Sindicalismo urbano y rural

Ramón Fogel

FOROS DEL BICENTENARIO 1811 – 2011III FORO

“Sociedad, Iglesias y Estado en el Paraguay”

La calidad de la gestión pública está condicionada por la capacidad del Estado de satisfacer las demandas de la sociedad y éstas se expresan a través organizaciones sociales que posibilitan la estatalidad con procesos de construcción de ciudadanía. Vale decir la misma calidad de la democracia está condicionada por el vigor de las organizaciones sociales.

Históricamente en la construcción del Estado de bienestar fueron decisivas la burguesía (derechos civiles) y la clase obrera más aún cuando lograron participación política, aunque en el Paraguay las conquistas sociales se dieron bajo regímenes no parlamentarios

La sociedad civil y los movimientos sociales cobrarían importancia y pueden jugar un papel protagónico para el cambio; la satisfacción de sus demandas y la forma de encararlas determinarán la legitimidad del gobierno y favorecerán la gobernabilidad.

La matriz socio económica del Paraguay, que no tuvo un proceso de sustitución de importaciones, contrasta con otros países de la región y condiciona negativamente su sistema político. Su debilidad estructural apunta a su frágil desarrollo industrial, a tal punto que la contribución de la producción manufacturera al total de las exportaciones solo llega al 16 %, la misma proporción que la población ocupada en la industria.

Los cuenta propistas, que representan más de la tercera parte de la PEA, tienen en su gran mayoría inserción en el sector informal de la economía, desarrollando estrategias individuales sin relaciones internas. El peso de la población rural sigue siendo el más importante de Sudamérica.

Una sociedad sin desarrollo industrial significativo inevitablemente carece de un empresariado ilustrado y progresista que proponga e impulse un proyecto de desarrollo nacional; considerando como indicador del carácter más o menos emprendedor del empresariado la cantidad de patentes registradas en un año, mientras el Brasil tuvo 3.577 registros y Argentina 816, Paraguay tuvo 22 registros, el más bajo de Sudamérica luego de Ecuador.

En esa estructura social también falta una fuerza obrera vigorosa que tenga una inserción importante en la economía y tenga voz propia en el diseño e implementación de las políticas sociales. Sojeros y ganaderos, que constituyen los grupos dominantes más bien defienden un modelo agro exportador con las características de enclave.

• Cerca del 61,5% de los trabajadores paraguayos se encuentra ocupado en establecimientos que tienen cinco o menos empleados.

• De cada 10 ocupados, 5 generan ingresos a través de la venta directa de sus productos o servicios (trabajadores independientes).

Población ocupada, según rama de actividad. Años 2008 - 2010

La construcción es la rama de actividad donde más ha crecido el número de ocupados entre los años 2009 y 2010 en tanto que la actividad agropecuaria ha experimentado un descenso.

Esa matriz socio económica no da sustento a actores sociales esenciales, y más bien se corresponde con una sociedad fragmentada, sin articulaciones centrales que le den dirección y firmeza a sus movimientos; en una sociedad con esas peculiaridades históricas el papel de clase subalterna para sí, con conciencia de sus intereses como colectivo, y con propuestas para su prosecución, corresponde básicamente a los campesinos organizados.

Distribución de la población ocupada por sexo, según sector económico y rama de actividad. Año 2010

Durante el orden autoritario la única central de trabajadores tolerada fue oficialista, y sus líderes totalmente cooptados. Actualmente existen cinco centrales sindicales; permanecen independientes de estas centrales la Unión Sindical de Trabajadores del Transporte (USTP), la Federación de Trabajadores Bancarios, y la Organización de Trabajadores de la Educación Paraguaya (OTEP). El proceso de fragmentación de la fuerza sindical se observa bien en la distribución del cuadro Nº 2 que muestra como de más de 100.000 trabajadores afiliados a las centrales sindicales en 1992, se disminuye a 55.624 diez años después.

El caso de los sindicatos urbanos

Diversos factores, algunos de tipo estructural, ligados a una sociedad con muy débil desarrollo industrial, y otros ligados a hechos de corrupción interna en las organizaciones determinaron la pérdida de credibilidad (Pilz, 2005), y con su fragmentación disminuyó substancialmente su capacidad de convocatoria, además de la caída pronunciada de su legitimidad ante la opinión pública.

En momentos de expansión de la fuerza sindical, a poco de iniciada la transición democrática el movimiento sindical intervino en la arena propiamente política, destacándose su participación en la conformación del movimiento “Asunción para Todos”, que se presentó en las elecciones municipales de 1991, y ganó en las mismas. En los años posteriores, en cuanto a movilizaciones obreras se destaca la huelga general del 2 de mayo de 1994 que articuló diversas organizaciones, incluido el sindicalismo del sector público.

Considerando el período 1999 y 1997 se registraron 110 paros, huelgas y movilizaciones orientadas a reivindicaciones relacionadas con el trabajo, negociación colectiva, y redefinición de normativas laborales; algunas movilizaciones expresaron rechazo las políticas neoliberales privatizadoras (Mirza, 2006).

AÑO ORGANIZACIONES SINDICALES AFILIADOSPoblación

Económicamente Activa (PEA)

1988 215 20.838

1990 402 sindicatos activos 75.136

Confederación Paraguaya de Trabajadores CPT 22.990

Central Unitaria de Trabajadores CUT 26.167

Central Nacional de Trabajadores CNT 9.639

107 sindicatos independientes 16.349

1992 108.671 7,70%

2002 55.624 3%

Organizaciones sindicales y membrecía

Los movimientos sindicales mencionan como logros de estas movilizaciones normas incorporadas a la Constitución de 1992, en tanto conquistas del movimiento obrero, comprendiendo la jornada de 48 horas, el salario mínimo móvil, la estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización del sector público y privado, y el derecho a la huelga.

Entre los años 2000 y 2001 se registraron 118 huelgas o paros y 176 movilizaciones, muchas de ellas protagonizadas por sindicatos de empleados públicos. El logro más importante de estas movilizaciones, conjuntamente con organizaciones campesinas, es la paralización al proceso de privatizaciones, la sanción del estatuto del docente es otro de los logros de los sindicatos de docentes (Mirza, 2006).

Ante de la debilidad de nuestra estructura social que se proyecta en su limitada clase obrera el roll del acto subalterno relevante es asumido por las organizaciones campesinas, que tuvieron papel protagónico en la derogación de la Ley de Privatización de Empresas Públicas. Sin embargo la intensidad del desarrollo del sector sojero que en los últimos 10 años ha ingresado en las colonias nacionales expulsando a campesinos determina un verdadero éxodo rural que también debilita las organizaciones campesinas. De hecho la fuerza del campesinado asalariado temporal que totalizaba 946.040 campesinos en 1991 disminuye drásticamente a 238.690 en el 2008.

Organizaciones campesinas

Censo2008 Censo 1991 Censo2008 Censo 1991

Total Trabajadores Permanentes Total Trabajadores Temporales

81,765 81,748

238,690

946,040

A partir del 2008 las movilizaciones campesinas se intensifican, primero durante la campaña electoral, en la medida que la mayor parte de las organizaciones apoyaron la candidatura de Lugo a través de distintos pequeños partidos de izquierda integrados a la Alianza Patriótica, mientras otras organizaciones presentaron candidatos a través del Partido de los Trabajadores, no integrado a la Alianza.

Las expectativas despertadas por el gobierno Lugo

En esa coyuntura los movimientos y organizaciones campesinas definen una estrategia política que se suma a la reivindicativa y a la orientada al desarrollo de base, las organizaciones que luego se integraron al Frente Social y Popular (básicamente la MCNOC y el Movimiento Agrario y Popular de Caaguazú) apoyaron la candidatura de Lugo primero y su gobierno después, mientras organizaciones ligadas a la CNOCIP escindida en el 2006 de la MCNOC, básicamente ASAGRAPA, presentaron candidatos a través del Partido de Trabajadores, y también la FNC cuya postura durante la campaña electoral fue promover el voto en blanco dado que no existían condiciones para una participación que mereciera otra respuesta.

En relación a este movimiento alternativo al del Frente, la FNC, cabe resaltar algunas puntualizaciones: la misma nuclea básicamente a pequeños productores, y no es una federación de organizaciones sino más bien un movimiento con unos 40.000 asociados, básicamente pequeños productores --teniendo en cuenta que moviliza a unos 20.000--, tiene una estructura organizativa peculiar, basada en sus congresos, en su equipo directivo y en sus organizaciones regionales y distritales. Sus demandas están bien especificadas: apoyo a la producción del algodón incluyendo su industrialización, Reforma Agraria, ligada al desarrollo nacional que desplace al modelo agroexportador.

Su perfil combativo se expresa en las movilizaciones en apoyo a sus demandas, que incluyen ocupaciones, ya que según afirman sus asociados:

Ya en los meses previos a las elecciones del 20 de abril del 2008 la efervescencia política involucró a las organizaciones y movimientos, al punto de marcar la propia campaña y el contenido de la propuesta del entonces candidato Fernando Lugo. Un punto central de esta propuesta era una Reforma Agraria que afectara la estructura de tenencia de la tierra e impulsara un mundo rural más equitativo.

La demanda de Reforma Agraria ya había sido planteada desde años atrás por diversos movimientos y organizaciones pero esta vez fue parte central de la propuesta electoral que resultó ganadora, y esta circunstancia inevitablemente elevó las expectativas.

Plan de Emergencia Social (política social integral):

1) distribución de semillas para autoconsumo y recuperación del suelo, 2) entrega de implementos y herramientas agrícolas, 3) atención a la problemática de la tierra por la vía del diálogo y no a la represión

ni al desalojo evitando la criminalización de las luchas sociales, 4) asistencia crediticia, 5) recuperación de las tierras mal habidas para destinarlas a la reforma agraria, 6) hacer respetar las leyes ambientales ante el avance agresivo de la agricultura

mecanizada transgénica que causa muerte y malformaciones en niños, así como graves daños a la salud de la población rural y el medioambiente por el uso abusivo de los agrotóxicos,

7) implementación del impuesto a la soja y al latifundio, 8) proyectos productivos para combatir la pobreza y el hambre, 9) cambios en el Poder Judicial.

Demandas del Frente Social plenaria del 15 de octubre del 2008.

En respuesta a las organizaciones y movimientos campesinos y a sus demandas los sectores dominantes, los gremios empresariales, se movilizaron con el tractorazo el 15 de diciembre del 2008 demandando seguridad, y que no aumente la presión tributaria. La seguridad que demandan es la que penaliza las manifestaciones de luchas de clases y a favor de ellas, y en general la represión a los grupos movilizados. Resulta paradójico que el rechazo de nuevos impuestos se da en el país con menor presión tributaria en todo el mundo. Los gremios empresariales, así como el Parlamento mismo no se proponen a atacar los factores estructurales de los conflictos y la confrontación de clase en la sociedad más desigual de la región sino más bien buscan aniquilar a los que se movilizan a favor de sus derechos. Esta manifestación de los sojeros y ganaderos a su vez provoca las reacciones de los distintos movimientos y organizaciones campesinas.

• Ante el conflicto que amenaza escalar ante demandas contradictorias de movimientos campesinos que reclaman el cumplimiento de la propuesta electoral y los sectores de ganaderos y sojeros que se oponen a todo cambio que altere sus privilegios, el Poder Legislativo apoya a las clases dominantes.

• En este discurso ultra conservador que sataniza al socialismo del siglo XXI se da por sentado que el mismo es algo perverso, rechazado por el pueblo paraguayo; se apela a la reminiscencia de la guerra fría muy explotada por la dictadura durante décadas en el Paraguay, y se confunde socialismo real con la propuesta de los gobiernos progresistas de la región.

• En el otro escenario el deseable y posible, se controlan los excesos de la expansión de la soja transgénica en las colonias nacionales, con normas en materias de ordenamiento territorial y con las modificaciones en la legislación agraria vigente, que posibiliten el desarrollo productivo campesino compatibilizándolo con los agronegocios, y se controlan los riesgos identificados en el otro escenario. Para logar la alteración de las tendencias el gobierno impulsa una nueva correlación de fuerzas políticas incorporando nuevos aliados en el parlamento y alejándose de sectores que técnicamente deberían apoyarlo. En este escenario se plantea la Reforma Agraria como un proyecto nacional y se la implementa, agilizándose la legalización de tierras, con el impulso de comunidades campesinas e indígenas reconstituidas, lo que facilita la acción colectiva.

• En el manejo de los conflictos se busca evitar la extinción o la huida de los más vulnerables, utilizando los medios constitucionales para lograr la intervención del Ministerio Público, procesando los abusos que sufren las comunidades campesinas e indígenas en tanto violación a derechos humanos. Teniendo en cuenta la fragilidad de los actores urbanos, este escenario es inseparable del fortalecimiento de los movimientos sociales rurales y su reconocimiento pleno como actores sociales con intervención activa en la formulación de la agenda pública y en las decisiones.

• Se espera que el gobierno tome las medidas consistentes con el escenario deseable y posible presentado anteriormente. Las políticas del país estuvieron condicionados negativamente por públicas y el desarrollo socioeconómico un Estado prebendario con sus prácticas asociadas a partidos de clientela; las elecciones del 20 de abril del 2008 pusieron fin a la hegemonía de uno de los partidos tradicionales y abrió posibilidades para un cambio en las formas de ejercicio del poder del Estado. Sin embargo el fortalecimiento de la administración pública de modo a mejorar la calidad de los servicios públicos está fuertemente condicionado por la correlación de fuerzas políticas que incluye a movimientos y organizaciones campesinas, que constituyen las expresiones con mayor vitalidad de la sociedad civil.

Comentarios Finales

Estos podrían contrarrestar las prácticas de partidos de clientela, incompatibles con la implementación de políticas de desarrollo y más específicamente con las políticas vinculadas a la reforma agraria y a lucha contra la pobreza.

La viabilidad de estas últimas estarán también condicionadas por el funcionamiento efectivo de asociaciones comunitarias que recuperen la comunidad autónoma en el manejo de sus cuestiones, y que constituyan espacios sociales para reproducir la cultura campesina, como estilo diferenciado de vida; estas asociaciones comunitarias deben ser promovidas y fortalecidas en el marco de las políticas de lucha contra la pobreza.

En los nuevos asentamientos los incentivos oficiales deberían estar atados a la propiedad asociativa de las parcelas en las colonias nacionales, teniendo en cuenta que esta es la forma de mantener el modelo de vida campesina en el contexto paraguayo actual, en el cual los empresarios productores de soja presionan por la adquisición de tierras, combinando mecanismos de mercado con mecanismos compulsivos; la propiedad asociativa facilitará la recuperación de asociaciones comunitarias con capacidad de una gestión territorial efectiva.

El gobierno deberá negociar con los sindicatos de educadores la racionalización del personal docente existente evitando nuevos nombramientos; así mismo el gobierno deberá establecer un sistema efectivo de comunicación con la población en lo referido a formulación e implementación de políticas incluyendo los proyectos de ley presentados por iniciativa del Poder Ejecutivo.

La descampesinización coincide con la disminución substancial del trabajo asalariado rural