Este libro fue publicado por CISEA (Centro de Investigaciones

Sociales sobre el Estado y la Administración), en 1990 en una

edición de 1200 ejemplares, con el código ISBN: 950-9305-16-2

Un Modelo sin Retorno

Jorge Schvarzer Presentacion La continuidad y profundidad de la crisis argentina es un dato relevante. Otro no menos importante es la resistencia que ofrece nuestra economía a todo intento de regular su funcionamiento de manera más "racional"; este es uno de los fenómenos más característicos de la década del ochenta. A lo largo de todo el período, distintos actores ensayaron sin éxito reducir la inflación, frenar los impulsos especulativos, incrementar la inversión y recuperar la senda del crecimiento; una y otra vez, esos intentos fracasaron por causas cuya descripción es objeto de ardientes polémicas públicas. Para algunos, fallaron los modelos puestos en práctica; para otros, no hubo la suficiente decisión política, o la voluntad de actuar, de parte de sucesivos equipos de gobierno. No casualmente, distintos grupos políticos preparan nuevas alternativas y buscan nuevas alianzas sociales para enfrentar a estos problemas que siguen afectando al país. El momento parece oportuno para añadir algunos criterios a esa polémica. Nuestra opinión consiste en que la Argentina sufre las consecuencias de una crisis muy profunda al tiempo que atraviesa un proceso de mutación no menos significativo. La crisis provoca urgencias para actuar; simultáneamente, los cambios que se están operando bloquean las posibilidades de respuesta. Las condiciones de funcionamiento de la economía son tan diferentes a las verificadas en décadas anteriores que presentan resistencias muy serias a la aplicación de recetas que lograron resultados satisfactorios en otras oportunidades. Por eso, quizá, la discusión se hace tan difícil. El problema básico, a nuestro juicio, reside en el diagnóstico que se efectúe de la coyuntura y los objetivos reales esperados para el mediano plazo; a partir de la combinación de esos dos elementos se pueden ofrecer los criterios para una solución. De lo contrario, la polémica se inserta en el supuesto de que todos comparten un mismo diagnóstico y la misma serie de buenos deseos para el futuro; no resulta extraño que esa combina ,

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ción genere fallas teóricas y

peor aún, tendencias compulsivas hacia el tanteo y la improvisación. Desde hace varios años, hemos tratado de reflexionar sobre el tema, a partir de nuestro análisis sobre la política aplicada por J. A. Martínez de Hoz mientras fue ministro de Economía (ver Schvarzer, 1987). En dichos trabajos, que comenzaron a tomar estado público en 1982 y continuaron por un largo período, llegamos a la conclusión de que aquella política no fracasó ni había sido errónea o ingenua; por el contrario, el diseño de su recorrido permitió detectar que ella trató de proveer un poder decisivo a los representantes locales más conspicuos de quienes manejan el dinero y las relaciones con los centros financieros internacionales. La subordinación de todas las decisiones tomadas en aquel entonces al logro de ese objetivo, que consideramos fundamental, logró modificar las relaciones de poder social dentro de la economía argentina como consecuencia inevitable de sus nuevas formas de funcionamiento y de inserción en el mercado mundial. El balance de la política económica de la "guerra sucia" sugiere que, conciente o inconcientemente, fue aplicada para suprimir el poder latente de regulación que poseen los grandes grupos sociales cuando dominan ciertas instituciones y, en particular, el aparato estatal. Esas conclusiones permitían diagnosticar el proceso que atravesaba la economía argentina en la segunda mitad de la década del setenta y abrían el paso a una comprensión diferente de sus consecuencias. Naturalmente, no agotaron la cuestión ni fueron asumidas por los analistas, de manera que permanecen como tema de debate, aunque deben mencionarse porque sustentan los textos que presentamos en este libro. A partir de aquellas reflexiones escribimos diversos documentos que pretendían explicitar facetas específicas de las condiciones en que se desenvolvía la economía argentina. Cada uno de ellos trata un tema particular y se dirige a un público determinado por el ambiente previsto para su presentación original; cada uno tiene distinta fecha y diferente énfasis. Sin embargo, al unirlos creemos observar una continuidad que va abarcando el diagnóstico de la economía argentina. Si bien esos textos no agotan el tema, permiten efectuar un nuevo recorrido por algunos aspectos estructurales cuyo diagnóstico acompaña al debate coyuntural. Por eso los presentamos aquí en forma conjunta, como libro, para facilitar su utilización por quienes procuran comprender, y ayudar a superar, esta crisis que parece resistirse a todo intento de resolución. El primer trabajo que presentamos ensaya una observación a vuelo de pájaro sobre los cambios ocurridos durante la última década en las economías de las naciones más desarrolladas; en particular, en aquellos que dificultan -o, abiertamente, imposibilitan- la aplicación de los mecanismos de regulación keynesiana. En esencia, allí se desea mostrar que la apertura de esas economías ha suprimido una característica básica, no siempre explícita en los diagnósticos previos, para que las mencionadas políticas tengan éxito: las medidas aplicables en un mercado cerrado no son, ni pueden ser, las mismas que en una estructura abierta al mercado mundial. Por otra parte, se insiste en que la lógica de aplicar "más de lo mismo" para resolver ciertos problemas termina siendo contraproducente cuando la extensión de esas decisiones alcanza ciertos umbrales críticos; el recurso al endeudamiento, por ejemplo, o

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la ampliación del gasto público, terminan encontrando ciertos límites más o menos objetivos que frustran las expectativas puestas en la repetición acumulada de ensayos que resultaron exitosos en condiciones diferentes. Por eso, se concluye, fracasan ciertas estrategias que no tienen en cuenta que se modificó el entorno sobre el cual se aplican. La transformación de las circunstancias exige el cambio de las políticas aplicadas, aunque muchas veces el debate parece centrarse en la verdad absoluta y permanente de los modelos teóricos. El trabajo aterriza finalmente en la economía argentina como modelo para pensar las dificultades que enfrenta la regulación keynesiana. Su óptica consiste en presentar los resultados de la estrategia aplicada por Martínez de Hoz como un caso particular de intento de acomodo con el proceso de evolución de las naciones más desarrolladas; esa convergencia, sin embargo, no se produce en los ámbitos referidos a la eficiencia productiva, sino en las condiciones de funcionamiento que limitan la capacidad de orientar la economía desde el Estado. Por eso, la inserción en el panorama general permite definir más claramente dos aspectos que nos parecen básicos: la convergencia en el deterioro de la capacidad regulatoria entre la economía argentina y los modelos capitalistas avanzados, así como las diferencias de esos modelos con respecto al patrón tradicional de evolución de nuestro país. El segundo trabajo insiste en un aspecto sutil que, en el fondo, atraviesa todos los análisis sobre el tema: toda apertura económica disminuye la capacidad de regulación gubernamental, pero la secuencia de dicho proceso de apertura resulta decisiva para definir la evolución posterior de la economía nacional. Las naciones industriales emprendieron una apertura exportadora, primero, que fortaleció la capacidad y competencia de sus instalaciones productivas; recién después encararon la apertura de las actividades de servicios y de sus sistemas monetarios y financieros. Él mismo fenómeno se observa en las naciones del sudeste asiático que dieron prioridad a la salida de su producción antes de abrir otros aspectos de sus economías. En contraste con esa experiencia, la Argentina recorrió un camino que privilegió la apertura monetario-financiera antes que la productiva; esa secuencia generó, a nuestro juicio, trabas apreciables para impulsar el desarrollo antes que éste se hubiera consolidado. La comparación con la experiencia de los centros permite decir que no es la apertura en sí misma sino la forma de llegar a ella la que modifica y condiciona las posibilidades nacionales. Si los dos primeros ensayos mencionados exploran algunas de las trabas al desarrollo argentino, el tercero encara las tendencias previsibles para nuestra economía en la próxima década. La posibilidad de un crecimiento continuado, sobre la base de ciertas ventajas comparativas naturales sumadas a otras de carácter dinámico en el sector industrial, permite dibujar las tendencias imaginables hacia el año 2.000 si se superan las principales trabas que se oponen en la coyuntura. Se trata de un diseño preliminar, apto para debatir las políticas que podrían consolidar ese proceso en la medida en que se lo adopte como posible y deseable. El último trabajo asume otro enfoque, puesto que intenta relacionar el funcionamiento de la economía argentina con algunas pautas de comportamiento de sus empresarios. Allí se sugiere que las conductas

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"normales" en una economía cerrada se diferencian neta mente de las exigidas por una economía abierta. El primer modelo, ampliamente estudiado, permitía observar una actitud colusoria entre sectores urbanos -empresarios y asalariados- destinada a captar excedentes de la producción pampeana aunque ello atentara, a la larga, contra la posibilidad de sostener ciertos equilibrios en el funcionamiento económico global. La economía abierta, en cambio, posibilita la asociación entre empresarios industriales y agropecuarios -supuesto que se cumplan ciertas condiciones de contexto planteadas en el análisis- modificando las posibles "alianzas de clases" y, sin duda, sus expresiones políticas. Es decir que el cambio estructural que atraviesa la economía argentina podrá tener efectos en los más inesperados ámbitos sociales, desde la capacidad de regulación estatal hasta el comportamiento de los distintos grupos sociales en el futuro previsible. Como se ve en esta presentación, el conjunto de trabajos tiende a presentar desde las restricciones al cambio en la economía argentina hasta las posibilidades globales en la próxima década y algunos efectos político sociales presumibles. Por eso creemos que se trata de un material de discusión útil, aunque no se puedan disimular ciertos defectos propios de su origen. En primer lugar, la reducida extensión de los textos obliga a sintetizar y a dar por supuestos ciertos conocimientos básicos en el lector. Por otra parte, ciertos argumentos se repiten en el curso de la presentación, resultado casi inevitable dado el origen independiente de cada texto y la necesidad de efectuar referencias a temas que se cruzan en el análisis. Finalmente, es un dato obvio que el trabajo no cubre todos los problemas de la economía argentina, sino aquellos que surgían de la preocupación por presentar una respuesta a cierta preocupación específica en cada oportunidad. Esperamos que el lector podrá consolarse frente a tantos inconvenientes si reconoce la simplicidad de lectura de la presentación, el carácter didáctico que asume la reiteración de ciertos argumentos, y la brevedad del conjunto que debería facilitar la comprensión de las ideas básicas. Con esos criterios lo ofrecemos a la discusión.

Jorge Schvarzer agosto de 1989

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El Estado y su Mecanismo de Regulacion Frente a Diferentes Situaciones Macroeconomicas

Este trabajo fue preparado en 1987 en el contexto de un seminario sobre el tema, solicitado por CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) y publicado en Latinoamérica: lo político y lo social en la crisis. CLACSO, Biblioteca de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1987. 1. Introducción La consolidación y profundización de los procesos democráticos en las naciones capitalistas desarrolladas estuvieron acompañadas por un persistente intento de regulación y control de su vida socio económica. Las experiencias de manejo del ciclo de actividad económica, encaradas con éxito en la posguerra, dieron paso –casi sin solución de continuidad- a políticas sociales que buscaban neutralizar los posibles efectos nocivos del funcionamiento irrestricto de los mercados. Los objetivos de pleno empleo, la defensa del salario mínimo, los beneficios generalizados en las áreas de salud, desempleo, jubilación, fueron creando nuevos lazos de relación social en cada nación, a la vez que una red de organismos destinados a cumplir estos fines. En los últimos años, sin embargo, se nota una resistencia particular a este proceso; de una u otra manera, las posibilidades de regulación se ven neutralizadas mientras surge una campaña cada vez más intensa en contra de las políticas sociales y a favor de un retorno al funcionamiento irrestricto del mercado como sistema de regulación económico social. Luego de treinta años de auge del sistema regulatorio y democráticamente concertador, se puede contabilizar una larga década en sentido contrario, como si estuviera recorriendo una evolución cíclica. Este documento pretende esbozar la hipótesis de que este ciclo político social no puede independizarse de fenómenos más amplios y abarcadores. La evolución económica desde el shock de 1929 fue creando nuevas estructuras productivas y distintas normas de interacción entre los grupos sociales que condicionan, en ultima instancia, las relaciones de poder entre ellos. En esencia, la crisis desbarató el sistema de mercado y redujo el poder de sus defensores hasta dar lugar a la implantación de mecanismos de regulación que se fueron consolidando con el paso del tiempo. El proceso no fue lineal. La recuperación productiva del sistema, la creciente interrelación entre los mercados nacionales y el resurgimiento de estructuras financieras no reguladas, dieron paso a un fortalecido poder de los poseedores de riqueza que se refleja en la nueva situación política. El retorno a ciertas políticas de mercado, asi como el fracaso relativo de algunos intentos de regulación recientes, ofrecen una imagen elocuente de este desplazamiento de las relaciones de poder entre los grupos sociales que acompaña a la reestructuración del sistema capitalista en la década del ochenta. La sola mención de esta hipótesis plantea problemas formidables. Para justificarla deberían estudiarse los aspectos económicos, políticos y sociales de la evolución de las naciones desarrolladas en el último medio siglo, algo que escapa a la posibilidad de un investigador y que no puede resumirse en las páginas de un ensayo. Por esas razones, este trabajo debe considerarse

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como un esbozo inicial de lo que podría llamarse una imagen de la forma de funcionamiento del sistema capitalista mundial a los efectos de plantear criterios para su discusión. La presentación utiliza algunas teorías ya difundidas, más o menos dispersas, así como información de carácter muy global, pues busca más las tendencias estructurales que los fenómenos particulares. El objetivo no es tanto afirmar teorías consolidadas, sino explorar algunas pautas que permitan pensar un tema que actualmente está en discusión en todo el planeta. El trabajo se divide en tres partes principales. En la primera se repasa el significado de lo que se denomina el "mundo keynesiano", el período de regulación de la economía que se estableció sobre los escombros de la crisis de la década del treinta y que dio lugar a una nueva etapa del sistema capitalista. En la segunda parte se plantean algunos aspectos sectoriales del modelo que evolucionaron en direcciones cada vez menos compatibles con las posibilidades de la regulación y que permiten abrir una perspectiva sobre la coyuntura actual. En la tercera parte se analiza el caso argentino que, por razones obvias, es el que más nos compete e interesa. La evolución argentina ofrece características propias que merecen un estudio minucioso y detallado. Sin embargo, preferimos presentarla en el marco de un esbozo global, porque la convergencia de fenómenos nacionales diferentes hacia una misma situación permite suponer que las fuerzas que tienden a romper con el sistema de regulación son más generales e intensas que lo supuesto para un solo caso nacional. Esta forma de presentación permite considerar a la Argentina como un caso especial de una tendencia que se dibuja en escala mundial, pero 'con modalidades ligeramente distintas en cada país. La presentación resulta sumamente ambiciosa debido a la extensa cantidad de material dedicada a la coyuntura de las naciones desarrolladas. El resultado busca un trade off entre profundidad y generalidad; el sacrificio de la primera permite conocer un panorama más amplio y abarcador que, por eso mismo, abre tantos interrogantes como los que trata de responder. Ese es, precisamente, uno de los objetivos de este ensayo: esbozar ideas de la forma más global posible para iniciar una discusión y no para cerrarla. Esperamos haberlo logrado a pesar del inevitable resumen de cada argumento y de. la forma, por momentos inorgánica, de la presentación, que derivan del imprescindible proceso de tanteos de quien busca comprender la realidad sin apelar al recurso de las respuestas preconcebidas. 2. El mundo keynesiano La política de regulación del sistema de mercado nació sobre los escombros del modelo anterior. La crisis desatada en 1929 marcó el fin del capitalismo clásico de libre competencia librado a sí mismo. La euforia de la década del veinte, vivida de manera particularmente intensa en un puñado de naciones privilegiadas, dio paso, bruscamente, a una nueva percepción de la realidad. La crisis resultó demasiado brutal, demasiado inesperada, demasiado extendida, como para ser disimulada bajo la impresión de un fenómeno pasajero o marginal. El desconcierto de los dirigentes políticos y sociales fue de la mano con el

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creciente descontento social. Keynes tuvo el mérito de documentar una sensación generalizada cuando demostró que el sistema capitalista podía permanecer en estado de estancamiento continuo si no operaban fuerzas exógenas que le inocularan un nuevo dinamismo. Es un hecho conocido que el modelo keynesiano se difundió cuando la situación ya estaba madura para su aceptación. Las primeras respuestas a la crisis comenzaron a buscarse con premura obligadas por las circunstancias; los esfuerzos se realizaban a tientas, con menos teoría que decisión de hacer algo antes de que la crisis desorganizara toda la estructura social. La vertiginosa caída de la producción acentuaba la urgencia de neutralizar, por lo menos, las pérdidas de los grupos privilegiados y la creciente inestabilidad política nacida del embate de las crecientes capas de desocupados y descontentos. Los modelos consagrados hasta entonces no podían disimular su fracaso ni se mostraban capaces de brindar una solución. De una u otra manera, tanteando la coyuntura con espíritu pragmático, los líderes políticos de cada nación tendieron a lograr los mismos objetivos con procedimientos similares. Ellos trataban, básicamente, de generar nuevos impulsos a la actividad económica que permitieran recuperar el empleo y la demanda; su herramienta inmediata e indispensable era el Estado, el único que podía reorganizar la producción a partir de su enorme capacidad económica y política frente a un mercado que no mostraba indicios de reaccionar espontáneamente. El Estado, como organizador de la sociedad, surgía como el factor exógeno que podía y debía estimular la economía deprimida. Nada puede ser más revelador de las exigencias objetivas derivadas de la situación económico-social que la similitud de las políticas aplicadas por Roosevelt, en los Estados Unidos, y por Hitler, en Alemania, para superar la crisis; ambos lanzaron ambiciosos programas de obras públicas que, junto con la regulación de los mercados laboral y financiero, otorgaron un fuerte incentivo a los procesos de reactivación. La diferencia de origen y valores de esos dos gobiernos realza la semejanza de sus políticas económicas, a las que debe añadirse otro elemento significativo: ambos desconocían las propuestas keynesianas -así como los trabajos convergentes de Kalecki- que avanzaban contemporáneamente en la elaboración de las ideas que justificarían teóricamente dichas estrategias. Los esfuerzos de reactivación no fueron suficientemente coherentes ni sistemáticos en sus primeros años como para renovar las maneras de funcionamiento del sistema económico. La resistencia de ciertas fuerzas sociales, en unos casos, y el predominio de los paradigmas anteriores, en otros, derivó los impulsos hacia una economía de guerra que desembocó en la gran hecatombe de los años cuarenta. El conflicto bélico colocó a Europa al borde de la destrucción mientras los problemas de la situación económica quedaron supeditados a los requerimientos militares; la contienda no resultó neutra para la evolución posterior de los acontecimientos puesto que, a través de la destrucción de estructuras productivas y organizaciones sociales, abrió el camino a cambios profundos en el sistema. La guerra arrojó resultados inesperados. El enorme cambio social en Europa y Japón permitió una reconstitución política casi imprescindible para la aplicación del nuevo modelo económico. Las consecuencias de la guerra resultaron

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equivalentes a las provocadas por una revolución social al dar paso a los grupos más dinámico de cada nación. El formidable desarrollo de los años siguientes difícilmente se hubiera podido llevar a cabo si no fuera por esa convergencia multiplicadora expresada por la difusión de la teoría keynesiana en condiciones de profunda mutación social; la primera alentaba los impulsos al cambio mientras que la segunda reducía la presencia y capacidad de bloqueo de los antiguos grupos privilegiados. Los Estados Unidos cumplieron un papel crucial en esos cambios. La presencia de las tropas de ocupación constituyó un factor decisivo en el proceso transformador de la economía alemana en la segunda mitad de la década del cuarenta, tal como lo fue la acción del general Mac Arthur para lograr la reforma agraria y la reconstitución del dinamismo empresario en el Japón. Un siglo y medio antes, las tropas de Napoleón habían difundido las consecuencias sociales de la Revolución Francesa sobre buena parte del territorio europeo; sus efectos desbordaron el continente y llegaron hasta las colonias americanas de España y Portugal que iniciaron el camino de la independencia a partir de la derrota de sus metrópolis. Repitiendo esa historia en un nuevo contexto fueron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, las encargadas de asegurar los cambios necesarios para la consolidación de un capitalismo dinámico y reformador. Los efectos militares se vieron apoyados por las necesidades de la economía norteamericana en la posguerra, cuyas dimensiones relativas y características operativas le permitieron asumir el papel de locomotora de la economía mundial. La combinación de reformas socio-económicas en Europa y Japón con el impulso motor de la economía norteamericana dio lugar al proceso de auge de la posguerra. Lo importante a destacar consiste en que el desarrollo no fue la consecuencia de un nuevo modelo teórico sino de una evolución social específica, con nuevas relaciones de fuerza entre sus distintos grupos constituyentes que, simultáneamente, adoptaba como propia la versión keynesiana de la economía. Pasaron varios lustros hasta que "todos fueron keynesianos" en los centros y para que la nueva teoría ocupara un puesto de privilegio en las universidades, centros de investigación y grupos políticos. El mito de una batalla puramente intelectual contrasta con la experiencia histórica. La nueva doctrina se adaptaba espléndidamente a la realidad económica y a la nueva conformación del poder social; de allí que se fortalecía continuamente a medida que lograba éxitos coyunturales en su accionar. Los optimistas de siempre no vacilaron en acudir al modelo como una explicación cierta de que ya no habría crisis ni problemas porque la regulación estatal abría un nuevo cauce en la historia de la humanidad; en su entusiasmo, ignoraban que esa regulación no florecía en el vacío sino en un ambiente socio-económico bien definido. El modelo se denominó de economía mixta atendiendo a la particularidad de que el Estado asumía una parte considerable de la gestión económica pero sin eliminar al mercado como ámbito de relaciones y emisor de señales. En términos económicos, economía mixta quería decir que el Estado intervenía decididamente sobre ciertas variables macro-económicas, tales como la tasa de interés, las grandes decisiones de inversión, el salario mínimo, etc., con el

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objeto de regular la producción de bienes y servicios, la expansión de la actividad, su orientación y el disfrute algo más equitativo de sus beneficios. En términos sociales, economía mixta quería decir que los grandes grupos políticos podían imponer ciertas condiciones al funcionamiento del mercado a través del aparato estatal; la sociedad desplazaba al poder económico como criterio básico de distribución de riqueza y tendía a implantar una nueva lógica de gestión, orientación y reparto a través de lo que podría llamarse un mercado subsidiario. La lógica política se hizo reformista aun cuando no todas las naciones estuvieran dirigidas por partidos reformistas; el Estado permitía aplicar nuevas condiciones de producción y reparto de los bienes demandados por la sociedad. No resulta extraño, en esas condiciones, que la batalla política por el control del Estado se convirtiera en uno de los elementos decisivos a medida que allí se concentraban las decisiones cruciales. El mercado siguió constituyendo un ámbito de regulación donde se enfrentaban los diferentes propietarios de capitales entre sí y, todos en conjunto, con los trabajadores. Pero el control oficial definía contornos específicos para la acción del mercado que tenían escaso parecido con los conocidos en las décadas anteriores. El éxito de la economía mixta consistía, precisamente, en ese recorte del ámbito cubierto por el mercado, que imponía nuevos comportamientos a los agentes económicos y ofrecía márgenes crecientes para la acción social. El éxito regulatorio trasladó rápidamente el eje de la preocupación pública desde los temas productivos a los de una mejor distribución en lo que se convino en denominar el Walfare State. Vistos en perspectiva histórica, el avance de ciertos criterios de mayor equidad social resultan impresionantes. En el corto lapso de un par de décadas las naciones desarrolladas pasaron a imaginar y aplicar formas de reparto que desplazaban las imágenes del horno economicus, supuesto beneficiador del conjunto a través de la defensa despiadada y egoísta de sus propios intereses, por una nueva solidaridad social basada en criterios de necesidad y equidad. La extensión masiva de los sistemas de retiro por edad, de los seguros contra accidentes y desempleo, de los mecanismos de salud y ayuda contra la pobreza, el incentivo a la educación, constituían la prueba evidente de la nueva conformación del poder social en las economías desarrolladas que tendía a consolidarse en los hechos tanto como en la conciencia de las grandes masas. En 1946 el Congreso norteamericano con el apoyo de los dos partidos locales, aprobó la Ley de Empleo, cristalizando el tema del pleno empleo como un objetivo de interés nacional, y en definitiva, legitimando la acción del Estado cuando el mercado fuera incapaz de lograr ese objetivo. Veinte años después otro presidente de los Estados Unidos propuso el programa de "la Gran Sociedad" reflejando la conciencia política predominante dispuesta a repartir de nueva manera la riqueza que parecía brotar sin pausa del sistema productivo. Los modelos keynesianos se imponían como una legitimación teóricopráctica de las nuevas relaciones sociales. Ellos justificaban la orientación de las decisiones y la posibilidad de repartir porque el Estado que asumía esas decisiones era, al mismo tiempo, capaz de asegurar el aumento continuado de la riqueza. En última instancia, lo esencial consistía en la nueva relación de

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fuerzas sociales que permitía a los grandes grupos activos imponer cierta disciplina sobre el comportamiento de los propietarios del capital. Pero esa nueva relación no sería eterna; los cambios sutiles que se fueron operando en el funcionamiento del sistema deterioraron la capacidad de regulación del Estado sobre la economía poniendo fin al modelo keynesiano en su versión clásica. 3. Deterioro del proceso de regulación El modelo que se consolidó en la posguerra se basaba en ciertas herramientas fundamentales cuyas características y posibilidades para regular la economía se fueron modificando con el paso del tiempo. En el seno mismo del sistema comenzaron a desarrollarse las fuerzas que tenderían a neutralizar sus posibilidades futuras. Para precisar ideas al respecto, conviene recordar la evolución de algunos aspectos decisivos de las políticas regulatorias, y sus resultados, particularmente en lo referente al gasto público, al manejo del déficit fiscal, a la política de salarios y empleo, a los mercados de bienes y a las estrategias monetario-financieras. Todas ellas se implicaron en las políticas macro-económicas del período y su presentación por separado sólo tiende a una mejor comprensión del proceso de cambio antes de revisar las consecuencias de conjunto1.

a) Gasto público El gasto público creció durante la década del treinta debido a la acumulación de factores objetivos y subjetivos; a los esfuerzos centrados en la reactivación de la economía, originados en el Estado, se sumaban las presiones de la carrera armamentista, para impulsar el fenómeno. Al terminar la contienda, el Estado norteamericano -único que quedaba en pie después de la destrucción originada por el conflicto- emergió como una fuerza económica, ofreciendo una base sumamente, amplia para las políticas de regulación a partir de su accionar. El gasto público de los Estados Unidos saltó del 10% del producto bruto en 1929, antes de la crisis, hasta 19,2% en 1939 y llegó al 23% en 1949; la onda expansiva continuó en los años siguientes impulsada por una política que no dudaba en seguir ese mismo derrotero que se mostraba tan eficiente en términos de progreso económico, bienestar e influencia mundial de esa nación. Europa Occidental y Japón imitaron rápidamente la experiencia norteamericana en la posguerra. La nacionalización de empresas, la creación de nuevos organismos públicos y el crecimiento del gasto tendieron a otorgar un papel decisivo al Estado en el funcionamiento de la economía de cada nación. Es interesante destacar que las formas y criterios de este proceso fueron distintos en cada caso, pero sus resultados similares. En Gran Bretaña, fue la victoria laborista la que llevó a nacionalizar numerosas empresas; en

1 Ya se mencionó en la presentación que no intentamos construir un "modelo" abarcador del proceso evolutivo del sistema; más aún, parece claro que éste se integra con una cantidad de variables que ni siquiera se mencionan en el texto. La selección se debe a que deseamos destacar algunos aspectos que nos parecen claves para pensar las relaciones entre las posibilidades de regulación y la tendencia del capitalismo a lograr nuevamente las condiciones de funcionamiento irrestricto que lo caracterizaron en otras épocas. No intentamos incluir 'todas las variables necesarias del fenómeno; sí las suficientes para explicar el porqué de la hipótesis básica.

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Francia, la estatización de diversas industrias se originó en el deseo de castigar a los empresarios que habían colaborado con el nazismo; en Italia se partió de la estructura del IRI para dar lugar a un poderoso holding estatal. El crecimiento del gasto público se apoyó sobre un trípode de requerimientos diferentes: las empresas estatales, los servicios de infraestructura y la política social. En los primeros años de la posguerra fueron las empresas públicas y las necesidades de infraestructura las que dieron impulso al gasto; una década después fueron las demandas originadas en el Welfare Slate, a medida que crecían los gastos en salud, educación masiva, jubilaciones, seguro de desempleo, etc. Esa evolución explica que el porcentaje de erogaciones públicas en el producto bruto de cada nación llegara a las proporciones actuales, que no tienen parangón con ningún otro momento en la historia del capitalismo. En los países capitalistas desarrollados se observa un "piso" al gasto público del orden de 30% (Japón) con una proporción media de entre 40% y 45% (Gran Bretaña, Francia, Alemania) y máximo de hasta 60% (Suecia) y una tendencia al crecimiento que contrasta con las intenciones declaradas en los últimos años para reducir su magnitud absoluta y relativa. El gasto público constituyó uno de los" factores decisivos del crecimiento económico y el progreso social de posguerra. El gasto específicamente económico -las obras públicas y la inversión de las empresas estatalespromocionó el desarrollo industrial y definió buena parte de sus rasgos específicos en cada país durante el período. El complejo "militar-industrial" de los Estados Unidos puede encontrar su símil en los complejos económicos de la industria europea o japonesa entrelazados con los programas de infraestructura, transportes, energía y políticas tecnológicas de esas naciones. El gasto social, por su parte, permitió mejorar la situación de amplias capas de habitantes de cada nación al mismo tiempo que contribuía a mantener, o incrementar, la demanda agregada que sostenía la actividad productiva. Los gastos económicos y sociales provocan un "círculo virtuoso" de crecimiento. La inversión en obras de infraestructura, por ejemplo, genera una demanda de bienes que dinamiza la producción y eleva el producto; se impulsa así el surgimiento de nuevas demandas de infraestructura que reconstituyen el ciclo. Los gastos sociales impiden que una recesión menor se multiplique siguiendo el efecto ya clásico de la década del treinta; en aquel entonces la caída de la producción redujo el empleo, que re4ujo la demanda, provocando una nueva caída de la producción y así sucesivamente. En la actualidad, en cambio, el seguro de desocupación impide que se desencadene ese proceso perverso y ayuda a sostener la actividad económica en los niveles deseados. El crecimiento del gasto no tuvo lugar en el vacío. A medida que se produjo este proceso, un poderoso complejo de fuerzas económicas y demandas sociales se organizó en tomo a cada una de las partidas presupuestarias. Cada empresa del Estado estableció sólidos lazos con los grupos económicosociales relacionados con ella: hacia abajo, con sus clientes; hacia arriba, con sus proveedores; hacia adentro, con sus funcionarios y empleados. Lo mismo ocurrió con los organismos públicos dedicados a la provisión de servicios, mientras crecían las demandas en torno a la provisión de servicios sociales. El mercado fue así dejando paso a un sistema de relaciones y

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acuerdos que, en definitiva, trasladaban el eje dinámico de la economía a la política. Es decir, se pasaba del espontaneísmo a la regulación. La forma de funcionamiento de un Estado "grande" difiere profundamente de la correspondiente a un Estado "pequeño". El crecimiento del sector público en las economías de mercado llevó a una situación cualitativamente distinta de la conocida en los primeros años del nuevo modelo. En primer lugar, su funcionamiento se hizo más complejo y sometido a presiones sectoriales. A medida que cada área estatal se incorpora a un complejo de intereses específico, con demandas particulares, que se negocian individualmente, el poder central pierde capacidad de regulación sectorial. El complejo "militar-industrial" de los Estados Unidos es el ejemplo más evidente de esta creciente interrelación entre sectores privados y públicos que reduce los márgenes de maniobra del ejecutivo en beneficio de lógicas específicas. Ese mismo complejo de intereses se repite en todas las áreas del sector público erosionando la capacidad de acción del poder central. En segundo lugar, debe observarse que el efecto del gasto sobre el crecimiento depende en buena medida, de las magnitudes adicionales que se deciden ejercicio tras ejercicio. En efecto, el Estado no puede limitarse a gastar lo mismo en cada actividad, puesto que esa política simplemente mantiene el nivel productivo del sistema una vez que se llegó a un punto de equilibrio. El gasto global podría mantenerse si se pudiera reasignar el gasto parcial de algunas actividades de menor interés a otras más provechosas en función de la estructura económica de cada nación, pero la existencia de presiones sectoriales dificulta considerablemente esa reorientación. En la medida en que el gasto público difícilmente se puede reducir, el Estado necesita incrementar sus erogaciones totales para hacer frente a las demandas del desarrollo. Al igual que la droga, el gasto público genera un hábito que requiere cada vez más de lo mismo para estimular el sistema económico2. La estructura de las naciones desarrolladas requiere un gasto de magnitud en nuevas áreas de tecnologías avanzadas: energía nuclear, exploración espacial, electrónica, etc. El gasto público dirigido a esos objetivos debe salir de la reducción de las expensas en otras actividades -que resulta muy difícil por las resistencias que surgen- o de un incremento del presupuesto igualmente limitado por el lado de los recursos. b) Los recursos y el déficit El creciente tamaño del Estado fue encontrando una renovada resistencia de los sectores privilegiados a transferirle más riqueza. La reacción a la carga impositiva tomó diversas formas en cada nación pero, en esencia, exhibió el desarrollo no desdeñable de una respuesta social a la expansión del sector público a cuenta de los ingresos de los sectores pudientes. La llamada revuelta fiscal tuvo manifestaciones espectaculares en los Estados Unidos y se extendió rápidamente hacia otras naciones desarrolladas. Diversas 2 Si el gasto público crece al mismo ritmo que el producto global la participación del Estado se mantiene constante como porcentaje. Sin embargo, el gasto público debe crecer más rápido que el producto en períodos recesivos y no muestra tendencia a reducir su ritmo cuando la economía crece al ritmo esperado. En consecuencia, la resultante histórica observada tiende a la mayor participación del Estado en el producto; esto se verifica, incluso, en las naciones donde se ensayan experiencias de reducir su tamaño absoluto.

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estadísticas sugieren que las grandes empresas de cada nación han sido capaces de transferir los impuestos, más allá de cierto límite, sobre sus consumidores, manteniendo más o menos normalmente sus beneficios relativos; en consecuencia, la presión fiscal debió centrarse sobre las amplias capas sociales de ingresos medios y altos que enfrentaron enérgicamente dicha presión. La curva de Laffer no dio fama a su autor por su sofisticación sino por las conclusiones políticas que podían derivarse de olla. Como en otras oportunidades en la historia, una teoría banal, basada en argumentos premeditadamente simplistas, se transformó en una herramienta política supuestamente apoyada en una base intelectual, cuando lo esencial consigna en su inserción en una coyuntura determinada por el interés en contener el avance del sector público. A medida que el Estado encontró un límite a sus posibilidades de gastar, se vio obligado a enfrentar una opción: reducir el gasto, enfrentando las demandas sociales de sostenerlo y a riesgo de aceptar la tendencia al estancamiento económico, o mantener el gasto -y hasta aumentarlo- a costa del endeudamiento o la emisión. El crecimiento del déficit público en todos los países desarrollados señala claramente el sentido de la opción tomada que, en definitiva, operó sobre otros equilibrios estructurales. En las décadas anteriores, el déficit público había servido para dinamizar la economía. La teoría mostraba que ese déficit podía ser absorbido por el crecimiento de la actividad económica que generaba el propio gasto estatal y dicha estrategia se utilizó sin ambages durante años. Ese fue uno de los factores que creó el fenómeno de la inflación rampante de los años cincuenta y sesenta; un costo admisible visto el éxito del sistema global. Pero en la década del setenta, la elevación de las tasas de inflación -por distintas causas combinada con el persistente déficit del sector público, puso otro límite a la evolución de los gastos estatales. La alternativa disponible consigna en recurrir a los mercados de crédito. El sector público puede enjugar un déficit coyuntural con crédito que pagará en el futuro. Pero, cuando el déficit es permanente, el crédito debe ser tomado todos los años, acumulado costos financieros -y vencimientos de capital- que terminan convertidos en parte estructural del déficit. El recurso al mercado financiero, por eso, sólo puede ser circunstancial, a riesgo de convertirse en un fenómeno autodestructivo con el tiempo, como lo está mostrando ya la experiencia de los Estados Unidos. La aparición del Estado demandando crédito en el mercado tendió a neutralizar su capacidad de controlar las tasas de interés, pese a que esto último constituía otro pilar básico de la política keynesiana. Esta tendencia coincidió con la intemacionalización del mercado financiero, que terminó por destruir la capacidad reguladora del Estado en ese sector y que, por su importancia, se comentará en particular más adelante.

c) Gasto y regulación En resumen, el gasto público, en la medida en que se convirtió en una parte sustantiva del modelo económico de posguerra, fue encontrando límites tanto del lado de las erogaciones como de los ingresos. Los gastos productivos se

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encuentran con la necesidad de, crecer sistemáticamente para estimular la economía, provocando un continuo incremento absoluto y relativo del aparato estatal. Los gastos sociales, por su parte, se enfrentan con una gran rigidez del sistema para ser utilizados como variable de ajuste y tienden a crecer por las demandas de sus usuarios antes que por su carácter de medida anticíclica. Pero el aumento continuado del presupuesto estatal se enfrenta con limitaciones del lado de los ingresos; la necesidad de cargar impuestos sobre las capas medias y altas -debida a la resistencia de las grandes empresas tendió a generar una reacción social que no puede desdeñarse y puso un límite cierto a la actividad oficial, variable por país porque, en definitiva, se trata de un límite político-social antes que estructural. El modelo pudo funcionar mientras se autosostenía en su evolución. Pero bastó el surgimiento de la crisis en la década del setenta para poner en evidencia sus falencias: el gasto público no pudo seguir dinamizando la economía y su nivel apenas alcanzó para sostener la situación alcanzada. Las fuerzas sociales organizadas en torno al gasto público le confieren una elevada rigidez a su distribución y frenan la posibilidad de un cambio en el momento en que aparecen fuertes contradicciones entre los requerimientos de inversión, las erogaciones sociales y el monto total destinable a ambas. El modelo se enfrentó a otras rigideces que las limitaciones de espacio impiden desarrollar. La política social, por ejemplo, llevó a reducir el margen de maniobra de la política de empleo al permitir una mayor rigidez de la oferta de mano de obra; se originó así la paradoja de que el desempleo en el sistema capitalista coincidiera con la imposibilidad de reducir los salarios reales en el mercado de trabajo porque los desocupados no presionaban al descenso de éstos. La curva de Phillips dejó de tener relevancia porque se perdió su justificación básica; la hipótesis de pleno empleo suponía un poder de negociación de los asalariados que se traducía en el aumento de sus retribuciones y la consiguiente respuesta inflacionaria de los empresarios para compensar esa transferencia de ingresos. Pero en las nuevas condiciones de funcionamiento de la economía se han transformado ambas variables. Ya no es necesario el pleno empleo para que los asalariados tengan máxima capacidad de negociación y, por el contrario, el porcentaje de desempleados debe ser muy alto para que se pueda reducir el salario real; la experiencia norteamericana de los últimos años es sumamente sugestiva al respecto aunque no sea la única. Por otro lado, la inflación ya no es sólo una respuesta interna del sistema, originada en el déficit fiscal o en el poder de negociación de los asalariados; se insistirá más adelante que ese fenómeno depende ahora de factores internacionales que inciden, en definitiva, sobre las posibilidades de regular el gasto público, así como sobre el nivel del salario real. El modelo de desarrollo que recetó "más de lo mismo" durante décadas dejó de ser relevante. La mera repetición de las mismas tácticas, en un proceso acumulativo, llegó a 'límites que lo hicieron in manejable. No se trata de límites "económicos", sino de restricciones impuestas por las relaciones de poder social que se expresan dentro de cada nación y, asimismo, en las relaciones estructurales entre ellas. Para entenderlo, es necesario avanzar en la descripción de las estrategias de los capitalistas durante estas décadas que llevaron al impasse actual.

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d) Empleo y salarios La política hacia el pleno empleo y la mejora continua del salario real a partir de la posguerra fue tanto una consecuencia de las ideas keynesianas como de la creciente demanda de las organizaciones sociales. El papel de las organizaciones políticas y sindicales de los trabajadores, combinado con su fe en los modelos de regulación de la economía, llevó a consolidar en todos los países la participación del Estado en la tarea de asegurar una distribución más equitativa de la riqueza que, al mismo tiempo, favorecía el crecimiento económico por sus efectos sobre la demanda agregada. La presión de los asalariados en los lugares de trabajo contribuyó a ampliar el sistema de seguridad social en la medida en que los capitales busca ron que los nuevos costos recayeran sobre el Estado, es decir, en toda la sociedad. Fue así que se generaron los seguros de desempleo, las pensiones a la vejez y una serie de mecanismos que en todas las naciones fueron convirtiendo en responsabilidad social el cuidado del bienestar de sus habitantes. Estas mejoras, a su vez, eliminaban la presión de la desocupación y permitían reforzar la demanda de los asalariados por mejores niveles de vida. Los empresarios no tardaron en buscar otros medios para modificar el funcionamiento de esos mercados de trabajo que aumentaban el poder social de los asalariados. Una de sus primeras reacciones consistió en incrementar la oferta de mano de obra a través de una modificación de la estructura social interna, especialmente en el medio rural. Las estadísticas demográficas europeas muestran el traslado masivo de trabajadores del campo a la ciudad en las décadas del cincuenta y sesenta; Francia, Italia y Japón exhiben rápidos índices de urbanización a medida que numerosos pobladores campesinos se trasladaban a la ciudad. Alemania tuvo la ventaja adicional de la inmigración masiva de ciudadanos de la zona del Este que influyó considerablemente en su mercado de trabajo durante más de una década. El segundo recurso consistió en la inmigración de trabajadores desde otras áreas menos desarrolladas. El ingreso masivo de extranjeros se hizo sentir en toda Europa en la década del sesenta y llegó a cifras sorprendentes para naciones que habían sido, tradicionalmente, expulsoras de mano de obra. A comienzos de la década del setenta los trabajadores inmigrantes sumaban siete millones de personas en Europa, cifra que se duplicó en 1980. En Estados Unidos ocurrió un fenómeno similar, acorde a su vez, con la tradición inmigratoria del país, aplicada ahora a flujos crecientes de latinoamericanos y asiáticos. La inmigración masiva de mano de obra posibilitó que alrededor del 10% de la fuerza de trabajo europea estuviera compuesta por inmigrantes hacia mediados de la década del setenta. Esos inmigrantes ocuparon, por lo general, los puestos menos calificados y peor pagados de la estructura ocupacional, reemplazando a trabajadores locales que pasaban a desempeñarse en tareas mejor remuneradas. La expansión de la oferta de trabajo en las sociedades capitalistas avanzadas contribuyó a contener las presiones sociales por aumentos de remuneraciones, ayudando a crear una estructura jerarquizada de salarios que dividía a los trabajadores por ingreso y nacionalidad; es obvio que estas condiciones favorecían la capacidad de negociación de los empleadores.

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Las experiencias inmigratorias encontraron ciertos límites mucho antes de lo pensado. Las dificultades de integración de los extranjeros en sociedades relativamente cerradas como las europeas, los problemas de calificación de la mano de obra que arribaba al mercado, la posibilidad de conflictos sociales y políticos, y la propia capacidad de otros países de aportar mano de obra sin cesar, fueron marcando los límites de esa experiencia antes de que ella llegara a doblegar apreciablemente los márgenes de negociación de los asalariados de las naciones desarrolladas. En un gran fresco histórico podría decirse que esa inmigración resultó menor en magnitud y consecuencias sociales, que la incesante ola humana que atravesó el Atlántico hacia los Estados Unidos en el siglo XIX, permitiendo no sólo incrementar a pasos de gigante la producción de esa nueva nación, sino también desarticular la resistencia de sus asalariados por su presencia objetiva. Mucho antes de que se agotara el proceso de incorporación de mano de obra extranjera en las naciones desarrolladas, los capitalistas locales habían comenzado a ensayar una segunda estrategia complementaria; la exportación de capital durante la posguerra tuvo varios objetivos bien conocidos: alcanzar mercados a los que no se podía exportar desde los centros, controlar las fuentes de materias primas estratégicas, y buscar la utilización de mano de obra más barata que en los centros. Este último objetivo, en esencia, tendía a reducir la capacidad de negociación de los asalariados de las naciones desarrolladas tanto o más que la inmigración de mano de obra que se ensayó en forma casi paralela. La primera gran ola de exportación de capital se dirigió desde los Estados Unidos hacia Europa aprovechando las diferencias de salarios de los primeros lustros de la posguerra; su magnitud se redujo, posteriormente, a medida que esa diferencia disminuía. Luego comenzó la exportación de capital desde Europa (y posteriormente desde Japón), que acompañaba a los capitales norteamericanos en busca de áreas productivas con salarios menores que en las metrópolis. Los ejemplos más conocidos de esta tendencia consisten en el desarrollo de una serie de bases productivas, a muy bajos salarios, destinadas a colocar sus mercancías en los centros: Taiwan, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, la industria de maquila en México, etc. A estos ejemplos casi "puros" de aprovechamiento de diferencias salariales, se pueden agregar algunos de los denominados NIC´s (Newly Industrialized Countries) en los que se combina la producción para el mercado interno con el esfuerzo por abastecer a los centros con productos fabricados a bajo salario; ese es el caso del Brasil y en menor medida de la India y otras naciones similares. La mayor parte de las instalaciones que producen bienes en esos países con bajos salarios son propiedad de las mismas firmas que atendían esos mercados en los centros y que se "multinacionalizaron" en busca de beneficios; su traslado les permitió atender a sus clientes con menores costos, mientras su acción les permitía contrarrestar las demandas de sus asalariados en la casa matriz. Esta experiencia de exportar las empresas hacia las zonas de bajos salarios logró efectos tanto o más notorios que la anterior de importar asalariados hacia la casa matriz. Un enorme flujo de bienes a precios competitivos ingresó en los mercados de los países desarrollados, especialmente en los Estados Unidos, desplazando a sus contrapartes

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fabricados localmente; la suma de este fenómeno tuvo como resultado social, una fuerte presión sobre los trabajadores de los centros afectados por la menor ocupación industrial. La experiencia de la importancia competitiva del exterior se fortaleció en los Estados Unidos a partir de 1980 gracias a la sobrevaluación del dólar que disminuyó aún más la competitividad local en una amplia gama de rubros. El ingreso masivo de esos bienes está modificando la estructura de la producción norteamericana pero, sobre todo, ofrece la posibilidad a las empresas, por primera vez en un largo período, de enfrentar las demandas de los asalariados con una fuerza que ha permitido ya en diversas ocasiones reducir el ingreso real de estos. Un análisis más pormenorizado permitiría señalar que la reevaluación del dólar norteamericano tuvo más capacidad para contrarrestar las tendencias a un mayor poder de negociación de los asalariados locales que la exportación de capital en busca de mano de obra barata. Para comprobarlo, basta con observar la diferencia de magnitud de los flujos de bienes importados en Europa y Japón, respecto de los Estados Unidos, y el rápido incremento de estos en el último país mencionado luego de 1980. Diferentes elementos permiten sugerir que las estrategias de enfrentamiento empresario con la fuerza de trabajo alcanzaron cierto éxito cuando pasaron del sector real de la economía -es decir, del reacondicionamiento del mercado de trabajo vía la inmigración de mano de obra o la exportaci6n de capital- a actuar sobre el sector monetario-financiero. La modificaci6n de las paridades cambiarias y la política de tasas de interés en los Estados Unidos termino por volcar el fiel de la balanza contra los asalariados. En resumen, la estructura de la oferta y demanda de mano de obra fue cambiando en los países industriales con tendencia a disminuir la capacidad de negociaci6n de los trabajadores. Los ensayos de este tipo fueron distintos en cada país, y los resultados fueron, asimismo, diferentes, pero en todos los casos se observa una nueva capacidad ofensiva de parte de los empresarios en cuanto a la regulaci6n de los salarios y los beneficios sociales. Es cierto que esta tendencia no tiene el camino expedito: los trabajadores de los países desarrollados disponen, en general, de poderosos aparatos sindicales y políticos capaces de defender a brazo partido las conquistas ya logradas. La diferencia con los primeros años de la posguerra descansa precisamente en que en aquellos momentos los trabajadores disponían de una ventaja estructural, de mercado, para sus negociaciones en la medida en que la oferta de mano de obra resultaba escasa y la discusi6n se centraba en cada naci6n; ahora, en cambio, los nuevos procesos migratorios de mano de obra y de capital tienden a crear un mercado mundial en el que los trabajadores de los centros pueden sufrir la competencia de los trabajadores de naciones con salarios mucho más bajos. Se observa inmediatamente que buena parte de esta situaci6n de restricci6n de la capacidad de negociaci6n sindical se origina en la competencia de bienes importados, puesto que los movimientos de mano de obra hacia los centros, por importantes que fueran, s610 tuvieron al parecer un papel secundario. Esto demanda unos breves comentarios adicionales sobre la apertura comercial en las últimas décadas.

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e) Mercado de bienes Es un hecho muy conocido que el crecimiento del comercio mundial fue uno de los factores más dinámicos del mundo de la posguerra. Las exportaciones crecieron en los primeros años hacia los Estados Unidos, el mercado más grande del planeta en esa época, posibilitando un efecto multiplicador en los países que pudieron acceder al mismo. Posteriormente, la expansi6n se produjo sobre la base del crecimiento de los mercados más grandes y la creaci6n de espacios económicos como el Mercado Común Europeo. El fenómeno fue apoyado por la política de las naciones más poderosas, que tendieron a ver la liberalizaci6n de los intercambios como una de las herramientas claves para su evoluci6n. Los acuerdos del GATT, así como una amplia gama de convenios internacionales, fueron preparando las condiciones para la apertura econ6mica de todas las economías de mercado en una evolución sumamente significativa. En la actualidad, sólo los Estados Unidos permanecen como una economía relativamente "cerrada" en cuanto se la mide por la relaci6n entre exportaciones y el producto bruto (alrededor de 10% en 1980 y declinando a partir de entonces). Aun así, el fuerte incremento de sus importaciones en la década del ochenta está cambiando esa situaci6n en forma drástica acercándola a la observable en otras naciones desarrolladas. En este sentido, todos los países grandes de Europa Occidental tienen una relaci6p de exportaciones (o importaciones) con respecto al producto superior al 20%, mientras que los medianos exhiben proporciones del 58% (Holanda) y hasta del 70% (Bélgica). Jap6n tiene una relaci6n de 16% y se comporta como una economía relativamente "cerrada" en muchos aspectos, pese a su ofensiva exportadora. Pero lo esencial consiste en que ya hay numerosas economías desarrolladas para las cuales los flujos de intercambio con el exterior resultan decisivos; la producci6n local debe efectuarse a costos competitivos en los mercados internacionales y, a su vez, ser capaz de resistir la competencia de los oferentes del exterior. Esta condici6n establece la tendencia a una rígida disciplina de precios y costos en cada mercado nacional diferente a la generada por la competencia interna. En efecto ésta última tiene lugar a variables similares, tales como el nivel de salarios y la carga impositiva, mientras que la competencia internacional se produce a partir de variables diferentes (salarios, cargas sociales, impuestos y hasta promedios de beneficios empresarios). En consecuencia, surgen fuertes presiones externas sobre estas variables internas tendiendo a lIevarlas al nivel de los competidores más exitosos que se caracterizan generalmente por sus menores salarios y menores beneficios sociales. Hay otro fen6meno que se agrega al anterior: debido a la importancia del mercado externo se incrementa su influencia sobre el nivel de actividad interna. Una caída de la demanda externa reduce la posibilidad de colocar la producción local y tiene efectos sobre la actividad interna; en consecuencia, un proceso recesivo en los principales mercados mundiales tiende a difundirse en las otras economías nacionales. La presencia de los NIC´s (Newly Industrialized Countries) tiende a crear una reestructuración de los mercados locales de cada uno de los grandes países

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industriales en el sentido de acomodarlos a la existencia de una oferta proveniente de mercados con mano de obra barata. La larga exposición a la apertura de la economía va llevando a cada nación a un equilibrio productivo interno diferente al que existía en el período de independencia relativa entre ellas; si, por una razón cualquiera, la economía se cerrara, habría que encarar un proceso de reforma del sistema productivo para satisfacer la demanda interna pues el sistema se adaptó ya a la oferta extranjera -así como a la conveniencia de colocar bienes locales en el exterior. La apertura se ha transformado, paulatinamente, en un fenómeno irreversible. No se podría volver a la autonomía de otras etapas sin encarar una reorganización profunda del sistema productivo interno con todas las incertidumbres que ello puede acarrear. Buena parte de la apertura de la economía depende, como se ha mencionado más arriba, de la acción de las empresas multinacionales que instalan sus facilidades productivas en los lugares más aptos para ellas y distribuyen luego sus productos en el mercado mundial. La empresa multinacional puede resolver un conflicto con los asalariados de un país desplazando la producción hacia otras regiones hasta superar el problema, de la misma manera que puede evadir restricciones impositivas, y distintos tipos de efectos negativos para ella a través de esta presencia múltiple en los mercados planetarios. Es comprensible, por eso, que esté sumamente interesada en el mantenimiento de la apertura. Las relaciones estructurales internas, que se acomodan a la interconexión cada vez más estrecha con otros mercados, y el papel activo jugado por algunas fuerzas como las empresas multinacionales, tiende a asegurar la presencia y efectos de este fenómeno que limita la capacidad de regulación en cada mercado local en la medida en que se siente la presión de los costos y precios de otros mercados entendidos en su forma más genérica. La reciente experiencia europea señala la necesidad de una convergencia de criterios impositivos, tasas de interés, beneficios sociales y otras variables similares para que la competencia pueda actuar en condiciones equitativas entre ellos; en otras palabras, la integración económica más amplia y comprensiva. Pero, mientras no exista una organización estatal supranacional, esa tendencia se produce con estados nacionales que pierden capacidad de acción que se cede a las fuerzas aparentemente más impersonales del mercado mundial. El desarrollo del comercio mundial impulsó los flujos de capital y estos llevaron a una nueva estructura y forma de funcionamiento del mercado financiero a escala planetaria que será el tema del apartado siguiente. f) El mercado del dinero En los primeros años de la posguerra se mantenía el sistema generalizado de trueque que se implantó durante la crisis de los treinta. Pero lentamente, la expansión del comercio fue llevando a un incremento de los flujos financieros que acompañaban el movimiento de mercaderías; los saldos positivos entre una nación y otra se saldaban con créditos así como con dólares que se estaban convirtiendo en moneda mundial. El establecimiento de una relación constante entre cloro y el dólar, junto al sistema de paridades cambiarias fijas establecido en la Conferencia de Bretton Woods, permitió sostener al dólar

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como moneda de referencia, formalmente ligada al patrón oro. Las paridades fijas se mantuvieron prácticamente en los mismos valores, para las principales divisas del mundo, a lo largo de un cuarto de siglo. Observando en retrospectiva, esa estabilidad fue sorprendente: las tasas de cambio no reflejaron en absoluto las persistentes modificaciones entre las economías de cada país derivadas del crecimiento de la productividad, los cambios en la estructura de la producción, las variaciones de competitividad, entre cada nación. El sistema funcionaba en la dirección inversa; a partir de la tasa de cambio, tomada como un dato relevante, se producía la evolución económica de cada nación dentro de un sistema más o menos cerrado en el que se podían establecer autónomamente, los niveles salariales, las cargas impositivas, las tasas de interés y otras variables relevantes para la economía. Este mecanismo mostraba evidentes signos de agotamiento hacia fines de la década del setenta. A medida que la paridad del dólar con respecto a las principales monedas ya no reflejaba la realidad se fueron ensayando estrategias que marcaron el fin del período. Los gobiernos de los países europeos tendieron a incorporar más oro a sus reservas, ante la certidumbre de que no se podría mantener la paridad oro-dólar establecida en 1935, para lo cual debían comprar el metal precioso a los propios Estados Unidos que se negaban a aceptar la continua contracción de sus reservas. Paralelamente, el capital privado comenzaba a actuar contra las posibles revaluaciones -o devaluaciones- de divisas mediante el cambio anticipado de una divisa a otra; fue así que se produjeron diversas "arremetidas" contra el marco alemán y otras divisas en 1969, 1971, etc. que dificultaban el mantenimiento de las' paridades fijas en los países cuyas monedas tendían a revaluarse. En 1971 el sistema tocó a su fin cuando el presidente Nixon proclamó la no convertibilidad del dólar en oro. A partir de ese momento, nadie podría comprar oro en Estados Unidos a voluntad y a precio fijo. Así comenzó el paulatino desenganche de la relación oro-dólar que siguió con la liberalización del precio del oro, la expansión del mercado libre de éste, la rápida evolución de sus cotizaciones en uno y otro sentido, y, de hecho, su desmonetización. El oro es en la actualidad una mercadería más, cuya utilización como base de valor resultaría difícil debido a la variabilidad de su precio. La eliminación del oro dejó al dólar como moneda patrón del sistema internacional lo que, de hecho, eliminaba todo patrón ya que no hay forma de establecer un valor constante para el dólar. Estos cambios coincidieron con la eliminación del sistema de paridades fijas, bajo la generalizada expectativa de que los tipos de cambio flexibles permitirían una mayor autonomía a las políticas nacionales. La experiencia de quince años mostró que esas esperanzas eran infundadas. Los cambios flexibles se ajustan más rápidamente a los movimientos de capital que a las transacciones de mercancías; en consecuencia, las paridades a las que se llega no dependen tanto de la competitividad productiva de las distintas economías nacionales como de los flujos de dinero entre ellas, movilizados a su vez por las señales emitidas por los mercados financieros. La experiencia de los Estados Unidos desde 1980 hasta la actualidad resulta concluyente en ese sentido; bastó que la Reserva Federal permitiera el alza de las tasas de interés en el mercado norteamericano para que el dólar se revaluara de manera explosiva con

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respecto a las otras divisas. La relación entre el dólar y las otras monedas produjo un formidable flujo financiero hacia los Estados Unidos y, también, un enorme déficit de su balanza comercial; la entrada masiva de importaciones es una prueba de que el tipo de cambio no está en equilibrio con referencia a lógicas productivas, aunque sí desde el punto de vista monetario-financiero. Estos cambios no pueden entenderse sin una referencia a la evolución del sistema financiero internacional en el período de posguerra. En rigor, ese sistema no existía a comienzos de la década de los cincuenta. Sólo había sistemas financieros nacionales, cada uno de los cuales estaba sometido a estrictas regulaciones derivadas de la experiencia de la crisis de 1929; las autoridades monetarias de cada país establecían límites a las tasas de interés y a los montos de créditos disponibles, así como a las demás variables significativas para el control del proceso. Esta capacidad de regulación resultaba vital en el modelo keynesiano que se apoya, en buena medida, en el manejo de las tasas de interés como uno de los mecanismos para encauzar el funcionamiento de la economía en la dirección deseada. El sistema financiero internacional comenzó a nacer, tímidamente, a fines de los cincuenta en la forma que se dio en llamar mercado del "eurodólar". Se trataba de activos en dólares depositados en Londres que los bancos utilizaban como recursos para prestar en dólares a quienes los necesitaran; por su característica, esos depósitos escapaban a las regulaciones financieras locales y fueron convirtiéndose en la primera expresión de un mercado financiero no regulado; en rigor, en el único mercado financiero no regulado de las primeras décadas de la posguerra. A medida que crecía el mercado se fue expandiendo geográficamente y se sofisticó en cuanto a sus formas de operar. En la década del sesenta exhibió un crecimiento muy rápido que le permitió tener cierta presencia en algunas plazas europeas hasta que el fenómeno alcanzó una maduración casi inesperada en los setenta. . La creciente importancia del eurodólar llevó a las empresas multinacionales a operar con él. La masa de capitales; a partir de entonces, no sólo era significativa sino también concentrada en relativamente pocas manos y, en consecuencia, permitió movimientos muy rápidos en una u otra dirección; fondos disponibles en el mercado del eurodólar se podían volcar sobre un mercado nacional -y una divisa determinada- si había expectativas de revaluación de la misma o si la tasa de interés local era más elevada que la internacional. Fue así que se produjeron desplazamientos que llevaron a la crisis de los tipos de cambio a fines de la década del sesenta y a la modificación de los criterios de funcionamiento de todo el sistema a partir de 1971. La fuerte especulación en mercaderías de comienzos de la década del setenta, coincidente con la desconfianza en todo el sistema monetario internacional, ayudó a provocar alzas considerables de los precios de las materias primas que abrieron el camino para el shock de la OPEP en 1974. El alza del precio del petróleo, decidido por las naciones productoras a bajo costo, generó una intensa transferencia de riqueza de los importadores a los exportadores; estos últimos, a su vez, al no poder gastar todo ese dinero en sus propias naciones, se vieron impulsados a colocar parte del excedente como recurso financiero en

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el mercado del eurodólar. Este proceso multiplicó la dimensión del mercado manteniendo una elevada concentración; junto a un puñado de empresas multinacionales operaron, desde entonces, un grupo de gobiernos de naciones petroleras con excedentes financieros. Los grandes bancos reciclaron el dinero hacia los países deficitarios y, al mismo tiempo, lo multiplicaron. El sistema del eurodólar no tiene reglas y, por lo tanto, ofrece la posibilidad de uso del multiplicador bancario; es decir, que un depósito se puede multiplicar en varios créditos si el dinero prestado la primera vez se vuelve a colocar en el mismo circuito bancario. En consecuencia, la masa de depósitos se vio incrementada rápidamente por el efecto multiplicador del sistema hasta un punto en que el mercado del eurodólar se convirtió en el principal mercado financiero mundial. El eurodólar presionó sobre el mercado financiero interno de los Estados Unidos a través de los directos vasos comunicantes que los ligan -puesto que ambos se expresan en la misma moneda, el dólar- y llevó a un proceso de unificación forzosa de ambos. La llamada desregulación del mercado norteamericano va de la mano con la unificación progresiva con el sistema del eurodólar. De esta manera se está creando un mercado mundial de dimensiones colosales con respecto a la economía del planeta, que establece una tasa de interés definida concurrencialmente en dólares, y cuyos efectos se hacen sentir sobre todas las economías nacionales. La progresiva liberalización de los mercados cambiarios de todos los países desarrollados estrecha los lazos entre los sistemas financieros locales y el del eurodólar a través del tipo de cambio. La tendencia de la tasa de interés se establece ya sea directamente -como en los Estados Unidos- o a través de una previsión de riesgo para la evolución futura del tipo de cambio local -en los otros países- sometido a su vez a la presión de los flujos de capitales originados en los mercados financieros. La hegemonía de la moneda norteamericana sobre el sistema económico mundial no se sostiene en la estructura productiva de los Estados Unidos, ni tampoco en una relación estrecha con alguna fuente más o menos objetiva de valor, sino sobre la base de la operatoria financiera. La política monetario-financiera de Washington actúa sobre la tasa de interés y, en consecuencia, sobre la paridad cambiaria con las demás monedas, compeliendo a las restantes economías nacionales a someterse a las presiones derivadas de la política norteamericana. Lo decisivo de este proceso consiste en que no hay más autonomía para el establecimiento de las tasas locales de interés y, por lo tanto, se ha perdido una de las herramientas básicas de las políticas keynesianas para la regulación de la marcha de la economía. Si un gobierno intenta reducir la tasa de interés, por ejemplo, se va a encontrar simultáneamente con una fuga de capitales -que reduce el ahorro local disponible- y una presión devaluatoria que genera un incremento del costo de las mercaderías importadas -y, por lo tanto, una escalada inflacionaria; en corto plazo, ese gobierno se verá obligado a reacomodar la tasa de interés a las nuevas condiciones de un mercado independiente.

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g) El sistema en conjunto La imposibilidad de regular la tasa de interés más allá de ciertos límites se ve acompañada por las dificultades originadas en el cambio de funcionamiento de las otras variables ya mencionadas. Si el gobierno, por ejemplo, intenta aplicar estímulos fiscales para activar la economía se encontrará rápidamente conque una parte de la demanda adicional generada en el sector privado será satisfecha a través de la importación; en ese caso se da la paradoja de que los estímulos internos inciden más en otras economías que en la nación en la cual se deciden. El entrelazamiento entre el gasto público, el déficit la espiral inflacionaria, el nivel de los salarios y los beneficios sociales, el tipo de cambio y la tasa de interés ha recortado profundamente la capacidad de manejo de cada economía nacional. Vivimos cada vez más en un mundo interdependiente. La experiencia de Francia a partir de 1980; con el nuevo gobierno socialista que intentó la aplicación de las antiguas recetas keynesianas para terminar en un fracaso económico, es un signo elocuente de los límites que surgen a las economías nacionales. Naturalmente, no todas son igualmente interdependientes. Estados Unidos sigue siendo la nación con mayor autonomía relativa debido al enorme tamaño relativo de su economía así como al "señoreaje" derivado del papel del dólar como moneda mundial. Ellos gozan de una interdependencia asimétrica que los favorece gracias a la enorme capacidad de regulación que le queda a su gobierno aun en las nuevas condiciones de la economía mundial. Japón es otro caso particular debido a que ha logrado mantener un cierre relativo de su economía y puede graduar -al menos temporalmente- la apertura hacia el mercado mundial de bienes y dinero. El escaso impacto cuantitativo de las importaciones en la economía japonesa y la capacidad de regulación del mercado financiero que mantuvieron sus autoridades explica la mejor performance relativa de ese país en los últimos años. Sin embargo, la presión norteamericana, y las condiciones propias de funcionamiento del mercado mundial del dinero, van generando una apertura que incrementará la interdependencia entre su economía y la economía mundial. Los demás países ofrecen una gama de alternativas que se encuentra dentro de una franja muy estrecha correspondiendo la mayor dependencia a las economías más pequeñas y abiertas -como es el caso de Bélgica, Holanda y otros países europeos de tamaño similar- y la menor a las naciones más grandes -como Alemania y Francia-. La escasa capacidad de maniobra autónoma de estas últimas permite visualizar la extensión que ha alcanzado ya la interdependencia de la economía mundial. El clásico modelo keynesiano ya no tiene operatividad. En Keynes había, simultáneamente, un diagnóstico de la situación económica y una propuesta para superarla. En los años treinta -y por un largo período posterior- ese diagnóstico coincidía con la realidad; hoy la dinámica económica de cada nación cambió profundamente y aquel diagnóstico ya no se ajusta a los hechos. El problema radica en que muchos teóricos siguen pensando en términos del diagnóstico keynesiano sin discutir su validez actual y, por eso, insisten en las mismas medidas que están fracasando allí donde se las ensaya. Remedando al propio Keynes podría decirse que esos economistas

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son esclavos del pensamiento de Keynes después que éste, y sus ideas, han muerto. El cambio de diagnóstico impone el desarrollo de un nuevo modelo para manejar la economía, tarea que, al parecer, está faltando pese a su necesidad. Más allá de la problemática teórica, en ese sentido puede visualizarse una doble perspectiva posible: la mayor integración de la economía mundial o el resurgimiento del proteccionismo y la consolidación de economías independientes en cada una de las grandes naciones. La integración mundial plantea la posibilidad de un manejo "keynesiano" de la economía de carácter global. Puede imaginarse que, en ese caso, el mercado vuelve a ser único y se podrían operar ciertas variables claves, desde un centro de decisión. Naturalmente, esta perspectiva exige la creación de alguna instancia de coordinación entre las naciones, una especie de gobierno supranacional, que no parece fácil ni próximo a conseguirse; se trata del caso más probable, desde el punto de vista de las tendencias de la economía mundial, aunque resulte prematuro todavía imaginar cómo se va a concretar. La alternativa a dicha integración sería una vuelta a las economías "cerradas" en cada una de las cuales pueda llevarse a cabo la política de regulación deseada. Existe la impresión generalizada de que esta variante sería de difícil realización. La integración económica entre las naciones más grandes ha avanzado tanto que ese retorno significaría una reestructuración muy profunda, con consecuencias difíciles de predecir, de las relaciones productivas con el exterior, para no mencionar los nexos financieros, laborales, y otros estrechados en las últimas décadas. Resulta fascinante explorar estas dos alternativas aunque la tarea exceda los límites de este ensayo. El resumen presentado sobre ellas tiende, simplemente, a indicar hasta qué punto las decisiones de política económica en cada nación pueden depender de decisiones políticas y hasta qué punto las fuerzas en acción parecen llevar al mundo hacia una integración mayor antes que provocar el retorno a las economías cerradas de antaño. Esta visión de la interdependencia entre las economías más desarrolladas del planeta ofrece un marco de referencia excepcional para el análisis de la situación de las naciones en desarrollo, tradicionalmente "dependientes" del mercado mundial. Esos casos se inscriben dentro de una amplia gama que va desde las economías más desarrolladas de ese grupo y con una relativa posibilidad de autonomía, como los casos muy diferentes entre sí de Brasil y la India, hasta las naciones más pequeñas y totalmente integradas el mercado mundial que no tienen posibilidades de manejo propio de las principales variables estructurales. Para concretar el tema, en la parte siguiente nos limitaremos a señalar algunos aspectos del caso argentino que es el que más nos interesa. 4. El caso argentino La Argentina se constituyó como una economía muy abierta al mercado mundial hasta la crisis de 1929. Desde entonces, los efectos derivados de las nuevas reglas del juego en el comercio internacional impusieron el cierre de la economía y la paulatina reconstitución de su modo de operación. El

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crecimiento industrial y de los cultivos regionales, sustituyendo la oferta anterior de bienes importados, se superpuso al estancamiento de la producción agropecuaria pampeana hasta transformar estructural mente la economía nacional en las décadas siguientes. En ese período, se fue consolidando una amplia experiencia sobre la regulación de la nueva forma de funcionamiento que extendió sus consecuencias hasta la actualidad; los primeros ensayos de control se aplicaron en la década del treinta -durante gobiernos conservadores- y continuaron y se reforzaron más tarde, casi independientemente del signo político de cada gobierno. A partir de la Segunda Guerra Mundial el nuevo sistema estaba plenamente consolidado. En consecuencia, hasta mediados de la década del setenta por lo menos, la economía argentina presentó un modelo de funcionamiento, bien estudiado por los especialistas. Nuestra hipótesis consiste, precisamente, en que ese modelo ha dejado de existir en paralelo con lo mencionado para los países desarrollados, aunque mediatizado por causas locales. Ella requiere previamente que recordemos algunos aspectos del modelo anterior. La economía argentina podía dividirse en dos sectores. Uno, el agrario pampeano, que producía básicamente alimentos para la exportación (cereales y carne) y cuyos precios internos se definían a partir de los valores internacionales multiplicados por el tipo de cambio de la moneda local. El segundo sector, básicamente la industria, producía exclusivamente para atender la demanda interna y sus precios se fijaban con entera independencia del mercado internacional gracias a aranceles que ofrecían una abundante sobreprotección. Los salarios pagados en el sector determinaban el nivel de precios de sus productos, debido a la relativa -autonomía de estos últimos, y la interrelación con el agro se producía a través de un doble juego de equilibrios macroeconómicos. El nivel de precios del sector agropecuario determinaba el valor del salario real -debido a la importancia de - los alimentos en la canasta de consumo-, de manera que la reducción de presiones salariales en el sector industrial podía alcanzarse a condición de que el tipo de cambio de exportación agropecuaria fuera suficientemente bajo. Por otro lado, dicho tipo de cambio debía permitir una exportación suficiente como para atender a las importaciones de insumos y bienes necesarios para la producción industrial. El tipo de cambio era la principal variable independiente. Puesto que la producción agropecuaria se mostraba relativamente inelástica al precio real, se podían obtener resultados satisfactorios dentro de una banda de variación muy amplia del tipo de cambio y los precios relativos del agro y la industria. Cuando excedía esa franja, el proceso desembocaba en una inflación muy elevada o en una crisis de la balanza de pagos y la consecuente recesión. Estas características especiales de la economía argentina no impedían su regulación a trav6s de los mecanismos clásicos del modelo keynesiano. Por el contrario, lo facilitaban dadas las ventajas aportadas por el cierre de la economía para el manejo de ciertas variables claves como la tasa de interés. En cambio, limitaban el margen de maniobra de cada gobierno a los límites fijados por la puja en tomo a la distribución del ingreso y a las restricciones del sector externo. El escaso dinamismo observado en la economía argentina, y la sucesión de ciclos de stop and go, pueden explicarse mejor por las relaciones estructurales de sus sectores internos que por las carencias de la política

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reguladora. Pero mucho antes de que se comprendieran en profundidad todos los fenómenos especiales de esta forma de funcionamiento se comenzaron a sentir ciertos cambios que acompañaban la evolución global de la economía internacional. Los impactos correspondientes alcanzaron su punto culminante con la política aplicada por Martínez de Hoz, como ministro de Economía del gobierno militar de 1976 a 1981, aunque estaban inscriptos en una evolución a más largo plazo que eclosionó entonces. Los economistas no habían terminado de ponerse de acuerdo sobre las formas de funcionamiento de la economía argentina y esta ya estaba cambiando profundamente. El fenómeno fue la consecuencia de una serie de modificaciones operadas en distintos sectores de la economía, en diferentes momentos en el tiempo y con distinta intensidad que, sumados, dieron lugar al nuevo juego de relaciones de funcionamiento y poder que deseamos enfatizar. Por razones de presentación, mencionaremos los cambios en cada uno de los sectores que interesan para comprender la diferencia de la situaci6n actual con la anterior, antes de resumir el balance global. a) Apertura agraria La acumulación de tecnología en el sector agrario pampeano posibilitó un avance formidable de la producción. La cosecha saltó de 24 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en el primer quinquenio de los setenta a 42 millones en igual lapso de los ochenta; esta verdadera explosión productiva incrementó espectacularmente la oferta exportable argentina, dado que el consumo interno estaba plenamente abastecido. Puesto que la demanda local representa el equivalente a 14 millones de toneladas de granos, el excedente exportable pasó de 10 millones a 28 millones en una década. El incremento de las exportaciones queda relativamente disimulado por la evolución desfavorable de los precios internacionales. En cambio, surge claro en términos productivos: el cociente entre exportaciones -compuestas básicamente de bienes agrarios- y el producto global pasó de 6% a comienzos del setenta hasta 13% en los últimos años. Es decir que la "apertura" de la economía argentina se duplicó en términos porcentuales; por cada 100 pesos de producto el país exporta ahora 13 pesos. La Argentina coloca en el exterior una proporción de su producto mayor que el promedio de América Latina y supera en proporción -y hasta en dinamismo exportador- a naciones de tamaño similar como Brasil y México. La expansión de la producción agraria se produjo en un período de estancamiento del producto global, de manera que la economía argentina se hizo más "agraria" y menos industrial. Una de las consecuencias poco destacadas de este proceso consiste en que generó un flujo adicional de ingresos a los productores agrarios y a los sectores relacionados con éstos proveedores de insumos y comercializadores- que fue "cedido" por otros sectores, exacerbando la puja intersectorial. La mayor apertura del sector pampeano al exterior incrementó su papel en la economía argentina, mientras estrechaba su relación con el mercado mundial. La tendencia latente de estos momentos se dirige a una relación más intensa entre la evolución de los precios internacionales y los precios internos de los bienes agrarios que tiende a restringir el manipuleo anterior del tipo de cambio

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para regular la distribución del ingreso. De manera sintética puede decirse que los productores agropecuarios, como sector, tienen ahora mayor capacidad para demandar una política económica de tipo de cambio alto y mayor interés en estrechar sus vínculos con el precio internacional (que suponen deberá subir en el mediano plazo). El dinamismo relativo del sector ofrece un argumento adicional para sus demandas, que se ven fortalecidas por la necesidad de atender el servicio de la deuda externa mediante mayores exportaciones de bienes. A medida que aumenta el porcentaje de la producción que se destina al mercado internacional disminuye la preocupación de los productores por la demanda local y aumenta la presión espontánea del sistema hacia una convergencia de los precios internos con los del mercado mundial. El creciente activismo de los productores es un reflejo de estos cambios estructurales, cuya importancia se ve realzada por otros procesos que resulta necesario mencionar. b) Apertura industrial Desde mediados de la década del sesenta diversos equipos de gobierno realizaron esfuerzos por abrir la industria hacia el exterior a través de un proceso de fomento a sus exportaciones. Esas políticas permitieron un crecimiento bastante rápido de la venta de bienes industriales en el mercado mundial que fue interrumpido por el cambio de estrategia registrado hacia 1977. La generosa oferta exportable del sector agropecuario ofreció mayor margen de maniobra a la política de atraso del tipo de cambio aplicada entre 1978 y 1980, que desalentó las exportaciones industriales. El sector se vio obligado a pasar a una actitud defensiva frente a la creciente apertura de la importación de bienes competitivos desde el exterior. Las exportaciones dc ciertas industrias prosiguieron a pesar del "shock cambiario" y fueron dando lugar a una división del sector entre quienes pueden colocar sus productos en el mercado mundial de manera más o menos rutinaria y quienes sólo pueden producir para el mercado interno debido a su estructura de costos y capacidad competitiva. Entre los primeros se encuentran diversas ramas básicas -ciertos sectores de la siderurgia, el aluminio, la petroquímica- así como varias actividades tradicionales -alimentos, aceites, cueros, etc.- mientras que los segundos incluyen a todo el resto de la industria local. Este 'quiebre en el seno de la industria argentina está dando lugar a diferentes estructuras -y lógicas de funcionamiento- tanto en lo que se refiere a precios como a utilización de capacidad instalada, interés por el mercado local, etc., que modifican profundamente el diagnóstico clásico. Por otra parte, la apertura importadora de los años 1978-80 dejó una marca muy fuerte en el comportamiento de los empresarios locales. Si bien se ha vuelto a los niveles anteriores de protección, ya no puede esperarse que éstos se mantengan eternamente como se suponía en el pasado; la experiencia vivida no interfiere en el comportamiento a corto plazo -que parece volver a la lógica de establecer los precios en función de los niveles salariales- pero sí sobre las decisiones de inversión. En la medida en que los empresarios comienzan a actuar en función de los precios posibles en el mercado mundial, sus decisiones de inversión se adoptan con criterios que tienen menos relación con las políticas del gobierno local. Una consecuencia indirecta es que tienden

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a recortar la capacidad de éste para orientar el proceso de desarrollo a partir de las promesas de reserva del mercado interno (que pueden ser modificadas en el futuro, como señala la experiencia del pasado). Algunos indicios al respecto pueden observarse en los últimos años, a pesar de las distorsiones provocadas por el estancamiento de la economía y los otros fenómenos que afectaron a la coyuntura. La pequeña y mediana inversión industrial se orienta de acuerdo con las indicaciones arrojadas por las autoridades dentro de los escasos montos que destina a nuevos proyectos, y que se verifica en lo que se refiere a la promoción geográfica. Las inversiones mayores, en cambio, tienden a decidirse en función de las características y expectativas del mercado mundial, con referencia menor a las variables relevantes en épocas del mercado cerrado. En otras palabras, la industria también ha tendido a "internacionalizarse", aunque las cifras cuantitativas de exportación e importación sectorial no aparezcan tan relevantes como en el sector agropecuario pampeano. Una parte de la industria, menor en términos de valor agregado pero formada por empresas grandes con fuerte presencia local, está exportando de manera continua proporciones significativas de su producción. Otra parte mantiene presente la experiencia de la apertura importadora y ajusta su política a la posibilidad de la competencia externa, aunque ella sólo aparezca como latente. Ambas parecen tener en cuenta esos datos en sus decisiones de inversión y ello permite suponer que los futuros incrementos productivos se orientarán más a seguir las indicaciones provenientes del mercado mundial que los criterios anteriores de priorizar la demanda interna bajo el paraguas proteccionista. La importancia de este cambio no puede visualizarse fácilmente debido al estancamiento de la producción y la carencia de inversiones en el sector industrial en los últimos años. Sin embargo, es muy probable que las tendencias mencionadas se hagan sentir con fuerza creciente a medida que se consoliden gracias a otros procesos convergentes que hace falta señalar. c) Mano de obra En las épocas de bonanza de la posguerra el mercado de mano de obra local podía considerarse como relativamente autónomo. Los salarios en el sector industrial no se veían afectados por la competencia internacional y el sector agropecuario producía con una proporción muy reducida de costos laborales; en consecuencia, como se señaló más arriba, había ciertas posibilidades de regular sus valores reales dentro de una franja bastante amplia. La situación de los asalariados locales es mejor que la existente en los países vecinos (y durante los primeros años de la posguerra mejor, incluso, que en Europa Occidental) ofreciendo un fuerte factor de atracción para los trabajadores de otras nacionalidades. Los inmigrantes bolivianos, paraguayos y, en menor medida, chilenos y brasileños, constituyeron una parte importante de los trabajadores de ciertas economías regionales -cosecha de azúcar, yerba, algodón, uva, etc.- y adquirieron una notable presencia en otras actividades, como la construcción en la ciudad de Buenos Aires. Ese período pasó y parece difícil que se pueda retomar a condiciones similares en un período corto de tiempo. La caída del

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salario real en la Argentina, así como el dinamismo del Brasil, disuadieron a la oferta latente, que tiende a orientarse ahora en otra dirección. El primer fenómeno a destacar consiste en que e1 mercado de mano de obra pasó de una autonomía relativa, basada en su propio dinamismo, a una incipiente relación de dependencia con otros mercados anteriormente de menor importación (como el brasileño o, en ciertos sectores, el europeo, como se verá más adelante). Este proceso coincidió con el estancamiento económico, que disminuyó la demanda de mano de obra en toda la economía. Los sectores en expansión generan escasa demanda de trabajadores -agro pampeano e industrias básicas exportadoras- y la oferta debe orientarse hacia los servicios debido a la poca dinámica de las actividades productivas intensivas en mano de obra. En consecuencia, se mantiene un mercado en el cual las condiciones de la demanda permiten sostener salarios inferiores a los registrados en otra época gracias a la presencia -real o latente- de una capa de desocupados o subocupados. Paralelamente a este proceso se produjo otro que afectó a las capas asalariadas de más alto nivel -profesionales y expertos-. El intenso movimiento emigratorio de los argentinos en los últimos años, tanto por razones de persecución política como económicas, fue ampliando las perspectivas de mercado -y de ingresos- de los trabajadores de más alto nivel; el contacto con mercados donde dichos estratos tienen ingresos mucho más elevados y estables fue generando un nuevo nivel de aspiraciones que actúa como una fuerza social. El salario no es una variable definible sólo por métodos económicos; en él influyen factores morales e históricos que tienen una presencia real en las demandas de los trabajadores. Nuestra hipótesis consiste en que el nuevo nivel de aspiraciones de los sectores de mejores ingresos tiende a abrir la brecha entre éstos y los menos favorecidos en proporciones muy diferentes a las conocidas anteriormente en el país. Mientras los primeros intentan obtener niveles similares a los de otros mercados -influídos por la apertura particular a la que estuvieron, y están, expuestos- los segundos quedaron sumergidos incluso respecto de sus niveles históricos. La "internacionalización" incipiente del sector de trabajadores de mayor calificación genera una situación mucho más diferenciada de éstos con respecto a los menos favorecidos. Las tendencias de ingresos contrastan: mientras unos avanzan los otros se estancan o retroceden. Este fenómeno agrega una nueva complicación en la puja por la distribución del ingreso que se produce ahora con fuerza en el interior de la misma masa de asalariados. Uno de los fenómenos más característicos de la Argentina radica en la facilidad existente durante años para redistribuir ingresos en el mismo interior de los grupos asalariados. Las políticas de mejora del salario mínimo tendían a reducir la brecha entre éste y las remuneraciones más altas que, a su vez, perdían posiciones hasta un nuevo viraje en la política local. Ahora, en cambio, las diferencias estructurales parecen insertarse en una nueva forma de funcionamiento que tiende a frenar todo intento de modificar la distribución existente. La brecha parece haberse ensanchado a medida que la evolución de los mercados de cada grupo distintivo de los asalariados comienza a mostrar un comportamiento diferente3. 3 La tendencia del mercado privado parece contrastar con la evolución observada en el sector público de

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Las posibilidades de regulación "política" del salario parecen más difíciles, como lo demuestran algunas experiencias en ese sentido vividas en los últimos años. El "mercado" de mano de obra tiene ahora una presencia mayor que en el período de autonomía relativa del sector. d) Sector monetario financiero Durante las tres primeras décadas de la posguerra el ahorro monetario tendió a disminuir en la economía argentina debido a que los intereses reales pagados a los inversores resultaban negativos. Esto no impidió que, paralelamente, subsistiera otra fuente tradicional de captación de recursos financieros por parte de los bancos: las cuentas corrientes. La magnitud de éstas disminuyó, pero no tanto como para impedir que se pudiera ofrecer crédito relativamente barato, es decir, a tasas inferiores a la inflación. La creación monetaria originada en medidas oficiales -redescuentos, emisión, etc.- era otra herramienta que permitía subsidiar a los tomadores de dinero, fomentando parcialmente la inversión productiva. La diferencia era pagada en forma directa por los colocadores de fondos en el sistema, así como por toda la sociedad a través de la inflación; otra parte se absorbía por la mayor oferta de riqueza que provocaba el proceso de desarrollo. Lo más importante, a los fines de esta descripción, consiste en que resultaba fácil regular la tasa de interés de acuerdo con la decisión de las autoridades, dado que la magnitud de los depósitos resultaba prácticamente inflexible a corto plazo, a las variaciones posibles de la tasa real dentro de los marcos de la inflación registrada en todo e] período. A partir de 1975 la escalada inflacionaria modificó profundamente la situación de] mercado monetario. El enorme costo de oportunidad de disponer de dinero liquido generó una reducción abrupta de los depósitos en cuenta corriente y un desplazamiento de los tenedores de fondos hacia las nuevas oportunidades de inversión financiera a tasas de interés de mercado creadas en las sucesivas reformas financieras implementadas a partir del rodrigazo. La contracción de los depósitos en cuenta corriente eliminó prácticamente los fondos disponibles a costo mínimo -equivalente al costo de la operación bancaria-, mientras el incremento de los fondos liquidas dispuestos a colocarse a tasas de mercado imponía un "piso" a la tasa de interés activa. La reestructuración del sistema financiero tuvo claras consecuencias en cuanto a las posibilidades de regular la tasa de interés. La extinción de la oferta a costo cero impidió continuar con las estrategias tradicionales de fijar un tope a aquélla sin mayores consecuencias. En los últimos años el problema se trasladó a la posibilidad de fijar una tasa de interés pasiva que no ahuyentase a los colocadores de fondos del mercado financiero. Este problema tiene que ver, asimismo, con la aparición de los mercados paralelos y las alternativas disponibles para la colocación del dinero. En las décadas del cincuenta y sesenta operaba un mercado paralelo del dinero a través de múltiples manifestaciones. Aunque no se conoce un estudio

los ochenta. La escala de salarios en la Administración se fue cerrando, en perjuicio de los sectores de mayores ingresos en condiciones que no parece posible sostener a largo plazo. Este fenómeno obedece a otras razones düíciles de explicar en el contexto de este trabajo, pero que no niegan el argumento general adelantado más arriba.

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sistemático de sus operaciones y dimensión aproximada, hay abundantes referencias sobre su carácter: un extenso sistema de créditos directos al consumidor sobre la venta de bienes durables, a tasas reales positivas, con garantía prendaria, sumado a un sistema de créditos hipotecarios privados y a un mercado no regulado del dinero en el que se ofrecía crédito a tasas más elevadas que en el sistema bancario. Este mercado se mantenía operando paralelamente al oficial, aunque con crecientes vasos comunicantes, con dimensiones que permiten suponer que su crecimiento llegaría en algún momento a amenazar la convivencia pacífica entre ambos. Antes de que se llegara a un conflicto abierto, se produjo el rodrigazo que tuvo, en ese sentido, un resultado esperable: el alza abrupta de los precios redujo a sumas mínimas el valor real de los activos crediticios colocados a mediano plazo, como era el caso general del mercado no regulado. En consecuencia, el rodrigazo produjo simultáneamente la eutanasia del rentista marginal y el crecimiento de un nuevo y único mercado financiero a corto plazo y tasas libres. En el presente no hay un mercado paralelo de magnitud considerable, pero todo indica que se podría crear en cualquier momento si las autoridades intentaran regular la tasa de interés hasta colocarla en valores inaceptables para los inversores. La experiencia del pasado, así como la experiencia de otros mercados paralelos -incluido el del tipo de cambio- sugiere que sería de difícil control y que su aparición implicaría un golpe apreciable a cualquier intento de volver a las condiciones reinantes en el pasado. A esto se agrega la estrecha conexión entre el mercado financiero local y el externo, que se generó a partir de fines de la década del setenta y que opera como otro poderoso condicionante de cualquier estrategia de regulación. La política de tipo de cambio pautado aplicada en 1979-80 llevó a una rápida revaluación del peso combinada con un mercado de cambios totalmente desregulado. No es extraño que esas condiciones hayan producido una demanda masiva de dólares, que significó alrededor de 12.000 millones de esa moneda vendidos por el Banco Central a los particulares en un solo año. Se sabe bien que esos dólares fueron tomados prestados por el gobierno argentino para venderlos localmente a fin de sostener el tipo de cambio planeado, dando origen a una parte considerable de los problemas creados por la magnitud de la deuda externa a partir de entonces. Es menos discutido que la tenencia de esas divisas por los particulares permitió estructurar un verdadero mercado financiero local que opera en divisas. Una parte de los dólares comprados en ese período sigue circulando en el mercado interno; ellos sirven como reserva de valor -disminuyendo las colocaciones en pesos en el sistema financiero- y se prestan entre particulares en un mercado financiero paralelo cuyas dimensiones no se conocen pero que no deben desdeñarse. Otra parte de ese dinero está colocada en operaciones financieras en el país o en el exterior, bajo la forma de Bonos Externos, depósitos a interés en los grandes bancos internacionales, etc. La masa de tenencias en dólares por los agentes locales, cualquiera sea su valor definitivo, resulta muy superior a todas las tenencias financieras en pesos. Una estimación mínima de 15.000 millones de d61ares tenidos por los particulares -se habla de hasta 25.000 millones- representa un monto mucho mayor que el total de depósitos en cuenta corriente y a plazos en pesos, que

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puede estimarse en alrededor de 10 a 12.000 millones de d6lares (de valor equivalente) según la fecha que se adopte para la comparación. Esta "dolarización" del mercado financiero plantea otra restricción a la política de regular las operaciones en pesos y adiciona otro mínimo al valor de las tasas de interés locales. Estas últimas deben estar por encima de las que se pagan en dólares más un cieno diferencial por riesgo de cambio, para evitar que los inversores opten por la alternativa del mercado financiero en divisas. La evolución de este sector en los últimos años plantea la mayor dificultad en el conjunto de la economía para encarar una política keynesiana; es allí donde la "apertura de la economía" se ha desplegado hasta su máximo concebible, más allá de lo logrado con la apertura comercial. Y todo indica que no hay posibilidades de retorno a modelos pasados pues, en cierta forma, se trata de una transformación irreversible cuyas consecuencias no siempre se sopesan debidamente. e) Deuda externa La deuda externa generó un efecto considerable sobre las finanzas públicas a partir de la combinación de su crecimiento explosivo con las elevadas tasas de interés vigentes en el mercado internacional a partir de 1980. Los créditos fueron tomados por el sector público -para vender las divisas al sector privado- o fueron asumidos por éste en el período posterior a la crisis del endeudamiento externo en el sistema financiero mundial; en consecuencia, los pagos de los servicios son un gasto público cuyas dimensiones resultan decisivas para el presupuesto. La Argentina debe 50.000 millones de dólares que, a la tasa actual de interés (alrededor del 9%), representan 4.500 millones de dólares anuales sólo por ese concepto. Esa cifra equivale al 6% del producto bruto nacional -llegó a ser el 8% en períodos de tasas más altas- y una proporción apreciable de las erogaciones públicas. El presupuesto de la Administración Nacional equivale al 22 a 25% del producto, mientras que el gasto total, incluyendo empresas públicas, asciende a alrededor del 40% de la misma variable; es decir que el pago de los intereses de la deuda externa representa por sí solo cerca de la tercera parte de las erogaciones presupuestarias y no menos del 15% del gasto total consolidado. Las tensiones resultantes del pago de la deuda no son sólo económicas, aunque estas de por sí sean graves. La negociación necesaria para refinanciar los pagos que no se pueden hacer se debe canalizar a través del Fondo Monetario Internacional, debido a las exigencias de los acreedores; y el Fondo, a su vez, demanda la aplicación de ciertas políticas locales para acceder al otorgamiento de nuevos créditos destinados a refinanciar las deudas previas. Esta "condicionalidad" del Fondo se está ampliando en sus características y alcances en los últimos años y surge como una nueva restricción a las políticas económicas propias. La deuda externa adquiere una característica de succión de la riqueza local, presiona activamente sobre las cuentas presupuestarias y, finalmente, opera como una traba objetiva a la aplicación de políticas con objetivos diferentes a los deseados por los acreedores. El endeudamiento del Estado respecto de los financistas internacionales lo convierte en dependiente de aquellos.

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La deuda externa surge como la contrapartida económica de la democracia. Ella fortalece el control externo sobre las decisiones que se pueden asumir localmente y pone un límite a las posibilidades de transformaci6n de la economía argentina hacia un modelo más cerrado y más regulable. f) Sector público El planteo de las restricciones resultantes de la deuda externa ya arrojó una serie de elementos sobre el tema del sector público. Falta agregar que el crecimiento de éste en las últimas décadas plantea los mismos problemas que se mencionaron en los comentarios sobre la situación internacional. En primer lugar, la expansión del gasto del Estado se fue produciendo en condiciones que dificultan el manejo presupuestario. Cada cubro que se incorpora obedece a una demanda social o económica que se transforma en permanente; en consecuencia, el gasto presenta una tendencia constante a aumentar su magnitud. La tendencia al incremento del gasto surge prácticamente en todas las actividades. En algunos casos obedece a la presión de intereses que se van conformando en torno a cierta actividad; esto ocurre con la construcción pública o las inversiones de los organismos estatales a medida que un grupo de empresas se organiza para proveer determinados bienes o servicios necesarios en dichos programas. En esos casos, a la existencia virtual o real de una demanda social se adiciona el interés de dichas empresas en la continuidad y crecimiento del gasto público. En otros casos, la evolución del presupuesto queda librada a variables menos controlables directamente, como la demografía; el sistema de seguridad social o el presupuesto educativo ofrecen buenos ejemplos al respecto. Una vez establecido el sistema de jubilaciones, por ejemplo, sus erogaciones evolucionan en función del número de beneficiarios que depende, a su vez, del envejecimiento de la población. Algo similar ocurre con el presupuesto educativo: a medida que se generaliza el ingreso de jóvenes a las escuelas primarias, secundarias o universitarias, se genera una demanda creciente por mayores erogaciones en docentes, edificios, etc. La larga crisis presupuestaria de la Argentina fue llevando a aplicar ciertas políticas de reducción del gasto que parecen haber alcanzado ya el límite de sus posibilidades. En el caso de las jubilaciones, se redujo el haber de la mayoría de los beneficiarios a sus valores reales mínimos; la misma estrategia se aplicó con los docentes hasta un umbral que ya no parece posible atravesar sin una deserción masiva de éstos. La tendencia a "privatizar" el sistema educativo no resolvió el problema, puesto que una parte importante de los gastos correspondientes es aportada desde el presupuesto nacional; el Estado simplemente llegó a soportar una demanda creciente de dinero en este cubro acompañada de menores posibilidades de regulación sobre el destino final de dichos fondos. En definitiva, se ha llegado a un punto en el cual las presiones por el incremento del gasto público parecen más poderosas que la capacidad de reducir su magnitud. Las demandas sociales por servicios, así como las presiones de los grupos de interés, se. ven acompañadas por la necesidad de elevar las remuneraciones de jubilados, docentes y funcionarios jerárquicos de

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la Administración y las empresas públicas. Las posibilidades de racionalización administrativa y reducción de algunas expensas innecesarias son remotas por ahora y no parecen ofrecer variaciones significativas en la dimensión del presupuesto; es más, para lograr algunos objetivos mínimos, hará falta una fuerte decisión política, una intensa perseverancia en la acción y un esfuerzo organizativo que, al menos en la primera etapa, costaría dinero. Las posibilidades de controlar el déficit radican, por lo tanto, predominantemente en el aumento de los ingresos. Este objetivo se ve limitado por la creciente resistencia de los grupos de medianos y altos ingresos a cualquier incremento de la carga impositiva. La experiencia de los últimos años muestra un rápido desplazamiento de estos sectores hasta las operaciones en mercados "negros" o, como alternativa, a intentos de trasladar la carga impositiva hacia otros grupos sociales a través de la inflación; la combinación de estas respuestas, ensayadas repetidamente en el país, plantea graves dificultades para incrementar los ingresos impositivos en un período de tiempo relativamente breve. Adicionalmente, la tendencia a evadir los impuestos ha llevado a una continua caída de la inversión privada que sólo se quiebra cuando la política oficial desgrava dicha actividad, lo que se traduce, en definitiva, en una caída de la recaudación. Estos fenómenos explican el elevado nivel del déficit del sector público en la Argentina y la continua recurrencia a absorberlo vía la inflación. El carácter estructural del déficit, agravado ahora por el servicio de la deuda externa, dificulta la aplicación de una política de carácter keynesiano. Ella requiere, por ejemplo, aumentar el déficit presupuestario que, en las condiciones existentes, equivale casi automáticamente a promover la inflación en lugar del auge económico. Este cambio es dramático. No es lo mismo partir de un presupuesto más o menos equilibrado, en una economía monetizada, que intentar el aumento del gasto sobre un presupuesto ya deficitario y en una coyuntura en la cual la cantidad de moneda 'ha llegado a un mínimo. Parece irónico concluir que, de no mediar ciertos cambios políticos y económicos muy profundos, la variación de los gastos presupuestarios en uno u otro sentido tiende a minimizarse. Las variaciones del déficit en cambio, pueden ser mayores -por el efecto aditivo de las modificaciones de gastos e ingresos si estos se producen en distintas direcciones- pero no por eso manejables fácilmente ni capaces de llevar a un auge programado de la economía. g) El modelo global Es posible que esta presentación haya forzado algunos argumentos en cuanto a las crecientes dificultades para regular la economía en el sentido keynesiano clásico. Resulta muy difícil evaluar cuantitativamente ciertas tendencias y es posible que haya quienes pretendan refutar la profundidad de los cambios producidos en uno u otro sector. Sin embargo, lo significativo no es tanto cada uno de esos procesos en sí mismos, sino su convergencia en los últimos años. En la medida en que tantas variables se enfrentan con los criterios de aplicar los modelos experimentados en el pasado, la probabilidad de que estos fracasen crece de manera más que proporcional con respecto a la incidencia de cada una de ellas.

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La apertura de ciertos sectores productivos a los mercados internacionales no sería tan importante si no estuviera acompañada por la expectativa monetario-financiera que consolidó nuevas formas de funcionamiento de la economía. Las dificultades para controlar la tasa de interés nacen de la creciente interrelación entre el mercado local y el internacional, pero se ven fortalecidas por la contracción del stock monetario y la creciente falta de manejo autonómo sobre el dinero local. La apertura productiva no habría tenido una importancia tan grande sobre los ingresos si sus efectos no hubieran sido multiplicados por el clivaje cada vez mayor entre unos grupos de asalariados y otros. De igual manera, para terminar, el gasto público no presentaría las dificultades actuales si no fuera por el largo proceso de deterioro de las finanzas estatales y de la capacidad de los funcionarios para manejados. En conjunto, se trata de una fondable convergencia de vallas a las políticas reformistas graduales, que permiten hablar de un nuevo modelo de funcionamiento de la economía. 5. Conclusión Esta recorrida por la economía argentina sirve para comparar los resultados con los fenómenos mencionados en el ámbito internacional. Las consecuencias son similares; en ambos casos se señala una pérdida de las capacidades de regulación a favor de la creciente importancia de los mercados mundiales. La Argentina tiene una economía productiva más cerrada que la observada en las naciones más desarrolladas, pero esa "ventaja" relativa se ve recortada por el rápido proceso de apertura de los últimos años sumado al brusco cambio de su estructura financiera. Todo indica que las características diferenciales de la economía local se reducen ahora a cuestiones de grado de avance de algunas variables más que a estructuras distintas de las vigentes en otras economías. Ha llegado la hora de extraer las, conclusiones correspondientes. Las posibilidades de regulación de la economía argentina no son mayores que las registradas en países donde los intentos de poner en marcha un modelo keynesiano fracasaron. Los cambios de orientación de la política económica en diversas naciones europeas bajo gobiernos de tipo socialdemócrata constituyen un ejemplo que se debe tener en cuenta. Debe insistirse en que este análisis no pretende llevar a la inmovilidad ni a la desesperación. Por el contrario, parte de la base de que el conocimiento adecuado de la realidad representa una condición necesaria para modificarla. Por más lamentables que resulten las conclusiones para quienes desean encontrar una solución relativamente "fácil", ellas parecen indispensables para encontrar una salida. En la década del treinta, el modelo keynesiano ayudó a racionalizar una serie de políticas que se estaban adoptando mediante el tanteo o la intuición. El nuevo modelo de funcionamiento de la economía que se consolidó a partir de la crisis de 1929 requería un análisis que Keynes ofreció cuando la situación parecía desesperante. De igual manera, en la actualidad se requiere encontrar los mecanismos y las formas para superar este estado de cosas. Parafraseando el aforismo de Hegel, conviene recordar que "la libertad es la conciencia de la necesidad".

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La crisis, la deuda y la apertura externa. Una interrelacion que no puede soslayarse

Este trabajo fue preparado para el seminario de UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development) sobre "Economic Crisis and Third World Countries" que tuvo lugar en Kingston, Jamaica, en abril de 1989. Será publicado en un libro que recopila las diversas presentaciones efectuadas en dicha reunión. 1. Introducción La crisis que atraviesa la América Latina puede ser observada desde ángulos muy distintos. En esta presentación vamos a tratarla como parte de un proceso de cambio estructural (del cual, aparentemente: es también condición) en las formas de funcionamiento económico de las naciones del continente. La crisis provoca un disciplinamiento brutal de las finanzas públicas, una fuerte redistribución del ingreso tanto entre grupos sociales (de los trabajadores a los empresarios) como entre sectores (de los que trabajan para el mercado interno a los exportadores y también de las ramas productivas a las financieras) y una brusca contracción de las tasas de crecimiento económico con respecto a las registradas en la década del setenta. La crisis, en fin, ofrece condiciones socialmente negativas mientras presenta cambios en marcha cuyas características deben ser evaluadas en profundidad. Los cambios tienen causas originales. Si hubiera que resumir en una sola palabra la raíz y esencia de estas últimas habría que señalar a la apertura económica como el factor fundamental; la apertura modifica -cuando no reduce drásticamente- la capacidad regulatoria del Estado nacional, tiende a incidir en la distribución del ingreso -beneficiando, en general, a los sectores privilegiados-, y, de una u otra manera, afecta las condiciones que determinan el dinamismo productivo. Al enfatizar los efectos que genera la apertura económica insistiremos sobre la forma en que se está llegando a ella. No parece lo mismo -ni en causas ni en consecuencias- un proceso de apertura a partir de la consolidación de una estructura productiva que se abre paulatinamente al exterior (como en el caso de las naciones europeas o el Japón) que el mismo fenómeno producido a partir de la interrelación estrecha de las relaciones financieras con el mercado mundial. En el primer caso, la apertura es la consecuencia de una economía productivamente madura, mientras que en el segundo es un efecto que incide profundamente sobre la orientación y capacidad de crecer del sistema económico condicionado por dicho proceso. La deuda externa no puede ser separada de esta cuestión. La diferencia en el planteo que haremos reside en el énfasis: en lugar de tomar la deuda como causa de la crisis, la incorporaremos al fenómeno global de la transformación económica. Veremos así que, en una primera etapa, la deuda fue un resultado de la política de apertura financiera de la economía; en cambio, en la segunda etapa, posterior al estallido del problema en 1982, sirvió para consolidar el proceso de apertura. Por sus características este documento pretende ser más reflexivo que asertivo y trata de ofrecer una visión de conjunto del problema. Para ello, opta por una presentación esquemática de los aspectos económicos relevantes que

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permita centrarse en los políticos y sociales. Es que la economía no es otra cosa que una relación social entre los hombres; a través de los mercados, los seres humanos se distribuyen la riqueza y, en cierta forma, el prestigio y el poder. Por eso, el análisis de la economía que presentamos pretende servir de base a una reflexión político-social en lugar de acumular informaciones estadísticas sobre datos puramente económicos. Finalmente, conviene señalar que el trabajo se centra casi exclusivamente en el caso de la Argentina. En ciertos aspectos, este país se ofrece como un "modelo" para entender la problemática de la crisis, aunque no representa al conjunto; en comparación con otros serviría, más bien, como contraste para estudiar la evolución particular de esas economías. Al fin y al cabo, si la crisis es global, también es cierto que en cada nación se han estructurado condiciones económicas y sociales distintas que arrojan resultados diferentes en la coyuntura. 2. La crisis argentina El punto de partida de la crisis argentina se ubica en 1975. Todos los indicadores económicos permiten observar que, luego de un largo período de crecimiento, en ese año se produjo un quiebre de tendencia. Desde entonces hasta hoy el producto bruto permanece estancado y las oscilaciones del ciclo económico sólo se producen en tomo a un valor prácticamente estable de la riqueza producida. El estancamiento del producto global es el más claro indicador de la crisis cuya gravedad puede apreciarse con mayor fuerza cuando se agregan indicadores sociales. El crecimiento de la población, por ejemplo, fue de alrededor de 15% en los 14 años transcurridos desde 1974; esta evolución implica que el producto por habitante cayó en una magnitud proporcional en dicho período. Por otra parte, el ingreso real se deterioró más aún debido a que una parte de los recursos presentes se destina al pago de los servicios de la deuda externa desde 1982; antes, en cambio, se compensaban con aportes crediticios netos que permitían consumir más que lo producido localmente. Finalmente, la redistribución del ingreso en todo ese período ha operado en contra de los sectores menos favorecidos que vieron reducida su participación en el ya menguante total nacional; para ellos la crisis es más evidente y dolorosa que lo sugerido por las cifras anteriores. La actividad económica permaneció relativamente constante desde el punto de vista del valor del producto global pero no estática en cuanto a su composición. En estos años se notó un crecimiento apreciable del sector agrario pampeano, una intensa reestructuración del aparato industrial, un crecimiento exponencial de ciertos servicios -sobre todo de aquellos que atienden las demandas de los grupos de mayores ingresos- y una notable hipertrofia de las operaciones financieras. En otras palabras, la crisis no transcurre en un estancamiento total. Por el contrario, su intensidad y duración se ve acompañada -y facilita- transformaciones globales relacionadas directa o indirectamente con la apertura. Las tendencias macroeconómicas registradas a partir de 1974 no sugieren ningún cambio significativo correspondiente al estallido de la deuda en 1982. El estancamiento global y los cambios en la composición del producto comenzaron antes y continuaron después de ese momento; y lo mismo puede

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decirse de otras variables claves. La inflación, por ejemplo, uno de los fenómenos más curiosos de la Argentina moderna, se mantiene arriba de 100% anual desde junio de 1975 con un promedio cercano al 300% en los últimos catorce años. La única variable importante que modifica su comportamiento a partir de la crisis de la deuda es la tasa de inversión con relación al producto, que registra una intensa caída desde entonces; este fenómeno se origina en parte (aunque no como la única causa) en la necesidad de destinar una parte del ahorro nacional al pago de los servicios de la deuda. En una perspectiva a mediano plazo, la caída de la inversión sugiere que el estancamiento producido seguirá por varios años, dado que no se observan posibilidades de incremento sustancial de la capacidad instalada hasta que no se revierta el fenómeno. Por otra parte, aparece una significativa restricción en el gasto público (una de cuyas consecuencias es la caída de la inversión realizada por el Estado); al cerrarse las fuentes de crédito externo y comenzar el período de pagar efectivamente los servicios, el sector público se encuentra frente a una notable limitación en su capacidad presupuestaria. Pero estos fenómenos no transforman cualitativamente sino que toman más agudo el contexto de la crisis iniciada en 1975. La crisis argentina es persistente, profunda y 'significativa. Sus consecuencias sociales y políticas son demasiado obvias para ser relatadas detalladamente pero no pueden menos que considerarse graves. La tendencia de la inversión no ofrece perspectivas inmediatas de salida del problema productivo, mientras las políticas aplicadas tienden a consolidar el proceso de cambio iniciado a mediados de la década de los setenta. ¿Cómo comenzó el problema? ¿Cuáles son las razones que dificultan su solución? La perspectiva histórica resulta imprescindible para intentar las respuestas. 3. La apertura que generó la deuda En junio de 1975, un "shock" aplicado por los responsables de la política económica oficial descerrajó una escalada inflacionaria que se aproximó rápidamente a cifras cercanas al 1.000% anual. Esa intensa e inesperada inflación comenzó a preparar las condiciones del cambio en la política económica, mientras atizaba el caos social y el descontento político; numerosos observadores consideran que los efectos del rodrigazo (nombre con que se designa el "shock" oficial debido a que el ministro de Economía de ese momento se apellidaba Rodrigo) tuvieron mucho que ver con el golpe de Estado que se produjo en marzo de 1976 y dio lugar a casi ocho años de gobiernos militares4. El "shock" inflacionario erosionó la confianza en la moneda local y destruyó prácticamente de un golpe el antiguo sistema financiero. La demanda de dólares creció a ritmos vertiginosos a medida que la sociedad buscaba nuevos refugios de valor; paralelamente, surgían ingeniosos instrumentos financieros caracterizados por su liquidez, corto plazo y elevados beneficios. La estrategia

4 Hemos realizado un detallado análisis de la política económica de ese periodo en nuestro libro La política económica de Martínez de Hoz (Hyspamérica, Buenos Aires, 1987) al que nos remitimos para quien desee conocer algo más que la versión estilizada que aquí presentamos.

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económica aplicada a partir de marzo de 1976 -ya bajo el gobierno militar- tendió a consolidar estos fenómenos. En lugar de bajar la inflación a niveles razonables en el menor plazo posible, el gobierno prefirió en los hechos otorgar prioridad a la modificación profunda de las reglas de funcionamiento del sistema financiero y su apertura acelerada al mercado internacional. De manera gradual pero sistemáticamente, el nuevo equipo económico liberó el mercado cambiario, ofreciendo a los agentes económicos la ansiada posibilidad de hacerse de divisas a través de transacciones legales. Con idéntica firmeza, el equipo organizó la transformación del sistema financiero hasta adecuarlo a las condiciones de alta inflación; las nuevas normas autorizaban la colocación del dinero a plazos muy cortos -hasta una semana-, a tasas de interés fijadas sin intervención del Banco Central, y con mecanismos que permitían adaptar los créditos a la variabilidad constante de estas últimas. En 1978, dos años después del golpe de Estado, la inflación se mantenía alrededor del 200% anual, con un sistema financiero donde el plazo promedio de las colocaciones era de 20 días y acompañado por el mercado más libre que se había conocido en décadas para la compra-venta de divisas. Para esa época, el ministro de Economía del gobierno militar admitió, en una conferencia pública, que las medidas adoptadas en el sector financiero impedían reducir la inflación más rápidamente en un implícito reconocimiento de las prioridades asumidas en su gestión. A fines del año mencionado, el gobierno aplicó una nueva estrategia que consistió en abrir rápidamente la economía con el objeto de que los precios internacionales actuaran como regulador de la evolución de los precios internos. Aplicando una política diseñada, básicamente, a partir de los postulados de la "Escuela de Chicago" -ya en vigor en esos momentos en Chile-, el equipo económico estableció una "pauta" prefijada para la evolución del tipo de cambio y liberalizó aún más las transacciones con el exterior, tanto las financieras como las comerciales. La apertura comercial fue sumamente importante, aunque tuvo efectos concentrados en el tiempo. El ingreso de bienes importados tardó más de un semestre en alcanzar ímpetu, debido a su dependencia de condiciones operativas y comerciales, y su permanencia resultó, en total, inferior a un par de años. Las importaciones se vieron favorecidas por el atraso de la devaluación, provocado por la "pauta cambiaría" que colocaba los precios locales de los bienes provenientes del exterior muy por debajo de sus contrapartes nacionales. Pero la crisis externa, que se hizo evidente en 1981, obligó a cerrar nuevamente el mercado interno, transformando la estrategia importadora en un fenómeno fugaz aunque no desdeñable por su efecto en la estrategia posterior de los empresarios argentinos. La apertura financiera, en cambio, fue prácticamente instantánea, dada la movilidad del dinero en las condiciones actuales, y tuvo efectos considerablemente más profundos y persistentes que la anterior. La diferencia entre las tasas locales de interés y las internacionales aseguraba elevados beneficios a quienes arbitraran entre ambos mercados; hemos estimado que se podía ganar alrededor del 50% anual en dólares mediante el simple arbitrio de tomar un crédito en el mercado internacional para colocar el dinero

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localmente durante los años 1979 y 1980. Naturalmente, esa posibilidad generó un fuerte flujo de capitales externos que engrosaban la oferta en el sistema financiero argentino. ¿De dónde provenía ese dinero? Todo indica que era tomado por ciertos agentes locales como crédito en el mercado internacional. La facilidad de obtener financiamiento en divisas en ese período, sumada al apoyo activo concedido con ese fin por el gobierno argentino, permitió un acelerado endeudamiento externo con objetivos puramente especulativos; de acuerdo con las estadísticas oficiales, el sector privado se endeudó con el exterior en una, magnitud superior a 5.000 millones de dólares en 1979 sólo por esa causa. En 1980, los agentes económicos comenzaron a sospechar que el tipo de cambio no podría retrasarse mucho más y que era previsible una devaluación. Entonces optaron por retirar sus inversiones financieras y transformarlas nuevamente en divisas. El gobierno atendió a esa demanda, que se expresaba en el mercado libre de cambios, mediante el simple expediente de tomar, a su vez, créditos externos; fue así que la deuda pública aumentó alrededor de 15.000 millones de dólares entre enero de 1980 y marzo de 1981 sólo para satisfacer el apetito de divisas de los particulares (ver las cifras y detalles en el libro ya citado). La crisis del sector externo estalló en marzo de 1981 en coincidencia con un relevo programado previamente en el gobierno militar. Pero todo indica que ella se hubiera producido más tarde o más temprano puesto que el sistema era insostenible -y el fracaso de la experiencia similar en ese sentido en Chile y Uruguay no hace más que confirmar la hipótesis-. En el momento del estallido de esa crisis la deuda externa llegaba a 28.000 millones de dólares; la evolución previa del fenómeno indica que ese monto era en buena medida, la contrapartida de una tenencia equivalente en divisas por parte de los argentinos que habían tomado las apuestas provenientes de la política económica. Afirmamos que esa estrategia generó una conexión estrecha entre el mercado financiero local y el internacional que ya no puede ser modificada fácilmente. Las tenencias en divisas de los argentinos se siguieron acumulando desde entonces, puesto que una parte apreciable de ellas está colocada en instrumentos financieros que devengan intereses; esos capitales líquidos, cualquiera sea su monto real (distinto en cada estimación), representan en la actualidad una masa formidable de dinero en comparación con las variables macroeconómicas del país. Es probable que la parte de esas divisas que quedó retenida localmente resulte superior al total de los activos financieros que siguen expresados en moneda local; no es casual que esas condiciones lleven a que el dólar tienda a sustituir al austral en las transacciones internas. La economía argentina está operando en los hechos bajo un sistema -de doble moneda: el austral de uso compulsivo para el pago de salarios y de impuestos, y el dólar, de uso ya casi imposible de evitar en las transacciones entre los sectores sociales privilegiados. Este es un fenómeno clave. Una vez que se ha producido una apertura financiera de esa magnitud resulta muy difícil volver atrás. El gobierno pierde capacidad de regulación monetaria y financiera puesto que no controla la

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cantidad de dinero -formado ahora en parte apreciable por dólares- ni la tasa de interés -que se define en función de la internacional-. El gobierno pierde capacidad para recaudar impuestos, mientras la inflación tiende a que el sistema sea más regresivo; el propio "impuesto inflacionario" se carga, básicamente, sobre quienes disponen de activos en australes que son, por definición, los sectores menos favorecidos, mientras los grupos privilegiados evaden dicha presión gracias a que están dolarizados. En última instancia, el gobierno pierde también la capacidad de mantener cerrados los mercados locales, puesto que la apertura financiera presiona por abrir el resto de la economía de una u otra manera. En definitiva, la apertura financiera actúa como una palanca que reduce el rol del gobierno en la economía, mientras exige la 'adopción de la apertura en otras áreas. A partir de la apertura financiera surgen presiones intensas hacia la conexión de todos los mercados locales con los internacionales. 4. La deuda que generó la apertura En marzo de 1981, como hemos adelantado, la Argentina tenía una deuda externa de 28.000 millones de dólares y mínima capacidad para obtener nuevos créditos; la desconfianza de los acreedores internacionales con respecto al equipo económico que asumió en esa fecha se reflejó en una cerrada negativa a realizar nuevas operaciones. Los acreedores se negaban, incluso, a refinanciar los intereses devengados por la deuda anterior, aunque el país no tenía capacidad alguna de pagarlos en el corto plazo. Las magnitudes en juego eran relativamente importantes debido al alza abrupta de la tasa internacional de interés, como consecuencia de las políticas aplicadas en los Estados Unidos desde fines de 1979. Podría decirse, por lo tanto, que a lo largo de 1981 el país se encontraba, de hecho, en cesación de pagos (fenómeno que ocurriría reiteradamente desde entonces hasta la actualidad, aunque en ese momento parecía un caso especial puesto que todavía no había estallado la crisis internacional de la deuda). Las condiciones financieras internacionales estaban ya maduras para que se desatara la crisis de la deuda aunque, por diversas razones, la conmoción se postergó hasta fines de 1982. La crisis podría haberse provocado a partir de los problemas con la Argentina, a mediados de 1981. El detonante pudo estar constituido por la crisis de pago de Polonia, en la misma época; o bien, el proceso podía haber estallado a raíz de la guerra argentino-británica por las Malvinas en el segundo trimestre de 1982. Pero por una u otra razón, esas crisis se capearon hasta que el azar hizo que surgiera con el caso mexicano meses más tarde. Evitar el surgimiento de una crisis abierta que se extendiera al resto del sistema financiero internacional no disminuyó la gravedad de la situación financiera que enfrentaba la Argentina; el país no recibió créditos en los años 1981 y 1982 -salvo contadas excepciones- y sólo logró, dificultosamente, refinanciar sus compromisos inmediatos con el exterior; el efecto acumulativo de las tasas de interés devengadas fue suficiente para llevar el monto de la deuda hasta los 39.000 millones de dólares a fines de 1982. En ese momento, el problema de la deuda comenzaba a acaparar a la opinión pública internacional y las negociaciones en torno a ella dejaron de ser problema individual de un país.

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De todos modos, los intentos de refinanciación del año siguiente se vieron favorecidos por la perspectiva de la transición política local. El interés de distintos gobiernos de las naciones desarrolladas en facilitar la transferencia del poder hacia un gobierno civil, elegido democráticamente, luego de la derrota militar frente a Gran Bretaña, facilitó las negociaciones crediticias durante 1983. Hubo renegociaciones pero no nuevos créditos, de manera que, a fines de ese año, al asumir el nuevo gobierno democrático, la acumulación de intereses, había generado compromisos que ya sumaban 44.000 millones de dólares. A partir de entonces comenzaron arduas negociaciones con los acreedores que siguen en la actualidad repitiendo lineamientos y consecuencias bien descriptos en la literatura sobre el tema. . La refinanciación de una parte de los intereses de la deuda queda sometida a la condicionalidad; es decir, al cumplimiento de ciertos compromisos de política por parte del deudor. Entre esos compromisos, como se sabe, figura en lugar privilegiado el abrir la economía a la competencia internacional. El objetivo coyuntural de esa demanda pretende que el país endeudado exporte más para generar un superávit que permita afrontar los pagos de la deuda. Pero la lógica del sistema, así como las presiones de ciertos actores internacionales, lleva a una apertura económica en ambos sentidos cuyo ritmo sólo depende de las resistencias que oponga el deudor. La experiencia sugiere que esas resistencias tienden a ser vencidas en la medida en que aparecen otros actores internos, como el sector financiero, interesado en abrir la economía en consonancia con las demandas del exterior. En consecuencia, la apertura surge como un resultado de la deuda aunque no sea el único efecto ni aquella sea la única causa. La deuda presenta costos y consecuencias de todo tipo que son ampliamente discutidos y no cabe tratar en detalle en esta presentación. Basta con recordar, al respecto, que los sacrificios exigidos por la atención de los servicios no permitieron pagar los intereses devengados anualmente; en consecuencia, la deuda nominal aumenta permanentemente mientras se mantiene la crisis como modo de vida y la condicionalidad como exigencia. A fines de 1988, la Argentina debe más de 56.000 millones de dólares, monto que representa el 75% de su producto bruto, y se ve impulsada a adoptar una serie de políticas económicas para obtener la refinanciación de parte de sus acreedores. Recapitulando, la apertura financiera del período 1976-81 jugó un rol decisivo en la formación de la deuda externa argentina. Posteriormente, a partir de 1981, la deuda jugó un rol igualmente decisivo en la consolidación de la apertura externa de la Argentina; al mismo tiempo, la magnitud de esos compromisos seguía aumentando, de manera que su capacidad objetiva de presión (aparte de sus costos implícitos) era y es cada vez mayor. Hemos señalado más arriba que la apertura financiera de fines de la década del setenta generaba ya, por su sola presencia, una fuerte presión por extenderse a otros ámbitos de la economía. La convergencia de ese fenómeno con el derivado de la deuda externa transformó la apertura en irresistible. Como en una causalidad circular, la apertura generó la deuda que, a su vez, consolida la apertura. Hay enormes costos -económicos, sociales y políticos- asociados a ese proceso cuya descripción excede el objetivo de este texto; hay, también, un derrotero único común a ambos: la apertura de la economía a

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partir de los fenómenos que establecieron relaciones íntimas entre el sector financiero local y el internacional. 5. El recorrido de la apertura La apertura de la economía es un fenómeno común a todas las naciones en el mundo de la posguerra. Resulta cada vez más evidente que no se puede encerrar la estructura productiva dentro de los ya estrechos límites de un estado nacional. La generalización de la apertura económica permite observar, asimismo, la extensión que adquieren ciertos fenómenos correlativos como la reducción de la capacidad regulatoria de los estados, la pérdida relativa de la independencia nacional y la sujeción de ciertos procesos a los condicionantes del mercado mundial. Pero hay un punto menos discutido que surge de las diferencias de dinamismo y modo de funcionamiento provocados por distintos procesos de apertura. Las naciones de Europa Occidental y Japón fueron abriendo sus economías a partir de la salida al exterior de su oferta productiva. El fortalecimiento de empresas y sectores, la renovación tecnológica y la recomposición de la estructura laboral entre otros factores, permitió a esos países incrementar sus exportaciones hasta proporciones muy elevadas de su producto bruto. De manera natural, esa salida al exterior estuvo acompañada por un crecimiento similar de las importaciones que llevó, progresivamente, a una mayor interrelación monetaria y financiera con los mercados extranjeros. Pero lo esencial radica en que la ampliación de la apertura a nuevos sectores se produce cuando esas economías ya están maduras para competir productivamente con sus contrapartes externas o bien para adaptarse a las nuevas condiciones. El caso del Japón es el más paradigmático en este sentido, puesto que su sorprendente ofensiva exportadora se produjo con una mínima apertura de su mercado financiero hasta años recientes. En los últimos tiempos el gobierno de Tokio ha comenzado a preparar las condiciones para una apertura regulada de sus mercados, tan cuidadosa como estrechamente ligada a la capacidad competitiva de sus empresas productivas y su sector financiero. Aún así, ese programa coincide con una prodigiosa acumulación de riqueza en divisas proveniente de los enormes saldos positivos de su balanza comercial. Hay otros ejemplos similares en ese sentido, como los ofrecidos por los nuevos países industriales del sudeste asiático -Corea, Taiwan y otros- que han comenzado por una ofensiva exportadora antes de verse obligados a abrir sus economías en los aspectos financieros y de servicios. Los ejemplos contrarios, como Hong Kong o Singapur, no pueden tomarse como tales, puesto que se trata de enclaves urbanos de pequeña dimensión y no de economías nacionales comparables por su tamaño con las naciones de la América Latina En cambio, la Argentina, así como varios otros países de nuestro continente, se ve forzada a asumir el recorrido de la apertura en condiciones diferentes. El solo hecho de partir de una apertura financiera previa implica, por ejemplo, que no hay posibilidades de regular la tasa de interés, que se dispone de mínima capacidad para controlar el tipo de cambio y casi ninguna para forzar un movimiento de capitales en el sentido deseable. La apertura productiva, a partir de la financiera, no asegura que las naciones de nuestro continente repitan el

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camino de otros países que encararon el proceso inverso. El fenómeno puede tener consecuencias diferencias pero no por eso resulta menos compulsivo. Hay algunas diferencias entre las naciones de América Latina que pueden mencionarse para la mejor comprensión del fenómeno. Brasil es, probablemente, el país que por distintas causas pudo encarar una importante apertura productiva desde fines de la década del setenta; en consecuencia, esa nación posee márgenes de maniobra y perspectivas futuras diferentes a las ofrecidas por aquellos que no atravesaron la misma experiencia. En el otro extremo del espectro, naciones como Uruguay, que enfatizaron el papel otorgado a los servicios financieros en su economía tienen mínimas posibilidades de estructurar un sector productivo estable y eficiente mientras no se agote la posibilidad de captar beneficios a través del sistema creado en los últimos años. Pero, sea la Argentina o Brasil, Japón o Alemania, todos enfrentan un nuevo condicionamiento a partir de la apertura. En las naciones desarrolladas, ella se ha planteado como una consecuencia de la creciente "interdependencia"; en las subdesarrolladas, la asimetría en las relaciones económicas transforma la interdependencia en mera y simple dependencia, mientras el atraso relativo de la estructura productiva convierte la apertura en una condición restrictiva y orientadora de las posibilidades del progreso. La interdependencia entre las naciones desarrolladas resulta evidente; todas ellas se enfrentan con dificultades para definir el tipo de cambio, la tasa de interés, el nivel de los salarios y hasta el ritmo de su evolución productiva en función de las condiciones del mercado mundial o bien de la política aplicada por la mayor potencia del planeta. La dependencia de las naciones subdesarrolladas de las condiciones del mercado mundial se ha expresado en medio de la crisis y tan relacionada con ella quo resulta difícil separar ambos fenómenos aunque sean diferentes. Por otra parte, es un hecho que la apertura es un fenómeno múltiple difícil de cuantificar. El porcentaje de exportaciones o importaciones sobre el producto bruto dice poco respecto de los sectores que gozan de privilegios especiales por distintas causas; hay protecciones implícitas en el costo de transporte, los hábitos nacionales y hasta el clima en cada país que no siempre pueden evaluarse completamente. De la misma manera la apertura financiera no es un criterio que se pueda medir directamente. Por lo tanto, la propia idea de un tipo de apertura que precede a otras resulta más cualitativa que cuantitativa; al menos hasta que la idea se desarrolle y se definan criterios e instrumentos de medida. En la Argentina, todos los fenómenos relacionados con la apertura aparecieron casi abruptamente y con escasa visibilidad para la sociedad. En consecuencia, las discusiones sobre la superación del problema planteado aparecen, a nuestro juicio, confusas y combinadas con apreciaciones que se deben desmontar al efecto de comprender el problema. Veamos las principales características de las posturas existentes sobre el tema. 6. Las respuestas a la crisis La primera respuesta espontánea a las condiciones planteadas por la crisis que atraviesa la Argentina consiste en la vuelta al pasado. Si antes el gobierno

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era capaz de regular el ciclo económico, definir las variables principales de la economía y, con ellas, el sentido de la evolución económica y la distribución del ingreso, ¿por qué no volver a esas mismas prácticas? La pregunta y la respuesta están presentes en numerosos diagnósticos y propuestas de la coyuntura y se difunde socialmente a través de las posiciones de representantes de grandes partidos políticos populares. El recuerdo de un pasado keynesiano que, visto en perspectiva, podía considerarse exitoso, motiva la acción y decisión de diversos economistas actuales. Las estrategias keynesianas sólo podrían aplicarse, como él se encargó de enfatizar en sus análisis, en una economía cerrada. Para volver al modelo keynesiano sería necesario cerrar la economía y ese es un objetivo que no parece fácil de obtener en las condiciones actuales. No es posible cerrar la economía desde el lado real -importaciones en particular- cuando está abierta por el sector financiero. La presión de las divisas disponibles en manos de los particulares asegura que los bienes externos seguirán entrando -si su precio resulta inferior a los locales- por todos los mecanismos imaginables. La experiencia de las economías denominadas de "planificación centralizada" permite observar la presión por el consumo de bienes importados una vez que los ciudadanos de esos países comienzan a obtener las divisas necesarias para comprarlos. En consecuencia, sólo cabe cerrar la economía a partir del sector financiero, tarea que parece simplemente imposible. Por definición, las divisas que poseen los argentinos están afuera de la economía nacional -aun cuando se encuentren dentro del territorio- y su control resulta tan difícil como frustrante. Sólo un sistema muy rígido, que demanda al menos, y entre otras condiciones, una dictadura política, podría avanzar en la regulación de un bien tan fungible como las divisas poseídas por los ciudadanos; y aún así, quedarían dudas sobre su efectividad. Por otra parte, esa tarea no se podría llevar a cabo sin un repudio al pago de la deuda externa y a los condicionamientos que crea su servicio. La estrecha relación entre esos fenómenos permite suponer que encarar tales acciones llevaría a aislar al país del contexto internacional. En ese caso, resulta probable que los costos del aislamiento fueran superiores a los beneficios que llevaría cerrar la economía y aplicar un modelo keynesiano5. La clase dominante tiene clara esta problemática y por ello algunos de sus representantes señalan que una victoria del populismo sólo traería el caos a la economía. Más que miedo, sus declaraciones trasuntan su convicción en el sentido de que la apertura sería irresistible y que ella crea las condiciones que limitan la aplicación de políticas diferentes. En su defensa de la apertura, la clase dominante suele volver, ella también, al pasado, y recuerda que hasta 1929 la Argentina era una economía abierta y exitosa. No es éste el lugar para discutir ese aspecto de la historia económica local. Sí para señalar que el país gozaba de una formidable ventaja comparativa en su producción agropecuaria que le permitía captar lo que se ha 5 La experiencia alemana de la década del treinta surge casi espontáneamente como un derrotero posible para algunos países endeudados. A partir de 1933, Alemania repudió su deuda (generada por la exigencia de reparaciones de guerra planteada por los aliados luego de 1918), se aisló política y económicamente del contexto internacional e inició un proceso de reactivación económica que posteriormente fue fortalecido por el desarrollo de las actividades militares. Los costos políticos y sociales de esa solución son demasiado conocidos para insistir en el ejemplo.

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denominado renta diferencial a escala internacional. Esa renta le permitió al país gozar de un ingreso per cápita muy elevado, en términos comparativos, pero sólo durante el período en el que prevaleció la ventaja relativa. Al igual que los países productores de petróleo después de 1973, la Argentina gozó de la explotación de un recurso natural -la fertilidad natural de la tierra en la llanura pampeana- que distorsionó la imagen de la sociedad sobre sí misma. Volver a una economía abierta sin esa renta diferencial –que ya prácticamente no existe dado que fue eliminada por el impacto del progreso tecnológico en la producción agraria de las naciones desarrolladas- no implica, como suponen sus panegiristas, la recuperación de un elevado ingreso per cápita. Por el contrario, supone que volverán a aparecer laS dificultades para el desarrollo productivo que enfrentó el país en esa época y que, en última instancia, impidieron su transformación en una economía moderna cuando terminó la etapa de auge. Quienes aluden al pasado remoto -anterior a 1929- tienen a su favor el hecho objetivo de las presiones en favor de la apertura que ya existen en la economía. En consecuencia, ellos avanzan con la marea apoyados en modelos teóricos e históricos que justifican la política actual. Pero no se los puede criticar en defensa de un pasado de economía cerrada -como funcionó entre 1929 y 1975- sino a partir de una posición que acepte las restricciones actuales y, dentro de ellas, busque ampliar el ámbito de las políticas con sentido social y a favor del crecimiento. En este aspecto, la teoría económica está en falta. Hay experiencias, tan numerosas como exitosas, de manejo de distintos aspectos de la política socio-económica en economías abiertas que permiten suponer que hay más márgenes de libertad de lo que generalmente se asume. El problema es que esas experiencias se han realizado, o realizan, en naciones con elevado grado de desarrollo; es decir con estructuras sociales y productivas más maleables y organizadas frente a los desafíos del mercado mundial. Los países escandinavos, por ejemplo, ofrecen diversas alternativas de modelos más o menos exitosos. Por otro lado hay, algunas experiencias de naciones desarrolladas que intentaron repetir los viejos modelos con notable frustración en cuanto a los resultados esperados. Los ensayos franceses en ese sentido, luego de la victoria socialista en 1981, provocaron efectos negativos que obligaron a replantear la política económica adoptada; la rápida marcha de los años siguientes se constituyó en una experiencia cuyo contenido fue asumido por otros gobiernos del mismo signo en distintos países europeos. La rapidez del ajuste y la mayor capacidad productiva de la economía francesa explican las diferencias con lo que podría esperarse en una economía como la Argentina para el caso de que se quisiera aplicar un intento similar. Disponemos, entonces, de modelos de difícil aplicación por las diferencias en el grado de desarrollo, así como de contra-ejemplos que nos sirven para evitar falsas políticas. Falta diseñar una estrategia que tenga en cuenta las dos problemáticas de la coyuntura que nos parecen cruciales. La primera es cómo asegurar una mayor equidad social sin recurrir a las antiguas herramientas keynesianas. La segunda trata la forma de crecer en una economía abierta que ha comenzado su ligazón con el mercado mundial a partir del sector monetario

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financiero. No hay respuestas disponibles, pero esa es la problemática que presenta la crisis actual. Hace falta, todavía, una meticulosa reflexión al respecto, a partir de diagnósticos adecuados y dci suficiente flexibilidad metodológica. Luego vendrá el problema de aplicar las soluciones propuestas, para lo que hará falta poder político y voluntad de cambio. Pero todo indica que falta un período hasta que se llegue a esa situación. En el ínterin queda la necesidad de agudizar la comprensión del fenómeno porque, mientras la crisis ya está entre nosotros, las soluciones deseables y racionales no parecen a mano para su aplicación.

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La economia argentina hacia el año 2000. Una exploracion tentativa sobre alternativas de crecimiento en la decada del

noventa Este trabajo fue realizado en octubre de 1988 como contribución para el libro colectivo de UNITAR, La Argentina hacia e/ 2000. Desafío y opción, Nueva Sociedad, Buenos Aires, 1989. Una versión en francés apareció en la revista Prob/emes de /'Amérique Latine, París, No 92,1989. 1. Introducción Este trabajo intenta presentar una exploración de los lineamientos posibles para el desarrollo de la economía argentina en la próxima década. Esta tarea, que en otros países se realiza de modo habitual, resulta parecida a un relato de ciencia ficción en la Argentina debido a las condiciones erráticas del comportamiento nacional en los últimos años. Las incertidumbres del pasado inmediato y del presente no pueden menos que proyectarse al porvenir. Como dicho problema no se puede evitar, cabe consignar que esta exposición tiene el carácter de ensayo preliminar, de carácter muy general, preparada más como contribución a una polémica (que todavía debe llevarse a cabo) que como una propuesta terminada. Por esas mismas razones, se presentan especulaciones intelectuales, apoyadas en modelos muy simplificados de la realidad, en lugar de proyecciones macroeconómicas; estas últimas parecen difíciles de realizar sin un mínimo de consenso en cuanto a los criterios básicos para el desarrollo esperado, cuyos lineamientos, a nuestro juicio, presentamos, en este texto. El análisis no puede efectuarse sin referencias a algunos problemas de la situación actual, que surgen como una traba grave para cualquier proceso de desarrollo local. Los dos factores básicos que sintetizamos más adelante corresponden a los temas de la deuda externa y la inflación. Parece evidente que una exploración de las condiciones de funcionamiento de la economía para la próxima década debe partir de la hipótesis que esos problemas encontraran alguna solución en el interín; en caso contrario, las proyecciones resultarían mucho más pesimistas que las aquí presentadas. Una segunda hipótesis, que prácticamente no se menciona más en el texto, consiste en que el país continuará recorriendo la senda de la democracia y de cierta estabilidad política; es decir que los cambios serán graduales y acordes con el proceso de negociación y transacción propio de un sistema político pluralista. También en este caso las razones de aplicar estas hipótesis son obvias, puesto que los riesgos de que ellas no se ajusten a la realidad son demasiado grandes como para imaginar el futuro con tranquilidad de espíritu. Una vez analizadas las trabas mencionadas más arriba se explorarán algunas posibilidades abiertas a la economía nacional y su significado para el mediano plazo. La extensión de los distintos análisis es muy breve tanto por limitaciones propias de las informaciones disponibles como por la capacidad del autor para manipularlas, variables que en este caso se compensan afortunadamente al satisfacer el requisito de un texto necesariamente breve.

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2. Problemas pendientes El problema de la deuda externa es uno de los más graves que enfrenta la Argentina, acompañada por la mayoría de las naciones del continente. Sus características ya han sido ampliamente discutidas y difundidas y sólo cabe en ésta nota presentar un breve resumen de las restricciones principales que impone al desarrollo económico. Los intereses de la deuda suman unos 5.000 millones de dólares anuales que se pagan al exterior y representan el equivalente al 6% del producto bruto de la Argentina. Es evidente que una transferencia al exterior de esa magnitud sólo puede realizarse a costa de enormes sacrificios nacionales. Para peor, aun cuando esos pagos se realicen no resuelven el problema de la deuda dado que continúan pendientes los compromisos de capital. Debido a que la casi totalidad de la deuda externa fue asumida por el Estado, el servicio de los intereses es un gasto público que debe ser afrontado por los contribuyentes a través del pago de impuestos adicionales; la alternativa consistiría en que este compromiso sea compensado por una reducción de otras erogaciones. La resistencia de la comunidad a pagar nuevos impuestos cierra la primera vía mientras que las demandas en tomo al gasto público dificultan seriamente la posibilidad de la segunda. El gobierno permanece acorralado entre ambas restricciones y ve continuamente menguada su capacidad de gestión presupuestaria. En otras palabras, la presión generada por la deuda reduce considerablemente los márgenes de maniobra del sector público. Los recursos más conocidos aplicados en la región para enfrentar estos problemas consisten en la financiación inflacionaria del déficit, a medida que se agotan los mercados internos de capitales por causas concurrentes. Al mismo tiempo, para comprimir el gasto se apela a la disminución de los salarios de los empleados públicos y a la contracción de la inversión. Ninguna de estas medidas puede aplicarse indefinidamente debido a las resistencias sociales y a las demandas del desarrollo, respectivamente; por estas razones podría decirse que todas ellas llegaron a situaciones extremas sin que se haya resuelto el problema planteado por la deuda. La emisión monetaria para cubrir el déficit de Tesorería ya no puede realizarse sin impulsar brutalmente la inflación, dado su impacto relativo sobre una base monetaria notablemente contraída; los mercados de capitales en moneda local se han reducido en proporción mayor aún que la caída de la masa monetaria, disminuyendo el margen de maniobra del gobierno: demandas menores de dinero provocan alzas significativas de las tasas de interés hasta generar costos prohibitivos para el Tesoro y los particulares que necesitan créditos. Los problemas que surgen del gasto no son menores. La reducción de los salarios de los empleados públicos encuentra un limite en la resistencia social de estos, al mismo tiempo que disminuye la eficiencia de la administración; el achicamiento de las inversiones productivas enfrenta la resistencia de los contratistas, así como la demanda social por más y mejores servicios públicos. A mediano plazo puede imaginarse una mejora en los mecanismos de percepción de tributos, pero nada sugiere que la mayor recaudación vaya a alcanzar para cubrir las demandas presupuestarias generadas por la suma del gasto público y el pago de servicios de la deuda. Es evidente que el

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crecimiento económico podría ofrecer un alivio al problema: a medida que el producto aumenta disminuiría la carga proporcional de los servicios de la deuda y se facilitaría la recaudación impositiva. Como se sabe, esa solución requiere que la tasa de crecimiento del producto resulte superior a la tasa de interés vigente en el mercado financiero internacional (que define el servicio de la deuda). Es decir que se trata de una posibilidad de muy difícil concreción y que, en el mejor de los casos, ofrece una solución a muy largo plazo, dado que las tasas imaginables de crecimiento no resolverían la cuestión en plazos menores a una o dos décadas. En consecuencia, esta presentación simplificada permite señalar que no hay soluciones visibles al problema general planteado por la deuda dentro de los parámetros actuales. Las exigencias de los acreedores implican una presión desmesurada sobre el gasto público y el conjunto de la economía nacional que tiende a frenar el crecimiento, disminuir la inversión, alentar la fuga de capitales y consolidar el proceso inflacionario. Pueden aparecer alivios momentáneos en uno o varios de estos aspectos, pero su conjunto condiciona poderosamente la posibilidad de una solución estructural. Una mejora de los términos del intercambio, por ejemplo, puede ofrecer una mayor posibilidad de pago en lo que respecta a la disponibilidad de divisas; la contrapartida negativa surge en la mayor erogación pública que requiere (puesto que esas divisas serán compradas en moneda local por las autoridades para pagar con ellas a los acreedores) afectando el control presupuestario y el déficit. Las vías posibles de solución a largo plazo ofrecen tres alternativas diferentes. La primera sería un retorno a los créditos "voluntarios" de parte de los acreedores de manera que los servicios se refinancien. No se trata de una solución "real" sino de una postergación del problema para el futuro que, sin embargo, podría ser a muy largo plazo, dadas las experiencias financieras del Siglo XX. Tampoco se trata de una solución "posible"; por diversas razones, esa alternativa parece difícil y puede ser descartada en general, aunque sea imaginable un sistema de créditos ofrecidos por organismos oficiales de los países desarrollados que ofrezca parcialmente una solución en este sentido. Otra solución alternativa podría surgir como consecuencia de una caída de las tasas de interés en el mercado mundial hasta valores reales negativos -ya sea por una baja nominal de la misma o por una aceleración del proceso inflacionario en las economías desarrolladas- que disminuya el costo de los servicios y tienda paulatinamente a recortar el valor de la deuda por capital; tampoco hay razones para imaginar esta solución como viable en los próximos años en una medida suficiente como para que tenga influencia en la evolución de las naciones endeudadas. La tercera alternativa, entonces, consistiría en alguna forma de reducción de los montos de la deuda y/o de sus servicios. Esa variante puede obtenerse por diferentes razones. En algún momento pueden tener éxito las presiones de los países endeudados, sobre todo a medida que sus demandas de alivio sean acompañadas por decisiones de restricción unilateral de pagos, que van preparando el camino a una solución por consenso o por el enfrentamiento. También puede ocurrir que los requisitos de equilibrio macroeconómico de las grandes potencias ayuden a encontrar una solución a este problema. Más allá de las causas, y de las formas que adopte en definitiva, esta sería la única

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solución que parece valedera, aunque todavía no se aprecie la oportunidad para su concreción. La solución de este tema no resolverá por sí sola otro problema que no mencionamos hasta ahora. Se trata de los aspectos referidos a la problemática de la supervisión de las decisiones económicas en los países endeudados por parte de los organismos representativos de los acreedores. Una parte importante de los problemas de las políticas económicas aplicadas en las naciones endeudadas deriva de las demandas externas generadas a partir de los requerimientos de pago de la deuda; es bien conocido que algunas de ellas están más relacionadas con la voluntad y objetivos de los acreedores que con las necesidades del desarrollo y bienestar de los deudores. Las críticas en torno a la "condicionalidad" pasan desde una discusión sobre sus contenidos hasta una demanda lisa y llana de que ella sea suprimida totalmente. Sin embargo, suponemos' que cualquiera sea la solución al problema de la deuda, se mantendrán las presiones por cierto tipo de ajustes estructurales tales como la restricción presupuestaria, la necesidad de mantener un comercio exterior superavitario o, al menos, equilibrado, etc. El que esas presiones sean consecuencia de la demanda de los acreedores o de la necesidad de reorganizar las economías locales ante las nuevas condiciones del mercado mundial es relativamente indiferente frente a lo más importante para nosotros, que es la posibilidad de su vigencia en el futuro previsible. Las restricciones objetivas al funcionamiento de las economías endeudadas en general, y de la Argentina en particular, no se evaporarán como por arte de magia si se resuelve el problema de la deuda. Esa solución aparece como una condición necesaria pero no suficiente para imaginar la proyección de la economía nacional a la próxima década. El problema de la inflación es otro de los aspectos decisivos del comportamiento de la economía argentina que debe ser regulado si se imagina un proceso de crecimiento a largo plazo. La in ilación argentina ofrece ya un verdadero récord mundial en el sentido de que no se conoce otro caso en la historia contemporánea de una suba de precios tan elevada y tan persistente: en los trece años transcurridos desde junio de 1975 a junio de 1988 los precios subieron seis millones de veces y su tasa de crecimiento no bajó prácticamente de 100% anual. Sólo hubo pocos meses en los que se registró una inflación menor al 100% anual, rápidamente superada por la aceleración posterior de los precios: el período octubre 1980-marzo de 1981 en el que la inflación fue controlada por un fuerte atraso cambiario que provocó graves distorsiones en la economía- y el período junio-noviembre de 1986, posterior a la aplicación del Plan Austral. Un proceso inflacionario intenso y continuo como este ofrece dos aspectos diferentes para el análisis: uno referente a sus causas y otro que inquiere sobre los condicionantes que produce en el propio funcionamiento del sistema económico. Los textos económicos, en general, han tendido a pensar en las medidas de estabilización, a partir de la idea de que se trata de un fenómeno perverso que debe ser superado; las propuestas han evolucionado desde las políticas ortodoxas más conocidas hasta los programas heterodoxos, como el Plan Austral y el Plan Cruzado, sin que ninguna experiencia haya tenido éxito.

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Se ha dedicado mucho menos atención, en cambio, a las consecuencias que genera un proceso inflacionario de esa magnitud y persistencia sobre el comportamiento de los agentes económicos y el dinamismo productivo. En forma sintética pueden mencionarse algunos aspectos que parecen claves. En primer lugar, la intensa fluctuación de los precios relativos -inevitable en un fenómeno de estas características- reduce significativamente, cuando no anula totalmente, la posibilidad de disponer de señales adecuadas para el largo plazo en lo que respecta a rentabilidad e inversión. Todos los indicadores sugieren que ni siquiera en los sectores oligopólicos se mantienen los precios y la rentabilidad empresaria a mediano plazo; en consecuencia, disminuyen drásticamente los incentivos a la inversión productiva. Por esas mismas razones se genera, en segundo lugar, una fuerte preferencia por el corto plazo, dadas las fluctuaciones erráticas de todas las variables económicas; los empresarios optan por el manejo de stocks, dinero y otras variables fácilmente transformables en el momento deseado, con preferencia sobre las inversiones fijas que plantean serios riesgos a mediano plazo. En tercer lugar, se reduce significativamente la demanda de moneda, que tiende a reducir las tendencias a niveles mínimos; el M1 en la Argentina ha llegado a un "piso" del orden del 3% del producto en los últimos tiempos y una contracción similar se observa en otros agregados monetarios. Los agentes económicos optan por la tenencia de divisas -para conservar el valor de sus activos-, que equivale a "dolarizar" la economía y es parte de la denominada fuga de capitales; los activos en divisas pueden estar radicados, físicamente, en el país, pero representan una variable del sector externo de la economía. Por otro lado, la contracción de la base monetaria reduce significativamente los márgenes de maniobra de la política económica y la masa de ahorro en moneda local. El conjunto de estos fenómenos, que requieren un estudio exhaustivo todavía no realizado, implica una contracción del ahorro y la inversión, el estímulo de las actividades especulativas respecto de las productivas y, finalmente, la fuga de capitales y la restricción de la capacidad de manejo de la política económica. Es evidente que en estas condiciones disminuyen sensiblemente las posibilidades de crecimiento real de la economía a mediano plazo. Llevar la inflación a niveles "manejables" representa un desafío que debe ser resuelto para imaginar las posibilidades del país en la década del noventa. Se señaló más arriba que la solución al problema de la deuda externa es una condición inexcusable para contener la inflación; ésta no puede detenerse si continúa el pago de servicios al exterior en las magnitudes y características de los últimos años. Se trata, sin embargo, de una condición necesaria pero no suficiente. La experiencia de 13 años de elevada inflación en la Argentina ha creado toda una serie de prácticas que proseguirían actuando incluso si se resolviera el problema de la deuda. Esto se debe a que el fenómeno inflacionario no es neutro ni en lo económico ni en lo social; él beneficia a ciertos grupos sociales que defenderán las posiciones ganadas en el reparto de la riqueza nacional. No es fácil establecer cómo se resuelve este problema, sobre todo en medio de la intensa polémica sobre sus aspectos fundamentales. Pero, volvemos a repetir, sólo suponiendo que el fenómeno se reduzca a magnitudes manejables puede ensayarse una exploración sobre las posibilidades futuras de la economía argentina que se presenta a continuación.

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3. Las vías de crecimiento La Argentina dispone de tres posibilidades muy globales de crecimiento que serán analizadas de manera independiente: las ventajas comparativas del agro y de las fuentes energéticas y la localización de oportunidades en el sector industrial. Cada una de ellas merece un comentario. a) Ventajas agropecuarias La Argentina ha gozado históricamente de la notoria ventaja comparativa otorgada por las facilidades naturales para la producción agropecuaria pampeana. La oferta de carne y granos en el mercado mundial permitió a la economía nacional disponer de una renta diferencial a escala internacional que constituyó una de las bases de su bienestar. Ese excedente fue en parte a los propietarios de la tierra -productores directos o no- y, en parte, al resto de la sociedad a través de diversos mecanismos de captación; las alternativas más utilizadas para estos últimos se canalizaron a través de las exportaciones -ya sea mediante una retención específica o un diferencial cambiario- sobre Lodo en las últimas décadas. Esa política generó una fuente considerable de ingresos públicos y sirvió para financiar el gasto o la inversión. Alternativamente, el excedente fue captado de manera directa por otros grupos sociales; en los años 1979-80, por ejemplo, la política de libertad cambiaria, combinada con un tipo de cambio retrasado, permitió que buena parte de dicha riqueza fuera captado por los compradores de divisas y/o los especuladores en el mercado financiero. Puede afirmarse que la puja en torno de la apropiación del excedente agropecuario constituye uno de los factores constituyentes de la política y la economía argentinas en las últimas décadas, a tal punto que ese tema se ha convertido en uno de los aspectos centrales del debate actual. En particular, el énfasis de los últimos años evolucionó paralelamente a la tendencia de los precios internacionales: muy intenso cuando estos últimos subían -porque crecían los montos derivados de la renta diferencial- y más suave en el caso contrario. El tono de la polémica oscureció un fenómeno que nos parece decisivo y que consiste en la tendencia a la baja de los precios de los productos agropecuarios pampeanos en el mercado internacional que promete expresarse plena e intensamente en la próxima década. En rigor, la tendencia descendente de esos precios se verifica desde comienzos del siglo, aunque con altibajos. En los primeros años de la década del setenta, el proceso se vió interrumpido por un alza brusca e intensa de los precios de las materias primas en general, que modificó las perspectivas de las exportaciones argentinas y generó el entusiasmo de los productores. En valores constantes, el precio del trigo, por ejemplo, alcanzó niveles que duplicaban los precios anteriores y eran alrededor de seis veces los registrados en estos últimos años; una situación similar se verificó en la mayoría de los restantes productos de exportación tradicional del país. Los precios se mantuvieron altos en los años siguientes pero con tendencia decreciente que se aceleró a mediados de la década del ochenta. En el curso de 1987 se alcanzó el punto más bajo de esa evolución; diversos indicios

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señalan que, probablemente por primera vez en la historia reciente, los valores internacionales de precios prácticamente suprimían la renta diferencial que gozaba la producción pampeana. En esta oportunidad fue la situación externa la que llevó a anular las retenciones a la exportación; gracias a ello, los productores agropecuarios percibieron ingresos similares a los que estaban habituados -dentro de la amplia fluctuación que caracteriza esos valores al igual que otras variables internas-o En contrapartida, la pérdida absoluta del excedente fue experimentada por el sector público en la forma de una reducción considerable de sus ingresos. En 1988 la situación cambió nuevamente, con una fuerte presión alcista de los precios internacionales originada en la sequía en los Estados Unidos, y recomenzó la puja por el excedente recreado a partir de las nuevas condiciones del mercado mundial. Sin embargo, las previsiones de los expertos suponen que los precios continuarán su tendencia descendente debido a las modificaciones previstas en el mercado mundial: menor demanda por parte de ciertos consumidores tradicionales, que están reestructurando sus sectores agrarios para alcanzar el autoabastecimiento, y efecto de las innovaciones tecnológicas en los costos de producción. Es posible que la tendencia no sea lineal y que se vea interrumpida por saltos coyunturales, como ocurrió en 1988, pero el escenario más probable para la década del noventa es el de precios menores que los actuales. Si esta previsión es correcta, la economía argentina no podrá beneficiarse del excedente y el agro pampeano reducirá su papel al de proveedor de divisas pero con escasa capacidad como para financiar la distribución de ingresos o la inversión productiva. Como por otra parte, la producción agropecuaria establece todavía eslabonamientos muy débiles con otros sectores productivos, no hay razones para suponer que su auge -en el caso de que se produzca un incremento productivo potencialmente posible- se propague con un multiplicador aceptable al resto del sistema económico. En este sentido, se presenta incluso un problema poco considerado en el debate nacional sobre el sector agropecuario. En los últimos años, la producción tendió a adoptar las tecnologías y las formas productivas que se difunden en las naciones más desarrolladas, sobre todo las aplicadas en los Estados Unidos; esa práctica permitió incrementar notablemente las cosechas pero en un contexto en el que las funciones de producción y la composición de los costos tienden a asimilarse a las de sus competidores. Por esa vía se pierde en parte la ventaja comparativa ofrecida por la fertilidad natural de la pampa; la expansión de una organización productiva en la que predominan los costos de inversión y de tecnología no ofrece razones para que los productores locales gocen de diferencias de costos a su favor. Si bien este último punto es discutible, lo cierto es que los cambios en la función de producción, acompañados por la caída de los precios en el mercado internacional, pueden reducir las ventajas comparativas del agro pampeano mucho más de lo que suponen algunas apreciaciones optimistas a corto plazo. En ese caso, puede imaginarse que continuará el crecimiento de la producción -si el mercado mundial es capaz de absorber la oferta adicionalpero en condiciones que no alcanzarán para dinamizar la economía nacional y ni

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siquiera para ofrecer un excedente potencial al servicio de otros proyectos. Antes de cambiar de tema conviene agregar unas palabras sobre el agro no pampeano. Existen diversas regiones en el país capaces de ofrecer productos agropecuarios, con mayor o menor grado de elaboración, en el mercado mundial; en algunas de ellas se observan ya ensayos en la creación de complejos agroindustriales preparados para explorar dichas posibilidades. Hay una cantidad de zonas aptas para cultivos que podrían explotarse, como té, algodón, maderas, frutas, jugos, verduras procesadas, olivos, etc. que puede producir verdaderas "revoluciones" económicas en las áreas apropiadas en un período relativamente corto. Sin embargo, todo permite suponer que los efectos se concentrarán regionalmente y se sentirán, quizá, en las cifras de comercio exterior, pero es muy difícil que repercutan apreciablemente en términos macroeconómicos, al menos en la primera mitad de los noventa. De todos modos, la revaloración de esos proyectos permitirá a ciertas economías regionales desarrollarse sobre bases más duraderas y adecuadas que las ensayadas en los últimos años. Nos referimos en particular a los sistemas de promoción industrial que buscan una implantación fuertemente subsidiada de establecimientos con el objetivo prioritario de ofrecer trabajo en lugar del incremento real de la producción y la productividad. b) Ventajas minero-energéticas La Argentina dispone de recursos minerales no explotados y presenta uno de los casos extremos de un país con amplias dimensiones geográficas que limita su actividad extractiva a algunas explotaciones tradicionales (calizas, mármol, etc.). En la década del setenta se proyectaron varias explotaciones mineras de gran dimensión, con vistas al mercado mundial cuya realización se postergó casi indefinidamente por diversas razones; esas experiencias dejan latente la impresión de que convendría mucho más al país el inicio de una serie de empresas de tamaño mediano, en lugares adecuados para ello, que fueran creando la base económica, tecnológica y empresaria para un desarrollo posterior de la minería. Algunas empresas de este último tipo se fueron consolidando en los ochenta y parecen señalar la posibilidad de cierto desarrollo minero para la próxima década en actividades que podrían ser promovidas para su consolidación futura. Esos ensayos abrirían posibilidades importantes para un futuro mediato -más cercano al año 2000 que a los primeros años de los noventa que no pueden dejar de considerarse. Especial mención dentro del sector minero te cabe al petróleo y al gas. El país ha descubierto considerables yacimientos gasíferos, que lo convierten en un exportador potencial, así como reservas posibles de petróleo que pueden ofrecer una base para el crecimiento futuro. Esas posibilidades dependen, en primer lugar, dé la evolución de los precios mundiales del petróleo. Si estos últimos fueran suficientemente elevados -como ocurrió a partir de 1974- existiría una renta potencial, similar a la gozada por el sector agropecuario pampeano, cuya utilización productiva podría resultar decisiva para un proceso de desarrollo; en cambio, si los precios se mantienen bajos -como en estos últimos años- la renta desaparecería, puesto que los costos locales de producción son en general superiores a los registrados en los países mejor

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dotados con ésta riqueza. Como se ha dicho en distintos foros, la Argentina es un país con petróleo pero no un país petrolero. No cabe aquí analizar las distintas proyecciones que se efectúan sobre la evolución futura de los precios del petróleo, aunque pareciera existir una opinión mayoritaria en el sentido de que difícilmente se volverá en un horizonte previsible a los valores máximos que caracterizaron la década del setenta. De ser correcta esa hipótesis, la producción argentina se limitará a atender la demanda local, y se verán recortadas las posibilidades de desarrollo potenciales a partir de la actividad petrolera. En el caso más favorable puede imaginarse un impulso positivo que dependerá de la evolución de los precios. En cualquiera de los casos, la evolución de la explotación petrolera, especialmente la gasífera, ofrece una demanda apreciable para la producción metalmecánica -gasoductos, plantas compresoras, equipos e instalaciones para plantas petroquímicas- cuya importancia no puede desdeñarse si se vuelca sobre la industria local. El desarrollo petroquímico no parece resultar decisivo para el crecimiento económico argentino en los noventa, pero puede significar un impulso sobre el sector proveedor de los equipos durante el período de instalación de las plantas; si la rama se expande, ese período puede ser suficientemente largo a juzgar por la experiencia disponible. Lo mismo puede ocurrir con las exportaciones de gas, especialmente si estas son dirigidas hacia Brasil a través de gasoductos que, por su misma longitud, requieren una gran cantidad de obras de ingeniería y equipos. Para resumir estos aspectos, podría decirse que la alternativa más interesante que ofrece este sector para el crecimiento de la Argentina depende básicamente de la evoluci6n de los precios en el mercado mundial. Sólo la disponibilidad de una ventaja comparativa -y su consiguiente renta diferencial ofrecería a la economía local un excedente satisfactorio para el desarrollo futuro. Si ella no existe, y su carencia se combina con la posible situación similar para los productos del agro pampeano, la Argentina deberá contar con otros recursos para crecer. No es una ironía señalar que naciones como Corea del Sur y Taiwán -como antes Japón- no tuvieron dudas sobre la necesidad de crecer a través del desarrollo industrial, porque no contaban con otras fuentes de generación de excedentes como las que la Naturaleza dotó a la Argentina. Precisamente, la evolución de los precios mundiales está eliminando esas ventajas potenciales que bloquearon la toma de conciencia sobre la necesidad del desarrollo y la inversión productiva; el agotamiento de esa alternativa plantea el requisito perentorio de superar el período rentístico para ensayar la vía industrial como motor del crecimiento. Ese aspecto, y sus condicionantes, se analiza en el parágrafo siguiente. c) Ventajas industriales A diferencia del caso de los recursos naturales, las ventajas comparativas intrínsecas en el sector industrial, florecen a partir de la capacidad creadora de los hombres. Es cierto que la disponibilidad de ciertas materias básicas puede favorecer el desarrollo industrial o, más específicamente, el de las ramas que utilizan dichos insumos, pero las principales fuentes del crecimiento sectorial derivan de la disponibilidad, formación y costo relativo de la mano de obra, así

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como de la posesión y capacidad de generación de tecnología. Incluso la necesidad de disponer de capital resulta, en cierta forma, relativa, puesto que el mismo crecimiento de la producción puede generar progresivamente el excedente necesario para atender el proceso de acumulación. El hecho de que las ventajas comparativas sean de tipo "dinámico", es decir, no disponibles de una vez y para siempre, tampoco significa que puedan ser creadas de la nada. La experiencia de las últimas décadas, explorada en una vasta literatura analítica, enseña que en el impulso al desarrollo industrial aparecen siempre ventajas concurrentes derivadas de diversas condiciones económicas o sociales. En algunos países, ellas estuvieron comprendidas por la oferta abundante de mano de obra, disciplinada y a bajo costo; en otros, por un nivel de formación educativa que ofrecía amplias posibilidades para la absorción y el desarrollo de tecnologías; en otros, en fin, por la consolidación de una clase empresaria de tipo "schumpeteriano" capaz de impulsar el proceso a mediano plazo. La potencialidad latente para la industria argentina exige definir previamente ciertos aspectos de su proceso de desarrollo que interesan para imaginar su futuro posible. La Argentina es una de las naciones con más larga historia fabril fuera de las naciones que iniciaron el proceso de la denominada revoluci6n industrial. Desde comienzos del Siglo XX el país disponía de un conjunto apreciable de instalaciones fabriles cuyo número, dimensi6n, carácter y diversidad se fue ampliando progresivamente durante décadas. Sin embargo, por distintos motivos, el desarrollo industrial no se consolidó y, peor aún, quedó en un estado mucho más atrasado que el de otras numerosas experiencias nacionales que iniciaron posteriormente el mismo proceso. Ese antecedente ha dejado huellas, herencias positivas y negativas, que se deben considerar en este ensayo en forma muy general. La industria se forjó en una economía abierta en las primeras décadas del Siglo XX, pero 10 hizo siguiendo las ramas y productos que ofrecían menor (o ninguna) competencia con la oferta externa. Protegida ya sea por elevados aranceles, por el costo de los fletes y otras barreras naturales, o por la abundante disponibilidad y bajo costo de algunas materias primas, la industria no respondió en sus primeros pasos al aliciente de la competencia. Este fenómeno permitió consolidar desde el origen un grupo empresario s6lido, una capacidad de absorci6n tecnológica relativamente satisfactoria y una rentabilidad muy elevada; esos elementos, sin embargo, no resultaron suficientes cuando la evolución de la economía nacional exigió un salto cualitativo en la conducta de los empresarios. En efecto, a partir de las crisis de los treinta, la economía argentina se vio obligada a cerrarse, por la imposibilidad de importar, y el crecimiento industrial siguió el camino de la denominada "sustitución de importaciones"; los bienes ofrecidos hasta entonces por los proveedores externos eran fabricados localmente de manera que, en rigor, la industria avanzaba sobre mercados cautivos y no creando su oferta o luchando para encontrar salidas a su producción. De esta manera se fue perfilando un proceso de crecimiento industrial que, si bien consolidaba el sector en el mercado interno, necesitaba de algún impulso adicional para desarrollarse dinámicamente. Cada vez que una rama se tumba, su mercado se quedaba relativamente estancada en el nivel productivo

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alcanzado; a lo sumo, se limitaba a seguir el lento crecimiento de la poblaci6n sin nuevos impulsos al crecimiento. El conjunto, en cambio, parecía crecer porque alguna otra rama asumía el liderazgo hasta que saturaba su propio mercado y recomenzaba el proceso de estancamiento puntual y de dinamismo de otro sector por un tiempo. El liderazgo le correspondió al sector textil en los cuarenta, al de bienes de uso durable en los cincuenta, a los automotores en los sesenta y a ciertos sectores básicos en los setenta, pero en una secuencia que mostraba claros signos de agotamiento hacia el final de ese período. Aunque disimulado por estos fenómenos, resultaba cada vez más necesario encontrar una f6rmula que permitiera dinamizar una parte apreciable de la industria de manera más o menos simultánea a través de las relaciones de insumo-producto que ligan su operaci6n. De lo contrario, se corría el riesgo del estancamiento total o de un proceso muy costoso de reestructuración. En medio de ese dilema no planteado explícitamente, a mediados de la década del setenta, la situaci6n cambi6 bruscamente. Una nueva política económica intentó la apertura de la economía, provocando un verdadero "shock" en un amplio sector empresario que veía agravadas sus dificultades tradicionales para competir por la aplicaci6n de una política de tipo de cambio que favorecía el ingreso de los bienes ofrecidos por el exterior. Simultáneamente, se produjo un viaje en la política financiera que acabó con la mayor parte de los créditos de fomento -caracterizados por un subsidio implícito por otorgarse a tasas de interés negativas en términos reales- utilizados por la industria para su desenvolvimiento. Estos cambios fueron acompañados por las últimas implantaciones de ciertas instalaciones en los sectores básicos y otras promovidas a comienzos de los setenta; en consecuencia, el sector industrial en su conjunto ofreció una transformaci6n todavía no demasiado definida pero de contornos evidentes a medida que algunas ramas productivas retrocedían y otras surgían y se consolidaban. El nuevo perfil productivo de la industria argentina es el resultado de un proceso contradictorio que cubre cerca de tres lustros de estancamiento global. Los cambios tomaron cuerpo dentro de una capacidad instalada cuyo tamaño se mantenía aproximadamente igual disimulando así algunos de sus aspectos más importantes. A las modificaciones señaladas se le agregaron otras en lo que respecta a la propiedad de las empresas, a la forma de selección de dirigentes, a la composici6n de la fuerza de trabajo, etc., que todavía son motivo de análisis y polémica en el país, pero que pueden y deben ser tomados en cuenta en una exploración a mediano plazo y que serán mencionados en cada tema particular. Los cambios en la propiedad, sumados a la desaparición de numerosas instalaciones industriales en el período, han modificado el perfil de los empresarios locales. Hay menos presencia de filiales de empresas multinacionales, más importancia de los grandes grupos de actividad diversificada (que incluye el aspecto financiero) y una nueva actitud hacia el mercado mundial que se está difundiendo en algunos sectores. El "shock" de mediados de los setenta impulsó un proceso que modificó radicalmente el carácter de los empresarios locales, aunque sus resultados no fuesen positivos. Los industriales reconocieron la posibilidad de la competencia externa como un dato real; no hay promesa de proteccionismo actual que los

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asegure contra la perspectiva de una nueva apertura de la economía. En consecuencia, los más activos comenzaron a prepararse en función de las potencialidades del mercado mundial, ya sea dejando de invertir en los sectores de mayor riesgo o encarando la consolidación de los más competitivos. Si bien este fenómeno se desarrolló en medio de una crisis económica, con relativa lentitud y escasa visibilidad, permitió observar que el país dispone potencialmente de ventajas que no resultaban tan claras -al menos a nivel de los líderes- a comienzos de los setenta. El mismo crecimiento de las exportaciones industriales en los últimos años, pese a las incertidumbres de política económica, sugiere que hay una nueva actitud que podría consolidarse y rendir frutos en los noventa si otras condiciones son favorables. La Argentina dispone de un acervo tecnológico incorporado que resulta de sumo interés en una comparación con economías en un estadio similar de desarrollo. Hay un grupo de especialistas en distintos sectores industriales, formado a lo largo del tiempo, y capaz de formar a otros, que supera la disponibilidad relativa de técnicos observada en economías de grado semejante de desarrollo. Es cierto que parte de esos especialistas han emigrado, y que otra parte se retiró del sector industrial debido a las políticas de desaliento de la producción aplicadas desde mediados de los setenta, pero todavía se dispone de una masa suficiente para impulsar un proceso de desarrollo. Esos especialistas no sólo son importantes en número y capacidad profesional sino que, en general, perciben remuneraciones menores que en otros mercados nacionales si se las compara en alguna divisa fuerte; es decir que ofrecen una ventaja comparativa apreciable y significativa para un proceso de desarrollo industrial. Aunque no es este el lugar para tratar el tema en profundidad, la Argentina dispone de una serie de instituciones tecnológicas que forman una red interesante y abarcadora para la difusión de conocimientos en el sector industrial. Ese conjunto puede imaginarse como parte de la oferta de especialistas mencionada aunque, por supuesto, requiere de modificaciones e impulsos específicos que no es del caso analizar en detalle en una exploración de carácter general. El tema de la mano de obra plantea algunas cuestiones un poco más complejas, en lo que respecta a ventajas comparativas dinámicas en el mercado internacional. La Argentina no posee reservas potenciales de mano de obra semejantes a las disponibles por los países con un elevado crecimiento demográfico o con apreciables masas de población campesina que puede trasladarse a los centros fabriles. La Argentina no posee, tampoco, una mano de obra dispuesta a aceptar disciplinadamente condiciones de trabajo y salarios similares a los observados en algunas economías exitosas del sudeste asiático; la propia antigüedad de la industrialización local ha dado lugar al surgimiento de una capacidad de acción basada en organizaciones sindicales y políticas, dispuesta a resistir ciertos grados de explotación del trabajo posibles en otras sociedades. Esos inconvenientes aparentes no sólo no son absolutos sino que, por el contrario, diseñan el tipo de ventaja comparativa gozada por el país en ese cubro. La industria argentina dispone de una mano de obra calificada, con

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mejor formación que otras economías semejantes, y que percibe salarios muy inferiores a los promedios internacionales. En otras palabras, la industria local difícilmente pueda competir en los sectores de mano de obra intensiva y de poca calificación sobre la base de diferencias salariales; por el contrario, en esos sectores enfrenta el inconveniente relativo de una mano de obra más cara que sólo se puede superar por un proceso de tecnificación difícilmente imaginable en el corto plazo. En cambio, la industria dispone de amplias posibilidades en las ramas que demandan mano de obra con cierto grado de calificación; en esos sectores, tecnológicamente "maduros", el país cuenta con una oferta satisfactoria en cantidad y costos que le permitirían penetrar en el mercado mundial captando excedentes para el desarrollo nacional. La Argentina presenta, incluso, ciertas ventajas comparativas en los sectores de tecnología de punta donde, dispone de mano de obra calificada a costos sensiblemente inferiores a los internacionales, pero no en número suficiente como para imaginar un proceso de desarrollo sostenido en los primeros años de la década explorada. Sí, quizá, a medida que el crecimiento de otros sectores fortifique la conciencia de la capacidad disponible y consolide su formación y utilización. La combinación de la disponibilidad de mano de obra calificada con la de algunos insumos básicos puede dar lugar al desarrollo de ciertos sectores específicos como la agro industria en todas sus manifestaciones, la petroquímica y sus derivados, las industrias energía-intensivas, etc. Por otro lado, la disponibilidad de mano de obra calificada en los sectores tecnológicamente maduros permite el crecimiento de ramas tales como la metal-mecánica, la química fina, máquinas-herramientas, etc. Un crecimiento industrial apoyado en esas ventajas comparativas y volcado al mercado mundial daría lugar a una selección de ramas, productos y empresas capaces de competir y expandirse en un proceso que incidiría sobre el desarrollo del conjunto de la economía nacional. El modelo sería muy diferente del viejo proyecto de una industria integrada pero limitada al mercado local; se trataría de una producción dinámica y abierta, capaz de captar beneficios en el mercado mundial y transmitidos a la economía nacional a medida que invierte y crece. Se trataría, asimismo, de un modelo muy distinto al que pareció dirigirse la política de apertura indiscriminada de mediados de los setenta que sólo dio lugar al incremento de las importaciones. La apertura "hacia afuera" permitiría consolidar el desarrollo de una parte de la industria en el mercado mundial; sus efectos se extenderían a otras ramas y crecerían las importaciones para abastecer mejor el mercado interno pero no necesariamente para amenazar la subsistencia de los productores locales, en la medida en que estos asuman el desafío de la eficiencia a lo largo de la próxima década. Algunos fenómenos de este tipo ya están ocurriendo en la economía argentina, pero su carácter incipiente no permite asegurar que continuarán. Pero sí es posible incluidos en una proyección a mediano plazo basada en las suposiciones ya presentadas más arriba. 4. El modelo global El modelo de crecimiento de la economía argentina para la década del noventa

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no ofrece la perspectiva de saltos dramáticos ni significativos. Por el contrario, y suponiendo que no se produzca una variación importante de los precios agropecuarios, o petroleros, en el mercado mundial, surge la imagen de una economía que crecería con ritmo mediano y sustentada en distintos apoyos aunque con preferencia por el sector industrial. Por eso mismo, podrá llegar a ser una economía más integrada que la observada en décadas anteriores aunque el sector industrial lo sea menos que lo deseado en aquel entonces. Dado que el crecimiento de la población argentina es relativamente bajo, una tasa de crecimiento superior al 5% permitiría el incremento continuo del ingreso per cápita con resultados que se sentirían plenamente hacia el fin de la década, es decir, hacia el año 2000. Es probable que esa perspectiva resulte poco motivadora para la demanda de los argentinos si se toman en cuenta los reclamos sociales existentes y su eco en las decisiones políticas. Pero la perspectiva debe analizarse teniendo en cuenta la pobre performance de la economía nacional en los últimos quince años y el atraso relativo generado por ese estancamiento. Si es cierto que se debe demandar el máximo en el menor plazo posible no es menos cierto que el observador está obligado a evaluar las posibilidades reales de la economía. Y, en ese sentido, el inicio de un proceso de crecimiento sostenido sería una buena noticia y un indicador de perspectivas que fueron olvidadas desde el momento en que la economía nacional se estancó. La Argentina ofrece algunas posibilidades para la década del noventa y este ensayo trata de mostrar que ellas existen y son probables. Los más optimistas podrán sentirse desolados frente a este panorama que reduce sus pretensiones. A ellos cabe recordarles que los formidables problemas que enfrenta la economía argentina a fines de la década del ochenta, combinados con las consecuencias de tres lustros de estancamiento y especulación, obligaron a poner una serie de condiciones antes de ensayar el diseño de las posibilidades para los noventa. En otras palabras, que si estas exploraciones parecen pesimistas, en realidad se enfrentan con otras posibilidades negativas para el caso de que fracasen algunas condiciones de base como la estabilidad social, la solución al problema de la deuda y otras ya mencionadas. En ese caso, el panorama puede ser tan delicado que nos resistimos a imaginarlo. Nuestro optimismo a mediano plazo es razonable y condicionado y sólo pretende contribuir a una loma de conciencia sobre las posibilidades potenciales que ayude a consolidarlas; en ese proceso se acelerará el desarrollo que tiende normalmente a multiplicar sus efectos positivos cuando es firme y continuado.

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El comportamiento previsible de los empresarios industriales

en la de cada del noventa. Variables macroeconomicas y consecuencias politica

Este trabajo, preparado en setiembre de 1988, fue publicado por la ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique pour le territoires d´Outre Mer) en les cahiers, No 8, Paris, 1989. Fue reproducido, asimismo, en El Bimestre, No 43, abril de 1989. Una versión ligeramente diferente sera publicada en un libro de la Universidad Libre de Berlín que recopila los trabajos presentados a un coloquio en ella en octubre de 1988. 1. Introducción El comportamiento de los empresarios industriales depende de una serie de variables cuyo listado exhaustivo e importancia relativa es motivo permanente de polémica entre los especialistas. Distintos observadores enfatizan de manera diferente aspectos sociales, históricos, tecnológicos y económicos; hay todavía quienes individualizan, dentro de éstos últimos, factores micro o macroeconómicos. Las clasificaciones detalladas permitidas por cada uno de esos enfoques son imprescindibles para profundizar en un análisis pero, al mismo tiempo, dificultan las perspectivas de una visión totalizadora de algunos fenómenos de contenido global. Para evadir esos inconvenientes, en este texto trataremos de presentar una visión estilizada del comportamiento empresario en la Argentina a partir de la selección de aspectos macroeconómicos que consideramos cruciales -aunque ciertamente no únicos por lo señalado-. La propuesta consiste en examinar esos elementos macro en dos momentos seleccionados: comienzos de la década del setenta y fines del ochenta. El primero, para utilizar un punto de comparación correspondiente a la maduración de un cierto régimen de funcionamiento empresario que se detalla más adelante; y el segundo, por razones obvias, situado en la actualidad y coincidente con elementos de cambio que parecen decisivos para proyectar algunas ideas sobre la economía argentina en la próxima década. En ambos casos, la presentación resulta muy sintética en el sentido que sólo se tratan aspectos cruciales y de manera muy concreta. Esta opción se origina en requisitos formales de extensión del texto y obliga a presentar muy escuetamente las ideas y a suprimir referencias a otros temas que se dejaron de lado para sostener el hilo del discurso. En otras palabras, queda para una discusión posterior las razones y criterios de omisiones y énfasis que no necesariamente deben ser compartidos por el lector. 2. El modelo a comienzos de los setenta La producción industrial argentina a comienzos de los setenta se desenvolvía en un mercado cerrado que definía sus pautas de comportamiento. La demanda final quedaba cautiva de la oferta que imponía sus condiciones; si bien la demanda fluctuaba en función de las variaciones del ingreso (y de otras condiciones de la coyuntura) sus relaciones con la oferta se formaban a partir

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de su capacidad de absorberla. Un sistema arancelario complejo y con tarifas elevadas (Berlinksy, 1978), acompañado por la prohibición de importar una serie de bienes, protegía al sector empresario local de la posible competencia externa. Las compras de bienes industriales en el exterior se limitaban a los insumos y equipos productivos necesarios para la producción interna; por otro lado, las exportaciones de productos industriales eran prácticamente insignificantes. La excepción consistía en ciertos derivados de bienes primarios (carnes, aceites) basados en las ventajas comparativas agropecuarias del país; estos productos demandaban escasa elaboración y no pueden ser considerados exponentes de competitividad industrial. Las exportaciones industriales eran mínimas en términos del valor agregado por el sector y poco significantes en relación con las ventas totales del país al exterior. La industria, en cambio, era dependiente de importaciones de in sumos no competitivos con la producción local. El sector era, por lo tanto, cerrado y dependiente. El proveedor de divisas para la economía nacional era el agro pampeano, cuyas ventajas naturales le permitían producir para el mercado mundial a precios muy competitivos. El agro exportaba permitiendo que la industria -y otros sectores- pudieran satisfacer su demanda de bienes importados mediante las divisas que obtenía; curiosamente, esa particularidad se presentaba como un mérito. En las polémicas de la época se descartaba prácticamente la posibilidad que la industria pudiera exportar en cantidades y valores suficientes como para satisfacer sus requerimientos de divisas. El sistema funcionaba con una clara "división del trabajo que consideraba al agro eficiente y competitivo y a la industria necesaria pero limitada y condicionada al mercado interno. La idea misma de la denominada "industrialización sustitutiva de importaciones" implicaba que dicho sector generaba divisas mediante el recurso de sustituir importaciones pero no a través de su salida al mercado mundial. El sistema fue descripto en diversos análisis del período (ver. Canitrot, 1980, Sábato y Schvarzer, 1983), y su lógica desembocaba en una continua puja por el excedente derivado de la diferencia de valor de la producción agropecuaria entre los precios internacionales y los precios internos. La eficiencia relativa del agro pampeano ofrecía una "renta comparativa a escala internacional" que generaba una disputa apreciable en el interior de la economía nacional. A través de tipos de cambio diferenciales para distintos bienes o a través de una retención -o impuesto- directo a la exportación, parte de esa renta era captada por el Estado o por sectores sociales distintos a los productores agropecuarios que, a su vez, la reclamaban como propia. Esa puja implicaba la posibilidad de que los sectores "urbanos", es decir empresarios y asalariados" actuaran colusoriamente para captar parte del excedente. Este factor nos parece clave para comprender la dinámica de los empresarios industriales, porque la competencia potencial entre ellos y los trabajadores en tomo al monto de los salarios no se resolvía, normalmente, por un combate directo ni a través de cambios en las normas tecnológicas. La posibilidad de una acción cooperativa entre trabajadores y empresarios frente al agro planteaban importantes consecuencias sociales y económicas. En

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primer lugar, reducía el llamado conflicto de clases a enfrentamientos menores y coyunturales, permitiendo la colaboración entre ambos a niveles tales que sorprenderían a observadores de naciones desarrolladas; puede suponerse, incluso, que el crecimiento y prestigio de partidos que planteaban "alianzas de clases" para el desarrollo se apoyaba en cierta medida en ese dato objetivo, más allá de las ventajas políticas potenciales ofrecidas por ese tipo de solución. En segundo lugar, resulta igualmente significativo observar que el desplazamiento del conflicto reducía la presión social para que los empresarios tecnificaran sus empresas; el proceso normal de otras economías, en las cuales el desarrollo económico es consecuencia de inversiones "defensivas" de los empresarios que buscan contrarrestar la presión sindical no presentaba una presencia significativa en la Argentina. Este modelo de funcionamiento reducía significativamente las presiones objetivas del conjunto de la economía sobre las decisiones empresarias que pudieran consolidar el progreso tecnológico y, consecuentemente, el desarrollo global. La industria, en general, no percibía presiones desde el lado de la demanda porque disponía de mercados cautivos. Tampoco se enfrentaba a la competencia interna, dado que predominaban las estructuras oligopólicas y las estrategias de precios que protegían a los productores más ineficientes diversos estudios señalan la presencia de precios "paraguas" que permitían ganancias abundantes a los productores más eficientes alentando simultáneamente la sobrevivencia de quienes operaban a costos elevados (Mallon y Sourrouille, 1976). Finalmente, la posibilidad del acuerdo con los trabajadores para captar excedentes derivados de las ventajas comparativas agropecuarias, eliminaba otro factor impulsor de progreso técnico. Es decir que varios procesos que condicionan el desarrollo técnico-económico del sector industrial no estaban presentes en la Argentina o actuaban con efectos poco apreciables en ese período. No se trata de que la industria estuviera estancada. Por el contrario, el comienzo de los setenta marca la maduración de un largo ciclo de crecimiento cuantitativo y cualitativo de su producción. Pero ese crecimiento no incorporaba el progreso técnico en la medida suficiente como para dinamizar el desarrollo de la economía argentina. Las nuevas fábricas instaladas mejoraban el promedio tecnológico local pero no lo modificaban cualitativarnente; en la medida que las existentes mantenían tecnologías y procesos antiguos y que las nuevas no siempre se instalaban incorporando los más apropiados, disponibles en el mercado mundial, el sector industrial como un todo continuaba retrasado, encerrado e incapaz de resolver los problemas planteados a la economía nacional. Estos fenómenos impulsaban los procesos redistributivos horizontales (entre sectores) antes que en sentido vertical (de los privilegiados a los menos favorecidos) y alentaban un proceso inflacionario que ya en aquella época resultaba significativo en términos de la experiencia universal. La posibilidad de captar ingresos adicionales mediante alguna decisión exitosa, en medio del flujo ininterrumpido de transferencias de riqueza, resultaba mucho más importante que el derivado del incremento potencial de la productividad; la actitud de los agentes económicos se acomodaba al corto plazo y a la especulación.

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El sistema ofrecía escasas posibilidades de modificarse. Más aún, podría decirse que la visión de cada uno de los interesados tendía a mantener o mejorar su posición en el conjunto más que a cambiar las reglas del juego. El Estado fue buscando una salida a ese estado de cosas a través de diversos ensayos que podrían definirse, a posteriori, como tanteos a través de los cuales se intentaba modificar el sistema superando o eludiendo la resistencia de los distintos sectores al cambio. En esos años hubo una política dirigida al perfeccionamiento tecnológico de la producción agropecuaria que tuvo importantes repercusiones en la oferta de granos y oleaginosas a partir de mediados de los setenta; a través de subsidios para la compra de equipos y de la difusión de nuevas tecnologías, el Estado logró transformar el sistema productivo pampeano hasta que se incrementaron notablemente los volúmenes producidos (ver Sábato, 1979-1981, Obschatko-Piñeiro, 1983). Paralelamente, se llevó a cabo una política de estímulo a la instalación de nuevas plantas industriales en sectores básicos, con tecnologías modernas y dimensiones suficientes como para utilizar las economías de escala impuestas por las nuevas condiciones de producción en el mercado mundial; si bien esas plantas absorbieron montos considerables de subsidios, fueron lentas en su concreción y no siempre sus resultados estuvieron de acuerdo con las expectativas originales, ellas tendieron a modificar el panorama industrial hacia comienzos de los ochenta (ver Schvarzer, 1978 y 1987). A mediados de la década de los setenta, esos procesos se combinaron con una nueva estrategia oficial tendiente a abrir lo más rápidamente posible el sistema financiero argentino al mercado internacional. Esta política se integró con la decisión de tomar créditos externos masivos, que generaron el actual endeudamiento externo del país, y dio lugar a una nueva forma de relación entre la economía nacional y el sistema financiero mundial que parece difícil de modificar en las condiciones actuales. 3. El modelo a fines de los ochenta La mayor parte de las nuevas plantas industriales decididas hacia comienzos de los setenta habían entrado en producción en la segunda mitad de los ochenta, pero en un mercado que ya no tenía las dimensiones previstas en su origen. La proyección de crecimiento continuado del consumo interno efectuada originalmente había sido reemplazada por la realidad de una demanda contraída por la crisis; en consecuencia, todas esas plantas disponían de una capacidad excedente que sólo podían canalizar en el mercado mundial. Ese requisito se percibía con fuerza en aquéllas producciones de "proceso" que exigen un funcionamiento continuo de la planta, ya sea por razones técnicas o por la conveniencia de amortizar de esa manera los ingentes costos de capital ocurridos en su instalación. Fue así que comenzó un ensayo exportador de dichos bienes industriales que fue tomando fuerza a lo largo de los ochenta. Un estudio de CEPAL (1987) señala que el "volumen físico" de las exportaciones de origen industrial pasó de 100 en 1973 a 207 en 1985; en el mismo período, las exportaciones de origen agropecuario subieron de 100 a 164. Estas magnitudes están distorsionadas por la evolución de los precios internacionales, cuando se miden en dólares corrientes, y presentan intensas

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variaciones coyunturales en el corto plazo, pero resultan representativos de las tendencias a largo plazo. Los datos estadísticos señalan que la relación entre exportaciones y producto industrial evolucionaron levemente de 8,5% en 1973 a 9,4% en 1986 (CEPAL, 1987) en medio de fuertes oscilaciones coyunturales. Una parte importante de esas exportaciones se originaba en manufacturas de origen agropecuario que se veían sostenidas por el intenso crecimiento de la oferta de la región pampeana. En particular, los aceites se convirtieron en uno de los principales rubros de las ventas argentinas al exterior gracias a la duplicación de los volúmenes de la oferta local de oleaginosas; en 1986 ese cubro representó por sí solo el 31 % de la exportación manufacturera al mercado mundial. Otra parte de esas exportaciones se originó en la oferta de las nuevas instalaciones industriales básicas, aunque a veces ese fenómeno se disimula en la evolución total de las exportaciones de manufacturas de origen industrial. La rama química, por ejemplo, que exportó 112 millones de dólares en 1973, alcanzó un monto de 524 millones en 1986; las industrias metálicas básicas, a su vez, saltaron de 116 millones a 432 millones de dólares en ese mismo período (CEPAL, 1987) mientras que otras se mantenían estancadas o declinaban. A fines de la década del ochenta surge un sector industrial exportador caracterizado por varias condiciones nuevas. En primer lugar, está formado por empresas capaces de competir en el mercado mundial gracias a diversas ventajas comparativas -no siempre tecnológicas pero no por eso menos importantes-. En segundo lugar, se trata de empresas que han descubierto, por experiencia si no por teoría, que al volcarse al mercado externo pueden superar los problemas derivados de la restricción de la demanda local a tal punto que ese dato se ha convertido en uno de los criterios básicos de sus estrategias de supervivencia. En tercer lugar, se trata en general de empresas muy grandes que por sí representan un considerable poder potencial, fenómeno que se ve realzado por la pertenencia de varias de ellas a grupos económicos que se cuentan entre los mayores del país. En consecuencia, ha surgido en la Argentina un sector industrial interesado en la apertura externa -al menos en dirección hacia afuera- que visualiza el mercado mundial de manera distinta que a comienzos de los setenta y que presiona por la continuidad de una política de estímulo a las exportaciones industriales. La experiencia de otras naciones permite imaginar que esa apertura exportadora exigirá su correlato en la importación, debido a la presión de las naciones alcanzadas por los productos locales; esa presión, que ya comienza a sentirse, deriva casi naturalmente de las condiciones planteadas -independientemente de otras razones para ello- y seguramente seguirá sintiéndose en el futuro. Estos fenómenos se relacionan y fortalecen mutuamente con distintas decisiones de estrategia económica. En los últimos años, por ejemplo, la política oficial ha intentado sostener un tipo de cambio elevado y estable para las exportaciones industriales, en contraste con lo ocurrido en las décadas anteriores; puede agregarse que esa señal está impulsando a otros sectores industriales a experimentar las posibilidades latentes en el mercado mundial. La presión por las exportaciones industriales se origina, también, en las

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demandas de los acreedores que buscan cobrar la deuda externa, pero hemos preferido dejarlas de lado en estas líneas para destacar la presencia de agentes internos interesados en ella que, si bien reforzados por esas otras causas, resultan sus principales instigadores y beneficiarios. Es posible que algunos sectores locales, afectados por la competencia externa, se resistan a la apertura. Pese a ello, una estimación de la relación de fuerzas entre los distintos grupos permite suponer que esa política proseguirá adelante, aunque quizá admita restricciones sectoriales o limitaciones por períodos definidos. En consecuencia, lodo indica que la política de exportaciones industriales se mantendrá, incorporando nuevos empresarios a su defensa, hasta que se convierta en un dato para los agentes económicos. La evolución anterior se ve acompañada por otra que resulta decisiva para trazar el nuevo panorama macroeconómico para la Argentina. Esta consiste en la tendencia agudizada a la caída de los precios de los productos agrarios que ofrece el país en el mercado mundial; se trata de un fenómeno que se observa al menos desde comienzos del siglo (y que ha llevado a largas polémicas en torno al llamado deterioro de los términos de intercambio) pero que está alcanzando un punto decisivo, puesto que ya se avizora que los precios internacionales pueden ser tales que supriman la renta diferencial a escala internacional de que gozó el país. El brusco salto de los precios internacionales de los cereales en los primeros años de los setenta hizo suponer a algunos observadores que la tendencia a la baja podría revertirse. No casualmente en la Argentina de fines de aquella década llegó a hablarse del "agropower" como un remedo del "petropower" asignado a los países productores de petróleo para el mercado mundial. Pero la experiencia de los ochenta marcó nuevamente, y con fuerza, la renovación de la tendencia a la baja que alcanzó un nivel mínimo de precios hacia fines de 1987 (ver El Bimestre, Nro. 33 y Nro. 35); en ese momento, los precios internacionales prácticamente no permitían a la producción argentina captar una renta diferencial y el gobierno se vio obligado a aplicar medidas compensatorias. La unificación del tipo de cambio implicó una devaluación destinada a sostener los precios internos de los productos agrarios en un cierto umbral de rentabilidad. El brusco movimiento alcista de esos precios en el mercado mundial en 1988 no modificó la perspectiva; la mayoría de los analistas estima que el proceso descendente continuará en forma sinuosa pero inexorable. Por primera vez, la coyuntura no melló la certidumbre generalizada sobre la continuación futura de la tendencia descendente de los precios. Si ese fenómeno se consolida, como parece, habrá dos efectos muy claros en cuanto a las políticas internas en la Argentina. En primer lugar, al desaparecer el excedente generado por la renta diferencial a escala internacional se agotan las posibilidades de una puja en torno a su reparto y las transferencias entre sectores -especialmente desde el agro hacia los sectores urbanos- se harán más difíciles. No necesariamente los agentes económicos reaccionarán espontánea o rápidamente frente al nuevo estado de cosas; puede suponerse que la puja seguirá por un período hasta que la inexistencia de resultados -o la resistencia de quienes tengan más para perder- modifique la conducta de los participantes. Otro aspecto decisivo reside en la posibilidad de que el sector industrial ex portador coincida con los productores pampeanos en la defensa

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de un tipo de cambio único y elevado para sostener sus actividades una vez convencidos de que el excedente ha desaparecido. Ese bloque industrial-terrateniente, de por sí muy poderoso, se verá reforzado por la presión de los sectores financieros que necesitan consolidar su ligazón con el mercado mundial a través de un tipo de cambio único. La presencia económica, política y social de esos tres sectores, entrelazados a veces en grupos económicos muy grandes, permite suponer que habrá una presión interna para consolidar un modelo exportador que modifique profundamente las condiciones de funcionamiento de la economía argentina con respecto al observado a comienzos de la década del setenta. 4. Consecuencias económico-sociales Si las hipótesis anteriores son correctas, la Argentina ingresará en la década del noventa con un modelo de funcionamiento que permitirá predecir varias características decisivas. La inclinación exportadora del liderazgo industrial, combinada con una correlativa apertura a la importación de bienes similares a los producidos localmente, podría generar un nuevo dinamismo entre los empresarios industriales. Puede suponerse que se incrementará la competencia y que habrá quienes estén dispuestos a buscar beneficios adicionales en el mercado mundial. En ese caso, el sector empresario deberá controlar los salarios en función de las relaciones de costo/productividad de la mano de obra local con respecto a la internacional. Al agotarse la posibilidad anterior de transferir a otros sectores internos los mayores costos salariales tenderá a romperse la alianza implícita que cohesionaba a empresarios y asalariados industriales. El enfrentamiento entre ambos será más duro y cabe esperar que una de las respuestas de los primeros consista en la aceleración de inversiones productivas que incrementen la productividad del trabajo. Este quiebre interno en el sector industrial se verá acompañado por un reforzamiento de la cohesión entre empresarios industriales y agropecuarios en tomo a una estrategia de colocación de bienes en el mercado mundial. Es decir que se puede imaginar una alianza de tipo "clásico” entre sectores empresarios enfrentados, a su vez, con el mundo del trabajo. La desaparición del excedente sería otro elemento que fortalecería este realineamiento de alianzas implícitas. Al ingresar al mercado mundial la economía local tenderá a operar más con precios "tomados" del exterior que con valores establecidos internamente -ya sea por los fijadores de precios, por el Estado o por acuerdos sociales sectoriales-. Este fenómeno que Canitrot (1980) denominó de "disciplinamiento" de los productores en un análisis del primer intento dirigido aparentemente en ese sentido en los años 79-80, se apoya en bases ideológicas que no deben ignorarse, aunque hayan tenido escasa difusión. En otro lugar (Schvarzer, 1987) hemos citado la opinión de observadores que señalaban la integración con otros mercados como una "base de disciplina económica irreversible" tanto en lo que respecta al sistema de precios como al manejo del sistema monetario y financiero. La disciplina generada por la apertura externa, acompañada por la presión en el mismo sentido derivada del endeudamiento, se observa ya en la política

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presupuestaria y financiera del sector público. Esta no ha podido escapar a los efectos evidentes de cualquier trasgresión a ciertos requerimientos "objetivos" de la coyuntura. Los efectos de ese disciplinamiento se harán sentir con fuerza en el sector industrial, sobre empresarios y asalariados, si las hipótesis anteriores se verifican en la práctica. Es necesario advertir que nada permitirá convertir estos procesos en soluciones mágicas para los problemas de la economía y la sociedad argentina. Habrá que observar detenidamente la reacción de empresarios y trabajadores frente a las nuevas señales de la coyuntura antes de pronosticar la posibilidad de resultados positivos en términos de crecimiento y oferta de bienes. Es evidente que si los empresarios se limitan a repetir los reflejos especulativos adquiridos en los últimos años o, peor aún, optan por un camino que tienda simplemente a reducir los salarios para sostener sus ganancias, los resultados macroeconómicos serán negativos. De igual manera puede decirse que una resistencia total y sin concesiones de parte de los trabajadores al funcionamiento de un modelo que requiere reglas de juego

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Bibliografia Citada

BERLINSKY, Julio (1978): "Protección arancelaria de actividades seleccionadas en la industria manufacturera argentina". Ministerio de Economía, Buenos Aires.

CANITROT, Adolfo (1980): "La disciplina como objeto de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976" en Desarrollo Económico, No 76, Buenos Aires.

CEPAL (1987): "Industrialización y exportación de manufacturas en la Argentina. Evolución estructural y apertura exportadora". Mimeo, Octubre.

MALLON, Richard y SOURROUILLE, Juan (1970): La política económica en una sociedad conflictiva. El caso argentino. Amorrortu, Buenos Aires.

OBSCHATKO, E.S.de y PIÑEIRO, M. (1983): Agricultura pampeana: cambio tecnológico y sector privado. CISEA, Buenos Aires.

SABATO, Jorge (1979): "Las políticas públicas frente al estancamiento y la transformación del agro pampeano". Mimeo, CISEA, Buenos Aires.

SABATO, Jorge (1981): La pampa pródiga: claves de una frustación. CISEA, Buenos Aires.

SABATO, Jorge, SCHVARZER, Jorge (1983): "Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia", reproducido en SABATO, Jorge: La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características. CISEA-GEL, Buenos Aires, 1988.

SCHVARZER, Jorge (1978): "Estrategia industrial y grandes empresas: el caso argentino" en Desarrollo Económico, No 71, Buenos Aires.

SCHVARZER, Jorge (1987): Promoción industrial en la Argentina. Características, evolución y resultados. CISEA, Buenos Aires.

SCHVARZER, Jorge (1987): La política económica de "Martínez de Hoz. Hyspamérica, Buenos Aires.

Revista EL BIMESTRE. CISEA, Buenos Aires:

Nro 33 (1987): "Precios internos y externos de los productos agrarios pampeanos (1983-87)". Mayo-Junio;

Nro 35 (1987): "Exportaciones argentinas: su peor momento". Septiembre-Octubre.

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Indice Presentacion __________________________________________________ 1 El Estado y su Mecanismo de Regulacion Frente a Diferentes Situaciones Macroeconomicas_________________________ 5

1. Introducción ________________________________________________ 5 2. El mundo keynesiano _________________________________________ 6 3. Deterioro del proceso de regulación_____________________________ 10 4. El caso argentino ___________________________________________ 24 5. Conclusión ________________________________________________ 35

La crisis, la deuda y la apertura externa. Una interrelacion que no puede soslayarse ________________________ 36

1. Introducción _______________________________________________ 36 2. La crisis argentina___________________________________________ 37 3. La apertura que generó la deuda _______________________________ 38 4. La deuda que generó la apertura _______________________________ 41 5. El recorrido de la apertura ____________________________________ 43 6. Las respuestas a la crisis _____________________________________ 44

La economia argentina hacia el año 2000. Una exploracion tentativa sobre alternativas de crecimiento en la decada del noventa __________________________ 48

1. Introducción _______________________________________________ 48 2. Problemas pendientes _______________________________________ 49 3. Las vías de crecimiento ______________________________________ 53 4. El modelo global ____________________________________________ 60

El comportamiento previsible de los empresarios industriales en la de cada del noventa. Variables macroeconomicas y consecuencias politica _______________________ 62

1. Introducción _______________________________________________ 62 2. El modelo a comienzos de los setenta ___________________________ 62 3. El modelo a fines de los ochenta _______________________________ 65 4. Consecuencias económico-sociales_____________________________ 68

Bibliografia Citada _____________________________________________ 70