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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA Área de Ciencias y Humanidades Carrera de Derecho EL REFERIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN (TRIBUNAL LABORAL, TRIBUNAL DE TIERRA Y JUZGADOS DE PAZ) EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PLATA Monografía para optar por el título de Licenciadas en Derecho PRESENTADA POR: MARCIA LICELOTTE CIRIACO PERALTA ROSAURA GÓMEZ ASESORES: ARELYS ROMÁN, MA DR. MAXIMO SANTANA San Felipe de Puerto Plata República Dominicana Agosto, 2010
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO
UTESA Área de Ciencias y Humanidades
Carrera de Derecho
EL REFERIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN
(TRIBUNAL LABORAL, TRIBUNAL DE TIERRA Y JUZGADOS
DE PAZ) EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PLATA
Monografía para optar por el título
de Licenciadas en Derecho
PRESENTADA POR:
MARCIA LICELOTTE CIRIACO PERALTA
ROSAURA GÓMEZ
ASESORES:
ARELYS ROMÁN, MA
DR. MAXIMO SANTANA
San Felipe de Puerto Plata
República Dominicana
Agosto, 2010
INDICE GENERAL
RESUMEN
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. GENERALIDADES SOBRE EL
REFERIMIENTO
1.1 Concepto del referimiento
1.2 Diferentes tipos de referimiento
1.3 Características comunes a todos los referimientos
1.4 El papel del Juez en los referimientos
CAPÍTULO II. EL REFERIMIENTO EN LA JURISDICCIÓN
INMOBILIARIA
2.1 Origen
2.2 Fundamento Jurídico
2.3 El referimiento en el curso de Instancia
2.4 Tipos de referimientos en la Jurisdicción Inmobiliaria
2.5 Competencia para conocer el referimiento Inmobiliario
2.5.1 En materia de referimiento
2.5.2 En materia de suspensión de ejecución de ordenanzas
dadas en referimiento
2.6 Procedimiento en Materia de referimiento Inmobiliario
2.7 La Ordenanza en referimiento
CAPÍTULO III. EL REFERIMIENTO EN EL TRIBUNAL
LABORAL Y EN EL JUZGADO DE PAZ
3.1 El referimiento en Materia Laboral
3.2 Poderes del Juez de los referimientos en Materia laboral
3.3 Indemnizaciones
3.4 Procedimiento
3.5 Recurso ante el referimiento Laboral
3.6 El referimiento en el Derecho Común
3.6.1 Aplicación
3.6.2 Procedimiento
3.6.3Ordenanza
3.6.4 Competencia
3.6.5 Los poderes del Presidente de la Corte de Apelación
CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
4.1 Matriz de las Variables e Indicadores del Estudio
4.2 Instrumento aplicado los Jueces del Tribunal de Jurisdicción
Original de Tierra, Corte de Apelación y Juzgado de Paz en el
Distrito Judicial de Puerto Plata
HALLAZGOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
APÉNDICE
BIBLIOGRAFÍA
RESUMEN
Conforme al Vocabulario Jurídico de Henri Capitant, el referimiento
es un “trámite rápido y sencillo tendiente a obtener del presidente del
tribunal civil o de comercio una ordenanza que resuelva provisionalmente
una incidencia, sin decidir sobre el fondo del asunto, y en caso urgente o de
dificultad en la ejecución forzada de un título ejecutivo”.
No obstante el referimiento estar contemplado en la Ley 834 del
Código de Procedimiento Civil, el mismo solamente estaba dirigido a las
demandas en referimiento ante los tribunales ordinales, lo cual impedía que
se aplicara en los Tribunales de Excepción. Sin embargo, en los últimos
años y con las reformas judiciales en el área laboral y de tierra, la figura del
referimiento se ha institucionalizado, lo que ha traído como consecuencia
que tanto los abogados, juristas y jueces revisen sus concepciones sobre el
mismo y adquieran la conciencia de la importancia que reviste y no vean el
referimiento como un asunto secundario, sin importancia, salvo cuando
tienen que recurrir a él.
Esto ocasiona que los abogados no tengan conocimiento de los
medios utilizados para introducir este tipo de demanda, ni cuáles son los
requerimientos especiales para su admisibilidad, ni qué existen otros tipos
de demanda en referimiento que no necesariamente tienen que basarse en la
urgencia.
La importancia de esta investigación se basa en que el proceso de la
demanda en referimiento en los Tribunales de Excepción es relativamente
nuevo y debe ser conocido y manejado por los actores involucrados en un
proceso judicial desde el Juez del Tribunal, los abogados y hasta los
mismos clientes para que ponderen esta arma poderosísima que tienen los
abogados, sobre todo, para defender los derechos de sus representados,
garantizándoles situaciones jurídicas que podrían desaparecer sin una
acción rápida en referimiento, o evitarles daños y perjuicios que con la
dilación en la solución del asunto principal del caso se podrían hacer
irreversibles
Los Tribunales de Excepción son tribunales que no conocen casos
que corresponden al derecho común. Dentro de éstos están el Tribunal de
Jurisdicción Original de Tierras, el Tribunal Laboral y el Juzgado de Paz.
El objetivo general de esta investigación es evaluar la demanda en
referimiento ante los Tribunales de Excepción (Tribunal Laboral, Tribunal
de Tierra y Juzgado de Paz) en el Distrito Judicial de Puerto Plata.
El tipo de estudio llevado a cabo es descriptivo porque se analizaron
los procedimientos de las demandas en referimiento ante el Tribunal
Laboral, Tribunal de Tierras y el Juzgado de Paz; así como sus condiciones
esenciales para introducir este tipo de demanda, las ordenanzas y los
recursos que se pueden invocar contra una decisión determinada.
Esta investigación además es bibliográfica porque se sustentó en
leyes, reglamentos, decretos, resoluciones; así como libros, monográficos y
tesis relacionadas con la demanda en referimiento; por otro lado, es de
campo en donde la población está compuesta por los tres (3) jueces del
Tribunal de Jurisdicción Original de Tierra, Presidente de la Corte de
Apelación y el Juzgado de Paz en el Distrito Judicial de Puerto Plata, a
quienes se les suministró un cuestionario con 11 preguntas.
Respecto al período en que ocurrieron los hechos, este estudio es
retrospectivo porque los datos obtenidos corresponden al pasado; y
transversal porque se delimitó la investigación al período que comprende el
último semestre del año 2009.
Dentro de los hallazgos relevantes de esta investigación se encuentra
que en los Tribunales de Excepción se conocieron 36 casos de demanda en
referimiento, siendo la Corte de Apelación en sus atribuciones laborales la
que más conoció, con 24 casos, seguida por el Tribunal de Jurisdicción
Original de Tierras con 10 casos; y el Juzgado de Paz con 2 casos.
También el estudio reveló que el 100% de los jueces entrevistados los
cuales corresponden a los Tribunales de Excepción manifestaron que
siempre en la demanda en referimiento se garantizan los derechos de los
participantes tanto constitucionales, es decir los que están estipulados en la
Constitución Dominicana, como los derechos individuales, inherentes al
individuo, siendo la garantía principal, según el 66.67% de los Jueces,
conocer la demanda en un plazo corto.
De igual forma, otro hallazgo importante es que el 100% de los
jueces expresa que aunque el Tribunal Competente no conozca de la
demanda principal puede tomar una decisión en caso de una demanda en
referimiento.
El estudio concluye, tomando en consideración que solamente se
conocieron 36 casos entre los tres Tribunales de Excepción en el Distrito
Judicial de Puerto Plata, que los casos de demanda en referimiento en estos
tribunales no son frecuentes. Esta poca cantidad de demandas de este tipo
puede ser motivado por el poco conocimiento de los abogados y
representados o por una falta de voluntad por parte de los jueces de los
Tribunales de Excepción que no le dan la importancia que la demanda en
referimiento tiene.
Por último se concluye que en la demanda en referimiento en los
tribunales de excepción están establecidos los procedimientos para su
admisibilidad y los medios para llevarla a cabo, siendo un elemento común
la presentación de la solicitud motivada; la audiencia oral; y los plazos
cortos en que el juez debe emitir la ordenanza con las medidas cautelares.
INTRODUCCION
La demanda en referimiento tanto en la Jurisdicción Inmobiliaria y
en materia laboral, es una figura jurídica relativamente nueva que se
contempla tanto en la Ley de Registro Inmobiliario 108-05 como en el
Código de Trabajo, lo que trae como inconveniente que su aplicación sea
distinta a la que se lleva a cabo en el Derecho Común, provocando
desconocimiento por parte de los abogados y de las partes involucradas.
Esta falta de conocimiento hace surgir el problema de que no se trate la
demanda en referimiento con la importancia que se merece en los procesos
judiciales para evitar un daño inminente.
Esta investigación tiene una relevancia teórica, práctica, social y
metodológica. Teórica, porque el tema es tratado desde una vertiente
diferente, es decir, que se conoció de la demanda en referimiento, no en los
tribunales comunes, sino en los Tribunales de Excepción, como es el caso
del Laboral, de Tierras y los Juzgados de Paz, los cuales tienen un
procedimiento diferente, sirviendo como consulta bibliográfica para futuras
investigaciones; práctica porque se plantearon y se analizaron las razones
valederas por las cuales se introduce este tipo de demanda en referimiento y
las consideraciones esenciales que se deben tener; social porque este es un
proceso que afecta a los representados de los abogados, quienes, en su
mayoría desconocen las utilidades de la demanda en referimiento.
Luciano (2005) señala que el referimiento puede definirse como un
procedimiento especial, rápido y sencillo, a fin de obtener una medida
provisional en caso de urgencia. Por otro lado, en un estudio sobre las Vías
de Recursos, realizado por Valdez (1999) determinó que el referimiento se
trata de un procedimiento que tiende a obtener rápidamente del Tribunal
una decisión que tiene un carácter provisional y que presenta tres caracteres
específicos: rapidez, juez único y carácter provisional.
Ciprián (2003) en su obra Tratado de Derecho Inmobiliario dice que
“donde hay urgencia, hay referimiento, donde no hay urgencia, no hay
referimiento”, sin embargo otro autor, Monción (2010) es de la opinión que
hay referimiento donde no se necesita del elemento urgencia y por eso hace
una distinción entre urgencia y celeridad.
El objetivo general de esta investigación es evaluar la demanda en
referimiento ante los Tribunales de Excepción (Tribunal Laboral, Tribunal
de Tierra y Juzgado de Paz) en el Distrito Judicial de Puerto Plata. Para esto
se plantearon tres (3) objetivos específicos:
1. Identificar la cantidad de casos de demandas en referimiento introducidos
ante los Tribunales de Excepción (laboral, tierra y Juzgado de Paz).
2. Analizar los motivos por los cuales se solicita la demanda en referimiento
ante los tribunales de excepción (Laboral, Tierra y Juzgado de Paz).
3. Comparar el proceso de la demanda en referimiento ante los tribunales de
excepción (laboral, tierra y Juzgado de Paz).
Esta investigación está delimitada a analizar la demanda en
referimiento, características, procedimientos y competencia, ante el
Tribunal de Jurisdicción Original de Tierras, el Tribunal Laboral y el
Juzgado de Paz en el Distrito Judicial de Puerto Plata, los cuales, como
conocen materias diferentes al derecho común, son llamados Tribunales de
Excepción. En cuanto al tiempo solamente comprendió el último semestre
del año 2009.
La población de este estudio la componen los tres (3) jueces de los
Tribunales de Excepción en el Distrito Judicial de Puerto Plata (Tribunal de
Tierra, Presidente de la Corte de Apelación y el Juzgado de Paz), a quienes
se les aplicó un cuestionario para la recolección de datos, que constaba de
11 preguntas, los cuales se presentaron mediante tablas y gráficos.
Para el desarrollo de esta investigación no se tuvo ninguna limitación.
Esta investigación se dividió en cuatro capítulos:
El Capítulo I presentó las generalidades del Referimiento, el
concepto, su origen, las características y el papel del Juez de los
Referimientos.
El capítulo II analizó el referimiento en la Jurisdicción Inmobiliaria,
origen, fundamento jurídico, el referimiento en el curso de la instancia, los
tipos de demanda en referimiento; así como el procedimiento y la
ordenanza.
El capítulo III abarca el tema del referimiento en materia laboral y
derecho común, los poderes del juez, las indemnizaciones, los
procedimientos, el recurso en materia laboral, la competencia y los poderes
del Presidente de la Corte de Apelación en atribuciones laborales.
En el capítulo IV se presenta la matriz de las variables y la
interpretación del instrumento aplicado. Los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones finalizan la presentación de esta investigación.
CAPÍTULO I. GENERALIDADES SOBRE EL REFERIMIENTO
El referimiento hace referencia al procedimiento de urgencia que se
caracteriza por su rapidez, sencillez y provisionalidad, con el objetivo de
proteger un derecho amenazado o de hacer cesar una turbación
manifiestamente ilícita. Existen varios tipos de referimientos y elementos
comunes a todos ellos, los cuales se desarrollan en este capítulo.
1.1 Conceptos del Referimiento
El referimiento, como proceso judicial dominicano, se remite al
termino francés référé, que a su vez se deriva del verbo référér, el cual tiene
su origen en la voz latina referre, cuya connotación en español es igual al
verbo referir.
El Diccionario del Pequeño Larousse (2008, P. 881) define el verbo
referir como la acción de relatar o contar un acontecimiento, citar, dirigir,
encaminar hacia cierto fin.
Conforme al Vocabulario Jurídico de Henri Capitant, el referimiento
es un “Trámite rápido y sencillo tendiente a obtener del presidente del
tribunal civil o de comercio una ordenanza que resuelva provisionalmente
una incidencia, sin decidir sobre el fondo del asunto, y en caso urgente
o de dificultad en la ejecución forzada de un titulo ejecutivo”. Es decir que
el referimiento es un procedimiento sencillo y rápido.
Otra definición es la planteada por Ciprián (2009, P. 674) quien
define el referimiento como “un procedimiento en virtud del cual, ante la
urgencia de proteger un derecho o de hacer cesar una perturbación
manifiestamente ilícita, se obtiene del Presidente del Tribunal apoderado
una decisión de carácter provisional que tienda a asegurar el derecho
amenazado. Es decir, se acude a los referimientos para prevenir un daño
inminente o para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita, sin que
la decisión influya en el fondo del asunto.
Valdez (1999, P. 60), citando a Perrot, maestro francés con respecto
al referimiento, dice: “Que se trata de un procedimiento que tiende a
obtener rápidamente del Tribunal una decisión que tiene un carácter
provisional, y que presenta tres caracteres específicos: rapidez, juez único y
carácter provisional.”
Pérez Méndez (1999, P. 65) ha definido el referimiento diciendo que
“es un procedimiento excepcional, al cual se acude en caso de urgencia y
para las dificultades de ejecución de una sentencia o de un
titulo ejecutorio´´.
1.2 Diferentes tipos de Referimiento
La mayoría de los abogados solo conocen el referimiento clásico, que
es el referimiento en caso de urgencia, derivado del artículo 109 de la ley
834 del 15 de Julio del 1978, no obstante, la Suprema Corte de Justicia para
rechazar el petit referé tuvo la necesidad de enumerarlo y de hacer la
siguiente distinción:
a. El referimiento clásico (en caso de urgencia, (Art. 109, Ley 834).
b. El Referimiento para hacer cesar una turbación manifiestamente
ilícita (Art. 110, Ley 834).
c. El referimiento preventivo, es el que tiene por objeto conservar una
prueba, en la República Dominicana no hay ningún texto de ley que
lo contenga, pero hay jurisprudencia que lo han admitido.
d. El referimiento provisión, aunque hay controversia si existe o no en
el país, pero es innegable que está en el párrafo del artículo 110 de la
ley 834 y la Suprema Corte de Justicia lo ha reconocido en varias
ocasiones. Este tipo de referimiento tiene aplicación cuando hay una
garantía que no está siendo seriamente discutida, por ejemplo, en la
demanda de cobro de peso, el acreedor puede acudir al juez de
referimiento para que ordene entregar el dinero, incluso puede pedir
la totalidad de lo adeuadodo, a este referimiento se le llama garantía.
e. El referimiento tendente a levantar un embargo retentivo de una
ordenanza en referimiento.
f. El referimiento en caso de dificultad de ejecución de una sentencia
(Art. 112 ley 834).
g. El Referimiento contractual, derivado de las cláusulas de un contrato,
que le da competencia al juez de los referimientos para dictar algunas
medidas.
1.3 Características comunes a todos los Referimientos
Todos los referimientos tienen características que son comunes,
dentro de las cuales se encuentran:
1ero. Tienen carácter contradictorio.
2do. Carácter provisional de la ordenanza en referimiento.
3ro. La ausencia de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada,
por esta razón en materia de referimiento no aplica la regla “lo penal
mantiene lo civil en estado”, porque la ordenanza no adquiere la autoridad
de la cosa irrevocablemente juzgada; por lo que tampoco existe la figura
jurídica del sobreseimiento. Lo que decida el juez de los referimientos es
susceptible de apelación, pero no oposición (Art. 106 ley 834).
4to. Las ordenanzas del juez de los referimientos son ejecutoria
provisionalmente (Art. 105 ley 834).
5to. En caso de circunstancias nuevas, el juez puede volver sobre
ella, o sea, puede modificar su propia ordenanza (Art. 104, párrafo
segundo).
1.4 El papel del Juez en los Referimientos
El referimiento es un proceso entre partes, donde el Juez se convierte
en un árbitro, pero no se debe olvidar el carácter excepcional de este
procedimiento.
Cuando le parezca que la medida oportuna no es aquella que es la
solicitada, puede sugerirle al demandante hacer en estrado una solicitud
subsidiaria, observando adicionalmente si todas las partes están presentes, y
deberá dar a éste acta de esta modificación de la demanda inicial.
Como la ordenanza en referimiento no tiene en cuanto a lo principal
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, hay la posibilidad de
volver sobre ella, pero no puede ser modificada ni renovada en referimiento
a menos que no aparezcan circunstancias nuevas; es decir, que las partes
pueden acudir de nuevo al Juez que tomó la decisión en referimiento, a
pedirle por ejemplo, cambio de secuestrario o de administrador, o
sencillamente que revoque su ordenanza pura y simplemente, no importa
que fuera objeto del recurso de apelación y que este fue rechazado, siempre
tiene la posibilidad del Juez que la dicto volver a ella a condición de que
aparezcan circunstancias nuevas, todo eso al tenor de las disposiciones del
artículo 104 de la ley No. 834.
CAPÍTULO II. EL REFERIMIENTO EN LA JURISDICCIÓN
INMOBILIARIA
A pesar de que el referimiento existía en el marco legal en la
República Dominicana, no fue sino hasta la promulgación de la Ley No.
108-05 sobre Registro Inmobiliario cuando surgió por primera vez como
figura jurídica a utilizarse en los tribunales de tierra. La demanda en
referimiento ante la Jurisdicción Inmobiliaria tiene su fundamento jurídico
en la Ley de Registro Inmobiliario y en el Reglamento de los Tribunales
Superiores de Tierras y Jurisdicción Original.
2.1 Origen
El origen del referimiento se remonta al año 1685 cuando se empezó
a aplicar el edicto real en un edificio en el centro de París, Francia, que se
llama el Chatelet de París. Así lo reconoce el Magistrado Luciano Pichardo
en su libro ´´ El Referimiento en materia civil´´ y otros autores de origen
francés. Ahí se organizó por primera vez el procedimiento (referé); luego
fue adoptado por el Código de Procedimiento Civil de 1804.
A la República Dominicana le llega en virtud del Código de
Procedimiento Civil del 1804, desde los artículos 806 al 811, los cuales
fueron derogados y sustituidos por los artículos 101 al 112 y 136 al 141 de
la Ley 834 del 15 de Julio de 1972.
En la Jurisdicción Inmobiliaria el referimiento surgió por primera vez
con la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario del 23 de Marzo del 2005,
anterior a esta legislación jurídicamente no existía, aunque en la práctica se
daban acontecimientos muy parecidos al referimiento.
2.2 Fundamento Jurídico
En esta Jurisdicción la base de sustentación jurídica del referimiento
se encuentra en los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley No. 108-05 de
Registro Inmobiliario, y 74, 75, 76, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 170 del
Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y Jurisdicción Original.
A pesar de que para el procedimiento del referimiento se siguen los
lineamientos establecidos en la Ley de Registro Inmobiliario y el
Reglamento de los Tribunales, a veces se tendrá que recurrir al derecho
común como supletorio para resolver algunas cuestiones, específicamente a
la Ley 834 de 1978.
2.3 El Referimiento en el curso de Instancia
En la Jurisdicción Inmobiliaria existe el referimiento en el curso de
instancia, es decir, solo se puede apoderar a un Tribunal de Tierras en
materia de referimiento si hay una demanda principal que se esté
conociendo en ese Tribunal, así lo dispone el artículo 50 de la ley de
registro Inmobiliario, cuando establece: “El Juez del Tribunal de
Jurisdicción Original apoderado del caso puede conocer en referimiento de
toda medida urgente y de carácter provisional que se deba respecto al
inmueble.”
Monción (2010, P. 508) interpreta a su modo y señala que en este
texto se amparan los jueces de esta Jurisdicción para admitir únicamente el
referimiento en el curso de la instancia. Cuando se le apoderan en materia
de referimiento fuera del curso de la instancia, o sea, sin que el Tribunal
esté apoderado previamente de una demanda principal, sencillamente se
declaran incompetentes, que es otro error.
Es evidente que están aplicando la ley de manera literal,
jurídicamente, de manera interpretativa. Admitir que únicamente hay
referimiento en el curso de la instancia, es negar la esencia misma del
referimiento, es por este motivo que se ha dicho y analizado que el
referimiento en la Jurisdicción Inmobiliaria surgió castrado; es el momento
para que los jueces reflexionen y entiendan que el referimiento en la
Jurisdicción Inmobiliaria surgió castrado; es momento para que los jueces
reflexionen y entiendan que independientemente de lo que diga el texto frio
de la ley, bien pude dársela cabida al referimiento fuera del curso de la
instancia.
2.4 Tipos de Referimientos en la Jurisdicción Inmobiliaria
Lo que han hecho doctrina en la Jurisdicción Inmobiliaria únicamente
han reconocido la existencia del referimiento clásico, y se han olvidado de
otros referimientos que se conoce en esta jurisdicción y que tienen su base
jurídica en la ley y en el Reglamento de los Tribunales, de donde se infiere
que hay tres tipos de referimientos:
a) Está el refermiento clásico (en caso de urgencia), y que tiene su
fundamento jurídico en el artículo 50 de la Ley de Registro
Inmobiliario.
b) El referimiento a los fines de hacer cesar una turbación
manifiestamente ilícita, este tipo de referimiento está arraigado en
el artículo 51 de la ley de Registro Inmobiliario.
c) Por último está el referimiento en caso de dificultad en la
ejecución de una sentencia, que consiste en acudir al juez de
referimiento porque no se ha podido ejecutar la sentencia dictada
por el juez o los jueces por la resistencia de contra quien se
pronunció. Este referimiento está contenido en el artículo 106 del
reglamento de los Tribunales de Tierras.
Ciprián (2009, P. 675) dice que donde hay urgencia, hay
referimiento, donde no hay urgencia, no hay referimiento. En efecto, para
este autor ante la Jurisdicción solo existe el referimiento clásico, que es el
que requiere de la urgencia; sin embargo, hay otras opiniones, entre ellas de
Monción (2010, P. 511) el cual sostiene que hay referimiento donde no se
necesita del elemento urgencia, por eso es necesario hacer una distinción
entre urgencia y celebridad.
La urgencia no debe confundirse con la celeridad. Un asunto
cualquiera requiere celeridad desde que exige una solución más expedita
que aquella que se podría obtener siguiendo los plazos ordinarios del
procedimiento; por el contrario el asunto es urgente cuando hay peligro
inminente en la demora, es decir, cuando el demandante no puede esperar
sin comprometer gravemente sus intereses.
El referimiento para hacer cesar una turbación manifiestamente
ilícita, no necesita el elemento de la urgencia, porque la turbación se aplica
a las vías de hecho, no a una turbación eventual.
2.5 Competencia para conocer el Referimiento Inmobiliario
Para comprender con toda su amplitud esta sección, se tiene que
tomar muy en cuenta lo que es la competencia en materia de referimiento
propiamente dicho y la competencia en materia de referimiento para lograr
la suspensión de la ejecución de una ordenanza. Estos son dos conceptos
vitales al momento de accionar con esta importante figura jurídica.
2.5.1 En materia de Referimiento
La competencia en materia de referimiento en la Jurisdicción
Inmobiliaria está pautada por el artículo 51 de la Ley de Registro
Inmobiliario. “El Juez de la Jurisdicción Inmobiliaria apoderado del caso
puede también ordenar en referimiento, todas las medidas conservatorias
que se impongan para prevenir un daño inminente o para hacer cesar una
turbación manifiestamente ilícita o excesiva.”
Además el artículo 163 del Reglamento de los Tribunales de Tierras
afirma: “El Juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original solo puede
conocer de una demanda en referimiento con motivo de una instancia de la
que esté apoderado.” En efecto, esos dos textos, uno legal y el otro
reglamentario, establecen la competencia en nuestra Jurisdicción en materia
de referimiento.
El Tribunal competente para conocer del referimiento es, pues, el de
Jurisdicción Original que esté apoderado previamente de un asunto
principal. Sin este apoderamiento no hay lugar a apoderamiento en materia
de referimiento. Obsérvese que el Reglamento de los Tribunales de Tierras
fue tajante, terminante, como si quisiera eliminar cualquier duda que haya
quedado en la Ley, al establecer la competencia. Dice que el Juez de
Jurisdicción Original “solo” conocerá de la demanda en referimiento “con
motivo de una instancia de la que esté apoderado”.
2.5.2 En materia de suspensión de ejecución de ordenanzas dadas en
Referimiento
Esta competencia surge de los artículos 53 de la Ley de Registro
Inmobiliario y 170 del Reglamento de los Tribunales de Tierras. Sin
embargo, estos textos entran en contradicción, son ambiguos y, por tanto se
prestan a confusiones.
La parte que interesa en este momento del referido artículo 53 de la
Ley dice: “El presidente del Tribunal Superior de Tierras tiene las mismas
facultades previstas en los artículos 140 y 141 de la Ley 834, del 15 de Julio
del 1978, que abroga y modifica ciertas disposiciones en materia de
Procedimiento Civil y hace suyas las más recientes y avanzadas reformas
del Código de Procedimiento Civil Francés.”
Y el señalado artículo 170 del Reglamento de los Tribunales de
Tierras estatuye: “El Presidente del Tribunal Superior de Tierras que conoce
del recurso de apelación interpuesto contra una ordenanza en referimiento,
podrá, a solicitud de parte, y cuando lo estime conveniente, suspender la
ejecución de la ordenanza recurrida o ejercer los poderes que le son
conferidos por la ley con motivo de su ejecución provisional.”
Como se puede comprobar, ambos textos establecen que el presidente
del Tribunal Superior de Tierras es el que tiene la competencia para ordenar
la suspensión de la ejecución de la ordenanza dada en referimiento. Pero no
se aclara a cual presidente se refiere. Existe el presidente del Tribunal
Superior de Tierras constituido para conocer del recurso de apelación de la
ordenanza en referimiento mismo. Este puede ser aquel, pero aquel no
siempre es éste. Esto es, que el presidente del Departamento puede ser
presidente de una terna que conforme el Tribunal Superior de Tierras, si se
autodesigna, pero no siempre tiene que ser así. Son muchas las ternas que
no están presididas por el presidente del Departamento. Y en materia de
referimiento no es recomendable que se autodesigne para conocer del
recurso de apelación interpuesto contra la ordenanza dictada por el Juez de
Jurisdicción Original. El debe reservarse para conocer de la demanda en
suspensión de la ejecución de esa ordenanza, si se interpone.
Esa confusión, oscuridad u contradicción se profundiza más porque
la Ley de Registro Inmobiliario cometió el error garrafal de considerar que
creaba cinco Tribunales Superiores de Tierras, cuando en realidad solo
puede crear Departamentos del Tribunal Superior de Tierras.
Conforme al artículo 72 de la Constitución hay un tribunal Superior
de Tierras, y mal puede la Ley de Registro Inmobiliario, como norma
adjetiva, modificar la Ley Sustantiva de la nación. El artículo 46 del Pacto
Fundamental la anula de pleno derecho. Sin embargo, se debe saber que la
competencia para ordenar la suspensión de una ordenanza rendida en
referimiento es del presidente del Departamento del Tribunal Superior de
Tierras a que pertenezca el Tribunal de Jurisdicción Original que la dictó. Y
para que esa competencia surta todos sus efectos, es necesario que
previamente se haya interpuesto el recurso de apelación contra la ordenanza
que se pretende suspender en su ejecución, Sin este recurso de apelación, no
procede la demanda en suspensión.
En síntesis, el recurso de apelación contra la ordenanza dada en
referimiento es competencia de una terna de Tribunal Superior de Tierras, la
cual tiene su presidente. Pero la competencia para conocer y decidir sobre la
demanda en suspensión de la ejecución de la ordenanza recurrida en
apelación es del presidente del Departamento de Tribunal Superior de
Tierras que está conociendo del asunto, que es el Juez designado con ese
cargo por la Suprema Corte de Justicia.
Por tanto, para recurrir en apelación la referida ordenanza hay que
hacerlo siguiendo el procedimiento establecido por la Ley de Registro
Inmobiliario y su Reglamento de los Tribunales de Tierras. En cambio, para
interponer la demanda en suspensión de la ejecución de la ordenanza, debe
incoarse otra instancia, dirigida al presidente del Departamento, a esos
fines.
2.6 Procedimiento en Materia de Referimiento Inmobiliario
Todo lo relativo al procedimiento en la materia de referimiento
inmobiliario se rige por el artículo 52 de la Ley de Registro Inmobiliario y
por los artículos 164 al 170 del reglamento de los Tribunales de Tierras.
Aunque es bueno precisar que a partir del artículo 169 del referido
Reglamento, se refieren específicamente a las vías de recurso para atacar la
ordenanza dictada en referimiento.
Se puede resumir todo el procedimiento de esta materia en los
siguientes pasos:
Primer paso: Solicitud de auto: la parte demandante persigue y obtiene
del Juez de los referimientos, que en este caso es el juez de Jurisdicción
Original que se encuentra apoderado del asunto principal, el auto de fijación
de audiencia, en el cual constará la fecha, hora y lugar donde se celebrará la
audiencia.
Segundo paso: Notificación de la citación: la parte demandante notificará
su demanda en referimiento, citando formalmente a la parte demandada, en
el plazo de un día franco, por acto de alguacil de la Jurisdicción
Inmobiliaria o de quien este habilitado para ese ministerio, a comparecer a
la referida audiencia. Este acto de alguacil deberá estar encabezado por el
auto de fijación de audiencia especificado en el punto interior.
Tercer paso: Comparecencia a la Audiencia. el día fijado para la
audiencia, las partes comparecen a ejercer sus medios de defensa y
presentar sus conclusiones. Si no se presentan incidentes que requiera de la
fijación de una nueva audiencia, se otorgarán breves plazos para sustentar
por escrito las conclusiones, si fueran solicitados.
Cuarto paso: Estado de fallo y plazo. el Juez apoderado del referimiento
tiene un plazo de quince días, contado a partir de la fecha de la audiencia,
para dictar su decisión. Así lo establecen de manera clara y precisa los
artículos 52 de la Ley de la materia y 165 y 166 del Reglamento de los
Tribunales de Tierras. Sin embargo, lo procedente es que ese plazo de
quince días comience a partir de que venzan los plazos concedidos, si se
otorgaron, para escritos.
Resulta provechoso resaltar que el referido artículo 52 de la Ley de
Registro Inmobiliario especifica que el plazo para decidir el referimiento en
primera instancia es de “quince (15) días contados a partir de la fecha de la
audiencia.” Precisión que reitera el artículo 165 del Reglamento dictado.
Sin embargo, el artículo 166 del mismo reglamento amplia ese plazo porque
establece que “El Juez o Tribunal dictara su ordenanza en un plazo no
mayor de quince (15) días laborables contados a partir de la fecha de la
audiencia de fondo”.
Obsérvese que con el artículo 166 del mencionado reglamento se
establece que los quince (15) días son laborables, mientras que los artículos
52 de la Ley y 165 del mismo Reglamento no hablan de días laborables.
Evidentemente, no es lo mismo decir quince días que quince días
laborables. En el primer plazo se cuentan los días festivos, por la causa
oficial que fuere, y los sábados y domingos. En quince días puede haber dos
sábados y dos domingos y uno que otro día fuera festivo. Con estos días no
laborables judicialmente el plazo de quince días se extenderá en cuatro o
cinco días más. Lo que lo lleva a veinte o veintiún días.
No hay que ser un dotado ni en derecho ni en aritmética ni en asuntos
de calendario para darse cuenta que el artículo 166 del Reglamento de los
Tribunales de Tierras riñe con el artículo 52 de la Ley de Registro
Inmobiliario. Por tanto, se impone y debe imponerse la Ley. Así lo consagra
el Principio VII de la misma Ley y el principio que establece la jerarquía de
las normas.
Quinto paso: Recurso de Apelación. esa ordenanza podrá ser recurrida en
apelación. El plazo para interponer este recurso es de quince (15) días,
contando a partir de la notificación por acto de alguacil de la decisión dada
en el referimiento. Esta apelación se interpondrá ante el mismo juez que
dicto la ordenanza, dirigido al Tribunal Superior de Tierras.
El Departamento del Tribunal Superior de Tierras al cual pertenece el
Juez de Jurisdicción Original que conoció del referimiento en primer grado,
es el competente. Lo instruirá y lo decidirá una terna del Tribunal Superior
de Tierras. El fallo deberá ser dictado dentro de los quince días posteriores a
la celebración de la audiencia. La Ley no lo manda así en apelación. Solo en
primer grado. Hay una laguna. Pero es pertinente establecer este plazo, para
que no se alargue demasiado el tiempo de solución del caso.
Sexto paso: Demanda en suspensión de la ordenanza. puede demandarse
en suspensión de la ejecución de la ordenanza. Como la ordenanza el
referimiento es ejecutoria no obstante cualquier recurso y sin fianza, en
principio, porque el Juez podría ordenar esa fianza, la apelación pura y
simple no suspende la ejecución de dicha ordenanza. Esta es una excepción
al efecto sustantivo y devolutivo que tiene ordinariamente el recurso de
apelación.
Ahora bien, para demandar en suspensión de la ejecución de la
ordenanza es imprescindible haberla apelado previamente.
Los artículos 53 de la Ley de Registro Inmobiliario y 168, 169 y 170
no son claros sobre quién es el presidente que conocerá de la demanda en
suspensión de la ejecución de la ordenanza. Todos dicen que es el
presidente del Tribunal Superior de Tierras. Pero resulta que el Tribunal
Superior de Tierras está constituido con tres jueces, o sea, una terna, para
conocer de la apelación interpuesta contra esa ordenanza. Y sabiendo que
esa terna tiene un presidente, podría pensarse que es este el que se deberá
apoderar para la suspensión de la ejecución de la referida ordenanza. Esa
confusión la genera la misma Ley en los artículos señalados, pero también
en casi todo su texto, porque habla de cinco Tribunales Superiores de
Tierras, en violación franca del artículo 72 de la Constitución, que establece
que hay un Tribunal Superior de Tierras.
Pues bien, del estudio de los artículos 140 y 141 de la Ley 834, del 15
de Julio de 1978, que conforme al artículo 53 de la Ley de Registro
Inmobiliario establecen las facultades o poderes del presidente del Tribunal
Superior de Tierras para suspender la ejecución de la ordenanza atacada, se
infiere que el presidente competente para conocer del asunto es el del
Departamento del Tribunal Superior de Tierras a que pertenece el Juez de
Jurisdicción Original que dicto la ordenanza. No es el presidente de la
Terna, porque la referida Ley 834 habla del presidente de la Corte, y cada
Departamento del Tribunal Superior de Tierras actúa como una Corte.
Viene bien recordar aquí que en las primeras demandas en suspensión
de ejecución de ordenanzas se cometieron varios errores con este asunto del
presidente competente para conocerlas y decidirlas. Se apoderó más de una
vez por error y por auto del Presidente del Departamento al Presidente de la
terna que conocía de la apelación para que decidiera sobre la suspensión de
la mencionada ordenanza.
Séptimo paso: Recurso de Casación contra la ordenanza. se puede
interponerse el Recurso de Casación ante la Suprema Corte de Justicia, en
funciones de Corte de Casación, contra la decisión de la terna del Tribunal
Superior de Tierras que conoció el recurso de apelación contra la
ordenanza. Las consecuencias de este recurso, la podrán estudiar en el
Capítulo dedicado al recurso de casación en esta misma obra.
2.7 La Ordenanza en Referimiento
La ordenanza en referimiento es una decisión provisional rendida a
solicitud de una parte, la otra presente o citada. El artículo 50, párrafo
segundo de la Ley de registro Inmobiliario precisa que en relación al Juez
de la Jurisdicción Original, “su ordenanza como juez de los referimientos
no puede causar perjuicios el fondo del asunto, no adquiere en cuanto a lo
principal la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y es ejecutoria
provisionalmente, no obstante cualquier recurso.” Lo relativo a que no
puede prejuzgar el fondo, es una ficción porque las mayorías de las veces en
que el Juez de lo referimientos emite una ordenanza, de una u otra forma
revisa cuestiones de fondo, es por esto que el eminente jurista Calamandrei
expresó:
“Que el Juez de los referimientos es como un teatro de apariencias donde
todo se ve, pero nada se toca.”
CAPÍTULO III. EL REFERIMIENTO EN EL TRIBUNAL
LABORAL Y EN EL JUZGADO DE PAZ
Los Tribunales de Excepción que se desarrollan en este capítulo son
el Tribunal Laboral, el Tribunal de Tierras y los Juzgados de Paz, por
considerar que el procedimiento de referimiento en cada uno de ellos reviste
una importancia y un interés especial, porque son tribunales que están
delimitados a conocer ciertos tipos de demandas especiales.
3.1 El Referimiento en Materia Laboral
La urgencia es una cuestión de hecho abandonada a la soberanía y
libre aparición de los jueces por lo que escapa al control de casación, por
ende esta debe ser examinada en cada uno de los casos dados para ordenar
las medidas precautorias provisionales, pues podría suceder que haya
urgencia deducible aun en la ancianidad de la situación criticada, pero
también como sucede en la mayoría de los casos mucho tiempo o varias
semanas o meses es incompatible con la urgencia invocada por la parte.
Históricamente, la jurisprudencia de los Referimientos ha sido
instituida para tomar una decisión basada en la urgencia. El art. 109 de la
Ley 834 del Código de Procedimiento Civil, que es una traducción del art.
808 del nuevo Código de Procedimiento Civil Francés, expresa “En todos
los casos de urgencia, el presidente del tribunal de primera instancia puede
ordenar en referimiento todas las medidas que no colindan con ninguna
contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo”, sin
embargo, esa primera parte no es mencionada en las disposiciones del art.
666 del Código de Trabajo que es una copia de los artículos mencionados,
pero como se ha visto en su parte principal no dice “en todos los casos de
urgencias” sino “en los de ejecución de estas sentencias o de otro título
ejecutorio…”; pues si bien el art. 808 del nuevo Código de Procedimiento
Civil francés prevé que el procedimiento de Referimiento “dentro de los
casos de urgencias, sea cual sea el asunto: la urgencia es una cuestión de
hecho, y para unos puede ser días, para otros casos esos días pueden ser
horas y devenir en un perjuicio para las partes”; en materia laboral se
entiende que la urgencia se deriva del mismo contenido de la ley establecida
y de los hechos y circunstancias que tienen como consecuencia a las partes.
El artículo 667 del Código de Trabajo establece que “El presidente de
la Corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas
conservatorias que se impongan sea para prevenir un daño inminente sea
para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita”. Esta disposición
que es similar a las disposiciones del art. 110 de la Ley 834 del código de
procedimiento civil, establece dos finalidades: 1) Prevención: de una daño
inminente. 2) Cesar: una perturbación manifiestamente ilícita, debe ser
interpuesta y ejecutada en materia conjuntamente con las disposiciones del
art. 539 del Código de Trabajo, establecen una presunción originada por el
resultado de las circunstancias y que es un producto o consecuencia
“implícitamente de las contestaciones o decisiones de los jueces del fondo”,
es decir que toda sentencia originada en un conflicto de derecho que
conlleva condenaciones, “es ejecutoria de pleno derecho al tercer día de su
notificación o inmediatamente en casos de peligro en la demora” (art. 539
del Código de Trabajo).
Se entiende que esta presunción es explicita porque se infiere de la
ley inmediata y directamente, como un hecho consecuencia de la misma
sentencia y de las condenaciones que ella contiene y la cual tiene “una
ejecutoriedad”, que la ley no remite expresamente, como lo hace el Código
de Procedimiento Civil, para los conflictos originados con los bienes
embargados bajo la custodia del depositario (Art. 606 y 607 del Código de
Procedimiento Civil) en la prorrata de la venta de bienes en relación a
sumas embargadas y el precio de las que no basten para pagar a los
acreedores, ver art. 661 C.P.C., así como dificultades en materia de
embargo ejecutivo (ver. Art. 607, 921, 922, 944,948, entre otros).
La noción de urgencia no puede interponerse de manera restrictiva,
sino dentro de una justa medida de “grande libertad”, es decir que una
persona, empresa o parte condenada no tiene que esperar que le sea
ejecutada una sentencia, ni que le sea notificada la misma para ejercer una
acción en referimiento para prevenir un daño o hacer cesar una turbación
manifiestamente ilícita.
La presunción de urgencia, se deriva del contenido de la ley y los
hechos y circunstancias que se derivan de ella, claro que están visualizados
en las condenaciones originadas en un conflicto de derecho, así una persona
que no ha sido regularmente citada, y le dictan una sentencia condenatoria y
le ejecutan un embargo, o una persona citada en una casa No. 224, viviendo
en una casa marcada con el No. 20, o la ejecución inmediata de una
sentencia, sin que se indique los motivos y los fundamentos jurídicos del
peligro en la demora.
La urgencia, es la primera y la gran condición del referimiento, en
materia laboral solo se presume cuando se refieren a condenaciones
originadas en un conflicto de derecho, como se infieren de las disposiciones
del art. 539 del Código de Trabajo, así tendrá que probar la urgencia, un
trabajador que solicita una medida conservatoria de embargo al juez de los
referimientos, sin haber hecho ninguna demanda ante los tribunales,
habiendo sido despedido en un plazo cerca de dos años. La urgencia es una
situación de hecho, que puede ocurrir en perjuicio irreparable si no se le
pone remedio a breve plazo.
3.2 Poderes del Juez de los Refermientos en Materia Laboral
La ordenanza de referimiento es una decisión provisional rendida a
solicitud de una parte, la otra presente o citada, en los casos en que la ley
confiere a un juez que no está apoderado de lo principal, el poder ordenar
inmediatamente las medidas necesarias.
En materia de trabajo la competencia le ha sido conferida al
presidente de la Corte de Trabajo, en forma exclusiva, al entender la
delicadeza, la naturaleza de la materia, que requiere un manejo más
riguroso de los elementos del procedimiento en general, y la magnitud de
los casos a conocer.
El juez de los referimientos, es el juez de lo provisional, de la
urgencia, del peligro inminente, es un guardián celoso del procedimiento
y evita exceso del poder, violaciones a los derechos constitucionales, a las
formas groseras, a las indelicadezas procesales de la ejecución de títulos
ejecutorios, en la medida donde lo urgente no implica fallo de tiempo y
donde la rapidez no debe significar la falta de ponderación, examen y
motivación de un juez creativo, para una materia viva que produce cada día
formas nuevas para analizar y estudiar.
El referimiento requiere de una justicia rápida y económica, donde se
acuda en caso de urgencia y se toman medidas que no solo determinan el
poder del juez presidente, sino la marcha de la justicia ordinaria y las
actuaciones de los agentes sociales en sus relaciones laborables.
De acuerdo a Herrera (2008, P. 284) los poderes del juez de
referimientos se van a determinar por diversas medidas que se van a
clasificar en: 1) Medidas relativas a la ejecución de una sentencia; 2)
Medidas de protección; 3) Medidas de garantía; 4) Medidas de ejecución de
derechos y obligaciones y 4) Medidas conservatorias:
1. Medidas relativas a la ejecución de una sentencia o de otro título
ejecutorio: Para lo cual se exige, además del requisito de la urgencia de su
determinación, es una facultad discrecional del Juez, todas las medidas que
no colidan con ninguna contestación seria o que se justifique la existencia
de un diferendo.
2. Medidas de protección: Estas tienen por finalidad mientras se soluciona,
un conflicto, que las partes protejan sus intereses como serian el caso de un
conflicto intersindical, y las finanzas están paralizadas por choque entre la
directiva, o una parte de la directiva elegida, desconoce o usufructúan los
bienes del sindicato, el juez de los referimientos puede tomar medidas que
les son desconocidas por la empresa.
3. Medidas de Garantía: El Código de Trabajo establece que el juez de los
referimientos puede establecer garantías, fianzas, astreinte o fijar
indemnizaciones.
El artículo 539 del Código de Trabajo que ha originado tanto debates,
es complementado en su axiomática por el artículo 667 del mismo Código,
pero ni lo sustituye, ni lo deroga, ni puede suspender la ejecución de una
sentencia pura y simple sin dar cumplimiento a las disposiciones
mencionadas que exigen el depósito de las condenaciones de la sentencia
originada en un conflicto de derecho; por eso el juez de los referimientos,
no incurre en violación cuando señala el depósito del duplo de las
condenaciones en un banco determinado, y no en el banco que prefiere el
abogado.
La garantía, es la finalidad de este artículo que no persigue forzar al
sucumbiente al pago de las condenaciones, pero eso reside en la
racionalidad del contenido de la ley que está establecida y manifestada en el
artículo 667 del Código de Trabajo. La racionalidad, es la aplicación de la
lógica jurídica, donde se ejerce la decisión, en este caso, la interpretación de
la Suprema Corte de Justicia surge fundamentada en la legalidad. La
función del legislador es elaborar el derecho, se confiere a los tribunales la
función de interpretar y aplicar las normas jurídicas. Es decir que el artículo
667 del Código de trabajo, complementa en forma lógica, prudente y sin
postulados exegéticos o gramaticales, sino de una realidad bajo un examen
racional de la totalidad de esos preceptos jurídicos.
La posición de la jurisprudencia, es la idea de lo razonable, que
constituye un elemento equilibrador. En esa misma línea de pensamiento,
Perelman afirma: “Todo derecho, todo poder, legalmente protegido y
concedido, teniéndose en vista de una cierta finalidad, el titular de ese
derecho tiene un poder de apreciación en cuanto a la manera por el cual se
ejerce. Pero ningún derecho puede ser ejercido de un modo no razonable”.
No es preciso abundar los excesos, abusos y deslices que rayaban en
los atropellos producto de la disposición del art. 539 que no era su finalidad
y que su complemento del art. 667 le da el toque racional al contenido de la
ley.
4. Medidas de ejecución de derechos y obligaciones: En el caso de una
obligación cuya existencia no es discutible. En ese caso el presidente de la
Corte en sus funciones de Juez de los referimientos puede acordar al
acreedor una provisión (art. 667, Párrafo segundo) por ejemplo una deuda
reconocida a los trabadores cuya obligación no ha sido cubierta, ahí también
el juez de los referimientos puede ordenar astreintes (Ver art. 667, C.T.;
Art. 107 Ley 834, C.P.C.)
5. Medidas Conservatorias para hacer cesar una actuación
manifiestamente ilícita o prevenir un daño inminente: Además de las
medidas antes mencionadas, se entiende, que cuando se ha dictado una
sentencia afectada de una nulidad evidente o sea producto de un error
grosero, de un exceso de poder o de una Violación al derecho de la defensa,
el presidente de la Corte en funciones del Juez de Referimientos, puede
suspender la sentencia sin necesidad de duplo, pero en ese poder se dan
muchísimas situaciones de excesos de las partes, de ejecuciones sin títulos,
de apropiaciones, de actuaciones de abogados y aguaciles al margen de la
Ley.
Es conveniente indicar, que el Juez de los Referimientos no está
liberado en exponer en sus sentencias los hechos o circunstancias que le
sirvieron de fundamento para adoptar su posición al respecto.
3.3 Indemnizaciones
El art. 667 del Código de Trabajo otorga poder al juez de los
referimientos, para “establecer fianzas, astreintes o fijar indemnizaciones
pertinentes”.
Herrera (2008, P. 290) señala que el término indemnizaciones
pertinentes, que no ha sido analizado por la doctrina, que lo ha ignorado,
como si no existiera, podría concebirse: 1) Como una sanción provisional
para el cumplimiento de una obligación o de una sentencia, con lo cual su
valor y características sería similar a la de un astreinte. 2) Como una
indemnización en daños y perjuicios o por un perjuicio causado de una
parte por su contrario, situación que es incompatible con el Juez de los
referimientos, que es un Juez de lo provisional, sin tocar lo principal o el
fondo, del asunto, situación que ya ha sido analizada por la Suprema Corte
de Justicia, tesis también improcedente y 3) que se trata de una
indemnización a otorgarse al ejercicio de los litigantes temerarios, o los
“improbus litigador”, o ejercicio abusivo del procedimiento con fines
dilatorio que habla el art. 586 del Código de Trabajo.
3.4 Procedimiento
La demanda deberá realizarse elevando un escrito motivador de sus
pretensiones, acompañado de las piezas que le sirven se sustento y que
entienda necesarias al objeto y la causa de la misma, este escrito de
demanda deberá ser dirigido al presidente de la Corte de Trabajo, quien de
acuerdo a la ley tiene una competencia única y exclusiva para conocer los
referimientos (V. Art. 667 del Código de Trabajo), el código de trabajo no
establece plazo de comparecencia, como tampoco lo hace la Ley 834 del
Código del Procedimiento Civil, en la práctica ordinaria se ha establecido
un día franco, sin embargo, el referimiento puede ser de hora a hora, lo
requerido es, como ha establecido la jurisprudencia cuando dice “en una
materia como el referimiento donde la ley no ha fijado el plazo de la
comparecencia, sino que se ha limitado a exigir que éste sea suficiente para
que la parte citada haya podido preparar su defensa” por demás el juez de
los referimientos debe tener y ejercer su facultad de vigilancia procesal, a
fin de proteger las normas y derechos fundamentales del debido proceso.
Herrera (2008, P. 282) señala que la audiencia debe conocerse sin
dilaciones posibles en forma esencialmente oral, leyendo sus escritos en lo
más sustancial o importantes si los tuvieren y haciendo constar al presidente
de la Corte, los puntos clave o fundamentos jurídicos de su demanda, el
tribunal puede otorgar plazos, ampliar conclusiones, ordinariamente
concede un plazo de 48 horas concomitantemente a ambas partes de un día
laborable, pero no viola el derecho a la defensa, si rechaza la solicitud de
ampliar conclusiones, o falta del juez, pues el juez de los referimientos está
sometido al litigio, no a las partes, al contrario puede que se otorgara un
plazo a ambas partes para presentar escritos de conclusiones y luego falle
antes de tiempo, con lo cual violenta las normas del debido proceso.
El procedimiento debe ser simple y rápido, en consecuencia el juez
de los referimientos debe aplicar el principio de concentración, indicado en
el Art. 534 del Código de Trabajo, reservándose los incidentes, incluyendo
los medios de inadmisibilidad, para ser fallada conjuntamente con el fondo
por dispositivos distintos, así como de los Arts. 3, 4 y 5 de la Ley 834 del
Código de Procedimiento Civil, que aplica ese principio, que tiene por
finalidad la no dilación de los procesos sometidos a su cargo.
El presidente de la Corte de Trabajo debe fallar ese mismo día, la
demanda sometida a su jurisdicción, en un plazo muy breve o fijar un día
para que las partes puedan oír su sentencia.
Al conocer la demanda de referimiento, el juez tiene una
responsabilidad: 1) Personal, asumida con las funciones mismas,
relacionadas con su honestidad, probidad y moralidad, que tiene que tener
todo funcionario judicial mientras ocupe sus funciones; y 2) Una
responsabilidad legal, relativa a la aplicación de la ley, de la jurisprudencia,
del estudio de la doctrina relacionada con los casos sometidos, dando
demostración de capacidad y rapidez en el dictamen de los casos sometidos
a que su decisión desborda los límites de las partes y afecta a la sociedad
misma en una materia que persigue la justicia social.
La resolución judicial dictada por el Presidente de la Corte de
Trabajo, es llamada ordenanza y tiene dos grandes características:
1) Que la misma no liga al juez del fondo, de ahí un presidente de Corte
puede autorizar un embargo conservatorio de bienes, de una empresa, si la
Corte en pleno entiende que esas personas eran trabajadores para una obra o
servicio determinado, en consecuencia no tenían derecho a las
reclamaciones de prestaciones realizadas propias de trabajadores por tiempo
indefinido; y
2) La autoridad limitada de la cosa juzgada a razón de la nueva
circunstancia.
Es preciso determinar, pues se ha creado una confusión, si es
necesario el recurso de apelación, para presentar una demanda en
referimiento.
Herrera (2008, P. 293) entiende que ninguno de los preceptos del
articulado del Código de Trabajo así lo dispone y de acuerdo con la
Suprema Corte de Justicia, las disposiciones del Art. 137 de la Ley 834 del
Código de Procedimiento Civil, no rigen en la materia laboral. Por demás
el referimiento no necesariamente se puede presentar fundamentado en una
sentencia, sino de cualquier otro título ejecutorio (ver art. 545, C.P.C.), o
podría inclusive darse el caso de que sea un conflicto en una organización
de trabajadores, como lo sería un sindicato de choferes que no puede
funcionar por las deudas, por un litigio entre dos directivas que se
proclaman ganadores de las elecciones y en ese ínterin no puede cubrir sus
gastos solicitándose al juez de los referimientos, el nombramiento de un
tesorero provisional, hasta que se resuelvan definitivamente los litigios, o
nombrar en otro caso una directiva que organice una elecciones, es
conveniente indicar que el código de trabajo no exige como condición para
una demanda de referimiento, el recurso de apelación, como ha sido fallado
ya por tribunales de segundo grado.
3.5 Recurso ante el Referimiento Laboral
El recurso o medio de impugnación se ejercer en contra de la
sentencia dictada por el presidente de la Corte de Trabajo, es el recurso de
casación, vía extraordinaria abierta para todos los casos en que no está
expresamente prohibido por la ley, lo que no ha dispuesto el art. 481 del
Código de Trabajo, y ha sido aceptada por la Suprema Corte de Justicia,
que ha dado numerosa decisiones sobre el referimiento en materia laboral,
indicando que la casación, es la única visa para ejercer el recurso que es el
de la casación.
Las sentencias de los juzgados de trabajo en materia de conflictos de
derechos serán ejecutorias a contar del tercer día de la notificación, salvo el
derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente
al duplo de las condenaciones pronunciadas.
Cuando la consignación se realice después de comenzada la
ejecución, esta quedará suspendida en el estado en que se encuentre.
En los casos de peligro en la demora, el juez presidente puede
ordenar en la misma sentencia la ejecución inmediatamente después de la
notificación. Consignación flexibilizada en su formalidad en el reglamento
para la aplicación del Código de Trabajo autorizado a hacerse tanto en la
colecturía de Rentas Internas, como a solicitud de una de las partes, en
mano de un banco comisionado por el tribunal en este último caso. Si hace
derecho a esta solicitud, hará constar en su decisión las modalidades del
depósito, y es conveniente indicar y así lo ha fallado la jurisprudencia que
una persona, entidad o compañía solicite al Presidente de la Corte de
Trabajo, que le valide la consignación hecha en un banco, sin la previa
autorización, situación que el juez de los referimientos puede validar
siempre que la condenaciones correspondan al duplo y que las instituciones
correspondan al duplo y que las sumas financieras sea solida y confiable.
Lo que no puede hacer el Presidente de la Corte en sus funciones que le
atribuye la ley es “cuestionar el monto de las condenaciones”, pues le está
impedido por la naturaleza misma del referimiento, conocer del fondo de la
demanda original.
El art, 539 del Código de Trabajo no puede ser interpretado en forma
exegética o gramatical sino a través del contenido racional de la ley, en esa
virtud, un depósito del duplo de las condenaciones de una sentencia, otorga
poder al juez de los referimientos a sustituir una garantía por un bien
embargado, pues sería un exceso, dejar un objeto embargado cuando la
finalidad de la ley, es la de garantizar que al final del litigio la parte
gananciosa esté en condiciones de acceder a sus acreencias sin necesidad de
recurrir al proceso de ejecución forzosa; de ahí que el recurso de apelación
no impide su efecto suspensivo, que tendrá efecto el duplo de la
condenaciones.
Por la rigurosidad de las disposiciones del art. 539 del Código de
Trabajo, con las disposiciones del art. 667 del mismo texto legal, la
Suprema Corte de Justicia realiza una encomiable interpretación de lógica
judicial apegada a la realidad de la materia laboral y a su peculiar
característica, posición que ratifica su coherencia judicial en relación a
la materia tratada.
La sentencia expresa, “que la racionalidad de la ley queda manifiesta
en el complemento, que para el cumplimiento de la exigencia del art. 539
del Código de Trabajo, establece el art. 667 de dicho código, al disponer
que: “El presidente de la Corte puede siempre prescribir en referimiento a
las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño
inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En
los casos en que la existencia de la obligación no es seriamente discutible,
puede acordar una garantía al acreedor.”
Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las
indemnizaciones pertinentes” lo que deja abierta la posibilidad de que el
duplo de las condenaciones de la sentencia que se impugna se cumpla a
través de la prestación de una fianza en beneficio de la parte recurrida,
pagadera a primer requerimiento, a partir de que la sentencia sobre el fondo
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre
que dicha parte resulte gananciosa y su original depositada en la secretaria,
para ser aprobada, si procede, mediante auto dictado por el presidente de la
corte, cuya demás condiciones y regulaciones deben ser fijadas por el juez
de los referimientos para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a
las vez garantizar que la finalidad del art. 539 no sea burlada”.
El más alto tribunal da por cerrado la discusión en las Cortes de
Trabajo de que el duplo de las condenaciones de la sentencia que se
impugna se cumpla a través de la prestación de una fianza a beneficio de la
parte recurrida. Esta decisión establece condiciones específicas:
1) Que la fianza sea pagada al primer requerimiento.
2) Que la sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada.
3) Que la misma resulte gananciosa y su original depositada en
Secretaria para ser aprobada.
La decisión se fundamenta en el valor racional de proceso, donde se
define a este como un método de razonamiento ordenado por la ley para
alcanzar una decisión justa. Esta interpretación de lógica judicial, se deriva
de la creación judicial pues el Juez de los Referimientos tiene el poder para
establecer “fianzas, astreintes, indemnizaciones” y el “Código de Trabajo,
no establece la forma, pero debe entenderse que esa creatividad no
significa variar la regla debido a que el arte de juzgar o dictar sentencias no
tiene por objeto ni finalidad el establecimiento de una regla” pues sería
desnaturalizar el proceso.
Por último la racionalidad de la interpretación de la posición de la
Suprema Corte de Justicia con relación a la fianza, se fundamenta en la
misma dialéctica del proceso, donde el Juez de los Referimientos ve a las
partes no como un objeto, sino como partes de un proceso “en potencia”
donde se debe mantener una neutralidad técnica y social para respetar y
darle la seguridad del depósito de los valores indicados en el art. 539 del
Código de Trabajo derivada de la misma ley.
La fianza está dentro de las prerrogativas discrecionales, no pudiendo
ser censurado en casación, cuando en vez de una fianza, ordena el depósito
del duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia cuya ejecución se
ordena suspender, igualmente si la sentencia le ordena la prestación de una
fianza en un plazo que no cumple el solicitante, la resolución que ordena tal
medida queda sin efecto, sin necesidad de que posteriormente fuere
revocada.
Es privativo del juez de los referimientos ordenar la prestación de una
fianza tomando en cuenta las disposiciones del art. 539 del Código de
Trabajo y 667 del mismo para que la finalidad de la ley sea cumplida.
3.6 El Referimiento en el Derecho Común
El Referimiento en Derecho Común es un trámite rápido y sencillo
tendente a obtener del presidente del tribunal civil o de comercio una
ordenanza que resuelva provisionalmente un incidente, sin decidir sobre el
fondo del asunto, y en caso urgente o de dificultad en la ejecución forzada
de un título ejecutivo.
3.6.1 Aplicación
El artículo 109 de la Ley 834, de 1978, establece textualmente que
“en todos los casos de urgencia, el presidente del tribunal de primera
instancia puede ordenar en referimiento todas las medidas que no colidan
con ninguna contestación seria o que justifique la existencia de un
diferendo”.
De ese artículo resulta que hay lugar a la apertura del referimiento en
todos los casos de urgencia. Esta es, pues una de sus condiciones más
necesarias e imprescindibles.
La urgencia es una cuestión de hecho que se deja a la soberana
apreciación del juez, quien siempre deberá hacerla constar en su ordenanza,
preferiblemente de manera expresa, aun cuando pudiere inferirse o
deducirse implícitamente de ésta. Es pues, como tal, inherente al
referimiento, mas, siendo precisamente asunto de hecho, escapa al control
de casación.
Se podría decir, no obstante, que ella, la urgencia, existe cuando se
requiera tomar una medida provisional, apremiante e inmediata, destinada a
evitar un daño irreparable, sin perjudicar o tocar nunca el aspecto principal.
Incluso, ha sido estimado que desde que existe la urgencia, la competencia
del juez de los referimientos resulta ser de orden público.
Sin embargo, no procede el referimiento, pese a la urgencia, si con él
se pretende dilucidar el fondo de los derechos invocados, o bien cuando
éstos son seriamente contradichos. Sencillamente, no es posible plantear al
juez de los referimientos una situación jurídica que es perfectamente
invocable y sostenible ante los jueces del fondo.
De su lado, el artículo 110 de la Ley 834, previamente citada, dispone
que “el presidente puede siempre prescribir en referimiento las medidas
conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea
para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita. En los casos en que
la existencia de la obligación no es seriamente discutible, puede acordar una
garantía al acreedor”.
El referimiento está abierto además cuando se dificulta la ejecución
de una sentencia u otro título ejecutorio de conformidad con los términos
generales del artículo 112 de la Ley 834 de 1978. En este tipo especial de
referimiento la urgencia siempre se presume, y el texto legal mencionado no
la condiciona o subordina a la ausencia de contestación seria.
3.6.2 Procedimiento
La demanda en referimiento se introduce mediante citación. Dicha
citación se puede realizar para el “día habitual de los referimientos”, que es
el día que, por Auto colocado a principios de cada año en la puerta principal
del tribunal, el Juez de Primera Instancia, en tales atribuciones, reserva para
esos fines. Así no hay que obtener, obviamente, su previa autorización para
demandar en referimiento. Pero en los distritos judiciales donde no existe
establecido ese día habitual, se impone solicitar al Juez de Primera Instancia
autorización para citar en referimiento.
Asimismo, en aquellos asuntos que requieren de celeridad (párrafo 2
del artículo 102 de la Ley 834, de 1978), el juez de los referimientos puede
permitir citar, a hora fija, aún los días feriados o de descanso, sea en laa
audiencia o en su domicilio pero con las puertas abiertas.
En ocasiones el procedimiento empieza por acta levantada por Oficial
Público competente, cuando en cumplimiento de sus funciones, encuentra
algún obstáculo serio, remitiendo a las partes por ante el Juez de los
Referimientos con miras a solucionarlo, como acontece en los casos
previstos por los artículos 607, 843, 844, 921 y 944 del Código de
Procedimiento Civil. A esto es que tradicionalmente se le llama
“referimiento sobre acta”.
La ley no ha establecido plazo alguno entre la citación y la audiencia.
El artículo 103 de la Ley 834 de 1978 se ha limitado a decir que el juez se
debe de asegurar que entre la citación y la audiencia, la parte demandada
haya podido preparar sus medios de defensa. Así él podría suplir de oficio
este aspecto, remitiendo el asunto para otra fecha a tales fines. En materia
de referimiento, las partes tienen que estar representadas por Abogados, tras
la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1983, que creó el Colegio
Dominicano de Abogados.
La audiencia se celebra como cualquier otra, en el local del Juzgado
de Primera Instancia, o en los casos de extrema urgencia, en la morada
misma del juez. Esa audiencia es pública, a menos que se trate de un asunto
que la ley manda que se conozca a puertas cerradas.
Los debates son esencialmente orales. Pero las partes pueden
depositar conclusiones escritas si ambas están presentes o representadas, y
sin que nada desnaturalice la rapidez que ha de caracterizar a este tipo
especial de procedimiento.
3.6.3 Ordenanza
Las decisiones adoptadas en materia de referimiento, aunque
constituyen, en realidad, verdaderas y auténticas sentencias, son
denominadas por la ley como “ordenanzas” (artículos 101 y siguientes de la
Ley No. 834, de 1978). Esas ordenanzas han de ser leídas en audiencia
pública. No es necesario dictamen alguno del Fiscal. El artículo 108 de la
Ley 834 de 1978 establece que “las minutas de las ordenanzas de
referimiento son conservadas en la secretaría de la jurisdicción”.
“Para los fines de ejecución, lo que se hace es expedir, pura y
simplemente, las necesarias copias de la minuta correspondiente. No
obstante, si es necesario, el juez puede perfectamente disponer que la
ejecución proceda a la vista de la minuta”. (párrafo 2 del artículo 105 de la
Ley 834, de 1978).
Las ordenanzas en referimiento no tienen, “en cuanto a lo principal,
la autoridad de la cosa juzgada”, como lo dice expresamente el artículo 104
de la Ley 834 sobre Procedimiento Civil de 1978. La provisionalidad es
precisamente uno de sus elementos esenciales y característicos, por lo que,
con ellas, no se debe nunca prejuzgar el fondo del asunto. Ese mismo texto
indica, sin embargo, en su segundo párrafo, que estas decisiones no
pueden ser modificadas ni renovadas, a no ser que surjan nuevos
factores, elementos o circunstancias. Igualmente, las ordenanzas en
referimiento son ejecutorias provisionalmente, sin necesidad de prestación
de fianza (párrafo 1 del artículo 105 de la Ley 834 de 1978). Pero el juez
puede ordenar que se preste una, si lo estima necesario, como lo expresa ese
mismo texto. El único recurso posible contra ellas es el recurso ordinario
de apelación, a menos que emane del Primer Presidente de la Corte de
Apelación, nunca el de oposición. El plazo para apelar es de quince días.
(Artículo 106 de la Ley No. 834, de 1978).
3.6.4 Competencia
En razón de la materia, para el referimiento ordinario que prevén los
artículos 101 al 112 de la Ley No. 834, de 1978, es el Juzgado de Primera
Instancia la jurisdicción competente. No sólo porque dicha jurisdicción es
de derecho común, y, por ende, con aptitud para conocer de todo asunto no
atribuido expresamente por la ley a un tribunal de excepción, sino también
porque incluso así resulta textualmente del artículo 109 de la ley ya
indicada.
Aunque ese artículo habla del “Presidente del Tribunal de Primera
Instancia”, hay que admitir que se trata de una misma realidad que resulta
del carácter unipersonal que tiene en República Dominicana ese órgano
jurisdiccional del Estado.
En razón del territorio, por aplicación de la regla general actor
sequitur forum rei, que resulta de la primera parte del artículo 59 del Código
de Procedimiento Civil de la República Dominicana, el Juzgado de Primera
Instancia competente para conocer de la demanda en referimiento es aquél
donde tiene ubicado su domicilio real la parte demandada. Si no tiene, por
ante el de su residencia.
3.6.5 Los poderes del Presidente de la Corte de Apelación
Tavares (1999, P. 92 y 93) señala que “De acuerdo con el antiguo
derecho, el referimiento no existía en grado de apelación. Los asuntos
urgentes que debían ser decididos en referimiento, eran llevados ante el
Juez de Primera Instancia, obligado en este caso a conocer en referimiento
cuestiones que, por el efecto devolutivo de la apelación, debían ser
conocidas por la Corte. Por otro lado, cualquier dificultad surgida con
motivo de la ejecución provisional de una ordenanza debía forzosamente ser
conocida por la Corte de Apelación en pleno, de acuerdo con el
procedimiento propio de esta jurisdicción”.
Los poderes del Presidente de la Corte están claramente previstos y
regulados en los artículos 136, 137, 138, 139, 140 y 141 de la Ley 834 de
1978, los cuales constituyen, una verdadera novedad legislativa. Se trata,
en sí, de un tipo especial de referimiento reservado exclusivamente al
Presidente de la Corte en el curso de la instancia de apelación.
Asimismo, el artículo 141 de la Ley 834, de 1978, establece que “el
Presidente podrá igualmente, en el curso de la instancia de apelación,
suspender la ejecución de las sentencias impropiamente calificadas en
última instancia, o ejercer los poderes que le son conferidos en materia de
ejecución provisional”.
CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
En este capítulo IV se presenta la matriz de las variables con los
indicadores del estudio que hacen posible el desarrollo de esta
investigación. También se analiza el instrumento que se le aplicó a la
población, el cual es presentado en tablas y gráficos; y por últimos se
presentan los hallazgos de la investigación, las conclusiones y las
recomendaciones que se plantean.
El objetivo general de esta investigación es evaluar la demanda en
referimiento ante los Tribunales de Excepción (Tribunal Laboral, Tribunal
de Tierras y Juzgados de Paz) en el Distrito Judicial de Puerto Plata.
Luciano (2005) señala que el referimiento puede definirse como un
procedimiento especial, rápido y sencillo, a fin de obtener una medida
provisional en caso de urgencia.
Por otro lado, en un estudio sobre las Vías de Recursos, realizado por
Valdez (1999) determinó que el referimiento se trata de un procedimiento
que tiende a obtener rápidamente del Tribunal una decisión que tiene un
carácter provisional y que presenta tres caracteres específicos: rapidez, juez
único y carácter provisional.
En el sistema judicial dominicano la figura del referimiento ha sido
instituida para tomar una decisión basada en la urgencia. El artículo 109 de
la Ley 834 del Código de Procedimiento Civil, que es una traducción del
Art. 808 del nuevo Código de Procedimiento Civil Francés, expresa que “el
presidente del Tribunal de Primera Instancia puede ordenar en referimiento
todas las medidas que no colindan con ninguna contestación seria o que
justifique la existencia de un diferendo”.
No obstante el referimiento estar contemplado en la Ley 834 del
Código de Procedimiento Civil, el mismo solamente estaba dirigido a las
demandas en referimiento ante los tribunales ordinarios, lo cual impedía
que se aplicara en los Tribunales de Excepción. Sin embargo, en los últimos
años y con las reformas judiciales en el área laboral y de tierra, la figura del
referimiento se ha institucionalizado, lo que ha traído como consecuencia
que tanto los abogados, juristas y jueces revisen sus concepciones sobre el
mismo y adquieran la conciencia de la importancia que reviste.
Se tiene la percepción, de que como la demanda en referimiento ante
los tribunales de excepción es reciente, los abogados no conocen cómo
introducirlas, ni cuáles son los requerimientos especiales ni qué existen
otros tipos de demanda en referimiento que no necesariamente tienen que
basarse en la urgencia. Todos estos planteamientos e inquietudes acerca del
referimiento ante los tribunales de excepción, sobre todo en el Tribunal
Laboral, de Tierras y Juzgados de Paz hacen que surjan las siguientes
preguntas: ¿Qué cantidad de demandas se llevan ante los tribunales de
excepción (tribunal de tierras, laboral y juzgado de paz)? ¿Cómo se
determina el sentido de urgencia en la demanda en referimiento? ¿Cuáles
son las medidas de precaución que se deben tomar en este tipo de demanda?
¿Qué tipos de garantías se aseguran en la demanda en referimiento? ¿Cuál
es el procedimiento en la demanda en referimiento ante los tribunales de
excepción (tribunal de tierras, laboral y juzgado de paz)? ¿Cuáles son los
medios que se utilizan para introducir la demanda en referimiento ante los
tribunales de excepción?
Se realizó una investigación de campo porque se levantó información
directamente de los tribunales de excepción en donde la población en
estudio son los jueces del Tribunal de Jurisdicción Original de Tierras, de la
Corte de Apelación en materia laboral y del Juzgado de Paz en el Distrito
Judicial de Puerto Plata, a los cuales se les aplicó un cuestionario de 11
preguntas.
Los tribunales de excepción están compuestos por todos los
tribunales que no sean ordinarios, dentro de los cuales se encuentran el
Tribunal de Jurisdicción Original de Tierras, el Laboral y el Juzgado de Paz.
Éstos se encuentran ubicados en el Palacio de Justicia de Puerto Plata en la
avenida Hermanas Mirabal.
Objetivos Específicos
Variables
Definición de
variables
Indicadores
Objetivos de los
indicadores
Fuentes
1. Identificar la cantidad de
casos de demandas en
referimiento introducidos
ante los Tribunales de
Excepción (laboral, tierra y
Juzgado de Paz).
1.1 Cantidad
de Casos
1.1.1. Es el total de
los casos en
referimiento en los
Tribunales de
Excepción.
1.1.1.1 Frecuencia de la
demanda en referimiento
en los tribunales de
excepción.
1.1.1.1.1 Determinar el número de
demanda en referimiento llevados
en el Tribunal de Jurisdicción
Original de Tierras, en el Tribunal
Laboral y en el Juzgado de Paz.
1.1.1.1.1.1 Instrumento aplicado a los jueces
de los Tribunales de Excepción (Laboral,
Tierras y Juzgados de Paz) en el Distrito
Judicial de Puerto Plata.
2. Analizar los motivos por
los cuales se solicita la
demanda en referimiento
ante los tribunales de
excepción (Laboral, Tierra
y Juzgado de Paz).
2.1 Motivos 2.1.1 Se refiere a
las causas por las
cuales las partes
involucradas en un
proceso solicitan la
demanda en
referimiento ante
los Tribunales de
Excepción.
2.1.1.1 Presunción de
Urgencia
2.1.1.2 Medida de
precaución
2.1.1.3 Garantía de los
Derechos de los
involucrados
2.1.1.1.1 Analizar el sentido de
urgencia que se toma en
consideración en la demanda por
referimiento.
2.1.1.1.2 Evaluar cuáles son las
medidas de precaución que se
deben tomar en cuenta en este tipo
de demanda en referimiento.
2.1.1.1.3 Determinar los tipos de
garantías que se aseguran en la
demanda en referimiento.
2.1.1.1.1.1 Instrumento aplicado a los jueces
de los Tribunales de Excepción (Laboral,
Tierras y Juzgados de Paz) en el Distrito
Judicial de Puerto Plata.
2.1.1.1.1.2 Instrumento aplicado a los jueces
de los Tribunales de Excepción (Laboral,
Tierras y Juzgados de Paz) en el Distrito
Judicial de Puerto Plata.
2.1.1.1.1.3 Instrumento aplicado a los jueces
de los Tribunales de Excepción (Laboral,
Tierras y Juzgados de Paz) en el Distrito
Judicial de Puerto Plata.
3. Comparar el proceso de
la demanda en referimiento
ante los tribunales de
excepción (laboral, tierra y
Juzgado de Paz).
3.1 Proceso
de la
demanda
3.1.1. Son los
pasos procesales
que se deben
seguir en una
demanda en
referimiento.
3.1.1.1 Pasos a seguir en
la demanda en los
tribunales de excepción.
(Tierras, Laboral y
Juzgado de Paz)
3.1.1.2 Medios utilizados
para instrumentar la
demanda en los
tribunales de excepción.
(Tierras, Laboral y
Juzgado de Paz)
3.1.1.1.1 Evaluar el procedimiento
de demanda en referimiento en los
tribunales de excepción. (Tierras,
Laboral y Juzgado de Paz.
3.1.1.1.2 Identificar los medios
utilizados para introducir la
demanda en referimiento en los
tribunales de excepción. (Tierras,
Laboral y Juzgado de Paz)
3.1.1.1.1.1 Ley 108-05, Código Civil y el
Código de Trabajo.
3.1.1.1.1.2 Ley 108-05, Código Civil y el
Código de Trabajo
4.2 Instrumento aplicado los Jueces del Tribunal de Jurisdicción
Original de Tierra, Corte de Apelación y Juzgado de Paz en el
Distrito Judicial de Puerto Plata
Tabla No. 1
Frecuencia con que se conocen los casos de demanda en referimiento
Opciones Frecuencia Porcentaje
Frecuentemente 1 33.33%
Algunas veces - -
Pocas veces 2 66.67%
Nunca - ‘
Total 3 100.00%
El 66.67% de los jueces entrevistados manifiesta que pocas veces
conocen de las demandas en referimientos, mientras que el 33.33% expresa
que frecuentemente conoce demanda en referimiento.
Gráfico No. 1
Cantidad de casos por demanda en referimiento
El Tribunal de Jurisdicción Original de Tierras del Distrito Judicial
de Puerto Plata conoció 10 casos de demanda en referimiento durante el
último semestre del año 2009; la Corte de Apelación en sus atribuciones
laborales conoció 24 casos; y el Juzgado de Paz conoció 2 casos.
Gráfico No. 2
Consideración de la presunción de urgencia en la demanda en
referimiento
El 100% de los jueces de los Tribunales de Excepción considera que
siempre se toma en consideración la presunción de urgencia en la demanda
en referimiento.
Tabla No. 2
Presunción de urgencia como causa para el embargo retentivo
Opciones Frecuencia Porcentaje
Siempre 1 33.33%
Casi siempre 1 33.33%
Algunas veces - -
Pocas veces 1 33.34%
Nunca - -
Total 3 100.00%
El 66.66%% de los jueces entrevistados considera que siempre y casi
siempre la presunción de urgencia es una causa para el embargo retentivo; y
el 33.33% expresa que pocas veces.
Tabla No. 3
La urgencia como un sinónimo de celeridad
Opciones Frecuencia Porcentaje
Sí 3 100.00%
No - -
Total 3 100.00%
El 100% de los jueces de los Tribunales de Excepción manifiesta que
sí la urgencia es sinónimo de celeridad.
Gráfico No. 3
Medidas de precaución en la demanda en referimiento
En cuanto a las medidas de precaución tomadas por el juez en la
demanda en referimiento, el 67% manifiesta que es para evitar un daño
inminente, mientras que el 33% expresa que es para hacer cesar una
turbación manifiesta.
Gráfico No. 4
Frecuencia que se emiten las ordenanzas como medida de precaución
El 34% de los entrevistados manifiesta que en la mayoría de los casos
se emiten ordenanzas, el 33% opina que en pocos casos y el 33% expresa
que en ninguno de los casos.
Tabla No. 4
Garantía de los derechos involucrados en la demanda en referimiento
Opciones Frecuencia Porcentaje
Siempre 3 100.00%
Casi siempre - -
Algunas veces - -
Pocas veces - -
Nunca - -
Total 3 100.00%
El 100% de los jueces de los Tribunales de Excepción manifiesta que
siempre en la demanda en referimiento se garantizan los derechos
involucrados, tanto los constitucionales como los individuales.
Tabla No. 5
Poder del Juez de tomar una decisión en caso de demanda en
referimeinto sin conocer la demanda principal
Opciones Frecuencia Porcentaje
Sí 3 100%
No - -
Algunas veces - -
Total 3 100.00%
El 100% de los entrevistados manifiesta que el juez que no conoce de
la demanda principal puede tomar una decisión en caso de una demanda en
referimiento.
Tabla No. 6
Garantías que se aseguran en la demanda en referimiento
Opciones Frecuencia Porcentaje
Conocer la demanda en un
plazo corto
2 66.67%
La urgencia y provisionalidad
de la decisión
1 33.33%
Igualdad entre las partes ante la
Ley
- -
Procesos justos y confiables - -
Total 3 100.00%
El 66.67% de los Jueces de los Tribunales de Excepción en el Distrito
Judicial de Puerto Plata considera que una de las garantías que se aseguran
en la demanda en referimiento es conocer la demanda en un plazo corto; y
el 33.33% expresa que se garantiza la urgencia y provisionalidad de la
decisión.
HALLAZGOS
Al concluir esta investigación acerca del referimiento ante los
Tribunales de Excepción (Tribunal Laboral, Tribunal de Tierra y Juzgado
de Paz), se presentan los hallazgos encontrados:
En el primer objetivo “Identificar la cantidad de casos de
demandas en referimiento introducidos ante los Tribunales de
Excepción (laboral, tierra y Juzgado de Paz)”, el estudio reveló que el
66.67% de los jueces entrevistados de los diferentes tribunales de excepción
manifiesta que pocas veces conocen de las demandas en referimientos. De
igual forma, se encontró que el Tribunal de Jurisdicción Original de Tierras
del Distrito Judicial de Puerto Plata conoció 10 casos de demanda en
referimiento durante el último semestre del año 2009; la Corte de Apelación
en sus atribuciones laborales conoció 24 casos; y el Juzgado de Paz conoció
2 casos. Estos hallazgos concuerdan con las estadísticas presentadas por la
Suprema Corte de Justicia (2009) en referencia al detalle de los casos
conocidos por cada uno de los tribunales en la Jurisdicción de Puerto Plata.
Además, estas revelaciones coinciden con lo que expresa Herrera
(2008) en cuanto a que en los tribunales en la República Dominicana no se
instruyen demandas en referimiento porque a éstas no se les ha dado la
importancia que revisten en los procesos judiciales.
En el segundo objetivo “Analizar los motivos por los cuales se
solicita la demanda en referimiento ante los tribunales de excepción
(Laboral, Tierra y Juzgado de Paz)”, la investigación arrojó que el 100%
de los jueces de los Tribunales de Excepción en estudio manifiesta que
siempre se toma en consideración lo presunción de urgencia en la demanda
en referimiento. Otro hallazgo es que el 66.67% de los jueces entrevistados
considera que siempre y casi siempre la presunción de urgencia es una
causa para el embargo retentivo. También se determinó que el 100% de los
jueces de los Tribunales de Excepción manifiesta que sí la urgencia es
sinónimo de celeridad.
Estos hallazgos no coinciden con lo expuesto por Monción (2010), el
cual sostiene que la urgencia no debe confundirse con la celeridad, porque
puede haber referimiento donde no haya urgencia. Un asunto cualquiera
requiere celeridad desde que exige una solución más expedita que aquella
que se podría obtener siguiendo los plazos ordinarios del procedimiento; y
ell asunto es urgente cuando hay peligro inminente en la demora, es decir,
cuando el demandante no puede esperar sin afectar sus intereses.
Otra revelación del estudio en cuanto a las medidas de precaución
tomadas por el juez en la demanda en referimiento, es que el 67%
manifiesta que es para evitar un daño inminente. Además, el 34% de los
entrevistados manifiesta que en la mayoría de los casos se emiten
ordenanzas. Estos hallazgos están de acuerdo con Ciprián (2006) quien
señala que una de las competencias del Juez de los Referimientos tanto en
el Tribunal Laboral, de Tierra y Juzgado de Paz es la emisión de ordenanza
dependiendo de lo que él considere.
También la investigación arrojó que el 100% de los jueces de los
Tribunales de Excepción manifiesta que siempre en la demanda en
referimiento se garantizan los derechos involucrados tanto los
constitucionales como los individuales. En este mismo orden el 100% de los
entrevistados manifiesta que el juez que no conoce de la demanda principal
puede tomar una decisión en caso de una demanda en referimiento y el
66.67% de los Jueces de los Tribunales de Excepción en el Distrito Judicial
de Puerto Plata considera que una de las garantías que se aseguran en la
demanda en referimiento es conocer la demanda en un plazo corto. Estos
hallazgos no están de acuerdo con el artículo 163 del Reglamento de los
Tribunales de Tierras que establece que “El Juez del Tribunal de Tierras de
Jurisdicción Original solo puede conocer de una demanda en referimiento
con motivo de una instancia de la que esté apoderado.”
En el tercer objetivo “comparar el proceso de la demanda en
referimiento ante los tribunales de excepción (laboral, tierra y Juzgado
de Paz)”, la investigación determinó que el proceso en referimiento en el
tribunal ordinario difiere en algunos aspectos con los procedimientos de la
demanda en referimiento en los tribunales de tierra, el juzgado de paz y la
corte de apelación en atribuciones laborales. Esta revelación concuerda con
Herrera (2008) quien señala que la demanda en referimiento en
esencia es la misma porque tiene los mismos elementos comunes, sin
embargo, distan de ser iguales en cuanto a su procedimiento y competencia.
Otro hallazgo de la investigación es que en la demanda en
referimiento en la Jurisdicción Inmobiliaria, el Tribunal competente para
conocer del referimiento es el de Jurisdicción Original que esté apoderado
previamente de un asunto principal. Este hallazgo está de acuerdo con
Monción (2010) en lo que respecta a que en la Jurisdicción Original de
Tierras el reglamento establece la exclusividad del conocimiento de los
casos en referimiento solamente por el Juez que está apoderado del caso
principal.
También se reveló que en la Jurisdicción Inmobiliaria el referimiento
solo es posible en el transcurso de la instancia, es decir solo se puede
apoderar un tribunal si existe un caso principal y si éste es que lo está
conociendo. Este hallazgo está en desacuerdo con lo que plantea Monción
(2010) respecto a que admitir que únicamente hay referimiento en el curso
de la instancia, es negar la esencia misma del referimiento,
Por otro lado, el estudio determinó que el procedimiento de la
demanda en referimiento en la jurisdicción inmobiliaria empieza con la
obtención por parte del demandante de un auto de fijación de audiencia por
parte del Juez competente, la cual es notificada a la otra parte. Luego se
presentan a la audiencia y el Juez tiene un plazo de quince días para tomar
una decisión al respecto. Si alguna de las partes no está de acuerdo,
procede a recurrir en apelación. Estos hallazgos coinciden con un análisis
realizado por Olivares (2005) cuando señala que la demanda en
referimiento en la jurisdicción inmobiliaria es sencilla y rápida y que todo el
proceso no tarda más de 45 días.
En cuanto a la demanda en referimiento en el Tribunal Laboral, se
reveló que estos casos son conocidos por la Corte de Apelación en
atribuciones laborales. El presidente de la Corte puede siempre prescribir en
referimiento las medidas conservatorias que se impongan sea para prevenir
un daño inminente sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente
ilícita. Estos hallazgos tienen similitud con lo que señala Hernández (2002)
de que todo lo referente a los referimientos en materia laboral son
conocidos por el Presidente de la Corte de Apelación quien tiene
atribuciones laborales.
En cuanto al procedimiento en materia laboral, la demanda en
referimiento deberá realizarse elevando un escrito motivador de sus
pretensiones, el cual se depositará en la Corte de Apelación en atribuciones
laborales. No se establece plazo de comparecencia. El procedimiento debe
ser simple y rápido y se debe aplicar el principio de concentración. Estos
hallazgos coinciden con Herrera (2008) quien señala que la audiencia en
materia laboral debe conocerse sin dilaciones posibles en forma
esencialmente oral.
Por último, el estudio reveló que en el Juzgado de Paz la demanda en
referimiento solo es posible en caso de urgencia, según lo establece el
Código de Procedimiento Civil, en donde el Presidente del Tribunal de
Primera Instancia puede ordenar en referimiento todas las medidas que no
colindan con ninguna contestación seria o que justifique la existencia de un
diferendo. El Referimiento en Derecho Común es un trámite rápido y
sencillo tendente a obtener del presidente del tribunal civil o de comercio
una ordenanza que resuelva provisionalmente un incidente, sin decidir sobre
el fondo del asunto. Estas revelaciones están de acuerdo con Acosta (2002)
sobre la sencillez de los trámites para la demanda en referimiento y de que
la misma no conoce el fondo de la demanda, sino que toma decisiones
provisionales.
CONCLUSIONES
Al finalizar esta investigación y luego de plantear los hallazgos
encontrados en la misma se ha llegado a las siguientes conclusiones:
Durante el último semestre del año 2009 en los Tribunales de
Excepción en el Distrito Judicial de Puerto Plata se conocieron 36 casos en
demanda en referimiento desglosado de la siguiente manera: 10 por el
Tribunal de Jurisdicción Original de Tierras; 24 por la Corte de Apelación
en sus atribuciones laborales y 2 casos por el Juzgado de Paz del Distrito
Judicial de Puerto Plata. Esta cantidad de casos da a entender que los casos
en referimiento en estos tribunales no son frecuentes, bien pudiera ser por
desconocimiento de las partes involucradas en un proceso judicial o por la
falta de voluntad de parte de los funcionarios judiciales por conocer este
tipo de demanda.
Dentro de los elementos principales que se toman en cuenta en la
demanda en referimiento está la presunción de urgencia, siendo este aspecto
siempre una de las causas por lo que se decide el embargo retentivo. La
presunción de urgencia se asemeja a la celeridad, que significa sin urgencia
probada o justificada no hay lugar al referimiento. Y la urgencia siempre es
una necesidad apremiante, que no puede ser aplazada. La urgencia es
sinónimo de un asunto imperioso, perentorio, inminente. Sin embargo, la
urgencia es una cuestión de hecho que se encuentra abandonada a la
apreciación del juez.
También se concluye que el Juez que conoce la demanda en
referimiento ya sea en la Jurisdicción Inmobiliaria, Corte de Apelación en
atribuciones laborales y el Juzgado de Paz, no necesariamente debe estar
apoderado de la demanda principal. En este sentido puede tomar las
medidas de precaución necesarias para evitar un daño inminente. Estas
medidas de precaución se emiten a través de las ordenanzas, las cuales son
frecuentes y las cuales no pueden prejuzgar el fondo, porque son medidas
provisionales.
Otra conclusión de esta investigación es que en la demanda en
referimiento siempre se garantizan los derechos de las partes involucradas
en el proceso. Dentro de estas garantías están las que se establecen en la
constitución, es decir las garantías constitucionales; y las garantías
individuales que son inherentes al ser humano.
Por otro lado, en la demanda en referimiento uno de los derechos que
se les garantizan a las partes es que se le asegura que el proceso será
conocido en corto plazo, lo que soporta el elemento de que la demanda en
referimiento es un trámite administrativo rápido y sencillo.
Por último, se concluye que en la demanda en referimiento en los
tribunales de excepción, como lo es el Tribunal de Jurisdicción Original de
Tierras, la Corte de Apelación en atribuciones laborales y el Juzgado de
Paz, el procedimiento y los medios para llevar a cabo este tipo de demanda
es en cierta forma igual. Todos deben presentar la solicitud mediante un
acto por escrito motivando las razones por las cuales se solicitan las
medidas cautelares, se debe depositar ante el Tribunal Competente para
conocer de la demanda en referimiento; la audiencia es oral y el juez tiene
menos de quince días para emitir una ordenanza, la cual puede ser recurrida
en casación.
RECOMENDACIONES
Es importante que al terminar con esta investigación acerca de la
demanda en referimiento ante los Tribunales de Excepción (Tribunal de
Tierra, Laboral y Juzgado de Paz) se presenten recomendaciones, las cuales
se detallan a continuación:
A la Suprema Corte de Justicia:
Coordinar seminarios y talleres a los jueces de los Tribunales de
Excepción para afianzar los conocimientos acerca de la demanda en
referimiento para que estén más capacitados en esta materia.
A los abogados en la ciudad de Puerto Plata:
Estudiar más todo lo referente a la demanda en referimiento, sobre
todo ante la Jurisdicción Inmobiliaria, ya que a partir de la Ley 108-
05 la figura jurídica del referimiento fue introducida en esta materia
con un nuevo procedimiento y nuevas reglamentaciones.
Exigirles a los jueces de los Tribunales de Excepción el
cumplimiento de los plazos en la demanda en referimiento, ya que el
elemento de urgencia hace necesario una respuesta rápida.
Estar consciente de que, además de referimiento clásico, existen otros
tipos de referimiento contemplados en la Ley de Registro
Inmobiliario y el Reglamento del Tribunal de Tierra.
APENDICE
INSTRUMENTO APLICADO A LOS JUECES DE LOS
TRIBUNALES DE EXCEPCION (LABORAL, TIERRA Y JUZGADO
DE PAZ) EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PLATA
Somos Marcia y Rosaura, estudiantes de Derecho en la Universidad
Tecnológica de Santiago (UTESA) Recinto Puerto Plata y estamos
preparando un estudio como exigencia parcial para optar por el título
de Licenciadas en Derecho, por lo que agradecemos contestar las
siguientes preguntas:
Frecuencia de la Demanda en referimiento en los Tribunales de
Excepción
1. ¿A cuál de estos tribunales usted pertenece?
a. Tribunal de Jurisdicción Original de Tierras
b. Corte de Apelación en atribuciones laborales
c. Juzgado de Paz
2 ¿Con qué frecuencia conoce usted de los casos por demanda en
referimiento en su tribunal?
a. Frecuentemente
b. Algunas veces
c. Pocas veces
d. Nunca
3. ¿Qué cantidad de casos por demanda en referimiento ha conocido usted
en el último semestre del año 2009?
____________
Presunción de Urgencia
4. ¿Se toma en consideración la presunción de urgencia en la demanda en
referimiento?
a. Siempre
b. Casi siempre
b. Algunas veces
c. Pocas veces
d. Nunca
5. ¿La presunción de urgencia es la causa para el embargo retentivo?
a. Siempre
b. Casi siempre
b. Algunas veces
c. Pocas veces
d. Nunca
6. ¿Se considera la urgencia como un sinónimo de celeridad?
a. Si
b. No
Medida de Precaución
7. ¿Cuáles son las medidas de precaución que toma en cuenta el juez en la
demanda en referimiento?
a. Hacer cesar una turbación manifiesta
b. Dificultad en la ejecución de una sentencia
c. Evitar un daño inminente
d. Todas las anteriores
8. ¿Con qué frecuencia se emiten ordenanzas como medida de precaución?
a. En la mayoría de los casos
b. En algunos de los casos
c. En pocos casos
d. En ninguno
Garantía de los derechos involucrados
9. ¿Considera usted que en la demanda en referimiento se garantizan los
derechos involucrados, tales como constitucionales e individuales?
a. Siempre
b. Casi siempre
c. Algunas veces
d. Pocas veces
e. Nunca
10. ¿Puede un juez que no conoce la demanda principal, tomar una decisión
en caso de una demanda en referimiento?
a. Si
b. No
c. Algunas veces
11. ¿Qué garantías se aseguran en la demanda en referimiento?
a. Conocer la demanda en un plazo corto
b. La urgencia y provisionalidad de la decisión
c. Igualdad entre las partes ante la ley
d. Procesos justos y confiables
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