Sociales y Culturales de la ONU El Derecho a una ... · víctimas contra la violación de sus...

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Informe paralelo

ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU

El Derecho a una Alimentación Adecuada

en Ecuador

Editado por FIAN International Abril de 2004

Elaborado por Natalia Landívar

Colaboración de Florian Hundhammer (Banafair), Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE) y Nathalie Weemaels.

Agradecimientos a Coordinadora Nacional para la Defensa del Manglar (C Condem), Adolfo

Maldonado y Alexandrea Almeida (Acción Ecológica).

FIAN Documento D32s

FIAN documento d32s 2

FIAN - FoodFirst Information and Action Network FoodFirst Promueve el derecho fundamental a la alimentación. Este derecho humano está consagrado en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Information FIAN informa a las víctimas sobre su derecho a alimentarse y alerta al público en general sobre las violaciones de los derechos humanos. Action Ésta es la tarea central de FIAN. A través de sus actividades, FIAN apoya la lucha de los grupos víctimas contra la violación de sus derechos a alimentarse. Numerosas intervenciones han resultado exitosas. Con la ayuda de FIAN, la situación de las víctimas ha mejorado. Network FIAN es una red de miembros, secciones y coordinaciones en más de 60 países que se dan la mano para conseguir la realización del derecho a alimentarse. FIAN: Es una organización internacional de derechos humanos que trabaja por la realización del derecho a alimentarse. FIAN: Independiente de gobiernos, partidos políticos, ideologías y filiaciones religiosas. FIAN: Tiene estatus consultivo ante las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Comisión Africana de Derechos Humanos FIAN: Trabaja activamente en todos los continentes contra el hambre y la desnutrición. Su trabajo es único.

Impressum Editor: FIAN International Heidelberg

Con la ayuda financiera de 11.11.11., la Coalición flamenca para la coordinación Norte-Sur, y de Brot für die Welt (Pan para el Mundo)

Informe Paralelo Ecuador Tabla de Contenido

FIAN documento d32s 3

Tabla de contenido

Prefacio .........................................................................................................................................4

1. Introducción .............................................................................................................................5 1.1 Geografía ...................................................................................................................................... 5 1.2 Política.......................................................................................................................................... 5 1.3 Economía...................................................................................................................................... 6 1.4 Población...................................................................................................................................... 7

2. El Derecho a una Alimentación adecuada en la Constitución Ecuatoriana ......................7

3. Realización de un nivel de vida adecuado ............................................................................9

4. Documentación de las violaciones al Derecho Humano a la Alimentación ....................10 4.1. Obligaciones nacionales del Estado Ecuatoriano ................................................................. 10

4.1.1 Caso 1: Las fumigaciones dentro del Plan Colombia obligan a campesinos e indígenas ecuatorianos a abandonar sus tierras fronterizas con Colombia................................................... 11 4.1.2 Caso 2: Las empresas petroleras CGC de Argentina, Burlington Resources de Estados Unidos y Perenco de Inglatera presionan al gobierno ecuatoriano para explorar petróleo dentro del territorio de la comunidad Sarayaku en la provincia de Pastaza. .................................................. 12 4.1.3 Caso 3: El gobierno ecuatoriano no ha solucionado el problema de la pérdida del manglar, fuente de alimentación de las comunidades costeras, y sigue permitiendo la destrucción de los últimos bosques de este ecosistema en reservas naturales. ........................................................ 13 4.1.4 Caso 4: El gobierno ecuatoriano viola el derecho a una alimentación adecuada de los trabajadores de la industria bananera al no vigilar el cumplimiento del salario mínimo vital y al no promover la libre sindicalización de los trabajadores. Por FENACLE/ BanaFair. .......................... 15

4.2. Obligaciones y responsabilidades de organizaciones internacionales y el sector privado.............................................................................................................................................. 16

4.2.1 Caso 1: Impactos de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) sobre el agua. Por Ing. Nathalie Weemaels ................................................................................................ 17 4.2.2 Caso 2: Ajuste Estructural y dolarización ............................................................................. 19

5. Conclusiones generales........................................................................................................24

6. Recomendaciones .................................................................................................................26

7. Preguntas al Estado del Ecuador.........................................................................................27 7. 1 Preguntas sobre las obligaciones nacionales ....................................................................... 27 7.2 Preguntas referentes a los acuerdos con Organizaciones Internacionales y el sector privado.............................................................................................................................................. 27

Bibliografía .................................................................................................................................29

Informe paralelo Ecuador Prefacio

FIAN Document d32s 4

Prefacio FIAN, la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos que trabaja por el Derecho a Alimentarse, presenta a continuación esta información paralela al Comité de Derechos economicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas con respecto al Informe Periódico del Estado del Ecuador (UN Doc. E/1990/6/Add.36). De todos los temas relativos a los derechos económicos, sociales y culturales, nos concentraremos en el Derecho a una Alimentación adecuada. Ecuador es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) desde 1969. En el artículo 11 del Pacto, se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. El derecho a un nivel de vida adecuado incluye los derechos a una alimentación adecuada, a estar protegido contra el hambre y al mejoramiento progresivo de las condiciones de vida. Los Estados Partes del Pacto se comprometen a tomar medidas apropiadas para la efectividad de ese derecho. Según el artículo 11, el derecho a una alimentación adecuada se deriva de las siguientes tres obligaciones del Estado Parte:

a) La obligación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten ningún tipo de medidas que impidan ese acceso.

b) La obligación de proteger implica que los Estados Partes adopten medidas para velar por que

terceros no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada, a través, por ejemplo de la elaboración y puesta en práctica de legislación nacional determinada.

c) La obligación de realizar significa que el Estado debe facilitar el acceso y la utilización por parte

de la población de los recursos y medios que aseguren su seguridad alimentaria. Esto se realiza normalmente a través de medidas administrativas y la creación de un marco legal. Además, los estados tienen la obligación de hacer efectivo este derecho, cuando un individuo o grupo sea incapaz de disfrutar el Derecho a una Alimentación adecuada por sus propios medios.

Adicionalmente, el Art. 2 del Pacto hace referencia a dos principios para la realización de los DESC:

a) El principio del “máximo de los recursos de que disponga el Estado” exige a los gobiernos que cooperen tanto a nivel nacional como internacional, utilizando todos sus recursos y medios disponibles para que se realice el Derecho a la Alimentación.

b) El principio de “progresivamente” implica la obligación de los Estados de mostrar avances

significantes en la realización de los DESC. Por último, la Observación General nr. 12 del Derecho a una Alimentacion adecuada hace referencia a las obligaciones extraterritoriales de los Estados Parte del PIDESC en su responsabilidad directa por las violaciones de derechos humanos en otros países y en su actuación como miembros de Organizaciones Internacionales, así como las responsabilidades de las mismas Organizaciones Internacionales para la implementación del Derecho Humano a Alimentarse.

Informe paralelo Ecuador Introducción


1. Introducción

1.1 Geografía

La república del Ecuador, con una superficie de 255.970 km2, es uno de los países más pequeños de América del Sur. Está situado en la costa del Pacífico y limita al norte con Colombia, y al sur y este con Perú. El Ecuador está dividido en 22 provincias que se encuentran repartidas en cuatro regiones: • La Costa o Litoral, que está formada por bosques lluviosos tropicales, sabanas tropicales, bosque

seco, playas y manglares. • La Sierra o región interandina, que comprende una parte de la cordillera de los Andes. • La región oriental, cubierta por bosques húmedos tropicales del Amazonas. • La región insular o islas Galápagos. Las diferentes condiciones ambientales generan una impresionante diversidad de ecosistemas naturales. Ecuador está considerado como uno de los países con mayor diversidad biológica por unidad de área.

1.2 Política

El Ecuador retornó en agosto de 1979 a la democracia como régimen político. El sistema de partidos políticos se caracteriza por el pluripartidismo en la primera vuelta presidencial y por un bipartidismo en la segunda, en la que se obliga a los partidos perdedores a una alianza con los dos partidos ganadores. La segunda mitad de los años noventa se caracteriza por una gran conflictividad social y política. Desde 1996 al 2000, diez presidentes han pasado por el gobierno del Ecuador. Tres han sido los momentos de mayor conflictividad en el escenario político: el primero se da en 1995 con la fuga del vicepresidente Alberto Dahik debido a denuncias de corrupción, el segundo en 1997 con el paro nacional para destituir por incapacidad mental al Presidente Abdalá Bucaram y el tercero en 2000 con el levantamiento indígena militar que derrocó al Presidente Jamil Mahuad por el corrupto manejo de la crisis bancaria del año de 1999, que llevaría al Ecuador a la dolarización de su economía. Del levantamiento indígena militar del año 2000, nació el partido del actual presidente y ex militar Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica 21 de Enero. A pesar de que al principio de su mandato, Gutiérrez contaba con el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y del Movimiento Popular Democrático (MPD), en este primer año su gobierno ha tenido que confrontar constantes críticas y huelgas dirigidas por sus antiguos aliados. No solamente el austero plan económico del gobierno, el acuerdo con el FMI y la cercanía con el Partido Social Cristiano (PSC) fueron las causas para la ruptura con el MPD y Pachakutik, brazo político de la CONAIE. También el nepotismo con el que se caracteriza su gobierno y un posible financiamiento de su campaña electoral con dinero del narcotráfico, lo han llevado a contar cada vez con menos apoyo de la población.



1.3 Economía

La economía del Ecuador se ha basado históricamente en la exportación de productos primarios como el banano, café, cacao, camarones y el petróleo. Durante los años setenta, Ecuador vivió un auge petrolero, que le permitió un mejor acceso al mercado financiero internacional. La caída de los precios del petróleo y la reducción de los préstamos a los países subdesarrollados por la crisis de la deuda externa de los años ochenta, interrumpieron drásticamente la bonanza económica de la época petrolera. Aunque las exportaciones se expandieron durante la primera mitad de los años 90, éstas continuaron concentradas en pocos productos primarios, es decir aquellos productos con ventaja comparativa natural y escasamente elaborados. La dependencia del monocultivo ha significado la destrucción de bosques nativos y otros sistemas naturales debido la expansión de la frontera agrícola y petrolera, la creación de piscinas camaroneras y el consumo de madera. El Ecuador tiene una gran potencialidad para la agricultura de consumo interno. Sin embargo, el hambre y la desnutrición afectan a las dos terceras partes de la población ecuatoriana. En apenas una décima parte de la tierra cultivable del Ecuador se cultivan los productos de la canasta familiar1. En el año 1999, Ecuador sufrió una crisis bancaria, que fue resultado de la liberización del sistema financiero y una política monetaria del gobierno, a favor de los banqueros2. Una de las medidas para salvar a los bancos en quiebra fue el congelamiento de depósitos de un amplio sector de la población, lo que redujo a una quinta parte de su valor inicial al ser devueltos un año después3. A inicios del 2000 el gobierno del ex presidente Jamil Mahuad decidió adoptar la dolarización, como una estrategia política para mantenerse en el poder. Gustavo Noboa, quien tomó el poder después de la caída de Mahuad, continuó con la implementación de esta medida económica. En el año 2000 se incrementaron nuevamente los efectos inflacionarios y se deterioraron los salarios reales, lo que provocó una mayor pobreza. A cuatro años de dolarizar la economía, el Ecuador aún está lejos de alcanzar una estabilidad macroeconómica. La inflación de 6,1 %, aunque con una tendencia a bajar, todavía es muy alta en comparación con los otros países sudamericanos y tres veces más alta que la estadounidense. La pérdida de competitividad de los productos nacionales, la precarización del mercado laboral, y una alta deuda externa total4, que concentra un porcentaje muy alto del Presupuesto General del Estado, se han incrementado en los años dolarizados y han empeorado las condiciones de vida de la mayoría de los ecuatorianos. La dolarización también ha reafirmado el papel del Ecuador como país exportador de productos primario, especialmente del petróleo. Este es la fuente principal de divisas del país en los últimos años, seguido de las remesas de los emigrantes, que salieron del país después de la crisis bancaria. La dependencia del petróleo ha llevado a una “petrodolarización” de la economía. Para conseguir divisas, que mantengan este sistema monetario, se está fomentando desenfrenadamente actividades de exploración y explotación en zonas de reservas naturales, aumentando así los conflictos sociales en el Ecuador. 1 Ver: Ecuador Su Realidad 2003. Pág. 170. 2 La crisis se manifestó en la reducción el PIB en un 45%, en la reducción del ingreso por habitante a la mitad, de USD 1.600 en 1998 a USD 865 en el año 2000 (según el FMI) o USD 1.051 (según el Banco Central del Ecuador), una devaluación del 200%, inflación del 60% y una caída de salarios reales del 40 % . Ver Frente Social. Agenda de Desarrollo Humano. 2003. 3 Frente Social. Agenda de Desarrollo Humano. 2003. 4 Esta creció de 13.564 millones de dólares en 2000 a casi 16.600 millones en 2003. Ver: Análisis de Conyuntura 2003.



1.4 Población

Según el censo de noviembre de 2001, la población del Ecuador es de 12.090.804 habitantes. Mientras que en 1950 la población rural representaba el 72%, en 1998 fue de 38%. Esta reducción se debe al crecimiento de la población, como también a la crisis en el campo por falta de tierra y de oportunidades de empleo5. El Ecuador tiene una alta diversidad étnica. La población indígena esta constituída por 12 nacionalidades6que se distribuyen en la sierra y el oriente ecuatoriano y que alcanza el 22% de la población total del Ecuador. Los pueblos indígenas son el sector social más organizado del país. La población afrodescendiente (negros y mulatos) constituye el 5% del total de la población del Ecuador y, a diferencia de los indígenas, sus niveles de organización y presión social son muy bajos. Las poblaciones indígenas y afroecuatorianas, dedicadas a la producción agrícola, son las etnias más afectadas por la pobreza7. El promedio nacional de analfabetismo en el Ecuador es del 10% y las provincias con tasas de población analfabeta más alta son las que tienen mayor concentración indígena.

5 Ver: Ecuador Su realidad 2003. Pág. 122. 6 La Constitución de 1998 reconoce la autodefinición de los pueblos indígenas como nacionalidades. La plurinacionalidad hace referencia a la existencia de varias nacionalidades con una misma historia, lengua y cultura dentro de una nación. 7 Ver Gaybor 2003.

2. El Derecho a una Alimentación adecuada en la Constitución Ecuatoriana La responsabilidad principal de asegurar el disfrute pleno del derecho a una alimentación adecuada recae sobre las autoridades nacionales del Ecuador. Esto hace referencia a las obligaciones contenidas en los diferentes Pactos y Acuerdos Internacionales, que el gobierno haya aceptado o ratificado, así como a la voluntad política del gobierno, para reconocer el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la alimentación. El Ecuador aprobó la declaración Universal de Derechos Humanos y es Estado Parte del PIDESC. También ha aceptado, la Convención sobre los Derecho del Niño de 1990, en donde también se hace referencia al Derecho a la Alimentación. Por último, el Ecuador también ratificó el Convenio 169 de la OIT, que hace referencia al derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y afroecuatorianas. Los Estados Partes del PIDESC se comprometen a tomar medidas apropiadas para la efectividad del Derecho a una Alimentación adecuada. De acuerdo con el artículo 2 del Pacto, esas medidas deben adoptarse por cada uno de los Estados Partes «hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos» reconocidos en el Pacto.

Informe paralelo Ecuador El Derecho a una Alimentación en la Constitución


Este compromiso fue renovado por los dirigentes del mundo en 1996, incluido Ecuador, en el contexto de la Declaración y del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de la FAO, en el que los Estados anunciaron que harían todo lo posible para aplicar las disposiciones del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el Plan de Acción, los gobiernos prometieron consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre en todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual (1996), no más tarde del año 20158. El Ecuador como Estado Parte del PIDESC debe adoptar, entre otras, las medidas legislativas necesarias, para hacer efectivo del derecho a un nivel de vida adecuado, lo que incluye el Derecho a una Alimentación adecuada. En la Constitución de 1998 se encuentran los siguientes artículos en donde se reconoce y garantiza explícitamente al derecho a una alimentación adecuada: a) A través del Artículo 42 el Estado garantiza«...el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, ... vivienda, vestido, atención médica y otros servicios sociales necesarios.» y « el derecho a la salud, su promoción, y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria...». b) De acuerdo al Artículo 43 «El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños...» c) Por último, el Estado asegura y garantiza a los niños y adolescentes en el Artículo 49 « ...el derecho... a la salud integral y nutrición.». además que «...adoptará las medidas que aseguren ... las siguientes garantías: 1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, salud, educación y cuidado diario.» Además, los pueblos indígenas y afroecuatorianos han conseguido el reconocimiento de sus derechos colectivos relacionados con su territorio, que son la base de su sobrevivencia, en el Artículo 84 de la Constitución del Ecuador. Allí el estado Ecuatoriano se compromente a: a) conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que son inalienables, imbargables e indivisibles, b) mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias, c) conservar y promover las prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural, d) no desplazar a los pueblos indígenas y afroecuatorianos. A pesar de que existe legislación nacional y internacional suficiente para garantizar el Derecho a una Alimentación adecuada, todavía no se ha conseguido, como se comprobará más adelante, que el gobierno Ecuatoriano cumpla con estas obligaciones.

8 Ver página Web de la FAO

Informe paralelo Ecuador Nivel de vida adecuado


3. Realización de un nivel de vida adecuado Las políticas sociales orientadas a afrontar el tema de la pobreza extrema en el Ecuador, se reducen a la otorgación de bonos solidarios o de pobreza y al Programa Especial de Seguridad Alimentaria del Ecuador (PESAE) como compromiso adquirido en la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada por la FAO en Noviembre de 1996. Lamentablemente, no existen indicadores socioeconómicos que indiquen una mejora en las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Actualmente, se estima que en el Ecuador existen 8.600.000 de pobres que equivalen al 70% de la población total. La desnutrición afecta al 48% de la población nacional y al 64% de la población de los cantones de alta concentración indígena. El 55% de los niños menores de cinco años sufre de desnutrición: 48,4% de desnutrición crónica, 4,0% desnutrición aguda. El 66% de la población consume por debajo del 80% de las calorías adecuadas y 46% por debajo del 80% de las proteínas adecuadas. El 59% de las viviendas no tiene agua potable9. El costo de la canasta familiar en diciembre de 2003 fue de 378,34 dólares, mientras que el ingreso promedio, calculado para una familia de 4 personas, con 1,5 perceptores de salario básico, fue de 253,17 dólares10. Lo que significa, que actualmente una familia no puede consumir la tercera parte de la canasta básica considerada como mínimo para su subsistencia. El presente informe pretende examinar hasta qué punto el Estado Ecuatoriano está cumpliendo realmente sus obligaciones de respetar, proteger y dar efectividad a un nivel de vida digno, en especial al derecho a la alimentación. A continuación se identificará:

a) los grupos más vulnerables, b) los procesos más importantes, que privan a la población del acceso a sus recursos productivos

y de su capacidad a alimentarse, c) las faltas del estado para asegurar la Alimentación adecuada a su población, d) y lo que el estado debiera hacer para mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos.

9 Ver: Ecuador Su Realidad 2003, pág. 292. 10 Ver: Ildis, pag 27.

Informe paralelo Ecuador Documentación de violaciones al Derecho a la Alimentación


4. Documentación de las violaciones al Derecho Humano a la Alimentación

4.1. Obligaciones nacionales del Estado Ecuatoriano

El Derecho a una Alimentación adecuada se cumple cuando "todo hombre, mujer, niño y niña, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla"11. La Obsevacion General no. 12 sintetiza el contenido de este derecho, diciendo que "el derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psiquica y fisica, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna".12 El contenido básico del Derecho a una Alimentación adecuada implica13: a) La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada. b) La accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. Como dijimos anteriormente, el Derecho a la Alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos de obligaciones a los Estados Partes14: a) La obligación de respetar determinan los límites de acción del Estado. Este, en general, no debe injerirse en las condiciones de vida de sus habitantes, ni en su capacidad para mantenerse a sí mismos. Si la legislación nacional perjudica el derecho a la alimentación, entonces será necesario adoptar medidas inmediatas para rectificar esa situación. b) La obligación de proteger requiere adoptar medidas para garantizar de que actores que no son el Estado no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Ello implica establecer un entorno reglamentario propicio, es decir legislación y sanciones, por ejemplo en las esferas de la seguridad alimentaria y la nutrición, la protección del medio ambiente y la tenencia de la tierra. c) Las obligaciones de dar efectividad implica la aplicación de medidas del Estado que faciliten el acceso a los recursos productivos. En caso de emergencias se deberá prestar asistencia directa, para garantizar, como mínimo, que no se padecerá hambre Cada uno de los Estados Parte se compromete a implementar medidas, legislación y realizar actividades que cumplan con sus obligaciones bajo el PIDESC y que no violen el Derecho a una alimentación adecuada.

11 Ver Observación General No. 12, documento de la ONU E/C.12/1999/5, párafo 6 12 See Report of the Special Rapporteur on the right to food. UN document E/CN.4/2001/53. Paragraph 14 13 Ver Observación General No. 12, documento de la ONU E/C.12/1999/5, párafo 8 14 Ver Observación General No. 12, documento de la ONU E/C.12/1999/5, párafo 15



A continuación se presentarán algunos casos, donde se identifican algunos grupos vulnerables, que están siendo impedidos a acceder a sus recursos productivos, y en donde se demostrará que el Estado Ecuatoriano no está cumpliendo con sus obligaciones nacionales adquiridas en el PIDESC.

4.1.1 Caso 1: Las fumigaciones dentro del Plan Colombia obligan a campesinos e indígenas ecuatorianos a abandonar sus tierras fronterizas con Colombia.

Las fumigaciones en los departamentos colombianos del Cauca, Nariño y Putumayo son realizadas dentro del marco del Plan Colombia15 para erradicar los cultivos ilícitos de coca en esas zonas. El programa de fumigaciones aéreas comenzó a finales de 2000 y desde entonces, se han fumigado más de 170.000 hectáreas. En los últimos tres años, se ha fumigado progresivamente y de forma indiscriminada sobre las plantaciones ilícitas y no ilícitas, afectando de esta manera, a las poblaciones pobres de esta zona, incluyendo a las poblaciones de las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, fronterizas con el Ecuador. Actualmente, la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES) está recogiendo denuncias de los campesinos e indígenas afectados por las fumigaciones en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Se calculan que son aproximadamente 25.000 personas afectadas sólo en esa provincia, donde hasta ahora se han registrado los mayores impactos. El “Roundup Ultra” es la mezcla de herbicidas utilizados para las fumigaciones. Este incluye el glifosato, cuya concentración en Colombia es 18 a 26 veces más alta de la que está permitida en los Estados Unidos. La compañía estadounidense Monsanto, productora del “Roundup”, explica que este herbicida impide la síntesis de proteínas y produce fitoxicidad en las plantas. Además, en la etiqueta se advierte de los daños que puede causar este herbicida hacia cultivos y plantas a las cuales no estaba dirigido el tratamiento16. Ya en el año 2001 se calculaba que el 100% de la población en la zona de frontera había sido intoxicada por las fumigaciones con “Roundup Ultra” en una franja de 5 km, y el 89% en una de 10 km17. A pesar de las numerosas denuncias sobre los impactos de las fumigaciones en los cultivos y la salud de las poblaciones fronterizas18, y de que el Gobierno ecuatoriano presentara una petición de establecer una zona de seguridad de 10 kilómetros para las fumigaciones a partir de la línea de frontera, el Gobierno Colombiano ha seguido fumigando dentro de esta zona19, argumentando que el glifosato no es dañino, y esparciendo “Roundup” directamente sobre las riveras del Río San Miguel, límite norte de la frontera con Colombia20 La mayoría de las comunidades campesinas e indígenas, que viven en la frontera con Colombia se dedican básicamente al cultivo de productos agrícolas para su subsistencia y son poblaciones, en su mayoría, extremadamente pobres. Las fumigaciones han destruído sus cultivos de maíz, yuca, arroz, cacao y plátano y han contaminado los ríos y pozos de agua, que las poblaciones utilizan para consumo humano. Además, las poblaciones presentan alteraciones del sistema nervioso, afectaciones del sistema digestivo y enfermedades de la piel21. Entre los más afectados se encuentran los niños de las comunidades, quienes presentan granos en la piel, comezón, dolor de cabeza, vómitos, fiebre, dolor de estómago22. 15 El Plan Colombia es un programa, financiado por el gobierno de EEUU, para acabar con el narcotráfico y erradicar los cultivos ilícitos de coca y amapola en Colombia. 16 Ver: Informe Técnico, 2001. 17 Ver: Maldonado, Buitrón, Granda y Gallardo, 2001. 18 El 11 de septiembre de 2002 la comunidad quichua San Franciso 2, en la provincia de Sucumbíos presentó una denuncia en los EEUU contra la empresa Dyn Corp, encargada de las fumigaciones en la frontera. 19 Las últimas fumigaciones fueron realizadas del 4 al 8 de julio del 2003. Misión de verificación, Julio 2003. 20 Ver: Mision de Verificación, 2002. 21 Ver: Maldonado, Buitrón, Granda y Gallardo, 2001. 22 Ver: Misión de Verificación, 2003.



El 24 de enero de 2003, se concedió Amparo consitucional a aproximadamente 2600 familias de la provinicia de Sucumbios afectadas por las fumigaciones. Este fallo exiguió a los distintos órganos del Estado tomar medidas urgentes para ayudar a estas poblaciones y para evitar fumigaciones en la frontera. El 11 de marzo de este año, el congreso nacional envió al Gobierno ecuatoriano una resolución en donde exhorta al gobierno ecuatoriano que exija al Estado Colombiano que no se fumigue a menos de 10 kilómetros de la zona de frontera y que indemnize a las poblaciones afectadas por los daños ocasionados en la salud y alimentación. Ante todas estas peticiones, el ministro de Relaciones Exteriones ha conformado la Comisión Científica Técnica Ecuatoriana (CCTE). Sin embargo, esta Comisión se esta limitado a esperar a que se realizen nuevas fumigaciones para poder investigar los impactos, a pesar de que existen suficientes investigaciones que verifican los daños ocasionados.

Es obligación del Estado Ecuatoriano como Estado Parte del PIDESC brindar protección inmediata a las comunidades afectadas por las fumigaciones dentro del Plan Colombia, ya que se trata de una situación extremadamente delicada, que ha desencadenado una crisis alimentaria y de salud y una ola de migración interna en el Ecuador. El permitir que el Estado Colombiano destruya la salud, los cultivos y animales de las poblaciones fronterizas, obligándolas a dejar sus tierras sin indemnizarlas correctamente, y la falta de respuestas y acciones rápidas y objetivas por parte del Estado Ecuatoriano, es un incumplimiento al compromiso del Ecuador de proteger y hacer efectivo el acceso a los recursos de toda su población, y por lo tanto, es una clara violación a los Derechos Económicos, Sociales y culturales, especialmente al derecho a una alimentación adecuada.

4.1.2 Caso 2: Las empresas petroleras CGC de Argentina, Burlington Resources de Estados Unidos y Perenco de Inglatera presionan al gobierno ecuatoriano para explorar petróleo dentro del territorio de la comunidad Sarayaku en la provincia de Pastaza.

Desde el año 2000, aproximadamente 1.100 indígenas de la comunidad quichua Sarayaku de la provincia amazónica del Pastaza, se oponen firmemente a que se realicen trabajos de prospección sísmica dentro del territorio del que posee título de propiedad. El uso del territorio de la comunidad Sarayaku para fines petroleros va destruir los recursos productivos de este grupo indígena y en consecuencia impedir el acceso a sus fuentes de alimentación, lo que causará hambre y desnutrición. En 1996, el gobierno del Ecuador y la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina subscribieron un contrato de exploración de petróleo en el “bloque 23” de la provincia de Pastaza, el cual abarca 200.000 hectáreas de las cuales 135.000 es territorio de la comunidad quichua Sarayaku. En 1999, la petrolera Chevron, que en 2001 se fusionó con la Texaco formando ChevronTexaco, se hizo socia de la CGC. A principios de febrero de 2003, la argentina CGC reveló que la ChevronTexaco había vendido sus interéses en julio de 2001 a otra petrolera estadounidense, la Burglington Ressources Inc. Según una nota de prensa, esta compañia a su vez alquiló la mitad de su participación a otra compañia europea llamada Perenco. Desde el mes de noviembre de 2002 la CGC/Burglington entró al territorio Sarayaku y comenzó con las actividades de prospección sísmica, detonando cargas explosivas día y noche dentro de una parte de este bloque. Durante el mes de enero de 2003, se cometieron abusos contra el pueblo Sarayaku. Tropas militares atacaron el Campamento “Tiutihualli” que los moradores de Sarayaku habían levantado para defenderse del acoso permanente por parte de la petrolera. Después de este acontecimiento, la lucha de esta comunidad se vió respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual en mayo dispuso que el gobierno Ecuatoriano debe tomar medidas cautelares en relación a este



conflicto, para asegurar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad y suspender toda actividad petrolera hasta que se llegue a un acuerdo con la comunidad. Los trabajos sísmicos de la CGC/Burglington se suspendieron temporalmente debido a la gran presión que ejercieron las comunidades, apoyadas por organizaciones nacionales e internacionales. Contrariamente a las exigencias de la CIDH, el gobierno ecuatoriano comenzó a militarizar el territorio Sarayaku con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores de la CGC para seguir con la exploración sísmica. La falta de voluntad del gobierno ecuatoriano para resolver el problema de esta comunidad se puso aún más de manifiesto cuando se negó a intervenir después de las agresiones físicas y verbales, de las que más de ciento veinte Sarayakus fueron víctimas en diciembre de 2003, mientras se dirigían a la ciudad del Puyo para tomar parte de una marcha pacífica por la defensa de los derechos colectivos del pueblo Sarayaku y contra la explotación petrolera dentro de su territorio ancestral. Además, la pasividad ante la agresión por desconocidos del presidente de Sarayaku, Marlon Santi, el día antes de su viaje para asistir a la reunión de trabajo convocada por la CIDH en Washington el día 3 de marzo de este año y la inasistencia a la misma reunión del Procurador General del Estado Dr. José Maria Borja son otras pruebas del incumplimiento del Estado, incluso en sus obligaciones ante organismos de justicia internacional.

Actualmente, esta comunidad está exiguiendo al estado Ecuatoriano que declare al territorio Sarayaku como zona de desarrollo turístico a través de un decreto ejecutivo para que no se sigan destruyendo los recursos naturales, que son la única fuente de subsistencia de esta comunidad. La explotación petrolera en tierra Sarayaku es una amenaza a los sistemas y prácticas productivas tradicionales, como la pesca y caza, y por lo tanto una amenaza al Derecho a Alimentarse de esta comunidad. Actualmente, la situación se está volviendo cada vez más tensa ya que el Ministro de Energía y Minas declaró en febrero de este año, que se reanudarán las exploraciónes sísmica en el “bloque 23”. El clima de violencia creado a raíz de la militarización por parte del gobierno en el territorio ancestral Sarayaku para fomentar a la fuerza la exploración petrolera, el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, la indiferencia ante actos de violencia contra la comunidad Sarayaku, y la no implementación de un decreto ejecutivo que declare al territorio Sarayaku como zona turística son un claro incumplimiento a la obligación que tiene el Ecuador como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de respetar y proteger el Derecho Humano a Alimentarse adecuadamente de todos sus habitantes.

4.1.3 Caso 3: El gobierno ecuatoriano no ha solucionado el problema de la pérdida del manglar, fuente de alimentación de las comunidades costeras, y sigue permitiendo la destrucción de los últimos bosques de este ecosistema en reservas naturales.

La fuente de alimentación y el principal ingreso de la mayor parte de las familias asentadas en los bordes de los manglares se ha basado históricamente en la recolección, caza, pesca artesanal y comercialización de los recursos del manglar. A partir de la década de los setenta, estas actividades se han venido reduciendo, debido a la tala indiscriminada del manglar para la construcción de piscinas camaroneras. Las mujeres son las mas afectadas, ya que son ellas las que recolectan los productos del manglar, dependiendo sus ingresos entre un 40-80% de los ecosistemas destruídos23. La industria de camarón en cautiverio, fomentada por los gobiernos de turno y el Banco Mundial, ha obtenido grandes ganancias acosta de haber ocupado ilegalmente terrenos de carácter público24. En todo ese tiempo, las camaroneras han destruído más del 70% de la superficie cubierta por estos 23 Ver: Greenpeace 2003. Página 25-27. 24 72% de las piscinas camaroneras son ilegales.



bosques y han contaminado las fuentes de agua potable de las que se abastecen las poblaciones locales, al depositar los residuos de pesticidas, o metales pesados tóxicos en ellos y poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la población pobre de la costa. Por ejemplo, en el estuario de manglares del sistema Muisne-Cojimies se registra una gran mortandad de moluscos y crustáceos. En otras áreas, algunas camaroneras han prohibido incluso el acceso a las tierras comunes de las comunidades locales. La disminución de la tala del manglar en los últimos años se debe a la organización comunitaria de las poblaciones afectadas, a la imposibilidad de las camaroneras de continuar con el ritmo de la tala que se venía dando antes y a las enfermedades del camarón, como por ejemplo la mancha blanca, que son producto de un mal manejo de las propias camaroneras por el sobreuso y abuso de químicos en las piscinas. Sin embargo, con el apoyo financiero del gobierno y agencias multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a traves de la Ley para la Promoción de la inversión y la participación ciudadana (Ley Trole), que fomenta las inversiones en bosques de manglar, se pretende reactivar a la industria camaronera para alcanzar nuevamente altos niveles de exportación. Esto es una amenaza a los últimos manglares que sobreviven en el Ecuador, que son alrededor de 140.000 hectáreas de las 380.000 originarias. De esta manera, en Cayapas Mataje al norte de la provincia de Esmeraldas y en la Reserva de Manglares Churute en la provincia del Guayas, la tala ha aumentado, ya que la industria necesita de zonas vírgenes y limpias para seguir realizando sus actividades. A pesar de los avances legislativos que se han logrado gracias a la presión de las comunidades del manglar en los últimos años, el gobierno ecuatoriano todavía no ha resuelto definitivamente el problema de la pérdida de sus recursos que enfrentan las comunidades costeras. Desde Junio de 2001, las comunidades usuarias del manglar, apoyadas por la Coordinadora Nacional para la Defensa del Manglar (C/Condem) vienen promoviendo la Ley de Conservación del Ecosistema del Manglar. Esta Ley fue propuesta para reunir en un único cuerpo legal toda la legislación que concierne al manglar y que actualmente está dispersa en un sinnúmero de leyes y estancias oficiales que tienen jurisdicción sobre este recurso nacional y que han llevado paradójicamente a una desenfrenada impunidad en la industria camaronera. Esta Ley plantea programas de reforestación en zonas destruídas, continuar y ampliar las concesiones comuntarias al manglar, realizar investigaciones sobre la capacidad de carga del manglar, poner una moratoria a la industria camaronera, etc. Actualmente, 400 usuarios ancestrales del manglar de toda la costa ecuatoriana están luchando para que se apruebe esta Ley en el Congreso Nacional. El apoyo del gobierno Ecuatoriano en los próximos meses va a ser crucial para la implementación de esta Ley. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el manglar para el desarrollo de las comunidades locales como fuente de seguridad alimentaria, trabajo y cohesión socio-cultural, el gobierno ecuatoriano no está cumpliendo con su obligación de proteger el derecho a la alimentación, al permitir que la industria camaronera continúe destruyendo los últimos bosques de manglar en las Reservas de Manglares Cayapas Mataje al norte de la provincia de Esmeraldas y en Churute en la provincia del Guayas. El gobierno ecuatoriano no está garantizando tampoco el Derecho Humano a Alimentarse, al no utilizar todos sus medios posibles para resolver el problema de la pérdida de los recursos de esta población de aproximadamente 1´200.000 pobladores de la costa ecuatoriana, que ancestralmente han venido utilizando los recursos del ecosistema del manglar y a quienes se les ha destruído el acceso a sus fuentes alimenticias tradicionales, sin ningún tipo de indemnización.



4.1.4 Caso 4: El gobierno ecuatoriano viola el derecho a una alimentación adecuada de los trabajadores de la industria bananera al no vigilar el cumplimiento del salario mínimo vital y al no promover la libre sindicalización de los trabajadores. Por FENACLE/ BanaFair.

El derecho a una alimentación adecuada de las poblaciones rurales de las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos se encuentra amenazado y violado por las actividades de varias compañías nacionales y multinacionales de la industria bananera y por la actitud pasiva del gobierno para vigilar estas actividades. En consecuencia, miles de trabajadores reciben un sueldo bajísimo, sufren el despido por estar afiliados a un sindicato o tienen que vivir con una incapacidad total para el trabajo, causada por la aplicación inmensa de pesticidas en las plantaciones bananeras. Desde hace tiempo Ecuador es el primer exportador de banano del mundo. La industria bananera está constituída por aproximadamente 6.000 productores y más de 360.000 empleados que trabajan en las plantaciones de las provincias costeras del sur del Ecuador. Mientras que los grandes productores bananeros suelen tener unos ingresos inmensas, la gran mayoría de los trabajadores continúa trabajando sin sueldos justos, en condiciones ambientales peligrosas y sin ningún beneficio social. Ni siquiera el uno por ciento de ellos está sindicalizado. Peor aún es la situación de los trabajadores emigrados del Perú, quienes reciben sólo la mitad del salario que ganan los ecuatorianos. La hacienda Los Alamos, que está ubicada en el km. 64 de la vía Puerto Inca a Naranjal, vende su banano bajo la marca “Bonita Banana” y es propiedad del Señor Alvaro Noboa Pontón, ex-candidato a la presidencia de la República del Ecuador. El 25 de febrero del año 2002 unos 1.200 trabajadores resolvieron organizarse, después de tantos atropellos, represiones y abusos, tanto físicos como económicos, por parte de sus patrones. FENACLE - la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador - se encargó de asesorar a los trabajadores y de presentar inmediatamente un pliego de peticiones ante las autoridades del trabajo. Pero las autoridades del trabajo comunicaron esto a la empresa, la cual reaccionó con el despido de 123 trabajadores, líderes principales que estaban apoyando la lucha. El 8 de mayo del 2002, los trabajadores resolvieron hacer una huelga para exigir el pago de horas adicionales, la entrega de sus aportes al seguro social, contratos fijos, alimentación y vivienda. La huelga duro sólo ocho días, porque el día 16 de mayo a las dos de la madrugada la bananera ingresó a la hacienda Los Alamos con unos trescientos hombres armados, quienes atacaron violentamente a los trabajadores, sus familias e hijos, desalojándolos a la fuerza de la empresa y robándoles sus pertenencias. Mauro Romero, de 33 años de edad, sufrió una herida en su pierna derecha que sangró durante aproximadamente dos horas sin recibir atención médica, ya que los agresores amenazaron a quien intentara ayudarle. Se tuvo que amputar su pierna el mismo día, por lo cual él quedó incapacitado de trabajar hasta el fin de su vida. Aunque se pudo capturar a los sicarios, estos salieron en libertad, gracias a la gestión del Alcalde de esa localidad. Hasta hoy día, Noboa sigue persiguiendo a los sindicalistas dentro de su empresa. En octubre del año 2003 despidió a 333 trabajadores por querer organizarse en sindicatos y reclamar sus derechos como lo establece la ley. Por eso, FENACLE está exhortando insistentemente al gobierno para que implemente una ley que facilite su organización sindical y garantize el empleo digno y un salario mínimo. Existen, por ejemplo, en Los Alamos 25 “terciarizadoras fantasmas”, nombre reconocido por las mismas autoridades del trabajo. Estas formas de trabajo son utilizadas en el Ecuador dentro de la flexibilización laboral para reducir los beneficios sociales, que por ley le corresponden a los trabajadores, tales como seguridad social, bonificaciones y otros más. De esta manera, los trabajadores están rotando cada seis meses sin saber quién es su patrono.



Actualmente, el salario mínimo vital de un trabajador, que labora ocho horas diarias, está establecido por ley en $131 mensuales. En realidad, los trabajadores bananeros están ganando un salario que va de $80 a $140 mensuales laborando 10 a 12 horas diarias. Esto implica, que el salario que reciben los trabajadores bananeros no alcanza para cubrir la canasta básica familiar que es en el momento de $370; ni siquiera para cubrir la canasta de la pobreza, que es de $260 al mes. El hecho, de que un solo empleo en la plantaciones no sirve para una alimentación adecuada, afecta sobretodo a los niños. Según la investigación de Human Rights Watch (2002), dos conocidas empresas, Dole y Noboa, del sector bananero contratan también a menores de edad. Se descubrió que niños ecuatorianos trabajan desde los ocho años de edad en las plantaciones bajo condiciones peligrosas como: la exposición a sustancias químicas toxicas, la manipulación de plásticos tratados con insecticidas, el trabajo con funguicidas y la fumigación con bombas pesticidas, el uso de herramientas afiladas y la falta de agua potable e instalaciones sanitarias. La violencia en las plantaciones de banano está siendo reforzada por la flexibilizacion laboral y el actual código de trabajo ecuatoriano, las cuales restringen los derechos fundamentales de los trabajadores al limitar la libertad de organización, de contratación colectiva, y de huelga. El ejemplo de la industria bananera muestra claramente que el Estado Ecuatoriano, además de estar violando los derechos laborales, también está violando el Derecho Humano a Alimentarse de los trabajadores bananeros, al permitir que la industria bananera no cumpla con el salario mínimo vital establecido por la ley. De igual manera, es una violación al PIDESC, el hecho de que el salario minímo vital, no permita alcanzar un nivel adecuado para un trabajador y su familia. Eso significa que el gobierno no está respetando, ni garantizando la seguridad alimentaria de los trabajadores del sector bananero. Por último, el Estado Ecuatoriano está violando también los Convenios Internacionales de la OIT, que hacen referencia a la protección del derecho de la sindicalización (Convenio 87) o al derecho de negociación colectiva (Convenio 98), y que fueron ratificados por el Ecuador; asimismo, el artículo 8 del PIDESC, que consagra la libertad sindical como un derecho fundamental de los seres humanos.

4.2. Obligaciones y responsabilidades de organizaciones internacionales y el sector privado

De acuerdo al PIDESC, el gobierno del Ecuador está en la obligación de garantizar el Derecho a una Alimentación adecuada de toda su población, sin ningún tipo de discriminación hacia algún grupo social. La Observación General nr.12 del Derecho a una Alimentación adecuada (E/C.12/1999/5), obliga al Estado Ecuatoriano asegurar que las actividades realizadas por el sector privado o los acuerdos tomados con organizaciones internacionales no impidan el acceso de la población a una alimentación adecuada. Esta Observación también hace referencia a las obligaciones exteriores e internacionales que tienen los Estados Parte del PIDESC para que ninguna persona natural o jurídica de ese país o para que los proyectos financiados por las organizaciones internacionales de las que esos Estados son miembros, no cometan violaciones a los Derechos Humanos en un país determinado. Además, se hace referencia a la obligación directa que tienen las Organizaciones Internacionales de respetar, proteger y asistir en garantizar el Derecho Humano a Alimentarse en un país. A continuación, se presentará primero el caso sobre la construcción del nuevo oleoducto de crudos pesados (OCP) por parte de compañias petroleras extranjeras, financiado en su mayor parte por el banco alemán West LB. Este caso mostrará por un lado, que la falta de medidas gubernamentales para evitar la contaminación de ríos y esteros, que son la mayoría de las veces la única fuente de agua potable para las poblaciones pobres aledañas al trayecto de este oleoducto, es una violación del Estado Ecuatoriano en su obligación de proteger el derecho al acceso de fuentes de agua libre de substancias



químicas, impuesto como una obligación al Estado Ecuatoriano en las Observación General nr. 15 del derecho al agua (E/C.12/2002/11). Por otro lado, este es un ejemplo muy claro para demostrar que, de acuerdo a la Observación General nr. 12, los gobiernos de Canadá, España, Argentina, EEUU, Italia y Alemania, países que forman parte de este consorcio, no están protegiendo el Derecho a una Alimentación adecuada de la población afectada por este proyecto, al no regular y supervisar las actividades de sus empresas en el Ecuador. El segundo caso mostrará que las condiciones de vida de los ecuatorianos, en especial la de los grupos sociales más vulnerables, están siendo deterioradas por los programas de ajustes estructural (PAE), por su complemento, el sistema monetario de la dolarización y por la puesta en marcha de Leyes implantadas para acelerar el ajuste estrucural en el Ecuador. Por lo tanto, el gobierno Ecuatoriano está violando el artículo 11 del PIDESC, que hace referencia al derecho a un nivel de vida adecuado, a estar protegido contra el hambre y al mejoramiento progresivo de las condiciones de vida. Allí recalcaremos también las responsabilidades de las organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Munidal (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), de acuerdo a la Observación General nr. 12, en el deterioro de las condiciones de vida de los ecuatorianos.

4.2.1 Caso 1: Impactos de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) sobre el agua. Por Ing. Nathalie Weemaels

El Oleoducto de Crudos Pesados, de 503 kilómetros de largo, transporta el crudo desde la Amazonía ecuatoriana atravesando las cordilleras de los Andes, hasta la Costa, en el océano Pacífico. Su recorrido atraviesa áreas protegidas, bosques húmedos tropicales, bosques montanos, páramos, bosques tropicales secos, así como áreas agrícolas y urbanas. Su construcción, ampliamente rechazada por ecologistas y campesinos ecuatorianos, se hizo en forma autoritaria y mediante el uso de la violencia. De hecho, durante los dos años que duró la construcción del OCP, 73 personas fueron detenidas arbitrariamente por oponerse pacíficamente al paso del oleoducto25. La construcción del OCP ha provocado un gran número de impactos sobre el medio ambiente y en particular sobre el agua. Estos impactos se deben a la negligencia de la constructora, la compañía argentina Techint, a la mala calidad de los trabajos realizados, y a la falta de recursos económicos disponibles para mitigar los impactos sobre el medio ambiente, en particular en las propiedades de los campesinos pobres, lo cual es inaceptable tratándose de un proyecto de un valor de 1400 millones de dólares.

• Impactos en las fincas atravesadas por el OCP La construcción descuidada de las vías de acceso y del derecho de vía (DDV) del OCP ha provocado el taponamiento y la contaminación de un sin número de vertientes y esteros. En una investigación que realizamos en mayo del 2002 sobre 47 km de DDV del OCP, se registró el taponamiento y la contaminación de 157 esteros y fuentes de agua. Sólo en los 28 kilómetros analizados en la provincia de Sucumbíos, se reportó el taponamiento o la contaminación (y posterior inutilidad) de mínimo 139 fuentes de agua y esteros, o sea un promedio de una afectación cada 200 metros. Estos taponamientos han generado inundaciones temporales o permanentes en varias hectáreas de potreros o de cultivos, contaminación de pozos, la muerte de ganado por envenenamiento, etc. Aunque las inundaciones sean temporales, los pastizales inundados se cubren de hongos que los vuelven inapetecibles y hasta peligrosos para el ganado. Además, la presencia de aguas estancadas representa un sitio de reproducción para los vectores de enfermedades tropicales, como la malaria. 25 Ver Weemaels, 2003.



La falta de medidas de mitigación para la detención de la tierra removida y de la vegetación tumbada ha generado la desaparición o el recubrimiento de vertientes de agua y la contaminación de pozos, vertientes, esteros y ríos, los cuales son, a menudo, la única fuente de agua potable de las familias. Frente a esta situación, numerosas familias han tenido que buscar otras fuentes de agua de menor calidad, o se han visto obligadas a seguir utilizando una agua contaminada. Los impactos de la contaminación del agua, o de la pérdida de vertientes, sobre la ganadería han sido numerosos. En varias ocasiones, los campesinos han tenido que vender su ganado ya que no tenían con qué abrevarlo, lo cual representó una pérdida económica para estas familias. En fincas que practicaban la piscicultura, la contaminación del agua por la tierra ha provocado la muerte masiva de peces y la pérdida de sus peceras. En la mayoría de los casos, los campesinos no han sido indemnizados por estas pérdidas no contempladas en el contrato firmado con OCP.

• Impactos sobre los sistemas municipales de agua potable La construcción del OCP, y en particular el cruce de sistemas de agua potable por el DDV del oleoducto, ha provocado la ruptura de estos en localidades como El Chaco y El Reventador, dejando numerosas familias sin agua durante varios días. En el caso de El Reventador, donde la construcción del OCP dejó sin agua a unas 10 familias y a los 80 alumnos internos del colegio durante unas dos semanas, la compañía se comprometió en abastecer al pueblo en agua potable entubada. Sin embargo, esta agua, de color amarilla, está contaminada y provoca comezones a quienes se bañan con ella. Para evitar este tipo de afectaciones, los pobladores de El Reventador han vuelto a bañarse en el río. El 8 de abril del 2003, el paso de la maquinaria pesada del OCP por encima del oleoducto SOTE provocó un derrame de más de 22.000 barriles de crudo en la Laguna de Papallacta. Esta abastecía de agua potable a la ciudad de Quito, capital del país. A los 11 meses luego de haber ocurrido este drama, ni los ríos afectados por el derrame, ni la Laguna, han sido correctamente remediados y se supone que la ciudad de Quito deberá prescindir de esta agua, que era de la mejor calidad, por varios años más. En la actualidad, la Laguna de Papallacta esta rodeada por dos oleoductos, de una capacidad total de transporte de crudo de 850.000 barriles por día, pero no existen planes de contingencia adecuados y eficientes que permitan evitar que se vuelva a producir semejante desastre.

• Contaminación de los ríos por derrames Durante la construcción del OCP, por lo menos tres derrames se produjeron en sus estaciones de bombeo Amazonas, Cayagama y Páramo. Los trabajos de limpieza y remediación fueron insuficientes, y dejaron huellas de contaminación en los ríos afectados. El 1 de marzo del 2003, se produjo un derrame de crudo en la Estación de Bombeo Amazonas del OCP, ubicada en Lago Agrio. Este derrame de 60 barriles de crudo se debió a una negligencia de los trabajadores. Contaminó el estero Teteye que atraviesa los barrios de El Cisne, Sindicato de Chóferes y Los Ceibos. El 6 de marzo, manchas de crudo seguían visibles en el estero, aunque los labores de limpieza se habían acabado. El 19 de junio del 2003, la explosión de un tanque de relevo en la Estación de bombeo Cayagama produjo un derrame de crudo que contaminó el río Dué y la cuenca del río Dashinu. El 20 de agosto del 2003, se produjo un derrame de crudo en la Estación de bombeo Páramos del OCP, el cual contaminó el río Quijos. No se ha realizado ningún trabajo de remediación en este río y, el 5 de octubre, todavía se podían observar manchas de crudos en las orillas del río.



• Conclusión La negligencia y falta de preocupación hacia el agua, la naturaleza y los pobladores demostradas por el consorcio OCP preocupa, en particular, en lo que se refiere al abastecimiento de agua potable en las ciudades y pueblos, como Quito y Mindo. Además, el entierro del OCP sobre la totalidad de su recorrido aumenta más aún nuestra ansiedad, ya que no se podrá realizar un monitoreo independiente de los futuros derrames, los cuales contaminarán esteros y ríos sin que nadie se de cuenta. Es muy probable que en caso de derrame menor de crudo, ningún trabajo sea realizado para detener la fuga ya que implicaría trabajos difíciles y de costo superior al de la pérdida de crudo. El Oleoducto de Crudos Pesados, cuyo principal financista es el banco alemán WestLB, empezó a operar en enero del 2004. Sin embargo, transporta menos de 180.000 barriles por día, o sea una tercera parte de su capacidad de transporte. Para poder llenarlo, y rentabilizar la inversión, nuevas áreas de bosques tropicales vírgenes y territorios indígenas tendrán que someterse a la ley de las petroleras, o sea, aceptar su destrucción y muerte a cambio de regalitos y promesas nunca cumplidas.

4.2.2 Caso 2: Ajuste Estructural y dolarización

La caída del precio del petróleo y la reducción del flujo de préstamos a los países subdesarrollados por la crisis de la deuda externa de los años ochenta, interrumpieron la bonanza económica del Ecuador y pusieron al descubierto las enormes desigualdades en la distribución de la riqueza, la precariedad del aparato productivo, la corrupción generalizada, entre otras caracteristicas, que hasta entonces habían permanecidos ocultas26. Estos problemas estructurales se han venido profundizado con los Programas de Ajuste estructural (PAE), que se han venido implementado desde de los años ochenta. Desde 1982, el Ecuador viene negociando continuamente su deuda externa con los acreedores internacionales, incorporando progresivamente las recomendaciones y condicionalidades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial27a través de los PAE, para recibir nuevos créditos o renegociar la vieja deuda. Según el estudio "Evaluación de los impactos económicos y sociales de las políticas de ajuste estructural en el Ecuador 1982-1999", auspiciado por el Banco Mundial, esas políticas han generado mayor concentración del ingreso y han agudizado la condición de pobreza de la mayoría de la población28. La suscripción de más de una decena de Cartas de Intención con el FMI ha tenido como uno de sus objetivos principales garantizar el servicio de la deuda externa. De esta manera, el FMI ejerce presión para que el gobierno destine una gran parte del Presupuesto General del Estado al pago de la misma. La deuda externa total aumentó de 13.564 millones de dólares en 2000 a casi 16.600 millones en 200329, mientras que las asignaciones del Presupuesto del Estado han pasado del 18% en 1980 a cerca del 55% en 2000, llegando incluso al 70% en 1997. Actualmente, el peso solamente del servicio de la deuda pública en el presupuesto del Estado asciende al 40%30. Paralelamente, se han recortado las asignaciones para gastos sociales como educación, salud, y desarrollo agropecuario cayendo de casi el 50% del Presupuesto del Estado en 1980 al 17% en el 2003, empeorando de esta manera, las condiciones de vida de los ecuatorianos.

26 Ver: Acosta 2000, pag.141. 27 Ver: Acosta 2000. 28 Ver: Salgado 2002. 29 Ver: Ildis 2003, pag. 71. 30 Ver: Ildis 2003, pag 71.



• Ley de Desarrollo Agrario Dentro del proceso de liberización comercial, propagado dentro de los PAE, el Ecuador se ha abierto casi totalmente al mercado mundial a partir de su adeción a la OMC en 1996, eliminando la mayoría de sus restricciones comerciales. De esta manera, ha consolidado su papel de país exportador de productos primarios, es decir de aquellas materias primas con poca demanda tecnológica y con poco proceso de transformación. Esto vino acompañado de un deterioro relativo de la industria manufacturera, lo cual produjo altas tasas de desempleo y de una reducción del fomento estatal de la producción de productos dirigidos a la demanda interna. Efectivamente, las asignaciones del Presupuesto de Estado para el sector agrícola, que bajaron del 4% en el 2000 al 2% en el 2003, tienden a disminuir continuamente y a ser dirigidas mayormente a los sectores agroexportadores, poniendo en peligro la soberanía alimentaria del país. Con la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 se creó el nuevo marco legal que promovió el mercado libre de tierras, la dinamización de la producción agroexportadora, la venta de tierra de los pequeños y medianos agricultores. Esta ley ha incrementado la penalización por la toma de tierra de quienes no la poseen, el desalojo y despojo de campesinos y comuneros de sus territorios sin que se respeten posesiones ancestrales, títulos de propiedad y los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas31. En Ecuador el 1,2 % de los terratenientes controlan el 66% de la tierra arable, mientras que el 90% de pequeños agricultores posee parcelas no superiores a 10 hectáreas, la mayoría de ellas ubicadas en laderas y pendientes pronunciadas de difícil cultivo32. En los últimos años, se puede observar un crecimiento de la producción agrícola en cultivos de más de 2.500 hectáreas, y un proceso acelerado de fragmentación de la pequeña propiedad de menos de 1 hectárea. El siguiente ejemplo muestra como la Ley Agraria aún vigente, ha concentrado más la tenencia de grandes propiedades de tierra en pocas manos.

• Caso de los comuneros de la Península de Santa Elena La Península de Santa Elena está hoy deforestada y semi desértica, debido a la excesiva explotación de sus recursos efectuada desde los años setenta, que desencadenó la migración de la mayor parte de su población a grandes ciudades, sobretodo a la ciudad de Guayaquil. De más de un millón de personas que antiguamente vivían allí , sólo 256.000 personas permanecen todavía en la Península, subsistiendo, la gran mayoría, del turismo y de la industria camaronera33. Además de ser una área altamente vulnerable por los fenómenos naturales y de no contar con una infrastructura social adecuada, la restricción principal para mejorar la producción de los pequeños productores, ha sido la escasa disponibilidad de agua34. Es por esto, que en los años 80, el gobierno ecuatoriano empezó un proyecto de irrigación, que consistía en el bombeo de agua desde dos estaciones a un sistema de canales primarios y reservatorios. Para este efecto, se requería de inversiones en sistemas de irrigación secundarios, es decir bombas, tuberías, y/o canales secundarios, sistemas de riego por goteo, etc. Sin considerar los grandes impedimentos de los pequeños productores para acceder a créditos del sistema financiero y de esta manera invertir en estos sistemas secundarios, este proyecto ha tenido un resultado negativo: las comunas vendieron aproximadamente el 91% de sus tierras potencialmente irrigables a grandes productores y especuladores de tierras a precios muy bajos35. Antes de comenzar 31 Ver: FENOCIN 2001. 32 Ver: Ecuador Su realidad. Pag. 165. 33 Ver: Castillo y Beilock, en Ecuador Debate Nr.60. 34 Ver: Alvarez 1999. 35 La mayoría de los precios por tierras irrigables fueron entre US$40 y $400 por hectárea (Castillo, 2003b).



con el proyecto, toda la tierra agrícola estuvo organizada bajo el sistema de propiedad comunal36, lo que aseguraba el derecho de uso de los comuneros sobre sus parcelas. Efectivamente, alentado por la reducción y restricción del crédito estatal dirigido a los pequeños agricultores dentro de la dinamización del sector agroxportador, se está produciendo una nueva ola de concentración de tierras de las comunidades indígenas y campesinas en manos de pocos empresarios. Las políticas de ajuste estructural, aplicada mediante la Ley de Desarrollo Agrario dan preferencia a la agroindustria exportadora y han reducido los créditos preferenciales para los pequeños productores y los programas o proyectos de desarrollo rural integral por parte del Estado, empujando a los pequeños productores fuera de sus recursos productivos, y poniendo en peligro su seguridad alimentaria.

• Dolarización e inversión extranjera. Otro componente de los PAE es la liberalización de capitales y del sector bancario. El Ecuador flexibilizó y liberalizó su sistema financiero en 1992, cuando eliminó la función de control y regulación de los créditos del Banco Central. Esto permitió a muchos banqueros aprovecharse de esta situación y aumentar los riesgos de sus transacciones bancarias. Esto, sumado a la corrupción de los gobiernos, provocaron una crisis bancaria, que llevó a una alta depreciación de la moneda nacional y a su posterior reemplazo por el dólar en Enero de 2000. La dolarización en el Ecuador ha deteriorado más de la competitividad relativa de bienes y servicios nacionales, debido a la posibilidad de otros países de depreciar sus monedas nacionales. De esta manera, la reducción de la inflación en los últimos cuatro años dolarizados, se debe a la invasión de bienes transables extranjeros más baratos en el mercado nacional. Los productos no transables, en su mayoría servicios, que son producidos en el país, como el alquiler, agua, gas, electricidad, educación, transporte, salud presentan niveles altos de inflación37. Esto encarece no solamente el costo de vida de la población sino también los costos de insumos para la producción de bienes nacionales. Para aplicar a fondo el ajuste estructural, se introdujo en 2000 la Ley de Transformación Económica del Ecuador (Trole I) y la Ley para la Promoción de la inversión y la participación ciudadana (Trole II). Esto determinó un crédito del FMI de 304 Millones de dólares38. Con estas leyes, se reconoce legalmente la dolarización, se promueve la inversión extranjera directa y las privatizaciones de empresas públicas, otros componentes más de los PAE. De esta manera, se orienta la política del país a incrementar aún más las exportaciones, quedando abierta la posibilidad de invertir dentro de recursos naturales, como manglares, playas, bosques o áreas protegidas y privatizar empresas públicas como la telefónica, de electricidad y las petroleras. En relación al sector camaronero, esta ley implica la expansión de la industria a áreas de manglar vírgen, la consolidación de la propiedad de las tierras tomadas ilegalmente y la intensificación de la producción camaronera. Esta última es alentada también por el Banco Mundial (BM), quien en 2002 comenzó a financiar a una empresa camaronera llamada El Rosario S.A con un préstamo de 12 millones de dólares para que ésta expanda sus instalaciones en la provincia de Esmeraldas, al noroeste del Ecuador. Este lugar se encuentra en los límites de la Reserva Cayapa Mataje, donde se pueden encontrar los manglares más altos del mundo y forma parte del sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador39. A pesar de que el BM pospuso el apoyo financiero en 2001, últimamente se ha denunciado la tala dentro de esa reserva. Como dijmos anteriormente, esta industria han destruido las fuentes alimenticias tradicionales de más de 1´200.000 de usuarios ancestrales del manglar40.

36 Ver: Castillo y Beilock, en Ecuador Debate Nr. 60. 37 Ver análisis de conyuntura economica 2003, pag. 24. 38 Ver Greenpeace 2002, pag 24. 39 Ver Greenpeace 2002, pag 29. 40 Ver Caso manglares de este informe.



En cuanto al sector petrolero, esta ley anuló la facultad del Ministerio de Ambiente encargada de vigilar que las actividades petroleras no destruyan las bases de supervivencia de la población ecuatoriana, y se las transfirió a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, dejando de esta manera, vía libre a las compañías petroleras para ampliar la frontera petrolera hacia áreas protegidas y territorios indígenas aún sin explorar. Además, se desarticuló el control de las comunidades afectadas con la exploración y explotación petrolera, al concentrar toda la capacidad de decisión en el Presidente y en el Ministro de Energía. En otras palabras: con esta ley no se acepta el resultado de una consulta en las poblaciones afectadas, si éste contradice los planes del Gobierno de explotar petróleo en su territorio. La principal fuente de financiamiento del sistema dolarizado son los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo. El siguiente caso demuestra que la fuerte dependencia de las divisas provenientes del petróleo en los últimos años dolarizados, ha desencadenado un nuevo auge de exploración y explotación petrolera en los bosques amazónicos, que pone en peligro las fuentes de alimentación de las comunidades indígenas que viven allí41

• Caso exploración petrolera en la reserva faunística del Cuyabeno La reserva faunística del Cuyabeno, en la provincia de Sucumbíos, además de ser considerada sumamente importante debido a su gran biodiversidad y a ser fuente sustentable de recursos para los sectores dedicados al ecoturismo, es parte de la tierra que ancestralmente habitan las nacionalidades indígenas Siona, Secoya y Cofán. En 1999, se declararon a 435.500 de las 603.380 hectáreas de esta reserva como zona intangible. La parte de la reserva que no recibió este nivel de protección, tiene las mismas características de biodiversidad y de fragilidad ecológica. Las compañias petroleras extrajeron petróleo en la parte suroccidental de la reserva desde 1972 hasta 1991, causando daños ambientales irreparables como la deforestación, contaminación de ríos, tierra y aire y la pérdida de biodiversidad. Esto ha provocado severos impactos sociales en la población indígena y mestiza que se asienta allí. Ahora, la empresa petrolera canadiense Alberta Energy ha recibido una concesión del gobierno para explotar petróleo en 17.000 hectáreas que están dentro de esta Reserva. A pesar de que el Ministerio de Ambiente no autorizó la exploración de la compañia dentro de esta reserva, el Ministerio de Energía y Minas sí la autorizó y la empresa ingresó a la Reserva en el mes de marzo del año pasado para realizar actividades de prospección sísmica, que es la primera fase de la explotación petrolera. El comité de visita a la Reserva del Cuyabeno observó en febrero de este año la poca presencia de fauna, comparada con la que se presenta en la zona de la reserva aledaña y en donde no se ha realizado trabajos de prospección sísmica. Esto se debe a que uno de los impactos más fuertes de esta fase es el ruido de las detonaciones y la presencia humana, que ocasionan la huída de los animales de su hábitat natural. Este ejemplo muestra que amparados en la Ley Trole I y II, las petroleras están amenazando la destrucción de áreas protegidas, que les pertenecen ancestralmente a comunidades indígenas, afroecuatorianas, campesinas o de pescadores. En el caso del Cuyabeno, la destrucción del bosque y de los animales de caza de los pueblos Siona, Secoya y Cofán, quienes actualmente están considerados como minorías étnicas, es una violación a la obligación del Estado Ecuatoriano de

41 Ver además el caso de la comunidad Sarayaku y de la construcción del nuevo oleoducto de crudos pesados (OCP) y sus efectos negativos en el agua de este informe.



respetar y proteger el acceso a los recursos naturales, que son la fuente de alimentación y subsistencia de estas poblaciones indígenas.

• Flexibilización laboral y discriminación a las mujeres Como se mencionó, la dolarización ha llevado a una pérdida de competitividad relativa de las exportaciones, en un entorno donde las economías vecinas todavía pueden depreciar sus monedas. Esto ha repercutido directamente en el mercado laboral, ya que la empresas nacionales se ven obligadas ahorrar drásticamente en sus costos de producción, lo que ha llevado a un desempleo más alto, o a la reducción de los salarios de los trabajadores. En consecuencia, la dolarización ha agudizado el nivel de desempleo, nivel de por sí con una tendencia cada vez más alta durante todos estos años de PAE42 Las reformas introducidas en la Ley Trole II se han dirigido también a la flexibilización laboral. En ellas se establecieron nuevas modalidades de contratación, tales como los contratos por horas y el establecimiento de agencias colocadoras de empleos o de terciarización. Esto constituye una manera para que los empleadores contraten personal de manera indefinida sin ninguna obligación patronal más allá del pago establecido y sin tener la obligación de pagar bonificaciones, por ejemplo por despido intempestivo43. De esta manera, estas reformas han tendido a precarizar aún más el mercado de trabajo en el Ecuador, lo cual también se manifiesta en el incumplimiento del salario mínimo vital, e incluso en la falta de remuneración en algunos sectores. La flexibilización laboral aumenta la discriminación a la mujer. En general, las mujeres fueron siempre las más afectadas por el desempleo. La tasa de desempleo de las mujeres creció de 9.1% en 1990 a 19.6% en 1999, frente la de los hombres, de 4.3% en 1990 a 10.8% en 199944. La discriminación también se manifiesta en los niveles salariales diferenciados. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC 1999), el ingreso promedio de las mujeres de las áreas rurales y urbanas equivale al 66% del ingreso percibido por los hombres. Por otro lado, el porcentaje de la población economicamente activa (PEA) femenina no remunerada duplica la PEA masculina en esta situación: 34% frente al 17%, lo que revela la mayor precariedad del trabajo femenino45.

• Conclusión Para concluir, podemos asegurar que las brechas sociales y económicas en el Ecuador aumentaron en todos estos años de PAE y se asentuaron aun más con el sistema de dolarización. En vez de implementar medidas que contraresten estos efectos negativos de los PAE, el gobierno ecuatoriano está aplicando leyes, que están empeorando aún más la grave situación de pobreza de muchas personas. Por lo tanto, al incrementarse la desigualdad social, pobreza y el desempleo a través de los PAE y su complemento, el sistema de dolarización, el Estado Ecuatoriano está violando el derecho de la mayoría de la población a un nivel de vida adecuado, incluyendo el derecho a una alimentación adecuada, a estar protegido contra el hambre y al mejoramiento progresivo de las condiciones de vida. De acuerdo con Observación General nr. 12 del Derecho a una Alimentación adecuada (E/C.12/2002/11), las Organizaciones Internacionales como el FMI, BM y el OMC, asi como los Estados miembros de estas 42 El desempleo fue de aproximadamente 7,8% durante la primera mitad de los 90, de un promedio del 10% entre 1996 y 1998, del 14,4% en 1999, anho de la crisis, y del 11,7% en 2003 (el mayor nivel de desempleo, sin tomar en cuenta el anho de crisis, considerando los miles de emigrantes que salieron del país en busca de trabajo). Ver: analisis de coyuntura económica 2003. 43 Ver caso 4 de este informe. 44 Ver: Vásconez 2002. 45 Ver: Vásconez 2002.



organizaciones, tampoco están cumpliendo con su obligación de respetar, proteger, y asistir en garantizar los DESC en el Ecuador.

5. Conclusiones generales El presente Informe muestra a través de casos concretos, que el Estado Ecuatoriano no está cumpliendo con las tres categorías de obligaciones, es decir las de respetar, proteger y hacer efectivo el Derecho Humano a la Alimentación y con los principios establecidos en el PIDESC de mejorar progresivamente el nivel de vida de los ecuatorianos y de utilizar todos los medios disponibles para alcanzar esta meta. El Estado Ecuatoriano tampoco está cumpliendo con las responsabilidades adquiridas bajo la constitución nacional que hacen referencia al Derecho a la Alimentación. A continuación, vamos a resumir las violaciones de las obligaciones al Derecho a la Alimentación que le corresponden al Estado Ecuatoriano. Primero, el Estado Ecuatoriano no está cumpliendo con su obligación de respetar el acceso a las fuentes de alimentación del pueblo quichua Sarayaku al militarizar su territorio ancestral para fomentar a la fuerza la exploración de petróleo por parte de empresas extranjeras en esa zona y al incumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asegurar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad y suspender toda actividad petrolera hasta llegar a un acuerdo con esa comunidad. Segundo, el Estado Ecuatoriano no está cumpliendo con su obligación de proteger el Derecho a la alimentación, • al permitir que el Estado Colombiano destruya la salud, cultivos y animales de las poblaciones

fronterizas con Colombia a través de fumigaciones aéreas y al obligarlas de esta manera, a dejar sus tierras sin indemnizarlas correctamente,

• al actuar con indiferencia ante los actos de violencia de las petroleras y sus trabajadores contra la

comunidad Sarayaku, • al impedir la destrucción por la industria camaronera de las últimas zonas vírgenes de bosque de

manglar, fuente alimenticia de los pobladores de la costa ecuatoriana y • al no controlar el cumplimiento del salario mínimo vital establecido por ley y al dejar utilizar

condiciones de trabajo precarias que acaban con la salud y la capacidad de las personas para alimentarse dentro de la industria bananera.

Tercero, el Estado Ecuatoriano no está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar el Derecho Humano a la Alimentación al no implementar un decreto ejecutivo, que declare al territorio Sarayaku como zona turística para que no se sigan destruyendo sus recursos naturales, y al no tomar acciones rápidas y objetivas ante la crisis alimentaria y de salud que están padeciendo las comunidades fronterizas afectadas por las fumigaciones dentro del Plan Colombia. En este informe queda también claro, que hay gobiernos extranjeros que no están cumpliendo con sus obligaciones exteriores como Estados Parte del PIDESC, a través de sus medidas políticas y proyectos implementados en Ecuador. La contaminación de ríos y esteros, fuente de agua potable de las poblaciones pobres, debido a la construcción del nuevo oleoducto de crudos pesados (OCP), demuestra no solamente la falta del Ecuador para cumplir con su obligación de proteger el derecho al

Informe paralelo Ecuador Conclusiones generales


acceso de fuentes de agua libres de substancias químicas, reiterada en la Observación General nr. 15 del derecho al agua (E/C.12/2002/11). Este ejemplo muestra también que gobiernos extranjeros, en este caso los gobiernos de Canadá, España, Argentina, EEUU, Italia y Alemania, países que forman parte de este consorcio, no están protegiendo el Derecho a una Alimentación adecuada de la población afectada de acuerdo con la Observación General nr. 12 del Derecho a una Alimentación adecuada (E/C.12/2002/11), al no regular y supervisar las actividades de sus empresas en el Ecuador. Las fumigaciones en los departamentos colombianos dentro del Plan Colombia, financiado por los EEUU para erradicar los cultivos ilícitos de coca en esas zonas y que afecta a las poblaciones pobres de la frontera en el Ecuador muestran claramente, además de las faltas del gobierno Ecuatoriano arriba mencionadas, que Colombia y EEUU46 no están cumpliendo con sus obligaciones exteriores respecto a la implementación de los DESC, mencionadas en la Observación General nr. 12 del Derecho a una Alimentación adecuada. A lo largo de este informe se confirma que los PAE y el sistema de dolarización, así como las leyes Trole, que son tomadas para acelerar el ajuste estructural en el Ecuador, están incrementando la desigualdad social, pobreza, el desempleo y que las violaciones de los DESC presentadas aquí, están ligadas a las políticas de ajuste estructural aplicadas en el Ecuador. Los créditos otorgados por el FMI están condicionados al pago de la deuda externa y a la orientación de la economía al sector agroexportador, sobretodo de monocultivos como el camarón, banano y petróleo. Es por esto, que las asignaciones del presupuesto del estado para gastos sociales se han recortado continuamente. Por ejemplo, las asignaciones del Presupuesto de Estado para el sector agrícola tienden a disminuir y a ser dirigidas mayormente a los sectores agroexportadores. Asimismo, la apertura al mercado internacional, propagada por la OMC, ha repercutido aún más en la reducción del fomento estatal a la producción de productos dirigidos a la demanda interna. Este elemento de los PAE se ha reforzado con la Ley de Desarrollo Agrario y ha empujado a pequeños productores fuera de sus recursos productivos y puesto en peligro su seguridad alimentaria. La implementación de Ley de Transformación Económica del Ecuador (Trole I) y la Ley para la Promoción de la inversión y la participación ciudadana (Trole II) determinó la otorgación de un crédito del FMI, y dejó abierta la posibilidad de invertir dentro de recursos naturales, alentando las actividades de exploración y explotación en manglares, playas, bosques o áreas protegidas, territorios ancestrales y fuentes de alimentación de comunidades indígenas y negras y de campesinos pobres del Ecuador. El sistema de dolarización no sólo ha encarecido el costo de productos necesarios para la población como el alquiler, agua, gas, electricidad, educación, transporte y la salud sino también los costos de producción de las empresas nacionales. En consecuencia, la dolarización ha agudizado el nivel de desempleo, nivel de por sí con una tendencia cada vez más alta durante todos estos años de PAE y ha precarizado aún más el mercado de trabajo en el Ecuador. Esto último, se manifiesta por ejemplo, en el incumplimiento del salario minimo vital y en la discriminación a la mujer en el mercado de trabajo. Además, la fuerte dependencia de las divisas provenientes del petróleo en los últimos años dolarizados ha desencadenado un nuevo auge de exploración y explotación petrolera en los bosques amazónicos, que pone en peligro las fuentes de alimentación de las comunidades indígenas que viven allí. La pobreza y la indigencia aumentaron en todo los años de PAE pero sobre todo a partir de la crisis bancaria, que fue el resultado de una mezcla de corrupción y de la liberización del sistema bancario y de capitales, elementos de los PAE. En todo este período se registra una marcada reconcentración del ingreso y la riqueza: el 10% más rico de la población acumula casi el 45% del ingreso, mientras que el 10% más pobre apenas percibe un 0,6% del ingreso. 46 Aunque EEUU no ha ratificado el PIDESC, su aprobación a este Pacto Internacional lo compromete a no actuar en contra de la implementación de los DESC dentro de su país y en otros paises.

Informe paralelo Ecuador Conclusiones generales


Actualmente, se estima que en el Ecuador existen 8.600.000 de pobres que equivalen al 70% de la población total. La desnutrición afecta al 48% de la población nacional y al 64% de la población de los cantones de alta concentración indígena. El 55% de los niños menores de cinco años sufre de desnutrición: 48,4% de desnutrición crónica, 4,0% desnutrición aguda. El 66% de la población consume por debajo del 80% de las calorías adecuadas y 46% por debajo del 80% de las proteínas adecuadas. El 59% de las viviendas no tiene agua potable47. Además, una familia no puede consumir la tercera parte de la canasta básica considerada como mínimo para su subsistencia. Para terminar, podemos decir que el Estado Ecuatoriano está violando el derecho de la mayoría de su población a un nivel de vida adecuado, incluyendo el derecho a una alimentación adecuada, a estar protegido contra el hambre y al mejoramiento progresivo de las condiciones de vida. Sin embargo, es necesario recalcar que el incumplimiento del Estado Ecuatoriano en relación a los DESC, no sólo se debe a la falta de voluntad del Estado, sino también a que los PAE están reduciendo la capacidad de acción del gobierno para aplicar políticas económicas autónomas, que garantizen primeramente la realización progresiva del Derecho a la Alimentación y la utilización del máximo de los recursos disponibles del Estado para este alcance. Por lo tanto, las Organizaciones Internacionales como el FMI, BM y el OMC y los estados miembros de estas organizaciones, tampoco están cumpliendo con su obligación de respetar, proteger, y garantizar los DESC en el Ecuador y son responsables directos e indirectos de las violaciones al derecho de la población ecuatoriana a un nivel de vida adecuado, incluyendo el derecho a una alimentación adecuada.

47 Ver: Ecuador Su Realidad 2003, pág. 292.

6. Recomendaciones De los casos de violaciones al Derecho Humano a Alimentarse mencionados en este informe y de las exigencias de cada uno de los grupos afectados, podemos recomendar al Estado Ecuatoriano tomar las siguientes medidas que garantizen el acceso a los recursos productivos de los grupos vulnerables respectivos a) brindar protección inmediata a las comunidades afectadas por las fumigaciones dentro del Plan Colombia, ya que se trata de una situación extremadamente delicada, que ha desencadenado una crisis alimentaria y de salud y una ola de migración interna en el Ecuador, tomar las medidas necesarias para prevenir e impedir la realización de nuevas fumigaciones que afecten la zonas fronteriza con Colombia, activar los mecanismos diplomáticos para que se establezca una franja de diez kilómetros en territorio colombiano como límite territorial para la realización de las fumigaciones y obtener del Estado Colombiano la reparación de los daños causados a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos afectados por la fumigaciones. b) declarar al territorio Sarayaku como zona de desarrollo turístico a través de un decreto ejecutivo para que no se sigan destruyendo los recursos naturales, que son la única fuente de subsistencia de esta comunidad y para que se respeten las prácticas productivas tradicionales. Además, cumplir con las medidas cautelares impuestas por la CIDH, para asegurar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad y suspender toda actividad petrolera hasta que se llegue a un acuerdo con la comunidad, participar activamente en las reuniones convocadas con este organismo internacional y desmilitarisar el territorio Sarayaku para evitar futuros enfrentamientos.

Informe paralelo Ecuador Recomendaciones


c) resolver el problema de la pérdida del ecosistema del manglar de la usuarios ancestrales de la costa ecuatoriana apoyando la aprobación e implementación de la Ley de Conservación del Ecosistema del Manglar, que plantea programas de reforestación en zonas destruídas, la ampliación de concesiones comuntarias al manglar, realización de investigaciones sobre la capacidad de carga del manglar y poner una moratoria a la industria camaronera y su expanción dentro de la reserva Cayapas Mataje, al norte de la provincia de Esmeraldas y en la Reserva de Manglares Churute, en la provincia del Guayas. d) vigilar el cumplimiento del salario mínimo vital establecido por la ley en la industria bananera y las condiciones de trabajo sobretodo de los niños que trabajan en esa industria, abolición de la forma de trabajo de los "terciarizadoras" así como asegurar la libertad sindical de todos los trabajadores. e) compensar a las personas que se han visto afectadas por la contaminación de sus fuentes de agua potable debido a la construcción del OCP y controlar las actividades de este concorcio petrolero.

7. Preguntas al Estado del Ecuador

7. 1 Preguntas sobre las obligaciones nacionales

1. Qué medidas de protección esta brindando el gobierno a las comunidades afectadas por las fumigaciones dentro del Plan Colombia? Qué mecanismos diplomáticos esta tomando el gobierno para que se establezca una franja de diez kilómetros en territorio colombiano como límite territorial para la realización de las fumigaciones y obtener del Estado Colombiano la reparación de los daños causados a la población ecuatoriana afectada por la fumigaciones? 2. Cómo está garantizando el gobierno los derechos a los recursos naturals de las tierras ancestrales de la comunidad Sarayaku? Qué acciones esta tomando el gobierno para cumplir con las medidas cautelares impuestas por la CIDH? 3. Cómo plantea el gobierno resolver el problema de la pérdida de los recursos naturales de los usuarios ancestrales del manglar? 4. Qué mecanismos de control y vigilancia piensa adoptar el gobierno para hacer cumplir con el salario mínimo vital, adecuadas condiciones de trabajo y el derecho a la libre sindicalización de los trabajadores de la industria bananera?

7.2 Preguntas referentes a los acuerdos con Organizaciones Internacionales y el sector privado

1. Cómo piensa el gobierno compensar a las personas que se han visto afectadas por la contaminación de sus fuentes de agua potable debido a la construcción del OCP y qué medidas de control piensa implementar el gobierno para controlar las actividades de este concorcio petrolero? 2. Cómo pretende el gobierno garantizar los derechos a los recursos naturales y productivos de las poblaciones indígenas y campesinos pobres, que se ven afectados por la explotación y exploración dentro de sus tierras ancestrales?

Informe paralelo Ecuador Preguntas al Estado de Ecuador


3. Qué medidas de ajuste de salario se tienen previsto para permitir que los trabajadores disfruten de un nivel de vida adecuado? 4. Cómo quiere el gobierno asegurar que los futuros acuerdos tomados con los organismos internacionales y con el sector privado no repercutan negativamente en el nivel de vida de los ecuatorianos y cómo quiere hacer cumplir a los gobiernos extranjeros, así como a las organizaciones internacionales sus responsabilidades con la implementacion de los DESC?

Informe paralelo Ecuador Bibliografía


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