TURNO LIBRE, por el que se hacen públi-

cos los criterios de valoración de los méritos de la fase de concurso.

18 de mayo de 2010

Documentos asociados

Acuerdo de 17 de mayo. (PDF. 52 KB) (versión HTML)

Auxilio. Oferta de prazas. Corrección de erros

Publicado no BOE do 18 de maio

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 4 de mayo de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se modifica la de

15 de abril de 2010, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de

Cataluña que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso

al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por la

Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre.

PDF (BOE-A-2010-7987 - 1 pág. - 158 KB)

Otros formatos

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Revis ta de prensa

Vigo: Los secretarios judiciales alertan de la "total paralización" de gran parte de los asuntos con el nuevo sistema

Denuncian que el nuevo sistema informático multiplica los trámites

Publicado en www.farodevigo.es

Los secretarios judiciales exigen la inmediata corrección de los graves problemas que les

está acarreando la implantación del nuevo sistema informático Minerva NOX. En un escri-

to que trasladarán al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y a los colegios de

abogados y procuradores, los secretarios de los once juzgados de Primera Instancia de

Vigo denuncian "una total paralización de la tramitación de una gran parte de los proce-

dimientos" debido a las "duplicidades y disfunciones" que ha acarreado la reforma judi-

cial.

Los problemas que se están encontrando

los funcionarios son tan graves que se niegan

a incoar procedimiento de ejecución "tal y

como nos viene impuesto" y de forma clara

exigen una reacción a las administraciones.

"En otras comunidades con el mismo sistema

procesal no se están produciendo en modo al-

guno las disfunciones aquí denunciadas" y ad-

vierten además de que no se podrá responsa-

bilizar de las consecuencias a los secretarios

judiciales, al no estar en su mano la solución

de los problemas.

El nuevo programa otorga a las ejecucio-

nes incoadas después del 4 de mayo un

número correlativo que comienza en el 1, lo

que provoca la duplicidad de numeración con

los procedimientos registrados con anteriori-

dad. Debido a esta dificultad, los 11 juzgados

de Primera Instancia de Vigo acumulan alre-

dedor de 300 ejecuciones sin registrar y los

secretarios tildan la situación de "colapso".

Los trabajadores denuncian "la rigidez" del

sistema impuesto, que no permite alterar el

guión de resoluciones establecido ni la modifi-

cación de los modelos incluidos, lo que en-

tienden que atenta contra "la necesaria inde-

pendencia de los órganos judiciales, además

de no poder prever la totalidad de las situa-

ciones que se dan en la práctica" diaria de los

juzgados.

Otro de los errores que advierte el Cuerpo

de Secretarios Judiciales es que el nuevo pro-

grama no contiene modelos de notificación a

procuradores y, por el contrario, sí prevé la

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notificación vía telemática que, precisamente

aún no está operativa en Galicia, lo que les

impide dar por notificado un auto y que em-

piecen a contar los plazos administrativos

descritos en la ley.

"El sistema no se muestra acorde con la

regulación actual. No contempla que los de-

cretos constituyan resoluciones definitivas que

pongan fin al procedimiento, imposibilitando

de este modo su correcta numeración y la lle-

vanza del libro destinado al efecto", reza uno

de los párrafos del contundente escrito redac-

tado por los secretarios judiciales de Vigo, que

resaltan además que los modelos de tramita-

ción no responden a la regulación legal y que

el Minerva NOX "multiplica las gestiones a

realizar para un mismo trámite".

Otro de los puntos de la reforma impulsada

por el Ministerio de Justicia que más critican

los trabajadores es que "no ha existido hasta

la fecha ninguna clase de formación a los dis-

tintos cuerpos de funcionarios", al tiempo que

subrayan que la que se está impartiendo a

posteriori "no se ha mostrado en modo alguno

efectiva".

Los fallos del nuevo sistema informático

provocaron el jueves la movilización de los

funcionarios vigueses, pero los secretarios de

Primera Instancia advierten de que todas las

dificultades que ellos denuncian se están repi-

tiendo "en los demás órdenes jurisdiccionales,

causando disfunciones de análoga entidad".

Más de un centenar de funcionarios hicieron una pitada

el pasado jueves delante de los juzgados de Vigo

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La revolución digital llega a la Justicia

Gipuzkoa estrena el 'embrión' del expediente judicial electrónico que agiliza

los procesos. Los juzgados de Donostia tramitaron ayer las tres primeras de-

mandas telemáticas que se presentan en el Estado

Publicado en www.diariovasco.com

Se acabaron las toneladas de papel en los despachos, las montañas de expedientes enca-

silladas en las estanterías del registro de los juzgados. Adiós al ir y venir de funcionarios

por los pasillos del juzgado, repartiendo expedientes en un carrito... Los trámites de Jus-

ticia entran de lleno en la era digital y Gipuzkoa los estrena. Un juzgado de San Sebas-

tián comenzó ayer a tramitar el primer expediente judicial electrónico que se realiza en

el Estado: una demanda de la Fiscalía de Gipuzkoa para solicitar la declaración de inca-

pacidad de una enferma de Alzheimer.

El expediente judicial telemático supone

una «auténtica revolución» en la administra-

ción de Justicia. Agiliza los trámites y plazos

de forma segura, reduce considerablemente la

cantidad de papel que se utiliza en cada pro-

ceso y favorece la calidad de los datos de cada

expediente al evitar errores en la transcripción

de los escritos originales. Todo ventajas para

los profesionales y funcionarios de los juzga-

dos y para los ciudadanos usuarios de la Justi-

cia, que verán cómo se

acortan los plazos.

Si ahora presentar

una demanda por el

método tradicional de

papel requiere un míni-

mo de tres días hasta

que un juzgado le da

trámite de admisión, con el método telemático

el proceso se reduce a diez minutos.

De momento, se trata de un programa pi-

loto puesto en marcha en los juzgados de lo

Social y lo Civil de San Sebastián, que ayer

fue presentado por el viceconsejero de Justicia

del Gobierno Vasco, José Manuel Fínez. Eso sí,

no hay nada similar en todo el Estado, donde

algunas comunidades autónomas disponen de

un sistema que permite enviar documentos

por correo electrónico,

pero que finalmente es

necesario imprimir para

generar un expediente

de papel.

En la presentación de

ayer se tramitaron las

primeras tres demandas

Demanda telemática. El viceconsejero de Justicia, de pie, y el fiscal jefe de Gipuzkoa, sentado, realizan la

primera demanda digital. :: LUSA

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telemáticas con las que se abrieron los tres

primeros «embriones» de expedientes judicia-

les. Una de ellas la realizó la Fiscalía de Gi-

puzkoa y las otras dos corrieron a cargo de un

abogado y un procurador. El sistema telemáti-

co es sencillo y así quedó patente en la de-

mostración.

El abogado ya no tendrá que salir de su

despacho para interponer la demanda, ni acu-

dir personalmente al procurador. En la oficina

de registro ya no tendrán que sellarla ni

amontonar papeles y no tendrán que esperar

hasta el día siguiente para llevarla en carrito

hasta el juzgado correspondiente, donde se

tramitará.

En su despacho, el abogado dispone ahora

de una firma digital y unas claves con las que

acceder al apartado de profesionales de la

web justizia.net. Allí, el letrado cumplimenta

un formulario en el que adjunta el escrito de

la demanda y los documentos que considere

necesarios.

El expediente llega a la oficina de Registro

y Repartos del palacio de Justicia. No ha sido

necesario el sellado en el mostrador. Allí, un

funcionario se ocupa de cotejar los datos y de

asignarle un juzgado de lo social o lo civil, de-

pendiendo de la demanda. Este funcionario ya

no tendrá que volver a cumplimentar formula-

rios, con el consiguiente riesgo de error

humano, ya que el documento original del

abogado permanece en el expediente. La de-

manda queda registrada y no ocupa espacio

en los casilleros. Tampoco tendrá que llevarla

al día siguiente al juzgado asignado, que reci-

be el aviso de la existencia de la demanda de

forma electrónica. Por último, el juzgado le da

trámite de admisión y le otorga un número de

procedimiento.

Una vez creado el expediente, el abogado o

el procurador puede entrar en la aplicación y

comprobar en qué estado se encuentra la de-

manda, si la otra parte ha incluido algún escri-

to, consultarlo... Permite incorporar más do-

cumentación sin necesidad de estar pendien-

tes de horarios. Eso sí, en todo momento se

garantiza la seguridad y confidencialidad en el

proceso.

LOS DATOS

6

En seis meses, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco espera que cualquier procurador,

fiscal o abogado pueda presentar una demanda de forma telemática en los juzgados de los social

y lo civil de San Sebastián. Posteriormente se extenderá a todo Gipuzkoa, y luego a Vizcaya y

Álava. De momento es un programa piloto.

13.000

Cada año, la oficina de Registro y Reparto del palacio de Justicia de San Sebastián tramita 13.000

demandas en el ámbito de lo civil y 4.000 en lo social. Al día se reciben más de 400 escritos.

15

De momento participan 15 abogados de Gipuzkoa en el programa piloto, además de la fiscalía y

procuradores de Donosti

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Opin ión

Si las barbas salariales de los funcionarios ves cor-tar, los políticos deben poner las suyas a remojar

Un artículo de José Ramón Chaves García

Publicado en www.contencioso.es

La medida de recorte de las retribuciones de los em-

pleados públicos para contener el gasto público y

afrontar la crisis económica era una medida previsi-

ble, y quizás uno de los pocos remedios de emergen-

cia para frenar la caída libre de la deuda pública.

Ahora bien, para Sevach lo deseable sería adoptar

medidas que graviten sobre las espaldas de los res-

ponsables y no sobre las víctimas. Veamos un simple

ejemplo que nos ayudará a entender el diagnóstico y

la receta.

1. Imaginemos un buque que debe efec-

tuar una larga travesía. El pasaje confía en el

Capitán y los Oficiales. Cada vez que se detie-

nen en una isla, suben a bordo mas oficiales

invitados por el Capitán, y todos se dan una

vida regalada mientras la tripulación y el pa-

saje se alimentan frugalmente. Tras atravesar

el cabo de las Tormentas, por la impericia de

los mandos, se echan a perder buena parte de

las provisiones y el barco queda desarbolado,

y ante la escasez de víveres, el Capitán y los

Oficiales optan por recortar la ración diaria de

rancho a los tripulantes, medida que será se-

guida por el recorte de las raciones de los pa-

sajeros; mientras protestan los tripulantes y

los pasajeros, los mandos siguen deleitándose

con las mejores raciones y sin sacrificarse, ni

apeando a los invitados en las islas. El males-

tar presagia amotinamientos.

2. Pues bien, esa historieta viene al caso

para explicar que, a juicio de Sevach, los ciu-

dadanos depositan la confianza en los políticos

para manejar los asuntos públicos, en condi-

ciones buenas y malas, y si otros Estados que

tenían peor posición de partida se encuentran

ahora en mejores condiciones de llegada,

quiere decir que hay una responsabilidad de

las autoridades públicas por lo menos culposa,

esto es, por negligencia en la puesta en

práctica de sus decisiones políticas. En otras

palabras, si el país va mal, la culpa es de toda

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la clase política. Aquí no vale identificar a

un partido u otro que gobierna, sino en

bloque hay que culpar a toda la clase

política que gobernando antes o después,

en el Estado, la Comunidad Autónoma o

en un ente local, han tolerado un sistema

de “vacas sagradas” y relajo que benefi-

ciando a los políticos profesionales, ha

soslayado las prioridades del buen go-

bierno. Es innegable que la crisis económica

procede de causas exógenas, y que la “tor-

menta perfecta” de la debacle económica

hubiera arrollado a cualquier gobierno, pero

algo falla en el sistema de gobierno propiciado

por la clase política, que ha desembocado en

una reacción tardía frente al problema.

Diríase que los gobernantes en su conjunto

han incurrido en ese vicio moderno tan chic de

la “procrastinación” ( o sea, posponer lo inevi-

table ocupándose en otros menesteres, como

ha sucedido con la adopción del recorte de

gasto en las nóminas públicas). Pese a los

precedentes de descuento salarial público de

Irlanda, Grecia, Letonia y California, el Go-

bierno huyó siempre de anunciar el temido re-

corte salarial funcionarial, y la oposición se

cuidó mucho de exigirlo. Los políticos no lo

vieron o no quisieron verlo hasta que el agua

no llegó al cuello. Hasta Sevach en Octubre de

2008 anunció los veinte temores de los fun-

cionarios ante la crisis económica que lamen-

tablemente parecen irse ahora cristalizando.

Y por eso, el culpable de esta calamitosa

situación es la clase política en su conjunto (

en coherencia con el Estado compuesto que

vivimos, con el poder repartido celosamente

en poderes autónomos- regionales, locales e

institucionales), y ahí es donde hay que apli-

car las medidas de sacrificio. El pirómano tie-

ne el deber moral de ser el bombero. Poca le-

gitimidad tienen los pirómanos para ordenar al

quemado que apague con sus propias manos

el fuego que les consume. Quede claro que

no puede culparse al modelo democráti-

co, ni considerarse innecesarios los polí-

ticos, pues es indudable que la sociedad

es compleja y las circunstancias cam-

biantes, pero sí hay derecho a quejarse

de cierta molicie que en el caso español

se ha ido enquistando en la clase política,

profesionalizándose y dando lugar a aquello

que García-Pelayo denominaba “ Estado de los

Partidos“. En suma, la crisis económica es

buen momento para la regeneración de la cla-

se política, o mas bien, de las condiciones en

que se desarrolla.

3. Así, no parece que la medida de recorte

de salarios de los empleados públicos sea una

medida adecuada en términos de equidad.

Presenta la ventaja de la inmediatez ( la Ad-

ministración la adopta para sus empleados sin

tener que negociar con otros sectores empre-

sariales o corporativos), de su aplicación ful-

minante ( a golpe de Decreto-Ley y dispo-

niendo que el pagador de la nómina aplique

el descuento), y de beneficios recaudatorios

inmediatos.

Sin embargo, el recorte de salarios de

empleados públicos presenta un grave

inconveniente en términos de equidad, ya

que aludir a un 5% de promedio de descuen-

to ( aunque se maquille en su desarrollo con-

creto vinculándolo en mayor porcentaje al

mayor rango funcionarial) supondrá aplicar un

sistema proporcional de contribución a la crisis

que no se ajusta ni al principio de progresivi-

dad ( que mas se sacrifique quien mas tenga)

ni a las circunstancias personales de cada fun-

cionario. Así por ejemplo, un auxiliar sin hijos

puede contar con un rentable negocio por las

tardes, y en cambio un Técnico tener varios

hijos y con incompatibilidades que le impiden

ingresos suplementarios, de manera que el

impacto del descuento provocará mayores es-

tragos e injusticia en el funcionario superior

que en el funcionario modesto. Ello sin olvidar

lo difícil que resulta entender que si la Crisis

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afecta a todos, un auxiliar del Corte Ingles o

de HUNOSA vea intacto su salario y un auxi-

liar de un pequeño Ayuntamiento tenga que

apechugar con un recorte.

Para el ciudadano de a pie, empleados

públicos y Administración a la que sirven son

la misma cosa, una especie de centauro indi-

visible. Sin embargo, jurídicamente, una cosa

es ser “la Administración” y otra ser un “tra-

bajador de la Administración”, por lo que el

disparatado discurso puede conducir a que

igual que la Administración rebaja el sueldo

de unos sujetos que mantienen una relación

de servicios, podría recortar el precio com-

prometido con los contratistas de la Adminis-

tración.

Por eso, a juicio de Sevach, a riesgo de la

impopularidad de la medida, lo más justo

sería incrementar las tarifas del Impues-

to sobre la Renta, ya que al fin y al cabo,

este sistema toma en cuenta las circuns-

tancias personales y familiares, las re-

ducciones y deducciones. Lo que ya pasaría

de castaño oscuro sería que los funcionarios

pagasen dos veces la crisis, o tres: primero,

cuando estos dos últimos años se congeló su

actualización retributiva conforme al IPC; se-

gundo, con el descuento porcentual que el

jueves próximo concretará el Decreto Ley que

aprobará el Consejo de Ministros; y tercero,

con la inevitable reforma fiscal al alza del Im-

puesto sobre la Renta o el IVA (mas aún) que

no discriminará entre funcionarios y ciudada-

nos.

4. incluso cabría considerar más justa una

medida más arriesgada: si hay diferencias re-

tributivas entre Comunidades Autónomas y

entre entes locales de una misma Comunidad

Autónoma, iguálense determinados com-

plementos a la baja entre las Administra-

ciones Públicas, con lo que las retribuciones

seguirán siendo dignas pero se habrán podado

por donde “mas abultan” y además se garan-

tiza mayormente el principio de igualdad de-

ntro del Estado. O incluso suprímanse pues-

tos de funcionarios o laborales innecesa-

rios fijando “plantillas-tipo” para evitar

que Administraciones iguales en competencias

y presupuesto, cuenten con ejércitos distintos

en número.

5. ¿ Y si no se recortan los sueldos de los

empleados públicos, ¿donde debería recortar-

se el gasto? En esta línea, hace unos días ve-

íamos como ante la fuga de petróleo en el

Golfo de México, la empresa BP, que por ac-

ción u omisión, es responsable de asegurar la

seguridad, afirmó que “pagaría la factura” y

“asumiría la responsabilidad”. Por ello, bajo

idéntico “ataque de responsabilidad”, Sevach

cree que los políticos deben pagar la factura

de la crisis económica. ¿ Cómo?.

Lisa y llanamente acudiendo a un Decreto-

Ley o medida de eficacia equivalente, al am-

paro de las competencias básicas del Estado

en materia económica, y con proyección sobre

todas y cada una de las Administraciones

Públicas, ya que ante la crisis no valen zaran-

dajas de rasgarse las vestiduras sobre la au-

tonomía política autonómica o la autonomía

local, y adoptar las siguientes medidas:

A) Que queden sin efecto en su inte-

gridad las pagas extraordinarias de la

clase política en toda su extensión (dipu-

tados, ministros, Directores Generales, Conse-

jeros, Concejales, eventuales de todo pelaje,

altos cargos de órganos constitucionales, di-

rectivos de empresas públicas, mirlos munici-

pales, etc). No se la han ganado. Y además el

recorte salarial debe ser en sus nominas del

veinte por ciento. Subsistirán, tranquilos.

B) Supresión del prebendalismo políti-

co con austeridad real en todo ese colectivo

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( telefonía móvil, coches oficiales, viajes

“turísticos”, mobiliario chic de despachos, die-

tas sin ponerse a dieta, etc).

C) Dado que si no podemos, por las reglas

del juego democrático, desplazar a los cargos

políticos electos de sus puestos, sí al menos,

se puede y debe, amortizar buena parte de

los puestos de personal “eventual”, ase-

sores y consejeros, cuyos “consejos” no

parecen haber sido muy acertados a la

hora de ilustrar o asesorar a los altos

cargos para aquilatar el alcance real de la

crisis y la necesidad de acometer medi-

das rápidas y eficaces.

D) Por último, para evitar que tales ceses

comporten una duplicación de gasto, debería

suspenderse indefinidamente la aplica-

ción del llamado “complemento de alto

cargo”, esa bufanda generosa que permite a

quienes desde la Constitución han ocupado un

cargo de Director General o asimilado, disfru-

tar de un astronómico complemento que per-

mite, por ejemplo, que un fontanero municipal

nombrado Director General autonómico du-

rante dos años, cobre toda su vida retribucio-

nes propias del denominado ilustrativamente

“nivel 33”. Casi nada.

Con esas cuatro medidas, en vez de

tener cabreados a dos millones de em-

pleados públicos y ocho millones de pen-

sionistas, se tendrían cabreados tan solo

a 80.000 políticos, y con el mismo efecto

de saneamiento de las arcas públicas.

6. Se dirá que soy un ingenuo al proponer

tales medidas, y es cierto, porque esas medi-

das que son necesarias y que seguramente la

inmensa mayoría de los españoles apoyaría,

curiosamente ningún partido político las

impulsará (ni gobernante, ni de oposi-

ción). Al fin y al cabo, está en juego “la lente-

ja” del político ( ¿ o más bien, los langosti-

nos?). Por eso, el mejor desahogo es un ca-

breo bien administrado.

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Pocos empleados públicos para un Estado del bien-estar

Dos millones y medio de personas trabajan en España en el sector público,

una cifra muy baja en comparación con los países nórdicos. Los expertos

desmontan el mito del funcionario vago

Publicado en www.publico.es

En junio de 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó congelar el sueldo

de los altos cargos del Ejecutivo. Una medida enmarcada en el política de austeridad

cuando aún no se llamaba a la crisis económica por su nombre. Dos años después, el re-

corte llegará a los empleados públicos. A partir de junio, la mayoría de los trabajadores

de la Administración verán recortado en un 5% de media su sueldo, que en 2011 que-

dará congelado, según anunció Zapatero en el Congreso.

Esta medida para paliar la crisis y recortar

el déficit de España ha encendido los ánimos

de este colectivo, formado por 2,6 millones de

personas, según el Registro Central de Perso-

nal, o por tres millones con los datos de la En-

cuesta de Población Activa.

Los funcionarios despiertan recelo social

por el carácter estable de sus puestos de tra-

bajo y por la percepción que se tiene de su la-

bor. Muchos ciudadanos los asocian a hom-

bres y mujeres detrás de una ventanilla sin

más oficio que repetir "vuelva usted ma-

ñana", como describió Mariano José de Larra

en uno de sus artículos más populares. Sin

embargo, estos trabajadores se encargan de

atender los servicios públicos. Casi un 60%

trabaja en Educación, Sanidad, Justicia, De-

fensa y Seguridad, repartidos entre la Admi-

nistración pública estatal, autonómica y local,

informa Pedro González.

Los empleados públicos representaban el

9,5% de la población española potencialmente

activa en 2009, según recoge el estudio de

Vinceç Navarro El empleo público en España

no es excesivo, a partir de los datos de la Or-

ganización Internacional del Trabajo. Una cifra

muy alejada de la de otros países más avan-

zados y referentes en el modelo escandinavo

del bienestar, como Dinamarca, con un

25,7%, o Suecia, con un 21,1%.

Un sector subdimensionado

A la vista de esta disparidad, la catedrática

emérita de Economía Aplicada de la Universi-

dad de Barcelona Miren Etxezarreta no duda

en afirmar que "el sector público está subdi-

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mensionado tanto en el tipo de personal como

en gasto, que es inferior a la media. Además,

hay muchas necesidades de la sociedad que

se tendrían que cubrir". Según los datos del

Observatorio Social de España, por cada 100

habitantes, hay 6,5 empleados públicos.

Una cifra muy alejada de los 17 de Dinamarca

o de los 14 de Suecia. Para el catedrático de

Ciencia Política Manuel Villoria, decir si la pro-

porción es la adecuada "depende de los servi-

cios públicos y del Estado de Bienestar que

queramos tener. Si queremos un sistema co-

mo el nórdico, la población que trabaja en lo

público debería aumentar hasta el 21%. Si

preferimos uno más próximo al modelo ja-

ponés o el de Estados Unidos, ya estaríamos

sobredimensionados".

En este sentido, la coordinadora del Obser-

vatorio Social, Marta Tur, defiende la necesi-

tad de impulsar el empleo público para conso-

lidar el Estado de bienestar. "España tiene el

mayor déficit en la protección social a la in-

fancia y a la dependencia. Hacen falta hospi-

tales, escuelas, guarderías... Queremos que la

mujer se incorpore al mercado de trabajo, pe-

ro luego no se ponen a su disposición los

servicios necesarios para que lo haga",

explica. Aunque lo social es lo que la gente vi-

sualiza, Tur también destaca las carencias en

otros campos como el de la justicia. En esta

área trabajaban 62.368 empleados en julio de

2009, entre el personal funcionario y laboral,

los miembros de la carrera judicial y fiscal. Es-

tos trabajadores representan un 2,3% del to-

tal.

Infravalorado e infradotado

El déficit en número de funcionarios, en ci-

fras globales, es evidente para los expertos

consultados por Público. Otra cuestión es la

distribución entre administraciones y áreas.

Villoria distingue entre aquellas que están

"infradotadas y las sobredotadas" de

personal. En el primer grupo estarían la sani-

taria y la educativa. Esta última es fundamen-

tal "si se quiere mejorar los índices de calidad

de la educación", que es una inversión de fu-

turo. El 24,4% de los empleados públicos se

dedicaban a labores educativas en julio de

2009. Y en el segundo grupo, las áreas super-

dotadas, estarían los funcionarios que des-

arrollan tareas burocráticas. En este apartado,

critica "las estructuras clientelares de la admi-

nistración local y autonómica que ha generado

miles de eventuales y empleados de baja cua-

lificación que están por razones partidistas".

Consciente del mito que envuelve a los

funcionarios, el catedrático de Ciencia Política

de la Universidad de Alicante José Manuel Ca-

nales subraya la necesidad de "dignificar la

función pública" porque, según explica, existe

una percepción social muy extendida de que

son burócratas que no cumplen con sus tare-

as. Este es uno de los hándicap de los em-

pleados públicos, que según Canales genera

desmotivación. A este añade la remuneración:

"No se puede generalizar, pero la gente

gana más en las empresas privadas". Co-

mo ejemplo, pone el sueldo de un catedrático,

que ronda los 3.000 euros netos, y el de un

profesor joven, que puede estar en 1.000 eu-

ros o menos. Con estos salarios, el catedrático

cree que el recorte anunciado por el Gobierno

"añadirá un grado más de desmotivación".

Para Etxezarreta, otro de los factores que

explica el desánimo de los funcionarios es la

temporalidad porque empleo público no siem-

pre es sinónimo de fijo. "La tasa de temporali-

dad ha ido incrementándose. En 1996 era del

16% y en 2005, del 24,9%. Los incentivos

son muy bajos", sostiene la catedrática.

El régimen general del empleo público en

España es funcionarial, sin embargo también

está integrado por personal contratado que ha

ido teniendo un "papel creciente", según ex-

pone el propio Estatuto básico del empleado

público, aprobado en abril de 2007. De acuer-

do con el último boletín estadístico del perso-

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nal al servicio de las Administraciones Públi-

cas, 1,5 millones de trabajadores públicos

eran funcionarios .

¿Trabajo para siempre?

En estos momentos, con 4,6 millones de

desempleados y los trabajadores apretándose

el cinturón, algunos sectores ven razonable el

recorte salarial a los funcionarios, atendiendo

a la estabilidad de la que gozan y a que han

sido los últimos en padecer los efectos de la

crisis. Los hay incluso que se plantean la

idoneidad de que no sean trabajadores fi-

jos.

Canales es tajante al respecto: "Esto no se

puede tocar sin volver a la España del siglo

XIX. Es una conquista histórica. El funcionario

es inamovible para que sea neutral". Además,

recuerda, "hay que prepararse y aprobar unas

oposiciones". Canales defiende la profesionali-

zación de la Administración General y asegura

que "nadie ha entrado por la puerta de

atrás", aunque tiene dudas sobre lo que ocu-

rre a nivel autonómico y local.

Villoria también defiende la estabilidad de

los funcionarios, aunque admite que tiene una

cara negativa. "Cuando el trabajador no rinde

o hace mal su trabajo, se queda ahí". Para

evitarlo, explica, "se introdujo en el Estatuto

del Empleado Público la evaluación de su la-

bor, aunque no se ha desarrollado". El objeti-

vo, según dice el estatuto, es motivarlos. De

momento, el recorte salarial anunciado

por el Gobierno ha provocado el efecto

contrario. Los sindicatos han convocado una

huelga en la Administración para el 2 de junio.

Otros ya han avisado de que si ganan menos,

trabajarán menos. Y, mientras, los servicios

públicos bajo mínimos.

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Mutua l idades

Eleccións na Mutualidade

Candidaturas de CCOO de Xustiza

Candidatos en Galicia

Polo Grupo I, Nicolás Santos Álvarez (xestor titular da Secretaría de Goberno do Tribunal Supe-

rior de Xustiza de Galicia).

Polo Grupo II, Juan Manuel Amado Rodríguez (funcionario do corpo de Auxilio Xudicial do Servi-

zo Común de Notificacións e Embargos da Coruña).

Recordamos que os compromisarios e as compromisarias do Grupo I representan ás carreiras e

corpos de Xuíces, Fiscais, Secretarios Xudiciais, Forenses, Facultativos do INT e Xestores

Procesuais e Administrativos; e que os compromisarios e as compromisarias do Grupo II

representan aos Corpos de Tramitación Procesual e Administrativa, Auxilio Xudicial, Técnicos

Especialistas do INT e Axudantes de Laboratorio. Non obstante, nas eleccións todos os mutualistas

votan tanto para o Grupo I coma para o Grupo II, calquera que sexa o seu corpo de funcionario,

polo que todos os mutualistas dos territorios en que se celebran eleccións estamos chamados ás

urnas.

Para informarte sobre a forma de exercer o voto polos destinados fóra da localidade da

Coruña, podes poñerte en contacto, por teléfono ou por correo electrónico, cos nosos

delegados.

Programa electoral

Podes descargalo desde aquí

Ir ao Sumario

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Tabole i ro de avisos

Espazo aberto

Unha aposta por la información e pola participación

Número 1. 11 de maio de 2010

Descarga: - Preme aquí

Ir ao Sumario

Mutualidade

Eleccións

Votación

27 de maio, das 9:00

as 18:00 horas, no Tri-

bunal Superior de Xusti-

za de Galicia, A Coruña

Vacacións de verán

Pode consultarse a normativa e a solicitude

na intranet, apartado funcionarios

Escalas (ano 2003)

Axentes (Auxilio), preme aquí

Auxiliares (Tramitación), preme aquí

Oficiais (Xestión), preme aquí

Escala pechada a 09-03-2003

O Ministerio ten outra escala, pechada a 11-04-

2009 e contabilizada por días, pero non é publica

24 Novas da Xustiza

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Delegados – Subscr ic ións

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CCOO exige al Gobierno que retire su duro plan de ajuste para reducir el déficit

La Comisión Ejecutiva de CCOO ha aprobado una resolución en la que considera que el Gobierno está llevando al país a una situación de desastre con su plan de ajuste,

y está traspasando todos los límites posibles, en una dinámica que conduce a la con-frontación. Por ello, exige al Ejecutivo que retire las medidas anunciadas para reducir el déficit, y negocie y acuerde, en el ámbito político y social, un paquete equilibrado de medidas acordes a las necesidades de la sociedad. CCOO advierte que de mantenerse y profundizarse en medidas equivocadas e injustas, las movilizaciones anunciadas se llevarán a cabo en previsión de la convocatoria de una huelga general.

Confederación Sindical de CCOO Edición especial nº 19 Mayo 2010

El Gobierno debe negociar y acordar en el ámbito social y político un paquete equilibrado de medidas acordes a las necesidades de la sociedad

n CCOO prepara una amplia y sostenida movilización en la calle y en las empresas, en previsión de una posible huelga general

n CCOO muestra su apoyo a la huelga de los empleados públicos

y a las acciones contra la congelación de las pensiones

n CCOO reitera la gravedad de unas medidas que frenan la recuperación económica y quiebran la legitimidad del diálogo social

n Los empleados públcos irán a la huelga

el próximo 8 de junio

Confederación Sindical de CCOO • Gaceta Sindical • Edición Especial Mayo 2010

La Comisión Ejecutiva de CCOO reitera la denuncia del plan de ajuste presentado por el Presidente del Gobierno por su inviabili-dad, por ceder a la presión de los merca-dos financieros y por asestar un duro golpe a pensionistas, empleados públicos, per-sonas dependientes y parados. Es un plan antieconómico que reduce drásticamente la inversión pública, lo que contribuirá a prolongar los indicadores de la recesión, y en consecuencia, a desplazar la creación de empleo como objetivo central de la actividad económica. Para CCOO es intolerable este giro radical del Eje-cutivo, abandonando sus compromisos de política social y haciendo suya la estrategia de los merca-dos de reducir el gasto social del que dependen los colectivos antes mencionados.CCOO cree, además, que el plan de ajuste vulnera aspectos fundamentales del diálogo

social y de la actividad parlamentaria, al anular acuerdos y decisiones de gran trascendencia. Por un lado, se dilapidan 15 años de consenso parlamentario para garantizar el siste-ma público de pensiones a través del Pacto de Toledo; y por otro, se pone en cuestión la viabilidad del diálogo social cuyos acuerdos –algunos de reciente firma como el de empleados públicos– pasan a convertirse en papel mojado. La calidad de los servicios públicos exige de la sociedad y es-pecialmente de sus responsables políticos el reconocimiento y valoración que les corresponde, por la labor esencial que realizan en áreas tan esenciales como la sanidad, la educa-ción, la seguridad ciudadana, la atención a la dependencia,... Alterar unilateralmente los acuerdos suscritos y reducir sus salarios es el peor mensaje que se pueda enviar. Al mismo tiempo, actuar así en la función pública puede influir nega-tivamente en la negociación colectiva privada, todavía en ciernes, cuando ésta estaba pacificada a través del reciente acuerdo suscrito para los años 2010-2012.

Hay otras formas de abordar la salida de la crisis Hace un año, CCOO propuso un Pacto de Estado por la econo-mía y el empleo y la cohesión social que, entre otras propues-

tas, exigía la reforma del sistema financiero, una fiscalidad progresiva que recupere algunas figuras tribu-

tarias (patrimonio, sucesiones) y una decidida lucha contra el fraude fical y la economía sumergida;

al mismo tiempo que una política industrial, energética y educativa

que dotase a nuestro país de posi-bilidades de salir de la crisis garanti-

zando un cambio en el patrón de cre-cimiento sobre una amplia cohesión

social. En definitiva, CCOO apuesta por un esfuerzo compartido, teniendo

presente que las trabajadoras y traba-jadores ya lo están haciendo en forma de

destrucción de empleo y de acuerdos de moderación salarial (como los que ahora

se contravienen de empleados públicos o el de negociación colectiva para el período

2010-2012). Un esfuerzo compartido requie-re, así, el necesario equilibrio entre las políticas de ingresos y gastos para garantizar la capacidad de intervención del Estado. Por eso, CCOO exige al Gobierno que retire el plan de ajuste y negocie y acuerde, en el ámbito político y social, un paquete equilibrado de medidas más acordes a las nece-sidades del país.

No lo permitiremos

La Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical de CCOO coincide en la necesidad de convocar una amplia y sostenida movilización en la calle y las empresas, además de respaldar la huelga de los empleados públicos convocada para el 8 de junio.En opinión de CCOO, el Gobierno lleva al país a una situación de desastre y está traspasando todos los límites posibles, en una dinámica que conduce a la confrontación. De mantener-se y profundizarse medidas equivocadas e injustas como las propuestas, las movilizaciones anunciadas se llevarán a cabo en previsión de la convocatoria de una huelga general que habría de ser el resultado de un trabajo unitario del movi-miento sindical. En todo caso, CCOO sigue apostando por un rápido desenlace de las negociaciones tripartitas en las que se aborda la reforma laboral, y en consecuencia, emplazamos al Gobierno y a la CEOE a reconducir esta situación y alcanzar un acuerdo de todos en el plazo más breve posible.

n El Gobierno está llevando al país a una situación de desastre con su plan de ajuste y está traspasando todos los límites posibles, en una dinámica que conducea la confrontación

n El plan del Gobierno reduce drásticamente la inversión pública, lo que contribuirá a prolongar la recesión y a destruir empleo