Transcripcion capitlulo ii libro
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CAPITULO II LEGISLACIÓN EDUCATIVA 8. LEGISLACIÓN Y EDUCACIÓN. El hombre no vive en el mundo indiferente, sin rumbo y sin metas; más bien toda actividad que realiza lo hace proyectando fines y objetivos tan necesarios porque son los principios que dirigen y gobiernan nuestros movimientos, influyendo en los pasos que damos para la consecución de ¡os mismos. Por lo tanto, se educa también observando fines y objetivos y mientras los primeros expresan los resultados finales deseados, éstos especifican' las etapas necesarias, los pasos intermedios para conseguir poco a poco dichos resultados, y asi', nuestra labor "educativa tendrá más éxito en la medida en que tengamos conciencia nítida de fines y objetivos. Sin entrar en polémica acerca de los fines y objetivos de la educación, coincidimos con el criterio generalizado de que esta noble tarea, tomando en cuenta las posibilidades y limitaciones humanas, se dirige ¡intencionalmente y busca promover el desarrollo integral de la personalidad del educando y su integración- a la vida social, de manera que sea útil a la sociedad y a sí mismo, genere y se enfrente al cambio. En nuestro caso el Art. 3ro. De la Ley de Educación en vigencia (R.O. No. 484: 3 _ V — 83), determina taxativamente los fines de la educación ecuatoriana, que, de alguna manera, comparten con el criterio expuesto (v. Doc. 2). Pero fines y objetivos de la educación demandan la ejecución de actividades y mecanismos -que por supuesto se interrelacionan— como programas de estudio, métodos de enseñanza, horario de trabajo, disciplina, actitud docente, evaluación, etc., las mismas que a su vez precisan de direcciones, de reglas concretas y claras que deben observarse y bajo las cuales actuar, para evitar el caos y el desorden; aquí es cuando aparece la normatividad aplicada a la educación, esto es, la Legislación Educativa. Se entiende por Legislación el conjunto o cuerpo de disposiciones legales por las cuales se gobierna un Estado o* una materia determinada. Puede dividirse - la Legislación desde varios puntos de vista: por la EXTENSIÓN DE SU CONTENIDO (general y especial o particular); por el ESPACIO (universal y nacional); en relación con el TIEMPO (histórica: y vigente). De acuerdo a la especialización existen tantas legislaciones cuantas ramas jurídicas hay: legislación penal, civil, laboral, mercantil, educativa, etc. De modo que la Legislación Educativa es de carácter especial o particular, pues sus disposiciones legales se concretan a una rama del Derecho, no así la legislación general que comprende a todas las leyes que regulan- la vida jurídica de un país o región.
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CAPITULO II
LEGISLACIÓN EDUCATIVA 8. LEGISLACIÓN Y EDUCACIÓN.
El hombre no vive en el mundo indiferente, sin rumbo y sin metas; más bien
toda actividad que realiza lo hace proyectando fines y objetivos tan necesarios
porque son los principios que dirigen y gobiernan nuestros movimientos,
influyendo en los pasos que damos para la consecución de ¡os mismos. Por lo
tanto, se educa también observando fines y objetivos y mientras los primeros
expresan los resultados finales deseados, éstos especifican' las etapas
necesarias, los pasos intermedios para conseguir poco a poco dichos
resultados, y asi', nuestra labor "educativa tendrá más éxito en la medida en
que tengamos conciencia nítida de fines y objetivos.
Sin entrar en polémica acerca de los fines y objetivos de la educación,
coincidimos con el criterio generalizado de que esta noble tarea, tomando en
cuenta las posibilidades y limitaciones humanas, se dirige ¡intencionalmente y
busca promover el desarrollo integral de la personalidad del educando y su
integración- a la vida social, de manera que sea útil a la sociedad y a sí mismo,
genere y se enfrente al cambio. En nuestro caso el Art. 3ro. De la Ley de
Educación en vigencia (R.O. No. 484:
3 _ V — 83), determina taxativamente los fines de la educación ecuatoriana,
que, de alguna manera, comparten con el criterio expuesto (v. Doc. 2).
Pero fines y objetivos de la educación demandan la ejecución de actividades y
mecanismos -que por supuesto se interrelacionan— como programas de
estudio, métodos de enseñanza, horario de trabajo, disciplina, actitud docente,
evaluación, etc., las mismas que a su vez precisan de direcciones, de reglas
concretas y claras que deben observarse y bajo las cuales actuar, para evitar el
caos y el desorden; aquí es cuando aparece la normatividad aplicada a la
educación, esto es, la Legislación Educativa.
Se entiende por Legislación el conjunto o cuerpo de disposiciones legales por
las cuales se gobierna un Estado o* una materia determinada. Puede dividirse -
la Legislación desde varios puntos de vista: por la EXTENSIÓN DE SU
CONTENIDO (general y especial o particular); por el ESPACIO (universal y
nacional); en relación con el TIEMPO (histórica: y vigente). De acuerdo a la
especialización existen tantas legislaciones cuantas ramas jurídicas hay:
legislación penal, civil, laboral, mercantil, educativa, etc. De modo que la
Legislación Educativa es de carácter especial o particular, pues sus
disposiciones legales se concretan a una rama del Derecho, no así la
legislación general que comprende a todas las leyes que regulan- la vida
jurídica de un país o región.
9.LEGISLACIÓN EDUCATIVA: Concepto e importancia de su estudio.
La Legislación Educativa trata del conjunto de normas jurídicas que regulan el
desenvolvimiento de la educación y por lo mismo rigen en este campo.
Casi todas las actividades relacionadas con la educación sehallan reguladas
por las distintas normas legales; siendo tan significativo dicho número de
actividades, es fundamental el conocimiento de la Legislación Educativa:
a) Para conocer los deberes y derechos inherentes al quehacer educativo;
b) Para interpretar y aplicar correctamente la norma jurídica;
c) Con su conocimiento, propender a la mejor organización y desarrollo del
fenómeno educativo; y,
d) Porque su correcta aplicación permite la práctica de una equidad
objetiva, que soslaya al subjetivismo parcializado y prejuicioso.
10. ¿LEGISLACIÓN EDUCATIVA O LEGISLACIÓN ESCOLAR?
Para designar a nuestra disciplina en estudio, se acostumbra también —y por
supuesto en forma más o menos generalizada— el término Legislación Escolar.
Nosotros preferimos —y esto nos parece lo más apropiado— el empleo de
Legislación Educativa, por las siguientes razones:
— La misma Ley y Reglamento pertinentes sobre la materia, con acierto se
titulan Ley de Educación, Reglamento General de la Ley de Educación, y no
concretamente escolar.
— La palabra escolar, se utiliza en la Ley principalmente con dos motivos:
cuando el Art. 4to. Divide al sistema educativo nacional en dos subsistemas: el
escolarizado y el no escolarizado; y en el Título Cuarto para referirse al
Régimen Escolar. Con relación a lo primero, el subsistema escolarizado, es,
por lo tanto, una parte del sistema educativo, pues, este comprende también al
no escolarizado que así mismo se encuentra legislado. En cuanto a la palabra
Régimen, tiene un significado que, entre otros, equivale a normas prácticas de
una organización cualquiera; y la Legislación en materia educativa no sólo con-
tiene normas prácticas, sino que habla también de principios, fines,
organización y administración del sistema educativo, etc.
— El nombre de Legislación Escolar posiblemente obedece a que una
disciplina con esta denominación se la incluyó con particularidad, en el pensum
de estudios de los colegios normales para formar docentes primarios, y claro,
sus contenidos programáticos se centraban fundamentalmente con relación a
dicho nivel, esto es, a la escuela, institución ésta en la que, una vez graduados,
debían prestar sus servicios; más conviene señalar que, la educación regular
ecuatoriana comprende tres niveles: Preprimario, Primario y Medio (Art. 7 L. de
Ed.), y las disposiciones legales pertinentes reglan, no sólo a la primaria, sino a
las tres gradaciones; además, el contorno de la Legislación Educativa incluye a
la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas; decretos, resoluciones,
acuerdos sobre educación; convenios internacionales celebrados en el mismo
ámbito (como el "Andrés Bello") etc.; es decir, muchas otras situaciones que no
son englobadas por el término Legislación Escolar.
11. RELACIONES DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA CON OTROS
CUERPOS LEGALES Y RAMAS DEL DERECHO.
No solamente la Ley de Educación y su Reglamento regulan el desarrollo del
fenómeno educativo, pues, la educación marcha vinculada con las demás
actividades humanas: economía, trabajo, tecnología, etc.; por lo mismo, a más
de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas, Ley de Escalafón y
Sueldos del Magisterio Nacional, reglamentos, decretos, resoluciones,
acuerdos, estatutos, diversos en la materia, tienen que ver con la disciplina en
estudio, los siguientes cuerpos legales: Constitución de la República, Ley de
Cultura, Ley de Educación Física, Deportes y Recreación, Ley de Derechos de
Autor, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de Licitaciones
y Concurso de Ofertas, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Ley de
Régimen Municipal, Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público,
Reglamento de Bienes del Sector Público, Reglamento' de Responsabilidades,
Estatuto de la U.N.E. También encontramos disposiciones jurídicas relativas a
la educación en el Código Penal, Código Civil, Código del Trabajo, Código de
Menores, Ley de Servicio Militar Obligatorio, Ley de Régimen Administrativo,
etc.
En consecuencia, la Legislación Educativa mantiene relación con los Derechos:
Constitucional, Administrativo, Financiero y Tributario, Penal, Civil, Procesal,
Laboral, Internacional y de la Integración, conforme al sentido y función que
corresponden a estas Ciencias, pero con aplicación a la rama de la educación.
Un profesor y en particular una autoridad educativa, necesita del conocimiento
de tales disposiciones, tanto a nivel de sus fundamentos cuanto de sus
expresiones normativas, para canalizar y desempeñar correctamente las
funciones a su responsabilidad y evitarse dificultades con la ley. En la Sección
Tercera de esta obra consignamos aquellos documentos legales y preceptos
esenciales relacionados con la educación, a fin de que el maestro, los
directivos educacionales puedan consultarnos y saber a qué atenerse frente a
las variadas situaciones de tipo legal que aparecen con marcada frecuencia.
12. OJEADA HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA EN EL
ECUADOR.
Desarrollar la historia de la Legislación Educativa en el
Ecuador, llevaría a la elaboración de varios tomos, como producto de una
prolongada investigación, pues a partir de 1830 hasta nuestros días, tes
extensa y no siempre ordenada, la cantidad de disposiciones constitucionales,
leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, acuerdos, reformas y
contrarreformas que, sobre educación, se ha dictado para normar el
desenvolvimiento de esta actividad en las diferentes etapas y períodos de la
vida republicana; de ahí que, al tratamiento histórico que se expone a
continuación, lo he calificado de ojeada histórica porque se trata de una breve
síntesis que, siguiendo un orden cronológico, se desarrolla sobre el tema que
nos ocupa; buscando, por lo tanto, proporcionar al lector tan sólo un vistazo
acerca de la evolución histórica de la Legislación Educativa ecuatoriana. Con
este criterio nos referimos únicamente a los más principales documentos
legales que, de alguna manera, expresan los cambios fundamentales que han
operado en el campo que centra nuestra atención. No consta aquí el
pensamiento constitucional educativo, por cuanto he preferido incluirlo más
adelante, en un tema particularizado al respecto] (v. Nral. 23.1.4.)
Advertimos, por otro lado, que>especialmente en lo relacionado con los
primeros documentos de los inicios de la República, se ha procurado respetar
la titulación y ortografía originales.
Con motivos didácticos y tomando en cuenta ciertos rasgos de la Historia
ecuatoriana, para efectos de esta ojeada, he considerado las siguientes etapas:
A) Desde 1830 hasta 1860
* En el "Primer Registro Auténtico Nacional Nro. 14 del año 1830", consta el
Decreto que estableció "en la Capital de la República una dirección general de
estudios, subdirecciones en los departamentos del Azuay Guayas". El Decreto
fue firmado por Juan José Flores " Presidente del Estado del Ecuador ", el 30
de octubre de 1830, en el mismo que se nombró como "director" al Presidente
de la Alta Corte de Justicia Dr. José Fernández Salvador, "i adjuntos, los
doctores Pedro José Ar-teta i Modesto Larrea".
El Congreso Constitucional del Ecuador, el 8 de noviembre de 1832 procedió a
reformar "algunos artículos de la ley reglamentos orgánicos de enseñanza
pública, dado por el Gobierno de Colombia el año de 1826". Entre esas
reformas constan las referentes a la elección de Rector y Vicerrector, la que
debía hacerse cada tres años (Art. 3ro. del "Primer Registro Auténtico
Nacional" - PRAN - Nro. 50 del año 1833). Según el Art. 4to. los Rectores y
Vice-Rectores de los colegios y universidades, debían ser colombianos de
nacimiento. Se determina para "lo sucesivo los grados de bachiller i maestro en
filosofía y matemáticas. Los de bachiller licenciado i doctor en jurisprudencia
civil, en teología i jurisprudencia canónica i en medicina. . ." (Art. 14). En
general dichas reformas se refieren al Régimen Escolar, a lo que hoy llamamos
pensum de estudios — en el que se nota una marcada integración de
disciplinas teológicas — y a la forma de graduación.
Mediante Decreto Ejecutivo, Vicente Rocafuerte, Presidente de la República
del Ecuador, el 20 de febrero de 1836, dictó el "Decreto orgánico de la
enseñanza pública" que consta de 122 artículos y 5 transitorias ("Primer
Registro Autentico Nacional" - PRAN - Nro. 16. Año 1836). Se norma la
organización y el funcionamiento tanto de la Universidad Central como de
los colegios; en este sentido contiene, entre otras, disposiciones sobre: la
"dirección general e instrucción pública i de los inspectores de estudios"; la
Universidad de Quito, que se la consideraba como la Central de la
República, las juntas "generales ¡ particulares" de la misma; el Rector,
Vice—Rector, los grados, matriculas, exámenes y requisitos para optar
grados, oposiciones a cátedras, catedráticos, los estudiantes ("cursantes")!
certámenes públicos, administración de las rentas, organización de la
enseñanza (se determina para la Universidad "dos cátedras de gramática
latina combinada con la castellana: una de filosofía: tres de jurisprudencia i
cuatro de medicina". (Art. 87). Además, normas respecto al bibliotecario
público, la "academia de derecho práctico" y la "facultad médica".
Por Decreto Ejecutivo del 23—11—1836, Vicente Rocafuerte, redujo a 20
las 46 becas que estaban asignadas a los colegios de San Luis y San
Fernando, en consideración a las "penurias del erario" (PRAN Nro. 19-
1836). Este Decreto de ninguna manera menoscaba la magnífica obra que,
en favor de la educación, sus reformas y difusión, desarrollara Rocafuerte.
Mediante "circular" del 6 de diciembre de 1837, se ordena "el
establecimiento de un colegio militar", en el que debían educarse jóvenes
de familias decentes; y aún más, se ordena que para la citada escuela y en
calidad de aspirantes se escoja a "unos seis jóvenes de honradas familias,
de edad de 15 a 18 años, de salud robusta, i de buenas costumbres" (PRAN
No. 52-1837). La creación de dicho Colegio fue aprobada por Decreto
Legislativo del 14 de abril de 1839 (PRAN Nro. 72-1839).
En agosto de 1838, el Presidente Rocafuerte expidió un nuevo "Decreto
reglamentario de instrucción pública", pues, el de 1836 dictado para
amparar legalmente sus primeras iniciativas en materia de educación,
resultó elemental. Dicho Decreto —que durara hasta la época del
Presidente García Moreno-sujetó la educación al control estatal, pues,
prohibía fundar o abrir establecimiento alguno de enseñanza "sin
participarlo a la autoridad administrativa del lugar" (Art. 2). Todos los
establecimientos de enseñanza quedaron subordinados "a las mismas
disposiciones de los establecimientos de instrucción pública" (Art. 3). Los
representantes del gobierno debían supervigilar las instituciones educativas
(Art. 4). El Decreto estableció una dirección general de instrucción pública,
con sede en Quito y dos sub-direcciones: una en Guayaquil y otra en
Cuenca. Para las Provincias de Manabí, Chimborazo, Imbabura y Loja fijó el
funcionamiento de sendas inspecciones de instrucción pública.
En términos generales, el instrumento propendió a la difusión de la educación y
aunque nada diga sobre el sector indígena, es innegable su proyección al
servicio de la educación popular. Sin embargo hay disposiciones que dan lugar
a confusión, así por ejemplo, habla de "escuelas primarias" y "escuelas
secundarias" aparte de los colegios, pero no la diferencia con claridad,
oscuridad que también se detecta entre los objetivos de las escuelas y los de la
universidad.
Rocafuerte era partidario de la educación religiosa; este espíritu se desprende
de varias de las normas del Reglamento como nos confirman las siguientes
transcripciones:
"Al principio y al fin de la escuela se harán por todos, en voz alta, algunas
cortas preces, destinando. . . los sábados para el repaso del catecismo"(Art.
92).
"Todas las semanas aprenderán los niños de memoria algunas máximas
morales cortas, sacadas principalmente de la Escritura Santa". (Art. 93).
"El reglamento contendrá todo ¡o que sea propósito para formar a los alumnos
en los hábitos que deben hacerlos buenos cristianos y ciudadanos útiles a la
patria" (Art. 94).
Y aún más, el Art. 268 prescribió la presencia de un capellán en los colegios (1)
El Decreto Ejecutivo del Presidente Juan José Flores (16—II—1839),
dispuso la creación de "escuelas de primeras letras" y para el efecto se
ordenó que todos los monasterios de religiosos fundaran escuelas de niñas
y en el caso de la capital, que todos los conventos "máximos", establezcan
escuelas, según el método lancasteriano, en locales a propósito, bajo la
enseñanza de "institutores" propuestos por la Dirección General de Estudios
y nombrados por el Ejecutivo, los que debían ser pagados por dichos
conventos (PRAN Nro. 61—1839).
Posteriormente se dictan una serie de decretos, especialmente de carácter
legislativo para regular diversas situaciones relacionadas con la educación,
conforme ésta empieza su lenta expansión y desarrollo. Entre otros,
sobresalen, por ejemplo: los que crean varios colegios (San Vicente de
Latacunga, el Colegio Olmedo de Manabí, otros en Cuenca y Guayaquil); la
Ley Orgánica de la Facultad Médica; la Ley sobre Libertad de Estudios, etc.
B) Desde 1860 hasta 1890
La Convención Nacional del Ecuador expidió, el 25 de mayo de 1861, la Ley
de Instrucción Pública en la que se destacan los siguientes puntos básicos:
una marcada intervención del clero en la estructura y organización del
sistema educativo; se garantiza la educación particular; la enseñanza en la
Universidad y los colegios "tanto nacionales como seminarios",
especialmente la de Jurisprudencia, Medicina y Teología, se divide en
varios cursos y se dispone que se dicten en diferentes horas del día, a fin
de que los estudiantes puedan ganar dos o más cursos al mismo tiempo; se
reconoce la validez de la educación de los religiosos en los conventos, para
optar grados universitarios; se regula el desempeño de la cátedra
universitaria y a nivel de colegios. La Ley en general es incompleta.
Contiene únicamente 17 disposiciones.
En 1862, durante la Presidencia de García Moreno, el fanatismo religioso de
este Mandatario llegó al extremo de solicitar einspirar la celebración del
famoso Concordato, que fuera firmadoen Roma, el 26 de septiembre de
1862, entre el Plenipotenciariodel Papa Pío IX, Cardenal Jacobo Antonelli y
el Plenipotenciariodel Gobierno del Ecuador, Arcediano de la Catedral de
Cuenca, D.Ignacio Ordóñez. .
El Concordato prácticamente establecía la intromisión y el poder espiritual y
material de la Iglesia sobre el Estado ecuatoriano, pues, determinó el
sometimiento de la vida espiritual del país, al control absoluto de aquélla, con
inclusión de la enseñanza pública y privada y la lectura de libros; la institución
de una religión única (Católica); a más de que dispuso la obligación, al
Gobierno del Ecuador, para que dispense "su poderoso patrocinio y apoyo a
los Obispos, en los casos en que soliciten, principalmente cuando deban
oponerse a la maldad de aquellos hombres que intenten pervertir el ánimo de
los fieles y corromper sus costumbres". . . (Art. 6).
En efecto, concretándonos a la parte educativa, el Art. 3ro. reza así: "La
instrucción de la juventud en las Universidades, colegios, facultades, escuelas
públicas y privadas, será en todo conforme a la doctrina de la Religión Católica.
Los Obispos tendrán para ello el exclusivo derecho para designar los textos
para la enseñanza, tanto en las ciencias eclesiásticas como de la instrucción
moral y religiosa. Además, los Obispos y los Prelados ordinarios ejercerán con
toda libertad el derecho que les compete de prohibir los libros contrarios a la
religión y a las buenas costumbres; debiendo también vigilar el Gobierno y
adoptar las medidas para que dichos libros no se importen ni se propaguen en
la República. . ."
Según el Art. 4to. ". . . Para los exámenes de los institutores primarios, el
Diocesano nombrará siempre un Asistente destinado a remover la instrucción
religiosa y la conducta moral del examinado, el que no podrá entrar al
desempeño de su oficio sin el asentimiento del mismo Diocesano . . ."
La Iglesia gozaba "del derecho de adquirir libremente y por cualquier justo
título; y las propiedades que actualmente posee y ¡as poseyere después, le
serán garantizadas por la ley (Art. 19).
El Concordato fue aceptado, ratificado y confirmado solemnemente por el
Presidente García Moreno, el 17 de abril de 1863, a cuyo fiel cumplimiento
empeñaba su palabra " y el honor nacional".
El 24 de octubre de 1863, el Senado y Cámara de Diputados, reunidos en
Congreso, expidieron una nueva Ley Orgánica de Instrucción Pública. Fue
ejecutada por el Presidente García Moreno el 28 de octubre del citado año.
En términos generales y en relación con la de 1861, resulta más o menos
completa adecuada a la realidad de aquellos años. Consta de 73 artículos.
Divide a la "instrucción pública" en tres niveles: primaria, secundaria y
superior, dada en establecimientos públicos o libres, bajo la dirección del
Consejo General y de los Consejos Académicos de Provincia. Entre otras
funciones al Consejo General le correspondía señalar las obras a utilizarse
como textos, en los establecimientos públicos de enseñanza y los que
debían prohibirse cuando sean contrarios a la religión, la moral o las leyes;
podía nombrar y destituir a los empleados y profesores de las facultades
universitarias con inclusión del Rector de la Universidad y los Decanos.
El cuerpo legal en estudio estableció Consejos Académicos en todas las
Provincias que registraban la existencia de colegios. Sus miembros duraban
cuatro años en sus funciones. Según la Ley, la enseñanza primaria en las
escuelas públicas comprendía necesariamente: la instrucción moral y religiosa,
la lectura, la escritura, los elementos de la gramática castellana, la aritmética
elemental y el sistema legal de pesas y medidas, y la costura en las escuelas
de niñas. Determinó que en cada parroquia funcione una "junta de inspección"
compuesta del párroco y de dos vecinos elegidos por el Consejo Académico.
A la enseñanza secundaria de los establecimientos públicos la dividió en dos
secciones: de primera y segunda clase; en aquella se dictaban materias
elementales y en ésta relacionadas con el avance del conocimiento (Algebra,
Geometría elemental y analítica, Química, Física, etc.)- También regula la
enseñanza superior determinando cinco facultades para la "Universidad de la
República", de Filosofía y Literatura, de Ciencias, de Jurisprudencia, de
Medicina y Farmacia y de Teología. Igualmente fija los requisitos necesarios
para ejercer la docencia en los tres niveles y regla los grados y exámenes. La
Ley contempla y garantiza la educación en los establecimientos "auxiliares" de
instrucción pública y habla de planteles públicos auxiliares y de instituciones de
enseñanza libre. Precisa, además, sanciones para los docentes.
La Asamblea Nacional de 1878, reunida en Ambato, expidió la denominada
Ley de Instrucción Pública, dada por dicho Organismo y reformada por el
Congreso Constitucional de 1880. Se la expidió con fecha: Ambato, 4 de
1878 y fue ejecutada por el Gobierno de Ignacio de Veintemilla en Ambato a
11 de mayo de este último año. Presidente de la Asamblea Nacional fue
José' María Urbina.
Según dicha Ley, "La instrucción pública abraza la instrucción primaria,
secundaria y superior, dada en los establecimientos públicos o libres" (Art. 1).
De acuerdo al Art. 2, la "acción administrativa" la ejercían las siguientes
autoridades:
a) El Consejo General de Instrucción Pública, compuesto por el Ministro de lo
Interior, el Arzobispo o su Delegado, el Director General de Estudios, el
Rector de la Universidad, el Rector "del Colegio nacional de Quito" y los
delegados de las facultades que hubieren en la Capital de la República.
Correspondía al Consejo, entre otras atribuciones, aprobar los reglamentos
de las facultades, colegios y liceos; designar a los profesores y determinar
las obras" que han de servir de textos" en los establecimientos públicos de
enseñanza; dictar anualmente los programas de enseñanza superior y
secundaria.
b) El Director General de Instrucción Pública, nombrado y removido libremente
por el Poder Ejecutivo. El Director autorizaba y promovía la creación de
nuevos colegios y liceos; mandaba fijar edictos para la provisión de las
cátedras vacantes; cuidaba de la observancia en toda la República de
leyes, decretos y reglamentos relativos a la enseñanza; impedía que se
enseñe en los establecimientos públicos o privados doctrinas contrarias a
las instituciones republicanas, a la religión, la moral o buenas costumbres,
etc.
c) Los Subdirectores de Instrucción Pública. La Ley fijaba uno por cada
Provincia. Correspondía a los Subdirectores examinar y elevar al Consejo
General, por conducto del Director, los reglamentos de las corporaciones
universitarias, colegios, liceos y demás establecimientos de. enseñanza;
establecer escuelas primarias; informar al Consejo General sobre el estado
de la instrucción primaria, secundaria o superior de la Provincia, etc.
d) Los Inspectores Cantonales, cargo ejercido por los jefespolíticos en sus
respectivos cantones. Vigilaban la marchade la educación en su respectivo
cantón e inclusive podíansuspender y reemplazar provisionalmente a los
maestros negligentes e incapaces.
La Ley determina la gratuidad de la enseñanza primaria en las escuelas
públicas y el deber de las municipalidades de crear escuelas de este tipo,
dotadas con sus propias rentas; su obligatoriedad para los niños y niñas de 6 a
12 años. Prohíbe, so pena de destitución y 25 pesos de multa, que aun en las
escuelas particulares haya niños y niñas en una misma clase y que una
escuela de niñas esté bajo la dirección de un hombre. Divide a los "institutores"
o "institutoras" en dos clases: los de primera que gozaban de 480 pesos
anuales (40 mensuales); y, los de segunda, con 360 pesos al año; más los
sueldos eran dobles en "la provincia del Oriente" y en las de "las costas de la
República". La enseñanza primaria de las escuelas públicas comprendía
necesariamente: la instrucción moral y religiosa, la lectura, escritura, la
Constitución de la República, elementos de gramática castellana, aritmética
elemental, el sistema de pesas y medidas y la costura en las escuelas de
niñas. Además podía comprender, por disposición del Subdirector, a voluntad
del maestro, uno o varios de los siguientes ramos: elementos de geometría,
geografía e historia, aritmética comercial, rudimentos de arquitectura, de física
y de historia nacional, dibujo lineal, gimnástica e idiomas.
En cada parroquia debía existir una Junta de Inspección compuesta del párroco
y de dos vecinos elegidos por el Inspector Cantonal. La Ley determina,
además, la creación de escuelas normales destinadas a formar "institutores",
en las provincias que precise el Poder Ejecutivo. En el Capítulo III fija los
requisitos para ser maestro de una escuela pública primaria.
Según la Ley, la enseñanza secundaria debía impartirse en liceos y colegios, y
se dividía en dos secciones: de primera y de segunda clase; aquélla
comprendía la instrucción moral y religiosa, urbanidad, elementos de historia y
geografía, en especial del Ecuador, caligrafía, dibujo lineal y gimnástica,
gramática latina, castellana y francesa. La segunda: elementos de retórica y
literatura, gramática inglesa, lógica,metafísica general y particular, derecho
natural y ética, aritmética, álgebra, geometría plana y del espacio, trigonometría
rectilínea y "elementos de partida doble".
La instrucción moral y religiosa, según la Ley, era obligatoria en todos los
establecimientos de enseñanza, al menos una vez por semana. Dispone que
en cada provincia haya un colegio nacional. Para ser admitido como alumno en
liceos y colegios públicos, el aspirante debía rendir un examen ante su
respectivo Rector y dos profesores del establecimiento. Regula también la
organización y funcionamiento de los superiores y profesores de los
establecimientos de enseñanza secundaria. En i .ida colegio había un Rector,
Vicerrector, inspectores y un capellán, nombrado este último por la autoridad
eclesiástica. Norma, así mismo, a los colegios de niñas, los que debían existir
en cada capital de provincia.
En el Título IV preceptúa la enseñanza superior la misma que debía
componerse de las siguientes facultades: de Filosofía y Literatura, Ciencias,
Jurisprudencia, Medicina, Farmacia y Teología. La primera comprendía dos
"secciones": Retórica y Humanidades; Ciencias Filosóficas. La Facultad de
Ciencias debía comprender dos "secciones": Ciencias Físicas y Matemáticas y
Ciencias Naturales. Cada Facultad era independiente en lo relativo a exámenes
y grados. Los fondos de la Universidad de Quito, eran de 14.400 pesos
anuales, distribuidos por el Tesoro Nacional en dividendos de 1.200 pesos
mensuales. El Rector y Vicerrector de la Universidad de Quito y de las
corporaciones universitarias de Cuenca y Guayaquil, eran nombrados por el
Poder Ejecutivo. El estudio de la Literatura era obligatorio para los doctores en
Jurisprudencia y Medicina. Se regulan también los exámenes y grados.
El Título V norma a los establecimientos especiales de Instrucción Pública y
dispone la existencia en la República de una escuela politécnica destinada
exclusivamente a formar profesores en tecnología, ingenieros civiles,
arquitectos, maquinistas, ingenieros de minas y profesores de ciencias.
El Capítulo III contiene disposiciones relativas a la Escuela de Náutica, el
Colegio Militar y los establecimientos de enseñanza libre, calificados así los
que eran fundados y sostenidos por corporaciones o personas particulares;
también se incluían en dicho grupo los seminarios diocesanos.
En general la Ley es completa, en el sentido de que sienta los principios y
normas básicas de las diferentes situaciones vinculadas a la educación;
aunque muchos de sus preceptos son más bien de carácter reglamentario.
Contiene un total de 117 disposiciones. En las Generales (Arts. 102 y 103), se
contemplan las sanciones y en el Art. 112 se dispone la libertad de estudios
para que los estudiantes puedan ganar los años escolares dentro o fuera de
clases.
Posteriormente se dictan una serie de decretos, leyes reformatorias y reformas
al instrumento legal estudiado.
El 22 de agosto de 1890, el Congreso expidió "la Ley Reformatoria de las de
Instrucción Pública", fecha en la que fue Ministro del Ramo el Señor Elías
Laso. Según la misma, el Consejo General de Instrucción Pública debía
residir en la Capital y se determina su conformación de la siguiente manera:
el Ministro del Ramo, "el ilustrísimo señor Arzobispo o su Delegado", el
Rector de la Universidad Central, el Rector del Colegio Nacional de San
Gabriel, los Decanos de las Facultades de la Universidad Central, el
Hermano Superior de las Escuelas Cristianas de Quito, y, el Director de la
Escuela Agronómica.
Prohíbe, la Ley, ser institutores de primeras letras a los tenientes políticos,
jueces parroquiales, a los primicerios y rematadores de rentas fiscales y
municipales, así como a los "estanquilleros". Los institutores podían ser
removidos por conducta inmoral, previa comprobación ante el prelado
eclesiástico de la Diócesis . Otra novedad constituye la disposición por la cual
se destina el impuesto fiscal sobre el aguardiente al exclusivo objeto del
sostenimiento y desarrollo de la instrucción primaria.
C) Desde 1890 hasta 1938
La Asamblea Constituyente de 1896—97, del régimen liberal expidió la Ley
de Instrucción Pública mediante Decreto del 30 de junio de 1897. Según
esta Ley, constituían autoridades del sistema educativo, el Consejo General
de Instrucción Pública integrado por el Ministro, el Rector de la Universidad
Central, un delegado de cada una de las universidades del Guayas y del
Azuay, un Rector del colegio designado por el Ejecutivo, los Decanos de las
Facultades de la Universidad Central, el Director de Estudios de Pichincha y
el Director de la Escuela Agronómica. Por lo tanto, se elimina de esta
integración, al Arzobispo de Quito. Siendo aquélla la autoridad máxima, se
desprende que las universidades tenían la casi totalidad de poderes. Otras
autoridades señaladas por la Ley son: los Directores e Inspectores de
Estudios, los Rectores de las universidades, las Juntas Administrativas y las
facultades universitarias.
El instrumento en estudio señaló la gratuidad de la instrucción y la
obligatoriedad de la misma para los niños de 6 a 14 años y las niñas de 6 a 12
años. Prohibió la existencia de planteles mixtos y permitió el funcionamiento de
colegios y escuelas particulares, previa la autorización del Consejo Superior y
de los Directores de Estudio, respectivamente. Estos últimos constituían
sendas autoridades provinciales, para los niveles primario y secundario de
instrucción.
En esta Ley, que fue elaborada apresuradamente, todavía no se introdujo el
laicismo y en general no presenta cambios radicales.
En 1906 se expide una nueva Ley Orgánica de Instrucción Pública, que
según el Decreto Legislativo debía entrar en vigencia el 1ro. de octubre de
1906, sin embargo parece que no se la publicó en el Registro Oficial.
Dicha Ley que representa la segunda del régimen liberal, limita el laicismo sólo
a las escuelas oficiales. Determina como autoridad máxima al Consejo Superior
compuesto por el Ministro de Instrucción, el Rector de la Universidad, el Rector
del Colegio "Mejía", el Director de Estudios de Pichincha, un delegado de cada
una de las Facultades de la Universidad Central (UC), un profesor de primaria y
uno de secundaria.
Establece en cada provincia un Consejo Escolar como autoridad superior de
las escuelas primarias y en cada parroquia una Junta Inspectora presidida por
el Teniente Político.
Conserva, la Ley, la clasificación en escuelas elementales, medias y
superiores. Inicia la defensa profesional cuando dispone que se prefiera a los
preceptores graduados en las Escuelas Normales, para la docencia primaria
(Art. 51). El Rector de la Universidad era elegido por el Congreso.
La Ley impuso el deber de recibir a los alumnos en cualquier época del año,
para posibilitar la obligatoriedad de la instrucción escolar e inclusive el maestro
podía ubicar a los niños en el grado que amerite su preparación.
La Ley en general es detallista y fue objeto de un cúmulo de reformas y
contrarreformas a tal punto que la volvieron inconocible a la original, de ahí
que, a la Codificación hecha por Luis Napoleón Dillon en 1912 se la puede
considerar como un nuevo orden jurídico en materia educativa. En esta
codificación y sus reformas, se destacan los siguientes puntos: para posibilitar
el cumplimiento del inciso 3ro. Art. 16 de la Constitución de 1906 por el que se
prohíbe al Estado y a las municipalidades subvencionar oirás enseñanzas que
no fueren la oficial y la municipal, se dispone la responsabilidad pecuniaria y
personal sobre los funcionarios y empleados "que de alguna manera
autorizaren o pagaren gastos fuera de las estrictas condiciones de seglaridad y
laicismo" (2). El Consejo Superior —autoridad máxima— estaba integrado por
el Ministro del Ramo, los representantes de las cuatro universidades, el Rector
del Colegio "Mejía" y el Director de Estudios de Pichincha. Los Consejos
Escolares y las Direcciones de Estudios de cada Provincia, tenían amplias
facultades educativas en su jurisdicción provincial, de ahí que la enseñanza
primaria no tenía un sentido nacional.
Como requisitos para ser Director de Estudios o Rector de un Colegio, se
determina la edad de 30 años, buena conducta y el título de Bachiller en
Filosofía.
La supervisión de las escuelas se cumplía a través del Director de Estudios,
Visitadores Escolares y las Juntas Inspectoras Parroquiales integradas por tres
miembros vecinos honorables, elegidos por los Consejos Escolares. Se
prohibió la coeducación, excepto para los sectores alejados a cinco kilómetros
del centro poblado parroquial. La enseñanza primaria era obligatoria a partir de
los 6 años so pena de una multa de 0.20 centavos a dos sucres, a los padres
que no cumplieren esta disposición. Se mantienen las tres categorías de
escuelas: elementales, medias y superiores, pero no se fijan sus diferencias
(2—A).
El 6 de octubre de 1925, la Junta de Gobierno Provisional compuesta por
Luis Napoleón Dillon, José Rafael Bustamante, Gral. Francisco Gómez de la
Torre y Gral. Moisés Oliva, y que asumiera el poder el 10 de julio de 1925 a
raíz de la deposición del Dr. Gonzalo Córdova, Junta que el 13 de julio fue
ampliada a 7 Ministros Vocales; expidió el Decreto sobre Enseñanza
Superior (Ley de Educación Superior de 1925). De acuerdo a este
Instrumento legal, la Enseñanza Superior debía impartirse en las
Universidades de Quito, Guayaquil, Cuenca y en la Junta Universitaria de
Loja. El Decreto reconoce la autonomía de las universidades de la
República en cuanto a su funcionamiento técnico y administrativo. Señala
los objetivos de la enseñanza Superior y dispone que la enseñanza en sea
subvencionada parcialmente por los alumnos ponerse el valor de las cuotas
en relación con los manda la universidad (U.). Señala como autoridad. a las
siguientes: el Consejo Universitario, la asamblea Universitaria, el Rector, las
"facultades" y los Decanos. La Disposición Transitoria contenida en el Art.
23 dispone la supresión paulatina de la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales en todos los establecimientos de Enseñanza Superior. La
cátedra universitaria era incompatible con otro cargo público, salvo los que
se obtenían mediante elección popular.
La misma Junta de Gobierno Provisional, el 20 de noviembre de 1925,
mediante Decreto, expidió la Ley Orgánica de Enseñanza Secundaria.
Como objetivos de este nivel puntualiza: ampliar los conocimientos
adquiridos en la Instrucción Primaria; proporcionar a los educandos la base
de una cultura general y prepararlos para el estudio de las carreras
científicas y literarias.
Según la Ley, dicha enseñanza comprendía 7 años de estudio divididos en dos
períodos: en los 5 primeros años la enseñanza era común de acuerdo a las
necesidades de la cultura general; y, los dos últimos se destinaban a la
preparación para la enseñanza superior. El primer período (5 años) comprendía
las siguientes materias: Instrucción Moral y Cívica, Castellano, Literatura,
Historia, Geografía, Filosofía, Lenguas Vivas, Matemáticas, Ciencias Físicas,
CC.NN., Dibujo, Gimnasia, Música y Latín; esta última era asignatura
voluntaria. Las disciplinas especiales se distribuían así:
a) Bachillerato en Ciencias Físico—Matemáticas: Castellano, Redacción,
Raíces Griegas y Latinas, Filosofía de las Matemáticas, Matemáticas
Superiores, Lenguas Vivas, Física, Química, Cosmografía, Geografía,
Geología y Mineralogía.
b) Para el Bachillerato en Ciencias Físico—Naturales: Castellano, Redacción,
Raíces Griegas y Latinas, Física, Química, Botánica, Zoología, Geografía
Médica y Lenguas Vivas.
c) Para el Bachillerato en Filosofía y Letras: Castellano, Latín, Geografía,
Historia y Literatura universales, americanas y nacionales, Estética, Lógica,
Psicología Experimental, Metafísica y Etica, Historia de la Filosofía, Historia
del Arte, Sociología, Nociones de Economía Política y Lenguas Vivas.
La Ley estipuló pruebas oral y escrita para el ingreso a los Institutos de
Enseñanza Secundaria; ésta, por otro lado, era libre, pues, cualquier persona o
institución podía fundar colegios, previa la autorización respectiva.
El Instrumento en estudio, disponía las siguientes autoridades de la Instrucción
Secundaria: el Ministro de Instrucción Pública, el Consejo Técnico de
Educación, los Inspectores de Enseñanza Secundaria; los Rectores y Vice—
Rectores; y, las Juntas Administrativas, compuestas, estas últimas por el
Rector, Vice—Rector y tres catedráticos elegidos por la Junta General de
Profesores y Superiores de cada plantel.
La vigencia de esta Ley fue corta, pues, el 18 de mayo de 1826 se la derogó,
mediante Decreto Supremo No. 96.
Durante la Presidente Provisional del Dr. Isidro Ayora, se dictó el
Reglamento General para los Institutos Normales por Decreto de 20 de
septiembre de 1926. Según este Reglamento, la función de los Institutos
Normales consistía en la formación del "Preceptor Normalista, cuya misión
es la de enseñar en las escuelas del Estado . . .". Tales Institutos
comprendían a dos secciones: la Sección Normal y la Escuela Anexa. El
personal estaba constituido por un Director General, un Subdirector en cada
uno de los establecimientos, un Director en las Escuelas Anexas, de los
Preceptores de Grado, de un Secretario y demás empleados.
Vienen luego una serie de reglamentos, reformas, decretos, etc. hasta que
llegamos al año 1938 en el que, entre otros, se expiden la Ley de Escalafón del
Magisterio, la Ley de Educación Superior, un nuevo Reglamento General de
Enseñanza Secundaria para los Colegios Oficiales y Particulares de la
República y la Ley de Educación Primaria y Secundaria. Señalaremos algunos
puntos básicos de estos cuerpos legales, no sin antes indicar, como curiosidad
histórica, que, en los R.O. de aquellos años, se publicaban inclusive aspectos
secundarios que en la actualidad corresponden, por ejemplo a las funciones de
un rector u otra autoridad en orden a su jerarquía; así, en el R.O. 74: 24—I—
1938, consta el Decreto No. 34 del Gral. Alberto Enríquez por el que se faculta
a la Junta Administrativa del Colegio "Ol-medo" de Portoviejo, efectuar los
siguientes pagos: "José Castro, hechura de dos marcos . . . S/. 30,oo"; "Simón
Veliz, agua para los jardines . . . S/. 34,35", etc. Por Decreto Ejecutivo No. 1
(R.O. 64: 12—1—1938) del mismo Mandatario, se nombra al Dr. Trajano
Naranjo, Profesor del Colegio Nacional "Vicente León". Etc.
D) Desde 1938 hasta 1970
El General Alberto Enríquez, mediante Decreto No. 2 de 10 de enero de
1938, expidió la Ley de Escalafón del Magisterio, para cuyo efecto creó en
el Ministerio de Educación Pública (nótese que aquí se llama de Educación
Pública y no de Instrucción Pública), la Sección de Escalafón. Dicha Ley
reconoce los siguientes títulos:
a) Profesor de Enseñanza Secundaria
b) Profesor de Enseñanza Especia
c) Normalista; '
d) Bachiller-
e) Normalista Rural;
f) Profesor de Primera Clase;
g) Profesor de Segunda Clase;
h) Profesor de Tercera Clase
La Ley organiza también "las clases y categorías de los cargos" desde la clase
A ¡en la que se ubican el Profesor de la Escuela Rural (1ra. categoría) y el
Director de la Escuela Rural (2da. categoría), hasta las clases F y G. En la F.
se ubican: en la 1ra. Categoría el Profesor de Segunda Enseñanza o de
Enseñanza Normal; en la 2da., el Rector del Colegio o Director de Normal; en
la 3ra. el Inspector de Zona de 2da. Enseñanza. En la G. se determina una
categoría única para el Jefe del Departamento Técnico del Ministerio.
Se norman así mismo, los ascensos (se requería, para ascender, el servicio de
dos años en el cargo inmediato inferior; demostrar idoneidad para el cargo
inmediato superior, mediante las pruebas reglamentarias), las licencias, pases,
suspensiones y separaciones.
El mismo Mandatario, por Decreto No. 10 del 27 de enero de 1938, expidió
la Ley de Educación Superior;(R.O. Nros. 84—85; 4 y 5 —II—1938). Esta
Ley dispone que la Educación Superior debe impartirse en las
Universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca; en la Junta Universitaria de
Loja (para las que reconoce autonomía en el plano de su funcionamiento
técnico y administrativo); en la Escuela Superior de Minas de Cuenca y en
las Escuelas Superiores que en lo sucesivo se establecieren. Señala, en
forma más amplia y detallada, los fines de las Universidades y Escuelas de
Educación Superior; entre ellos se destacan, el estudio de los problemas
económicos y sociales; la formación de profesionales; "la defensa
profesional"; la defensa biológica de la población, de la fauna y flora
nacionales, mediante estudios sistematizados; la investigación científica;
etc. Pres-i libe que tales Instituciones deben permanecer ajenas a las agi-
ta< iones políticas partidistas. Con mayor precisión y coherencia determina
la organización de las Universidades en Facultades y I nelas, así como los
títulos que deben conferir. Como auto-11<I.KICS de Educación Superior
señala al Ministro de Educación (quien sancionaba los estatutos
universitarios, integraba los Consejos Universitarios, podía decretar la
reorganización y clausura de las Universidades, Facultades y Escuelas), al
Consejo Universitario, la Asamblea Universitaria, el Rector, juntas de
Facultad, Consejos Directivos de Facultad y Decanos. La Ley reconoce las
asociaciones estudiantiles, pero sus estatutos debían ser aprobados por el
Ejecutivo, y determina también exámenes de ingreso.
Otro de los instrumentos legales dictados por el Gral. Enríquez —y por
supuesto de mucha importancia para el progreso de la educación del
hombre ecuatoriano— constituye la Ley de Educación Primaria y
Secundaria, expedida el 8 de abril de 1938. Considera que la educación es
función primordial del Estado, la misma que buscará los siguientes
objetivos: la formación de individuos capaces para la conquista del
bienestar individual y social; y, la incorporación a la cultura nacional de los
diversos grupos humanos que permanecen todavía en un nivel inferior
educativo. Contempla cuatro etapas de educación:
a) Educación Preescolar;
b) Educación Primaria y Complementaria;
c) Educación Secundaria dividida en dos períodos: de preparación
general y de especialización; y,
d) Educación Superior, organizada por la Ley respectiva
Además incluye una Educación Especial para los individuos que acusen
anormalidades.
La citada Ley declara que la Educación Pública es gratuita, a excepción de la
Secundaria y Superior. Determina la Primaria como obligatoria y la
Complementaria en caso de que no se siguieran estudios de Educación
Secundaria; añade que la educación oficial es esencialmente seglar y laica.
Regula también los deberes y atribuciones del Ministro del Ramo, del Consejo
de Educación; la organización del Ministerio al que lo divide en dos
departamentos: Técnico y Administrativo con sus respectivas secciones. Norma
a la Educación Preescolar, Primaria y Complementaria; a las escuelas
particulares, prediales e industriales y de experimentación. Señala como
autoridades escolares a los Inspectores de Zona, Directores Provinciales de
Educación, Inspectores Escolares. Preceptúa, además, a la Educación
Especial, a las Escuelas Normales Rurales, la Educación Artística, la
Educación Secundaria, el Escalafón del Magisterio,etc.
Constituye, pues, un Instrumento legal completo y hasta cierto punto extenso;
muchas de sus disposiciones son propias para un reglamento y no una ley-,
pero en todo caso significa un gran paso en las concepciones progresistas
sobre la educación y una Ley que buscó organizar adecuadamente los
diferentes aspectos del quehacer educativo.
El 9 de abril de 1938, el Ministro de Educación Coronel F. Urrutia, mediante
Resolución 139, expidió el Reglamento General de Enseñanza Secundaria
para los Colegios Ofi-i iales y Particulares de la República. Se trata de un I
reglamento más lo menos completo y podríamos considerarlo como básico,
en cuanto a que en base a la textura del mismo se organizaron los
reglamentos posteriores. Dicho cuerpo legal demues-tra organización y
coherencia en las normas y en la forma cómo ícenla a los organismos,
autoridades, actividad docente y estudiantil, evaluación, etc., relacionados
con la educación; es, por lo tanto, un reglamento debidamente estructurado.
Por Decreto No. 723 de 30 de abril de 1942, el Préndente Carlos Arroyo del
Río expidió el Reglamento General para los Institutos Superiores de
Pedagogía y Letras de la Re-pública. De acuerdo a este Reglamento, tales
Institutos tenían Como objetivos la formación del "Profesorado de
Enseñanza Se-• miliaria, procurar estudios de especialización y promover
una mayor extensión cultural en el país". Para alcanzar dichas me-tas,
debían organizarse en los Institutos las secciones de Lengua y Literatura,
de Filosofía, de Ciencias Físicas Naturales, de Historia y Geografía y de
Ciencias Exactas. También permitía a los Institutos subdividir las
especializaciones o crear otras; organizar secciones de enseñanza
secundaria o colegios anexos para prácticas, previa resolución del
Ministerio de Educación. Como autoridades se determinan al Ministro del
Ramo, la Junta General de Profesores, el Consejo Administrativo, el Rector
y el Vice— Rector. Se establecen dos clases de profesores: Principales y
Agregados, y como empleados al Secretario—Colector, al Inspector,
Bibliotecario y amanuenses.
Para ingresar al Instituto se requería tener un mínimo de 21 años, presentar los
títulos de Bachiller o Normalista, tener por lo menos tres años de práctica
docente y pagar los derechos respectivos. Los cursos se iniciaban del 1ro. al
15 de octubre en la Sierra y del 20 al 30 de diciembre en el Litoral. Se
prescribió el sistema de calificación sobre veinte. Debían conferir el título de
Profesor de Educación Secundaria en el respectivo ramo. Como sanciones a
los estudiantes se contemplan, la amonestación, suspensión del examen,
pérdida del año escolar y expulsión del establecimiento.
La Asamblea Nacional Constituyente de 1944, expidió una nueva Ley de
Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, el 18 de noviembre de
1944, siendo Presidente de la República el Dr. José María Velasco
Ibarra.
Esta Ley reconoce los siguientes "títulos" para el ejercicio de la función
educativa:
a) Profesor de Tercera Clase;
b) Profesor de Segunda Clase;
c) Profesor Normalista Rural y de Primera Clase;
d) Bachiller;
e) Profesor Normalista o Bachiller en Ciencias de la Educación;
Profesor de Segunda Enseñanza, título otorgado por las Universidades, los
Institutos Superiores de Pedagogía o el Ministerio de Educación Pública.
También se reconocen otros títulos conferidos por diversos establecimientos
como la Escuela de Bellas Artes, conservatorios, etc.
Para la organización de los servicios educativos en forma jerárquica, así como
para la retribución económica respectiva, se establece el agrupamiento del
personal docente en 10 categorías que van desde la primera, en la que se
ubican los profesores de segunda y tercera clase con cuatro y ocho años de
servicio, respectivamente; hasta la décima que comprende a los Profesores de
Segunda Enseñanza con veinte o más años y Profesores Normalistas con
veinte y cuatro o más años de servicios. La Ley también regula cuestiones
relativas al mejoramiento profesional, designaciones, ascensos y apelaciones,
licencias, pases, suspensiones y separaciones del Magisterio.
El Ministro de Educación, Jaime Chávez Ramírez, mediante Resolución No.
513, expidió el Reglamento para Establecimientos de Educación Técnico—
Profesional de la República, el 31 de agosto de 1945. Señala el Documento
que las actividades propias de cada establecimiento deberán dirigirse li ii ia el
racional y justo aprovechamiento de los recursos naturales de la región,
creando y fomentando las industrias más aconsejadas "para el progreso
económico y la satisfacción de necesidades urgentes". Como personal directivo
distingue al Director, Subdirector, al Ingeniero—Jefe de Talleres o Jefe Técnico
y al Inspector General. Regula también las actividades del Cuerpo docente,
discente, el trabajo escolar, "la vida escolar de los alumnos", etc.
El Presidente Dr. Velasco Ibarra, decretó, en agosto 9 de 1946 la Ley
Orgánica de Segunda Educación, en la que ya se determinan como
objetivos de la misma, la formación armónica e integral de la personalidad
de los adolescentes, mediante el descubrimiento y orientación de las
diversas aptitudes individuales; la capacitación para el uso adecuado de los
cono-cimientos, experiencias y hábitos adquiridos en los años de estudio;
y, la preparación para los estudios superiores. Para el logro de estos
objetivos dispuso la Ley el mantenimiento y fundación de Colegios de
Bachillerato, en lo posible, siempre que reúnan requisitos idóneos respecto
a la docencia, edificios y aulas funcionales y pedagógicas y suficientes
fuentes de recursos. Hay, por lo tanto, un avance en la concepción
pedagógica.
Distingue tres clases de colegios de bachillerato: de HH. MM., Ciencias de la
Educación y de HH. Clásicas, cuyos títulos podían obtenerse, luego de seis
años de estudio. Para los estudios del Bachillerato en HH.MM. se norma que
estos serán iguales durante los seis años, pero en el sexto curso, los alumnos
debían elegir materias optativas —de acuerdo a sus aptitudes-que estaban
divididas en tres grupos: Literatura y Filosofía; Ciencias Físico—Matemáticas y
Ciencias Químico-Biológicas. El Bachillerato en Ciencias de la Educación
comprendía materias similares al anterior, hasta el cuarto curso, debiendo
darse en los dos últimos (5to. y 6to. cursos), preferencia a los estudios
pedagógicos y de práctica docente con el objeto de capacitarlos para la
docencia primaria. Los colegios nocturnos podían ser sólo de HH. MM.. Los
"Establecimientos Profesionales Técnicos"comprendían a los siguientes
grupos: Artes, Oficios, Comercio y Administración, Agricultura, Industrias y
Servicios Técnicos Sociales.
Tipifica como finalidad de los Normales Rurales la formación de docentes
primarios capacitados para elevar el nivel moral, intelectual, higiénico,
económico y social de la vida campesina; y, especialmente para la
racionalización de las actividades agrícolas y la vinculación del hombre a la
tierra.
Señala como autoridades de Segunda Educación al Ministro del Ramo, los
Inspectores de Segunda Educación, los Rectores y Vice—Rectores, Consejos
Directivos, Junta de Superiores y Profesores, y, Juntas de Profesores de cada
curso.
Regula también el funcionamiento de los colegios particulares en los que debía
intervenir el Ministro de Educación en va-n.is formas: obligando a los alumnos a
matricularse en los colegios oficiales; las pruebas trimestrales, anuales y de
grado se las rendía en el mismo colegio particular, pero bajo control del
Ministerio a través de representantes para cada materia y curso las notas de
los exámenes trimestrales y las actas y notas anuales y de grado debían
llevarse por duplicado: el original para el colegio particular y el duplicado para
el colegio fiscal respectivo. El 50 % de derechos de exámenes anuales y de
grado, iba en beneficio de los representantes y delegados ministeriales.
El Reglamento, que se lo puede tener de completo en relación con aquellos
años y necesidades, representa un avance iii cuanto a la organización y
realización del fenómeno educativo.
Otro documento importante, ya en el Gobierno de Galo Plaza, constituye el
Reglamento General para las Escuelas Rurales de la República, del 7 de
febrero de 1950. Categoriza a dichas Escuelas, como planteles de Segunda
Educación Cuya finalidad consiste en la formación de futuros profesores de las
escuelas rurales, que propendan al mejoramiento de los hábitos en general y
del trabajo del sector campesino. Como novedades, incluye normas que reglan
las actividades de los maestros de Oficios e Industrias, del Agrónomo; el
régimen del inter-nado; las fiestas y excursiones escolares y la "extensión
educativa". A través de esta última, se buscaba, dentro del período de
vacaciones o del año lectivo y mediante cursos de informaron, difundir entre los
maestros de la comarca, nuevas modalidades educativas y mejores formas de
trabajo escolar. Debían, estas Escuelas, organizar exposiciones anuales de los
productos agrícolas y ganaderos, de las obras manuales, de material didáctico,
de los artículos industriales, etc.
En el Período Presidencial del Dr. Camilo Ponce, se procedió a una
Recopilación de la Ley Orgánica de Educación y de la Ley de Escalafón y
Sueldos del Magisterio, Recopilación que estuvo a cargo de la respectiva
Comisión Legislativa.
Como curiosidad histórica, señalemos que, mediante Decreto Legislativo de
julio de 1953, se elevó a 500 sucres mensuales el sueldo de los profesores
titulados de las escuelas nocturnas. En 1965 se fijó en 1.000 sucres el sueldo
básico del Magisterio.
El Congreso de la República, el 4 de noviembre de 1959, expidió un
Decreto relacionado con la defensa profesional de los graduados en las
Facultades de Ciencias de la Educación. Algunos puntos básicos del
mismo son: fija, el Decreto, las categorías sexta y séptima para la ubicación
inicial de los graduados en las "Facultades de Pedagogía de las
Universidades y de los profesores que hubieren obtenido el título de
Doctor" en cualquier especialidad de dichas Facultades. Señala, como
requisito para el ejercicio de la docencia secundaria el título de Profesor de
Segunda Educación, Doctor o Licenciado en Ciencias de la Educación y a
falta de estos, otro título académico conferido por las universidades de la
República o del extranjero siempre que, en el caso de los extranjeros,
hayan inscrito su título en el Ecuador; de no existir profesores con las
calidades indicadas, las vacantes podían llenarse con bachilleres o
normalistas urbanos que acrediten al menos 8 años de servicio docente.
Los colegios particulares debían cubrir las vacantes con los profesionales
antes mencionados hasta completar por lo menos el 20 o/o de su profesorado,
pero no estaban obligados a pagar las remuneraciones acorde con las
diferentes categorías. Las vacantes en la cátedra de Psicología de los Colegios
Secundarios Oficiales tenían que ser llenadas exclusivamente por los
graduados en las Escuelas de Psicología de las universidades ecuatorianas o
del extranjero o por egresados de la mencionada especialidad; a su falta, por
personas de notoria preparación científica en la materia.
Este Decreto derogó al D.S. No. 1119—A de 19 de junio de 1946 que facultaba
al Ministro de Educación conceder títulos de profesores de Educación
Secundaria. El Decreto fue objetado por el Presidente Camilo Ponce, pero al
ser insistido firmó el ejecútese, el Dr. Velasco Ibarra, ya en ejercicio de un
nuevo período presidencial.
El 19 de diciembre de 1960, el Congreso de la República mediante Decreto
y en artículo único, prescribió lo siguiente: "Promuévase por esta vez a la
Séptima Categoría del Escalafón del Magisterio a los Profesores de
Educación Profesional que se hallaren en posesión de títulos expedidos por
las Intendencias y Comisarías Nacionales de Policía y que acrediten un
mínimo de 18 años de servicio en la docencia técnica . . ." Igual concesión
se dispuso para los profesores que hayan obtenido diplomas en el
Ministerio de Educación. Este Decreto fue objetado por el Presidente
Velasco Ibarra por infringir disposiciones de la Ley de Escalafón y Sueldos
del Magisterio Nacional.
El 4 de enero de 1966, la Junta Militar de Gobierno por Decreto Supremo
004, expidió el Reglamento de aplicación de la Ley de Defensa Profesional
de los graduados en las Facultades de Ciencias de la Educación de las
universidades del país. Según este Reglamento, el Ministro de Educación
para designar a los profesores de los establecimientos del Nivel Medio,
debía tener en cuenta en orden de prioridad, los siguientes títulos:
1. Doctor, Licenciado o Profesor de Segunda Educación otorgados por alguna
de las Facultades de Ciencias de la Educación.
2. Profesor de Segunda Enseñanza conferido por el Ministerio de Educación,
a más de poseer título académico.
3. Título académico conferido por las Universidades o establecimientos de
Nivel Superior sean de la República o del extranjero,debidamente
legalizado.
4. Profesor de Segunda Enseñanza con título conferido por el Ministerio de
Educación (esta facultad que tenía el Ministro del Ramo se derogó el 21 de
diciembre de 1960), pero sin título académico.
5. Título de Profesor de Segunda Educación que posean los extranjeros
siempre que lo hubieren inscrito en el Ecuador.
A falta de candidatos con estos títulos, el Ministro podía expedir
nombramientos a favor de bachilleres o normalistas urbanos que hubieren
ejercido la docencia por 8 años como mínimo.
La vacante de Psicología en los Colegios Secundarios Oficiales debía
satisfacerse con observancia de las mismas condiciones que tipificaba el
Decreto de 4—XI—59.
Regla también el procedimiento que debía seguir el Consejo Directivo para la
formulación de ternas y las Bases del Concurso de Títulos y Merecimientos en
caso de que el citado organismo hubiere decidido llenar la vacante por este
mecanismo y no por el de terna.
Un importante paso en favor del deporte estudiantil, constituye el D.S. 186.-
R.O. 39: 23-V-1966, por el que se crean las Federaciones Deportivas
Estudiantiles.
Por Acuerdo No. 406 publicado en el R.O. 41: 26-V-1966, |C aprobaron los
Estatutos de la UNE.
En la presidencia interina del señor Clemente Yerovi Indaburu, mediante
Decreto 394, se expidió una nueva Ley de Educación Superior, el 31 de
mayo de 1966.
Como antecedentes de esta Ley, vale la pena reseñar que el 25 de marzo de
1966 se consumó otro asalto al recinto universitario de la Universidad Central
del Ecuador, por parte de tropas militares y grupos de paracaidistas. Este fue el
comienzo del fin de la Junta Militar que usurpara el poder en 1963. En efecto,
cuatro días después, el 29 de marzo, gracias a la acción decidida del pueblo,
los trabajadores y estudiantes especialmente de la U. C, que con valentía
venían combatiendo los desastres de aquél Gobierno de facto, cae la Junta
Militar soportando el desprecio olímpico de sus opositores. Mas, toda esa
gloriosa lucha, en la que mártires como Eloy Baquero y el conscripto Toapanta
fueron víctimas de los ofensores a la cultura, es decir de quienes
protagonizaron dicha acometida, fue aprovechada de inmediato por los logreros
de la política, entre los que figuró Galo Plaza, quienes, en contubernio con un
grupo de oligarcas, haciendo ludibrio de la lucha popular, decidieron llevar al
poder en forma Interina al conocido plutócrata Clemente YerobiIndaburu.
El Presidente Interino se propuso como metas fundamentales de su Gobierno,
el restablecimiento de la paz, que en cierto modo la alcanzó; la convocatoria a
una Asamblea Constituyente con el objeto de que expidiera una nueva
Constitución; y la búsqueda de un ambiente propicio para que se elija
Presidente Constitucional de la República en votaciones directas.
Buscando así mismo, acallar la justa rebeldía de la juventud universitaria, se
ordenó el enjuiciamiento penal contra autores, cómplices y encubridores del
asalto a la Universidad; tal enjuiciamiento, posteriormente quedó en el papel de
un proceso muerto. Pero había que halagar hábilmente y apaciguar la viril
protesta del universitario, entonces es cuando se organiza una Comisión para
que elabore una nueva Ley de Educación Superior, la misma que fue dictada
en base al proyecto que presentó la Comisión Universitaria de Alto Nivel
reunida en Quito, el 6 de abril de 1966.
En este momento histórico y circuido el ambiente político de las circunstancias
anotadas, se expidió la Ley en estudio.
Según este Instrumento la educación superior debía impartirse en las
Universidades Estatales, Particulares, en las Escuelas Politécnicas y demás
instituciones que se crearen de conformidad con dicha Ley. Considera como U.
Estatales a la U. C, la Universidad de Guayaquil; la de Cuenca, la de Loja y la
Universidad Técnica de Manabí, sostenidas por el Estado. Como Particulares a
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, autorizadas por el Estado. "La Escuela Politécnica
Nacional y la Escuela Politécnica del Litoral, son Institutos de Educación
Superior creados y sostenidos por el Estado".
Reconoce la autonomía universitaria y politécnica; la inviolabilidad de sus
recintos, salvo lo que dispone la Constitución. Nadie podía penetrar en el
recinto universitario, sino con el consentimiento de sus autoridades o con orden
judicial de autoridad competente en caso de delito común. Prohíbe al Poder
Ejecutivo, sus órganos, autoridades o funcionarios clausurar o reorganizar las
universidades y escuelas politécnicas o algunas de sus facultades, escuelas o
dependencias, así como disminuir sus rentas o asignaciones presupuestarias,
retardar su entrega o ejecutar medida alguna que menoscabe su
funcionamiento o-viole su autonomía y libertad. Quienes violaren sus recintos
debían ser enjuiciados criminalmente por el delito de allanamiento y por los que
cometieren en uso de ¡a fuerza; inclusive se prescribe la sujeción al fuero
común para aquellos que violaren, salvo el fuero especial que se los reconoce
al Presiden-te de la República y Ministros de Estado.
La "prensa amarilla", particularmente el Diario "El Comercio" de Quito, expresó
su opinión contraria a la extraterritorialidad de los recintos universitarios,
consagrada en la Ley de 1966. Sostenía el Editorial del 18 de abril de 1973 que
"es una pretensión absurda que cae por su propio peso y que en todo caso
aunque constara queda sólo escrita en el papel"; añadía que las universidades
"han sido generalmente dominadas por la agresividad estudiantil de grupos
politizados que han luchado por una ley que erija a esos institutos en repúblicas
¡aparte, en Estados intocables dentro del Estado al que le toca sostenerlas
económicamente, pero sin ningún derecho a supervisión". Sin embargo, a
nuestro entender, este criterio es el que más bien cae por su propio peso, pues,
extraterritorialidad no significa necesariamente constitución de una República
aparte o un Estado dentro de Otro, así como los territorios ficticios
((consulados, embajadas), tampoco son Estados dentro de Otros, sin
embargo internacionalmente su extraterritorialidad está garantizada.
Extraterritorialidad de los predios universitarios significa la no violación a los
mismos de modo que su tranquilidad y libre desenvolvimiento estén
asegurados, pudiéndose penetrar en los recintos con orden judicial de
autoridad competente en casos de delito común y/o previo el consentimiento de
las autoridades universitarias correspondientes; por otro lado, las rentas de las
'universidades han estado sujetas a la fiscalización de la Contraloría. A lo
argumentado cabe agregar que la autonomía universitaria no significa dádiva
de | gobierno alguno, sino una conquista alcanzada en base a luchas
sangrientas como las que se desarrollaron en la Universidad de Córdova; y que
por la naturaleza propia de estas instituciones de educación superior, la
autonomía se ha consagrado como un principio inmanente a las mismas.
Según el Art. 4to. de la Ley, las universidades y escuelas politécnicas tenían
como objetivos la búsqueda de la verdad y el afianzamiento de los valores
trascendentales del hombre; debían, además, realizar una función rectora en la
educación, la ciencia y la cultura y contribuir al estudio y solución de los
problemas nacionales. Para alcanzarlos, reza el artículo, "dirigirán a crear,
asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza, a
completar la formación integral del hombre iniciada en los ciclos educacionales
anteriores y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la
nación para su desarrollo". De acuerdo al segundo inciso de la misma
disposición "La educación superior se inspirará en los ideales de la
democracia, de la justicia social y de la paz y solidaridad humanas y estará
abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se
expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica".
Para orientar y coordinar la acción de los establecimientos de educación
superior y armonizar sus planes pedagógicos, culturales y científicos, la Ley
estableció el Consejo Nacional de Educación Superior compuesto por: los
rectores de las universidades oficiales y particulares; los directores de las
escuelas politécnicas; el representante del Ministerio de Educación Pública; los
profesores representantes de las Asambleas universitarias a los
correspondientes Consejos Universitarios; los profesores representantes de las
universidades particulares y escuelas politécnicas, uno por cada una de ellas,
y, un representante estudiantil por las sendas universidades y escuelas
politécnicas, designado conforme a las normas de cada establecimiento.
Algunas de las atribuciones y deberes del citado Consejo, consistían en:
coordinar y orientar la enseñanza superior en el país; fijar los requisitos
indispensables para la creación de nuevas universidades, escuelas politécnicas
y otros establecimientos de educación superior e informar al Congreso
Nacional sobre la bondad o no, del proyecto. Sólo con el informe favorable del
Consejo, podía el Congreso aprobar tales proyectos. Otras funciones
¡estribaban en distribuir entre las universidades estatales y las escuelas
politécnicas las partidas globales de incremento que debían constar
anualmente en el presupuesto nacional para el mejoramiento de tales
establecimientos; en aprobar los estatutos de las mencionadas instituciones;
etc.
Como autoridades de las universidades estatales, determina a las siguientes:
1. La Asamblea Universitaria;
2. El Consejo Universitario;
3. El Rector;
4. El Vice—Rector;
5. Las Juntas de¡ Facultad;
6. Los Consejos Directivos de Facultad;
7. Los Decanos; y,
8. Los Directores de escuelas o departamentos.
Dispone, además que, las universidades particulares y las escuelas
politécnicas tengan las autoridades que se determinen en sus estatutos.
Para ser Rector de la Universidad se necesitaba ser ciudadano ecuatoriano por
nacimiento, de elevadas condiciones morales, tener título universitario, haber
ejercido la docencia universitaria durante cinco años por lo menos y ser mayor
de cuarenta años. Duraba cuatro años en su cargo y podía ser reelegido.
La Ley reconoce las asociaciones y más entidades estudiantiles, cuyos
estatutos se sometían a la aprobación de los Consejos Universitarios o de
entidad similar. Dispone también el mantenimiento de un Departamento de
Bienestar Estudiantil en cada establecimiento de educación superior.
Se norma a los servicios administrativos, las rentas y bienes de los
establecimientos en estudio. El Art. 23 prescribe que para el mejoramiento de
las U. estatales y escuelas politécnicas, debía destinarse anualmente en el
Presupuesto General del Estado una partida global "cuyo monto no será menor
del 10 o/o del total del incremento anual de dicho presupuesto, la cual será
distribuida por el Consejo Nacional de Educación Superior tomando en
consideración la población estudiantil y las necesidades de cada
establecimiento en una proporción del 80 o/o y 20 o/o respectivamente". Esta
partida global tenía que constar sin perjuicio de las asignaciones obligatorias
para cada uno de los establecimientos indicados "que deben figurar en el
Presupuesto General del Estado y de las rentas asignadas por leyes y decretos
especiales". Ordena la subvención estatal a las universidades particulares.
Para la designación "de personal docente y de investigación así como para el
ejercicio de la cátedra", prohíbe establecer limitaciones derivadas de su
posición ideológica y nacionalidad; estas, además, no podían ser causas para
su remoción.
La hemos estudiado con algún detenimiento por cuanto, a la fecha de su
expedición, constituyó el mejor instrumento jurídico dictado en favor de la
educación superior, de ahí que tuvo aceptación generalizada por parte de los
diferente? estamentos universitarios, se la defendió y se luchó por su vigencia,
inclusive aun cuando fue derogada por la de 1971.
En 1967, cuando ejerció las funciones de Ministro de Educación el Dr.
Fabián Jaramillo Dávila, en la presidencia del Dr. Otto Arosemena, se
procedió a una Recopilación de la Ley Orgánica de Educación a fin de
incorporar y ordenar en un solo cuerpo, la gran cantidad de reformas y
contrarreformas que respecto a dicha Ley, se habían dictado por D.S.,
decretos—leyes de emergencia, decretos ejecutivos, decretos legislativos?
y las resoluciones de los ministros del Ramo.
E) Desde 1970 hasta nuestros días
En la Quinta Administración del Dr. Velasco Ibarra, por D.S. se expidió una
nueva Ley de Educación Superior, el 31 de diciembre de 1970. Como
autoridades de las universidades y escuelas politécnicas, señala al Consejo
Nacional de Educación Superior (constituido por dos representantes del
Poder Ejecutivo, dos representantes de las universidades estatales,
designados uno por los rectores de los establecimientos de la Sierra, y otro
por los de la Costa; uno por las escuelas politécnicas y otro por las
universidades particulares. Para designar estas autoridades debía haber
una convocatoria previa del Ministro de Educación); la Asamblea General
de cada establecimiento; el Consejo Universitario o Politécnico; el Rector; el
Vice—Rector; las Juntas de Facultad o de Escuela; los Consejos Directivos
de Facultad o de Escuela; los Decanos y Subdecanos de Facultad; los
Directores de Escuela o Departamento.
El Consejo Nacional contaba con un Secretariado permanente. En
consideración a las horas de trabajo se determinan tres categorías de
profesores: a tiempo completo, a medio tiempo y a tiempo parcial. No podía ser
profesor a tiempo completo quien desempeñe otro cargo público o privado de
tiempo completo. También la Ley reconoce las categorías de profesor principal,
agregado, accidental o "cualquier otra clase". Después de cada cinco años de
labor docente a tiempo completo y de diez a medio tiempo, los profesores
tenían derecho a un viaje de estudios al exterior, hasta por un año; el plantel
debía pagarle la renta mensual que haya estado percibiendo y el valor íntegro
del pasaje de ida y vuelta.
Para ingresar a la universidad o escuela politécnica, se requería, entre otras, la
condición de seguir y aprobar el curso de preparación pre—universitaria y
orientación vocacional, respectiva. El estudiante perdía el año con el 20 o/o de
inasistencias injustificadas en cualquier materia. Las representa dones
estudiantiles debían integrarse por los estudiantes más calificados en su
rendimiento académico. Las asociaciones estudiantiles no podían propugnar
tesis políticas partidistas o religiosas y el reconocimiento legal de sus estatutos
debía proceder del Consejo Nacional de Educación Superior.
Según el cuerpo legal en estudio, la educación superior estatal, debía ser laica.
Prohíbe realizar propaganda o actividades de carácter político—partidista en
los establecimientos de educación superior. Dispone la gratuidad de la
educación superior estatal, para los estudiantes de modestas condiciones
económicas, y pagada para los que cuenten con recursos suficientes; así, no
debían pagar los estudiantes cuyos padres conjuntamente tengan rentas
inferiores a cuatro mil sucres mensuales o tengan bienes raíces que no lleguen
a doscientos mil sucres, siempre que los estudiantes prueben una renta inferior
a los mil sucres. La pensión debía abonarse por adelantado. La Ley dispuso
becas para los estudiantes que no pagaren pensión y que aprobaren el primer
curso con las máximas calificaciones.
Con esta Ley, el Dr. Velasco Ibarra buscó infructuosamente acallar la tremenda
oposición universitaria de la que era objeto su Gobierno; y aunque fue
promulgada, las universidades y escuelas politécnicas, no sólo que la
impugnaron, sino "que se rebelaron contra la misma sin acatarla; así, nunca se
llegó a cobrar pensión alguna.
Por la Primera Disposición Transitoria se levantó la clausura de las
universidades, que fue dispuesta por D.S. No. 8 del 23 de junio de 1970, una
vez que dicho Presidente asumiera dictatorialmente los poderes.
Un hecho singular en la historia de la educación ecuatoriana constituye la
supresión de los Colegios Normales de la República, llevada a cabo en la
Dictadura de Guillermo Rodríguez Lara; en su lugar, mediante D.S. 213 se
autorizó al Minis-im de Educación Pública para que creara siete Institutos
Normales Superiores Fiscales (R.O. 769: 25—111—75). Se argumentó,
entre otras ideas, que con esta medida se iba a poner fin .i la masificación
de docentes primarios los que una vez graduados entraban a formar parte
del "ejército" de profesores desocupados; sin embargo este razonamiento
pronto cayó por su propio peso cuando empezó a sentirse la insuficiencia
de maestros y la prensa nos reportaba situaciones extremas como la del I
aso de los niños de la frontera sur que a falta de docentes y por lo mismo de
escuelas, comenzaron acudir a las del Perú, trente a esta alarma, de
inmediato se incrementaron los Normales Superiores; así, en 1977 se
crearon los de Cariamanga y Santa Rosa de la Pva. de El Oro; en 1978 el
Normal Superior Católico Miguel Febres Cordero, en la ciudad de Quito; etc.
Por Decreto No. 515 de 24 de junio de 1975 del mismo Dictador Rodríguez
Lara, se creó el Colegio Militar "Eloy Alfaro" en la ciudad de Guayaquil,
como Instituto de Educación Media destinado a la formación y preparación
básica educativo—militar de la juventud del Litoral ecuatoriano y con la
modalidad de los ciclos básico y diversificado que prescribía la Ley
Orgánica de Educación. En el mismo año se estableció también el Instituto
Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Docente (D.S. 930.- R.O.
932: 17—XI—75).
El Consejo Supremo de Gobierno integrado por el Vicealmirante Alfredo
Poveda Burbano, el Gral. Guillermo Duran y el Brigadier Gral. Luis Leoro,
suprimió los exámenes orales de grado en los Colegios de Educación Media
del país, argumentando, entre otros puntos de vista, que los exámenes
orales habían perdido el valor que tuvieron en tiempos pasados "y que aun
se han prestado para la explotación económica y determinadas acciones
dolosas en detrimento de la educación nacional"; que, así mismo, la
evaluación del aprovechamiento estudiantil se ejecuta en forma paralela a la
dirección del aprendizaje.
El 27 de mayo de 1976, mediante Resolución 1316, el Ministro de
Educación Capitán de Navio Aníbal Carrillo, prohibió la participación del
alumnado de escuelas y colegios, sean Fiscales, Fiscomisionales,
Municipales o Particulares, en actividades de recolección de óbolos y
colectas públicas del orden que éstas fueren. Al comienzo se observó esta
Resolución, pero luego los colegios y escuelas retornaron a esta costumbre
y hoy, tal actitud, es pública y notoria en algunas provincias del país.
El mismo Consejo Supremo de Gobierno, el 1ro. de noviembre de 1977
expidió una nueva "Ley de Educación y Cultura" en la que constan algunas
innovaciones y avances importantes con respecto a la Ley Orgánica de
Educación expedida (por Decreto-Ley No. 46, por la Comisión Legislativa
Permanente y publicada en el R.O. 393: 13—VI—68.
En cierto modo la Ley de 1977 ha servido de base para la elaboración de la
que actualmente se encuentra en vigencia (R.O. 484: 3-V-83).
Concretándonos ya al instrumento jurídico del Consejo Supremo de Gobierno
es necesario destacar que el mencionado cuerpo empieza señalando el objeto
de la Ley, puntualiza los principios y fines de la educación que son semejante^
a los que la de 1983 determina, con la circunstancia de que los de esta última
figuran en mayor número. Así mismo divide el Sistema Educativo Nacional en
dos subsistemas:
a) La educación ¡escolarizada y,
b) La educación no escolarizada.
La primera comprende: la educación regular, la no regular y la especial,
destinada esta última a estudiantes excepcionales por razones de orden
psicológico, orgánico o social.
La educación escolarizada regular, a su vez, integra a los siguientes niveles:
a) Pre—primario;
b) Primario;
c) Medio, con dos ciclos, básico y diversificado con diferentes
especializaciones; y, (I)
d) Superior.
Determina como obligatorias la educación del nivel primario y la del ciclo
básico.
El Art. 11 dispone que la educación superior debe ser impartida por las
universidades, las escuelas politécnicas y otros institutos de nivel superior de
acuerdo con sus propios estatutos y reglamentos; añade algunos de los
objetivos de la misma, los que no se contemplan en la Ley de 1983.
El Art. 16 prescribe la obligatoriedad y gratuidad de la educación oficial en los
niveles pre—primario, primario y en el ciclo básico del nivel medio. El
instrumento en estudio garantiza la educación particular y dispone que los
planteles particulares que impartan instrucción absolutamente gratuita, en los
niveles indicados, deben recibir del Estado, como aporte, hasta el cincuenta por
ciento del costo alumno—año fiscal.
Regula también una serie de situaciones que, o son normadas con menos
detalle o no lo son, por la de 1983; tales los casos de las funciones del
Subsecretario de Educación y Cultura; la Dirección Nacional de Educación; las
Direcciones Nacionales de Planeamiento y Administrativa; la Dirección de
Planeamiento de la Seguridad Nacional; el Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo y Becas; etc.
Conviene dejar apuntado que el 5 de noviembre de 1976, el Ministerio de
Educación Pública y Deportes, aprobó los Estatutos de la UNE con sede en la
ciudad de Quito, señalando como innovaciones al proyecto original el hecho de
que la UNE' es una entidad esencialmente democrática, clasista y laica y, por lo
tanto, no puede participar en asuntos de carácter político y religioso; añade,
una segunda innovación, que constituye una obligación permanente de la
entidad, la defensa del Magisterio.
Otra labor del Consejo Supremo de Gobierno en materia legal y relacionada
con la educación, constituye el Decreto por el que se dicta la Ley de
Educación Física, Deportes y Recreación, el 21 de marzo de 1978. Esta Ley
regula el ejercicio de la Educación Física, los Deportes y la Recreación
como actividades formativas del hombre. Considera a dicha actividad como
una función obligatoria del Estado que debe ejercerla el Ministerio de
Educación y Cultura a través del Consejo Nacional de Educación Física,
Deportes y Recreación y la Dirección Nacional del mismo nombre. Para los
efectos de la Ley, la Educación Física es dividida en:
a) Educación Física Estudiantil; y,
b) Educación Física de la comunidad.
La primera debe regirse de acuerdo a los planes y programas del Ministerio de
Educación y Cultura, que correspondan a cada nivel; la segunda es de
responsabilidad de las diversas instituciones y organismos que la integran.
Dispone que la enseñanza y la práctica de la Educación Física son obligatorias
para todos los niveles estudiantiles y su organización y control corresponde al
prenombrado Ministerio.
a) El Ministerio de Educación y Cultura, mediante Resolución 2149 del 29
de septiembre de 1978 (R.O. 724: 4—XII 78), expidió el Reglamento de
la Ley de Educación y Cultura de 1977. En ese entonces ejercía las
funciones de Ministro de Educación el Gral. de División Fernando
Dobronsky Ojeda.
El Reglamento en general es completo en relación con la ley .i la que se refiere
(1977). Contiene 267 disposiciones. Des-í¡ la fecha de su promulgación ha
mantenido y mantuvo su gerencia hasta julio once de 1985 —por supuesto con
varias reformas— salvo el siguiente paréntesis: por Decreto Ejecutivo No.
2740, el Presidente Osvaldo Hurtado, expidió el "Reglamento General de la Ley
de Educación" de 1983, instrumento éste que gozo de la aceptación de la UNE
—entidad que al menos señaló MIS puntos de vista para su elaboración— y fue
calificado como el más completo que se haya dictado hasta la citada fecha; sin
embargo pecó de parcializado al disponer que sólo a partir de lo de agosto de
1984 los rectores, vicerrectores e inspectores federales que fueren nombrados
con posterioridad a esta fecha, debían durar cuatro años en sus funciones,
mientras que tales .autoridades "en función a la fecha de promulgación de este
Reglamento (del 12 de julio de 1984) o que se designaren hasta el I de agosto
de 1984" quedaban en dicho aspecto sujetos a las disposiciones constantes en
el Reglamento de 1978, según el iii.il las mencionadas autoridades eran de
libre nombramiento y remoción por parte del Ministro. Con esta disposición
transitoria, Hurtado buscaba, posiblemente con afanes de proselitismo político
y bajo temores infundados, proteger a los rectores, vicerrectores e inspectores
generales que habían sido nombrados en su Gobierno, situación que nos
parece contraria al sentido le equidad que debe caracterizar a un gobernante
—y tampoco (explica cómo la UNE no se pronunció al respecto— pues, sin
quitar el mérito y el reconocimiento a la capacidad de mu-i has de esas
autoridades, otras hay en cambio que se mantienen gracias únicamente a las
"argollas" sin contar con la solvencia que se requiere para el efecto, a más de
que algunas ingresaron al ejercicio de tales funciones por el simple
"palanqueo", la militancia política y aun la intriga; y es notoria, así mismo, la
ansiedad por eternizarse en dichos cargos. Pienso que la alterna-liihd.id de las
citadas funciones debe consagrarse en la norma legal, de modo que se permita
y se brinde la oportunidad para que otros docentes pongan en juego sus
iniciativas y aptitudes.
Se dirá que si no se disponía de esa manera, se iba afectar al principio
fundamental de la irretroactividad de la ley; pero es que la aplicación de este
principio es muy discutible en el caso que debatimos por cuanto los rectores de
colegios son de libre nombramiento y remoción por parte del Ministro; además,
la no retroactividad tiene sus excepciones (v. numeral 23. 2.5.1.) y opera
básicamente para proteger los derechos adquiridos y salvaguardar el orden;
pero el ejercicio de un rectorado no es un derecho adquirido, sino una función
que se la cumple por l mandato de una autoridad superior jerárquica, previa la
remuneración correspondiente; y en lo que se refiere al posible desorden, éste
no aparece inevitable o necesariamente por la dimisión de un rector, como nos
demuestra la experiencia diaria en la que nos encontramos con renuncias de
rectores, vice— rectores, sin embargo ineludiblemente, en sus establecimientos
educativos, no se ve la anarquía por la separación de aquéllos. Podía
aceptarse la retroactividad de una manera tal que al incluir normas en el mismo
Reglamento, estas permitan la ratificación por cuatro años más de aquellas
autoridades que, a criterio de la Asamblea General de Profesores y Empleados,
resultaren eficaces por su idoneidad y solvencia; de no darse este resultado,
era lógico disponer también que las vacantes de rector, vice—rector e
inspector general, se llenaran fundamentalmente con profesionales de la
educación, en base a un riguroso concurso de merecimientos y oposición que
busque evitar el vaivén de la componenda política y el "palanqueo" ordinario
que tanto daño causa a la educación. De este modo no se hubiera provocado
el cese de todas las autoridades, en sus funciones, sino de aquellas que no
ameriten.
Pero al no preverse este mecanismo, tenía el Presidente Hurtado otra
alternativa, a nuestro criterio, más eficaz que la anterior, si quería demostrar la
situación de imparcialidad que. debe expresarse en una norma: para evitar el
efecto retroactivo del precepto que señalaba la duración de cuatro años en las
funciones antes referidas, y así mismo con el objeto de per-mil ir la
alternabilidad, se podía disponer, en aquél instrumento, que la renovación para
las autoridades en funciones proceda luego de dos años contados a partir de la
promulgación del Reglamento.
Sin embargo de lo expuesto, es justo reconocer algunas virtudes en el
Reglamento expedido por el antes nombrado Mandatario; entre otras, estas
consisten en haber incluido la regula-i ion de muchas situaciones del quehacer
educativo que daban lugar a vacíos legales, a más de que se las ha buscado
integrar en un solo cuerpo para evitar la tremenda dispersión de normas y la
expedición de muchas otras posteriores, con la categoría de resoluciones,
acuerdos, etc. que rara vez llegan a ser conocidos por la mayoría de los
docentes, lo cual es fácil comprobarlo en base a simples peticiones que pueden
hacerse a los planteles en el sentido de que se facilite tal o» cual documento
legal y entonces se obtiene como respuesta inmediata: "no hay", "no tenemos".
Pero entonces ¿Cómo se organiza la vida de la institución si se desconocen los
preceptos legales que la rigen? Figuran, pues, en el Reglamento de Hurtado
disposiciones que norman situaciones nuevas que integran el
desenvolvimiento y la organización de la rama educativa, tales como las
Unidades Educativas, los Institutos Técnicos Superiores, la evaluación
institucional, los Conservatorios, etc.
Lo cierto es que este instrumento en comentario, expedido por Decreto
Ejecutivo del Presidente Hurtado (No. 2740 del 12—VII—84.- R.O. 791: 23-VII-
84), no llegó a aplicarse nunca; su vigencia fue de 23 días; el Presidente actual
Ing. León Febres Cordero, por Decreto No. 22 publicado en el R.O. 3: 15—
VIII—84, lo derogó expresamente considerando "Que el mencionado
Reglamento contiene disposiciones que pueden crear situaciones conflictivas
en la Educación Nacional". En el mismo Decreto se declaró vigente el de 1978
expedido por el Consejo Supremo de Gobierno y se dispuso que el Ministro de
Educación integre una comisión encargada de preparar un nuevo proyecto de
reglamento en el plazo de 90 días. Desde entonces transcurrieron once meses
hasta la expedición del nuevo Reglamento de julio 11 de 1985, con lo cual una
importante tarea que fue tan esperada por el Magisterio y tan fundamental para
la aplicación de la Ley de Educación de 1983 en vigencia, no se la cumplió sino
al cabo de casi un año, observándose así, el Art. 78 inciso 2do. literal c) de la
Constitución que señala 90 días de plazo, prorrogables hasta por otros 90 para
que el Presidente expida un Reglamento de Ejecución. Desde luego tampoco
Hurtado acató esta norma, pues, la Ley de Educación que rige fue promulgada
en mayo de 1983 y su correspondiente documento legal de aplicación
(Reglamento), en julio de 1984, es decir después de más de doce meses. Ni el
uno ni el otro han cumplido la Ley constitucional referida, y ¿Quién les dijo
algo? El Tribunal de Garantías Constitucionales? Al menos en este caso no
desempeñó ningún papel.
Para la derogatoria a la que nos hemos referido se esgrimieron varios
argumentos; así, el Ministro de Educación Dr. Camilo Gallegos en
declaraciones a la prensa manifestó que entre las fallas que contiene el
Reglamento del 12—VII—84, están las siguientes:
1. No se señalan los fines y objetivos de la educación.
2. No existe un sistema de evaluación de los conocimientos del alumno. Lo
que existe —de acuerdo al Secretario de Estado— es un sistema de
'mediación' de conocimientos.
3. No se describen en el Reglamento derogado las modalidades y
especializaciones de los diferentes bachilleratos.
4. No se tipifican los establecimientos educativos, etc."("HOY" 23—VIII—84).
Pero es necesario anotar que uno de los principales factores que motivaron la
derogatoria consistió en la notoria y acentuada rivalidad política, aún viva, entre
Osvaldo Hurtado y el actual Presidente Febres Cordero.
La medida dio lugar a una débil y desapercibida protesta del Presidente de la
UNE, quien sostuvo que "es incorrecto e inconstitucional que no se haya
participado de la resolución (para derogarlo) a los maestros ecuatorianos"
("HOY" .' i VIII—84); y con ello concluyó el asunto.
No está por demás añadir que en el documento legal de Hurtado (Reglamento)
habilidosamente se escamotearon muchos de los planteamientos del citado
organismo, sin embargo se pregonó que se había elaborado conjuntamente
con la ululad clasista, cuando en la realidad, una vez preparado el proyecto, la
participación de la UNE se concretó a revelar sus Opiniones sobre el mismo.
Por último, sabemos que un Reglamento de Ejecución sirve esencialmente
para aplicar la ley y se entiende que al expedirse una nueva ley como la de
Educación, se requiere también de un reglamento adaptado a la misma; sin
embargo llama la atención que con el documento de 1978 se aplicó la Ley de
1983 por más de dos años consecutivos sin que se hayan desatado problemas;
se explica porque justamente esta última no presenta cambios radicales ni
fundamentales para la educación, de modo que las variaciones con respecto a
la Ley de 1977, son de un carácter tal que cuando se pusieron en
vigenteinactivamente no se las sintió y aún más, la estructura misma de la
educación ha continuado, en cierto modo, invariable en relación a la que se
venía manteniendo con antelación a la Ley de 1983.
El Presidente Constitucional de la República, Abogado Jaime Roldos, por
Decreto No. 537 del 26 de agosto de I9H0, expidió el Reglamento para el
otorgamiento de títulosde Bachiller a las personas que han realizado estudios
libres que no se han sujetado al sistema de los niveles de educación regular
establecido en el país. Las personas interesadas en el efecto deben probar sus
obras o acciones que demuestren su calidad de intelectuales, literatos u
hombres de letras y someterse a las pruebas que garanticen su solvencia
científica y preparación cultural. Para obtener el título de Bachilleren HH. MM.,
modalidades Ciencias Sociales, Físico—Matemático y Químico-Biólogo, el
interesado debe rendir los exámenes escritos de grado, en un plazo de noventa
días a partir de la resolución ministerial que lo autorice.
La filosofía de este Decreto es loable, pero lamentablemente en la práctica ha
dado lugar, en muchos casos, a un regalo de títulos tanto por la forma caótica
cuanto por los exámenes disfrazados.
El mismo Presidente Roídos, por Decreto 543 del 27 de agosto de 1980,
dictó el Reglamento de las Organizaciones Estudiantiles para los niveles
pre—primario, primario y medio del Sistema Educativo Nacional. Algunos de
los objetivos de dichas organizaciones son los siguientes:
Proporcionar ambientes para la práctica de la solidaridad y las relaciones
humanas.
Cooperar con la respectiva institución en la tarea formativa de los alumnos,
mediante su participación en las actividades de carácter cultural, artístico,
cívico, deportivo y social, promovidas por la comunidad educativa.
Facilitar el desarrollo de la orientación de grupo;
Ofrecer al educando oportunidades para tomar decisiones en su órbita. Etc.
Para lograr estos objetivos deben funcionar las siguientes organizaciones:
1. En el nivel Pre—Primario: comités, clubes.
2. En el nivel Primario: comités, clubes, cooperativas, consejosde grado.
3. En el nivel Medio: comités, clubes, academias, cooperativas, consejos
de curso, asociaciones estudiantiles.
El 6 de noviembre de 1980, siendo Ministro de Educa-(ion el Dr. Galo
García, se aprobó el Estatuto de la Federación Deportiva Nacional
Estudiantil.
Por Acuerdo Ministerial del 1ro. de diciembre de 1980, se expidió el
Reglamento del Comité de Licitaciones y Concursos de Ofertas de la
Dirección Nacional de Construcciones Escolares. Este Comité debe estar
integrado por el Ministro de Educación y Cultura, quien lo presidirá; el
Ministro de Industrias Comercio e Integración o su Delegado; el Contralor
General de la Nación o su Delegado; el Director Nacional de
Construcciones Escolares; el Director Técnico de la Dirección Nacional de
Construcciones Escolares; un Delegado¡ del Colegio de Ingenieros o
Arquitectos del Ecuador, para el caso de construcciones; el Director Jurídico
de la Dirección Nacional de Construcciones Escolares, que debe actuar en
calidad de Secretario del Comité.
Son funciones del Comité: ¡conocer y aprobar las bases y demás documentos
de la Licitación y/o Concurso de Ofertas; solicitar los informes de j ley; convocar
la Licitación y/o Concurso de Ofertas; calificar a los proponentes y sus ofertas;
designar las Comisiones Técnicas para cada caso; receptar los in-formes de
las propuestas que fueren emitidas por las Comisiones Técnicas; resolver todo
lo relacionado a la Licitación y/o Concurso de Ofertas.
En todo lo que no prevé dicho Reglamento debe estar a lo que disponen la Ley
de Licitaciones y Concurso de Olí i y más normas generales aplicables.
El XV Congreso de la UNE, realizado en la Ciudad d(1 Puyo, el 18, 19 y 20
de diciembre de 1980, aprobó los Estatutos de la Unión Nacional de
Educadores del Ecuador (UNÍ ) Se entiende que la ¡mencionada Entidad,
como persona jurídica, contaba con sus Estatutos legalmente reconocidos,
de modo que lo que se hizo en el Congreso es aprobar reformas al mismo,
las que a su vez fueron aprobadas por el Ministro de Educación y Cultura,
Dr. Claudio Malo, con ciertas modificatorias que señalaremos más adelante
(Ac. Ministerial 2249: 3—V—82)
Según el Estatuto, la UNE debe estar integrada por:
a) "Todos los profesores laicos dependientes de cualquier
INSTITUCIÓN EDUCATIVA en servicio activo; su afiliación será automática
con la posesión de sus cargos".El Ministro Malo lo modificó por el siguiente
texto: "Todos los profesores laicos dependientes de cualquier institución
educativa en servicio activo; su afiliación será automática con la posesión de
sus cargos; sin embargo podrámanifestar su voluntad por escrito, quien no
desee pertenecer a la Institución".
"Los Profesores Universitarios y de Escuelas Politécnicas.
Los profesores particulares laicos y seglares de los establecimientos religiosos
que se afiliaren.
Los profesores laicos jubilados, que manifestaren por escrito su deseo de
pertenecer a la Institución".
El Art. 4 determina que la UNE "es una entidad esencialmente democrática y
por lo tanto participará en la política natUin.il". También esta disposición fue
observada por el Minis-ii.., sustituyéndosela por la que sigue: "La UNE es una
entidad pericialmente democrática y por lo tanto como organismo no india
participar en asuntos de carácter político y religioso". Desde luego que es una
observación escrita únicamente en el plantel y por supuesto insincera, pues la
"Democracia Popular" I ha valido de casi todos los organismos, con inclusión
de los educativos, para hacer proselitismo político —siendo éste el Partido con
el que se ha vinculado Malo González— llegando al extremo de impugnar
nombramientos de rectores por sólo el "delito" de militar el aspirante en otro
partido ajeno o contrario a aquél, y hasta en algunos casos se pretendió
coaccionar a varios rectores, etc. la afiliación a la "Democracia Popular". Por
otro lado carece de fundamento, pues desde miles de años atrás se viene
reconociendo la naturaleza política del hombre y por lo mismo de la sociedad y
sus instituciones, de manera que éstas no pueden ser apolíticas. En este
sentido los autodenominados independientes son y hacen política. Por último,
el Art. 5. literal a) del Estatuto tipifica como una de las finalidades de la UNE, la
defensa "al Magisterio y al pueblo en forma obligatoria y permanente" y al
respecto no se hizo ninguna observación ¿No significa, por lo tanto, dicha
reforma una tremenda contradicción? Pues, se entiende que para la
mencionada defensa se requiere de lucha política teórica y práctica. Lo
expuesto nos permite deducir que al ex-Secretario de Estado, Claudio Malo
G., le faltó sinceridad, imparcialidad y método de análisis social. El Artículo
debía quedar en su texto original.
Entre otras finalidades y medios de acción, señala el Estatuto, los siguientes:
— Defender al Magisterio y al pueblo en forma obligatoria y permanente.
— Trabajar por el mejoramiento profesional, científico y económico del
Magisterio.
Mantener en forma organizada y permanente la defensa de la Educación Laica,
Democrática y su afirmación como postulado institucional de la República.
— Defender a la niñez y juventud como elementos fundamentales de la
Educación y propender a la creación de Instituciones Laicas y Democráticas
para su servicio. A fin de que las futuras generaciones se integren a una
sociedad más justa, la UNE laborará en todos los planos por el progreso de la
Patria, la defensa de la Soberanía, de los Recursos Naturales y de la integridad
nacional.
— Propender a la transformación de las estructuras socio—económicas del
país mediante la investigación de la realidad nacional y la acción reivindicativa
con las mayorías populares. Etc.
Según el Art. 7 la UNE debe integrarse por los siguientes organismos:
a) El Congreso formado por Delegados Directos de cada una de las Uniones
Provinciales del País debidamente establecidas y reconocidas por el Comité
Ejecutivo Nacional, por lo menos con seis meses de anticipación a la fecha de
la reunión del Congreso. Se reúne cada dos años —el Congreso Ordinario—
en el lugar que hubiere determinado el último Congreso y en la fecha
determinada por el Comité Ejecutivo Nacional; la convocatoria se hará con
anticipación de por lo menos treinta días, previa consulta con el Organismo
Provincial que tenga sede (Arts. 8 y 10).
b) El Consejo Nacional, integrado por el Comité Ejecutivo Nacional y los
Presidentes de las Uniones Provinciales reconocidas por el Comité Ejecutivo
Nacional y un delegado elegido por los Consejos Provinciales de los núcleos
(Art. 17).
El Comité Ejecutivo Nacional compuesto por un Presidente; un Vicepresidente;
dos Secretarios, uno de Actas y otro de Comunicaciones,* un Tesorero; sendos
Representantes por los Profesorados: Pre—Primario, Primario, Secundario,
Especial, de Educación Técnica, Nocturno, Municipal, Particular; un
Representante por las Universidades y Escuelas Politécnicas; un
Representante por el Magisterio Femenino; un Representante por el Magisterio
Rural; uno por los Jubilados y uno por Extra—Escolar (Art. 19).
d) Las Asambleas Provinciales
e) Los Consejos Provinciales. El Consejo Ejecutivo Provincial se integra por
el Comité Ejecutivo Provincial, más los Presidentes y un Delegado de las
UNES Cantonales.
f) Los Comités Ejecutivos Provinciales. Cada uno de ellos se compone de
un Presidente; un Vice—Presidente; dos Secretarios, uno de Actas y otro de
Comunicaciones; un Tesorero; y, los Representantes funcionales que constan
en la estructura del Comité Ejecutivo Nacional, si aquellos estuvieren
debidamente organizados. Son elegidos por votación popular.
g) Las Asambleas Cantonales; y,
h) Los Comités Ejecutivos Cantonales, que debe integrarsede la misma manera
que el provincial, en cuanto fuere posible.
Retomando el Art. 1 cabe añadir que la disposición señala taxativamente las
categorías de profesores que integran la UNE, determinadas con antelación.
Para referirse a dicha conformación se ha utilizado expresamente el término
profesor; en consecuencia se entiende que forman parte de la Institución el
personal directivo: rectores, vicerrectores, inspectores generales, etc. Pero en
la parte que la disposición resulta ambigua y da lugar a diferentes
interpretaciones, es en cuanto a saber —con la claridad que debe caracterizar
a una norma— si los supervisores, los funcionarios (autoridades que tienen
jurisdicción y mando como Directores Nacional y Provinciales de Educación,
Jefes de Selección, etc.) y empleados (los que participan de las funciones
administrativas, dependen de otra persona y carecen de jurisdicción y mando)
del Ministerio de Educación, también integran el Organismo clasista. Se
requiere al respecto, bien una interpretación, o más adecuadamente la
inclusión de un inciso que precise la solución del asunto cuestionado.
Para el efecto deberán tomarse en cuenta, entre otras, tres disposiciones
fundamentales: la del Art. 52 de la Ley de Educación, el Art. 325 del
Reglamento y el Art. 3ro. literal h) de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa. De acuerdo a la primera (Art. 52) "El Magisterio Nacional está
formado por los profesionales de la educación y por aquellos que cumplan
labores docentes o que desempeñen funciones técnico—administrativas
especializadas en el sistema educativo". Hay profesionales de la educación
(normalistas, licenciados, etc.) que se encuentran desocupados ¿Forman parte
del (Magisterio? Este vacío de la Ley fue cubierto con el Art. 325 del
Reglamento en vigencia (11—VII—85) que dice: "El Magisterio nacional (N.A.
En la Ley consta escrito con mayúscula, en el Reglamento con minúscula) está
integrado por los profesionales de la educación que se hallan en servicio, y por
aquellos, con títulos reconocidos por la Ley de Escalafón y Sueldos de
Magisterio Nacional, desempeñan funciones docentes o técnico—
administrativas especializadas, en el sistema educativo". De esta manera y con
respecto a los profesionales de la educación, sólo forman parte del Magisterio
los que se hallan en servicio. Claro que el Estatuto de la UNE, para la
composición de la misma, no habla de Magisterio Nacional, sino de profesores,
pero también tienen esta calidad los titulados que aún no trabajan en la
docencia por falta de oportunidades o por hallarse desprovistos de "palancas";
y pienso que deberían formar parte de la UNE previa una solicitud escrita, y
dada su condición de desocupados, puede exonerárselos de la obligación del
aporte respectivo, porque, además, por ejemplo en la práctica muchos
abogados, economistas, arquitectos, etc. son miembros de sus respectivos
Colegios sin que obligatoriamente estén dedicados al ejercicio pleno de sus
profesiones. Hace falta en el instrumento orgánico de la Entidad, una
disposición al respecto; mas para ello se requiere de una reforma previa del
Art. 325 del Reg., pues, en virtud de la jerarquía de normas jurídicas, no puede,
en este caso el Estatuto de la UNE, contrariar las disposiciones de un
Reglamento Ejecutivo.
Conforman también el Organismo (Magisterio), según la parte final del Art., así
mismo los "que desempeñen funciones técnico—administrativas
especializadas en el sistema educativo". Se supone que están incursos en esta
regia, los supervisores, jefes de sección, etc. sin embargo no es lo
suficientemente explícita en señalar hasta qué nivel de funcionarios, puesto
que el Ministro, los Subsecretarios, también ejercen funciones administrativas y
aunque sus labores se vinculen en especial con la política educativa, no por
eso dejan de ser técnicas; así, el Ministro para cumplir con las obligaciones de
"Desarrollar una política unitaria y definida . . ."; "Aprobar los planes y
programas que deben aplicarse a nivel nacional o regional y velar por su
cumplimiento" (Art. 24 literales a), b) de la L. de Ed.), requiere del concurso de
la técnica.
En cuanto al Art. 3ro. literal h) de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, éste dispone que no están comprendidos en el Servicio Civil "El
personal docente y directivo de instituciones educativas y el que ejerza
funciones técnicas y profesionales de la educación, que está sujeto a las leyes
Orgánica de Educación y de Escalafón y Sueldos del Magisterio. Sin embargo,
dicho personal podrá gozar de los derechos que establece esta Ley y que no
estén previstos en aquellos".
Tampoco nada dice el Estatuto de la UNE respecto a los docentes que sea
administrativamente o en comisión de servicio, pasan a desempeñar funciones
temporales varias en el Ministerio de Educación, Direcciones Provinciales, etc.
(lo cu.il constituye un vacío); es decir, si continúan o no, en calidad de
miembros de la Institución; y el Art. 21 no da solución al problema, pues se
refiere a otra situación, como puede desprenderse de su contenido que reza:
"Todos aquellos que ejerzan funciones directivas, no podrán aceptar
designaciones de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo. En caso de
hacerlo cesarán en sus funciones". La norma alude a los directivos de la UNE y
no al caso planteado.
No está por demás indicar que el Art. 32 de los Estatutos, prescribe que "Los
afiliados que pertenecieren a otro organismo que se oponga a los presentes
Estatutos, quedan automáticamente excluidos de la UNE".
* El 14 de enero de 1981, el Ministro de Educación y Cultura, con referencia al
Decreto Legislativo del 25 de junio de 1980 que establece una nueva
modalidad para la formación de maestros, expidió el Reglamento General para
el funciona-miento de los Institutos Normales del País.
El Documento formula un objetivo general y quince específicos; estos últimos,
especialmente, buscan vincular al profesor con la comunidad, pero algunos de
ellos son redundantes y teóricos. El Objetivo General se proyecta a "Formar
integral y armónicamente al maestro ecuatoriano de educación primaria, con
una preparación científica, técnica, humanística, democrática, crítica y
creadora, capaz de orientar la educación para satisfacer las aspiraciones del
desarrollo nacional". Varios de los Objetivos Específicos, son como siguen:
— Interpretar críticamente los grandes principios de la educación nacional en
relación con los postulados del desarrollo del país y traducirlos en metas de
enseñanza—aprendizaje;
— Adquirir una sólida formación científica, técnico-pedagógica, que le
capacite desempeñar eficientemente su tacita docente y/o continuar estudios
superiores;
— Desempeñar conscientemente su rol de investigador y promotor social
para contribuir en forma planificada a la solía ion de problemas locales,
regionales y nacionales;
— Interpretar y desarrollar con solvencia científica y pedagógica el
currículo del nivel primario, adaptándolo a las necesidades del educando y a
los requerimientos de la comunidad local y regional;
— Participar en el proceso educativo concebido como elemento del
desarrollo rural integrado, en la participación organizada, crítica y creadora de
la población campesina para que alcance su bienestar social;
— Actuar como orientador y guía permanente de los educandos para
beneficio de su formación integral; etc.
Según el Art. 2 los Institutos Normales dependen de la Sección de Formación
Docente del Ministerio de Educación y Cultura en el aspecto técnico—
pedagógico y de las Direcciones Provinciales de Educación en lo
administrativo. Son de dos modalidades: Institutos Normales Superiores (INS) e
Institutos Normales Bilingües (IMB) (Art. 3).
Los INS tienen la duración de cinco años post—ciclo básico para conceder el
título de Profesor de Educación Primaria, con especialización en las áreas de:
Matemática, Idioma Nacional, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales,
Artesanías Artísticas, etc. Con tres años post—ciclo básico deben conferir el
título de Bachiller en HH. MM., especialización Normalista, los mismos que
estarán aptos para continuar estudios para Profesores d. Instrucción Primaria
y/o estudios superiores (Art. 4).
Los INB con programas especiales de seis años de enseñanza equiparables a
los del nivel medio, deben conferir el título de Bachiller en HH. MM.,
especialización Normalista Bilingüe, que los capacitará para ejercer la docencia
en sectores» donde, a más del idioma castellano, se hable el idioma autóctono
de su especialización. Estos Institutos, si la comunidad así lo prefiere y los
recursos humanos y materiales así lo permiten, pueden funcionar como
Institutos Normales Superiores Bilingües con cinco años postciclo básico,
adecuando al sistema previsto en el Art. 4to., de acuerdo a las necesidades de
los sectores donde además del castellano se hable una lengua autóctona (Art.
5).
Los Institutos Normales para su funcionamiento deben regirse por las
siguientes autoridades: Rector, Vice—Rector, Consejo Directivo; y, Asamblea
General. Cuentan con los siguientes Departamentos Técnicos:
a) Ciencias y Técnicas de la Educación;
b) Práctica Docente; y,
c) Orientación Educativa.
En lo administrativo disponen de los siguientes servicios: Secretaría, Colecturía
y Servicios Generales (Arts. 6-7-8).
En cada uno de los Institutos Normales debe funcionar una escuela de
demostración, dependiente técnica y pedagógicamente del Departamento de
Ciencias y Técnicas de la Educación. Cuentan además, con escuelas comunes
seleccionadas para la realización de la práctica docente (Art. 9).
Para ser profesor de los Institutos Normales se requiere:
1. Poseer título universitario en la docencia y especialidad requerida, además
del de Profesor de Educación Primaria, Bachiller en Ciencias de la Educación o
en HH. MM., especialización Normalista Bilingüe;
2. Acreditar un mínimo de seis años de servicio docente en los niveles
primarios y medio;
3. No haber sido suspendido en el ejercicio docente; y,
4. Someterse al concurso de merecimientos y oposición.
Los Profesores son a tiempo completo y deben cumplir 35 períodos semanales
de labor, distribuidos por el Consejo Directivo, de acuerdo con su plan de
trabajo. Tienen derecho a participar del goce de becas al exterior para
entrenamiento en for-iii.it ion de maestros.
La formación de maestros de Educación Primaria debe realizarse en cinco
años post—ciclo básico, en los INS; y, en seis años a partir del primero del
"Ciclo Básico “en los INB. Cada año escolar se divide en dos períodos de cinco
meses cada uno. Para disponer la finalización de cada período de estudios, los
profesores comprueban ante el Consejo Directivo, haber laborado 18 semanas
con el número de horas de clase establecidas en el plan de estudio para cada
asignatura. Además de los días de descanso obligatorio determinados por la
Ley, hay dos semanas de vacaciones entre el primero y el segundo período y
dos meses al finalizar el año lectivo (Arts. del 63 al 66).
Las transferencias de los alumnos de un INS a otro INS; y de un INB a otro
similar, puede realizarse únicamente al final de cada período de estudios
(quimquemestre).
Los alumnos que hubieren aprobado el tercer curso de diversificado en los INS,
optan el título de Bachiller en HH. MM.especialización Normalista Bilingüe.
Durante el período lectivo del tercer curso de diversificado, en los dos casos
señalado., los alumnos deben realizar su trabajo de investigación, el misen que
se defiende al fin del año, ante el tribunal nombrado para el efecto, como
requisito previo para poder presentarse a lo» exámenes escritos de grado.
A la fecha (abril—mayo/86), se encuentra en preparación un nuevo reglamento
para regular el funcionamiento de los Institutos Normales del País.
Por Decreto del Presidente Osvaldo Hurtado (R.O 86: 23—IX—81) se
expidió el Reglamento para la Fijación de Costo de la Educación Particular.
Para el efecto-dispone el Reglamento-debe funcionar con sede en Quito y
adscrita al Ministerio de Educación y Cultura la Comisión Nacional para la
Regulación del Costo de la Educación Particular, con jurisdicción en todo el
territorio de la República e integrada por los siguientes miembros: el
Subsecretario de Educación o su Delegado; los Directores Nacionales de
Educación, Planeamiento de la Educación y Administrativo o quienes los
subroguen, el Director de Asesoría Jurídica del Portafolio o quien lo
subrogue; y, dos representantes de la Educación Confesional y dos de la
Educación Particular Laica con sus respectivos suplentes.
En cada capital de Provincia, adscrita a la Dirección Provincial de Educación,
debe funcionar una Junta Provincial Reguladora de los Costos de la Educación
Particular integrada por: el Director Provincial de Educación o su Delegado; un
Supervisor de Educación Primaria designado por el Consejo Técnico de la
misma; un Rector de Colegio Fiscal; y, un representante de los planteles
particulares laicos.
El Reglamento norma también la forma cómo deben establecerse el valor de
las matrículas y pensiones; las sanciones para los establecimientos que
infringieren las disposiciones. Para establecer las pensiones la Junta Provincial
debe considerar varios aspectos: nivel educativo, ubicación (urbana o rural),
especializaciones en el caso del ciclo diversificado, calidad de servicios
especiales que proporcionen al alumnado, etc. El valor 10 puede exceder de
más del 20 o/o del costo de operación por alumno de los planteles fiscales del
mismo nivel y tipo; el valor de la matrícula no puede exceder del 75 % del costo
de la pensión mensual fijada; pueden los planteles particulares cobrar
punciones por doce meses. Se prohíbeexigir depósitos de garantía
porsupuestos daños que pudiere ocasionar el estudiante en la institución. Los
padres de familia o apoderados están autorizados para presentar por escrito y
con firma de responsabilidad, i» denuncia correspondiente en caso de
alteración del valor de Hl matrículas o pensiones (en la práctica son raros los
casos que hacen uso de este derecho, por temor a que sus hijos estudiantes
sufran la retaliación de los empresarios del colegio o escuelas particulares).
Las sanciones van desde la amonestación hasta la clausura definitiva.
Desde luego que esta regulación se cumple muy relativamente, ya en la
realidad dichos establecimientos imponen susarbitrariedades, por supuesto con
excepción de algunosplanteles que demuestran seriedad al respecto. A partir
de marzo de 1985, fecha en la que se determinó el sueldo básico del
magisterio en 8.500 sucres mensuales; y luego, de enero de 1986 desde la que
empezó a regir el nuevo básico de los 10.000 sucres mensuales, a pretexto de
estas elevaciones, se viene produciendo una verdadera danza en el cobro de
pensiones y matrículas, sujeto másbien al criterio antojadizo de cada institución
particular.
La Cámara Nacional de Representantes, el Plenario de las Comisiones
Legislativas, expidió una nueva Ley de Universitaria y Escuela Politécnicas, el 4
de mayo de 1982, terminando así, con el enorme caos y vacío legal en los que
se debatían dichas Huillín iones desde 1971. Y esta es la que se encuentra en
vigencia (el texto de la misma se publicó en el R.O. No. 243: 14- V 82).
En el grupo de las Universidades y Escuelas Politécnicas legalmente
reconocidas, se incluye también a la Escuela Superior Politécnica del Ejército
ESPE (Art. 4).
Respecto al Instituto Tecnológico Equinoccial —hoy registrado como
Universidad Tecnológica Equinoccial UTE- la Disposición Transitoria Quinta de
la citada Ley, dice lo siguiente: "Hasta cuando de conformidad con esta Ley,
adquiera la categoría de Universidad el Instituto Tecnológico Equinoccial (ITE);
funcionará conforme a su Ley Constitutiva, contenida en el Decreto No. 1171
de 9 de agosto de 1971, publicado en el R.O. No. 288 de 16 del mismo mes y
año". En efecto, una vez que el ITE cumplió con todos los requisitos legales
señalados en la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas; y que el
Consejo Nacional de estas Instituciones, emitiera el informe obligatorio
correspondiente, de conformidad con la Ley; el Plenario de las Comisiones
Legislativas del Congreso Nacional, expidió la LEY DE CREACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD TECNO-LÓGICA EQUINOCCIAL (UTE), el 22 de enero de
1986, la misma que fue sancionada por el Ejecutivo el 6 de febrero de igual año
y publicada en el R.O. 377:18—11—86.
De acuerdo a la mencionada Ley, la UTE es una Institución de derecho privado
que debe integrarse por las facultades, escuelas o departamentos académicos
y administrativos que determinen sus estatutos de conformidad con sus
finalidades. Tiene su sede en la ciudad de Quito (Art. 1). Según el Art. 2, la
UTE"adquiere todos los derechos y obligaciones establecidas en la
Constitución Política del Estado y en la Ley de Universidades y Escuelas
Politécnicas y funcionará de conformidad con las mismas". Son patrimonio de
la UTE, todos los activos y pasivos del ITE (Art. 3). Las asignaciones estatales
constantes en el Presupuesto General del Estado y otras asignaciones que por
Ley le corresponden al ITE se transfieren a la UTE (Art. 4).
A la fecha (abril/1986) se rige aún, por el Estatuto y Reglamento Interno del
ITE, pues el nuevo Estatuto Universitaria se encuentra en pleno proceso de
elaboración. De esta manera y basándonos en el Prospecto General 1985—
1986 del ITE, podernos señalar que esta Institución —hoy Universidad— se
propone como objetivos generales, cubrir las necesidades de formación en las
profesiones y actividades menos desarrolladas del país, en las de mayor
proyección futura y en aquellas cuya demanda no haya sido satisfecha total o
parcialmente por otras instituciones educativas de nivel superior. Con ello se
pretender contribuir al desarrollo tecnológico del país y brindar nuevas
oportunidades de profesionalizaron de los jóvenes estudiantes que egresan del
nivel medio con el título de bachiller en las di-Mi.is especialidades, "como así
mismo a aquellos que, encontrándose en una posición de trabajo, aspiran a
complementar su formación, a especializarse en su área o a reorientar
su,actividad hacia los campos a los que no tuvieron oportunidad de hacerlo en
su ' tapa postescolar". La UTE, por otro lado, propone carreras no tradicionales,
sujetas a la demanda de la estructura productiva y del mercado ocupacional
mediante estudios tecnológicos y científicos, os en las diversas áreas del
desarrollo nacional, procurando satisfacer de este modo las demandas del
proceso de cambio ytransformación.
Para el efecto cuenta con la siguiente estructura académica:
1. Facultad de Ciencias de la Ingeniería, con sus Escuelas de: Ingeniería Textil,
Ingeniería del Trabajo, Construcciones Civiles, Tecnología de Petróleos;
2. Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la Extensión de Santo Domingo de
los Colorados con sus Escuelas de: Desarrollo Agrícola, Desarrollo
Agroindustrial, Tecnología Industrial;
3. Facultad de Artes, con sus Escuelas de: Diseño, Restauración y
Museografía;
4. Facultad de Ciencias Administrativas, con sus Escuelas de Administración
Hotelera y Empresas de Turismo, Administración de Empresas Cooperativas,
Administración de Personal;
5. Facultad de Ciencias Económicas, con sus Escuelas de: Ingeniería de
Empresas, Comercio Exterior e Integración, Mercadotecnia, Costos
Industriales;
6. Facultad de Ciencias Sociales, con sus Escuelas de: Recreación Infantil,
Publicidad, Relaciones Públicas.
EI Personal Administrativo y Docente que labora en la UTE, se caracteriza por
su idoneidad y solvencia profesional en la teoría y en la práctica; y cuenta,
además —la flamante Universidad— con trabajadores, a nivel de servicio,
debidamente organizados. Se trata de una Institución que progresa con
celeridad, dotada de una estructura organizativa adecuadamente concebida. A
diciembre de 1985, el número de estudiantes que se prepara en la UTE, superó
a los 3.000 alumnos. Entre sus principales gestores tanto para su creación,
cuanto para su positivo desenvolvimiento, constan los nombres del Dr. Ángel
Polibio Chaves Ortiz, Dr. Álvaro Trueba (actual Rector), Ledo. Carlos Dávila
(Vice—Rector), Dr. Javier Cristi, Dr. Fernando Muñoz Benítez (Secretario
General—Procurador), Dr. Jerónimo Boza, Máster Marcelo Espinoza (Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas); y el personal de los diferentes
estamentos universitarios que a través de largos años de gestión y trabajo,
alcanzaron el objetivo de su reconocimiento como Universidad, para continuar
con la tarea de formar profesionales capaces, investigar la realidad nacional y
contribuir a la solución de los problemas del país.
Como una de las Universidades progresistas y con un significativo desarrollo
cualitativo y cuantitativo, cabe destacar a la Universidad Técnica de Ambato,
que viene formando a las juventudes estudiosas especialmente de las
Provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Tena, Chimborazo y Bolívar. En
1983 se registró un número aproximado de 12.529 estudiantes.
La UTA, al momento se halla integrada por las siguientes Facultades y
Escuelas:
1. Facultad de Ciencias de la Educación, Escuelas de: Ciencias Naturales,
Ciencias Exactas, Ciencias Sociales.
2. Facultad de Ingeniería, Escuelas de: Ingeniería Civil, Ingeniería Agronómica,
Ingeniería de Alimentos.
3. Facultad de Ciencias Administrativas, Escuelas de: Administración Pública,
Administración Privada.
4. Facultad de Contabilidad Superior y Auditoría, estructurada por una sola
especialización o Escuela.
Cuenta, además, con servicios auxiliares y de investigación como: Institutos de
Investigación, Laboratorios, Departamentos y Centros.
En su orden constituyen autoridades de la UTA, la Asamblea Universitaria; el
Consejo Universitario; el Rector; el Vice— Rector; las Juntas de Facultad; los
Consejos Directivos de Facultad; Decanos; Subdecanos; Juntas de Escuela;
Directores de Escuela; y, Jefes de Servicios Auxiliares, Laboratorios, Centros,
Institutos de Investigación y Departamentos. Se trata, pues, de una Institución
debidamente organizada, con un cuerpo docente idóneo, forjadora de
generaciones de profesionales capacitados que han ido a contribuir al
desarrollo nacional.
*La Cámara Nacional de Representantes, en ejercicio de la facultad
contemplada en el Art. 66 de la Constitución, e pidió una nueva Ley de
Educación, el 15—IV—83, publicada en el R.O. 484: 3—V—83. Esta Ley que
se encuentra en vigencia, si bien presenta novedades con respecto a la de
1977, éstas no son de fondo ni consignan cambios fundamentales en la
educación nacional; sino más bien tienden a ser de forma, de ahí que las
diferencias con la Ley expedida por el Consejo Supremo de Gobierno (1977),
no son tan sustanciales, por eso es que se advierte la continuación de los
mismos errores y fallas de la educación ecuatoriana. Sin embargo cabe
destacar que algunas de las conquistas por las que ha luchado el Magisterio —
y particularmente la UNE— en favor de la educación, se encuentran
consagradas en la Ley, la que en sus principios y fines refleja un espíritu
progresista y de avanzada, a tono con las corrientes y concepciones modernas
acerca del fenómeno educativo; lamentablemente el conjunto de declaraciones
que constan en el Art. 2do., en la práctica y hasta la presente fecha no se ha
cumplido sino en forma por demás relativa (El texto de la Ley consta en la
Sección Tercera, v. Doc. 2).
— El Congreso Nacional, el Plenario de las Comisiones Legislativas, expidió la
Ley de la Cultura el 1ro. de agosto de 1984, cuya finalidad consiste en el
fomento y promoción de la cultura nacional, así como en la conservación y
defensa del patrimonio cultural ecuatoriano.
* El nuevo REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN
A) INTRODUCCIÓN
Serias deficiencias técnicas, profesionales, de recursos y de infraestructura,
afectan a la educación ecuatoriana desde hace varias décadas, las que no han
sido solventadas pese a las variadas reformas educativas —unas de tipo
teórico— ni tampoco nos permiten una posición optimista de que serán
resueltas al menos a corto plazo. Figuran, entre esas deficiencias, las
siguientes:
La mayoría de los programas de estudio, especialmente de los colegios, son
teóricos, enciclopédicos y desligados de la realidad, a más de que sus
contenidos no se adaptan al medio social ni a las necesidades del alumno
como de la sociedad; el 85% de los de primaria, como bien lo señala un
documental del Instituto de Altos Estudios Nacionales (3), tiende a la
cuantificación de contenidos sin dar mayor trascendencia al aspecto cualitativo;
y en el caso de un 90% de los programas de formación docente relativos a los
institutos normales, son más histórico—narrativos, sin adaptación al medio,
puesto que se estudian iguales programas para el área urbana y rural.
Paralelamente, a más de que un gran porcentaje de escuelas y colegios
fiscales, pero especialmente particulares, usan textos extranjeros
desconectados de los programas oficiales, no hay unificación en los libros de
texto y cada plantel se vale de los que más le parece convenientes,
provocando así incompatibilidades. En las zonas fronterizas a veces se utiliza
—según datos de la misma fuente— material educativa extraña y hasta
atentatoria contra nuestra historia y soberanía (4).
La deserción que obedece a factores propios del sistema educativo y otros de
carácter económico y social, es significativa, así como lo es también el fracaso
escolar.
Un alto porcentaje de la población estudiantil sólo recibe una instrucción muy
elemental y en condiciones precarias; mientras que grandes masas de
bachilleres saturados de conocimientos teóricos y sin mayor utilidad inmediata,
aumentan el ejército de los desocupados o la masificación de las universidades
— De acuerdo al citado documento, Alemania, E.U. e Israel enviaron, entre
1975 y 1980, implementos para equipo a escuelas y colegios a través de los
ministerios de Bienestar Social y de Educación; de esos recursos el 35% había
desaparecido; el 22% se distribuyó en los planteles sin que en varios de éstos
se haya utilizado por falta del recurso humano capacitado para el efecto; y el
34% permanecía encajonado sin uso alguno y hasta es posible deteriorado (5).
— Las denominadas Opciones Prácticas en el ciclo básico de los colegios,
constituyen, en el mayor porcentaje de esto, planteles, un fracaso,
especialmente por falta de implementos, maquinaria, recursos e infraestructura.
Y en el mismo ciclo, la orientación vocacional no cumple a cabalidad sus
funciones.
— Hay desorientación en las actividades que deben llevarse a cabo en la
Asociación de Clase, al extremo de que un gran porcentaje de profesores —por
no decir la generalidad— encargados de la misma, improvisa tareas que a su
criterio resultan convenientes, alejadas de una programación adecuada y seria.
— El personal docente mal remunerado, con un sueldo básico nominal de
diez mil sucres mensuales que en relación con el poder adquisitivo del sucre, el
costo de vida y en términos de nuestra realidad económica, equivale
aproximadamente a 2.400 sucres (febrero/86); para satisfacer sus elementales
necesidades, o las que provoca, en algunos casos, la propaganda burguesa, se
ve forzado a buscar otras fuentes de ingreso en diversas actividades que le
impiden dedicarse con eficacia y por entero a su labor educativa. Y en muchos
establecimientos particulares continúa la explotación al trabajo de los maestros,
a más de que en la generalidad de esas instituciones jamás se procede a un
reparto de utilidades, conquista laboral por la que deberían luchar los docentes
privados.
Responsables de este conjunto de desórdenes en términos considerables, son
muchos de los gobiernos de turno que, a más de haber sujetado la educación a
las circunstancias y el vaivén políticos, han permitido que una materia tan
compleja como es elno educativo, sea manejada por ministros de educación y
altos funcionarios del ramo, improvisados y neófitos, huérfanos de experiencia
y conocimientos; sólo porque así lo ha exigido componenda o el compromiso
político, lo cual ha determinado falta de planificación, secuencia, etc.;
programas de trabajo caprichosos y momentáneos.
La educación ecuatoriana marcha, por lo tanto, desligada de nuestra realidad y
necesidades, sitiada, además, por tremendosproblemas económicos y sociales
que afligen al país. En efecto según, datos de la Facultad de Ciencias
Económicas de la U.C. y el Instituto de Investigaciones (6), el desempleo
sobrepasaría las 305 mil personas en 1985; el subempleo afecta a más del
40% de la población económicamente activa (febrero/86); la inflación creció
sobre el 25% abatiendo a los salarios; con la famosa política de libertad de
mercado se suben los precios de productos vitales para la mayoría de la
población: alimentos, medicinas, servicios básicos, vestimenta; y se eleva en
67% "un impuesto inflacionario por definición como es el de las Transacciones
Mercantiles". Entre 1984 y agosto de 1985 fueron disueltos liquidadas más de
2.300 empresas y con la devaluación del 28-1-86 se encarecen los insumos
básicos en especial para la pequeña industria. La renegociación de la deuda
externa no hace más que postergar el problema al gobierno venidero en 1988 y
significa más bien la hipoteca del país en un futuro inmediato (pata 1988 la
deuda habrá llegado a los 10 mil millones de dólares); mientras que, por otro
lado, parece que empiezan a volver los grandes peculados y la corrupción
administrativa.
"La magia del mercado, los precios reales, la restricción del gasto público, el
abatimiento de los aranceles, entre otros, no son sino parte de un "modelo" que
nada tiene de original ni de nacional. Son claros condicionamientos del FMI
para consagrar elendeudamiento y el pago de intereses a esa misma banca in
nacional: América Latina pagó en 1985 la cifra de 35 mil millones de dólares
por concepto de intereses y perdió 65 mil millones de dólares adicionales por la
baja de los precios de los productos básicos de exportación. El Ecuador por su
parte, en ese misma año, pagó por intereses de su deuda externa 846 millones
de dólares, más 300 millones por amortización de capital, cuya suma equivalió
al 38.2% de sus exportaciones totales.
La economía de guerra ha agudizado la crisis y son los pueblos del Tercer
Mundo los obligados a financiarla: por cada dólar que ingresa a América Latina,
salen cuatro en concepto de utilidades, intereses, know how, royalties,
comisiones, etc." (7)
Y aún más, se impone la restricción de las importaciones para con los ahorros
de divisas pagar la deuda externa y sus intereses y se propugna el crecimiento
de las exportaciones con igual objetivo, aunque a estas exportaciones se
cierran los mercados, como contradicciones propias del "modelo", frente a todo
lo cual se opta por nuevos préstamos con el círculo vicioso de endeudarse más
para pagar las crecientes deudas, sujetándonos a las directrices "técnicas" del
FMI y del Banco Mundial, esto es, del capital financiero imperialista (8). El Plan
Baker del que es partidario el Gobierno del Ing. Febres Cordero, en definitiva
busca aumentar la dependencia: por un posible préstamo> de 29 mil millones
de dólares a los quince países más endeudados del mundo, 10 de los cuales
son de América Latina, los bancos chulqueros pretenden llevarse 108 mil
millones de dólares por intereses, en los tres años; y en esta política, Ecuador
está como primer candidato a país piloto.
Con toda esta realidad se afirma sin embargo que en 1985 el PIB creció al
2.7% o al 3.2%, pero nos preguntamos ¿En dónde están los beneficios de ese
crecimiento? Porque en los trabajadores, desempleados, campesinos y demás
sectores populares lo que se nota es más bien un agravamiento de su situación
crítica y ningún cambio sustancial ha operado en la distribución del ingreso, en
la disminución del desempleo, de la inflaron, en la mejora del poder adquisitivo
y el aumento de la productividad
Por último no debemos olvidar que el neoliberalismo, la economía social de
mercado, políticas que insiste aplicar el régimen del Ing. Febres Cordero,
tuvieron un colosal fracaso en países como Chile durante la dictadura de
Pinochet, Argentina y Uruguay en regímenes anteriores a los actuales.
En medio de todo este panorama en el que se desenvuelve la educación
nacional, el 11 de julio de 1985, se promulga el nuevo Reglamento General de
la Ley de Educación, después de casi once meses de haber sido derogado el
Reglamento expelido por el Dr. Hurtado. La UNE, por supuesto, no tuvo
ninguna participación en su preparación, de manera que se soslayó a una
institución progresista cuyos puntos de vista hubieran resultado valiosos, pues,
son los maestros los que viven el fenómeno educativo y saben cuáles son los
errores y necesidades de este sistema y qué medidas deberían aplicarse para
corregirlos.
B) PUNTOS BÁSICOS DEL NUEVO REGLAMENTO
Consta en el Doc. 3 el texto legal del Reglamento, de ahí que a continuación
comentaré sólo algunos puntos básicos del mismo.
Se compone de diez títulos con 333 artículos, cuatro disposiciones transitorias
y una disposición final. En el Título Primero se señalan los Principios
Generales; en el Segundo se determina la Estructura del Sistema Educativo; en
el Tercero se formulan los Objetivos Específicos de los Subsistemas
Educativos; el Cuarto trata de la Organización Estructural del Sistema
Administrativo; el Quinto de la Organización Funcional del Sistema Educativo;
el Sexto del Régimen Escolar; el Séptimo del Escalafón del Magisterio
Nacional; el Octavo de la Capacitación y Mejoramiento Docentes e
Investigación Pedagógica; el Noveno de los Bienes y Recursos; y, en el
Décimo constan las Disposiciones Generales y Transitorias.
Es innegable que el nuevo Reglamento introdujo cambios en la estructura del
sistema educativo ecuatoriano, especialmente del nivel medio. Estas
fundamentales reformas que plantea el documento, consisten:
i) En el impulso que da a la educación técnica y a las carreras profesionales
cortas o intermedias. Para el efecto a los dos ciclos básico y diversificado que
han caracterizado al nivel medio, se agrega un tercer ciclo: el de
especialización. De este modo la nueva estructura del nivel medio es como
sigue:
a) Básico, obligatorio y común, con tres años de estudio;
b)Diversificado, con tres años de estudio; comprende:
—Carreras cortas post—ciclo básico, con uno o dos años de estudio; y,
—Bachillerato, con tres años de estudio; y,
c)De especialización, post—bachillerato, con dos años de estudio (Art. 86
Reg.).
Las carreras cortas son cursos sistemáticos, post—ciclo básico, encaminadas a
lograr, a corto plazo, formación ocupacional de prácticos. Deben funcionar
adscritas a los establecimientos del nivel medio (Art. 88 Reg.).
El Art. 91 (v.) del Reglamento nos pormenoriza los tipos de bachilleratos del
ciclo diversificado y sus correspondientes especializaciones que pueden
alcanzarse en el nivel medio y que ratifican la tendencia de ese instrumento a
tecnificar la educación.
El ciclo de especialización post—bachillerato está destinado a la formación de
profesionales técnicos de nivel intermedio y de profesionales de la docencia,
para los niveles preprimaria y primario (Art. 92 Reg.); pero no se especifican en
el Reglamento, las ramas que comprenden las carreras técnicas de este ciclo,
siendo los planteles de formación docente los únicos han venido operando con
el sistema, ya que los bachilleres, deben estudiar dos años adicionales para
optar el título de maestros de primaria; aunque también en el Colegio de
Señoritas “24 de Mayo" de Quito, a partir del Año Lectivo 1984—85, funciona el
Ciclo Post—Bachillerato en Comercio y Administración, especializaciones de
Secretariado Ejecutivo Bilingüe y Auxiliares de Contabilidad de Costos, con dos
años de duración
Tampoco se precisan las carreras cortas post—ciclo básico que funcionaran
adscritas a los planteles del nivel medio; en todo caso, para organizar tanto las
especializaciones postbachillerato, cuanto las mencionadas al comienzo,
pensamos que previamente se requiere, en los establecimientos en los que se
proyectan, una investigación del medio en que se desenvuelven de los
intereses estudiantiles en el menor de los casos y de las necesidades
especialmente locales y provinciales. Y esta parece ser la política a adoptarse
según se ha notado en el caso del Colegio Nacional "Juan de Salinas" de
Sangolquí, plantel que dispone de todas las condiciones favorables en relación
con las variables indicadas, para que se establezcan unas u otras.
Las carreras cortas y profesiones intermedias constituyen Una reforma que ha
sido largamente reclamada por los diversos sectores de la educación tanto
para que se posibilite nuevas oportunidades de trabajo, cuanto para que
disminuya la Rusificación universitaria causante también de la desocupación.
(Con datos hasta 1979, un estudio del Ministerio de Educación señala que de
cada 100 alumnos matriculados en el cilio diversificado, 71 corresponden a HH.
MM.; 22 a comercio y administración; 5 a industrial y 2 a agropecuaria. De esta
manera, apenas un 7 o/o de la matrícula de educación técnica del ciclo
diversificado (100%), corresponde a las ramas directamente vinculadas a la
producción, esto es, agropecuarias e industriales. "El Comercio" 11 - II - 86.
Pág. A-1). Sin embargo no se conoce si el Ministro del Ramo habrá realizado
una investigación que permita un diagnóstico para implantar dichas carreras
cortas en relación con las necesidades reales del país, pues, en caso contrario
hay el peligro de que tarde o temprano se llegue al círculo vicioso del exceso
de profesionales y su consecuente desocupación.
Para fomentar la educación técnica, el gobierno del Presidente Febres Cordero
ha anunciado una movilización conjunta de 8.300 millones de sucres. Con tal
motivo se busca llevar a la práctica el Proyecto de Mejoramiento y Expansión
de la Educación Técnica (PROMEET) que plantea como objetivo fundamental
la consolidación de la formación profesional del nivel medio de los ciclos
diversificados y post—diversificados en el sistema formal de la educación, en la
administración y supervisión y en el aprovechamiento de los recursos humanos
y financieros. Pretende, además, descongestionar las universidades y dar
oportunidad para que los jóvenes se integren al proceso productivo del país,
mediante carreras intermedias.
Cuenta, dicho Proyecto, con el financiamiento del BID y con recursos
nacionales, y según voceros del Gobierno (Agosto. 1985), procederá en dos
fases: la 1ra. que significa el empleo de 2.300 millones de sucres, tiene que ver
con la construcción de locales y la dotación de equipos e implementos en 15
colegios e institutos técnicos tanto agropecuarios como industriales localizados
en sectores estratégicos del país. Incluye también la capacitación docente en el
ámbito nacional e internacional. Con ello se aspira a disponer de personal
técnicamente preparado para las actividades agropecuarias y de carácter
manufacturero que son las de mayor importancia para el desarrollo general del
país (9).
En ceremonia cumplida el 26 de agosto de 1985, el Presidente Febres Cordero
suscribió como testigo de honor los contratos de equipamiento de siete
colegios agropecuarios cuyo costo asciende a 223 millones de sucres. Los
colegios beneficiados son: Luis A. Martínez, de Ambato por 26'625.219 sucres;
Julio Moreno Espinosa, de Santo Domingo de los Colorados por 35'278.404;
Tres de Marzo, de Chimbo Pva. de Bolívar por 39*937.915; Daniel Álvarez
Burneo, de Loja por 23'297.079; Manuel Encalada, de Pagua Pva. de El Oro,
por 36'609.736; (Galo Plaza, de Daule por 35*278.404; y, Quinindé, situado en
la Pva. de Esmeraldas, por 35'944.070 (10.)
En la 2da. etapa, el PROMEET buscará reforzar los colegios ubicados en todas
las provincias del país, creando nuevas especializaciones y promoviendo el
mejoramiento de otros sectores productivos con inclusión de las ramas de la
construcción, agroindustria, la madera, minería, protección ecológica, el turismo
y hotelería, el procesamiento de productos primarios, mecánica automotriz,
etc.; e incorporará a sus objetivos a 36 colegios más. En el período
comprendido entre 1986 y 1989, para la ejecución de esta fase, se invertirá un
total de 6.067´734.125 sucres en: la construcción de 17 nuevos colegios
técnicos y la reformación de 23; equipamiento parcial de 25; capacitación y
perfeccionamiento de recursos humanos, becas y equipamiento; pasantías,
formación en el exterior y capacitación nacional; orientación educativa,
designación de personal y equipamiento; elaboración, producción e impresión
de textos; consolidación del Departamento de Educación Técnica, estudios y
diseño, costo, terreno, construcción; Programa de Vinculación Es-cuela—
Empresa, producción agrícola y pecuaria; Investigación Socio—Educativa;
contratación de consultores; etc. (11).
Como podrá notarse, la filosofía del Proyecto es interesante y desde luego
encomiable, que de realizarse se habrá contribuido con la juventud estudiosa y
el progreso del país.
ii) Los procesos de evaluación tanto del aprendizaje, como de la disciplina,
especialmente en los colegios, se han visto afectados de varios problemas:
apreciación subjetiva y unilateral del profesor de manera que daban lugar a
puntajes a veces artificiales, injustos y aun acomodaticios para cumplir con el
Reglamento derogado, lo cual a su vez se convertía en uno de los
determinantes —puesto que no es el único— del alto índice del fracaso y
deserción estudiantiles con desperdicio de recursos fiscales y familiares, a más
delos efectos varios que han generado en los propios alumnos.
Con el nuevo Reglamento y en el caso de la evaluación del rendimiento, se
busca un mayor trabajo y responsabilidad de profesores y estudiantes, de
modo que el alumno no se someta únicamente al examen escrito como venía
sucediendo, sino a una diversidad de tareas calificadas que deben ser
realizadas a lo largo de cada trimestre. Se pretende, por lo tanto, que haya una
evaluación objetiva basada en hechos tangibles que valoren el conjunto del
rendimiento y no únicamente los exámenes; y que se aleje del subjetivismo del
maestro.
El Reglamento constituye una gran ayuda para los estudiantes, pues, suprime
tácitamente los exámenes finales cambiándolos por un supletorio, en caso de
no haber logrado la exoneración; se recorta el puntaje a reunirse en los tres -
trimestres, para la promoción, aunque en contrapartida los colegiales deberán
hacer mayor esfuerzo mediante el cumplimiento de tareas diarias y el
desarrollo de exámenes trimestrales acumulativos. Para ser promovido al curso
inmediato superior, el alumno deberá reunir un promedio de quince puntos en
cada área o asignatura, exonerándose, así, de un examen adicional; "para
efectos de promedio y sumatoria de calificaciones, se hará constar una cuarta
nota, igual al promedio obtenido en los tres trimestres; en el caso de los
exonerados, la cuarta nota corresponde a la del examen supletorio" (Art. 310 lit.
a) reformado). Según este mismo Art. lit. b) "Los alumnos cuyo promedio los
tres trimestres fuere inferior a quince puntos en cada área o asignatura,
deberán rendir una prueba acumulativa, de carácter objetivo, cuya calificación
promediada con la media de los tres trimestres, será doce o más..." Inclusive
con un promedio de ocho puntos en los tres trimestres, puede ser promovido si
en el supletorio obtiene una nota mínima de quince puntos. Ejemplos: si un
alumno ha alcanzado treinta puntos en los tres trimestres, significa que tiene
diez de promedio; en el examen supletorio deberá obtener un mínimo de 13
puntos (v Art. 23 de Reformas al Reg.) para que la suma de estos dos:
promedio trimestral más calificación mínima del examen supletorio, arrojen el
promedio final necesario de 12 puntos; así: 10+13 = 23 : 2 = 11.5, con
aproximación = 12, que es el promedio final necesario. En otro caso, si al
sumar los tres trimestres ha obtenido 25 puntos, quiere decir que su promedio
trimestral es de 8 (25:3 = 8), y en el supletorio deberá alcanza! un mínimo de
quince puntos, de modo que le permita el promedio final requisitorio de 12
puntos; así 8 + 15 = 23 : 2 = 11.5; redondeado = 12. Antes con 25 puntos en
los tres trimestres, debía lograr en el examen de aplazamiento 20 puntos;
nótese la rebaja de 5 puntos como ayuda para el alumno.
La evaluación de conocimientos es un proceso técnico; muchas veces el
fracaso escolar no obedece a que el alumno no sabe, sino a la prueba mal
elaborada —se entiende a más de otros factores bio—síquico—sociales— de
ahí que está correcta la disposición de que el instrumento de prueba elaborado,
pira su aplicación, deba contar con la aprobación previa de la |unta de
profesores de área.
Además, el instrumento en análisis contempla el recurso de revisión del padre
o representante del alumno, ante el recluí o ante el director provincial de
educación en última instan-i la, para la revisión de las notas de los exámenes
trimestrales. Y esta medida oportuna, a más de consagrar legalmente un
indiscutible derecho, puede contribuir a moderar ciertas retaliaciones y
subjetivismos de algunos profesores con relación a d terminados alumnos.
Para el ejercicio de esta facultad, el padre de familia o representante requiere
del conocimiento al menos de las normas básicas reglamentarias vinculadas
con dic' recurso, y pienso que los planteles están en la obligación difundirlas a
través del comité de padres de familia o cualquier otro medio.
Con respecto a la evaluación del aprendizaje, valga la pena reflexionar sobre
algunos puntos del Reglamento que a mi modo de ver merecen ser
observados. En efecto:
a) Según la escala de calificaciones del Art. 303, el puntaje lió menos equivale
a insuficiente. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española,
insuficiente significa no suficiente y suficiente es lo bastante para lo que se
necesita. Ahora bien, con 11 puntos de promedio en los tres trimestres, el
estudiante no pierde el año, pues, debe sacar en el supletorio un mínimo de 12
para aprobar la respectiva asignatura; y aún más, esta aprobación se da hasta
con promedios de 10—9 y 8 si respectivamente obtiene en el supletorio 14—
14—15 puntos. Luego la palabra insuficiente que en este caso equivale a no
suficiencia de puntos para aprobar una asignatura, al aplicársela a la
calificación de 11 o menos —hasta 8 inclusive— me parece que resulta
contraria al sentido de lo que encierra el término y contradictoria en relación al
cuadro del sistema de calificación para la promoción en el nivel medio.
Definitivamente, para efectos de aprobar una materia o área, los puntajes 8—
9—10 y 11 no son insuficientes.
b) El Art. 305 lit. c) prescribe que "Cada profesor llevará a la junta de curso el
cuadro de calificaciones de su asignatura y un resumen de las calificaciones
obtenidas en términos de porcentaje". Se entiende que dicho resumen se
refiere a especificar en términos de porcentaje, el número de alumnos que,
dentro de una disciplina, han logrado calificaciones equivalentes a
sobresaliente, muy buena, buena, regular e insuficiente; así por ejemplo: 20%
de sobresalientes, 40% de muy buenos, etc. La experiencia del primer trimestre
del Año Lectivo 1985-86 dejó entrever que en unos planteles se observó este
precepto, no así en oíros; en varios de los que se ha cumplido, la tarea
consistió en obtener únicamente el porcentaje de alumnos que en una materia
registraron puntajes equivalentes a "insuficiente".
La misma experiencia vivida con el nuevo Reglamento en el primer trimestre
del Año Lectivo (85—86) y en lo que se refiere a la evaluación del aprendizaje,
según los propios maestros, arroja las siguientes impresiones:
c-1) Por un lado: obliga a un mayor trabajo,docente extrahorario; el tiempo no
es suficiente como para tomar lecciones, al menos orales, a todos los alumnos;
resulta de difícil aplicación en la parte que obliga a la recepción de trabajos,
deberes, lecciones, etc. en especial en las materias que cuentan con una o dos
horas semanales, así mismo por falta de tiempo, al extremo de que algunos de
los casilleros que tienen que ver con dichas variables, se los ha llenado con
puntajes imaginativos —situación que mantiene el subjetivismo— en el afán de
observar el Reglamento. Y aún más, algunas tareas de ciertas asignaturas no
son realizadas, en varios casos, por los alumnos, sino por terceras personas
quienes efectúan dichos trabajos previo el pago respectivo; en este sentido,
quien tenga más posibilidades económicas logrará un trabajo mejor elaborado
que le permitirá una elevada calificación, frente a otro que no dispone de tales
condiciones; de esta manera, en las calificaciones, por los trabajos, resulta más
aventajado aquél, que este último con lo cual vuelve el subjetivismo o la falsa
apreciación evaluativa. Desde luego que este problema no es nuevo; se
remonta a muchas décadas atrás. A lo expuesto se añaden otras situaciones;
así: los maestros han¡ intensificado las tareas para el estudiante, lo cual ha
determinado en el discente cierto exceso de trabajo que no siempre puede
cumplirlo; y, en la práctica algunos profesores que deben atender a sus otros
compromisos de trabajo, no corrigen los deberes.
c—2) Por otro lado: la evaluación, en todo caso, tiende a ser más objetiva y
busca eludir apreciaciones subjetivas; se los obliga a trabajar a los alumnos; el
estudiante tiene mayor opción para ganar el año lectivo, pero con
oportunidades diferentes; en efecto, la tabla aprobada en el Reglamento ofrece
mayores posibilidades a los estudiantes de bajo rendimiento, para que puedan
salir adelante en los estudios. Ejemplos: si un colegial ha obtenido en los
trimestres notas de 7 - 8 y 8 —que a más de ser bajas señalan su
negligencia— su promedio trimestral es de 8 y basta que en el supletorio
obtenga 15 para aprobar la materia; en cambio, si ha logrado en los tres
trimestres 14-14-15 —equivalentes a un aprovechamiento bueno durante el
año lectivo— con un promedio de 14, y no obtiene en el supletorio la
calificación mínima de 09 (v. Art. 24 de Reformas al Reg.) que señala el
documento legal, pese aquel buen aprovechamiento, perderá el curso; esta
situación pugna con la idea de obligar al profesor a que registre la aprobación o
reprobación de una materia por parte del alumno, en base a una evaluación
permanente, pues, un solo examen, el supletorio -pese -a las buenas
calificaciones— determinó en ese ejemplo, el fracaso escolar.
En tratándose de los estudiantes del sexto curso, el alumno debe reunir,
sumados los tres trimestres, un total mínimo de 44 puntos en cada asignatura,
para poder presentarse directamente a los exámenes de grado (según el Reg.
de 1978, con sólo un mínimo de 30 puntos en cada disciplina, sumados los
indicados trimestres, podía rendir directamente dichos exámenes); en caso
contrario deberá sujetarse, en las materias que no registre aquél mínimo de 44
puntos, a pruebas supletorias y si tiene éxito en las mismas, entonces rendirá
los exámenes de grado en los que para ser aprobado requiere una nota mínima
de 12 en cada uno de los exámenes; si no la alcanza, queda suspenso. Como
se ve, el esfuerzo que debe hacer el graduando es mayor, si comparamos con
lo que ocurría cuando estaba en vigencia el Reg. de 1978.
Si se considera que uno de los factores determinantes del alto índice de
pérdidas de año y deserción escolar, constituyó el anterior sistema de
evaluación, y se busca minimizar aquellos efectos, entendemos que, aun a los
alumnos que hubieren obtenido en los trimestres un promedio de 6, se los
debía permitir la oportunidad de aprobar una asignatura a condición de que en
el supletorio obtenga un puntaje mínimo de 18 que le arroja el promedio de 12
requerido, pues: 6 + 18 = 24 : 2 = 12. Y a propósito del promedio 12, nos
preguntamos ¿En base a qué estadístico o parámetro se ha determinado el 11
como insuficiente? Y en el caso de la primaria ¿Cuál la razón estadística para
que al puntaje 12 que se lo consideraba bueno en el Reg. de 1978, en el de
1985 se lo haya ubicado dentro de la equivalencia regular? ¿Por qué, en este
mismo documento de 1985, se fija para las notas 10 y 11 de la primaria la
equivalencia regular, mientras que para el nivel medio tales calificaciones se
especifican como insuficientes? Entendemos que deben haberse su-litado a un
criterio técnico, porque no es cuestión de que en determinado momento, por
simple decreto se disponga que 12 equivale a regular o bueno; que 11 en él un
nivel se iguala a regular y en el otro a insuficiente.
La aplicación del nuevo procedimiento evaluativo sería más eficaz si un
paralelo contara únicamente con un máximo de treinta estudiantes. Y por
último, se nota la conveniencia de que el profesor recepte pruebas mensuales
cuyas calificaciones debe entregar obligatoriamente en secretaria —desde
luego que algunos colegios particulares observan esta práctica— con lo cual se
lograría un mejor control de la evaluación continuada.
Como un paréntesis, anotemos los resultados que se obtuvieron al aplicar a
una muestra aleatoria de 50 educadores, una rápida encuesta que buscaba
sondear si los docentes en servicio, transcurridos ya los 7 primeros meses de
vigencia del Reglamento, en el decurso de este tiempo, habían o no leído este
instrumento. De los 50, veinte y cinco fueron docentes del nivel medio y veinte
y cinco del nivel primario. Del primer conjunto, sólo dos profesores leyeron el
Reglamento en su totalidad (se trata de un rector y una profesora), pero a
grandes rasgos en la parte "que no les interesa" y con detenimiento en aquellos
artículos que ¡incumben a sus tareas; 20 dieron lectura únicamente a las partes
que, a criterio de ellos, se relacionan con sus labores, como el sistema de
evaluación, juntas de curso, deberes y atribuciones de los docentes, etc. y
aquellas que tienen que ver con ciertas 'actividades específicas que
desempeñan dentro de su trabajo: profesor guía de curso, inspección, etc. Los
tres restantes no leyeron parte alguna a no ser las transcripciones de contados
artículos que constan en los registros entregados por el colegio, llegándose a
enterar de otras particularidades en base al diálogo con los demás profesores.
Del mismo grupo, quince educadores personalmente no disponen del
documento y saben de las nuevas normas, así mismo, porque en los registros
entregados por el respectivo plantel, se han copiado algunas reglas básicas
relacionadas especialmente con la evaluación; y hay casos extraordinarios
como el de una profesora orientadora vocacional —porcitar uno— que buscaba
explicar a los alumnos del sexto curso de un colegio, acerca del nuevo
Reglamento sin que disponga de este instrumento ni lo haya leído —a más de
que lo , lo denominaba "nueva reforma educativa"- y sin percatarse de que se
trata de un flamante cuerpo legal.
En cuanto a los 25 profesores primarios, la situación fue mis crítica: sólo uno
leyó el Reglamento en su totalidad (director de escuela); los demás rápidas
ojeadas sobre aspectos básicos que incumben a sus tareas como evaluación,
obligaciones del profesor, del director, etc. y con algún detenimiento aquellas
normas relacionadas con sus funciones específicas. De losprofesores primarios
tan sólo 12 disponían del nuevo instrumento legal. En general se notó cierta
tendencia, en los maestros de este nivel que integraban la muestra indicada, a
dejarse orientar por los directores de escuela y supervisores, e ir conociéndolo
a medida que surgen problemas y necesidades como del abanderado,
juramento a la bandera, etc.
En ambos estratos, la mayoría argumentó que —pese a los 7 meses
transcurridos (el sondeo se practicó en feb./86) desde la publicación del
Reglamento —no se ha procedido a la lectura del mismo por falta de tiempo,
justificación absurda que demuestra más bien despreocupación y negligencia.
Esta realidad patentiza la necesidad de difundir el conocimiento del citado
instrumento a base de conferencias, seminarios, etc.
iii) El Reglamento también determina varias posibilidades de trabajos de grado
para la obtención del título de bachiller al término del ciclo diversificado: trabajo
de investigación;participación de los alumnos en programas de
alfabetización,forestación, salud, conservación y mejoramiento ambiental o de
servicio comunitario; examen oral de grado.
iv)Otras novedades específicas del Reglamento, sin señalar a todas, y en
comparación con el de 1978, son:
— El nuevo documento busca "un adecuado equilibrio entre el control
indispensable y la libertad creativa".
— Determina los objetivos generales del sistema educativo.
— Incluye, como parte del subsistema escolarizado a la educación
compensatoria (el anterior lo llamaba educación no regular). Según datos de
prensa "El gobierno inició la etapa dinámica del programa general de la
Educación Compensatoria, cuyo objeto principal es consolidar los procesos de
alfabetización en el área rural". Según voceros del gobierno, durante el primer
año del régimen actual se invirtió en el programa más de 500 millones de
sucres y una suma superior se destinará para afrontar las tareas de la segunda
etapa. Cuenta la etapa con el financiamiento del BID y fondos del Estado. El
programa de asistencia a la marginalidad buscará construir —de acuerdo a las
declaraciones del Ministro Gallegos— 1.250 unidades educativas en las zonas
campesinas, y capacitar a 4.800 profesores, quienes actualmente (Agosto. /85)
ejercen la docencia en el medio rural. Además se distribuirán 1.5 millones de
textos escolares, tres millones de textos de trabajo y 60 mil guías didáctico—
pedagógicas (12). Esta política, desde luego, no es suficiente, sin embargo, en
caso de llevarse a la práctica y no convertirse en pura declaración, se habrá
aliviado en algo los problemas de la alfabetización y de quienes por diversas
razones no han tenido escolarización. Por otro lado, cabe advertir que se
encuentran en vigencia los programas de educación compensatoria. Las áreas
de estudio de este Plan y Programa comprenden: castellano, matemáticas,
ciencias sociales, ciencias naturales y actividades prácticas. Las jornadas de
trabajo serán de 150 minutos, divididas en cuatro períodos de 35 minutos cada
uno, con un descanso de 10, entre el segundo y el tercer período. Cada ciclo
tendrá una duración de hasta 10 meses de trabajo.
— Introduce normatividad sobre la Dirección Nacional de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente e Investigación Pedagógica.
— Hace una clasificación más completa y pormenorizada de los
establecimientos educativos, aunque existe un vacío en el caso de las escuelas
primarias (Art. 75); a nuestro entender debía añadirse otra clasificación de las
escuelas desde el punto de vista de sus funciones: comunes, de demostración,
de práctica docente y de experimentación; por ser una realidad que se la vive.
— El rector, vice—rector e inspector general deben permanecer en el
establecimiento durante el desarrollo de la jornada de trabajo. Antes debían
laborar 8 horas, que, desde luego, casi ninguno las cumplía salvo casos
excepcionales.
—El rector de un colegio goza de mayores atribuciones, entre ellas, la de
nombrar profesores accidentales y sustitutos.
—Hay innovaciones leves en cuanto a la inspección, consejo directivo.
—Regula las subrogaciones en caso de ausencia o vacancia de las
autoridades de un establecimiento de nivel medio; en el otro no se especificaba
debidamente.
— Introduce la denominada Junta de Directores de Área.
—También se registran reformas, aunque leves, en la Junta de Profesores de
Área, denominada en el documento de 1978, Asociaciones de Profesores por
Áreas.
—Cambia la conformación del Consejo de Orientación y Bienestar estudiantil.
—Mientras el Reg. de 1978 nos habla sólo del Consejo de Orientación y
Bienestar Estudiantil, el nuevo Reglamento incluye tanto al CONSEJO de
Orientación y Bienestar Estudiantil —cuyaintegración la modifica— cuanto al
DEPARTAMENTO de Orientación y Bienestar Estudiantil.
— Toma en cuenta otros servicios generales: tallen teatros, gimnasio, canchas
deportivas, internado, comedón así' como introduce las unidades de
producción.
—Los profesores deben laborar 22 horas. En el de 1978 se prescribía sólo 20.
— Entre algunos de los vacíos, peligrosamente deja uno que se refiere a la
jerarquización y tipificación de las sanciono! que debe aplicar el rector al
personal docente, administrativa y de servicio; y nada dice respecto a las
multas que es el tipo di sanción más generalizado. Tal vacío puede posibilitar el
abuso, la arbitrariedad, el subjetivismo y hasta la retaliación de parte del rector,
para con los miembros del citado personal; en efecto, por citar un ejemplo,
mientras en unos colegios para calcular el valor de la hora—clase y establecer
la multa al profesor, no se considera de la remuneración mensual las rebajas
de ley como el impuesto a la renta, aportes al IESS, etc., en otros ocurre lo
contrario. Preguntamos ¿En base a qué norma legal determina un rector la
cuantía de la multa?
— Por el Art. 42 se inserta en el Reglamento un tema de suma importancia: los
derechos de los alumnos, y, entre ellos, consta aquel que dispone no sancionar
a los mismos sin que se pruebe su responsabilidad y se los ofrezca la
oportunidad de ser escuchados y de defenderse. Se precautelan así, garantías
constitucionales consagradas en el Art. 19 Nral. 17 lit. e) -g) de la Constitución.
— Regula también el caso de las unidades educativas; a los establecimientos y
secciones nocturnas; a los institutos técnico—superiores.
—Clasifica a los colegios particulares, garantiza la educación le este tipo y
precautela los derechos constitucionales de tales establecimientos.
Suprime la reglamentación del formato de títulos.
—A quienes hubieren obtenido el título de bachiller, en cualquier modalidad los
faculta obtener otro, si así lo desearen previo el cumplimiento de las
condiciones que se determina en el Art. 253 del Reg.
—Fija mecanismos ágiles para el reconocimiento de estudios y la equiparación
de títulos obtenidos en el exterior.
Algunas —aunque pocas— de las disposiciones son transcripciones exactas
del Reglamento de 1978, o cambian simplemente una palabra por otra.
En conclusión, comparativamente con los reglamentos de 1978 y del ex—
Presidente Hurtado, el nuevo instrumento que hemos comentado a grandes
rasgos, pese a ciertos errores gramaticales, de simples cálculos, a la falta de
concordancia de algunos artículos con otros, que fueron corregidos con las
reformas del 10 de enero de 1986; resulta más completo y en cierto modo ágil y
se acomoda a las enmiendas y cambios que se vienen dando en la educación
ecuatoriana; y entendemos que irá modificándose conforme las circunstancias
y necesidades así lo exijan, como aquella de que los rectores, vice— rectores
e inspectores generales en los colegios, deben durar solo cuatro años con
posibilidades de reelección luego de un periodo; con ello se permitirá el
aprovechamiento de nuevas mentalidades que pueden aportar iniciativas
renovadoras y creadoras en favor de la educación y sus instituciones. El
ejercicio prolongado de un poder desgastaa la persona, y tiende a domesticar y
crear hábitos rutinarios ajenos a la innovación.
* REFORMAS AL REGLAMENTO
Ya hemos indicado que el Reglamento adolecía especialmente de fallas de tipo
formal (errores gramaticales, de simples cálculos, incompatibilidad en la cita de
varios artículos). Tales defectos que fueron advertidos por las autoridades
pertinentes, dieron lugar a que el 10—1—86 (R.O. 364: 28-1-86), se expidieran
Reformas al Reglamento General de la Ley de Educación, las que en su
generalidad son de tipo formal (constan al final del texto legal del Reglamento,
v. Doc. 4).
* El 31 de julio de 1985, la UNE presentó en el Parlamento Nacional, el
Proyecto de Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, una vez que
fuera discutido en el XVI Congreso Nacional de dicha Entidad clasista. Se
pretende con la aprobación de ese Proyecto, sustituir a la Ley de Escalafón y
Sueldos del Magisterio Nacional que ha venido siendo aplicada por más de 41
años y que en la actualidad resulta obsoleta y caduca, pues, no responde a las
necesidades reales tanto de la educación, cuanto de los requerimientos de los
educadores en lo que tiene que ver con sus derechos, defensa profesional y
profesionalización de los mismos, anhelos económicos justos que le permitan
una vida con dignidad humana, etc.
Algunos puntos básicos del Proyecto relacionados con los derechos de los
maestros, son los siguientes: licencia con sueldo por enfermedad y calamidad
doméstica y asistencia económica especial en caso de persistir la enfermedad;
comisión de servicio con sueldo completo para su perfeccionamiento docente y
a un año de cada 10 años cumplidos de trabajo para efectuar investigaciones
con sujeción a planes aprobados; subsidio” de transporte para los profesores
que laboran en la Región Amazónica, Galápagos y zonas fronterizas, estos
subsidios se harán efectivos en forma trimestral reconociendo en un 50% de su
costo"; representación en el Consejo Superior del IESS; para "fines
remunerativos de los profesionales de la educación se establecerá un sueldo
básico general y en cada una de las categorías se aumentará el 25 o/o del
sueldo de la categoría anterior"; los sueldos económicos provenientes de
promociones y ascensos serán reconocidos y efectivados automáticamente; el
subsidio anual será igual al 10 o/o del sueldo básico general sin límite de
¡cargas ni de sueldos ("El Comercio". 13—IV—86.-Pág. C—1); etc. Al cierre de
esta edición (mayo/86), el Proyecto aún no ha sido aprobado por el Congreso.
A MANERA DE CONCLUSIONES
— Las leyes, decretos, reglamentos y demás preceptos jurídicos que han
normado a la educación ecuatoriana, reflejan el pensamiento imperante en
cada período; muchos de estos documentos legales se han dictado con cierto
distanciamiento de nuestra realidad y necesidades. En no pocos casos, acusan
continuas reformas y contrarreformas en tal cantidad, que los han vuelto
dispersos y desordenados.
— Evolutivamente advierten un avance lento en la filosofía y objetivos de la
educación. Hasta la iniciación de la etapa Garciana, dieron preferencia a los
estudios sociales. Con la intervención principalmente de García Moreno, Eloy
Alfaro y Otros, empieza a fomentarse la educación técnica y poco a poco se
van integrando las demás ramas del saber cómo el arte, la música, las
artesanías, etc.
— Hasta el Período Garciano inclusive, en dichas leyes y reglas, se advierte la
presencia de disciplinas religiosas y la intervención del clero en la organización
y marcha del sistema educativo, situación que llega a su máxima expresión con
el Gobierno de García Moreno, para declinar gracias al advenimiento del
Liberalismo.
— Algunas leyes expedidas en el ámbito educativo, son incompletas, pues
cubren aspectos parciales del mismo. Otras en cambio, detallistas con normas
que más bien corresponden a un reglamento.
— Cambios fundamentales en favor de la educación con criterios, de avanzada
y progreso, y consagrados en las normas jurídicas educativas, se detectan en
varios gobiernos; se destacan, entre ellos, los del Gral. Eloy Alfaro y del Gral.
Alberto Enríquez.
— El interés por ajustar las leyes y demás normas jurídicas sobre educación a
las concepciones modernas del pensamiento educativo, se nota en las últimas
décadas; y, especialmente, a partir de 1978, se intensifica el afán por
adaptarlas —aunque teóricamente— a nuestra realidad y necesidades.
— La Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional en vigencia —uno de
los caos legales— a más de obsoleta (rige por más de 4 décadas), constituye
una especie de "secreto de Estado", desconocida aun por muchas de las
mismas autoridades educativas. De ahí que es necesario el impulso de la UNE
a su Proyecto de Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.
— El número de documentos legales que, entre leyes, decretos, reglamentos,
resoluciones, reformas, contrarreformas, publicados en el R.O., se han dictado
para regular la educación ecuatoriana desde 1830 hasta 1983 inclusive, es
sumamente extenso; corresponde aproximadamente a los 950 documentos
jurídicos.
CITAS BIBLIOGRÁFICAS
1.- Ediciones de la Universidad Católica de Quito. LANDAZURI, Carlos: Vicente
Rocafuerte y la Educación. Cuadernos Universitarios Nro. 6. Edit. Publitécnica.
Quito-Ecuador 984. Págs. 17 - 18-33 -34.
2.- UZCATEGUI, Emilio: La Educación Ecuatoriana en el Siglo del Liberalismo.
Edit. "Voluntad". Quito — Ecuador 19&0. Pág. 20.
2-A. Ibid. Págs. 121 a 125.
3.- Basado en datos del Diario "El Comercio". Quito — Ecuador
Pág. A-1.-30-I-86. 4.- Ibid. Pág. A-4.- 31-1-86. 5.- Ibidem.
6.- Comunicado de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.C. y el Instituto
de Investigaciones. Periódico "Hoy". Quito - Ecuador. Pág. 10-A.- 31-1-86.
7.- Ibidem.
8.- Basado en el mismo documento.
9.- Vespertino "Ultimas Noticias" Quito - Ecuador. Pág. 2.-22—VIII—85.
10.- Diario "El Comercio" Quito - Ecuador. Pág. A-2.- 27-VII—85.
11.- Vespertino "Ultimas Noticias". Periódico Cit. Pág. 10.-8-1-86.
12.- Diario "El Comercio". Pág. A-1.- 27—VIII—85.
